Buscando la 'paz positiva' en el País Vasco

El cese definitivo de la violencia en 2011 significa un cambio de paradigma en el conflicto vasco con el que, aunque de una forma atípica, se ha entrado en un proceso de paz. A pesar de no haberse llegado a ningún acuerdo de paz, dado que ni tan siquiera los distintos actores se han sentado a negociar, parece que el camino hacia la paz es irreversible. Aun así, el proceso parece haberse estancado en un limbo que algunos expertos califican de situación de no war no peace. Un escenario en el que la violencia de las armas ha cesado sin que se haya alcanzado la así llamada paz positiva, que pretende la transformación del conflicto y la resolución de aquellas causas que lo originaron con el fin de evitar su repetición.

El final de la violencia quita un velo que deja al descubierto los problemas que se sitúan en la raíz del conflicto y que requieren de una transformación social para que la paz sea duradera. Resulta imprescindible no ocultar estos problemas en un estéril intento por favorecer el tránsito hacia una convivencia normalizada. Esconder los asuntos incómodos debajo de la alfombra solo retrasará su aparición, ya que como una fruta en mal estado, se pudrirá, desprendiendo un fétido olor que mostrará su presencia. Es decir, no se trata de mirar al futuro olvidando el pasado ni de reproducir el mismo orden hegemónico que generó el conflicto; sino de permitir la creación de las bases para una coexistencia inclusiva que dé cabida a múltiples realidades y significados sociales creando espacios –centrado en las personas, lo local, el día a día– que doten de voz a todos, sin exclusión.

Mirando de cerca la realidad del caso vasco es fácil darse cuenta de que aún existen grandes trabas para que un escenario de profunda y regenerativa transformación social prospere. Centrémonos en cuatro actores que operan en distintos niveles: el Estado, el gobierno vasco, la izquierda abertzale y algunas voces internacionales. Por un lado, ante el nuevo paradigma, los poderes del Estado siguen aferrados al status quo y al etiquetaje de ETA como banda terrorista sin disolver para negar cualquier cambio en el escenario y en su actitud.status quo El Estado niega la existencia de un conflicto alegando el carácter asimétrico de la violencia y la condición de sus actores de meros desalmados terroristas –al igual que a su entorno político– reduciendo la ecuación a una mera lucha contra el mal. Aferrado a esta idea, el Estado únicamente concibe dos posibles finales: victoria o derrota. Solo aceptará una paz de los vencedores en la que únicamente tiene cabida una verdad y un tipo de memoria sobre más de medio siglo de conflicto.

Durante las distintas fases por las que ha pasado el conflicto, el Estado ha ido conformando una auténtica maquinaria de guerra –destinada a combatir a ETA– bajo el nombre de lucha anti-terrorista y que aún hoy sigue en marcha y parece imposible de parar. Podemos describir su funcionamiento en cuatro ejes coordinados. El primero lo conforma el asentamiento de la excepcionalidad penal en relación con los delitos de terrorismo llevado a cabo por el legislativo. Se ha elaborado un auténtico “derecho penal del enemigo” multifrente y ad hoc, que considera a ETA y sus miembros como enemigos del Estado –y no como ciudadanos que cometen delitos– restringiendo sus derechos fundamentales de forma exacerbada hasta el punto de erosionar las bases del Estado de Derecho. El segundo eje se sitúa en el plano judicial, con tribunales que se han afanado en aplicar este derecho penal de excepción contra ETA hasta sus últimas consecuencias. El tercer eje lo conforman los distintos ejecutivos a través de las políticas y el discurso que han transmitido a la ciudadanía, en muchas ocasiones claramente condicionado por el poderoso lobby en que se han convertido algunas asociaciones de víctimas. Por último, las fuerzas de seguridad del Estado, que tampoco se han limitado a combatir el terrorismo de forma razonable y parecen estar más en una guerra particular contra ETA y sus miembros.

Por otro lado, el actual gobierno vasco se mueve dentro de otros parámetros, definidos por el apoyo e involucración activa en el proceso de paz. Dentro de esta postura se enmarca el Plan de Paz y Convivencia promovido por la secretaría coordinada por Jonan Fernández. Sin entrar en demasiados detalles, es necesario ver en la elección de Fernández un claro guiño a la sociedad civil y el papel que está llamada a jugar en el proceso de paz. Igualmente importante es resumir la esencia de este Plan de Convivencia que concibe los principios conformadores de la transformación del conflicto bajo tres ejes: la gestión ética del pasado, la normalización del presente y la construcción de un futuro bajo las premisas de no-reincidencia e integración. Por último, cabe resaltar la figura de los “microacuerdos” como metodología de trabajo. Esta idea parte de un intento de desbloquear la situación actual y sobre todo de no caer en la peligrosa regla imperante en negociaciones y acuerdos de paz de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Por desgracia, la mera voluntad no basta, y la realidad es que la ausencia de colaboración por parte del gobierno de Madrid hace que la tarea sea mucho más dificultosa y muchas propuestas se vean bloqueadas a la hora de su puesta en marcha.

Por su parte, la izquierda abertzale se enfrenta a un gran reto para su consolidación como actor político ante las numerosas voces que le piden que lleve a cabo públicamente un ejercicio de autocrítica en relación con el pasado. No debemos olvidar el importante papel que está llamada a jugar en la resolución de los asuntos pendientes, aunque parece que también han decidido posponer cualquier decisión estratégica a lo que ocurra después de las elecciones.

En el plano internacional, son numerosas las personalidades que han mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentra el proceso de paz. Y es que no hay que olvidar la fragilidad de estos procesos. Los datos revelan que más del cincuenta por ciento de los procesos de paz fracasan en sus primeros cinco años de vida. Recientemente se ha presentado ante el Parlamento Europeo una declaración firmada por numerosas voces internacionales pidiendo al Gobierno español que tome medidas fundamentales para el avance del proceso de paz, como la liberación de Arnaldo Otegi –quien fue impulsor del debate dentro de la izquierda abertzale sobre el valor del diálogo en la solución del conflicto– o poner fin a las políticas de dispersión de los presos. Son destacables las duras críticas vertidas por el reconocido abogado sudafricano y mediador internacional, Brian Currin, censurando reiteradamente el inmovilismo del ejecutivo español y del francés, que tampoco ha querido involucrarse activamente en el proceso de paz.

Este rápido y escueto análisis de algunos elementos del conflicto pretende arrojar cierta luz e invitarnos a una reflexión sobre qué tipo de paz que se está cimentando en el País Vasco: una paz positiva, inclusiva y duradera o, por el contrario, una paz negativa, frágil y excluyente.