Quince denuncias contra Ada Colau y Barcelona en Comú archivadas. Dos presentadas por la multinacional que se lucra con el monopolio metropolitano del agua ante el intento de Barcelona en Comú de abrir el debate de la gestión pública. Dos más de fondos de inversión internacionales que fueron sancionados por parte del gobierno municipal. Dos de promotores inmobiliarios que vieron como los hoteles de lujo que proyectaban no cabían en el plan urbanístico municipal. Una de la patronal de las VTC como respuesta a la regulación del sector para proteger al taxi. Pero también querellas penales contra las peatonalizaciones y los ejes verdes de Consell de Cent o el urbanismo táctico. Y dos más del lobby sionista tachando de prevaricadora la decisión de Barcelona de suspender relaciones con Israel para denunciar la deriva contra los derechos humanos. En total quince. Y todas archivadas.

Si sumamos a estas quince las siete denuncias archivadas contra Podemos o a la enorme telaraña de litigios que se ha creado con la judicialización del proceso soberanista -con la inestimable colaboración de las cloacas del Estado- nos proporcionan una radiografía bastante completa del alcance de la guerra sucia judicial en nuestro país.

En esta ocasión la novedad es que por primera vez una jueza ha reconocido lo que hace muchos años que venimos denunciando: que el fondo de inversión que se querelló contra Colau lo hizo simplemente para obtener “el efecto mediático que supone involucrar a un político en un procedimiento penal”. Una afirmación categórica que llega en pleno debate sobre el 'lawfare' y su extensión, especialmente después del revuelo que se generó por la incorporación de este concepto en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts.

La afirmación de la jueza no ha llegado hasta tres años después del inicio de la investigación judicial. A lo largo de los cuales se ha podido comprobar como la querella por la que se imputaban hasta ocho delitos a Ada Colau, a la concejala de Vivienda Lucía Martín y a un servidor se desmontaba con una simple comprobación de los hechos.

Además, la instrucción penal ha servido para sacar a la luz una serie de prácticas por parte del fondo que recuerdan a películas de la mafia siciliana. Grabar de forma clandestina reuniones con el equipo de gobierno de Colau para tratar de obtener algún audio que de forma descontextualizada pudiera ser incriminatorio, inventarse testigos de hechos que nunca ocurrieron y hasta llegar a presentar como pruebas documentales informes que se han demostrado falsos. Con ello, la instrucción ha revelado no solo que no hubo ni rastro de prevaricación, malversación o coacción, sino que el Ayuntamiento se limitó a aplicar la legislación de vivienda entonces vigente para sancionar al fondo por desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad sin ofrecer un alquiler social.

La contundencia y claridad con la que la jueza ha dado carpetazo a la querella puede hacernos pensar que, en este caso, el 'lawfare' sí ha sido derrotado. De hecho, los defensores a ultranza del sistema judicial siempre podrán afirmar que si se acaban archivando todas las causas es porque el sistema funciona a la perfección. Eso de que los jueces se limitan a investigar denuncias preservando en todo momento la presunción de inocencia.

Pero es que en el 'lawfare' no importa tanto quién gana el juicio penal como quién sobrevive al juicio mediático sin ser sepultado por el barro. Su potencial destructivo radica en que pone en marcha la máquina del fango con la que se acaba equiparando al que aplica la ley para evitar un desahucio con quien se la salta para llenarse los bolsillos de comisiones fruto de la especulación.

Horas y horas de televisión y radio repitiendo el relato incriminatorio de los denunciantes, tertulianos que sin tener ni idea de la causa judicial dan credibilidad a unos hechos completamente distorsionados, digitales que publican noticias falsas que luego son incorporadas a las querellas y portadas que reproducen la fotografía del imputado el día que va a declarar. No es de extrañar pues que un ciudadano que no tenga mucho tiempo para seguir al detalle estas causas judiciales pueda acabar haciendo suyo el argumento recurrente de la antipolítica de que “todos los políticos sin iguales”.

Un hecho objetivo relevante es que en más de 40 años de democracia ningún otro alcalde de Barcelona haya resultado imputado. Contrasta con el hecho de que Colau lo haya sido no solo una vez, sino por tantas causas judiciales distintas. ¿Cómo se explica esta diferencia abismal con los otros alcaldes? Ni siquiera en los peores años de la corrupción en que el consistorio estuvo implicado en casos como el Hotel de la Música, la trama de corrupción por las licencias de pisos turísticos de Ciutat Vella, o el cobro ilegal de comisiones por el 3% -que también tuvo su ramificación en Barcelona durante en el mandato Trias- los otros alcaldes nunca pasaron por el juzgado y acabaron sometidos a la pena del telediario.

Más allá del alivio personal que uno pueda sentir después de quince denuncias archivadas, la dimensión del fenómeno requiere como mínimo una reflexión profunda en términos democráticos. No se trata sólo de reparar la sensación de indefensión y vulneración de la presunción de inocencia que provoca este tipo de acoso judicial, sino también de preguntarnos cómo el 'lawfare' puede acabar adulterando el juego democrático.

Como afirma el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín prologando el libro 'Lawfare urbano', “el derecho penal es el último reducto y no se puede utilizar con mala fe ni extemporáneamente, a sabiendas de que se está instrumentalizando abusivamente para perjudicar a adversarios políticos en una contienda electoral”. Del mismo modo que se ha avanzado mucho en políticas de transparencia y anticorrupción, con el control de los grupos de interés y prohibiendo las puertas giratorias, quizás ha llegado el momento de impulsar un paquete de medidas 'antilawfare'. Para que no salga gratis a fondos buitre y multinacionales presentar un aluvión de denuncias sin ningún fundamento abusando de un sistema judicial que ya está faltado de recursos públicos. Ésta debería ser una de las misiones principales de las comisiones parlamentarias recién aprobadas en el Congreso.

Mientras tanto, siempre nos quedará una pregunta sin responder. ¿Qué hubiera sucedido si todas esas querellas no hubieran sido admitidas? ¿O si se hubieran archivado simplemente contrastándolas con los expedientes administrativos para refutar la verosimilitud de los hechos? ¿Cuántos votos menos puede sacar una candidata yendo a declarar como imputada por prevaricación a solo dos meses de elecciones? La pregunta es aún más pertinente sabiendo que Jaume Collboni obtuvo finalmente la alcaldía por una diferencia mínima de 141 votos. Y es que a pesar de la sucesión de carpetazos judiciales, puede que los promotores del 'lawfare' no lo vivan como una derrota. ¿Acaso lo es? Quizás quien ha salido derrotado es el sistema democrático.

Nadie discute que Atenas fue la gran capital donde nació y se desarrolló la Democracia. De hecho, la democracia ateniense, especialmente entre los siglos V y IV a.C. fue el ejemplo más famoso y quizás el más perfecto de lo que llamamos hoy democracia directa. A lo largo de la historia son muchos los historiadores, politólogos y filósofos que lo han analizado. Uno de los relatos más completos y detallados es “La democracia ateniense en época de Demóstenes” de Mogens H. Hansen, traducida al español por el filósofo y profesor de la Universidad Complutense, Andrés de Francisco y publicado recientemente por Capitán Swing. 

Hansen nos cuenta cómo los demócratas atenienses eran muy conscientes del enorme poder que tiene la minoría rica para poner la ley y la política a su servicio. Así, impusieron la rotación en los cargos públicos para evitar la concentración de poder en pocas manos y la formación de élites que pudieran corromperse, tejer redes clientelares o autoperpetuarse en el tiempo. Lo que Aristóteles definió como “gobernar y ser gobernados por turnos”. A la aplicación del sorteo y la rotación se sumaba la brevedad de mandatos provocando de forma deliberada que la democracia ateniense fuera básicamente una democracia de ciudadanos amateurs que en algún momento limitado de su vida se convertían en servidores públicos. 

La democracia ateniense cargó el peso fiscal para costear el coste de la guerra, de las infraestructuras y servicios públicos sobre las espaldas de los ricos creando impuestos progresivos como la eisphora y las liturgias que recaían exclusivamente sobre la minoría opulenta. Esto se combinaba con la inclusión de aquellos ciudadanos libres más pobres mediante una paga (misthos) que recibían por participar en la Asamblea, un fórum compuesto por nada menos que seis mil ciudadanos. Sin embargo, la democracia ateniense –como todas las formas de gobierno de su época- tenía sus enormes déficits: los esclavos y las mujeres quedaban excluidos de la consideración de ciudadanos.

Nuestras sociedades han cambiado mucho desde entonces. La abolición de la esclavitud, el sufragio femenino y los avances en la paridad en la política son enormes conquistas civilizatorias que han permitido afianzar los sistemas democráticos modernos. Pero cuanto más se sabe sobre la democracia ateniense y sus medidas antioligárquicas, más llama la atención comprobar cómo ahora las elites económicas gozan de unas cuotas de representación política claramente desproporcionadas. 

Y es que existen hoy problemas enormes que el propio sistema parece incapaz de resolver como la creciente desigualdad o la crisis climática, por citar sólo dos ejemplos. Ante estos retos las democracias contemporáneas europeas se muestran frágiles y permeables a la presión de los lobbies, y demasiadas veces atrapadas por la lógica de los partidos y de unos ciclos electorales que dificultan la posibilidad de tomar decisiones que puedan tener un coste electoral o que den respuesta a problemáticas a largo plazo. Es lo que algunos han llamado miopía democrática, es decir, cuando la política queda secuestrada por el cortoplacismo y es incapaz de ver de lejos. 

La situación en el resto del mundo no parece mejor en términos democráticos. Todos los indicadores señalan que estamos en un momento crítico para el desarrollo de la democracia a lo largo y ancho del planeta. El Índice de Democracia elaborado por la revista The Economist advierte que menos de la mitad de la población mundial (45,7%) vive en algún tipo de democracia, y tan sólo un 6% –entre los cuáles no se encuentra España- en una democracia plena. Por el contrario, los regímenes autocráticos han crecido en los últimos años, ya sea de la mano del auge de la ultraderecha, de nuevas formas de populismo o de la financiación de los petrodólares.

Dos superpotencias mundiales como EUA o Brasil han sufrido recientes intentos de asalto parlamentario bajo acusaciones infundadas de fraude electoral. Al mismo tiempo, un régimen como Qatar –donde se pisotean los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y el colectivo LGTBIQ- ha sido el organizador de un evento de la relevancia económica y cultural como es el Mundial de Futbol, el primer Mundial en un país sin democracia formal desde 1978. Y lo peor de todo es el temor de que Qatar haya conseguido la Capitalidad Mundial del Futbol tejiendo una red de sobornos en la que estaría implicada, entre otras, la Vicepresidenta del Parlamento Europeo.

Con este panorama, no es de extrañar que la percepción generalizada sea que los centros de decisión política cada vez están más alejados de la gente y que la distancia entre ciudadanía e instituciones democráticas sigue ensanchándose. Uno de los rostros más preocupantes de esta desafección es su expresión entre los más jóvenes. Una generación de jóvenes que ha crecido entre crisis económicas, que cuando más necesitaba socializar ha sufrido en su piel las restricciones forzadas por la contención de la pandemia, que se ha encontrado con un mercado de trabajo precarizado e inestable, y que sobrevive con la imposibilidad de hacer planes de futuro en un mundo atravesado por la crisis climática. 

Es en este contexto generalizado de incertidumbre alrededor de la evolución y la calidad de los sistemas democráticos que hablamos de la necesidad de la innovación democrática. Entendemos la innovación democrática como el ejercicio de desarrollar nuevos canales, procesos e instituciones para profundizar en el protagonismo de la ciudadanía en la gobernanza. Aquella idea tan repetida de que la democracia no es sólo ir a votar cada cuatro años y que -por cierto- los antiguos griegos supieron llevar a la práctica con enorme éxito.

En las democracias contemporáneas el ámbito local, por su proximidad a la vida cotidiana, vuelve a ser el espacio más proclive para la innovación democrática. Los presupuestos participativos, las consultas e iniciativas ciudadanas, los procesos de participación de infancia y adolescencia, las asambleas deliberativas por sorteo, la gestión comunitaria de equipamientos, etc. Todas ellas reforzadas en la última década por la participación digital y el municipalismo más progresista y transformador. Con el objetivo de convertir la ciudad en un espacio de fortalecimiento de lo público y de los nuevos derechos de ciudadanía.

No es casualidad que la primera Capital Europea de la Democracia escogida esta misma semana haya sido Barcelona. Una ciudad que en los últimos años ha acogido una gran efervescencia de procesos innovadores. Como la creación de la plataforma digital Decidim -que en pocos años y gracias al código abierto se ha establecido en cientos de ciudades de treinta países-, los primeros Presupuestos Participativos de la ciudad para decidir de forma directa el destino de 30M€ o las asambleas ciudadanas como el Forum Jove o la Asamblea Climática –en las que los participantes son seleccionados por sorteo y reciben una compensación económica para garantizar que aquellos que su situación económica les impide participar no queden excluidos del debate público. ¿Os suena? 

Si la cuna de la democracia fue Atenas, Barcelona tiene la oportunidad de ser a lo largo del próximo año la Capital donde se refunde la democracia moderna. Haríamos bien en estudiar bien a los clásicos para inspirar los debates que nos permitan imaginar democracias más participativas, directas e inclusivas. Y es que a veces la mejor forma de innovar es, simplemente, volver a los orígenes. 

El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra el que fue presidente del país y en ese momento el candidato mejor situado para las elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a doce años de prisión por corrupción. Ingresa en la prisión en abril del 2018 y resulta inhabilitado para la reelección presidencial. Se aplana así el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro, que nombra ministro al juez que más destacó en la persecución judicial a Lula y comienza un periodo de recortes sociales sin precedentes.

La profesora Susan Tiefenbrun, en un artículo académico muy citado de 2010, definía el lawfare como “un arma diseñada para destruir al enemigo usando, haciendo un mal uso y abusando del sistema legal y de los medios de comunicación para crear un escándalo público contra este enemigo”. Desde entonces estas guerras judiciales se han ido dirigiendo contra diferentes líderes de gobiernos progresistas de América Latina, brindando a los grandes poderes económicos y neocoloniales la posibilidad de conseguir el mismo resultado que un golpe de Estado pero sin necesidad de utilizar la violencia, ni del desgaste que implica.

La pregunta que muchos nos estamos haciendo estos días es si se puede hablar también de lawfare en España, una democracia que se reivindica como consolidada y donde –a pesar de la rebelión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– la separación de poderes pretende ser uno de los pilares del Estado de Derecho.

En Barcelona últimamente estamos siendo testigos de hechos realmente inquietantes. El actual gobierno municipal liderado por Barcelona en Comú ha recibido hasta doce ataques en forma de querellas y denuncias penales contra cargos electos y funcionarios municipales. Al otro lado de la trinchera, grandes bufetes de abogados contratados por fondos buitre y hoteleros con intereses inmobiliarios en la ciudad, así como conocidas multinacionales que se resisten a renunciar a los privilegios de la gestión privada de bienes comunes como el agua.

Hasta ahora todas las causas judiciales que se han abierto contra el actual equipo de gobierno han quedado archivadas. Unas investigaciones judiciales que –y aquí está la gracia– despiertan enorme atención mediática, pero son archivadas en medio de silencios ensordecedores.

En el caso que nos ocupa esta semana la alcaldesa irá a declarar por unas subvenciones que el Ayuntamiento ha otorgado al Observatorio DESC, Enginyers Sense Fronteres (ESF) y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Unas subvenciones que ya recibían durante el mandato anterior, cuando era alcalde Xavier Trias (Convergència i Unió). Unas subvenciones que fueron investigadas por la Fiscalía, que descartó cualquier indicio de delito. Unas subvenciones que están perfectamente auditadas y que incorporan todos los informes favorables de la Intervención, el órgano de control municipal. Unas subvenciones en las que, para colmo, la alcaldesa no ha intervenido; ni tan solo se encontrará una sola firma suya.

Pero en el lawfare no importa quién gana el juicio penal, sino quién sobrevive al juicio mediático sin ser sepultado por el barro. El riesgo es que en medio del ruido se equipare subvencionar el asesoramiento jurídico a familias que sufren desahucios o pobreza energética, con embolsarse el 3% de la obra pública. O como si conceder subvenciones a una ONG en la que se había trabajado anteriormente fuese alto tan reprochable como llegar con una puerta giratoria al consejo de administración de Endesa o Agbar. En la sociedad del tuit, los medios digitales y las fake news, ya no es que se pierdan matices sino que el grado de manipulación y distorsión puede resultar perverso.

Volvamos a Brasil. A siete meses de las presidenciales todas las encuestan dan a Lula ganador con un amplia mayoría por delante de Bolsonaro. Parece que al menos en Brasil las urnas le ganarán al lawfare. Todavía es pronto para saber si pasará lo mismo en Barcelona. De momento la alcaldesa irá a declarar ante el juez. No se nos escapa que esta batalla no se librará solo en el juzgado, sino sobre todo en la opinión pública barcelonesa. Una opinión pública que tendría que tener grabados en la memoria el caso Pujol, el caso Palau de la Música, Bárcenas y las tarjetas Black, como para saber distinguir la corrupción y el enriquecimiento personal, de la defensa del interés público.

La nit del 15 al 16 de desembre de 2005, Rosario Endrinal, d'uns 50 anys i sense llar, passava la nit al caixer automàtic que es troba a poca distància de la Plaça Molina de Barcelona. En un moment de la matinada, tres joves van entrar al caixer i el que va començar com una broma de mal gust, va acabar amb un cruel assassinat. Primer van insultar-la i després van agredir-la amb diversos objectes. La Rosario va aconseguir tancar la porta i protegir-se. Tot i així, més tard els agressors van tornar-hi, aquesta vegada armats amb un bidó de líquid dissolvent que havien robat d'una obra. La van colpejar de nou. La van ruixar amb el líquid inflamable i l'hi van calar foc.

La Rosario va morir l'endemà a causa de les ferides provocades per les cremades a l'Hospital de Vall d'Hebron. Els tres joves van ser ràpidament identificats per les càmeres de videovigilància del caixer, detinguts i condemnats per l'Audiència Provincial de Barcelona. Els dos majors d'edat a 17 anys de presó. El que encara era menor d'edat a 8 anys d'internament. Malgrat la percepció que puguem tenir sobre qui comet delictes d'odi, es tractava de tres adolescents que no estaven vinculats amb cap grup d'extrema dreta. 

A Barcelona -pura casualitat o perversa causalitat- l'assassinat de la Rosario es va produir enmig d'un encès debat per l'aprovació de l'Ordenança del Civisme. Aquesta, encara avui vigent, barreja fenòmens com el deslluïment dels béns públics i el vandalisme amb d'altres que són fruit de la desestructuració o exclusió social. Entre d'altres, prohibeix la mendicitat i dormir al carrer i caracteritza a captaires o persones sense llar com a persones incíviques. La categoria d'incívics, lluny de contribuir a la seva inserció social, ha tendit a projectar sobre aquests col·lectius un imaginari de persones indesitjables o rebutjables. De grups percebuts com a perillosos o pertorbadors de la convivència. Un imaginari que encara que sigui de forma no volguda o inconscient sedimenta en la societat i facilita l'extensió de comportaments cada cop més estesos de menyspreu cap a l'altre empobrit.

Des d'aleshores, entitats com el Centre Assis, que forma part de la Plataforma l'Observatori Hatento han recopilat notícies d'agressions a persones sense llar. Posant noms i rostre a víctimes que fins aleshores eren totalment invisibilitzades. Les dades recollides fins avui són esfereïdores. Una de cada tres persones sense llar afirma haver estat insultada o rebut un tracte vexatori. Una de cada cinc, agredida físicament. D'aquestes, tan sols un 17% ho han denunciat. La falta de llaços socials i familiars, sumat a la infradenúncia dels fets, facilita la impunitat dels seus agressors.

Per combatre aquestes agressions, cal en primer lloc, que el Codi Penal reconegui l'especial vulnerabilitat de les persones sense llar com a delicte d'odi, recollint les situacions de pobresa i exclusió social com un eix més de discriminació, el que es coneix com a aporofòbia. De fet, el Senat va aprovar recentment una proposta d'En Comú Podem, en què s'insta al Govern de Rajoy a incloure l'aporofòbia a l'article 22.4 del Codi Penal. Aquesta modificació del Codi Penal, que permetria una major contundència en les condemnes, ha de venir acompanyada d'una necessària millora de la capacitació dels diferents professionals que intervenen davant d'aquestes situacions per una detecció més eficaç dels casos i un acompanyament en els processos de denúncia.

No obstant, per erradicar del tot aquestes agressions cal incidir també en la regulació de l'espai públic i l'imaginari que se'n projecta. En societats com les occidentals, organitzades al voltant de constants contractes econòmics, i on l'espai públic ha patit un procés de creixent privatització, el pobre és percebut com el que no té res a oferir a canvi, sense capacitat real per contractar en un espai públic mercantilitzat. Al voltant de la regulació de l'espai públic es construeix una ideologia que deshumanitza al pobre i el converteix en xiv expiatori del prejudici, el retret o, fins i tot, l'agressió.

Cal doncs canviar la mirada que dirigim cap a les persones que utilitzen l'espai públic en absència d'espai privat. Cap a aquells que han de sumar a la vulneració de drets que suposa no tenir la intimitat d'una llar, el menyspreu i els prejudicis dels que l'etiqueten com a inadequat. Per això, urgeix derrogar totes aquelles previsions que criminalitzen al pobre com a incívic, carregant amb el llast de denúncies i sancions. Unes sancions que a més, per la situació d'insolvència a la que la majoria es veuen abocats, resulten estèrils i només poden suposar un empitjorament de la seva vulnerabilitat. No cal ser un expert per arribar a la conclusió que pel camí de la sanció la incorporació social de les persones sense llar esdevé encara més difícil. És el que Loïc Wacquant anomena l'espiral de pauperització criminal: com més es persegueix i sanciona a un pobre més fàcil és que ho segueixi sent.

Avui, dotze anys després, la doctrina de la tolerància zero que persegueix l'abordatge exclusivament punitiu de la pobresa a l'espai públic ha fracassat amb resultats perversos. Les dades són reveladores i incontestables. Des de l'any 2006 fins ara, l'Ajuntament ha interposat centenars de denúncies a persones sense llar. Unes sancions que amb la col·laboració de les entitats socials han pogut ser substituïdes o anul·lades en moltes ocasions. Però que reprodueixen l'esquema que assenyala als desnonats per la punyent crisi econòmica i l'encariment del preu del lloguer. Un cop constat que multar no és cap solució, tenim el repte i l'oportunitat de redefinir el pacte que regula l'espai públic sense reproduir un marc punitiu fallit. Per a fer-ho, caldrà construir una majoria social i política que permeti avançar cap a una Ordenança de Convivència que en comptes de perseguir i sancionar a les persones sense llar, les protegeixi de les actituds d'odi i intolerància.

La noche del 16 de diciembre de 2005, Rosario Endrinal, de unos 50 años de edad y sin hogar, pasaba la noche en un cajero automático que se encuentra a poca distancia de la plaza Molina de Barcelona. En un momento de la madrugada, tres jóvenes entraron en el cajero y lo que empezó como una broma de mal gusto, acabó como un cruel asesinato. Primero la insultaron y después la agredieron con varios objetos. Rosario consiguió cerrar las puertas y protegerse. A pesar de esto, los agresores volvieron más tarde, esta vez armados con un bidón de líquido disolvente que habían robado de una obra. La golpearon de nuevo. La rociaron con líquido inflamable y le prendieron fuego.

Rosario murió el día siguiente en el hospital de la Vall d'Hebron a causa de las heridas provocadas por las quemaduras. Los tres jóvenes fueron rápidamente identificados por las cameras de video vigilancia del cajero, detenidos y condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona. Los dos mayores a 17 años de cárcel. El que aún era menor de edad a 8 años de internamiento. A pesar de la percepción que podemos tener sobre quien comete estos delitos de odio, se trataba de tres adolescentes que no estaban vinculados a ningún grupo de extrema derecha.

En Barcelona -pura casualidad o perversa causalidad- el asesinato de Rosario se produjo en medio de un encendido debate para la aprobación de la Ordenanza del Civismo. Esta, hoy aún vigente, mezcla fenómenos como el deslucimiento de bienes público y el vandalismo con otros que son fruto de la desestructuración o exclusión social. Entre otros, prohíbe la mendicidad y dormir en la calle y caracteriza a mendigos o personas sin hogar como personas incívicas. La categoría de incívicas, lejos de contribuir a su inserción social, ha tendido a proyectar sobre estos colectivos un imaginario de personas indeseables o rechazables. De grupos percibidos como peligrosos o perturbadores de la convivencia. Un imaginario que aunque sea de forma no querida o inconsciente sedimenta en la sociedad y facilita la extensión de comportamientos cada vez más extendidos de menosprecio hacia el otro empobrecido.

Des de entonces, entidades como el Centro Assis, que forma parte de la Plataforma Observatorio Hatento, han recopilado noticias de agresiones a personas sin hogar. Poniendo nombres y rostros a víctimas que hasta entonces eran totalmente invisibilizadas. Los datos recogidos hasta hoy son aterradores. Una de cada tres personas sin hogar afirma haber estado insultada o recibido un trato vejatorio. Una de cada cinco, agredida físicamente. De estas, tan sólo un 17% lo ha denunciado. La falta de vínculos sociales y familiares, junto a la infradenuncia de les hechos, facilita la impunidad de los agresores.

Para combatir estas agresiones, es necesario en primer lugar, que el Código Penal reconozca la especial vulnerabilidad de las personas sin hogar como delito de odio, recogiendo las situaciones de pobreza y exclusión como un eje más de discriminación, lo que se conoce como aporofobia. De hecho, el Senado aprobó recientemente una propuesta de En Comú Podem, en la que instaba al Gobierno de Rajoy a incluir la aporofobia en el artículo 22.4 del Código Penal. Esta modificación del Código Penal, que permitiría una mayor contundencia en las condenas, tiene que venir acompañada de una necesaria mejora de la capacitación de diferentes profesionales que intervienen ante estas situaciones para una detección más eficaz de los casos y un acompañamiento en los procesos de denuncia.

No obstante, para erradicar del todo estas agresiones hay que incidir también en la regulación del espacio público y el imaginario que proyecta. En sociedades como las occidentales, organizadas alrededor de constantes contratos económicos, y donde el espacio público ha sufrido un proceso de creciente privatización, el pobre es percibido como el que no tiene nada a ofrecer a cambio, sin capacidad real de contratar en un espacio público mercantilizado. Alrededor de las regulaciones del espacio público se construye una ideología que deshumaniza al pobre y le convierte en el chivo expiatorio del prejuicio, reproche, o hasta las agresiones.

Es necesario pues cambiar la mirada que dirigimos hacia las personas que utilizan el espacio público en ausencia de espacio privado. Aquellos que han de sumar a la vulneración de derechos que supone no tener la intimidad de un hogar, el menosprecio y los prejuicios que criminalizan al pobre como incívico, cargando con el lastre de denuncias y sanciones. Unas sanciones que además, por la situación de insolvencia a la que la mayoría se ven abocados, resultan estériles y sólo pueden suponer un empeoramiento de su vulnerabilidad. No hace falta ser un experto para llegar a la conclusión de que por el camino de la sanción la incorporación social de las personas sin hogar es aún más difícil. Es lo que Loïc Wacquant llama la espiral de la pauperización criminal: cuanto más se persigue y sanciona a un pobre más fácil es que lo siga siendo.

Hoy, 12 años después, la doctrina de la tolerancia cero que persigue al abordaje exclusivamente punitivo de la pobreza ha fracasado con resultados perversos. Los datos son reveladores e incontestables. Desde el año 2006 hasta ahora, el Ayuntamiento ha interpuesto centenares de denuncias a personas sin hogar. Unas sanciones que con la colaboración de las entidades sociales han podido ser substituidas o anuladas en muchas ocasiones. Pero que reproducen el esquema que señala los desahuciados por la cruda crisis económica y el encarecimiento del precio del alquiler. Una vez constatado que multar no es ninguna solución, tenemos el reto y la oportunidad de redefinir el pacto que regula el espacio público sin reproducir un marco punitivo fallido. Para hacerlo, será necesario construir una mayoría social y política que permita avanzar hacia una Ordenanza de Convivencia que en vez de perseguir y sancionar a las personas sin hogar, las proteja de las actitudes de odio e intolerancia.

La distinción entre refugiados y migrantes que el discurso oficial está imponiendo ante los últimos desplazamientos masivos está cargada de trampas.

La semana pasada la BBC publicaba un interesante reportaje sobre la batalla desatada alrededor de los términos usados para referirse a los recientes fenómenos migratorios. El artículo analiza un cambio de tendencia en las últimas semanas en la mayoría de medios internacionales que evitan usar la palabra migrante, optando por una generalización del uso del término refugiado. Es el caso de Al-Jazeera, que ha decidido que no va usar el término migrante y «en su lugar, usará el de refugiado». Un periodista de este medio manifestó que migrante «ha evolucionado en una herramienta que deshumaniza y distancia, un peyorativo contundente». La presumible voluntariedad que se atribuye al migrante puede llevarnos, pues, a pensar que él es el único responsable de su destino.

Al mismo tiempo, ACNUR publicaba una nota titulada ¿Refugiado o migrante? en la que instaba expresamente a un uso correcto de estos términos. El autor del artículo explicaba las diferencias entre uno y otro, y advertía que confundirlos conlleva problemas para ambas poblaciones.

Un refugiado, de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951, «es cualquier persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país». El derecho internacional define y protege a los refugiados principalmente a través de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Uno de los principios fundamentales que establecen es que los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las que su vida y libertad estén en peligro.

Por su parte, el término migrante se refiere propiamente a las personas que eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, por reagrupación familiar, o por otras razones. La nota de ACNUR afirma que «a diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país, los migrantes continúan recibiendo la protección del gobierno». Los derechos de los migrantes apenas gozan de protección en derecho internacional. Si bien existe la Convención Internacional sobre los derechos de los trabajadores migrantes de 1990, casi la totalidad de países de la Unión Europea y Norteamérica –entre ellos España– no la ha ratificado.

Es evidente que confundir deliberadamente refugiados y migrantes puede tener serias consecuencias en la vida y seguridad de los refugiadosrefugiadosmigrantes, desviando la atención de las salvaguardas legales específicas que los refugiados requieren. Sin embargo, la realidad social desborda la construcción de categorías jurídicas y los términos que les van asociados. Cada vez resulta más difícil discernir la migración económica clásica de los movimientos forzosos de población en el actual contexto de transformación de la violencia neocolonial. Entre las decenas de miles de personas que llegan a las costas europeas, ¿cuáles son migrantes y cuáles refugiadas? ¿Se puede afirmar en todos los casos que aquellas que no huyen de su país de origen por una guerra, sino por la miseria y el hambre, tienen una protección efectiva de su Estado? ¿Qué destino les espera a los miles de migrantes económicos que también huyen de sus países y se dirigen a Europa jugándose la vida, muchas veces escondidos debajo de un camión o a través de embarcaciones precarias en el mar? De las más de 2.300 muertes en el Mediterráneo en lo que va de año, ¿cuántas pocas hubieran sido beneficiarias de asilo o protección internacional?

De ninguna manera es el objetivo de este artículo cuestionar la pertinencia de un régimen específico de asilo, sino más bien advertir la fragilidad de la distinción refugiado-migrante y cómo puede ser usada para negar los derechos de estos últimos. Asentado en el abuso de esta dualidad está proliferando el discurso Refugiados sí, migrantes no. De hecho, hasta ahora éste ha sido el denominador común de las declaraciones de los principales líderes de la UE. La propia Ángela Merkel, afirmaba hace unos días que: «Para poder ayudar a los que están en una situación de emergencia tenemos que decirles también a aquellos que no lo están que no se pueden quedar aquí. (…) Todo esto tiene que ir rápido».

La actual gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE se encaja en una concepción de la movilidad como una grave amenaza, cuya única respuesta está pasando por la contención y recepción en cuentagotas de aquella minoría que puede ser beneficiaria del estatus de asilo y la represión de todo el resto de personas migrantes que llegan en las fronteras europeas. En este sentido, existe el riesgo de que las medidas que se implementen en los próximos días para aumentar las cuotas de asilo vengan acompañadas de un enésimo intento de recrudecimiento de la política migratoria de la UE. Una nueva fortificación de las fronteras –como la valla de concertinas de 175 km. que se está levantando en la frontera de Hungría y Serbia–, así como recurrir a prácticas ilegales como expulsiones colectivas y/o sin garantías de las personas que no puedan acceder a la protección internacional.

Existe el riesgo también de que este perverso discurso de las autoridades se impregne en la opinión pública y las muestras de solidaridad ciudadana que se están reproduciendo en varios países europeos. Podríamos asistir a la hipócrita contradicción de unas sociedades volcadas en la acogida de refugiados, mientras consienten que aquellos potenciales solicitantes que no consiguen la protección internacional queden desposeídos de derechos y sean internados en cárceles (CIE) a la espera de ser deportados contra su voluntad. En este sentido, es imprescindible que las iniciativas ciudadanas que quieran ser transformadoras vayan más allá del discurso Refugiados sí, Migrantes no.

La aclamada propuesta de ciudades-refugio lanzada por el Ayuntamiento de Barcelona y a la que ya se han sumado decenas de Ayuntamientos del Estado, tiene que contemplar también la situación de aquellas personas que ya están conviviendo en nuestros municipios en situación precaria derivada de su condición administrativa (ya sea por la denegación del asilo, por encontrarse indocumentadas, o en situación irregular). Unas personas que –en mayor o menor medida– ven como se les niegan derechos tan básicos como el acceso al padrón, a la salud, al trabajo o a la asistencia social. No se trata de caridad ni asistencialismo, sino de forjar desde los municipios un compromiso por el acceso universal a los servicios y la plenitud de derechos. Aquí, el mensaje tiene que ser claro: Refugiados sí, migrantes también.

El Parlamento catalán aprobará hoy la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Se trata de un éxito colectivo que va a sentar un precedente muy valioso.

18 de abril de 2013. La PAH toma la difícil decisión de retirar la iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago y el alquiler social, entonces en trámite en el Congreso de los Diputados. En un comunicado público considera que el texto enmendado por el PP desvirtúa por completo el espíritu de la ILP. En rueda de prensa, la entonces portavoz pronosticaba: “Nosotras la seguiremos defendiendo a través de nuestras campañas de desobediencia, sin renunciar a seguir presionando a todos los niveles para que se canalicen nuestras demandas”.

A partir de entonces, las distintas medidas anunciadas a bombo y platillo por el Gobierno como respuestas firmes a la crisis hipotecaria -desde el Código de Buenas Prácticas Bancarias de 2012, pasando por el Decreto de Medidas Urgentes para la Protección de los Deudores Hipotecarios también de 2012, y la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios- han sido un fracaso tras otro.

Sólo hace falta analizar los datos que aporta el Consejo General del Poder Judicial para constatar cómo el número de desahucios aumenta trimestre tras trimestre. Según el órgano de gobierno de los jueces, en el primer trimestre de 2015 los desahucios por hipoteca, comparados con los del mismo trimestre del año anterior, han aumentado un 6%. El propio Ministerio de Economía reconocía no hace mucho que las medidas aprobadas sólo habrían paralizado 10.000 desahucios en un período en que se contabilizaron 135.000. Por su parte, el Fondo de Vivienda Social habría facilitado el alquiler social a poco más de 1.500 familias cuando la promesa era realojar a 6.000 familias desahuciadas. En cuanto al impacto y alcance de la Ley de Segunda Oportunidad aún no disponemos de datos oficiales, pero todo apunta a otro fracaso.

Mientras tanto, la PAH ha cumplido con creces sus promesas lanzadas tras retirar la ILP. No sólo ha seguido movilizada en la calle -parando desahucios, arrancando daciones en pago y alquileres sociales, y realojando familias a través de la Obra Social-, sino que también ha sabido coger impulso para emprender nuevas campañas de incidencia política institucional a otros niveles. La inteligencia colectiva del movimiento intuyó rápidamente que seguir chocando contra el muro de la mayoría absoluta del PP sólo generaría más frustración, de manera que emprendió la vía de las mociones municipales para la movilización de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras y de las iniciativas legislativas populares a nivel autonómico.

La ILP catalana fue aceptada a trámite por el Parlament de Catalunya el pasado mes de octubre, confirmando que dispone de competencias suficientes para intervenir en este ámbito. Además de dar una segunda oportunidad a las personas que se sobre-endeudaron para acceder a un bien de primera necesidad, esta ILP da respuestas a problemáticas que se han recrudecido en los últimos años, como los desahucios por alquiler y la pobreza energética. Impulsar la cesión obligatoria de los pisos vacíos en manos de la banca, fondos buitre y grandes propietarios para alquiler social; impedir los cortes de sumnisitros que afecten a famílias en situación de vulnerabilidad; y garantizar un realojo adecuado a todas las familias en situación de desahucio. Quizás aquí encontramos una de las principales aportaciones de esta ILP, diferenciando la actuación en función de si se trata de grandes o pequeños propietarios. En los desahucios de entidades financieras, fondos buitre o grandes tenedores, se establece la obligatoriedad de que realicen una oferta de alquiler social a las familias. En caso de no efectuarla deberán ser sancionadas. En cambio, en el caso de los pequeños propietarios serán las administraciones públicas las obligadas a proporcionar ayudas o realojar.

Tras meses de intenso trabajo para recoger las más de 143.000 firmas que avalan la ILP y una intensa campaña de presión ciudadana, el grupo promotor de la ILP -formado por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC- ha conseguido sumar los apoyos necesarios para que hoy el Pleno del Parlament apruebe un texto que no sólo respeta el contenido del texto de la ILP, sino que en algunos aspectos lo mejora.

¿Cuáles son las claves de este éxito? ¿Cómo es posible que casi la totalidad de los partidos del arco parlamentario hayan cedido y se hayan sumado al consenso para que la ILP pueda aprobarse de forma urgente?

En primer lugar, las entidades promotoras han sido capaces de ser generosas, mirar hacia todos los lados y hacer una política de alianzas amplia para que la ILP sea una realidad. Unas alianzas que van mucho más allá de las entidades que la han promovido, y que han sumado a todo tipo de entidades sociales, sindicatos, sectores profesionales (como los bomberos o las trabajadores sociales) y las entidades soberanistas. En este sentido, uno de los principales logros ha sido convencer a las entidades soberanistas de que no se puede seguir aplazando este tipo de medidas de emergencia social condicionándolas al éxito del proceso catalán.

Otro de los factores que ha resultado clave es la movilización continua de una red de más de 200 PAHs (setenta en Catalunya) que se mantienen activas en todo el Estado. Un auténtico ejército de activistas. Y es que en un sistema político con los déficits democráticos como el actual, muchas veces no es suficiente con que un conjunto de propuestas tengan un claro consenso en la sociedad, sino que además es necesaria una militancia activa, informada y dispuesta a movilizarse para defender estas medidas en la calle. En este sentido, los más de treinta escraches silenciosos que las PAHs catalanas improvisaron ante el bloqueo inicial de CiU y PP, en plena campaña de las elecciones municipales, fueron toda una demostración de fuerza y capacidad de reacción del movimiento que no pasó inadvertida para los partidos conservadores. No nos sorprende, pues, cómo a tan solo dos meses de las elecciones autonómicas en Catalunya, ningún partido quiera convertirse en el enemigo número 1 de la PAH.

La aprobación de la ILP contra los desahucios y la pobreza energética es un gran éxito colectivo y va a suponer un precedente importantísimo no solo porque abre camino a las otras ILP que están en trámite en Catalunya, sino también porque se trata de una experiencia replicable en el resto de comunidades autónomas que tienen competencias en materia de vivienda y derecho de los consumidores. De hecho, algunas de las medidas de la ILP catalana -especialmente, las que se refieren a la sanción de las viviendas vacías que acumulan los bancos- ya están previstas en la ley andaluza por el derecho a la vivienda o en la reciente ley vasca de vivienda. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha anulado ya algunos aspectos de la ley andaluza relativos a la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos; posibilidad que en la ley vasca aparece como “expropiación forzosa de uso” y en el texto definitivo de la ILP catalana como “cesión obligatoria de viviendas”.

Las activistas por el derecho a la vivienda tienen grabado en la retina aquel día en que, tras un esfuerzo titánico para recoger un millón y medio de firmas, el gobierno del PP aplastó la ILP por la dación en pago y alquiler social. Hoy, si finalmente se aprueba la ILP contra la emergencia habitacional y la pobreza energética en el Parlament catalán, se hará un poco de justicia a la perseverancia. Y es que ellas saben mejor que nadie que los derechos se construyen desde la calle y que, a pesar de todas las dificultades, “Sí Se Puede”.

Este jueves 2 de Julio el Parlament de Catalunya muy probablemente aprobará una resolución por el cierre de los CIEs.

Aunque no tenga competencias directas sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros, de ninguna manera se trata de una medida meramente simbólica o anecdótica.

La resolución, aprobada en forma de conclusiones de un grupo de trabajo en el marco de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlament que lleva trabajando seis meses, se adoptará tras la fuerte oleada de movilizaciones por el cierre de los CIEs de los últimos meses, especialmente intensas en Catalunya, y que culminó con una manifestación de cerca de dos mil personas a las puertas del CIE de Zona Franca el pasado 20 de junio. El Parlament ha recogido el mandato de la ciudadanía y, si no hay sorpresas de última hora, aprobará un pronunciamiento claro instando al Ministerio del Interior a cerrar los CIEs, con el apoyo de una amplia mayoría de partidos (ERC, ICV-EUIA, CUP, CDC, UDC y PSC).

En caso de que se apruebe, será la primera resolución en este sentido en el Estado español, y quizás una de las primeras en toda Europa y en el mundo. Si bien es cierto que existe un gran número de países que no tienen centros de detención para inmigrantes, son pocos aún los que, una vez implementados, hayan decidido cerrarlos. En este sentido, uno de los referentes más cercanos y conocido es el de Grecia, donde el nuevo gobierno de Syriza ha prometido el cierre progresivo de estos centros y ha liberado ya cerca de cuatro mil personas, muchos de los cuales provienen del Centro de Amygdaleza. Ahora, el gobierno griego tiene pendiente elaborar una nueva ley que permita dar cobertura legal al cierre progresivo de los CIEs de todo el país, así como reconvertir algunos de estos centros -sobre todo, los que se encuentran en frontera- en centros abiertos.

Otro país que podría ser considerado como precedente en el cierre de los CIEs es Australia. Australia ha sido un Estado marcado por una política migratoria especialmente dura en el trato a las personas en situación administrativa irregular, lo que ha sido denunciado en varias ocasiones por Naciones Unidas por vulnerar la Convención Internacional contra la Tortura. No obstante, en los últimos años se han cerrado ya más de una docena de CIEs. Según el Gobierno australiano, la razón que ha sido definitiva para que se adopten estas medidas es una cuestión de eficiencia económica: el cierre de estos centros permitirá ahorrar 554 millones de euros en cinco años. Sin embargo, la historia del cierre de los CIEs australianos viene también precedida de fuertes episodios de protesta que han dejado imágenes de internos protestando con las manos alzadas en los tejados de los centros, lo que a muchos nos recuerda las de los presos en lucha de la COPEL en los años setenta en España.

Considerando los pocos referentes existentes, la resolución del Parlament adquiere una gran trascendencia y ha de ser una experiencia replicable también en otros parlamentos de comunidades autónomas con CIEs donde se puedan sumar mayorías sin necesidad de los votos del PP (Andalucía, Valencia, Madrid). De esa forma, no sólo se aumenta considerablemente la presión al actual gobierno, sino que se marca la agenda política del que eventualmente pueda entrar después de las elecciones generales para que adopte el cierre de estos centros.

Los CIEs se podrían cerrar mañana mismo sin cambiar ni una coma del marco legal europeo actual, puesto que la Directiva de Retorno no prevé la obligatoriedad de su existencia. Sin embargo, el cuestionamiento de su existencia tiene que suponer también un debate sobre los elementos que aguantan este castillo de naipes. Y es que los CIEs se sostienen aguantados por dos falacias, cuya certeza también tiene que ponerse en duda.

En primer lugar, la creencia de que el internamiento y expulsión son una medida eficaz para gestionar los flujos migratorios. Cabe destacar que del total de personas internadas en 2014, tan sólo el 47,45 % fueron efectivamente expulsadas. Si a este total le restamos las deportaciones penales por sustitución de condena penal, que podrían realizarse desde un centro penitenciario, el porcentaje de “eficacia” de los CIEs aún quedaría más irrisorio. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué volumen de movimientos migratorios negativos (retornos) suponen las deportaciones forzosas en relación con los movimientos migratorios no forzosos? El total de deportaciones realizadas en 2013 (23.889) representa tan sólo el 6% de los movimientos migratorios de retorno no forzoso (396.658). Y el total de deportaciones forzosas realizadas desde los CIEs (9002) no llega a representar ni el 1% de los retornos no forzosos que se produjeron ese mismo año. En este sentido, cabe constatar que la propia Directiva de Retorno exige “supeditar expresamente el uso de medidas coercitivas a los principios de proporcionalidad y eficacia por lo que se refiere a los medios usados y los objetivos perseguidos”. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, ¿qué sentido puede tener seguir implementando unas medidas que son tan lesivas para los derechos fundamentales y que, a la vez, resultan tan desproporcionadas e ineficaces?

En segundo lugar, la falsa amenaza de que una política migratoria más laxa produciría un efecto llamada. Las motivaciones que originan los movimientos migratorios son multicausales y dependen de las diferencias entre las expectativas entre el país de origen y el de destino. Y es aquí donde en muchas ocasiones la situación de los países de origen -condicionada muchas veces por conflictos bélicos- es determinante para motivar el fenómeno migratorio por muchas barreras que se le quieran poner en destino.

La negación de canales seguros para migrar, así como el mantenimiento de políticas de internamiento y expulsión, responden sobre todo a construcciones culturales que tienen que ver con el mantenimiento de una estructura social racista. Un imaginario colonial que tiene que ser superado sobre la base de una ética del máximo respeto a los derechos humanos.

Un nuevo sentido común en torno a las políticas migratorias se está forjando en las calles, las entidades y los barrios. Y este nuevo sentido común comienza a penetrar en las instituciones gracias a que nos estamos creyendo de verdad que podemos lograrlo. Esperamos cerrar este jueves con la histórica aprobación de dicha resolución en el Parlament, y que la misma sea tan sólo el principio. Vamos a cerrar los CIEs. Y cerrándolos, abriremos una reflexión seria y profunda que permita cambiar el paradigma de las políticas migratorias, adoptando nuevas prácticas acordes con el respeto a los derechos humanos y el derecho a migrar de las personas. A partir de hoy, este debate tiene que llegar a todos los espacios políticos institucionales: desde los nuevos consistorios municipales, a los parlamentos autonómicos, a las Cortes Generales y, por supuesto, al seno de la Unión Europea y los organismos internacionales. La dignidad no entiende de competencias y habrá que aprovechar cada grieta que se nos presente desde la actuación estratégica compartida.

17 de septiembre de 2013. A las 5.30 horas unos 350 subsaharianos se acercan hasta la frontera de Ceuta y se lanzan al mar para intentar llegar a la Playa del Tarajal atravesando el espigón que separa España de Marruecos. Las Fuerzas de Seguridad marroquíes consiguen dispersar a muchos de los inmigrantes, pero no pueden evitar que 91 de ellos alcancen la costa ceutí a nado. La mayoría de los inmigrantes que logran llegar a la costa de Ceuta son interceptados por la Guardia Civil, que solicita la intervención de Salvamento Marítimo y Cruz Roja, y trasladados al Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes. No hay constancia de heridos graves. Tampoco de muertes, ni de desaparecidos.

6 de febrero de 2014. A las 5.45h cerca de 200 inmigrantes inician un nuevo intento de entrada en grupo por el espigón de Tarajal. En esta ocasión la reacción de la Guardia Civil será distinta: se activa el “máximo nivel de alerta” y se movilizan varias unidades del Instituto Armado, incluido el grupo especializado en antidisturbios y una de las patrulleras navales. No se avisa a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja. Cuando el grupo de inmigrantes se introduce en el agua los miembros del Instituto Armado ya están preparados con material antidisturbios: armas para lanzar pelotas de goma, escudos, cascos y botes de humo. El desenlace es conocido. La intervención policial siembra el pánico entre el grupo. Los testimonios que sobrevivieron destacan especialmente el agobio causado por el lanzamiento de botes de humo y la asfixia al respirar gases lacrimógenos desde el agua. Las imágenes registradas desvelan el uso de balas de goma por parte de la guardia civil, envalentonados por el propio capitán jefe de la Compañía de Seguridad de Ceuta, que empuña el fusil y dispara tres balas de goma para “dar ejemplo” a los demás agentes. Al finalizar la operación se contabilizan 15 muertes, aunque los supervivientes afirman que hay muchas más personas desaparecidas.

Comparar los hechos del 6 de febrero de 2014 con los del 17 de septiembre de 2013 resulta interesante para comprender el impacto que pudo tener la intervención policial en la muerte de los 15 inmigrantes. En ambos casos, se trataba de un intento de entrada en grupo por la misma vía de acceso a Ceuta. El espigón de Tarajal, que entra en el mar unos cincuenta metros y que tras la ampliación de la Valla de Ceuta e instalación de las concertinas, se ha convertido en prácticamente el único acceso clandestino a la ciudad. Sus aguas poco profundas y la inexistencia de corrientes marinas son un factor bien conocido entre los jóvenes que esperan en los montes cercanos a la zona fronteriza. La población local afirma que con la marea baja se puede cruzar caminando por el agua.

A diferencia del 17 de septiembre, la respuesta de la Guardia Civil del 6 de febrero fue estrictamente militar, con el objetivo de impedir a toda costa la entrada del grupo de inmigrantes. No solo se actuó con material antidisturbios contra personas que estaban indefensas en el agua, sino que la operación de rescate tardó horas en activarse. A estas alturas las preguntas son evidentes, ¿por qué en esta ocasión no se avisó a Salvamento Marítimo? si la reacción de la Guardia Civil hubiera sido como la del 17 de septiembre, ¿se hubieran evitado las muertes?.

La versión que trasladó el Ministro de Interior una semana después de los hechos -tras ver cómo se iban desmontando las 'versiones oficiales' anteriores- no respondió de forma convincente a ninguna de estas preguntas. Tras el intento frustrado de responsabilizar a la policía marroquí, y una vez conocidas las imágenes que probaban el uso de material antidisturbio por la Guardia Civil, el Ministro Fernández Díaz apuntó al “apelotonamiento” de los inmigrantes como el elemento clave que explicaría el trágico desenlace. Las 15 personas muertas -según el Ministerio de Interior- se ahogaron como consecuencia de la “avalancha humana”, y no de la intervención policial que calificaban de “oportuna, congruente y proporcionada”.

El derecho penal español exige para los delitos de resultado que, además de probar la existencia de la conducta ilícita desde el punto de vista objetivo, exista una relación causal entre ésta y el resultado de la acción u omisión. Puestas a disposición del juzgado las imágenes que acreditarían la actuación ilícita por parte de los agentes españoles, buena parte del trabajo de la acusación consistirá en probar la relación causal entre la actuación policial y las muertes. Asimismo, identificar a los agentes que intervinieron, y conocer quién dio la orden de emplear material antidisturbios contra los inmigrantes en el agua, será determinante para atribuir la responsabilidad penal.

Ayer, tras doce meses de instrucción, el juzgado nª6 de Ceuta ordenó la imputación de 16 guardias civiles que estuvieron en servicio el 6 de febrero. Entre ellos, un capitán -Jefe de la Compañía Rural de Seguridad de Ceuta-, un teniente -jefe del grupo especializados en antidisturbios (GRS)- y un sargento. Estos son los tres agentes que, según el informe elaborado por el Instituto Armado habrían ordenado el uso de material antidisturbios hacia los inmigrantes que trataban de llegar a nado. Los agentes tendrán que prestar declaración los días 3, 6, 10 y 11 de marzo. A pesar de que la acusación había solicitado la imputación por homicidio, agresiones y devoluciones ilegales a Marruecos, de momento se ha preferido imputarlos sin determinar el supuesto delito cometido.

La instrucción entra en un momento crucial. Las declaraciones de las próximas semanas podrán determinar el origen de la orden de emplear pelotas de goma y botes de humo contra personas indefensas, así como la eventual responsabilidad del Ministerio del Interior. No va a ser una tarea fácil: cuanto más arriba de la cadena de mando apunte la jueza, más presiones podría llegar a recibir. Basta con escuchar los ataques a la organización de la marcha del pasado sábado por parte del Delegado del Gobierno de Ceuta para hacerse una idea de las reacciones que se pueden generar en el caso de que el procedimiento judicial avance con la determinación necesaria.

Por esta razón será imprescindible acompañar las diferentes acusaciones populares en marcha con una trabajo periodístico y de investigación independiente que ayude a mantener viva la memoria de los hechos y a la mobilización social. Al reportaje audiovisual de eldiario.es, se suma ahora el proyecto documental iniciado por los realizadores de “Ciutat Morta” -en colaboración con el Observatori DESC- que busca denunciar los hechos de Tarajal y en general los abusos policiales en la frontera sur.

Hasta hoy, a pesar de las advertencias de organismos españoles y comunitarios, la respuesta del Gobierno ha sido cerrar filas en torno a la actuación policial. Fernández Díaz continúa con su hoja de ruta contra la inmigración: nuevas mallas antitrepa, cientos de agentes más para reforzar los pasos fronterizos, ampliación del espigón de Tarajal, legalización de las devoluciones en caliente bajo la absurda tesis de que detrás de la llegada de subsaharianos están las mafias.

Una sentencia condenatoria en el caso de Tarajal no sólo serviría para hacer justicia por las muertes del 6 de febrero de 2014. Supondría también denunciar la ilegalidad de la deriva represiva del Ministerio del Interior en el control fronterizo. Del espigón de Tarajal saldría finalmente un rayo de luz como si de un faro se tratara. Su reflejo determinaría lo que debería ser obvio: que en la frontera no todo está permitido y que los derechos de los migrantes también son enjuiciables. Mientras sigan existiendo vallas con concertinas y fronteras militarizadas, la luz de estos faros será la única que acabará con la opacidad que nutre el cementerio del mediterráneo.

Hace tres años, un joven guineano moría mientras estaba internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros en Barcelona.

La querella judicial que presentaron diversas organizaciones de derechos humanos por el caso chocó con numerosos obstáculos.

Este 2015 debería ser un año de procesos constituyentes en los que el derecho a migrar se convierta en un nuevo y emergente derecho humano.

Era la madrugada de la noche de Reyes de 2012. Idrissa Diallo, un joven de Guinea-Conakri de 21 años fallecía en un hospital de Barcelona, mientras estaba detenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca. Idrissa aún no había conocido la libertad en España. Como tantos otros jóvenes africanos, fue detenido momentos después de saltar la valla e ingresado unos días después en el CIE de Barcelona a la espera de su posible deportación.

Hoy, tres años después, con un procedimiento judicial ya archivado y sin suficientes pruebas como para apuntar con rigor a posibles negligencias, hacer memoria del caso solo nos puede servir para recordar algunos de los interrogantes que siguen sin resolverse y valorar el alcance de las reacciones políticas que despertó.

Idrissa fue visitado por los servicios sanitarios del CIE el 27 de diciembre de 2011 en la revisión protocolaria en el momento de ingreso en el Centro. Una “visita médica” que se realizó como es habitual sin traductores ni intérpretes, posiblemente sin siquiera un médico, pues su presencia no queda asegurada en este tipo de reconocimientos. En los Informes de aquella visita consta que Idrissa ya expresó cierto malestar, aunque entonces fue atribuido a un resfriado y tratado con analgésicos. A pesar de que algunos de los compañeros de celda declararon que sabían que el joven tenía problemas de salud, éste no volvería a ser visitado por personal sanitario hasta minutos antes de morir por una parada cardíaca.

Uno de los mayores interrogantes sobre el caso aún hoy por resolver es cuánto tiempo pasó desde que pidió asistencia médica hasta que la recibió y si el hecho de que las celdas del CIE permanezcan cerradas durante la noche precisando de la intervención de un agente de policía para salir condicionó la premura de su atención médica. A esto, habría que añadir la inexistencia de personal sanitario por las noches en el CIE, dejando a criterio policial la derivación a un Centro hospitalario en caso de Urgencias médicas.     

La clave para contrastar los hechos se encontraba en el testimonio de los cinco compañeros de celda de Idrissa. Unas horas después de su muerte, uno de ellos llamó al exterior del Centro pidiendo la visita de abogadas. Estas accedieron a hablar con él, lo visitaron durante medio minuto en el que el interno sólo pudo expresar que estaba sufriendo una situación de mucha violencia. En ese momento, el director del CIE interrumpió la visita y, con la ayuda de más agentes policiales, expulsó a las dos abogadas del recinto. Al día siguiente, las visitas fueron suspendidas expresamente por el propio director y las abogadas volvieron a quedarse en la puerta del CIE sin tener acceso a los testimonios que fueron trasladados de inmediato a Madrid y acogidos por una Fundación con la que no pudieron establecer contacto. Las actas de sus declaraciones no recogieron ninguna fisura. Todos declararon al unísono, corroborando la versión oficial: el auxilio policial inmediato y la corrección del trato médico recibido.

La querella criminal que presentaron pocos días después las organizaciones Papers i Drets per Tothom i SOS Racisme chocó con muchísimos obstáculos legales. El Juzgado de Instrucción nº5 les denegó el derecho a ser parte en el proceso y no fue hasta un año después que la Audiencia Provincial reconoció su legitimación en un proceso que a esas alturas ya estaba condenado al archivo.

Al contrario de lo que había sucedido con las anteriores muertes de extranjeros en CIE, la muerte de Idrissa Diallo no pasó desapercibida por los medios de comunicación, y los hechos despertaron la indignación de buena parte de la población que en aquél entonces ni siquiera conocía la existencia de estos Centros.

Con las denigrantes condiciones de los Centros en portada de algunos periódicos, las reacciones políticas no tardaron en aparecer. Unas semanas después de la muerte de Idrissa Diallo, el mismo Jorge Fernández Díaz, en una de las primeras intervenciones como Ministro del Interior, anunciaba la inminente aprobación del Reglamento de los CIE, pendiente de desarrollar desde la Reforma de la Ley de Extranjería de 2009.  

Hoy, el balance del Reglamento de los CIE y su aplicación son profundamente decepcionantes. A pesar de las expectativas generadas, el redactado definitivo del RD 162/2014 -que no acabó aprobándose hasta marzo de 2014- casi no introdujo novedades en su funcionamiento. Para comenzar, obvió las Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y de las entidades de derechos humanos y “olvidó” incorporar las numerosas Resoluciones de los Juzgados de Control. La falta de concreción legal de derechos como la asistencia sanitaria o el derecho a intérprete permite que hoy estos derechos sigan siendo papel mojado en los CIE. Sí incorporó, en cambio, vulneraciones de derechos impropias en un Centro de estas características, como los desnudos integrales o el aislamiento. Con todo, el Reglamento de los CIE acabó conformándose más como una nueva medida destinada a garantizar la reclusión y no los derechos de las personas internas.

A día de hoy, si alguna mejora se ha producido en el duro día a día de los CIE, ésta no ha venido de las instituciones, sino de la valentía de los propios internos y la tenacidad de las entidades que les dan apoyo. Han sido estas organizaciones las que han puesto el altavoz a las numerosas quejas recibidas, activando los Juzgados de Control de los CIE para obtener resoluciones que afecten las condiciones de estancia. Estas resoluciones han adquirido una insólita importancia, construyendo y afirmando derechos desde la sociedad civil organizada como verdadero contrapoder. Con su actividad se ha conseguido garantizar el derecho a las visitas de los familiares –aunque aún no se puedan realizar bajo unas condiciones mínimas de intimidad en muchos Centros- así como concretar el derecho al acceso de abogados y organizaciones de derechos humanos en su interior.

Por desgracia, ninguna de estas medidas puede garantizar hoy que no haya más Idrissas, Sambas, Aliks, o Mohammeds, todos ellos nombres de los fallecidos en los CIE del Estado español desde 2010. Tampoco que haya más personas injustamente encerradas en estos Centros por la imposibilidad de obtener un permiso de residencia o renovarlo por falta de un contrato de trabajo. Lo que sí ha cambiado profundamente son las conciencias de muchos ciudadanos que han hecho de la indignación por la existencia de los Centros de Internamiento un catalizador para un cambio en las políticas de control migratorio.

Los tres últimos años de organización en la defensa de los derechos de las personas internas en los CIE han sabido compatibilizar una actividad persistente para mejorar las condiciones de estos Centros con una crítica de raíz a su existencia. En el caso de Barcelona, iniciativas como “Tancarem els CIE” han articulado una movilización multitudinaria y transversal, así como forzado la creación de un grupo de trabajo en el Parlament que se reunirá en las próximas semanas para conocer la situación del CIE de Barcelona y escuchar a las voces que proponen su cierre.

2015 está llamado a ser un año de importantes cambios políticos: el inicio de un proceso destituyente y constituyente que no debe dejar al margen los derechos de las personas migrantes. El proceso que ha iniciado la sociedad civil por el cierre de los CIEs, tiene que verse respaldado por las nuevas fuerzas políticas comprometidas con la justicia social y los derechos humanos. Por muchos, la transformación de los CIE en Centros más transparentes no será suficiente. Lo que hace falta es darle la vuelta a una política de inmigración centrada en la expulsión, la represión y la criminalización y pasar a una nueva política que proteja el derecho a migrar como un nuevo y emergente derecho humano.