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Andrés García Berrio

Andrés García Berrio, abogado y miembro de Iridia - Centro por la Defensa de los Derechos Humanos.

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De la muerte de Idrissa a la de Mohammed en Archidona

Hoy se cumplen 6 años desde que Idrissa Diallo murió en el CIE de Barcelona. Su muerte, junto a la de Samba Martine en Madrid días antes, supuso una gran sacudida al sistema de internamiento y deportación. Dolió y mucho. Y ese dolor nos dio las fuerzas para generar en Barcelona Tanquem els Cies en una respuesta colectiva ante lo que estaba acontenciendo en el centro. Su muerte rompió el silencio mediático que rodeaba a los CIEs y la deportación. Hizo que el Colegio de Abogados comenzara a preocuparse por lo que acontecía en su interior sembrando la primera semilla de los Servicios de Orientación Jurídica en los CIE, e hizo que el Consejo General del Poder Judicial se preocupara de hacer cumplir la ley y designó Jueces de Instrucción que tuvieran la función de control de los CIE, lo cual debería haber pasado mucho atrás. Incluso, forzó al Gobierno a aprobar un Reglamento sobre los CIE (que fue ampliamente criticado) 25 años después de que éstos comenzaran a utilizarse.

Se inició un ciclo en el que de verdad nos creímos que podíamos tener en nuestras manos la posibilidad de cerrar los CIE y trabajamos en consecuencia. La visibilización mediática, unida al buen trabajo jurídico, de acompañamiento y comunicativo que se llevó a cabo en muchos territorios llevó al trabajo de incidencia política que supo, justo antes de las elecciones municipales y generales, ubicar el CIE en un lugar importante de la agenda política. Sin embargo, las formaciones políticas que se comprometieron con el cierre y con un cambio de paradigma en política migratoria y aquellas a las que se podía haber presionado para que se comprometieran no formaron gobierno.

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Hacia la prohibición de las balas de goma

El 30 de abril de 2014 entró en vigor la prohibición de las balas de goma en Catalunya que se había aprobado 6 meses antes tras las votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público (CEMSOPUM). El trabajo de las víctimas, agrupadas en la Asociación Stop Balas de Goma, junto con el caso de Ester Quintana y la gestión comunicativa que se realizó del mismo, generó un proceso que acabó logrando la erradicación de unas armas con alto potencial lesivo que muchos países previamente habían decidido dejar de utilizar. 

Tres años y medio después el temor que teníamos las organizaciones de derechos humanos con el despliegue de unidades antidisturbios de la Policía Nacional en torno al 1 de Octubre se hizo realidad. Las balas de goma volvieron a utilizarse y, lo que es peor, otra persona ha perdido la visión de su ojo por el impacto de una bala de goma, Roger Español.

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La colectividad ante la represión

Estamos viviendo un momento político en el que todo sucede a una velocidad exacerbada en la que resulta complicado encontrar momentos tranquilos en los que poder pensar con claridad. Estamos asumiendo a marchas forzadas en los últimos dos meses una situación que hace tiempo podríamos pensar, aún con complicaciones, como propia de un thriller político.

Una parte del Govern en prisión preventiva, la  otra parte exiliada en Bélgica haciendo frente a un proceso de extradición que todo apunta a que se le atragantará a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía española.  Dos líderes de organizaciones de la sociedad civil encarcelados de manera preventiva. Más de  1.000 personas agredidas de manera salvaje por la Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de Octubre. Y todo enmarcado bajo delitos que hacen que uno se traslade al pasado. Delitos de sedición y rebelión, para cuya imputación debería ser imprescindible que hubiera habido una violencia inexistente. Autos en blanco y negro llenos de delirio vengativo en los que ya no se habla de manifestaciones sino de “movilizaciones tumultuarias”. Aplicación de un artículo de la Constitución a través del cual se han convocado elecciones para dentro de poco más de un mes en una situación absolutamente excepcional. En resumen, un torpe intento de resolver un conflicto político a través del aparato penal y represivo.

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Por qué nos preocupa la prisión Brians I en la lucha contra los malos tratos a presos

El grupo de trabajo sobre aislamiento penitenciario, que desde hace varios meses lleva analizando dicho régimen de vida en el Parlament de Catalunya, encara su etapa final. En las próximas semanas los grupos parlamentarios han de presentar sus conclusiones sobre estos Departamentos Especiales de Régimen Cerrado. Estaba previsto que el grupo concluyera a principios de mayo con la intervención de Mauro Palma y Juan Méndez, dos expertos internacionales en tortura y derechos humanos. Ambos han avalado la tesis que las organizaciones convocantes de la campaña 21 horas hemos lanzado, donde pedimos que se prohíba cualquier uso del aislamiento penitenciario más allá de los 14 días que prevé como sanción de última ratio la normativa internacional en la materia.

Sin embargo, después de todas las comparecencias en el Parlament, varias diputadas exigieron que se aprobara la comparecencia del Director de Brians 1, Joan Carles Navarro. Es en esta prisión donde, más allá del problema estructural relativo al aislamiento penitenciario, existen indicios de que las cosas no están funcionando de manera adecuada. 

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¿Tres Centros de Internamiento de Extranjeros nuevos?

Esta semana el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en respuesta a preguntas formuladas por la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora, manifestó que el Gobierno está preparando una propuesta de nuevo modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como que tienen pensado construir tres nuevos CIE. Uno en Málaga, otro en Algeciras y un tercero en Madrid. Otra de las informaciones que ha filtrado a la prensa es que se están planteando retirar a la Policía Nacional de los CIE.

Dichas informaciones no llegan en un momento aleatorio. Por un lado, la Comisión Europea está presionando a los Estados para que aumenten el número de expulsiones a través de la ampliación del plazo de internamiento hasta los 18 meses. Por otro lado, en los últimos meses los sindicatos policiales han venido desarrollando una fuerte campaña para la mejora de sus condiciones laborales en los CIE. Es posible que la presión ejercida por los sindicatos policiales esté precisamente dirigida a dejar de encargarse de la custodia de los mismos.

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¿Reformar la ley para saltarnos las garantías ante la ocupación?

Alquilar una vivienda en Barcelona y en muchas ciudades y pueblos de Catalunya está camino de convertirse en un bien de lujo debido a la desregulación del mercado del alquiler. Junts Pel Sí rechazó caminar hacia dicha regulación evitando que se emplearan todas las herramientas políticas y legales para hacer que el acceso a la vivienda sea accesible para las personas y familias que trabajan. No hablemos ya de los obstáculos insalvables que una capa importante de la población que vive en situación de pobreza tiene para poder vivir en una vivienda, por humilde que ésta sea.

Por otro lado hay personas físicas, no solo jurídicas (las cuales no podrían acogerse al procedimiento excepcional que plantea el Partido Demócrata), que tienen 5, 10 o incluso 40 viviendas. Muchas de las mismas, ante la desregulación del mercado del alquiler y la falta de control a los apartamentos turísticos están continuamente aumentando sus ingresos de manera muy poco ética en la mayor parte de los casos. Hay barrios de Barcelona donde es casi imposible vivir alquilando debido a que la mayor parte del parque de alquiler se destina a los apartamentos turísticos y los que se destinan a uso de vivienda habitual, debido a la falta de oferta y la alta demanda, se encuentran a precios desorbitados.

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De la movilización a los derechos en la Frontera Sur

"Queremos acoger, basta de excusas" ha sido el lema de la manifestación que ha tenido lugar este sábado en Barcelona. Una de las reivindicaciones que se hicieron desde la marcha fue el derecho a las vías legales y seguras para que las personas puedan migrar con el foco puesto en la frontera sur española. El día antes de la manifestación entraron 498 personas por la valla en Ceuta, y ayer, lunes, repitieron la operación 365 más. Casualmente dichas entradas tuvieron lugar a los pocos días de que el Ministro de Agricultura Marroquí, Aziz Akhannouch, en plenas negociaciones con la Unión Europea, alertara de que "¿por qué vamos a seguir haciendo de gendarmes con la emigración?". "El problema de la emigración es que es muy costoso para Marruecos y Europa debe apreciarlo en su justo valor", recalcó.

A pesar de que países como Italia y Grecia estén en el centro de la agenda mediática y política actual en relación a los flujos migratorios que vienen llegando de manera más significativa desde hace dos años, no debemos olvidar la frontera sur del estado español como espacio de excepcionalidad jurídica y de vulneración sistemática de los derechos humanos. Leemos el momento y la fuerza que ha generado una de las mayores manifestaciones a nivel europeo a favor de las personas migradas y refugiadas como la oportunidad para visibilizar la situación en la frontera sur y encaminarnos hacia cambios efectivos que contribuyan a que, como mínimo, se respete un marco legal y los derechos de las personas que tratan de entrar en territorio español en la frontera sur.

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Llegó el momento de hablar de aislamiento penitenciario

Hace unos años comencé a trabajar en la denuncia de las vulneraciones de derechos que acontecían en el marco de la privación de libertad. En mi aproximación a dicha realidad hubo una cuestión que desde el principio me impacto muchísimo. A pesar de haber pasado por la carrera de Derecho apenas tenía conocimiento de lo que era el aislamiento penitenciario. No sabía que en las cárceles había un régimen que suponía la permanencia de una persona durante días, meses e incluso años en una rutina en la que se pasaba 21 horas al día en una celda. Con un rato de patio, o mejor dicho, con un rato de celda al aire libre compartida con otra persona (y en ocasiones con ninguna). Sin actividades a realizar prácticamente.

Para explicaros lo que es el aislamiento os puedo hablar de María, la primera persona que acompañé y defendí. Una persona que tras sufrir intentos de suicidio fue clasificada en primer grado penitenciario en Brians 1 como consecuencia de un conflicto con un grupo de funcionarias a las que ella acusaba de malos tratos. Recuerdo la angustia que le provocaba el hecho de estar sola día tras día encerrada en una celda de pequeñas dimensiones. Pensaba que no lo iba a poder soportar y las conversaciones acerca del suicidio fueron realmente duras. Logró aguantar y en su caso logramos que saliera de aislamiento tras pasar varias semanas “volviéndose loca”, según sus propias palabras. Las personas que trabajamos en relación al medio penitenciario, sabemos que no sólo la tasa de suicidios es mucho mayor en prisión y que se dispara en el régimen de aislamiento, sino que la idea de acabar con la vida es desgraciadamente muy recurrente en prisión, y que dicha idea se multiplica en aislamiento de una manera que asusta.

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Hacia el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur

En el perímetro fronterizo que separa Ceuta y Marruecos hay un solo acceso con dos vías de entrada. Hay una sola vía para los 10.000 coches que cruzan diariamente la frontera, y otra vía para las 25.000 personas que, también cada día, hacen el mismo trayecto. Bajando en coche por las montañas que rodean Ceuta ya se avista la forma de embudo de la frontera: entre cuatro y cinco carriles separados por pequeños muros de cemento se convierten más adelante en una sola fila por donde poder cruzar. Colas de hasta tres y cuatro horas para pasar la frontera en coche pesan para todas, pero sobre todo para las personas que deben entrar y salir cada día para trabajar, o para las que trabajan pasando mercancía a través de ella. En el recorrido se pasa por hasta cinco puestos de seguridad donde piden y revisan los papeles. Dos vallas de más de seis metros marcan un pasillo estrecho y largo donde, al final, nos encontramos con un grupo de cuarenta personas que intentan entrar en territorio español.

Dos agentes de policía nacional controlan la entrada. De repente, uno de los agentes empieza a gritar y empuja a todo el grupo para atrás, formando una avalancha. De entre el grupo, un hombre se atreve a adelantarse y le enseña los papeles, que tiene guardados en un sobre de plástico. "¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda?" - dice el guardia cogiéndole el sobre. "¿Sabes lo que te digo? Que te quedarás aquí, a un ladito y sin molestar. Y ya, si eso, mañana te digo algo sobre tú y tus papeles". Entonces los policías se percatan de nuestra presencia. Se dirigen a nosotras de manera educada y les dicen a ellos que nos dejen pasar. En pocos sitios se pueden detectar los privilegios ligados al proceso de racialización y al país de origen como en una frontera. Detrás de los agentes, sigue el mismo pasillo bordeando el mar. Al salir, a la derecha, se encuentra la playa del Tarajal. Cuando nos percatamos, aún movidos por la situación que acabábamos de vivir, un silencio incómodo nos invadió. Las 14 personas muertas en 2013 presentes. Unos metros más allá, en la primera rotonda, un guardia civil le da golpes al fajo que lleva una porteadora en la espalda mientras le chilla: "¡A ver, tú! Quiero ver lo que llevas dentro de este fajo, ábrelo. No te moverás de aquí hasta que no lo abras". De repente nos ve y grita al grupo de porteadoras: "A ver, dejad de molestar, dejadles pasar”. A nosotras nos trataba como personas, a ellas no. Así fue nuestra primera entrada en Ceuta. Probablemente un día cualquiera en Ceuta, pero no fue una experiencia cualquiera para nosotras. Dos situaciones al azar, dos muestras de profunda violencia y de racismo. Tuvimos una sensación similar a la que experimentamos la primera vez que entramos al CIE en el 2010. La profunda sensación de encontrarnos en un lugar de no Derecho, de impunidad frente a la violencia institucional.

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¿Alternativas a los CIE?

En los últimos dos años, gracias al empuje de las entidades y las plataformas ciudadanas que se han movilizado social y comunicativamente contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, se ha ido ampliando de manera histórica el bloque favorable a hacer desaparecer dichos centros de la geografía política del Estado Español. Además, se ha producido un gran avance al haber logrado que diferentes instituciones de representación democrática como Parlamentos Autonómicos (Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra), así como numerosos ayuntamientos (Madrid, Barcelona, Málaga, Algeciras, Valencia, A Coruña, y un largo etcétera) se sumaran al planteamiento de que es necesario crear un modelo de gestión de los flujos migratorios en los que los CIE no tengan cabida. El trabajo de hormiga de muchas personas y organizaciones que ha llevado a los CIE a ser la institución de privación de libertad más monitoreada del Estado Español ha sido clave en este proceso.

Nunca hemos estado tan cerca de cerrar los CIE, unos centros creados para la privación temporal y cautelar de personas extranjeras con una orden de expulsión vigente bajo el objetivo de facilitar el trabajo al Ministerio de Interior para proceder a su deportación. Es clave, precisamente en este momento, que analicemos algunos elementos que complejizan el debate en torno a los CIE.

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