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La esfera laboral, la gran olvidada en los procesos de recuperación de la violencia de género

Un momento de la manifestación celebrada el 8 de marzo de 2017 en Madrid

La violencia económica es una de las violencias de género más sutiles, a la vez que más paralizantes y enquistadas. El mantenimiento del poder en manos de los hombres es, en parte, porque poseen aquello considerado más valioso en una sociedad capitalista como la nuestra: el dinero.

Este tipo de violencia la sufrimos en diferentes ámbitos de nuestra vida (trabajo, familia, pareja...). Pero en un contexto en el que los afectos están muy presentes, en el que la carga emocional es mayor que en otros y en el que el mito del amor romántico hace tanta mella, es mucho más invisible el abuso y las mujeres nos vemos menos capaces de negociar.

En el marco de la violencia de género, la violencia económica es aquella que hace referencia a la desigualdad en el acceso a los recursos económicos que deberían ser compartidos entre el hombre y la mujer. Así, viene definida por el tipo de estratagemas que pone en práctica el agresor.

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Continuemos hablando de lo que pasa en las prisiones

Centro Penitenciario de Brians I

A lo largo de las últimas semanas el movimiento independentista en Catalunya ha sufrido una de las operaciones represivas más grandes de los últimos años en el Estado español. Más de 700 alcaldes están bajo investigación policial, la Mesa del Parlament bajo fianza, profesores llamados a declarar y cualquier tipo de autogobierno suspendido via 155. Parte del Govern de la Generalitat en el exilio. Y el resto, conjuntamente con los Jordis, en la cárcel.

Una de las múltiples consecuencias de esta situación ha sido colocar la prisión en el centro de los pensamientos de gran parte de la sociedad catalana. Ni los presos sociales ni los políticos han ocupado nunca el foco de atención mediática como ahora. Algo que durante muchos años ha sido una realidad “silenciada”, que solo soportaban personas anónimas y su entorno más cercano, ahora ocupa tertulias y paginas de periódicos, pero también conversaciones familiares o entre amigos.

Son muchos los que han escrito cartas a los presos políticos catalanes o han seguido y compartido las experiencias de sus familiares. El dolor y la indignación ante las denuncias de vejaciones y vulneraciones de derechos a los que se les ha sometido, muchas de ellas habituales en el sistema penitenciario español. Han sentido el dolor de no poder acariciar a quien más quieres o el de ver a tus hijos a través de una mampara de cristal.

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El sindicato mantero y sus remedios contra el pensamiento único

Parlamentos al final de una manifestación

En 1987, frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el entonces Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo: "De Soto y sus colegas han estudiado la única escalera para el ascenso social. El libre mercado es el otro sendero hacia el desarrollo y el único sendero verdadero". Reagan se refería al empresario e investigador peruano Hernando de Soto y sus colegas eran, supongo, los investigadores del Instituto Libertad y Democracia (ILD), uno de los think-tank más influyentes del mundo o, en otras palabras, una de las puntas de lanza neoliberales responsable del diseño e implementación de reformas legales durante los últimos 30 años y cuyo objetivo principal ha sido empoderar a los pobres de medio mundo.

De Soto saltó a la fama en 1986 por su libro El otro sendero, en el que sostenía que los trabajadores informales eran empresarios no reconocidos por el Estado. Para el autor, la desigualdad en el mundo del trabajo estaba ligada al torpe papel del Estado frente a las empresas, y no debido a los modos de producción, extracción y explotación dominantes. Esta visión de la pobreza en el que cada pobre es una empresa, perdón, una pequeña empresa, se convirtió en un leitmotiv internacional y de Soto su vedette.

Este mantra ha calado hasta los huesos las políticas sociales y económicas a nivel global, no solo como medida para los países menos desarrollados o en vías al desarrollo, sino también para los rincones, barrios, comunidades, pueblos y suburbios para los que el desarrollo pasó de largo o, tal vez, ni vino, ni se le esperaba. Lamentablemente, no solo se ha extendido geográficamente, también lo ha hecho a través del eje político izquierda-derecha. Y, por esto, no es extraño que cuando nos preguntamos por las medidas que se han tomado, por ejemplo, acá en Barcelona, para trabajadores informales como los vendedores ambulantes o los chatarreros de la ciudad, la respuesta sea inmediata: cooperativa.

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Ley de vivienda, vulneración de derechos o apoyo a la ciudadanía

Miembros de la PAH manifestándose

Lunes, 9h de la mañana en Salamanca, hora del desahucio de Isa. Lunes, 9.08h en Barcelona, desahucio de Najat. Lunes, 9.16h en Madrid, desahucio de Sara. Cada 8 minutos se ejecuta un desahucio y una familia se queda en la calle. Para que quede más claro, al terminar este artículo, una familia habrá perdido su hogar. Más de medio millón de familias han sido desahuciadas en la última década. El gobierno del PP ha jurado lealtad y pleitesía a la banca. No solo le ha regalado ingentes cantidades de dinero público, sino que ha velado porque sigan acumulando vivienda vacía, mientras desahucian y especulan con vidas en juego.

Llegó un momento en que el gobierno del PP ya no podía ignorar el problema frente a la presión social, y difundieron reformas como el fondo social de viviendas y la moratoria. Lo que no contaron eran las fuertes restricciones para que las familias se acogieran a estos mecanismos. Hoy son medidas que no llegan ni al 1% de las familias afectadas. Así podríamos resumir las políticas del PP, como los gestos del 1%. Y como respuesta desde la ciudadanía surgió la Ley Vivienda PAH: un texto de ley que recoge medidas para acabar con los desahucios, cancelar las deudas de por vida, regular los precios del alquiler, movilizar pisos vacíos de la banca y garantizar el agua, la luz y el gas. Medidas para llegar al 100% de las familias afectadas. 

Con esta iniciativa se solicitó a todos los grupos parlamentarios que se posicionarán: o estaban con la vulneración de derechos que perpetra el PP, o con la ciudadanía. Con esto, se les interpeló a mostrar su apoyo presentándose en el futuro día en que registren el texto de la Ley Vivienda PAH en el Congreso. Se plantea de manera abierta y plural, dando la oportunidad a todos los grupos parlamentarios de realizar propuestas y participar de un registro colectivo, iniciando así un debate democrático alrededor de un tema que continúa siendo vital para las familias. Y aquí es donde entra el PSOE, el único grupo parlamentario grande que todavía no se ha posicionado.

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La bestia

Xavier Trias observa el parlament d'Alfred Bosch en un acte de Junts pel Sí

Es lunes 13 y como siempre que escribo un artículo dedicado al tema sufro por la velocidad de los acontecimientos. De momento todo está tranquilo, pero quien sabe si mañana hemos vivido otro hecho histórico según la lógica causa-efecto consistente en darnos unos días de paz hasta una nueva catarsis colectiva.

En realidad el texto ha cancelado más de una vez su redacción. Quise escribirlo el martes 30 por una serie de sucesos en los que Santi Vila figuraba con letras de honor. Fugado Puigdemont en su progresiva enajenación de la realidad el Conseller dimitido se presentó a un programa de televisión y hablo muy decidido de presentarse como cabeza de lista de su partido mientras optaba por un giro catalanista y criticaba el despropósito de las últimas semanas.

En el PdeCAT su discurso no sentó del todo mal. Marta Pascal dijo no saber nada de la huida belga y quizá hasta llegó a pensar que con Vila lograrían parar su debacle a través de un electorado moderado formado por falsos independentistas y personas deseosas de una vía que hundiera el relato de esos últimos años. A partir de esto hice mi propia quiniela electoral y pensé en un resultado muy ajustado con ERC ganadora con 35 escaños, Ciutadans con 28, El PDeCAT con 24, PSC 20 y las demás formaciones más o menos, con pequeñas variaciones, en la línea de 2015, eso sí, sin mayoría soberanista por el leve descenso de la CUP. Puigdemont estaba amortizado y regresábamos a la táctica del Peix al cove.

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El 155, un escándalo jurídico al que no debemos acostumbrarnos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el ex conseller Oriol Junqueras, ahora encarcelado

Decía la filósofa francesa Simone de Beauvoir -importante referente feminista- que el aspecto más escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. Esta afirmación es plenamente vigente para analizar la sociedad patriarcal en que vivimos o para asimilar que ya hemos superado el primer año de mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. En Cataluña pasa algo similar con la situación de nuestro autogobierno; suspendido e intervenido por el Estado. La aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sido excesiva; un escándalo jurídico y un exceso político al cual no deberíamos acostumbrarnos.

Es cierto que la detención y exilio de los miembros del Gobierno de Cataluña ha eclipsado mediáticamente la imposición de una administración colonial a las instituciones de autogobierno catalanas. Aun así, la situación acontecida es de una gran magnitud y sobrepasa las líneas rojas del campo de juego autonómico.

La aplicación del 155 se ha llevado a cabo con la ayuda de técnicos y altos cargos de los Ministerios con más peso, bajo la coordinación de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Finalmente no se ha nombrado un ejecutivo títere como tal, puesto que el poder autonómico lo ejerce directamente el gobierno central. ¿Qué implica esto?

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Hacia la prohibición de las balas de goma

Policía Nacional cerca del colegio Ramon Llull, en Barcelona, el 1 de octubre

El 30 de abril de 2014 entró en vigor la prohibición de las balas de goma en Catalunya que se había aprobado 6 meses antes tras las votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público (CEMSOPUM). El trabajo de las víctimas, agrupadas en la Asociación Stop Balas de Goma, junto con el caso de Ester Quintana y la gestión comunicativa que se realizó del mismo, generó un proceso que acabó logrando la erradicación de unas armas con alto potencial lesivo que muchos países previamente habían decidido dejar de utilizar. 

Tres años y medio después el temor que teníamos las organizaciones de derechos humanos con el despliegue de unidades antidisturbios de la Policía Nacional en torno al 1 de Octubre se hizo realidad. Las balas de goma volvieron a utilizarse y, lo que es peor, otra persona ha perdido la visión de su ojo por el impacto de una bala de goma, Roger Español.

Fue en la huelga general del 14 de Noviembre de 2012 cuando Ester Quintana sufrió el brutal impacto en su ojo. La misma fecha, cinco años después, fue la elegida para dar a conocer tanto el relato de Roger como la querella que se ha interpuesto por un delito de lesiones contra el agente policial que le disparó así como contra los mandos policiales actuantes. Así como el caso de Ester sirvió para impulsar un proceso que acabo resultando imparable, queremos que el caso de Roger sirva para abrir un proceso en el conjunto del Estado Español que culmine con su erradicación en el Parlamento estatal.

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El cambio climático mata

Hace 25 años 1.700 científicos enviaron a la comunidad internacional un “ aviso a la humanidad”: el cambio climático estaba alterando el medio ambiente del planeta. El pasado 13 de noviembre, fueron 15.000 los científicos que denunciaron que no estamos haciendo lo suficiente, que el tiempo se acaba para dar un giro de volante y evitar consecuencias dramáticas para buena parte de la población mundial. Nos encontramos principalmente frente un problema de voluntad política. La pregunta es, falta de voluntad política ¿de quién?

Se ha celebrado estos días en Bonn la Cumbre Mundial del Clima COP23, a la que asistimos varios representantes de ciudades del estado, entre ellas Barcelona. Ha emergido un nuevo liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Hoy en día son las ciudades quienes lideran el cambio de paradigma ecosocial, quienes llevan a cabo las iniciativas pioneras y más interesantes, frente a las indecisiones o barreras que algunos Estados continúan poniendo.

Trump, por ejemplo, puede decidir retirarse del compromiso adquirido por parte de EEUU, pero no puede frenar a las centenares de ciudades y empresas que no pueden y no quieren esperar porqué se juegan demasiado:  20 Estados de EEUU, 250 ciudades y más de 1400 empresas de EEUU se han comprometido a continuar trabajando para que su país cumpla con los compromisos adquiridos en la COP de París del año 2015. La revolución en la lucha contra el cambio climático en EEUU será de abajo arriba.

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La trampa de la legalidad: ¿ni independencia unilateral, ni reforma pactada, ni statu quo?

No es muy difícil asegurar, que efectivamente, el depuesto govern de Cataluña ha roto el marco constitucional y que el estado de derecho es el que debe regular que se permite y que no se permite en democracia. Si bien el argumento de la legalidad puede resultar atractivo en el contexto actual y todo dirigente debería intentar conseguir sus objetivos políticos respetando el marco jurídico en el que actúa, la aplicación del artículo 155 y la judicialización del conflicto esconden en realidad y, como en casi todos los procesos de independencia, que el estado no está dispuesto a aceptar la posibilidad de que una parte de su territorio se independice por la vía legal.

Nos encontramos, por tanto, ante una trampa intelectual basada en el uso del respeto al marco jurídico y la legalidad como camisa de fuerza y arma política ante una demanda también democrática, que es poco probable que sea aceptada dentro de dicho marco jurídico. Trampa. Una argumentación, qué si bien vende muy bien en las cancillerías occidentales del siglo XXI (y especialmente en la UE post-crisis que busca estabilidad) porque todo el mundo está de acuerdo en que hay respetar el marco jurídico existente, solo busca esconder la falta de voluntad política de permitir, de forma legal, que Cataluña decida su futuro. Una trampa, además, que volveremos a encontrarnos el 22-D en caso de que una mayoría independentista gane las elecciones, ya que en caso de que sus propuestas no se ajusten a la legalidad (e incluso puede que aunque lo hagan también), el 155 (y la vía judicial) volverá a aplicarse en Cataluña las veces que haga falta para intentar conseguir así, el abandono definitivo de las pretensiones separatistas.

Recordemos qué si de verdad el problema fuera jurídico y no político (aquello de que “dentro de la legalidad se puede hablar de todo”), el estado podría perfectamente aceptar negociar con Cataluña su secesión, en caso de una clara mayoría independentista en votos y escaños el 21-D, teniendo en cuenta que estas tendrán lugar dentro del marco jurídico del estado. El debate no es por tanto si se ha hecho lo que se ha hecho en el marco legal o no, si no qué con las mayorías parlamentarias actuales a nivel del estado, es imposible que haya una solución que incluya la independencia pactada (o un referéndum) dentro del marco legal (y aún menos ante la atenta mirada del País Vasco). Incluso en el caso de que los partidos favorables a un referéndum y una salida negociada (que incluya la independencia como posibilidad) gozaran de una mayoría parlamentaria a nivel estatal (muy improbable), sería muy difícil obtener las mayorías cualificadas necesarias para cambiar las reglas del juego y permitir un referéndum o una secesión pactada. Por un lado, los partidos constitucionalistas, pero sobretodo el PP y Ciudadanos, utilizarán siempre los mecanismos legales del estado para impedir que ello ocurra, mientras que aquellos favorables al referéndum con actividad en el resto del estado, no aceptarán nunca la unilateralidad.  

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El Gobierno legítimo

Referendum del 1 de octubre en Catalunya

“Volem votar”. “La democracia es imbatible”. “El Gobierno legítimo de Cataluña es el escogido en las urnas”. Pero la democracia, ¿tiene o no tiene límites? Sí, pero no son la ley.

Esta es una de las principales disputas que nos deja el proceso desde hace 5 años. Por un lado, el respeto y reivindicación de la voluntad expresada en una urna aquí y ahora. De la otra, una democracia formal que sólo respeta la voluntad expresada bajo las reglas acordadas anteriormente.

Pero este debate no es del todo acertado en estos términos. Claro que cuando se consolidaron las democracias constitucionales se decidió limitar el poder absoluto de un Parlamento. Y no es un tema de división de poderes, estrictamente, sino de la concepción que se tiene de la soberanía expresada en las urnas. Muchos teóricos, y es necesario, ven los peligros de un Parlamento que considere su legitimidad ilimitada, y es por eso que a la práctica se decide limitar este poder a través de las reglas consensuadas por el pueblo soberano en un momento “creador” del Estado, con una constitución invulnerable (y reformable).

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