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La ilusión renacida

Han sido muchas las vivencias de esta campaña que consume sus últimas horas. No ha sido una campaña más. No en nuestro equipo. Ha sido una campaña de pirámide invertida. Ideas y esfuerzo; líder y activistas en la misma War Room. Trabajando unidos, codo con codo, con la mirada fijada en un único objetivo: sentar las bases del renacimiento de nuestro partido socialista y devolverle el papel protagonista a quien nunca debió sentirse desatendido.

Ha sido una campaña diferente, también, porque los que vamos a votar este domingo somos socialistas y queremos lo mejor para España, para sus gentes, y para el PSOE. Todos estamos en esto, algunos desde hace tiempo, porque coincidimos en el objetivo común de defender el Estado del Bienestar que tanto costó arrebatarle a la derecha; a esa misma que nos avergüenza todos los días con su corrupción, la que castiga sin compasión a la ciudadanía con sus políticas antisociales.

Y dicho esto, también ha sido una campaña distinta porque lo que hemos vivido en las últimas semanas ha sido una auténtica revolución cívica, una transformación emocional. De la desesperanza a la ilusión renacida.

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Un nuevo paradigma para defender la ciudadanía desde el ámbito público

Imágen de archivo de una acción de la Aliança contra la Pobresa Energètica en la sede de Endesa

El pasado 3 de junio de 2016 el gobierno de Sabadell abría de oficio 18 expedientes sancionadores a compañías suministradoras eléctricas, después de constatar que estas incumplían reiteradamente la normativa catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, también conocida como la Ley 24/2015. Iniciábamos así un camino hasta ahora inédito para una administración local.

Esta semana hemos resuelto y notificado a compañías suministradoras eléctricas los primeros 11 expedientes sancionadores, con multas efectivas por un valor de 10.001 euros cada una. Las sanciones responden a la realización de faltas graves de acuerdo con el artículo 331-5 c del Código de Consumo de Catalunya y en relación con el artículo 6.4 de la Ley 24/2015, que establece que antes de realizar un corte de suministro, las empresas suministradoras tienen la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales municipales para comprobar si la persona o unidad familiar afectada se encuentra en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, la Ley 24/2015 establece la obligación de la empresa de informar de este derecho a los usuarios en los avisos que genere por razón de impago o de corte del servicio.

Como gobierno de la quinta ciudad más grande en población de Catalunya hemos apostado inequívocamente para llevar a la práctica desde nuestras competencias el despliegue efectivo de la Ley 24/2015, ley que fue impulsada por miles de ciudadanos y ciudadanas a través de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) y que fue aprobada por unanimidad en julio de 2015 por el Parlament de Catalunya. Y aunque, de acuerdo con la información que disponemos, somos el primero de los ayuntamientos de nuestro país en llegar a la imposición efectiva de sanciones, nosotros entendemos que sencillamente hemos hecho lo necesario y que se espera de aquellos que desarrollamos tareas de servicio público: proteger a nuestros ciudadanos, en especial a los más vulnerables.

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Por qué nos preocupa la prisión Brians I en la lucha contra los malos tratos a presos

Centro Penitenciario de Brians I

El grupo de trabajo sobre aislamiento penitenciario, que desde hace varios meses lleva analizando dicho régimen de vida en el Parlament de Catalunya, encara su etapa final. En las próximas semanas los grupos parlamentarios han de presentar sus conclusiones sobre estos Departamentos Especiales de Régimen Cerrado. Estaba previsto que el grupo concluyera a principios de mayo con la intervención de Mauro Palma y Juan Méndez, dos expertos internacionales en tortura y derechos humanos. Ambos han avalado la tesis que las organizaciones convocantes de la campaña 21 horas hemos lanzado, donde pedimos que se prohíba cualquier uso del aislamiento penitenciario más allá de los 14 días que prevé como sanción de última ratio la normativa internacional en la materia.

Sin embargo, después de todas las comparecencias en el Parlament, varias diputadas exigieron que se aprobara la comparecencia del Director de Brians 1, Joan Carles Navarro. Es en esta prisión donde, más allá del problema estructural relativo al aislamiento penitenciario, existen indicios de que las cosas no están funcionando de manera adecuada. 

El caso de Raquel puso en el foco de atención la realidad de una prisión que quienes trabajábamos desde hace años en la defensa de los derechos humanos de las personas presas ya conocíamos. Recuerdo una conversación que tuve hace 5 años con el director de Brians I en su despacho con motivo de una denuncia por malos tratos que interpuse. Como acostumbro a hacer, le comuniqué los indicios acerca de la situación con que contábamos así como que la denuncia sería interpuesta en cuestión de días para que, como responsable la prisión, pudiera investigar en profundidad lo acontecido y para que, de manera cautelar, pudiera tomar medidas de protección para la persona presa en tanto que la situación no se resolviera. Puedo asegurar que la reacción (en la conversación, pero sobre todo con hechos) que un profesional que está al mando de una institución de privación de libertad o de un cuerpo policial tiene cuando le anuncias una situación como ésta, muestra de manera clara si existe, o no, un compromiso para evitar las vulneraciones de derechos humanos.

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Los guardianes del Pujolismo

Marta Ferrusola en una comparecendia en el Parlament de Catalunya

Algunos periodistas han saltado a la hemeroteca para ver qué sucedía el 14 de diciembre de 1995, el célebre día de los misales, efeméride que habrá que incorporar a las fiestas de guardar del calendario postpujoliano. Y lo que pasaba –oficialmente– es que Jordi Pujol afrontaba su primer debate de investidura sin mayoría absoluta, después de haberla perdido en las elecciones del mes anterior, pero doblando todavía en número de escaños al segundo partido más votado. Asociar este primer aviso de fin de régimen (que todavía duraría ocho años más) a los dos misales que sor Marta superiora ordenó que se traspasaran a mosén Júnior es una elucubración que nada nos aporta. De hecho, la pregunta que nos tendríamos que hacer no es de qué hablaba la prensa aquel o aquellos días, sino quiénes hablaban o quiénes escribían aquel o aquellos días, y quiénes se tapaban los ojos, la boca y la nariz ante misales, comisiones y marrullerías varias perpetradas en nombre de la patria.

Lo que nos tendríamos que preguntar, pues, es quiénes fueron aquellos que, ocupando cargos de mucha responsabilidad en el sistema de comunicación catalán, negligieron en la función de fiscalizar al poder e informar a la ciudadanía. Quién miró hacia otro lado, no sólo con Pujol, sino con Millet, con Alavedra, con Prenafeta, con Pascual Estevill, con Piqué Vidal, con los Sumarroca, con Duran Lleida, con Josep Maria Cullell, con Antoni Subirà y con tantos otros.

Saberlo no es muy difícil. Sólo hay que volver a aquella mágica fecha del 14 de diciembre de 1995 y ver quién era el director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, quién el director de TV3 y quién el de Catalunya Ràdio. Y, en un segundo escalafón, quiénes eran los directores de informativos y jefes de política de uno y otro medio. O quién comandaba el programa más escuchado de la radio en catalán. O quién era el director del Avui y quién le iba a relevar en pocos meses. O en La Vanguardia, que estaba iniciando un segundo noviazgo con el pujolismo una vez perdonados los cuernos de El Observador, quién era el director, quién el nuevo jefe de Política y quién el columnista estrella. O a quién le escribían las preguntas en las ruedas de prensa y a quién llamaban al atardecer para dictarle la portada. Me ahorro los nombres porque sería injusto señalar sólo a estos y no a quienes les precedieron o sucedieron. Está claro que si tuviésemos que hacer una lista exhaustiva de periodistas y comentaristas afectos sería quilométrica.

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Los misales de Ferrusola, el Caso Palau y la losa de la corrupción

“Reverendo Mosén. Soy la madre superiora de la congregación. Desearía que traspasaras dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él ya le dirá dónde se deben colocar. Muy agradecida”. Este es el texto de la nota manuscrita, firmada por Marta Ferrusola el 14 de diciembre de 1995. Palabras que contribuyen al sentimiento de tristeza de los millones de catalanes que durante 23 años dieron el poder a su marido, Jordi Pujol. Constituye, negro sobre blanco, la prueba del cinismo de quien durante décadas fue el administrador ‘moral’ de un sentimiento, el nacionalismo catalán. Y que hoy aparece, junto a su esposa y sus hijos, como la cúspide de un sistema corrupto.

Jordi Pujol construyó un relato basado en valores y principios compartidos por una amplia mayoría social en Catalunya. La decepción de sus votantes es infinita. Pero Convergència era una extraordinaria maquinaria de poder. Y aún lo es. La última prueba llegó sólo una semana después de conocerse las demoledoras palabras de Marta Ferrusola. La Generalitat impuso su mayoría en el Consorcio del Palau de la Música para evitar que esta institución acuse a Convergència por el presunto cobro de comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. A pesar de los indicios flagrantes surgidos durante el juicio. Algo parecido ocurrió cuando la vieja Convergència aupó a uno de los suyos a la dirección de TV3.

Quienes creyeron en Pujol descubrieron el cinismo de la apariencia, de la moral que se aplica a los otros pero no a uno mismo; la que sirve como instrumento de control social. El clan por encima de todo, el sentido patrimonial de la política y del país. Y no es solo una cuestión personal o familiar. El pujolismo fue un régimen construido sobre múltiples complicidades y silencios, de políticos, de los empresarios que pagaban y de la prensa que calló. Complicidades y silencios que únicamente se explican en un país sumergido aún en los viejos hábitos del franquismo; en una Catalunya y una España donde perduraban (¿y perduran?) los caciques. La fortuna descubierta a los Pujol en los paraísos fiscales no revela solo un fraude fiscal, sino el saqueo del dinero público a través del pago de comisiones por parte de los contratistas de la Administración. Dinero para los partidos y dinero para el clan. Corrupción sistémica.

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La ley LGTBI, compleja pero completa

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Bandera LGTBI

El 4 de mayo de este año registrábamos la propuesta de Ley LGTBI estatal. Se trataba de un hito anunciado, pero igualmente histórico, que intentamos saborear al máximo. Varios colectivos LGTBI catalanes, al concebirla como una oportunidad de acción colectiva que incidirá en los derechos y en las vidas de la comunidad LGTBI del resto del Estado, decidieron participar. Se ha podido compartir el aprendizaje de la tramitación de nuestra Ley catalana y hemos incorporado aportaciones relevantes, tanto de reivindicaciones como de aspectos técnicos. La transformación de las demandas de los colectivos LGTBI en redactados legales y su encaje con las leyes preexistentes ha sido compleja. Una parte del colectivo LGTBI catalán también ha vivido la iniciativa con desinterés, en parte por la desilusión general que está provocando la falta de desarrollo de la Ley LGTBI catalana, que ha quedado en un segundo plano de la agenda política.

De entrada, hay que delimitar las expectativas: las leyes son "reglas del juego" y, como tal, vienen diseñadas para perpetuar unos intereses y unos roles sociales determinados. Una ley transversal y ambiciosa como la propuesta, inevitablemente choca con instituciones tradicionales como el matrimonio, la figura del padre y de la madre o el binarismo entre otros. La aprobación de la Ley conllevará grandes cambios pero no la reforma del sistema cisheteropatriarcal. Analicemos ahora las mejoras que incorpora la Ley. 

Se ha nutrido de los mejores contenidos de las leyes LGTBI autonómicas preexistentes, completándolas en varios aspectos. De rebote, en futuras reformas de estas, se podrán reflejar. Por otra parte, dada la proyección de España en materia LGTBI, es probable que esta ley - la más moderna de Europa- inspire a otros países o regiones para legislar, para contrarrestar extremismos sangrantes como el que están sucediendo en Chechenia.

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Turismofobia, frente de clases y #VidaLaietana

Acción reivindicativa en la Vía Laietana de Barcelona

La cita era a las 11.00 h.- de la mañana en la puerta del edificio que ocupa los números 8 y 10 en la barcelonesa Via Laietana. Sin embargo, los organizadores, una plataforma compuesta por, al menos, diecinueve organizaciones diferentes de la ciudad, habían llegado unos minutos antes a un callejón cercano para preparar la acción. La idea era sencilla, apropiarse, aunque fuera por un rato, de la Via Laietana; bailar llevando unas cajas de cartón con forma de casas sobre los hombros al ritmo de una ópera, dotar esta amplia avenida de la ciudad de vida construyendo #VidaLaietana en una zona que, actualmente, se encuentra de nuevo bajo el foco de los proyectos de reforma.

El objetivo principal de esta acción artivista no ha sido otro que reclamar al Ayuntamiento de Barcelona que convierta el edificio señalado en parte del prometido parque de vivienda pública, promoviendo la creación de 160 viviendas y comercios de alquiler en un inmueble que, de hecho, ya es de titularidad municipal.

#VidaLaietana pic.twitter.com/YTjJdePwFj

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Política de rentas: ¿dónde queda la infancia?

Un niño durmiendo dentro de su cuna

Hace tiempo que lo sabemos y se habla: las desigualdades sociales crecen y lo hacen especialmente en la etapa vital estratégica de la infancia. Alrededor de 3 de cada 10 niños y adolescentes viven situaciones de pobreza o exclusión social y esto es una vulneración de su derecho a un nivel de vida adecuado, un derecho humano reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que hipoteca su presente y su futuro. Esta situación, que nos sitúa a la cola de Europa en bienestar infantil, ya hace años que se arrastra con unas cifras que no mejoran significativamente y que son muy similares en España, en Catalunya y Barcelona.

No sólo sabemos que las desigualdades crecen, también hace demasiado tiempo que tenemos evidencias sobre el impacto de los factores sociales en la salud y en las trayectorias educativas de los niños y adolescentes. Pero no sólo eso, sino que cada vez tenemos más datos sobre la estrecha correlación entre la inversión en protección social de la infancia y la reducción de las tasas de pobreza entre los ciudadanos más pequeños y como ésta ha sido una clave en aquellos países que han protegido su infancia de los estragos de la crisis. Sabemos que aquí tenemos el ascensor social estropeado y que a quien le toque nacer en una familia de bajos ingresos y poca formación, es altamente probable que deje en herencia a sus futuros hijos o hijas un entorno empobrecido y un horizonte de pocas oportunidades. Como corrobora el reciente informe del Instituto Infancia y Adolescencia, aunque no estamos consiguiendo compensar las desigualdades sociales de partida mediante una educación orientada a la equidad.

Hay un déficit histórico en protección social de la infancia

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Frontera Sur, territorio sin ley

En el lado marroquí, valla de 3 metros de altura con concertinas seguida de una zanja de varios metros de profundidad. Valla española de 6 metros, inclinada y dotada con almenos dos filas de concertinas y malla antitrepa. Cables de acero y segunda valla inclinada de 3 metros. Finalmente, la última valla, recta, es de 6 metros de altura

El pasado mes de abril viajamos a la Frontera Sur (Nador, Melilla, Tánger, Ceuta) para conocer, de primera mano, la situación de racismo en la frontera. Visitamos asociaciones que trabajan por los derechos humanos a los dos lados de la frontera, nos entrevistamos con periodistas y abogadas, conseguimos testigos de personas que viven bloqueadas en la frontera. Y la conclusión a la qué llegamos es que, por mucho que Ceuta y Melilla pertenezcan a la UE, como territorios españoles que son, por mucho que Marruecos sea un país “amigo” con el cual el Estado español y la UE tienen trato preferente, todas las actuaciones que tienen que ver con los flujos migratorios que circulan constantemente por aquellos territorios, están regidas por la ley de la fuerza y la arbitrariedad.

La ciudad de Nador, a tocar con la frontera melillense, tiene una legislación de excepción que permite actuar con la máxima impunidad a las fuerzas de la orden. Las llamadas “fuerzas auxiliares” de la policía de Marruecos actúan de forma represiva contra las personas desplazadas, sin ningún tipo de control. Hay testigos que nos explican agresiones a personas devueltas «en caliente» para que no vuelvan a intentar saltar la valla, incendios y desmantelamientos de los asentamientos del Gurugú para obligar a quienes vivían a alejarse. Las personas negras no pueden salir de sus refugios por miedo a ser apaleadas por bandas armadas que actúan impunemente, ante los ojos de la misma policía.

Según el AMDH (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), Nador es una ciudad militarizada y los subsaharianos saben que si los detienen los encerrarán en un centro de internamiento para expulsarlos en autobuses o avión a otros países africanos, o a las puertas del desierto. Y estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 personas, entre hombres, mujeres y criaturas, muchas de las cuales tendrían derecho a acogerse a la protección internacional si se cumpliesen las leyes, sea porque huyen de territorios en conflicto, sea por motivo de persecución política, por orientación sexual, por violencia de género, en definitiva, por causas que la Convención de Ginebra contempla como susceptibles de demanda de asilo*.

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No esperéis que nos apartemos del camino

He releído más de una, y dos veces, los pequeños fragmentos que Eduardo Galeano escribe en 'Patas arriba' (La escuela del mundo al revés). Como el nombre indica se nos muestra en este la paradojas de un mundo donde el poder se asienta en uno de los platos de la balanza de la justicia. El sentido común no gobierna y mientras la mayoría siempre es minoría en relación a la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Parecerá extraño este inicio y difícilmente puede hacerse un paralelismo en cuanto a la lectura del momento actual que atraviesa la política en el Principado de Catalunya. La intención no es otra que advertir de los peligros o de los cambios de rumbo impuestos por los de arriba, como quien distorsiona la balanza de la justicia, utilizando mecanismos propios del capitalismo: el miedo a la incerteza, la desmemoria y la impunidad.

Ahora es un buen momento para anticiparnos. Ver qué pasa ahora y decir qué no nos podemos permitir en septiembre. Hacer una barrera de contención a futuros pressings, a algún Plan B todavía incierto o, peor aún, a un cambio de hoja de ruta que a día de hoy se está perfilando. Estos días hemos escuchado algunas declaraciones o leído distintas opiniones que, sin lugar a dudas, nos tendrían que alertar respecto a una posible redefinición de la hoja de ruta. Empezando por Junqueras, continuando por l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) en pro de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y acabando con las polémicas generadas alrededor de las dificultades técnicas y políticas para realizar un referéndum de autodeterminación.

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