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Populismo punitivo en los titulares de sucesos

Fotografía de los efectos intervenido por la Guardia Civil en una de las actuaciones. Foto: Guardia Civil.

"Ola de robos en el barrio de Hortaleza"; "Un marroquí siembra el pánico en el metro de Bilbao al grito de 'Alá'"; "Una pareja se atrinchera en su vivienda para evitar ser desahuciada"; "Sorprendida cuando robaba ropa acompañada de 3 menores"; "Inmigrantes argelinos siembran el pánico en las calles de Melilla"; "Inquietud vecinal por la ola de robos"; "Un ladrón atemoriza una urbanización de Pineda de Mar", "La Guardia Civil detiene a tres personas por plantar marihuana" ...

Estos son sólo algunos de los titulares que podemos encontrar en los medios de comunicación. La tarea pedagógica de un determinado Periodismo rema en contra de lo que debería ser, aquella idea lejana de transformación social en la que muchas queríamos contribuir al empezar la carrera. Sembramos el miedo en el tratamiento de los sucesos, prima la espectacularidad por encima del análisis y hacemos dejación completa de los principios de nuestro propio Código Deontológico para informar de manera cuidadosa y precisa; evitar prejuicios con informaciones sin suficiente fundamento; el respeto al derecho a la privacidad; salvaguardar la presunción de inocencia y la dignidad de las personas, y su integridad física y moral, entre otros.

Y así germina reiteradamente un odio irreflexivo hacia las víctimas del sistema. Y cuando hablamos de víctimas, no nos referimos sólo a las que nos vienen a la cabeza en primera instancia. Ignoramos deliberadamente las explicaciones de la delincuencia sobre factores estructurales y señalando constantemente colectivos o barrios contribuimos también a la llamada profecía autocumplida. Como profesionales de la información nos corresponde hacer cómplice a la sociedad de la complejidad de los hechos y eso pasa por ser autocríticas. Limitamos a los consumidores a una visión simplista de los sucesos alimentando la cultura del miedo y la consiguiente demanda punitiva ciudadana.

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Hablemos, ahora sí, de referéndum

El "proceso" que hemos conocido hasta hoy se encuentra, a ojos de todos, en una situación de agotamiento. No lo está, sin embargo, porque el sustrato de aspiraciones que convirtieron la independencia en la principal utopía disponible en Cataluña haya desaparecido. Lo está porque el calendario y los hitos que han dirigido su desarrollo no han respondido a la necesidad de vertebrar un nuevo proyecto de país, sino a una misión de supervivencia cortoplacista propia de los contextos de crisis de los bloques de poder.

La capacidad de reinventarse de los actores que han ido configurando este calendario ha conseguido, sin duda, marcar la agenda del país y de la política catalana al resto de fuerzas políticas. Un relato que ha podido disputar de forma efectiva los significantes de "democracia" y "prosperidad" y que ha ido avanzando gracias a nuevos días D y acontecimientos históricos que situaban un muro opaco entre estas metas y el día siguiente.

El último giro: una nueva promesa de poner urnas que no será, claramente, el referéndum que ponga fin a la situación de bloqueo que vive el país. Más allá del pacto o la unilateralidad (marco que no comparto en absoluto), en mi opinión, una consulta que quiera llevar a cabo este Gobierno sin acuerdo con el estado no será nunca un referéndum por dos motivos inherentes de las fuerzas y los actores políticos que dirigen el proceso.

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La plurinacionalidad, una propuesta para Catalunya

El PSOE abre la puerta al ‘reconocimiento del carácter plurinacional del Estado’. Es una frase que puede resultar trascendente a la hora de encontrar una salida al conflicto entre Catalunya y España. Porque el reconocimiento nacional aparece como la única llave capaz de empezar a resolver la fractura. La victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas podría significar, de esta forma, una nueva oportunidad, quizás la última, de tejer complicidades entre la política española y la Catalunya mayoritaria, la que aspira a decidir su futuro.

La decisión del congreso socialista se suma a la apuesta de Podemos por la defensa de la identidad nacional de Catalunya. Ambos pronunciamientos políticos vuelven a situar a la izquierda española como aliada de las aspiraciones catalanas frente a la beligerancia de la derecha. Una de las razones de ser de la derecha española está, precisamente, en la defensa de un Estado al servicio de una única nación, la española. El Partido Popular sabe que nada cohesiona más a sus bases que practicar el nacionalismo español frente a Catalunya, la catalanofobia, sin importarle el daño irreversible que deja por el camino. Un Partido Popular sostenido ahora por Ciudadanos, que nació, precisamente, como oposición al nacionalismo catalán.

A diferencia del PP, el PSOE no ha utilizado a Catalunya para ganar votos en el resto de España. Resulta injusto cuando se formula esta acusación por parte del nacionalismo catalán. Pero los socialistas no han logrado hacer compatibles las aspiraciones de Catalunya con la opinión pública de sus grandes feudos electorales. Ni, tampoco, con una ‘vieja guardia’ que aprovecha todas las tribunas posibles para ejercer un rancio españolismo. Ahora el PSOE de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de revertir el bloqueo y ofrecer una alternativa para Catalunya que, a la vez, rescate al Partit dels Socialistes Catalans (PSC) como actor político después de años de ostracismo. El PSC puede así recuperar la credibilidad de su ‘tercera vía’, su “reforma constitucional federal”, en la que muy pocos creían.

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Racismo institucional: en la calle y en el juzgado

Operativo de la Guárdia Urbana de Barcelona contra la venda ambulante

El racismo institucional existe aquí y ahora. Es un racismo no declarado explícitamente, encubierto, ejercido directamente por el Estado y sus instituciones pero de forma velada. Es un racismo tramposo y, por tanto, cobarde, que se ejerce a través de prácticas que discriminan y inferiorizan los ciudadanos dependiendo de su origen étnico o color de piel, pero que intentan esconder su esencia discriminadora con otros supuestos objetivos y finalidades, habitualmente apelando al orden y a la seguridad.

Racismo institucional es no cumplir los mandatos que obligan a los jueces y a los fiscales a reforzar el derecho a la tutela judicial efectiva cuando un ciudadano denuncia haber sufrido algún tipo de agresión por parte de un agente de la autoridad. La experiencia nos demuestra que el estamento judicial actúa opuestamente a este mandato, aplicando la mal llamada presunción de veracidad ante las versiones policiales. Y otra no declarada, pero muy vigente, presunción de culpabilidad ante las víctimas que suelen verse acusadas por los agentes de acuerdo con atestados infestados de mentiras y confeccionados para encubrir precisamente la actuación policial irregular, lo que posibilita los abusos de autoridad y el ejercicio ilegítimo de violencia, que son también racismo institucional.

Recientemente, sin embargo, se ha dado una noticia extraordinaria. Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona ha sido condenado por un delito de lesiones a un año de prisión por agredir gratuitamente a un vecino bengalí de nuestra ciudad. La sentencia establece como hechos probados que la patrulla lo detuvo cerca de la parada de metro de Liceu, le pidieron la documentación y como no la llevaba encima lo trasladaron a comisaría, siendo allí donde el agente le propinó un puñetazo que le rompió la mandíbula. El autor de la agresión intentó encubrir la acción ocultando la intervención policial, no registrándose al libro de entrada de la comisaría y estableciendo en su hoja de actividades que estaba patrullando por el Parque de la Ciutadella en el momento en que las cámaras de comisaría y el GPS del vehículo policial establecen que se encontraba en comisaría con la víctima.

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Un voto táctico a una moción de censura necesaria

Los últimos días hemos tenido que escuchar por parte del PSC-PSOE y el PDeCat que la moción de censura presentada por Unidos Podemos - En Comú Podem (UP-ECP) era una moción táctica. Este argumento quedó automáticamente descartado con encuestas previas a la moción que fueron realizadas, por ejemplo la de Invymark para LaSexta, donde el 50% de la población la consideraba justificada y adecuada. Aparte de las nefastas políticas neoliberales del PP y de una gestión profundamente privatizadora y contraria a los intereses de las clases populares, la censura al PP vino motivada por la corrupción sistémica que está carcomiendo nuestras instituciones.

Los gobiernos del Partido Popular (el del Estado, algunos municipales y muchos autonómicos) se han caracterizado por acumular tres tipos de corrupciones: económica, política y democrática. La corrupción económica, donde el enriquecimiento personal de personajes vinculados a la dirección del partido como Bárcenas, Rato, Granados o González por encima del interés del bien común está quedando manifiestamente demostrada, con la complicidad de líderes del partido como Aguirre, Cifuentes o el propio Rajoy; la corrupción política, con ingenierías legislativas organizadas para mantener las privatizaciones que enriquecían ilícitamente a sus amigos e impedir los procesos de municipalización de los servicios públicos que sólo han tenido por objetivo garantizar la aplicación de las políticas neoliberales que defiende el PP incluso en aquellos territorios, ciudades y pueblos donde no habían ganado las elecciones y la ciudadanía les había negado la responsabilidad de gobernar; y la corrupción democrática, con la utilización irresponsable de las herramientas de Estado, que deberían ser imparciales, como un Tribunal Constitucional politizado o un Ministerio del Interior convertido en comisario político para luchar, espiar y perseguir a los adversarios, principalmente del proceso catalán y Podemos.

Con este estercolero de corrupción y de guerra sucia, había argumentos más que suficientes para desautorizar a quienes decían que la moción de censura era táctica. Lo que sí fue táctico, por el contrario, es el voto en forma de abstención del PSC-PSOE y el PDeCat. Como puede el PSC-PSOE, que ha escogido como lema para el Congreso de ratificación de Pedro Sánchez "Somos la izquierda" se abstenga en una moción que censuraba las políticas de la derecha más neoliberal de Europa si no es por tacticismo político? ¿Cómo se entiende que el PDeCat, que pretende ser vanguardia de la unilateralidad y de la independencia, se abstenga a la hora de echar a Mariano Rajoy y el PP, que son el elemento que más vulnera la soberanía de Catalunya y no permite el referéndum si no es por tacticismo calculado? Aún sabiendo que era una moción que probablemente no se aprobaría, ni el PSC-PSOE ni el PDeCat, por el sentido simbólico y el momento en que llegaba la moción de censura, no se podían permitir no votar sí. El simbólico es, claramente, muy importante en política. No votar decididamente contra un gobierno corrupto, recortador de libertades y represor de la soberanía de nuestro país como es el gobierno del Partido Popular irá sobre las espaldas del PSC-PSOE y del PDeCat durante mucho tiempo, porque la ciudadanía de Catalunya no lo ha entendido .

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La presión de la turistificación sin límites

El Puerto de Palma

Mallorca es un territorio insular frágil y limitado. La industria turística no ha querido ser consciente de los límites que ello implica y las políticas económicas, centradas casi exclusivamente en el monocultivo turístico, se han dedicado a diseñar infraestructuras y gestionar los recursos (incluido el territorio) para que esta limitación física no fuera nunca un impedimento para nuevos crecimientos y el desarrollo de nuevas inversiones –antes de especuladores locales, o grandes empresas estatales, ahora, cada vez más, de los impersonales fondos de inversión–. También de nuevos productos turísticos que comparecen de la mano del discurso de los supuestos beneficios de la "desestacionalización turística". Últimamente, de la mano de un gobierno "progresista" bajo la etiqueta de "turismo sostenible" sigue un relato blando de los efectos del turismo y sigue alimentándose el monstruo.

Así, aunque desde colectivos ecologistas como el GOB (en Mallorca desde 1973) y otros colectivos y movimientos sociales de las Illes, hace años que advertimos de la insostenibilidad y los impactos de esta realidad –no sólo ambientales sino también, sociales y económicos– a la que nos ha empujado la turistización total y absoluta de nuestras vidas, podemos asegurar que, finalmente, la situación se nos ha escapado totalmente de las manos.

Somos incapaces de controlar el número de personas, que no hace más que crecer, que visitan nuestras islas –porque no tenemos competencia sobre las grandes puertas de entrada: puertos y aeropuerto– y respondemos a la avalancha de personas mercantilizando turísticamente nuestras viviendas y todos nuestros rincones, aumentando casi hasta el infinito nuestra capacidad de alojamiento, y llevando las infraestructuras y la explotación de los recursos al límite.

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Los cuidados en Cataluña: de dónde venimos, cómo estamos y donde vamos

En las últimas semanas, en el área metropolitana de Barcelona, varias administraciones han salido a reivindicar una cura digna. Por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona, con la medida de gobierno para la democratización de los cuidados y, por otra parte, el Ayuntamiento de Esplugues y el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, con la jornada "quien se encargará del cuidado", han situado este ámbito como prioridad política en el mandato.

Estamos a tiempo? Lejos de encajar estas apuestas políticas como fórmulas de innovación social, las podemos ver como posibilidades después de años y años de luchas y teoría feminista. Ya sabemos bien los principios de la economía convencional en el marco heteropatriarcal, que separa entre producción y reproducción y subordina la última a la primera, la que no reconoce el trabajo reproductivo como trabajo y la asigna a las mujeres, y pone en el centro de la economía el capital. Frente a ello, la economía feminista toma en consideración todos los trabajos necesarios para la subsistencia, el bienestar y la reproducción social, rompe con la división sexual del trabajo y pone en el centro la vida.

La vida se sostiene con el trabajo de cuidados, que según la definición de la OIT, es el trabajo que comprende las actividades realizadas para dar respuesta a las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de las personas en la esfera pública y privada, en el economía formal y la informal, sea o no remunerada.

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Esto va de democracia con todas las de la ley

Carles Puigdemont anuncia fecha y pregunta del referéndum

"Hemos celebrado un Consell Executiu extraordinario para ratificar conjuntamente con el vicepresident y los consellers y conselleras la voluntad de convocar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, en ejercicio del legítimo del derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria...". La literalidad de las palabras del president Puigdemont, con foto de familia en el Pati dels Tarongers incluida, recuerda aquella marcha del compositor británico Elgar, Pompa y circunstancia, bien, en este caso pompa y cara de circunstancias, porque, sin haber ningún acuerdo del Gobierno, había que mantener la tensión dramática para mantener movilizado el electorado independentista. Son exigencias del guión.

En los últimos días se ha acelerado el proceso político en Cataluña. Si la fecha límite de todo es en septiembre, Puigdemont lo hará durar hasta el primero de octubre. Cada día que pasa menos sonrisas y más tensión en los gestos. Cada acto con intervenciones más broncas. Cada vez más irreflexivo, más unilateral y menos movilizador. Cada vez más solos. El objetivo de las intervenciones: hacernos creer que España es un Estado autoritario y que las instituciones españolas reprimen el pueblo catalán con el argumento de que España empieza y termina en el Partido Popular.

¿Olvidan el necesario respeto y preservación de la pluralidad de la sociedad catalana, donde aquellas que creemos que un referéndum sobre la independencia no es la solución a un mejor encaje de Cataluña en el conjunto de España somos tan catalanas como los que piensan que sí?

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Dar alas al parque temático

Grupo escolar La Farigola, del barrio de Vallcarca de Barcelona

Al disponer de tanta información vivimos en una desinformación constante, algo sin duda acrecentado por el privilegio que ciertos medios dan a columnistas que adornan mucho sus letras sin decir nada.

Esto se transmite también en la selección de noticias, en la importancia de las mismas. En Catalunya el Procés se come todo, quedando algunas parcelas sin cobertura, y lo mismo deben pensar los gestores a tenor de mis últimas investigaciones.

A mediados de mayo la Comisión de Ecología y Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una proposición de Ciutadans para iniciar inmediatamente los trabajos de demolición, requisito indispensable para alzar la Rambla de Vallcarca, que previsiblemente irá de la casa modernista Comas d’Argemir hasta el límite marcado por la antigua Casita blanca. El plan recibió los votos a favor de la antigua Ciu, PP y ERC además de las abstenciones de Barcelona en Comú y el PSC.

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Renunciar a los derechos humanos en nombre de la seguridad

Policias armados en las calles de Londres, tras los atentados padecidos

Cuando, tras el último ataque en Londres, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afirmó que estaría dispuesta a "cambiar las leyes que protegen los derechos humanos" si esto servía para combatir el terrorismo, muchos hicieron aspavientos. Pero lo cierto es que no afirmaba nada que no esté en la mente, y quizás en los planes, de muchos gobernantes europeos.

A pesar de que las palabras de May parezcan una salida de tono ilustran a la perfección una tendencia creciente de los últimos tiempos: oponer "derechos humanos" a "seguridad", o "derechos humanos" a "lucha contra el terrorismo", como si Europa viviera un dilema inevitable, planteado en términos de vida o muerte, que imposibilita que los dos conceptos puedan ir de la mano.

Miremos hacia Francia. No hablamos demasiado del país vecino, pero la realidad es que lleva un año y medio, desde los ataques de París de noviembre de 2015, en estado de excepción. Esta constante de estado de emergencia no es inocua y supone graves consecuencias que debemos analizar a fondo porque París parece el banco de pruebas hacia donde nos quieren conducir algunos gobernantes europeos para "combatir la amenaza terrorista". Y la realidad es que las medidas extraordinarias en nombre de la seguridad han violado repetidamente los derechos de muchos ciudadanos franceses, con un uso y un abuso desmesurado del poder por parte de la policía, de las fuerzas especiales y del estado: veamos qué se cuece.

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