Opinión y blogs

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¿Son justos los exámenes de acceso a la nacionalidad?

Las condiciones administrativas y los criterios establecidos para el examen de lengua generan situaciones dramáticas para los candidatos a nacionalidad

A partir de la entrada en vigor en octubre de 2015 de la ley 12/2015, se requiere de la superación de dos exámenes (cultura y lengua) para acceder a la nacionalidad. Una nueva forma de determinar el grado de integración dentro de la identidad nacional española que se ideó para poner orden a un proceso que, hasta el momento, había dependido del criterio arbitrario y a veces injusto de los jueces. Pero, ¿es ahora más justo?

De entre las críticas que ha suscitado esta medida, la pregunta de si el hecho de imponer la obligación de realizar un examen de integración adultera la propia esencia de las medidas de integración es una constante. Sin embargo, de momento, el conjunto de las críticas han puesto el foco en el carácter excluyente del examen de cultura. Y no son pocas las contradicciones con las que nos topamos los examinadores en cada examen de lengua.

Para empezar, cabe mencionar que la prueba lingüística corresponde al DELE A2, diseñada y gestionada por el Instituto Cervantes desde 2002. Originariamente se concibió como un examen académico destinado a jóvenes estudiantes y profesionales cualificados y es a partir de 2015 cuando se estableció como requisito para la solicitud de la nacionalidad española.

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Renta Garantizada de Ciudadanía: criticar, resistir, construir

Huelga de hambre por la Renta Garantizada de Ciudadanía

Josep Manel Busqueta escribe en L’Hora dels Voltors que para salir de la crisis hace falta conjugar tres verbos: criticar, resistir y construir.

Criticar es rápido. Catalunya, cuarto trimestre del 2016, tasa de paro juvenil: 32,28%. Último informe del Síndic de Greuges sobre malnutrición infantil de agosto del 2016: 50.000 casos de malnutrición y 750 casos de desnutrición. Tasa de riesgo de pobreza en el trabajo del año 2015: 11,2%. Beneficio del Ibex 35 del año 2016: 30.000M€ (incremento del 68% en relación al 2015). Dibujo aterrador.

Herencia de los recortes que han acompañado las políticas de austeridad, consecuencias de una economía ahogada por deudas ajenas, cifras de un modelo de sociedad donde el mercado es el dueño de las vidas de la gente. Y la pobreza como rostro de una sociedad rota por la crisis. Y un marco autonómico que no permite subvertir límites de déficit que marca una Troika vestida de negro, más preocupada por los beneficios de las corporaciones que por la miseria. ¿Y no quieres caldo? Pues dos tazas: aprobación del CETA y todavía menos soberanía popular y más margen a favor del capital financiero.

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De Sharpeville a la Europa fortaleza

Llorando en una ceremonia fúnebre por los que fueron asesinados por la policía sudafricana en el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el municipio de Langa, en Uitenhage (Sudáfrica), en 1985

El 21 de marzo de 1960 se produjo, en Sudáfrica, la masacre de Sharpeville. El régimen del apartheid sudafricano había impuesto la Ley de Pases, que consistía en el control de los desplazamientos de la población negra dentro del país mediante un documento que tenían que llevar consigo. Estos pases determinaban a qué zonas podían acceder y cuáles eran las áreas sólo para blancos. Incumplir esta Ley podía suponer penas de cárcel. En una manifestación en Sharpeville la policía abrió fuego contra los asistentes, dejando un balance de 68 personas asesinadas y 180 heridas. Esa masacre dio nombre al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Hoy es el día mundial contra el racismo, y aún hoy racismo tiende a ser reducido a prejuicio o a actitudes y acciones individuales y puntuales. Pero el racismo es más que eso. El racismo es estructural: el racismo está apoyado por las instituciones y por las leyes, es un sistema político, económico, social y cultural. El racismo es prejuicio más poder. Y cincuenta y siete años después de la masacre de Sharpeville, es inevitable que la Ley de Pases no nos haga pensar en muchas de las medidas implantadas en la construcción de la Europa fortaleza.

Hace pocas semanas nos llegaban, desde Bruselas, las últimas directrices de la Comisión Europea en materia de expulsión y deportación de personas migradas. La Comisión pide aumentar las deportaciones a través de la ampliación de los periodos de internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta los 18 meses. Año y medio de detención sin haber cometido ningún delito, solo la falta administrativa de estar en territorio europeo de forma irregular. En España, el periodo de internamiento actual es de 60 días: multiplicarlo hasta tal envergadura supondrá, además de la misma privación de libertad, perpetuar la exposición de las personas que se encuentran en el CIE a las deplorables condiciones y violaciones de derechos humanos que en ellos se dan. Otra de las medidas que la Comisión pidió fue reducir los plazos de recurso contra las órdenes de expulsión, un nuevo ataque contra los derechos más básicos, en este caso el de defensa. Uno más.

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Enfocando a los "digitales de odio"

Washington se prepara para numerosas protestas en la investidura de Trump

El discurso de odio está de moda. El racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la LGTBIQfobia y tantas otras fobias, se encasillan ahora bajo este paraguas, con el peligro de perder la mirada estructural, el enfoque que piensa estas discriminaciones como parte de un sistema de opresión que tiene orígenes históricos, económicos, políticos, culturales y sociales. Pero como todo lo que está de moda (como la categoría "refugiados"), tiene al menos una pequeña ventaja: se pone en el centro mediático y fuerza debates necesarios.

¿Qué es el discurso de odio? Una pregunta sin consenso, todavía. Según la definición del Comité Europeo de Ministros, el discurso de odio cubre todas las formas de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia , incluyendo: intolerancia expresada por nacionalismo agresivo y etnocentrismo, discriminación y hostilidad hacia minorías, migrantes y personas de origen inmigrante (la Recomendación 97 (20) 1997).

El discurso de odio se enmarca dentro de los llamados delitos de odio. Organizaciones tales como SOS Racisme Catalunya o el Movimiento contra la Intolerancia llevan años denunciando que esta tipología de delitos (los crímenes contra personas por motivo de su origen, color de piel, etnia, religión, etc.) continúan fuertemente invisibilizados en España y las medidas que se han llevado a cabo (legales, gubernamentales, policiales) están todavía lejos de dar una respuesta efectiva al problema.

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Del Mobile World Congress a la renta básica

Mobile World Congress

Sin duda la actual edición del Mobile World Congres ha sido un éxito. El 2 de marzo cerraba sus puertas tras recibir a 108.000 asistentes, dato del que se haría eco la prensa inmediatamente. Lejos de agotar la fórmula, no solo ha confirmado su poder de convocatoria, sino también su capacidad para ofrecer innovación y calidad. Dan cuenta de ello el Women4tech, la plataforma de networking para start-ups tecnológicas 4YFN o el festival YOMO, un espacio inspirador que muestra oportunidades profesionales para jóvenes en el universo de la tecnología móvil.

Barcelona ha rebosado actividad de la mano del Mobile y esta ha sido especialmente notoria en las inmediaciones de la Fira Montjuïc y la Fira Gran Via. Personas de procedencia diversa, alojados en hoteles de lujo o compartiendo habitaciones reservadas por Airbnb, comunicándose en inglés y acompañados de sus dispositivos… todos ellos y ellas representando un segmento de población que no es mayoritario en nuestras sociedades.

La consultora PwC presentaba en el pasado Foro de Davos un informe realizado sobre la base de más de 1.300 encuestas a directivos de todo el mundo efectuadas en el último trimestre de 2016. Las conclusiones son claras: si bien la globalización facilita la circulación de capitales, personas, bienes e información, no ocurre lo mismo con el crecimiento económico y, por otra parte, la desigualdad es mayor. Francamente, estamos ya habituados a leer estas constataciones en los informes de Oxfam, pero no esperábamos que los directivos y directivas de compañías multinacionales se expresaran de igual modo.

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TV3 y el fantasma de la vieja Convergència

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TV3

TV3 realizó una cobertura ejemplar de las primeras jornadas del Caso Palau. Las confesiones de Fèlix Millet, Gemma Montull y su padre, Jordi Montull, ocuparon el espacio que su trascendencia merecía en los Telenotícies. TV3 aplicó los criterios del periodismo a la hora de valorar y tratar un juicio que tardó casi ocho años en llegar y que marcará un antes y un después en la sociedad y en la política catalana.

Pero el periodismo de TV3 ha tenido consecuencias. Pocos días después el director de la cadena, Jaume Peral, dimitía por "razones personales" y entraba en su lugar Vicent Sanchís. En el reparto de cuotas de Junts pel Sí el cargo de director de TV3 correspondió en su momento a Convergència (CDC) y el de director de informativos a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Y la vieja guardia de CDC ha buscado entre los suyos a un nuevo director que evite 'accidentes' como la cobertura del Caso Palau. O como aquella selección de ciudadanos que preguntó al President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y que no gustó nada al sector más duro del partido

La paradoja es que mientras la corrupción de Convergència desfila por los tribunales, sus protagonistas aún tienen el poder suficiente para castigar a quienes informan sobre sus tropelías. La paradoja es que un president que fue periodista tolere que su partido aplique actitudes sectarias en TV3, tal como denuncian los trabajadores. La paradoja es que una coalición que promete un país independiente y libre, coarte la independencia y la libertad de los periodistas de los medios públicos. Pero el uso patrimonial de la televisión y la radio que deberían estar al servicio de todos viene de lejos.

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¿Reformar la ley para saltarnos las garantías ante la ocupación?

Concentración de la PAH delante de la sede el PP en Barcelona

Alquilar una vivienda en Barcelona y en muchas ciudades y pueblos de Catalunya está camino de convertirse en un bien de lujo debido a la desregulación del mercado del alquiler. Junts Pel Sí rechazó caminar hacia dicha regulación evitando que se emplearan todas las herramientas políticas y legales para hacer que el acceso a la vivienda sea accesible para las personas y familias que trabajan. No hablemos ya de los obstáculos insalvables que una capa importante de la población que vive en situación de pobreza tiene para poder vivir en una vivienda, por humilde que ésta sea.

Por otro lado hay personas físicas, no solo jurídicas (las cuales no podrían acogerse al procedimiento excepcional que plantea el Partido Demócrata), que tienen 5, 10 o incluso 40 viviendas. Muchas de las mismas, ante la desregulación del mercado del alquiler y la falta de control a los apartamentos turísticos están continuamente aumentando sus ingresos de manera muy poco ética en la mayor parte de los casos. Hay barrios de Barcelona donde es casi imposible vivir alquilando debido a que la mayor parte del parque de alquiler se destina a los apartamentos turísticos y los que se destinan a uso de vivienda habitual, debido a la falta de oferta y la alta demanda, se encuentran a precios desorbitados.

Estamos de nuevo ante un nuevo ataque a los derechos de la población que se está realizando gracias a la combinación de inacción política planificada y al turismo sin límites. ¿Qué medidas reales está tomando el gobierno de la Generalitat para evitar que esto esté pasando? ¿Qué medidas está impulsando el Partido Demócrata (PDECat) en el Congreso para evitar un problema que enfada y daña cada vez más a la ciudadanía?

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Una ley para proteger a las personas, sin demagogia y sin engaños

Con la Proposición de Ley que debatimos mañana en el Congreso, tenemos un claro objetivo y que nadie se lleve a engaño: Proteger al pequeño propietario y evitar que pueda ver okupada su vivienda habitual porque ha decidido, por ejemplo, irse unos días al pueblo a visitar a sus familiares (esto es un caso real), a la vez que proteger a quien tiene adjudicada una vivienda social pero no puede instalarse en ella porqué alguien ya la ha okupado de forma ilegal.

El Partit Demòcrata siempre está al lado de realizar políticas efectivas que permitan garantizar una vivienda digna a las personas con riesgo de exclusión habitacional –lo demostramos a diario en nuestra acción de gobierno en la Generalitat– y para ello, tenemos muy claro que no podemos dar la espalda a los indeseados efectos colaterales que la picaresca ha promocionado en torno a la necesidad habitacional. Sin duda, ello deteriora la convivencia, cuestiona el legítimo derecho a la propiedad de las personas y además, y no menos grave, condena a la ineficacia las políticas públicas en materia de vivienda porque familias con derecho a una vivienda social no pueden acceder a ella porque se encuentra okupada en aplicación de la “Ley del más fuerte”.

Es por ello que junto a más y mejores políticas de vivienda, mejor regulación en materia de alquiler para que se pueda abordar un índice de referencia en los precios que aleje al parque de la especulación o más cesión de vivienda en manos de entidades financieras en favor de las administraciones públicas, junta a todo ello digo,  hay que rellenar las lagunas legales existentes que impiden garantizar dos derechos constitucionales que hoy están en colisión: el derecho a disfrutar de la propiedad y el derecho a tener una vivienda digna.

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Alternativas al CIE: cómo, quién y por qué

CIE Zona Franca de Barcelona

Desde ámbitos sociales, académicos, culturales e incluso algunos políticos e institucionales se han expresado de diferentes formas las razones por las cuales los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España deberían de desaparecer. Pero también hay otras expresiones –que incluyen a sectores policiales, institucionales de derechos humanos y judiciales– que, sin exigir su cierre, sí ven necesario que se lleven a cabo profundos cambios a fin de asegurar condiciones dignas a las personas extranjeras que son llevadas a esos lugares por contravenir una ley de naturaleza administrativa como lo es la Ley de Extranjería.

En lo que suelen coincidir todas esas referencias y análisis informados, del sector que sea, es en que los CIE son lugares en los que la vulneración de los derechos humanos de las personas extranjeras es una innegable realidad. También se coincide en hacer esos reclamos y exigencias al gobierno de España, pero bien vale preguntarse… ¿Y el Poder Judicial, qué está haciendo? ¿Y desde el Congreso, qué se está haciendo para cambiar esa situación? 

No hay duda alguna que es el gobierno por medio de sus diferentes órganos el que ejecuta los contenidos de la Ley de Extranjería. Pero no se debe olvidar que son los jueces de instrucción quienes deciden si una persona entra o no en un CIE. Es desde el Congreso donde se puede modificar la referida Ley para hacerla menos represiva y más acorde con la protección de los derechos humanos.

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La mejor madre del mundo

Cuando mi hijo y mi hija eran adolescentes, siempre les decía que, de mayores, si querían formar una familia, seguramente tendrían que luchar contra una teoría que yo creía que se instalaría como reacción al comportamiento cada vez más frecuente de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Mi teoría imaginada era: los niños y niñas nacidos en familias de madres trabajadoras son más infelices, más inmaduros, más inestables... (añadid todos los adjetivos negativos que queráis).

Me equivoqué porque cuando fueron madre y padre respectivamente todavía no había tenido lugar la “crisis” que vino después. La “crisis” económica sí que está intentando de muchas maneras devolver a las mujeres al hogar, por ejemplo, recortando en guarderías, en estancias hospitalarias, en ayudas a la dependencia, es decir, cargando las tareas del cuidado sobre los hombros de las mujeres. Y a quién, si no, le toca ocuparse de estas cosas, ¿verdad?

Y pese a todo, también ha aparecido un sucedáneo de teoría que busca, vía la culpabilidad de las mujeres, hacerlas renunciar a las libertades conquistadas desde los años 70. Y esta moda viene de Estados Unidos (pero ha sido adoptada por especialistas en pediatría de Cataluña), de la mano de una pareja –los Sears--, que tiene 8 criaturas y una fe religiosa llevada hasta el extremo. Según ellos, para ser una buena madre es necesario aplicar la “crianza del apego”.

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