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Antoni Bayona Rocamora

Letrado del Parlament de Catalunya y profesor de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra

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Una reunión con el presidente del Parlamento Europeo

Como es sabido, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Antoni Comín no han podido consolidar la condición de eurodiputados. La Junta Electoral Central (JEC) no les incluyó en la comunicación de resultados oficiales por no haber cumplido el requisito de jurar o prometer acatamiento a la Constitución. Ello ha abierto un conflicto jurídico que deberá resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) al cual se han dirigido el Tribunal Supremo (TS), planteando una cuestión prejudicial en el caso de Oriol Junqueras, y directamente los otros dos eurodiputados.

Son diversas las cuestiones que plantea este debate jurídico. La primera es si resulta compatible con los Tratados y el derecho de la Unión un requisito planteado en clave nacional como es el acatamiento de la Constitución como condición necesaria para ser eurodiputado.

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Salvar el juicio a cualquier precio

En el derecho público se conoce el estado de necesidad como aquella situación de crisis, originada por catástrofes naturales o infortunios públicos, que justifica que las autoridades puedan tomar medidas en contra de las leyes o excepcionar su cumplimiento. Pero como es fácil deducir, el estado de necesidad y el estado de derecho no hacen buena pareja. En un estado democrático es peligroso apelar a la doctrina del estado de necesidad para justificar el sacrificio de los derechos. Es un camino que es mejor no transitar.

No he podido evitar hacer esta reflexión después de leer el auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo por el que se deniega a Oriol Junqueras el permiso para prestar el juramento o promesa de acatar la Constitución. Al impedirle presentarse ante la Junta Electoral Central para cumplir este requisito, se pretende que el eurodiputado no adquiera la condición plena como tal, de manera que, a pesar de haber sido proclamado candidato electo, no pueda recibir la credencial y su nombre no figure en la lista de eurodiputados que la Junta Electoral Central enviará al Parlamento Europeo.

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