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En busca de una salida

Cientos de personas con banderas de la estelada (bandera independentista catalana) durante la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con el lema 'Objectiu Independència (Objetivo independencia)'.

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Este mes de septiembre puede que se haya iniciado un proceso que marque el futuro político de Catalunya y del conflicto que mantiene  abierto con el Estado. Me refiero a la reunión de la mesa de diálogo del pasado día 15 y a las expectativas que ha generado. Es cierto que aún no se conoce su agenda de trabajo, pero hay indicios que permiten suponer que la mesa puede servir, como mínimo, para salvar el enroque de posiciones que ha existido hasta ahora.    

El independentismo sigue contando con un amplio apoyo social en Catalunya. Hay una parte muy importante de la sociedad catalana que está convencida de ser titular del derecho de autodeterminación y considera que Catalunya está legitimada para ejercerlo si cuenta con mayoría en el Parlamento catalán. Es así, aunque pueda sorprender cómo esta idea ha calado tan hondo restando importancia a las condiciones objetivas que se le oponen.

Mucha gente en Catalunya confió en los partidos políticos que prometieron alcanzar la independencia en un plazo de 18 meses después del resultado electoral  de finales de 2015. También confiaron en que el objetivo era alcanzable por la vía unilateral, tal y como lo planificaron los partidos independentistas. Siempre me ha sorprendido la ausencia de dudas y de un debate crítico ante esas promesas teniendo en cuenta la más que previsible oposición del Estado y la falta de apoyos internacionales. Una ausencia que situaba peligrosamente el procés en el ámbito del voluntarismo político ignorándo los enormes obstáculos políticos y jurídicos  que debía superar.

Estos condicionantes se quisieron ocultar apelando al principio democrático como un  valor absoluto y determinante. Algo tan simple como suponer que una mayoría en el Parlamento catalán, por el sólo hecho de estar legitimada democráticamente, puede tomar cualquier decisión al margen de la Constitución y el Estatuto. La sublimación del principio democrático permitió obviar que la expresión democrática de un Parlamento coincide siempre, aquí y en todas partes, con las facultades de que dispone como poder constituido. Algo que también ocurre con las Cortes Generales porque es evidente, por poner un ejemplo comparativo, que éstas no tienen la capacidad de derogar unilateralmente un Estatuto de autonomía aunque pudieran contar, hipotéticamente hablando, con una mayoría que defendiera esa idea. Si aplicamos la misma lógica utilizada por el independentismo respecto del principio democrático, se debería asumir como válida tal posibilidad y esto pone en evidencia la debilidad del argumento.

Los hechos de octubre de 2017 demostraron después la inconsistencia de la vía unilateral hacia la independencia. Pero pasaron otras cosas que permitieron ocultarla bajo el relato de la "represión" ejercida por el Estado, especialmente la actuación policial del 1-O y el juicio del procés con las duras condenas por sedición. Siempre he pensado que la reacción del Estado frente al procés fue desproporcionada e innecesaria en atención a lo realmente ocurrido. Con una actuación más sutil e inteligente, el Estado podía haber dejado en evidencia las debilidades intrínsecas del procés. Pero la política española anda escasa de sutilezas y no valoró como debería la importancia del factor emocional que mueve el independentismo. La respuesta del Estado al procés ha dado a muchos catalanes más argumentos a favor de la independencia y ha contribuido sobremanera a revalidar las mayorías independentistas en las dos últimas elecciones al Parlamento.

Pero el tiempo pasa y cada vez se hace más difícil mantener un relato que tiene mucho de gestual y poco de productivo. Es más que dudoso que una estrategia de confrontación pueda ser una opción realista conocidos los obstáculos que existen y con una sociedad prácticamente dividida por la mitad respecto de la independencia. Son demasiadas las energías que se han dedicado a ello y el resultado ha sido estéril y frustrante. Unas energías que han dejado en segundo plano la gobernación de los intereses cotidianos, precisamente en un momento muy delicado económica y socialmente. No es de extrañar, por tanto, que una parte del independentismo se esté replanteando la estrategia a seguir y haya decidido apostar por la vía del diálogo. Un viraje que no convence a otra parte, que parece sentirse más cómoda con la confrontación. El independentismo se debate hoy más que nunca en un conflicto interno sobre cómo debe encauzar su proyecto.

¿Qué se puede esperar de la mesa de diálogo? Es difícil decirlo en estos momentos. Me parece obvio que no se puede esperar un acuerdo que permita ejercer el derecho de autodeterminación como se pide desde Catalunya. El Estado no puede aceptarlo por motivos políticos y jurídicos que no creo que necesiten mayor explicación. La amnistía de los condenados en el juicio del procés seria posible constitucionalmente hablando, pero, si somos realistas, no parece que el Gobierno pueda ir más allá de los indultos. Si el independentismo se mantiene en estas exigencias reiteradamente verbalizadas, el dialogo no podrá dar mucho de sí.

La independencia es un proyecto político legítimo cuya promoción y defensa hay que aceptar en una democracia no militante. El conflicto catalán se ha producido por haberle negado aire para respirar, por parte de unos, y por quererlo llevar a cabo por la vía de hecho, por parte de otros. En una democracia de calidad no es posible cerrar todas las puertas a una voluntad como la que que ha viene expresando reiterada y persistentemente una parte muy importante de la sociedad catalana, aunque tampoco se puede intentar imponer por la vía de hecho. Democracia y Estado de derecho no son conceptos antagónicos sino complementarios y hay que encontrar una solución que permita un equilibrio entre ambos.

La mesa de diálogo tiene un espacio bastante amplio por recorrer. Las características de nuestro sistema territorial le dan mucha flexibilidad y, si se aprovechan bien todos los resortes, se pueden explorar soluciones para dar un mayor reconocimiento y dimensión a la realidad nacional que presenta Catalunya, incrementar su poder político y administrativo y resolver los déficits crónicos de financiación. Pero no creo que la mesa de diálogo puede quedarse ahí si de verdad quiere encontrar una salida al problema.

Hay una realidad objetiva que la mesa no puede ignorar. En estos últimos años, cuyo inicio bien podría situarse en la nefasta sentencia del Estatuto, una parte muy importante de la sociedad catalana ha perdido la confianza en el modelo político e institucional surgido de la Transición. Cree que es insuficiente para garantizar las necesidades y expectativas de Catalunya como comunidad nacional y que no se puede confiar en que el Estado respete los pactos establecidos. Esta percepción ha llevado al camino de la independencia como alternativa a un encaje que ya no se considera posible.

¿Es posible recomponer esta crisis de confianza? Debo reconocer que albergo muchas dudas al respecto, pero al mismo tiempo no contemplo que la mesa de diálogo renuncie a intentarlo si de verdad quiere llegar al fondo del problema. En mi opinión, solo es posible abordar esta cuestión con una fórmula que dé a los catalanes la posibilidad de expresarse sobre su futuro político colectivo. Esto tiene sus riesgos, pero es necesario correrlos. Esta fórmula no puede ser el ejercicio de un derecho de autodeterminación que la Constitución no reconoce, pero cabe imaginar otras que no impliquen necesariamente una contradicción con la Constitución pero que, en cambio, puedan servir de base para su eventual reforma, o que  permitan, por poner otro ejemplo, refrendar  los acuerdos alcanzados en la misma mesa de dialogo. 

Se ha llegado demasiado lejos como para desaprovechar la oportunidad que ofrece la mesa de dialogo. Ambas partes deben ser conscientes de ello y emplazarse a una negociación que aborde el problema en toda su magnitud. El Estado no puede ignorar la amplia desafección que existe en Catalunya porqué su mantenimiento garantiza que el conflicto se cronifique en perjuicio de todos y continúe siendo un factor político altamente desestabilizador. Por la parte catalana debería abrirse una reflexión seria, profunda y realista sobre lo ocurrido en estos últimos años. 

Nadie puede pedir que se renuncie a la independencia como proyecto político, pero sí que se promueva y defienda mediante estrategias que asuman las enormes dificultades que un proyecto de esta naturaleza implica atendiendo al contexto político interno e internacional en que se pretende desarrollar. La vía unilateral ya se ha experimentado y sus resultados son conocidos. Ningún factor ha cambiado sustancialmente como para que su reproducción lleve a un resultado distinto. Conociendo esta realidad, hay que buscar otras alternativas y resulta difícil entender que el independentismo dude y se divida ante la oportunidad que ofrece la mesa de diálogo antes de saber que puede dar de sí.

A pesar de todas las incógnitas, la mesa de dialogo es, hoy por hoy, la única vía de salida al conflicto existente. Pero no lo tiene nada fácil porque a las dificultades propias de la negociación política, se ciernen sobre ella dos graves amenazas. 

La primera es la lucha interna entre los partidos independentistas por la hegemonía política en Catalunya, que explica mucho de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos y no precisamente para bien. No es posible abordar ningún proyecto importante de país cuando éste se utiliza como  escenario de disputa de intereses partidistas. Catalunya no solo tiene un conflicto con el Estado, sino también un conflicto interno que lastra su política. La mesa de diálogo también puede fracasar por este motivo y habrá que asumir su responsabilidad.

La segunda es el activismo judicial que irrumpe en los momentos más inoportunos y que cada vez cuesta más desvincular de determinados intereses políticos. La reciente detención en Cerdeña del ex presidente de la Generalitat "resucitando" una euroorden que todo el mundo consideraba en suspenso por la pendencia de una cuestión prejudicial presentada ante el TJUE se antoja, además de un despropósito jurídico, como un suceso que cuesta mucho ver como una simple coincidencia con el inicio de la negociación.

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Publicado el
25 de septiembre de 2021 - 21:22 h

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