¿Alternativas a los CIE?
En los últimos dos años, gracias al empuje de las entidades y las plataformas ciudadanas que se han movilizado social y comunicativamente contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, se ha ido ampliando de manera histórica el bloque favorable a hacer desaparecer dichos centros de la geografía política del Estado Español. Además, se ha producido un gran avance al haber logrado que diferentes instituciones de representación democrática como Parlamentos Autonómicos (Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra), así como numerosos ayuntamientos (Madrid, Barcelona, Málaga, Algeciras, Valencia, A Coruña, y un largo etcétera) se sumaran al planteamiento de que es necesario crear un modelo de gestión de los flujos migratorios en los que los CIE no tengan cabida. El trabajo de hormiga de muchas personas y organizaciones que ha llevado a los CIE a ser la institución de privación de libertad más monitoreada del Estado Español ha sido clave en este proceso.
Nunca hemos estado tan cerca de cerrar los CIE, unos centros creados para la privación temporal y cautelar de personas extranjeras con una orden de expulsión vigente bajo el objetivo de facilitar el trabajo al Ministerio de Interior para proceder a su deportación. Es clave, precisamente en este momento, que analicemos algunos elementos que complejizan el debate en torno a los CIE.
En algunos sectores sociales e institucionales está tomando fuerza la idea de generar “alternativas a los CIE”. Desde nuestro punto de vista, estamos ante un debate claramente erróneo. No hay alternativas a los CIE. Y nos explicamos: de lo que se trata es de generar un cambio de modelo profundo (y no tan complicado de llevar a la práctica) en el que se sustituya el actual paradigma basado en la privación de libertad y en la deportación forzosa por otro basado en la acogida, en la facilitación del retorno de aquellas personas que quieran dejar de vivir en el Estado español así como en la configuración de la deportación como un recurso de “ultima ratio”, contrario a la práctica vigente, y cubierto de unas garantías, también inexistentes en la actualidad.
Vayamos por partes. No hay alternativas a los CIE porque cualquier sistema de piso tutelado o de piso de acogida no es ninguna alternativa al CIE, por suerte. Estas medidas buscan ampliar la red existente de recursos sin privación de libertad, por lo que no es una alternativa. Es un cambio de modelo, no una alternativa. De hecho, uno de los cambios a los que debería apuntar un nuevo modelo de políticas migratorias sería trabajar mucho mejor la acogida y la inclusión de las personas en el circuito de los derechos a través de una flexibilización racional de los modos en los que se pueda acceder al permiso de residencia y trabajo.
Por otro lado, uno de los puntos fuertes del paradigma de cierre es que nadie sea privado de libertad por el hecho de no tener la situación regularizada. Es por ello que unos CIE más humanos, más pequeños y gestionados por entidades no serán nunca una medida aceptada por el amplio sector social que lleva años trabajando por su cierre.
Por otro lado, es extremadamente importante poner el foco en la deportación en sí misma. En la actualidad, aproximadamente el 60% de deportaciones se producen sin pasar por el CIE, ante una falta total de garantías. Cabe recordar que una orden de expulsión no caduca hasta los 5 o los 8 años después de ser dictada y que es un título ejecutivo en sí mismo que, a no ser que sea suspendido in extremis hasta el juicio, su ejecución depende simplemente de la voluntad de la policía. A pesar de que entran en juego derechos fundamentales clave como el derecho a la vida en familia, además de que se producen situaciones anacrónicas, no hay un verdadero control jurisdiccional previo a la deportación.
Sería necesaria la creación de unos juzgados de garantías ante los cuales tuviera que llevarse una vista con carácter previo a la deportación para revisar si efectivamente dicha orden sigue teniendo sentido desde un análisis integral de los derechos en juego. Todo ello desde la proporcionalidad y un principio de ultima ratio.
A través de este artículo hemos querido tan sólo ofrecer algunas pinceladas acerca de un debate profundo que hemos de abordar en común si de verdad nos creemos que queremos generar cambios reales en política migratoria y de asilo. Y los cambios nunca se pueden improvisar, ni anunciar a golpe de titular de prensa. Son complejos, son lentos y serán contradictorios.
Dejemos de hablar de “alternativas” a los CIE sin entrar en el fondo del asunto. Hablar de ellas hace un flaco favor a la hora de abordar la cuestión desde una perspectiva profunda y realista, pero sobre todo, respetuosa. No se trata de generar alternativas a los CIE, se trata de cerrar los CIE acompañándolo de políticas públicas que nos permitan afirmar que estamos ante un verdadero cambio de paradigma en políticas migratorias.
Los CIE se podrían cerrar mañana y, tal y como dijimos en el Parlamento de Catalunya, no cambiaría nada en términos de macro-política migratoria: las deportaciones desde CIE representaron en el 2013 tan sólo el 1% del saldo total migratorio negativo del Estado español. Obviamente se ganarían muchos derechos y cesarían situaciones injustas. Sin embargo, no se construye de la noche a la mañana un programa realista de políticas públicas que permita avanzar realmente hacia un cambio de modelo que es más necesario que nunca. ¿Nos ponemos manos a la obra?
