Ante la orfandad que padecemos de referentes intelectuales, podemos buscar y encontrarlos en el pasado reciente, en aquellos cuyas reflexiones fueron tan válidas para su presente como lo son hoy para el nuestro. Una de las figuras que supo ver con clarividencia y una extraña fuerza profética los problemas estructurales y sistémicos del mundo actual fue, sin duda, el gran Pier Paolo Pasolini, el último renacentista y “el creador de izquierdas más polifacético que ha dado Europa”, como lo ha definido Miguel Dalmau en su monumental biografía del genio italiano.

Cineasta, productor, poeta, escritor, filósofo, periodista, pintor, músico, erudito y, sobre todo, profeta para un mundo que comenzaba a difuminarse en sus antiguas líneas de certeza por la acción del individualismo, de la sociedad de consumo y del desaforado sistema económico deshumanizador. Pasolini lo vio primero, quizá el primero: el capitalismo, en sus tendencias de concentración y urbanización de la vida, implica una homogeneización que termina laminando y eliminando toda diferencia, todo valor propio, único. La escala humana, la de las pequeñas cosas y las relaciones no mercantilizadas, comenzaría a perderse en medio del crecimiento sin límites de las ciudades de ladrillo y hormigón, de la razón instrumental y el falso desarrollismo. Por eso siempre distinguió entre “desarrollo”, económico y basado en términos brutos de crecimiento cuantitativo, y el “progreso”, esto es, el avance de la humanidad y de sus comunidades de copertenencia en todos los ámbitos del actuar y de la cultura con criterios de justicia, equidad y libertad. La “modernización” que el poeta contemplaba extenderse por las ciudades de Italia, arrasando con los entornos naturales, creando guetos y barrios horrorosos, imponía una uniformidad gris alienante y reducía todo objetivo vital a la competitividad y a la adoración fetichista de las mercancías. Él lo sabía bien, pues lo vivía en las “borgate”, en las barriadas y bajos fondos por los que se movía y donde disfrutaba jugando al fútbol y conviviendo con sus gentes, con esos “ragazzi de vita” desarraigados, de rostro campesino trasplantados a la máquina impersonal de la ciudad de masas. Por ello combatiría siempre lo que, en sus propias palabras, era “la desaparición de todas las formas que hasta ahora han protegido la historia y la tradición”, denunciando en la prensa, en sus obras y en el activismo, el giro deshumanizador que estaba cobrando un siglo XX que a él ya le había infligido profundos surcos y daños: la pérdida de su hermano, asesinado en las luchas internas de la resistencia comunista; el dolor de la guerra en Italia, con un padre fascista y renegado; el rechazo social a su condición de homosexual, que le lastraría hasta el final y se grabaría profundamente en su psicología.

El miedo a perder el mundo de certezas que se derrumbaba, las formas antiguas de la gente y las identidades arraigadas en una tradición que comenzaba ya a empaquetarse como producto turístico, le llevó a grabar y producir su “trilogía de la vida” y una serie de documentales y reportajes en los que retrataba y recogía, para posteridad, las vetustas costumbres del campo italiano o del mundo rural de la India. Como dice Dalmau, en su etapa de madurez intelectual, Pasolini estuvo imbuido de una “fiebre maníaca que le impulsó a preservar todo aquello que intuía en vías de extinción”. 

El rechazo a la contemporaneidad urbana y capitalista le llevó a la nostalgia por la tierra de origen de parte de su familia, la que le acogió en sus largos veranos de la infancia y la adolescencia, el Friuli rural y bucólico de Casarsa. La defensa del mundo rural, de sus tiempos tranquilos y no enloquecidos por el consumo y el capital, era la otra cara de su repudio absoluto frente a la frialdad de los tiempos líquidos, fragmentados y veloces que ya había reflejado el fascismo en sus ensoñaciones futuristas. Por eso Pasolini decía que “debemos arrancar a los tradicionalistas el monopolio de la tradición”, porque sería insensato que solo la derecha, falsamente además, se convirtiera en baluarte para las formas previas, antiguas, de vida, cultura y socialización. Algo que una parte importante de la izquierda, especialmente en España, sigue sin ver: que las tradiciones, las relaciones no mercantilizadas, las viejas costumbres y el mundo de certezas son una línea de defensa, de resistencia, frente a las implicaciones más aberrantes del sistema económico actual. El desprecio por lo rural, por la cultura campesina, por las formas religiosas y comunitarias de convivencia, parece a veces ser inherente a una izquierda metropolita que se obceca con batallas moralistas desde sus torres urbanas de pretendido marfil e impostura intelectual. El poeta lo vio claro muy temprano y sus críticas al moralismo de la izquierda italiana de entonces, “peor que el clerical”, son tan oportunas para nuestro tiempo como para el suyo ya preterido. 

He aquí la gran paradoja de Pasolini. El artista rupturista, controvertido, polémico y vanguardista, el poeta inicialmente comunista que amenazaba la hipocresía social de la época con el escándalo consciente, era a la vez un extraño conservador de izquierdas, un antropólogo que encontraba en la tradición, en los pueblos, en la religión, los últimos resquicios de un mundo antagónico a la deshumanización capitalista. Porque Pasolini fue, al fin y al cabo, un humanista integral, que bebía tanto de Grecia y Roma como del cristianismo más transformador. No es extraño que hasta para el Vaticano (¡para esa Iglesia que tanto lo persiguió y lo difamó!) la mejor versión cinematográfica de la vida y pasión de Jesús sea el “Evangelio según San Mateo” de Pasolini, del comunista y homosexual Pasolini. Él vio el verdadero mensaje cristiano en los campesinos, en las gentes humildes que habían sido abandonadas por las élites de uno y otro signo en los altares del “desarrollo” urbano y que retenían, en sus ojos negros, en las arrugas de su piel tostada, en el esfuerzo secular de sus manos y en el cansancio de siglos de sus hombros, la idea original de Jesús. Aún hoy impresiona ver la escena en la que el español Enrique Irazoqui, que representaba a Cristo, declama en primer plano, en un plano tan cerca que casi parece chocar sus labios con la pantalla, el sermón de la montaña y la regla de oro. Que Pier Paolo presentara la obra junto a obispos católicos y Jean Paul Sartre en Notre Dame de París, en enero de 1965, nos habla también de la naturaleza tolerante y del ímpetu divulgador del cineasta, así como de la decadencia de nuestro actual horizonte de debate y reflexión, que expulsa las ideas contrapuestas y el encuentro de las legítimas posiciones contrarias. 

Sigamos leyendo a Pasolini, viendo sus películas y documentales, devorando sus poemas, conociendo su vida y honrándolo tras su cruel asesinato. Y, sobre todo, sigamos desde la izquierda aprendiendo que el conservadurismo en lo antropológico y social no tiene por qué ser opuesto a nuestros ideales de justicia e igualdad, sino en ocasiones su más firme apoyo y base de acción. Quien tan prematuramente denunció las derivas urbanocéntricas de las élites, la sociedad de consumo volcada en el individualismo nihilista y la deshumanización de las relaciones vitales, nos sigue interpelando desde los campos y pueblos del Friuli de su infancia. No por nada recordaría siempre, como el momento más feliz de su vida, aquellos días largos de verano en los que se tiraba piedras con sus amigos por encima de las lindes de una tierra que, sedienta de libertad e igualdad, ahora acoge sus huesos.

Ahora que parece existir cierto empeño en el centroderecha español de menoscabar a Vox, una vez constatado que resta más que suma y que el propio proyecto de ultraderecha se ha vuelto más autorreferencial y tribal que nunca, no viene mal ayudar a tan loable y al mismo tiempo cínica tarea para rematar la faena en la progresiva desaparición de esta apendicitis política de España.

Quisiera detenerme aquí en una de las principales contradicciones que la formación de Santiago Abascal muestra desde su nacimiento, y que ha sido muy poco o nada explotada por sus contrincantes políticos. Me refiero a la de la incompatibilidad de las ideas y políticas que enarbolan con el ideario cristiano del que supuestamente dicen provenir y al que en teoría proclaman defender. Son incontables las veces que hemos escuchado de sus bocas manifiestos en defensa de la cultura occidental cristiana y de los valores asociados al cristianismo, como parte además “esencial de la identidad española”. Muchos de sus dirigentes, con el nuevo ungido Buxadé a la cabeza, proceden de ámbitos ultracatólicos, como el Opus Dei, y son de misa diaria (y esperemos que de confesión también periódica).

¿Pero cómo puede ser cristiano un partido que demoniza a los menores no acompañados, que defiende un bloqueo naval y militar frente a las pateras de personas migrantes o que propugna la expulsión de estas por el mero hecho de no tener recursos y ser extranjeros? Empezando por los menores: las enseñanzas de Jesucristo son rupturistas con la tradición judía y romana de tratarlos como meros objetos, de deshumanizarlos como simples pasos previos a la madurez. “Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños” (Mt. 18: 10-14), “dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos” (Mt., 19:13-14). En cuanto a las personas migrantes y su rechazo por Vox (de las pobres, claro, de las ricas nunca dice nada), recordemos las palabras del Evangelio (Mt. 25: 35-40): “Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui extranjero, y me acogisteis”.  ¡Pero si la propia Sagrada Familia fue emigrante y refugiada en Egipto!

¿Y cómo puede ser cristiano un partido que arremete contra el Estado social y contra la consiguiente solidaridad de nuestra comunidad política? Reducir el Estado es reducir las políticas de redistribución de la riqueza, o, en términos cristianos, las políticas y mecanismos de compasión institucionalizada y colectiva. Los Evangelios son claros: en Jesús y en su mensaje los pobres, los humildes, los despreciados, los últimos, tienen un lugar y una atención preferente. Él mismo fue pobre y vivió como pobre. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt. 5: 6-7). Pocos mensajes hay más sociales, de tanta y tan intensa fraternidad, como la parábola de los jornaleros de la viña y la frase que desconcertó a siglos de jerarquía: “los últimos serán los primeros y los primeros, los últimos” (Mt. 20: 1-16).

El neoliberalismo extremo de Vox los sitúa en las antípodas no solo del mensaje de fraternidad cristiana, sino también del mensaje oficial de la Iglesia Católica desde la Rerum Novarum de León XIII, de su doctrina social y de la postura del Papa Francisco. Su encíclica Fratelli Tutti es uno de los manifiestos mejor fundamentados contra el capitalismo neoliberal y contra el nacionalismo xenófobo y excluyente de los que hoy hace bandera la ultraderecha mundial y, en particular, la nuestra nacional. “Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes”, afirma el sucesor de San Pedro.

Por último, ¿cómo puede ser cristiano un partido que abomina del cuidado de la “casa común” y que está vendido a la más pueril retórica antiecologista? El negacionismo climático y la ausencia de medidas de transición ecológica, cuando no directamente su rechazo, van contra la consideración cristiana de la creación y de la necesidad de su preservación ante la amenaza que nos cierne. La degradación del medio ambiente y el cambio climático acabarán arrasando con los “lirios del campo” (Mt. 6: 28-34) y con la Laudato Si de San Francisco de Asís. Como afirma el Papa: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá.”

Sin embargo, durante estos años se han echado de menos más pronunciamientos expresos de la Iglesia, y sobre todo de la Iglesia española, sobre la deriva antihumanista y abiertamente anticristiana de la ultraderecha. Nunca es tarde si la dicha es buena, aunque también es ciertamente sorprendente el silencio del centroderecha o de la llamada “democracia cristiana”, cuando no directamente su connivencia con estos proyectos extremistas. Recordemos que Abascal o Melloni no solo han terminado siendo abrazados por la derecha clásica y supuestamente moderada, sino que provienen de sus filas o fueron acogidos en su momento con gusto por sus parapetos institucionales, desde los que luego crecieron y alimentaron al monstruo. Si la derecha moderada, sensata y verdaderamente cristiana (que la hay) ahora quiere volver a meter al genio en la lámpara, debería esforzarse también por combatir la retórica que nos ha arrastrado hasta aquí y que ha potenciado, hasta límites intolerables, la polarización y la crispación. ¿Lo hará o se quedará en el mero tacticismo de la política cortoplacista en la que todos parecemos estar insertos? Lamentablemente, guardo pocas esperanzas.

En las últimas semanas se está produciendo un debate rico y sereno entre mis compañeros y compañeras de Derecho Constitucional en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos fundamentales, como la eutanasia o el aborto, por el Tribunal Constitucional. La distinción de un derecho como “fundamental” no es baladí, puesto que el mismo, una vez fijado como tal, no puede ser alterado luego por el legislador, ya que goza de la máxima protección jurídica (la que le otorga su valor constitucional) y debe ser siempre respetado en su contenido esencial al margen de las opciones políticas que se alternen en el poder. El objetivo de dicha naturaleza “fundamental” es, precisamente, el de sustraer del juego político a un derecho que, por su valor, alta consideración o centralidad, solo puede ser modificado o reducido en su esencia por un procedimiento agravado de reforma constitucional en el que se exige un altísimo consenso de las fuerzas políticas.

Como todo análisis somero que se realice, el mío aquí pecará de un exceso de simplificación, pero quisiera mínimamente resumir las dos posturas contrapuestas en este debate (por lo demás, nada nuevo). Por un lado tenemos a quienes defienden que los derechos fundamentales son solo los que están expresamente establecidos en la Constitución, en tanto norma fundamental del Estado y de nuestra convivencia, producto del poder constituyente del pueblo español, titular de la soberanía. Los mismos consideran que pueden reconocerse en sede legal, por las Cortes Generales, nuevos derechos subjetivos, como el de la eutanasia mencionado, pero que tal derecho no podría en ningún caso catalogarse como “fundamental” y que, por tanto, en cualquier momento otra mayoría político-social podría eliminarlo, alterarlo o reducirlo. No es difícil de entender la fundamentación de esta postura: la Constitución es, también y muchas veces antes que nada, un conjunto de garantías y defensas del propio pueblo frente a las mayorías políticas, por lo que las limitaciones que a estas imponga solo pueden ser las que expresamente determine. La legitimidad de esa imposición, de esas restricciones constitucionales que sirven de límite al legislador y a los representantes políticos, viene de su fuerza democrática directa, del hecho de que ha sido el pueblo soberano quien así ha establecido que un conjunto de derechos no puede alterarse después, ni siquiera por sus representantes o por las opciones políticas mayoritarias subsiguientes. La reforma constitucional sería de este modo el único camino para aumentar derechos fundamentales y, por ende, para ampliar el margen de restricción o de “no-decisión” que se impone al legislador. Las interpretaciones más conservadoras de esta opción, presentes sobre todo en la cultura jurídica estadounidense, suelen ser denominadas como “originalistas” y están detrás de decisiones tan polémicas como la última de Dobbs.

La segunda postura, que es la que parece acoger el Tribunal en sus últimas sentencias sobre la eutanasia y el aborto, es proclive al reconocimiento de nuevos derechos fundamentales derivándolos de los principios ya recogidos en el texto constitucional. La amplitud e indeterminación de estos principios, algunos muy genéricos (“libre desarrollo de la personalidad”, “dignidad humana”), permitirían ir adaptando el texto constitucional a las realidades, demandas e intereses de una sociedad cambiante. Los jueces constitucionales tendrían así una doble labor, la de garantizar el cumplimiento de la norma fundamental y la de adaptarla al tiempo que les (nos) ha tocado vivir, construyendo si es preciso nuevas doctrinas, derechos o deberes mediante continuas operaciones deductivas. Así, las constituciones dejarían de ser fotos fijas de un momento constitucional concreto, a veces ya muy lejano en el tiempo, para ser “textos vivos” sujetos a permanente adaptación vía judicial. Esta posición interpretativa suele denominarse como “evolucionista” (living constitution).

Recogiendo el sentir y las apreciaciones de múltiples autores y lecturas, y de amigos y compañeros, creo que cada una de las posturas tiene un conjunto de virtudes y de defectos que hay que sopesar. La primera, la originalista, es a priori más democrática, puesto que pretende respetar la manifestación expresa del poder constituyente, del pueblo soberano, y hacerlo desde la supremacía constitucional frente a los poderes constituidos (el parlamento, el gobierno o los jueces). Sin embargo, puede ser excesivamente rigorista si la constitución es muy antigua (como ocurre en Estados Unidos), si fue redactada en un momento cualitativamente muy distinto al actual o, como es el caso español, si la vía de la reforma constitucional es difícil de seguir o directamente impracticable. Se corre el riesgo, por tanto, de que la constitución se convierta en un obstáculo insalvable que impida todo progreso o ampliación de derechos. La segunda, la evolucionista, permite a su vez una mayor adaptabilidad del texto y la integración constitucional de conflictos, problemas o pretensiones que en el momento constituyente no podían preverse. Sirva el ejemplo, en España, del matrimonio homosexual. Sin embargo, corre también el peligro, cierto y preocupante, de convertir a los jueces en una especie de elitista cámara decisoria sobre el sentir de la voluntad soberana del pueblo, es decir, en verdaderos sustitutos (cuando no usurpadores) del poder constituyente. 

Sin ánimo de nadar a dos aguas creo que la opción más conveniente desde el prisma jurídico-constitucional y político-democrático, también ante los derechos que el TC tiene encima de la mesa o que ya ha despachado, es una posición que recoja las virtudes de ambas posturas e intente frenar el activismo judicial desmedido. El Tribunal Constitucional no puede ni debe convertirse en un decisor constituyente y su labor, jurisdiccional, ha de restringirse única y exclusivamente a la interpretación y recto cumplimiento del texto constitucional. De lo contrario se situaría fuera del principio democrático, perdería toda legitimidad y, lo que quizá es peor, se convertiría en un Leviatán indómito debido a las pocas o nulas posibilidades de control (Quis custodiet ipsos custodes?). Ahora bien, a la hora de considerar la posible inconstitucionalidad de normas legales impugnadas (como las de la eutanasia o el aborto) y ante la ausencia de previsiones constitucionales expresas, ha de ser especialmente deferente para con el legislador democrático (principio pro legislatoris) ya que es este, y no el Tribunal, el que manifiesta los cambios, progresos o mutaciones que se producen en la sociedad. Siempre que las leyes no entren en clara contradicción con los preceptos constitucionales, el TC debe respetarlas y declararlas como “no inconstitucionales”. La indeterminación y apertura de los principios abstractos que reconoce la Constitución deberían ser el marco para el libre juego del pluralismo político, no la palanca a partir de la cual realizar construcciones doctrinales o jurisprudenciales más propias del poder constituyente que de un órgano contra-mayoritario. Lo que humildemente creo que nunca debería hacer el TC es proyectar la fuerza constitucional/constituyente sobre las leyes que pretendan anclarse en aquellos principios tan genéricos e indeterminados, puesto que estaría entonces petrificando una opción del legislador (actual) en una materia sobre la que la Constitución guarda silencio o no contempla previsión alguna. Si considera a derechos subjetivos de configuración legal como nuevos “derechos fundamentales”, a pesar de que la Constitución no diga nada al respecto ni los contemple por asomo, está impidiendo a otras posibles mayorías políticas y legislativas reducirlos o alterarlos, afectándose el principio democrático y ampliándose la materia política constitucionalizada, es decir, la esfera en la que nuestros representantes y nuestras posibles demandas como ciudadanos no podrían entrar a decidir. 

Se dirá, con razón, que el TC ya ha hecho esto en otras ocasiones y de manera continuada. Sí, pero ni por haberlo hecho es correcto desde el prisma constitucional y democrático ni son todos los supuestos iguales. Hay derechos fundamentales que se han deducido de manera directa y clara, como el de creación de medios de comunicación o el de la retroactividad favorable en materia penal, de principios específicos en tales materias en los que, a priori, no había disensos de fondo ni se provocaba afectación alguna del pluralismo político y de valores. No es el caso, creo, del anclaje deductivo que se pretende en el aborto o la eutanasia, donde la extensión de la máxima protección constitucional se quiere derivar muy indirectamente de principios excesivamente abstractos, como el de libre desarrollo de la personalidad, y tan indeterminados que en su interior cabrían opciones interpretativas abiertamente contrapuestas.

Si en materias donde el pluralismo puede operar en su alternancia quieren crearse nuevos derechos fundamentales con fuerza constitucional para estar protegidos jurídicamente al más alto nivel y sacarlos así de las decisiones políticas ordinarias, hágase a través del procedimiento de reforma constitucional. De tal modo se respetará no solo la supremacía y normatividad de nuestra Constitución, sino también el margen de discreción y libertad que alientan la democracia y el pluralismo político. De las pretensiones de las tesis “evolucionistas” puede derivarse, al mismo tiempo, la necesidad de que la justicia constitucional sea deferente con el legislador y no declare la inconstitucionalidad de aquellas decisiones normativas que no estaban pensadas, diseñadas o contempladas en el momento constituyente originario, permitiéndose la flexibilidad democrática que sí posibilitan los principios genéricos y los preceptos abiertos del texto constitucional. Así se evitaría una “tiranía de los muertos”, al alejarse el fantasma de una constitución antigua cuya legitimidad residió en generaciones pasadas y que pesarían como una losa sobre las presentes y futuras. Pero todo ello sin desplegar la fuerza petrificadora del poder constituyente a unos nuevos “derechos fundamentales” ajenos a la discusión o a la alteración normativa, resultados además de dudosas y a veces poco jurídicas operaciones de deducción intelectiva que sitúan al Tribunal en una posición omnímoda que no le ha de corresponder (siguiendo a García Pelayo, ya lo advirtió Rubio Llorente en su magistral voto particular de la sentencia de 1985 sobre, precisamente, el aborto). Y que, recuerdo, en cualquier momento puede volverse en contra de los intereses más progresistas que hoy se congratulan pero que, mañana, podrían verse seriamente mermados. El exceso de principialismo de las interpretaciones neoconstitucionalistas y evolucionistas puede ser la mejor puerta de entrada para estrategias reaccionarias o de signo abiertamente contrarias; solo haría falta que cambiasen las tornas en la composición del Tribunal.

Ahora bien, para que lo aquí expuesto sea factible, la institución de la reforma constitucional debería ser una opción viable ante las nuevas realidades y pretensiones que demanda una sociedad plural del siglo XXI. Pero esto en España, me temo, daría para otro artículo y no pocas desesperanzas.

En los últimos días se ha hecho “viral” una opinión compartida por el profesor Daniel Arias-Aranda sobre el supuesto engaño a que estamos sometiendo a los estudiantes universitarios cuando acuden a las aulas, ya que la universidad misma habría perdido su razón de ser en medio de un alumnado anémico, indiferente, incapaz de concentrarse y de atender en clase, cuanto menos de comprender lo que se le está explicando o lo que debe leer. Algunas de las reflexiones del profesor Arias-Aranda me parecen muy pertinentes, correctas y reales, aun cuando tengamos siempre que alejarnos de los manidos y reiterados prejuicios sobre la juventud o sobre la calidad de la enseñanza. Abandonando el beatus ille de los tiempos en los que uno mismo se formó, que siempre parecen mejores y de mayor calidad que los actuales, lo cierto y verdad es que tenemos un problema muy grave, serio y generalizado con la calidad de la educación en España y con la misión misma que nuestro sistema universitario debiera desempeñar. Quisiera ahora detenerme, en el análisis de esta crisis educativa, en el papel que juegan las nuevas tecnologías en las carreras humanísticas y de ciencias sociales.

El profesor Arias-Aranda, en su ya famoso escrito de denuncia, se queja constantemente de la falta de atención de los alumnos en clase al estar más pendientes de lo que sale en las pantallas de sus ordenadores que de lo que explica el profesor desde la tarima. Y propone como una de las soluciones que no se permita ningún gadget tecnológico en el aula. No solo estoy de acuerdo con esta posible solución, sino que la comparto y la llevo a cabo como profesor universitario. Desde hace ya dos años, en mi clase está terminantemente prohibida la utilización de cualquier dispositivo tecnológico. La razón que doy es simple, y aunque parezca mentira, los estudiantes la entienden desde el primer día: fuera del aula, el resto de horas, ya tienen suficiente distracción. Y desde hace dos años he comprobado cómo el alumno de palabra atrofiada ha ido poco a poco desplegando la lengua, cómo el debate se ha intensificado y cómo la atención ha mejorado sustancialmente. No son afirmaciones meramente subjetivas que se desprendan de mi experiencia personal, pues hay bastante evidencia científica que ya lo respalda. Sin pasar lista en clase, sin sancionar a quien no viene y sí, sin permitirles el ordenador para ver continuamente Instagram o vídeos de gatitos, la alta afluencia a clase se ha mantenido. Las nuevas tecnologías pueden ofrecer grandes oportunidades para complementar los conocimientos, para obtener información adecuada o para completar visualmente las explicaciones, pero deben ser utilizadas con cautela y para tales objetivos, no como sustitutivos de la transmisión de conocimientos. Si fuera de la universidad el estudiante se enfrenta a un mundo de ruido, de permanente conexión y conectividad, de emoticonos, notificaciones, aplicaciones, TikToks y demás, ¿por qué no convertimos las aulas en espacios de desconexión para facilitar el razonamiento tranquilo, la argumentación sosegada y, sobre todo, la concentración?

Porque para aprender se necesita concentración. Justo lo contrario de lo que las miles de aplicaciones que pululan en las pantallas de los móviles y los ordenadores del alumnado favorecen. Siempre he pensado que la idiotez neopedagógica de los jueguitos tecnológicos en aulas universitarias tiene como único objetivo la degradación de la educación y la infantilización de los ciudadanos y ciudadanas que se sientan enfrente y alrededor del profesor. Porque son ya ciudadanos de pleno derecho, no solo estudiantes universitarios. ¿A qué viene tanta infantilización? Pueden votar, elegir a sus representantes, ser padres y madres, casarse, heredar, cambiarse de sexo, beber alcohol a raudales, tatuarse hasta en las plantas de los pies, ¿pero no se les puede mandar la lectura de un texto un poco largo y complejo que les fuerce a la comprensión y el debate? 

Unas aulas universitarias exentas de ordenadores y móviles y solo puntualmente complementadas por las nuevas tecnologías, debidamente conducidas por el docente, pueden ser una oportunidad magnífica para la participación, la desintoxicación informativa y para la desconexión de la instantaneidad que nos acosa. Es más, pueden ser (y deberían ser) espacios libres de toda condición (la “universidad sin condición”, dice Derrida) en los que todos aprendamos de todos, sí, pero a través del uso consciente de la palabra, del debate razonable y la discusión razonada, alejándonos de la unidireccionalidad y acercándonos a dinámicas participativas y responsables. Con ello podríamos ser capaces de superar los compartimentos estancos de las redes sociales y sus posicionamientos algorítmicos aprendiendo del que tiene otra visión, otra perspectiva o no piensa como uno mismo. Algo que favorecería también el enriquecimiento del lenguaje oral y escrito, hoy por los suelos en la mayor parte de estudiantes. Como pone de manifiesto Sherry Turkle en sus investigaciones, se ha depreciado tanto la conversación, la utilización presencial del logos, que la palabra se ha degradado y la riqueza lingüística ha tocado fondo. Acostumbrados a la mensajería instantánea y coloquial, a la disponibilidad permanente, el estudiantado termina por desconocer el potencial de su propia lengua y por reducirlo a unos cuántos códigos simplistas, entre los que el conector “en plan” arrasa como fórmula mágica para enlazar frases sin sentido.

Apostar por una visión tan conservadora como la que aquí expongo puede y será calificada por algunos como “reaccionaria” o “paternalista”. Pero el buen conservador es el que precisamente “conserva” lo bueno que ha de ser protegido y que debe perdurar, y de las pocas virtudes que nos ha legado la historia como certezas una sobrevive imperecedera: que el conocimiento es la única riqueza que, al transmitirse presencialmente, no se pierde. Intentemos no hacerlo e intentemos, alumnado y profesorado, no engañarnos a nosotros mismos.

El pasado marzo, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aprobaba el Real Decreto que por primera vez regula en España la distribución territorial de los nuevos entes públicos estatales que se creen. Se abandona así, al menos en el plano normativo, la idea de que todas las entidades e instituciones centrales de la Administración General del Estado deben tener su sede prioritariamente en Madrid como capital. Esta era la concepción que, de una u otra forma, había presidido la determinación de las sedes desde los inicios del Estado moderno hasta hoy, pues aquel se construyó en su origen alrededor del principio monárquico y de un absolutismo centralizador. El poder debía estar donde residiese la encarnación misma del Estado, el monarca, y la Corte estable en una única ciudad era símbolo y referencia para la unidad del país cuyos contornos comenzaban a definirse por el nacionalismo incipiente y por el control político y administrativo, cada vez más estrecho, del conjunto del territorio. Esta concepción centralista carece hoy de sentido para buena parte del sector institucional público estatal más allá de la conveniencia, aun así discutible para su totalidad, de que los principales órganos constitucionales sigan residenciándose en la capital. Podemos estar de acuerdo en que el Congreso o el Gobierno estén en Madrid, pero, ¿por qué ha de estarlo, por ejemplo, el Instituto Cervantes?

Además de la pérdida de sentido histórico de una capitalidad donde se concentren todas las instituciones y organismos centrales, se ha de sumar a tal crítica la necesidad de cohesionar mejor el país aumentando también el grado de integración constitucional de sus territorios. Que el Estado despliegue su presencia fuera de Madrid puede y creo que ha de favorecer una mayor identificación entre el conjunto de la ciudadanía y las instituciones de nuestro modelo democrático. Quienes vivimos en regiones alejadas de los focos mediáticos y de la centralidad que Madrid tiene en los medios, sobre todo los televisivos, conocemos bien la percepción constante de sentirnos ajenos a lo que aparece en los informativos, aunque en muchos casos nos afecte directamente.

El nuevo marco regulatorio es además perfectamente constitucional, pues, aunque el artículo 5 de nuestra ley fundamental determina que la “capital del Estado es la villa de Madrid”, no prevé desarrollo alguno para su delimitación normativa ni impide que entidades públicas estatales puedan repartirse por el país de acuerdo con los criterios que se estimen oportunos dentro del respeto a la propia Constitución. Es más, es ella misma la que, en su artículo 103, habla del principio de “descentralización” al referirse a la Administración Pública. A fin de que la decisión sobre las nuevas sedes no dependa de la mera oportunidad o arbitrio políticos, el Real Decreto crea un procedimiento específico, presidido por el criterio de objetividad, para que el Consejo de Ministros pueda tomar la decisión final guiado por los objetivos de “vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de actividad”. El último es relevante y necesario en la medida en que no podemos perder el parámetro de la eficiencia y racionalidad en la ponderación que se realice de la distribución territorial, pues hay instituciones que, por su naturaleza, es conveniente que sí estén en Madrid o en grandes urbes. En todo caso la decisión habrá de ser motivada, por primera vez en nuestro sistema político, lo que obliga al Gobierno a justificar su opción a la luz de los objetivos mencionados.

Asimismo, y para que el proceso de elección no sea solo de arriba abajo, como en el paradigma anterior, sino también de abajo hacia arriba, se permite, alienta y facilita que los entes locales (municipios, mancomunidades, Diputaciones…) y las Comunidades Autónomas presenten candidaturas cuando el Gobierno dé luz verde a la creación de una nueva entidad pública estatal. Las propuestas habrán de adecuarse a los objetivos indicados, favoreciendo además una sana competición entre los diferentes territorios y una valoración adecuada y pública de las ventajas e inconvenientes de una u otra. Para asistir al Gobierno en su decisión, se crea una “Comisión consultiva para la determinación de las sedes”, integrada por representantes de diferentes ministerios y presidida por la persona titular del Ministerio de Política Territorial. Esta Comisión elabora tanto el informe en el que se contienen los criterios concretos de la elección, enmarcados en los grandes objetivos propuestos de adecuación funcional y equilibrio y vertebración territorial, como el dictamen no vinculante que ha de evaluar las candidaturas presentadas, en su caso, pudiendo además optar por sedes que no hayan presentado proyecto alguno.

El procedimiento que establece el Real Decreto está pensado para la elección de sedes de entidades de nueva creación o de “unidades organizativas o subsedes vinculadas o dependientes de entidades del sector público institucional estatal”, algo, esto último, que amplía el rango de posibilidades de distribución. De igual modo, se permite que el Gobierno “excepcionalmente, por razones fundadas en la mejora del funcionamiento de los servicios públicos”, acuerde la modificación de sedes de entidades ya existentes, opción que, como vemos, ha sido acogida de forma más tímida dados los costes materiales y humanos y la complejidad que todo traslado implica. Aun así, la cláusula habilitante es lo suficientemente abierta como para poder explorar esta vía con decisión si así se quisiese llegado el momento.

Los beneficios materiales para regiones y zonas afectadas por la despoblación, por la lejanía de los centros de decisión o por la anemia económica, pueden ser notables. Y también los democráticos, dado el aludido refuerzo en la integración simbólica de la ciudadanía y de sus territorios con las instituciones que puede conllevar este “reparto” más equitativo del Estado a lo largo y ancho del país. Ojalá que el nuevo marco sirva a tal fin y ayude a la necesaria mejora de la cohesión y vertebración territorial de España… Falta nos hace.

Que vivimos en un tiempo de transición, de cambio y rupturas es ya un lugar común y manido en el campo de las ciencias sociales actuales. Los conflictos se suceden, las crisis se solapan y los movimientos tectónicos de la geopolítica y la economía globales son cada vez más sistémicos. Generaciones como la mía, aún jóvenes, han sufrido en sus vidas recientes las consecuencias devastadoras de la crisis económica y financiera internacional, de una pandemia que ha paralizado el mundo y, ahora, de la primera invasión bélica en Europa desde la II Guerra Mundial, con la consiguiente inflación y coyuntura energética.

Crisis todas que manifiestan y exteriorizan problemas estructurales, de fondo, más que causas de los mismos: la pérdida de sentido humano como producto de su desubicación existencial tras el colapso de los grandes relatos y el deterioro de la cultura religiosa; la difuminación de la hegemonía occidental con el auge de otras potencias, sobre todo en Asia, con también otros paradigmas sociológicos; un sistema económico irracional tendente a la hiperconcentración y la primacía de los espurios intereses particulares y cortoplacistas sobre el bien común; el deterioro del medio ambiente y del clima con el calentamiento global y la sobreexplotación de los recursos; o las profundas mutaciones que, en apenas unas décadas, ha supuesto el uso masivo y sin límites de una cultura tecnológica y visual que menoscaba la capacidad reflexiva asociada al mundo del libro y la lectura, impidiendo la consolidación de una democracia real asentada en la participación y en la virtud ciudadana.

No, no son buenos tiempos para la lírica, si es que los ha habido antes. Estos, desde luego, parecen poco propicios para el optimismo, aun el de la voluntad que esgrimiera Gramsci. Hasta, en los últimos meses, vuelve a sobrevolar sobre nuestras cabezas la amenaza de la bomba atómica, de la destrucción total que parecía olvidada y que, recordemos, no sólo es un desafío real, sino también una fuente de incertidumbre existencial que viene a coronar todas las inseguridades, todas las inquietudes, de este maltrecho siglo XXI. ¿Hay espacio para la esperanza? Miguel Delibes de Castro siempre dice, desde su moderado pesimismo castellano, mesetario, que la hay y que la podemos buscar y encontrar mientras estemos vivos. Y como lo estamos, de momento, me gustaría hacer una serie de reflexiones “optimistas”, o al menos constructivas, sobre la posición y la situación de nuestra tierra extremeña ante tanta hecatombe, ante tanto reto y desasosiego.

En este Far West ibérico y periférico, alejado tanto de los grandes focos mediáticos como de los motores del turbocapitalismo contemporáneo, disponemos de un silencio único y de una perspectiva templada por la resignación histórica para poder pararnos, hablar y reflexionar sobre nuestro propio futuro como región. Pensar Extremadura se ha convertido últimamente en una necesidad impostergable para poder desplegar las vías e instrumentos de solución a sus problemas y desafíos. Pero pensar Extremadura no debe seguir los cauces onanistas y contemplativos de las teorizaciones abstractas y de las categorías platónicas, tan caras para cierto neorruralismo romanticón, sino las grietas de la “desnuda roca de lo político”, de la realidad de las necesidades perentorias y el fango de las disputas sobre sus resoluciones pragmáticas. Aunar la teoría y la práctica, anudar la teoría a la práctica y la práctica a la teoría, debe servirnos para armarnos con las herramientas óptimas para cabalgar sobre las crisis que se suceden y para conservar, puesto que este es el fin último, el futuro de una Extremadura insertada en una España diversa y en un mundo cada vez más complejo e interdependiente. Todos podemos contribuir a ello, con pequeños granos de arena, que bien precipitados y condensados por quienes gobiernan y por quienes tienen más responsabilidad que la de los simples escribidores, terminen solidificándose para servir con eficacia a los objetivos planteados.

Cuatro grandes retos

A mi humilde entender, cuatro serían los grandes retos a los que nos enfrentamos en la región: el demográfico, el económico, el climático y el territorial. Los cuatro están interrelacionados y son interdependientes, lo que no obsta a que puedan analizarse por separado.

Sobre el primero, ya he tenido antes ocasiones de reafirmarme en el convencimiento de que es el primer desafío, transversal, de nuestra tierra, y que solo puede ser afrontado desde una perspectiva integral que aúne una voluntad política consensuada y estable en el tiempo, más allá de los ciclos electorales, y unas políticas públicas decididas y ambiciosas. La reciente aprobación de la Ley de Reto Demográfico de Extremadura por parte de la Asamblea es una buena noticia en esa dirección, pero debe extenderse ese ímpetu legislativo, que a veces se queda en meras formulaciones retóricas, a las políticas públicas de todos los niveles administrativos. A diferencia de Castilla y León, Extremadura parte con la ventaja de un esfuerzo autonómico de décadas por no dejar abandonados a los pequeños municipios, aunque el mismo puede finalmente verse improductivo si no se frenan o revierten las tendencias demográficas de las que nos alertan los expertos. La bajísima natalidad, común a toda España, tiene un efecto más nocivo en Extremadura debido a la ausencia de inmigración y a la existencia, correlativa, de una emigración pertinaz. Quizá se echa en falta una mayor apuesta autonómica (y estatal, claro), por el fomento de la natalidad, en la línea de los países centroeuropeos. Acabar con la precariedad laboral y económica sería la mejor política al respecto, aunque no podemos olvidarnos que el problema no es únicamente material, sino de fondo: un cambio cultural, social y hasta religioso sistémico del que todavía algunos no parecen percatarse. De aquí que podamos convertir también a la región en una tierra referente para la acogida de migrantes y refugiados, y máxime cuando todas las perspectivas geopolíticas apuntan a un aumento considerable y drástico de los flujos de emigración global. No se nos puede olvidar que la historia de la Humanidad es también la de los grandes desplazamientos poblacionales, y que el cierre de las fronteras y los efluvios nacionalistas sobre hipotéticos “pueblos homogéneos” son males más recientes de lo que nos pensamos. Acoger y dar la bienvenida a quienes huyen de la catástrofe climática, de las guerras o la pobreza, o a quienes simplemente desean una vida mejor, no solo es un imperativo ético y moral, también es, para la languideciente Extremadura, un alivio demográfico.

En cuanto al reto económico, debemos partir de la constatación y asunción de que al sistema actual no le preocupan las regiones periféricas ni aquellas que no posean un alto grado de concentración. Los perdedores de la revolución industrial y de la globalización en el interior de Europa, los perdedores del Gran Trauma del salto económico de los sesenta en la España franquista, tenemos que ser conscientes de nuestra actual posición subalterna para el gran capital y la gran industria para, a partir de ahí, poder mejorarla y abandonarla progresivamente. No se trata, ni mucho menos, de vender la región al mejor postor o de convertirnos en una careta permanente de “business friendly”, sino de aprovechar el vacío de las oportunidades perdidas a fin de relanzarlas. Ya no estamos en la Extremadura de “Los Santos Inocentes”, en la que algunos parecen querer seguir encuadrándonos, y nuestra región ha avanzado cualitativa y significativamente en el campo de la educación, la formación o las infraestructuras como para recibir también grandes o medianos proyectos industriales. Dotarlos de seguridad jurídica, en un marco normativo respetuoso con el medio ambiente y las exigencias ecológicas y sociales, debe ser una prioridad de todas las administraciones y actores en juego. Seguir apostando aquí por la cualificación de la masa crítica extremeña debería también convertirse en un apoyo más decidido a la Universidad de Extremadura como verdadero motor de la región, por lo que aumentar y estabilizar su escuálida financiación podría ser el primer paso. Pero cuidado: no podemos, no debemos, permitir un segundo saqueo de la región, aunque se vista esta vez de verde. Que los beneficios de las nuevas industrias, de las nuevas cadenas de transformación, se queden ante todo y antes que nada en Extremadura y que beneficien a su ciudadanía, no a los cuatro de siempre de Madrid, Bilbao o Barcelona.

Impacto de las renovables

El reto económico se enlaza con el tercero, con el climático, puesto que si podemos tener una oportunidad ambiciosa para relanzar nuestro dinamismo como región, esa es la que viene constituida por la transición ecológica y el cambio de modelo productivo. Somos una Comunidad rica en recursos naturales y renovables, con suficientes horas de luz solar y ríos como para impulsar aún más la deseada transformación y descarbonificación de nuestras economías. Extremadura debe situarse en la vanguardia de este proceso, aprovechando los saltos de agua hoy abandonados, los embalses y las tierras yermas, pero también como un sumidero esencial, para España y Europa, de C02. Conservar nuestros espacios naturales y la dehesa es un mandato climático, y los mismos no deberían verse afectados por instalaciones dañinas, por muy loables objetivos que tengan. Zonificar bien el territorio, determinando cuáles son los espacios en los que el impacto de las nuevas fuentes de energía renovable sea menor o insignificante, es insoslayable.

Por último, el reto territorial nos afecta particularmente a Extremadura debido a la singularidad de una España persistentemente desvertebrada. El modelo “AVE”, de redes de alta velocidad que conectan las grandes ciudades como si fueran islas en medio de un mar de desolación demográfica, es la manifestación más plástica, más visual, de una dinámica histórica en nuestro país que ha tendido a pensar el territorio desde las grandes urbes y centros de decisión. La España rural, la España periférica, debe tener un tratamiento preferente en las políticas de cohesión territorial, desde el Estado central y las Comunidades Autónomas, si queremos cumplir con los principios de solidaridad que la Constitución proclama y que la realidad exige. Una reforma del sistema de financiación autonómica, que tenga más en cuenta la realidad de declive demográfico de determinados territorios o criterios de población ajustada, junto a un cambio de paradigma en el diseño de las infraestructuras de transportes y comunicación, son dos de las necesidades perentorias en este ámbito. Porque si hablamos continua y repetidamente de abandonar el coche, de potenciar el transporte público o de cambiar nuestras formas de desplazarnos, necesitamos a su vez que Extremadura esté bien vertebrada en su interior y en sus conexiones con otras regiones y partes de España y de Europa. Podemos impulsar la recuperación de la red convencional ferroviaria, hoy prácticamente abandonada, empezando por la otrora existente con Portugal y Castilla y León, y enlazar mejor también por tren nuestras cabeceras de comarca y medianas ciudades. Si durante décadas se ha dado prioridad absoluta en Extremadura a las carreteras y autovías, ha llegado la hora de retomar la idea decimonónica, pero tan actual, de conectarnos todos por un tren respetuoso con el medio y no dependiente de las inestables, y cada vez más costosas, energías contaminantes.

 La transición ecológica es esencial en el cambio del modelo productivo, y este en el impulso del dinamismo económico de la región. Una renovada energía en el corazón de Extremadura es también el mejor acicate para insuflar de vida a nuestros pueblos y ciudades y para ser y sentirnos una parte más, conectada y cercana, del conjunto de España, de la península y de Europa. Los retos están entrelazados, son interdependientes, por lo que las estrategias para afrontarlos deben ser integrales, transversales y ambiciosas. No solo podemos aprovecharnos del optimismo de la voluntad, también de las soluciones e instrumentos que nos proporcionan la inteligencia, la reflexión y el debate. Hagámoslo. 

Digámoslo claro desde el inicio: la situación que atraviesa nuestra democracia es crítica, excepcionalmente crítica, y muy pocos están por la labor de salvarla. Para que este invento ideado y decantado durante siglos por liberales, republicanos o socialistas funcione, no solo tenemos que ir a votar cada cierto tiempo, sino mantener un nivel aceptable de debate público, de intercambio de pareceres sobre lo más conveniente para la colectividad y para la concreción del bien común. Es un requisito en cualquier democracia que quiera serlo: una ciudadanía crítica, consciente de sus deberes y derechos, comprometida con la discusión y con el respeto por el pluralismo de opiniones y valores. Pues bien, esta precondición de lo democrático hoy desfallece en un mar de confusión y se la ve acercarse peligrosamente a los umbrales de la extinción. Las causas son diversas y complejas, por supuesto, pero permítanme hacer una selección subjetiva y condensada en las siguientes líneas.

Primero, la ausencia clamorosa de una educación orientada hacia esa ciudadanía que la democracia necesita como las fuentes el agua. Nuestros jóvenes salen del instituto y llegan rozando la mayoría de edad a la Universidad, a la formación profesional o al mercado de trabajo sin tener ni idea de los derechos que disfrutan y de los correlativos deberes que han de cumplir. Ya pueden votar, pero nadie les ha explicado el funcionamiento de su sistema político, la composición del Parlamento, la arquitectura de la Unión Europea o la elección del Gobierno. No nos debe extrañar que patochadas como la de que el presidente Sánchez es ilegítimo porque no ha sido votado por los españoles (sic) triunfen en determinados estratos de la sociedad, ingenuos receptores de cualquier milonga contra la que no tienen barreras de defensa. Y aquí la culpa sí puede ser repartida ecuánimemente por los grandes partidos que se han alternado hasta el momento en el poder, no solo incapaces de mejorar el sistema de enseñanza, sino completamente volcados en su deterioro y en el menosprecio de los saberes humanísticos, hoy al borde de la desaparición por culpa de las distintas y continuas reformas educativas.

Segundo, la irrupción de las nuevas tecnologías no ha venido acompañada, de momento, de la creación de los necesarios cinturones de seguridad en su uso y disfrute. No es que no haya educación tecnológica, es que además se fomenta el uso constante y patológico de los dispositivos digitales. Mientras los hijos de quienes los han diseñado, la élite de Silicon Valley, van a colegios donde está prohibido o muy reducido el uso de los móviles, la moda en España son las flipped classroom y la “gamificación”, exponentes de la idiotización inducida a que se somete actualmente a los estudiantes. En vez de enseñar lo que fuera del aula apenas existe ya, como es la concentración, el análisis crítico y pautas para la lectura profunda y sosegada, nos volcamos en reproducir los males que se van a encontrar nada más salgan por la puerta de clase. El pasado semestre pregunté uno por uno a mis alumnos universitarios, en tutorías, quién tenía hábito de lectura o quien no se distraía leyendo y el resultado fue dramático: solo el 4% admitía leer con cierta asiduidad y sin acudir al móvil cada cinco minutos. Les puedo asegurar que muchos son incapaces ya de llegar a esta altura del artículo sin haberse distraído desde el comienzo de la lectura. ¿Cómo quieren que construyamos ciudadanía con estos mimbres?

Tercero, la exigencia de instantaneidad que se desprende de la hiperconectividad y de esta sociedad del cansancio permanentemente despierta, ha socavado la reflexión también en los medios de comunicación, dispuestos a batirse por el titular más impactante e impreciso si con ello consiguen más repercusión. Y la situación está empeorando drásticamente como consecuencia de las suscripciones de pago. Como la mayor parte de la población no está suscrita a ningún periódico “serio” (o al menos razonable y con información contrastada), a lo que al final puede acudir es a cualquier web que perfeccione hasta la obscenidad el sensacionalismo gratuito. En mi clase, nuevamente, suelo obligar a la lectura diaria de prensa, pudiéndoles preguntar a los alumnos cualquier noticia de actualidad todos los días. El resultado inicial es que casi ninguno, por no decir ninguno, lee prensa digital de calidad, trayendo en su magín noticias de blogs o recortes de lo que encuentran en redes sociales o en “noticias Google”. Es un auténtico erial informativo. El problema es igualmente preocupante en la gente mayor, la que no se ha criado o no ha crecido en la era digital, puesto que presentan una dificultad a veces sorprendente para identificar qué medio es fiable y cuál no. La cantidad de majaderías e insensateces que se envían por WhatsApp, desde fotos de políticos con frases inventadas a vídeos “virales” de ignorantes diciendo estupideces, tiene como destinatarios, también, a nuestros mayores. ¿Así cómo podemos combatir los bulos y las fake news? Son el pan de cada día de millones de personas que no entran en este periódico o en otro y que ni siquiera ven ya, en el caso de los jóvenes, el telediario. 

Cuarto y último, aunque no por ello menos importante, asistimos actualmente a un refuerzo de las esferas de autorreferencialidad. La combinación de suscripciones de pago y algoritmos en las redes sociales provoca que finalmente solo leamos y atendamos a aquello que previamente se amolda a nuestros prejuicios ideológicos o culturales. La sociedad se ha dividido en innumerables cajas de resonancia que impiden la comunicación mutua y la discusión respetuosa entre iguales. No puede sorprendernos, por ello, el ascenso de la “cultura de la cancelación”, la fiereza de los nuevos moralismos puritanos, los linchamientos mediáticos de la instantaneidad inquisitorial o el clima de intolerancia punitiva que padecemos, todo ello bien alentado, además, por exaltados a uno y otro lado de la barricada. No hay mejor ejemplo que la conversión de Twitter en un lodazal de insultos, descalificaciones, acoso o, lo que a veces es peor, soez exhibicionismo de quien no encuentra en la vida real reconocimiento social, académico o profesional alguno.

Si a estos cuatro bloques de causas añadimos la situación material de una sociedad atravesada por la desigualdad económica, la precariedad, el estrés y el anonimato urbanos, tenemos el combo perfecto para la frustración generalizada. Y es la frustración, recordemos, la base de la que siempre han partido los autoritarismos y los idearios reaccionarios; el caldo de cultivo perfecto para la eclosión de chivos expiatorios utilizados por los detentadores del capital, que ya se han secesionado de la comunidad política y viven a su margen, pero de ella. Que esos idearios hoy estén volviendo no es una sorpresa, es una consecuencia. Vamos derechos, con nuestros propios derechos, al abismo… Ojalá me equivoque.

En la noche del 15 de abril de 2019, mientras los bomberos de París intentaban frenar el fuego que devoraba Notre Dame, cientos de parisinos se agolpaban a orillas del Sena para rezar y cantar el Ave María ante la destrucción de su catedral. Muchos lloraban, algunos arrodillados, al ver cómo las llamas acababan con una de las joyas mundiales del gótico, símbolo de Francia y de la cultura europea. Sabían perfectamente que con sus rezos no podrían parar la tragedia, pero la calidez del cántico en común les reconfortaba. Quizá no haya en los últimos años una metáfora tan impactante, como la de aquellas imágenes, que muestre la extrema fragilidad que rodea a lo humano y que comienza a presidir un horizonte cada vez más oscuro. Las catedrales fueron construidas para perdurar por los siglos de los siglos, pero en apenas unas horas el emblema de Notre Dame se consumió en medio de la impotencia y la resignación. Lo que se creía sagrado, ajeno a los embates del tiempo, se perdió sin remedio.

Nuestro mundo es hoy como la catedral francesa horas antes del incendio. El informe del IPCC de las Naciones Unidas sobre el cambio climático ha sido contundente: si no transformamos ahora, y de manera radical, nuestros patrones energéticos y de consumo, la humanidad estará abocada en los próximos años a una catástrofe continua. ¿Seremos capaces de frenarla? Para ello, se nos advierte, hemos de parar inmediatamente la máquina del sistema económico capitalista que devora sin cesar recursos escasos, energías contaminantes y vidas cada vez más invivibles. Es decir, avanzar hacia un nuevo contrato social que de momento no tiene visos de materializarse por la resistencia del gran capital, la ausencia aún de un movimiento político global que lo fuerce o la emergencia de las nuevas potencias, como la India, que exigen ahora los beneficios de una industrialización que ellas no pudieron disfrutar en su momento. Pero hay otros dos problemas de fondo, estructurales, en los que querría ahora detenerme, ya que sin afrontarlos creo que tampoco podremos superar el mayor desafío de nuestro tiempo. 

Primero, y a diferencia posiblemente de quienes rezaban ante Notre Dame, el materialismo de la sociedad contemporánea ha conseguido ocultarnos nuestra débil condición humana. La antigua lección de los clásicos se ha olvidado: somos seres finitos, que habitamos por poco tiempo un planeta finito, y nuestras glorias y ambiciones pronto pasarán y no serán recordadas. La única esperanza que tenemos, como la que tenían quienes construyeron la catedral, es la de que nuestras obras y acciones perduren. Pero ahora, pertrechados con smartphones, el hombre y la mujer del siglo XXI parecen vivir en una constante y agotadora rueda de hámster repleta de consumo, inmediatez, rapidez, mudanzas y falta de tiempo y sosiego. Es la inconsciencia continua de quienes, sonámbulos de la realidad, no se percatan de la fragilidad de todo lo que les rodea. Si la temperatura media del planeta se incrementa 3 grados, nos advierte la comunidad científica, la mayor parte de España será prácticamente inhabitable. Nosotros, hámsteres laboriosos e hiperconectados, ¿nos imaginamos que un día nuestros descendientes no puedan disfrutar de las casas, las calles y las plazas en las que hemos vivido hasta ahora?  ¿Podremos seguir extasiándonos con las obras de Vivaldi si perdemos la noción de las estaciones del año? Aquello que antes creíamos sagrado, que durante poco tiempo, en la infancia quizá, todavía veíamos como eterno, puede desintegrarse como hicieron las bóvedas de Notre Dame. Si esa posibilidad no nos preocupa es porque, henchidos de un materialismo individualista atroz, no somos capaces ya ni de entonar un cántico en común de lástima y condena.

Segundo, un porcentaje cada vez mayor de esa legión de sonámbulos desarrolla íntegramente su existencia en un contexto urbano protagonizado por grandes ciudades en las que el contacto con la naturaleza es inexistente. Se hace muy difícil concienciar sobre el valor de la biodiversidad y su fragilidad a quienes ni siquiera la conocen, a los que nunca disfrutan de un paseo por el campo o de las aguas de los ríos y se creen que con un aparato de aire acondicionado no hay ola de calor extremo que no pueda sobrellevarse. Si no sabemos cuándo se recoge la aceituna o la uva, no podremos apreciar la verdadera gravedad de que cada año las cosechas se tengan que adelantar progresivamente. Si, habitando el infierno de hormigón en el que se han convertido las megaurbes, no se percatan siquiera del cambio de estación en el follaje de los árboles y en el canto de los pájaros, ¿seguirán comprendiendo aquella obra de Vivaldi?  La sensibilidad ambiental de algunas minorías urbanitas, sin duda loable, muchas veces se ve reducida por el poco compromiso que pueden desplegar en los territorios rurales (la inmensa mayor parte de nuestros países), los cuales ven cómo año tras año la población, los capitales, los medios y las preocupaciones sociales se concentran únicamente en unos pocos kilómetros cuadrados de asfalto y bloques de piso. 

Luchar contra el cambio climático, el reto que hoy nos amenaza con fiereza, debería también implicar un cambio por completo de nuestra forma de vida en común, donde se abandone el predominio absoluto de la razón económica y material para que podamos llevar una vida más humana, una vida más viva y armoniosa con la naturaleza. Para ello hemos antes de superar los dos problemas apuntados, el excesivo materialismo que oculta nuestra fragilidad, y el paradigma de la hiperconcentración urbana autorreferencial que se olvida del país y del entorno natural en el que habita. Renunciada por la mayoría la vía de humildad y de sacralidad de lo que nos rodea que constituían la religión y la idea de trascendencia, se hace necesario reelaborar un nuevo humanismo que nos conciencie, constantemente, sobre nuestros límites y el valor de todas nuestras catedrales, ya sean los esbeltos edificios góticos o el limonero en el que jugábamos cuando éramos niños. Aquí el conservadurismo político tendría también que desempeñar un papel relevante si de verdad está preocupado por la conservación de la cultura, de la tradición y del legado de quienes nos precedieron, hoy más amenazado y contingente que nunca. Y, alentado por esa consciencia de lo efímero, necesitaríamos ya repensar los modelos de “desarrollo” urbano para abandonar la irracional hiperconcentración en las grandes ciudades que amenaza con acabar, antes incluso que el cambio climático, con la poca cohesión que aún mantenemos en algunos países. El tiempo apremia y las esperanzas menguan. Rezar ante Notre Dame ardiendo no puede ser la única salida lo que tengamos. 

Pese a la suspensión de las actividades económicas provocadas por el coronavirus, las principales eléctricas españolas ganaron el año pasado hasta un 36% más, manteniendo las astronómicas retribuciones de sus altos cargos y consejeros, entre los que se encuentran no pocos expolíticos patrios. Mientras, estos días nos levantamos con la noticia de que el precio de la luz, de la energía, está en uno de los niveles más altos de los últimos tiempos sin que las empresas que monopolizan el sector hagan nada para remediarlo. ¿Cómo es posible que la indignación ciudadana no vaya más allá de la mera resignación? 

Hace ya tiempo que se viene insistiendo en la idea de que el neoliberalismo no es sólo la defensa de una concepción económica, sino también la imposición o la asunción de un nuevo marco simbólico de referencia, de una nueva mentalidad que ha modificado nuestros patrones de conducta y nuestros márgenes de actuación en los campos económico, social y político. Para responder a la pregunta formulada, fundamentalmente nos interesan tres de los cambios que ha introducido en el imaginario colectivo e individual tras décadas de hegemonía, cambios que se producen en nuestras concepciones del pasado, del presente y del futuro.

Primero, respecto del pasado, el olvido. El neoliberalismo practica e impulsa la amnesia de las comunidades políticas, incapaces de recordar el reciente y casi finiquitado Estado social. No está tan lejos en el tiempo el “Espíritu del 45”, del que nos habla Ken Loach, y mucho menos las políticas de redistribución de la riqueza de los años 50 o 60. Muchos se asombrarían de leer hoy los programas de los partidos socialdemócratas de aquellos años, en los que abiertamente se defendía la nacionalización de las empresas estratégicas o planes tan ambiciosos como el Meidner, en Suecia. Y sin llegar a tales extremos: hace solo unos años que los sectores esenciales o estratégicos de la economía eran propiedad pública… ¡También en España! Mis estudiantes se sorprenden cuando les explico que Telefónica, Endesa o Seat eran corporaciones públicas, hasta hace nada, controladas por el Estado.

Segundo, sobre el presente, la negación. Se dan por muertos en la actualidad los instrumentos, jurídicamente válidos y operativos, que aún disponen nuestros Estados para hacer frente a la concentración ignominiosa y absurda de capital. Ni se combate eficazmente la cartelización de la economía, cada vez más concentrada en sus sectores esenciales en manos de unos pocos, ni se permite hablar siquiera de la posibilidad de una intervención contundente en los divinizados “mercados”. La Constitución española de 1978, esa tan denostada por una parte de una izquierda también amnésica, esa misma que es sacralizada por una derecha que la desconoce… esa, sí, establece en su artículo 128.2 la posibilidad de que mediante ley (mayoría simple en el parlamento) puedan reservarse para el sector público “recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y acordarse, asimismo, la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. ¿Por qué ninguno de los contertulios, de los opinadores públicos o de los influencers mediáticos del día a día habla siquiera de esta posibilidad? La hegemonía neoliberal la niega y, lo que es peor, la intenta anular gracias al entramado normativo e institucional del gobierno económico de una Unión Europea volcada y construida en torno a la “razón de mercado” y no de la democracia constitucional. 

Tercero, el cierre del futuro. El capitalismo neoliberal ha conseguido estrechar hasta lo inimaginable nuestros horizontes de acción y transformación, relegándolos a veces a la mera resistencia de las pocas conquistas sociales que permanecen, y que se mantienen más como dádiva de los de arriba que como patrimonio colectivo de los de abajo. El futuro está cargado de lo peor del presente neoliberal: el individualismo posesivo, la precariedad, la inestabilidad sin límites, la zozobra de una vida diaria sumergida en un mar estresante de redes y notificaciones y unas relaciones sociales cada vez más inhumanas, frías y ásperas. Y en lo político, la imposibilidad de un cambio verdadero, de una mudanza radical que vaya a las raíces de los problemas e injusticias que nos aquejan. 

Estos tres impactos neoliberales deben ser superados y sustituidos si queremos afrontar los retos y desafíos del presente y del mañana, entre los que destacan el cambio climático, la injusticia y la desigualdad. Sobre el pasado, y sin caer en la pura nostalgia, recuperar el recuerdo de las conquistas y de las experiencias de un Estado social que, con sus carencias y defectos de diseño, supo redistribuir parte de la riqueza y elevar socioeconómicamente a los que históricamente habían sido los (y las) desheredados de occidente. Sobre el presente, la defensa de los instrumentos que aún perduran y la afirmación de su normatividad, de su posibilidad misma de aplicación y eficacia. Sobre el futuro, ensanchar los horizontes y pensar nuevas (¿o viejas?) formas de vida y de sociabilidad que muten por completo los fetiches y las falsas apariencias del sistema neoliberal de nuestros días. Conseguir, en definitiva, que la próxima subida de la luz no la paguen quienes más trabajan y luchan día a día por su dignidad.

Los europeos leemos casi atónitos cómo el nuevo y moderado Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está preparando ya a toda la maquinaria federal para una verdadera “revolución” fiscal al otro lado del Atlántico. Se prevé la aprobación de un complejo conjunto de normas destinadas a combatir el fraude, la elusión de tributos y la huida de capitales a paraísos fiscales, y el impulso de una subida drástica del Impuesto de Sociedades, que es acompañado a su vez de un mensaje político contundente del Presidente para animar a la comunidad internacional a que armonice una tributación común sobre los beneficios empresariales. El objetivo: que no exista ni pueda existir ningún territorio en el que el capital transnacional pueda refugiarse para evadir sus obligaciones fiscales. 

Como ha puesto de manifiesto Thomas Piketty con abrumadores datos, la tributación sobre el capital ha venido disminuyendo en todo el mundo desde la irrupción neoliberal de finales de los 70, invirtiéndose hoy la carga fiscal hacia las rentas de los trabajadores, por su propia naturaleza menos proclives a la movilidad territorial. Y ello a pesar de que la mayor parte de la riqueza la encontramos en la concentración de capital y no en los salarios provenientes del trabajo. En las últimas décadas se ha instalado así, con el concurso de los gobiernos, las organizaciones internacionales y las grandes corporaciones, una injusticia fiscal que socava los cimientos del Estado social construido en la segunda posguerra mundial y que atenta, claramente, contra sus previsiones constitucionales. Sin ir más lejos, recordemos que la Constitución española de 1978 establece los principios de progresividad y capacidad económica como elementos estructurantes del sistema tributario, a pesar de lo cual el grueso de la presión impositiva recae, también en nuestro país, en las rentas del trabajo y no en las del capital o en los beneficios corporativos. 

Llama poderosamente la atención que sea desde Estados Unidos desde donde provengan los aires renovadores en materia de justicia fiscal, precisamente el país que hasta hace unos días era gobernado por el ideario neoliberal más salvaje y donde el Estado social más anatemizado está. ¿Qué ocurre con nuestra Unión Europea a este lado del charco? La respuesta es compleja, sin duda, pero hemos de apuntar directamente a los errores conscientes de diseño que aquejan a la integración del viejo continente.

En primer lugar, hemos construido en Europa un mercado único, con sus cuatro libertades económicas (de bienes, servicios, trabajadores y capitales), pero no se le ha querido dotar de una correlativa unión fiscal que amortigüe las consecuencias más negativas, para el Estado social, de aquella realidad. Garantizar la libertad de movimiento de capitales como un derecho sin una tributación conjunta, a nivel europeo, sobre esos mismos capitales que pueden libremente desplazarse sin trabas entre los Estados, es apuntar directamente a los pies de cualquier capacidad, efectiva, de recaudación fiscal. Los gobiernos estatales, ante el temor de que los capitales y las empresas transnacionales se muden, tienden en el viejo continente a bajar los impuestos y a entrar en una constante carrera de competición fiscal a la baja que lastra cualquier oportunidad de elevar la presión impositiva sobre los beneficios corporativos. En Estados Unidos, en cambio, el Impuesto de Sociedades es determinado por el Gobierno federal, algo incontestable hasta para los acérrimos neoliberales de la troupe trumpiana. 

En segundo lugar, el predominio de la intergubernamentalidad en el ámbito tributario europeo impide reforzar los impuestos propios de la Unión. Al exigirse la unanimidad de todos los Estados es casi imposible que se puedan crear impuestos comunes para todo el continente, y más difícil aún si tenemos en cuenta que algunos países, como Holanda, se benefician particularmente de ser pseudo-paraísos fiscales en el interior mismo del mercado único. Pero el problema no es lo que haga o deje de hacer su gobierno, sino lo que la Unión y su débil estructura política aún le permite. Avanzar en la unión fiscal mediante la regla de la mayoría, y no de la unanimidad, con una mayor participación del Parlamento europeo, sería clave para desatascar la actual inoperancia económica del proyecto de integración. Es inimaginable que en Estados Unidos un solo y minúsculo Estado integrante de la Federación pueda vetar una subida impositiva establecida desde Washington por el Congreso federal.

En tercer y último lugar, la Unión sigue sin vertebrarse como una auténtica comunidad política de co-pertenencia cuya ciudadanía sea consciente de los marcos políticos en los que puede actuar. Si la ausencia de una justicia fiscal a nivel europeo es evidente, si el diseño de la Unión carece aún de los elementos necesarios para garantizar el Estado social que las constituciones estatales proclaman, ¿por qué la ciudadanía no centra el debate político sobre la cuestión y exige a sus gobernantes un cambio de paradigma? Habermas ha venido respondiendo en los últimos años a dicha cuestión: la ciudadanía europea se ha quedado, finalmente, en una formalidad jurídica y no ha avanzado hacia la creación de un marco común de adscripción simbólica en el que todos, desde Vilnius a Cádiz, podamos proyectar, con pretensiones realistas, demandas de cambio político. Nuestras referencias siguen siendo los debilitados gobiernos estatales, los mismos que luego trasladan su voluntad al seno de las instituciones comunitarias, donde se transmuta en norma europea y regresa a los mismos Estados, por arte de birlibirloque, como “imposición de Bruselas”. 

Defender la conveniencia, necesidad y pertinencia de una unión fiscal europea permitiría a la Unión y al conjunto de países que la componen afrontar con más efectividad las consecuencias económicas de la actual crisis, pero sobre todo posibilitaría mayores cuotas de justicia fiscal en el continente. Desde el momento en que nos dotamos de un mercado único con libertad de capitales, tanto la presión impositiva sobre los rendimientos corporativos como los mecanismos de redistribución asociados al Estado de bienestar deben ser repensados en clave también europea. Claro que, para eso, hace falta una voz ciudadana comprometida con el futuro de Europa y consciente de las posibilidades que brinda una unión cada vez más estrecha entre los pueblos que la conforman. O a lo mejor, quién sabe, fue precisamente ese clima de impunidad política la causa por la que se ha venido construyendo con tantas grietas el edificio de una Unión excesivamente centrada en el elemento de mercado y olvidadiza en lo que a garantía de derechos sociales se refiere. Sea como fuere, Biden nos manda un mensaje claro y nítido: o de esta crisis salimos con mayor justicia fiscal o los monstruos políticos del mañana inmediato serán imparables. Y en Europa otra cosa no, pero memoria de nuestro convulso pasado no nos debería faltar.

Quienes hayan tenido oportunidad de leer sosegadamente (lo que hoy es una excepción de lujo) la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, se habrán podido percatar de que estamos ante una declaración abiertamente contraria al capitalismo neoliberal que nos atenaza, al imperio de la hiperconectividad de las nuevas tecnologías y contraria también, por si fuera poco, a los nacionalismos cerrados de corte xenófobo que pretenden levantar muros y barreras frente al migrante, frente a un “otro” que es considerado amenaza. Por ello permítanme dudar de si parte de la feligresía hispana ha leído al Papa, es decir, a su máximo líder espiritual y cabeza de la institución que integra a más personas de todo el planeta, como es la Iglesia. Y es que no casan muy bien las políticas que defienden los partidos más a la derecha del espectro español con el rotundo mensaje de fraternidad y solidaridad que nos envía Francisco interpretando únicamente el Evangelio, no la Constitución del 78 o El Capital de Marx.

Comencemos por la crítica al capitalismo neoliberal. Francisco deja escrito (168) que el “mercado no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo…”. Al mismo tiempo considera que el Estado ha de reforzarse frente a su desmantelamiento, ya que son el Estado y lo público los que nos proporcionan los cauces institucionales de solidaridad y de redistribución de la riqueza (“destino común de los bienes”) ante la primacía del individualismo y de los intereses espurios de la gran empresa (122). Es más, el Papa llega a considerar la propiedad privada como un derecho secundario, ya que lo prioritario es la justa distribución de los bienes y las riquezas, ideal que se fundamenta, para él, en las palabras de amor, caridad y fraternidad que se desprenden del Evangelio. La solidaridad es también “pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos” (116). Así, la caridad no sólo se manifestaría en las acciones de benevolencia con los más próximos, con los más necesitados de nuestro entorno, sino también a través de la defensa de lo público y de la financiación, vía impuestos, de los mecanismos estatales de solidaridad (114-117, y 186). ¡El Papa llama a pagar los impuestos como mandato espiritual! No sé qué dirá algún prohombre catolicón, aunque esté ahora más cómodo en no tan lejanos desiertos…

Ante este mensaje del Papa, que nos llama a cuidar lo público y lo común como medio para acabar con las desigualdades y las injusticias sociales, ¿qué cara se les debe poner a quienes desde las tribunas políticas y mediáticas, aun llamándose conservadores y católicos, defienden el recorte de los servicios públicos y el menoscabo constante del Estado? ¿Se puede ser neoliberal y al mismo tiempo un buen cristiano? El Papa parece responder, abiertamente, que no. Y es el Papa de Roma, no Judith Butler.

En cuanto a la crítica a la xenofobia de ciertos nacionalismos cerrados, Francisco es más contundente si cabe. “Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes”, dice en referencia a quienes rechazan a los migrantes y refugiados (39). La xenofobia de la extrema derecha, volcada en el ocultamiento de los problemas sociales y económicos internos a través de la creación de enemigos ficticios, es totalmente incompatible con la idea cristiana de igual dignidad humana, de fraternidad universal (39-41). “Todos somos hijos de Dios”, al fin y al cabo, y no hay distinciones entre judíos, cristianos, ateos, agnósticos, musulmanes, mujeres, hombres, españoles o eritreos (San Pablo, Gálatas 3:28). El Papa, acercándose ahora a la Teología de la Liberación, defiende que la Iglesia se vuelque en el “amor preferencial por los últimos” (187), por los pobres y los más necesitados, y entre ellos, especialmente, por las personas migrantes. Entonces, si esto dice el Papa basándose nuevamente en el Evangelio, pues utiliza a tal fin la parábola del “buen samaritano” y las propias palabras de Jesucristo, ¿podemos seguir considerando a la extrema derecha española como cristiana? No y mil veces no. Su rechazo a las personas migrantes, su obsesión por levantar nuevas murallas y su criminalización de los que solo buscan huir de la miseria, el hambre y las guerras, es la antítesis del mensaje cristiano de aquel que fue, recordemos, refugiado en Egipto, perseguido por una tiranía genocida y pobre, humildemente pobre. Escribe Francisco (27): “Cualquiera que levante un muro terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes”. Son ellos, los xenófobos, quienes nos quieren encerrar, no los que nos van a proteger de nada. Cada vez que sus vociferantes hablen, como les gusta hacerlo, de la tradición cristiana occidental, de la civilización católica y blablaba… y cada vez que se dirijan a un electorado conservador y formalmente católico, hay que recordarles que no lo son, pues ni son cristianos ni católicos, ni han leído al máximo dirigente de la Iglesia y sucesor de Pedro ni, por supuesto, han comprendido nada del mensaje de amor, caridad, igualdad y fraternidad de Jesucristo.

Durante décadas se ha venido produciendo en España una secesión exitosa, un proceso de independencia finalmente consolidado, que no ha recibido ni de lejos la misma atención mediática y política que el malogrado procés catalán. Por supuesto, tampoco le ha preocupado lo más mínimo a muchos de los férreos defensores de nuestra democracia constitucional, a pesar de que sus efectos sobre la misma son mucho más destacados. Me refiero a la secesión que ha protagonizado, y sigue haciéndolo, la clase más adinerada de nuestro país, y de todos los de nuestro entorno, que ha conseguido independizarse del resto del pueblo al que antes pertenecía mediante la creación de una auténtica “sociedad paralela”, nutrida del espectacular crecimiento de la desigualdad económica que estamos padeciendo desde la irrupción neoliberal y el fin del Estado social. Tenemos hoy fuera de “nosotros” a una minoría que ha concentrado capital y riquezas y que existe de espaldas a su entorno: vive en urbanizaciones privadas, con seguridad privada, con sanidad y educación privadas, y con fondos que le garantizan también una seguridad social privada para ellos solos. ¿Por qué les debería preocupar el deterioro de la educación y la sanidad públicas? ¿Por qué podrían llegar a preguntarse sobre el futuro de las pensiones o la calidad de vida en nuestros barrios? No viven en ellos, no participan de las prestaciones sociales del Estado ni utilizan sus recursos ni su administración. Existen como una nación aparte.

La idea, y la realidad aparejada a ella, no es nueva. La “Igualdad, Libertad y Fraternidad” que proclamó la Revolución francesa intentó suprimir los viejos privilegios y la separación radical que antes se daba entre una clase aristocrática rentista y rodeada de prerrogativas, y un pueblo llano, la mayoría, que vivía de sus migajas. Todos los ciudadanos no es que fueran iguales y libres, es que debían serlo, y para ello se desplegaba una solidaridad fraterna vinculada en todo momento a la desaparición de cualquier forma de esclavitud, servidumbre y dependencia material. Pero aquella trinidad se difuminó enseguida con la consolidación del liberalismo doctrinario que protegía únicamente los intereses de la nueva burguesía y con otra revolución, la industrial, que llevó a occidente, una vez más, a un escenario de extrema desigualdad. ¿Qué unía a un empresario de la Inglaterra victoriana con el joven, pobre y díscolo Oliver Twist? Nada, más allá de la absoluta dependencia del segundo. El Antiguo Régimen había regresado de la mano del neofeudalismo capitalista y descarnado de fábricas, chimeneas y grises barrios depauperados.

La existencia de realidades completamente separadas en el cuerpo de la (teórica) misma nación fue, de hecho, una de las principales preocupaciones no solo de los primeros demócratas, sino hasta de algunos liberales conservadores. Como pone al descubierto Pierre Rosanvallon en su recomendable libro “La sociedad de los iguales”, dicha preocupación no vino solamente de la constatación de la desigualdad económica, sino también de la certeza de que un pueblo separado de tal forma no podría tener futuro como comunidad política cohesionada. El proletariado se “quedaba fuera” de la nación, de la patria, según la célebre expresión de Blanqui; exclusión que era doble si atendemos a la que ya padecían las mujeres, las minorías étnicas o las personas consideradas superfluas (“los otros”). El conservador político británico, Benjamin Disraeli, llegaba a escribir una novela, “Sybil y las dos naciones” (1845), donde con tono paternalista abogaba por una nueva unificación de los dos mundos, del proletario y el burgués, porque preocupantemente se consideraban entre sí como “habitantes de planetas diferentes”.

Para evitar aquel desgarro, los liberales y conservadores recurrieron espuriamente al nacionalismo y al colonialismo como válvulas que rebajaran las tensiones sociales, mientras la democracia iba haciéndose paso gracias al movimiento obrero y la conquista paulatina del sufragio universal. Pero la fórmula de mayor éxito en la integración de ambos mundos, hasta hacerlos casi desaparecer en uno solo en la segunda mitad del siglo XX, vino constituida por el Estado social de posguerra. Con él, el avance de la desigualdad no sólo se cortó, sino que se alcanzaron cotas de justicia social y redistribución de la riqueza nunca antes conseguidas. La Europa de la clase media se alzaba con la democracia y los trabajadores se integraban en el seno de la nación política blandiendo nuevamente la bandera de la fraternidad, de la solidaridad y la justicia. Es este modelo de igualdad, no solo política, sino también de condiciones de partida, el que el neoliberalismo ha terminado enterrando en nuestros días bajo la pesada losa de una fiera competencia individualista que vuelve a desgarrarnos como comunidad. Y es este neoliberalismo, con su impulso de la diferencia y la desigualdad, el que ha permitido que toda una minoría se separe de aquella comunidad, del país al que en teoría deberían pertenecer. En su día fueron los proletarios los que fueron separados forzosamente de la comunidad política; hoy son, voluntariamente, quienes detentan en sus manos el gran capital. El 10% más rico de la población española concentra más riqueza que el 90% restante, y los porcentajes tienden a agravarse año a año. Lo que está por ver es si la crisis actual provocada por la pandemia va a aumentar o no esa tendencia, pero lo que sí podemos conjeturar es que, si se sigue el mismo ideario neoliberal de la respuesta a la crisis financiera anterior, nos veremos volcados a un mundo de mayores desigualdades y de una hiperconcentración en manos de unos pocos incompatible con la propia idea de democracia.

Para evitarlo quizá habría que reivindicar con más fuerza que la patria, la nación verdadera, el pueblo auténtico y el país real, son los de la mayoría de la gente que no se ha independizado, que no se ha separado de sus hermanos y hermanas (¡eso era la fraternidad!, nos acaba de recordar el Papa Francisco) y que lucha conjuntamente por su bienestar y por cuidarse los unos y los otros. Pero cuidado: esta “secesión de los ricos”, como denuncian los profesores Joan Romero y Antonio Ariño en su obra de idéntico nombre, está conllevando desde hace ya décadas el empobrecimiento de quienes no lo son. La proletarización de las clases medias es la consecuencia de aquella separación insolidaria, de aquella ruptura voluntaria y consciente del pacto social de posguerra. Por ello hay que evitarla, con más ímpetu si cabe que otras secesiones más famosas, y hay que reconducirla al interior del Estado. Recordarle a esa minoría privilegiada que es tal porque el resto no lo es, y que ese resto es la aplastante mayoría de la comunidad a la que pertenecemos. Un recordatorio que podría comenzar a darse a través de la reactivación de los viejos instrumentos del Estado social, remozados y adaptados a la realidad global de nuestro presente, pero aún funcionales para garantizar el lema de la Revolución francesa. Una tributación verdaderamente progresiva y que grave a los grandes capitales, la reactivación de la iniciativa económica pública y de la institución de las reservas en los sectores estratégicos, un reparto más equitativo de la riqueza y un renovado impulso al principio de solidaridad, también entre territorios. ¿Utopía? Todo lo que acaban de leer viene en nuestra Constitución de 1978. Lo dicho: defendámosla de quienes ya se han independizado de ella con éxito, rodeados hipócritamente de su bandera y recibiendo hasta vivos aplausos por quienes se creen sus más ardientes protectores.

El agravamiento progresivo de la crisis sanitaria y nuestra fundada preocupación por un futuro próximo y lejano cada vez más incierto no deben favorecer, sin embargo, el olvido de la grave situación que atraviesa la institución de la Corona en España tras la decisión de su antiguo titular, Juan Carlos I, de abandonar el país en el que él mismo reinó durante décadas. Y este olvido no ha de producirse no sólo por la necesidad de debatir democráticamente el modelo de jefatura de estado que queremos, no sólo por tendencias republicanas o monárquicas que tirios o troyanos muestren, sino también, y sobre todo, por la necesidad de mantener la vigencia de nuestro propio sistema democrático y de Derecho. Si a la democracia le es inherente la rendición de cuentas de todos los poderes ante el pueblo como sujeto soberano y portador de la voluntad constituyente, del Estado de Derecho se deriva el principio de responsabilidad por el incumplimiento de las leyes y su necesaria sanción. 

La Monarquía, como institución extraña a la racionalización del poder que se produce desde las primeras revoluciones liberales hasta la consecución del Estado social y democrático de posguerra, mantiene una tensión constante con el propio constitucionalismo y principios tan esenciales del mismo como el de igualdad. Por ello, no debe tampoco sorprendernos que la regulación constitucional en España de la Corona esté repleta de elementos que, al margen de la simpatía que pueda despertar o no la institución, han de sorprender a todo aquel que se acerque al texto con unas lentes mínimamente racionales, ilustradas, democráticas o, simplemente, jurídicas. Así, en el orden de sucesión se prima al varón sobre la mujer, atentando contra el valor de la igualdad; el Rey es el que, al margen de cualquier fiscalización, distribuye libremente, y sin necesidad de justificar nada, el presupuesto que tiene asignado; y, como se está poniendo de relieve en los últimos tiempos, su figura goza de una inviolabilidad que muchos entienden como plena inmunidad para los hechos que puedan imputársele y que hayan acaecido durante su mandato.

Se ha sostenido, no sin razón, que esta última protección tiene que interpretarse restrictivamente y de conformidad con los valores y principios constitucionales, por lo que muchos entendemos que no tendría que extenderse a los actos privados del Monarca. Como prerrogativa que es va unida a las funciones constitucionales encomendadas y se debería agotar en ellas. Hasta el momento, sin embargo, los tribunales no lo han considerado así y han extendido la protección a todas las actividades y actos del Jefe del Estado. Así que, como en el cuento, el Rey queda desnudo ante la inocente pregunta: ¿y si comete un delito? En estas estamos, presuntamente.

Defender la primera interpretación debería agradar a los más monárquicos, pues es la que mejor protegería a la institución, tanto de este caso como de ulteriores que pudieran producirse. Blindar excesivamente la Jefatura de Estado, cuyo diseño constitucional ya despierta recelos desde la óptica del Estado democrático y de Derecho, es contraproducente para las propias pretensiones de fundamentar y justificar el principio monárquico, pues este descansa hoy en el prestigio y, desprendiéndose del mismo, la neutralidad como auctoritas que puede llegar a erigir el Rey sobre la fragmentación política. Sin embargo, como no hay visos de que la opinión de los tribunales vaya a cambiar, y menos la más rígida del Tribunal Constitucional, una posible intención reformista y nada traumática para el monarquismo podría descansar en la conveniencia de modificar la Constitución para restringir la inviolabilidad, reducirla al papel de prerrogativa y, aprovechando la coyuntura, sustituir los elementos más controvertidos de la Monarquía ya apuntados. Y aquí se presenta, nuevamente por exceso de celo, un problema (para quien defienda esta postura) de difícil solución. El peculiar constituyente de 1978, deseando proteger al máximo a la Corona, introdujo toda su regulación (el Título II) en el procedimiento agravado de reforma constitucional (artículo 168), con lo que cualquier modificación, incluso de los aspectos secundarios o accesorios, necesita que concurra un verdadero imposible, a saber: que las Cortes aprueben el cambio por dos tercios, se autodisuelvan, se convoquen elecciones, las nuevas vuelvan a aprobarlo por dos tercios y, finalmente, se someta la modificación constitucional a referéndum de aprobación por parte del pueblo español. Si ya es extraño que el poder legislativo se haga el harakiri, lo sería más que persistiera la misma voluntad tras su decisión. Este procedimiento de reforma es, por tanto, tan sumamente difícil de seguirse que hay quienes lo han llegado a identificar con una cláusula pétrea, intangible o de eternidad, es decir, aquellas que en algunos países de nuestro entorno establecen expresamente la imposibilidad absoluta de reformar una parte de la Constitución.

Por tanto, ante una posible constatación próxima de delitos cometidos por el anterior Jefe de Estado y ante la improbabilidad, cuando no imposibilidad fáctica, de un cambio tanto de la Constitución en su regulación de la Corona como de la interpretación judicial de la inviolabilidad real, ¿qué salida quedaría desde una óptica puramente democrática? He aquí la cuestión, que ha de preocupar especialmente a quienes crean en la necesidad de mantener la Monarquía y de preservar lo que pueda o pudiera comportar. Ya no es que esté en juego la autoridad y prestigio de la institución, es que se pone directamente en entredicho la credibilidad general de nuestro sistema democrático y de Derecho al incumplirse sus elementos más característicos y definidores, precisamente, en el vértice que quería coronarlos.  La alternativa de la ruptura con el modelo, dada la imposibilidad de reforma, no parece tampoco muy fraguada políticamente por el momento, y menos con el vacío a nivel simbólico de quienes dicen blandirla y que a veces son incapaces de moverse más allá de experiencias pretéritas. A las incertidumbres sociales y económicas que el coronavirus ha traído ahora hemos de añadir las institucionales de una crisis, la de la Monarquía española, que venía larvándose desde hace tiempo. No son buenos tiempos para predicciones, pero sí para los olvidos… Sirvan estas líneas, al menos, como recordatorio.

En el análisis de toda crisis habría que distinguir muy claramente entre los elementos coyunturales, dependientes de la voluntad de los actores que deciden en el momento concreto, y los propiamente estructurales, que son los que condicionan con carácter previo el escenario en el que aquellas decisiones se acuerdan. Seguramente en los próximos meses veamos un aluvión de críticas, estudios y escrutinios sobre las decisiones que se han tomado en España ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y la catástrofe humana que hemos vivido. Lo que no es tan probable, a pesar de ser quizá más necesario, es la existencia de ese mismo empeño esclarecedor en cuanto a las deficiencias estructurales de nuestro país, permanentes y no dependientes de esta o aquella voluntad política. La conveniencia de este segundo tipo de análisis se refuerza, además, porque pueden ayudar con mayor intensidad a mejorar nuestra situación ante crisis futuras, hipotéticas o no. La actual, al menos, ha sacado a exposición pública todas aquellas problemáticas estructurales que desde hace tiempo diversos sectores llevan denunciando con mayor o menor éxito, pero siempre sin ser escuchados con detenimiento y voluntad real de reformas. Empecemos una radiografía rápida y discrecional, por somera, pero no menos ilustrativa de los desafíos que hemos de afrontar.

Ante un reto colectivo y común tan intenso hemos visto cómo la respuesta ha debido ser eminentemente pública y estatal, para la cual se está necesitando un ingente esfuerzo presupuestario. La única manera de que la financiación de éste sea repartida mediante criterios de justicia fiscal y capacidad económica consistiría en utilizar un sistema tributario que siguiera lo establecido en nuestra propia Constitución y que, por ende, gravara con mayor intensidad a los capitales más abultados. Sin embargo, nuestro sistema no sólo es altamente ineficaz en tal objetivo, sino que se inserta en un modelo mayor, el de la Unión Europea, donde la ausencia de una imposición común y la garantía de la libertad de capitales, permiten a éstos beneficiarse de un constante dumping y de verdaderos “paraísos fiscales” en el corazón del viejo continente.

El mercado único no ha sido completado con las contramedidas precisas que eviten sus externalidades más negativas, y la ausencia de una decidida integración fiscal sigue siendo uno de los mayores retos del proyecto europeo. Si bajamos al ruedo ibérico, la carrera por la atracción de capitales y la reducción de la tributación a las rentas del trabajo se ha agravado por la falta de armonización fiscal entre Comunidades Autónomas y el amable tratamiento que protagoniza el Estado central con la concentración de la riqueza y los beneficios empresariales. La elusión de impuestos se ha institucionalizado como algo normal y aceptable, incluso en términos jurídicos, tanto en España como en el conjunto de la Unión a la que pertenecemos, por lo que no nos debe llamar la atención la permanente crisis presupuestaria del Estado y la incapacidad que éste va a comenzar a mostrar para afrontar con equidad las consecuencias más lesivas de la crisis.

Interconectado con el modelo fiscal (o lo que tengamos, pues hay que dudar que sea un auténtico “modelo” de algo), tenemos el también criticado y criticable modelo territorial, en el que hemos sido incapaces en los últimos cuarenta años de arreglar mínimamente sus carencias originarias. La respuesta estatal al coronavirus no sólo debiera haber partido desde la Moncloa, sino desde todas las Comunidades Autónomas que son tan Estado como el Gobierno central. Y sin embargo hemos podido comprobar cómo se han vuelto a desenvolver ese cúmulo histórico de desconfianzas mutuas, de confusiones competenciales y superposiciones de responsabilidades, que no se deben únicamente a la urgencia de una crisis inesperada, sino que se fundamentan en un sistema territorial inacabado, incompleto, que pudiera tener la potencialidad suficiente para federalizarse de verdad y que sigue quedándose en un remedo singular poco claro y políticamente conflictivo.

Ni la voluntad autonómica se canaliza correctamente en la voluntad estatal (el Senado sigue sin reformarse…), ni la voluntad estatal se reparte bajo criterios cooperativos y de corresponsabilidad. Se han convocado en dos meses más conferencias de Presidentes autonómicos que en el resto del periodo democrático, sí, y se agradece, pero los defectos ínsitos de nuestro sistema territorial siguen estando ahí, clamando una reforma que se pide desde hace décadas y que debiera empezar por abordar, de una vez por todas, la problemática de la integración misma de la diversidad en el proyecto común español.

Pero lo territorial no se agota en lo autonómico, pues el ámbito local, el sempiterno olvidado, sigue clamando por una reestructuración profunda que lo haga eficaz y viable. En toda España, pero sobre todo en la rural, los ayuntamientos han tenido que hacer frente a las consecuencias más inmediatas de la pandemia, desde la gestión de residencias de ancianos y la toma de decisiones inauditas para nuestros alcaldes y alcaldesas, a la asunción fáctica de unas competencias de las que carecen. La administración local es la más cercana al ciudadano, y por eso es también la menos ajena a sus necesidades más urgentes y palmarias, y sin embargo constituye, al tiempo, la administración más maltratada por un modelo de financiación anacrónico, basado en rendimientos variables y dependiente de otras administraciones. Con los medios y recursos que se tenían ha sido un verdadero milagro que los ayuntamientos hayan podido, pese a todo lo acontecido, dar una mínima respuesta al mayor desafío de nuestra reciente historia.

Y si bajamos a la arena de las capacidades estructurales vinculadas a las políticas públicas más directas, el panorama no es menos desolador. Desde los servicios sociales de base a los de atención a la dependencia y a nuestros mayores, pasando por nuestra débil política científica, se despliega un conjunto de carencias permanentes que ahora nos han estallado en la cara con una crueldad inédita. Algo que puede trasladarse a la economía y a la educación, donde más allá de las decisiones puntuales que se han tomado con mayor o menor acierto, hemos podido comprobar sus debilidades permanentes, las que ya existían antes y las que, si no se hace nada para corregirlas, saldrán ahora reforzadas.

De hecho, con la educación se está produciendo un proceso ciertamente asombroso, pues hay una estrategia consciente y decidida por incrementar sus debilidades y acabar con las pocas fortalezas que contaba, y todo bajo el amparo de la urgencia y necesidad de la crisis sanitaria. Desde las escuelas a la universidad las reformas educativas vuelven a la palestra con nuevas dosis de fragmentación y precariedad, ahora avivadas por un tecno-optimismo que solo encubre la profundización premeditada de la falta de crítica, concentración y esfuerzo de un alumnado sumido en la inmediatez. ¿Que la presencia constante de las nuevas tecnologías en la vida de los jóvenes es un obstáculo para la asunción sosegada y concentrada de conocimientos? Pues convirtamos la solución excepcional a la falta de presencialidad enpermanente y estructural para hacer de nuestras aulas, también las universitarias, espacios de hiperconexión donde ya no sea posible el estudio lento y profundo. En esta nueva “estrategia” educativa que nos ha traído el Covid-19, impulsada sobre todo por nuestro anglófilo ministro de Universidades, se aúnan las decisiones y voluntades particulares, la coyuntura misma, con los elementos estructurales que desde aquellas pretenden modificarse. Lo coyuntural se quiere permanente, y los defectos estructurales se profundizan en una huida hacia adelante y hacia la nada que se verán agravados si nadie los corrige.

Pero, como decíamos, para afrontar los problemas estructurales que tenemos como país primero hace falta analizarlos y estudiarlos, hace falta crear foros rigurosos desde los que se creen las estrategias de reforma adecuadas y una línea clara de actuación política, social y económica. Para ello, claro, se necesitaría antes que nada un mínimo consenso sobre la propia conveniencia de hacer tales análisis, que no se difuminara en la verborrea constante de la crispación, y que nos permitiera ver con claridad el bosque de nuestras debilidades por detrás de los árboles de las decisiones ya tomadas, tanto particulares como colectivas y que, lamentablemente, ya no tienen vuelta atrás. ¿Seremos capaces? Me temo que no.

La presente crisis provocada por el coronavirus y la necesidad de mantener la distancia física entre nosotros, justo además cuando se constata con más fuerza la humana exigencia del contacto y unión, han provocado también un cambio brusco en la docencia universitaria. Miles de profesores nos hemos visto obligados, por la fuerza de las circunstancias, a adaptarnos rápidamente a la modalidad online para evitar que las consecuencias más lesivas de la paralización de la actividad presencial afecten al alumnado y su formación. El esfuerzo está siendo ímprobo por parte de muchos y hemos de recordar que nuestras universidades no eran antes semipresenciales o virtuales ni, creo, deberían serlo en el futuro cercano e inmediato. Y es que, como en toda crisis, las respuestas puntuales que se están tomando para paliar sus efectos pueden convertirse a la larga en estructurales y permanentes, aun cuando desaparezcan las causas de su excepcionalidad, por lo que corremos el riesgo de que la distancia y lo online, valga la reiteración, queden incrustados en el sistema de enseñanza superior. Pero, ¿por qué calificarlo como riesgo? ¿No es acaso una oportunidad para adaptar la Universidad a la sociedad y sus ritmos cambiantes? Desde luego esto es lo que en parte opina y defiende el profesor y ministro Manuel Castells, como ha quedado demostrado en una de sus últimas comparecencias, donde aboga por aprovechar esta excepcionalidad para una adaptación permanente de las universidades públicas a la bimodalidad online y a la semipresencialidad. Humildemente creo, no obstante, que ese no puede ni debe ser el camino si queremos seguir considerando a la Universidad, y a la Universidad pública, como reducto civilizatorio y motor de transformación social.

Como ponen de manifiesto Carlos Fernández Liria, Olga García y Enrique Galindo en Escuela o barbarie: entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, los estudios superiores no pueden estar al servicio de la sociedad ni deben adaptarse a la misma, por extraño y contraintuitivo que esto pueda parecer. La Universidad tiene que subordinarse a la verdad, al conocimiento y al bien común, no a la amalgama de intereses, muchos de ellos superfluos y espurios, que presiden el conjunto de relaciones sociales y económicas fuera de sus muros. Es la autonomía de la enseñanza, como transmisión de conocimientos objetivos y, por ende, independientes de un vano subjetivismo, lo que ha posibilitado que el sistema público de educación se convirtiera en una escuela de ciudadanía crítica y progreso.

Don Rafael Sánchez Ferlosio, a quien algunos echamos excesivamente de menos estos días,defendía la idea de la instrucción frente a una demasiada ambigua y abierta “educación”, pues es “justamente el rostro inexpresivo del saber por el saber el que hace nacer en el sujeto, de su propia mente, la opinión y la conducta que la educación querría meterle en la boca ya masticadas y bien ensalivadas”. Es el saber de los conocimientos transmitidos, de las categorías adquiridas, el que debe ser objeto primordial de la Universidad, no su supeditación a un concepto de sociedad no menos ambiguo que esconde, en su pretensión, el sometimiento del conocimiento a los intereses del mercado. En esta estrategia de “adaptabilidad”, que lleva fraguándose desde la irrupción neoliberal de los años setenta y que ya ha deteriorado hasta extremos insospechados a nuestro sistema público (LOGSE y Plan Bolonia mediante), cobra especial relevancia el formalismo pedagógico del “aprender a aprender” y del “enseñar a enseñar”, obsesionado a su vez con las nuevas tecnologías y su supuesta función de panacea para todos los problemas educativos habidos y por haber.

La inconsistencia de tales fórmulas ilustra a la perfección el ataque al ideal ilustrado de enseñanza y a los objetivos de emancipación social que antes entrañaba. La escuela, y más aún la Universidad, constituían el foro en el que el estudiante podía desprenderse de los prejuicios familiares y tribales que afuera le rodeaban; eran los espacios que le permitían alejarse de las exigencias tradicionales, culturales o económicas que le aprisionaban (la “sociedad”) para poder así relegarse en el mundo de libertad que sí permitía y alentaba el conocimiento objetivo, la verdad científica y la reflexión crítica. Y ello era posible gracias a que la transmisión de conocimientos se encarnaba físicamente en la relación empática entre el profesor y el estudiantado, en la presencialidad que permitía la reflexión, la crítica, el debate, la discusión y esa inclinación hacia el saber por el saber que, como bien decía Aristóteles, siempre ha sido connatural al ser humano. Pero esta realidad no era funcional a los intereses del capitalismo cognitivo, sediento de flexibilidad, ruido y adaptabilidad constante. Es decir, justo lo que proporcionan las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y aupadas por el “nuevo” (en verdad, ya antiguo y cansino) formalismo pedagógico.

Las tecnologías de la información y la comunicación han abierto unas posibilidades enormes para el enriquecimiento educativo, nadie lo pone en duda; es más, pueden ser instrumentos idóneos para el refuerzo de determinados contenidos y la necesaria complementariedad de las lecciones. Lo que no pueden de ninguna manera constituir por sí mismas el objeto y el medio preponderante de la enseñanza ni desplazar a la presencialidad, pues se le estaría privando a la transmisión de conocimientos de la particularidad que la diferencia, que no es otra que el mentado espacio empático de intercambio que sólo el cara a cara (el “ojo a ojo” que dice un gran compañero), posibilita e impele. Pero, además, la centralidad de lo online culminaría esa obsesión neopedagógica y neoliberal por la adaptabilidad y la flexibilidad, al ser los medios digitales los principales impulsores y receptáculos, por su propia naturaleza, de tales exigencias flexibilizadoras. Frente a la reflexión pausada, estática, consciente y concentrada que otorga el estudio sereno de los textos o de las lecciones de un profesor, la jerga pedagógica que sufrimos desde hace décadas prima el dinamismo, las flipped classroom, las competencias y los proyectos, todo bien aderezado por smartphones, tablets, power points con colorines y flechitas (la lista de nuevos fetichismos es interminable…). Frente a la concentración, requisito imprescindible para el saber, se defiende la interrupción constante de las pantallas. Todo lo contrario, por tanto, a aquel objetivo ilustrado de que el conocimiento de la verdad quede al margen de la subjetividad de cada cual y, sobre todo, del conjunto de intereses también individuales que conforman, cada vez más, nuestras renqueantes sociedades.

El conocimiento es la única riqueza que, al transmitirse, no se pierde. Lo que no puede transmitirse es el “aprender a aprender”, simplemente porque para aprender hay que aprender algo, y ese algo debe ser, en la medida de lo posible, lo verdadero o lo verosímil. Con fundamentos, con argumentos racionales, mediante la discusión y la enseñanza presencial de contenidos, no mediante el aprendizaje ludificado de formalismos vacuos y procesos tecnológicos a distancia, porque a la postre podemos acabar siendo, también, tecnológicamente idiotas.

De aquí la necesidad, para mantener mínimamente un proyecto ilustrado de universidad como estudio superior, de desterrar la excepcionalidad de la docencia online cuando esta crisis se supere. Si se hiciera lo contrario, si las universidades públicas se convirtieran en plataformas semipresenciales con un protagonismo destacado de la docencia online y los medios tecnológicos a distancia, el terreno para la victoria del sector privado estaría abonado (todavía más). Los centros privados, muchos más flexibles congénitamente que los públicos y, sobre todo, nada renuentes a menoscabar la enseñanza de contenidos en aras del puro formalismo pedagógico que ellos mismos financian, podrían adaptarse (otra vez el maldito palabro) con mayor rapidez y facilidad a lo que desean tanto el ministro Castells como la OCDE, la OMC y algunas cátedras de educación bien regadas por los fondos financieros. Y todo, claro, vistiéndose con los ropajes posmodernos del progreso, el nuevo ritmo de los tiempos y la puesta de la Universidad y la enseñanza al servicio de una sociedad que ellos mismos son quienes la modulan y quienes nos desvelan sus necesidades y metas.

Para este enésimo deterioro de la educación que puede acechar tras la crisis, conmigo, desde luego, que no cuenten.

Incontables veces se han dado por finiquitados los procesos históricos. La Unión Europea no cambiará, el sistema económico deshumanizador imperante es inamovible, la lucha contra el cambio climático es incapaz de cambiarnos a nosotros mismos… y llega de repente un pequeño, minúsculo virus, y abre las puertas de par en par al cambio de todo lo que se creía firme, de todo lo que se pensaba que era inmutable. Nuestro modo de vida, nuestro día a día, el conjunto de las relaciones sociales y económicas, todo ha sido paralizado por una amenaza que nos ha tocado de lleno en nuestro orgullo, en la autosuficiencia que creíamos haber conseguido.

Los griegos llamaban hybris a esa soberbia humana, a esa desmesura que hace en ocasiones olvidarnos de nuestra frágil condición y de nuestra subordinación a los retos que la naturaleza nos impone. Todavía es pronto para evaluar el impacto económico, social y político de la crisis sanitaria que estamos atravesando, pero de lo que sí podemos estar seguros es que esa hybris prometeica, ese orgullo desmedido, ha sido profundamente afectado en el corazón mismo de su lógica: la del movimiento, el derroche, el consumismo desenfrenado y el individualismo atomizador.

La sociedad del cansancio, de la que nos habla Byung-Chul Han, se ha convertido de la noche en la mañana en la sociedad de la quietud, en la comunidad que exige una responsabilidad cívica sin precedentes a todos y cada uno sus miembros. Resulta paradójico que cuando necesitamos más que nunca fortalecer los lazos comunes y reforzar la acción colectiva, no podemos ahora, precisamente, acercarnos unos a otros.

La palabra y el afecto a distancia, como el que muestran cada noche millones de españoles e italianos desde sus balcones, está activando resortes comunitarios que se creían hace tiempo apagados. La ideología neoliberal individualista, hegemónica durante las últimas décadas, nos había impuesto la lógica de la competición entre individuos considerados como átomos, aislados unos de otros en permanente lucha, sin colaborar ni cooperar. Y ahora, cuando físicamente más aislados estamos de verdad, es también cuando mejor y con mayor clarividencia nos percatamos de la ficción antinatural y antihumanista que nos impone aquella ideología.

El ser humano es un ser social, político, que necesita del “otro” para completarse a sí mismo, que es uno porque es también reflejo del otro. Ese es el fundamento de nuestra realidad social, como bien temprano vio Aristóteles, y es esa raíz la que el utilitarismo neoliberal intentó ocultar bajo un telón mugriento y aséptico de cifras, dogmas y principios supuestamente técnicos. Pero el telón se ha roto, pues su modelo no sirve para hacer frente a ningún reto colectivo, porque odia la acción común y la repudia. La lucha contra el coronavirus requiere precisamente de todos los elementos que se rechazan de plano en el sistema económico capitalista hoy vigente: el deber cívico y el compromiso colectivo, el cuidado de lo común y lo público sobre los espurios intereses particulares.

¿Se imaginan esta crisis con un modelo sanitario eminentemente privado que no diera cobertura a los más necesitados? Y eso que ya de por sí la emergencia sanitaria, incluso en España, está sacando a la luz la debilidad inducida a que hemos sometido a lo común y a lo estatal durante décadas de neoliberalismo. Hemos visto al principio a un Estado dubitativo, sin una capacidad de respuesta contundente, con una presencia en el territorio muy mermada, con acciones descoordinadas aquí y acullá en toda Europa. Pero ahora sí parece que el Leviatán, como dice Máriam Martínez-Bascuñán, está comenzando a despertar de su largo sueño.

El discurso de lo común y lo público regresa con fuerza por la misma necesidad humana de su existencia cuando surgen desafíos colectivos como los actuales, y lo canaliza un Estado con todos sus resortes que, aunque desengrasados y hasta quebrados, pueden seguir siendo útiles para la preservación del bien de todos. Porque he aquí la clave de nuestros días: la comunidad política debiera existir por y para un objetivo, el bien común y el interés público, y no para la satisfacción, como hasta ahora, de ambiciones particulares más o menos tamizadas de necesarias. No. Los vicios privados no son virtudes públicas. Las únicas virtudes son las que aúnan, en la mejor tradición aristotélica-tomista y ciceroniana, el compromiso individual con lo colectivo y el servicio de lo colectivo hacia el bien público.

Claro que del resurgir del Leviatán pueden desprenderse dos desviaciones que anularían sus efectos positivos. En primer lugar, que sólo se centrara en las estrechas costuras del Estado-nación clásico y que ello supusiera un repliegue nacionalista en detrimento de una necesaria visión supranacional y cosmopolita, como la que exige la naturaleza de esta(s) crisis, lo que a su vez nos habla de la inoperancia actual de alternativas aún más localistas y reducidas. Haría falta, por tanto, reforzar de una vez el papel político y social de la Unión Europea frente a su restringida concepción economista y mercantilista hoy vigente, al mismo tiempo que se articulen nuevos mecanismos de cooperación internacional entre todos los Estados del mundo y se fortalezca el sistema de las Naciones Unidas. En segundo y no menos destacado lugar, este despertar hobbesiano no puede derivar en una defensa autoritaria de lo estatal frente a la sociedad civil, como algunas loas que hoy se escuchan sobre el sistema chino parecen trasladar.

El nuevo comunitarismo, de darse, debe seguir teniendo como límite y fundamento la centralidad de la persona, su dignidad y libertad, y no añejas y trasnochadas concepciones esencialistas, identitarias y/o dirigistas. El discurso de lo público y lo común no puede servir de coartada para autoritarismos de nuevo cuño, neoliberales o no, ni para una reestructuración de las relaciones de dominación que aumente la impunidad de quienes más se benefician de la injusticia actual.

Si conseguimos aquel giro hacia lo común, con estas dos precauciones antedichas, podríamos estar en condiciones de iniciar el camino hacia un nuevo contrato social, más humano y humanista, menos utilitario y economicista. Que esta crisis sea, pues, una oportunidad para (re)comenzar la vida e impulsar todo aquello que nos une: los lazos de solidaridad, la fraternidad, los deberes cívicos y el bien común. Armas no sólo potentes contra las epidemias de hoy y de mañana, sino también contra todas esas ideologías deshumanizadoras que han permitido malvender el interés general a los intereses privados; que han adelgazado el Estado hasta hacerlo casi desaparecer; que nos dicen a cada minuto que debemos competir con el de al lado, no cooperar; que no quieren, en fin, que seamos conscientes del poder colectivo que podemos llegar a conseguir si nos unimos para hacer frente a los retos y desafíos que nos amenazan como comunidad.

Hoy es una epidemia (como las que llevan sufriendo otras partes del mundo décadas e incluso siglos ante nuestra generalizada indiferencia), pero mañana seguirán siendo retos urgentes la desigualdad, la pobreza, el calentamiento global y el deterioro de unas relaciones sociales que tienden a hundirse o en la despreocupación más anodina, o en el fanatismo más deleznable.

Cuidemos lo común porque, como ya viera con particular clarividencia la gran Simone Weil, individualmente somos frágiles, extremadamente frágiles. Durante mucho tiempo lo hemos olvidado: esperemos que esta vez, aunque sea por una vez, no sea así.

Desde que empiece este artículo hasta el final intente sólo leerlo, concentrarse en su comprensión, en el mensaje que quiere transmitir. No atienda a las vibraciones de su móvil, a los sonidos que nos rodean y a las interrupciones constantes de lo que debiera ser una lectura sosegada, tranquila y profunda. Posiblemente le sea difícil, y no es del todo su culpa: en los últimos tiempos hemos normalizado una vida de interrupciones constantes, de estímulos continuos que hacen huir a nuestra concentración. La facilidad de la comunicación escrita e instantánea, además, ha provocado que cada vez más huyamos de la conversación cara a cara, espontánea y física.

Estas dos amenazas, la instantaneidad de las interrupciones y el deterioro de la conversación personal, han sido pormenorizadamente analizadas por la profesora neoyorkina Sherry Turkle en su obra “En defensa de la conversación”, que no pretende ser un alegado antitecnológico sino, como su propio título indica, un aliciente para que recuperemos el valor esencial de la palabra hablada. Tras numerosos años dedicados al estudio de la comunicación interpersonal, Turkle nos alerta del fin de la conversación y de la erosión de la empatía que lleva aparejada. Y es que, y esta es quizá la tesis central de su exitoso libro, nunca un mensaje textual, por muchos emoticonos que contenga, podrá sustituir la capacidad de empatía que contiene la conversación, del tú a tú, de los ojos mirando a otros ojos y del lenguaje no verbal.

Una conversación que se pierde no sólo por el uso constante y abusivo de las nuevas tecnologías, sino también porque esa empatía personal que conlleva se quiere a veces, y conscientemente, evitar. Cuando nos sentamos uno enfrente del otro, mirándonos y apreciando los gestos de quien tenemos delante, emergen siempre situaciones espontáneas donde no somos capaces de prever el mensaje, de pensarlo con detenimiento o de editarlo, algo que sí nos permiten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La huida de la conversación es también, por ende, una huida hacia el refugio de la previsión y de la seguridad, un rechazo a lo más humano del ser humano, que es su capacidad de situarse en el lugar del otro y de convertir ese “otro” en uno mismo. De aquí en parte la crisis que viven las organizaciones colectivas de todo tipo, incapaces de articular modos efectivos de decisión y de integración de la diferencia, sumidas como están a veces en una lucha textual en mil foros y chats que bien podría apaciguarse con encuentros personales, físicos, donde esas diferencias deben entrar obligatoriamente por el ojal de la empatía.

Turkle no lo nombra (posiblemente no lo conoce), pero muchas de sus tesis fueron ya anticipadas por Quintiliano, uno de los grandes maestros de la retórica clásica. A pesar de haber nacido y vivido en la antigua Hispania romana (siglo I. d. C.), curiosamente es un completo desconocido en España y apenas se recuerdan sus famosas “Institutio oratoria”, hasta hace muy poco pendientes de traducción directa. En esta obra, el rétor hispanorromano elabora una reflexión que me gustaría compartir y que, unida a las de Turkle, reviste una insoportable actualidad.

Dice Quintiliano que el buen orador, el buen orfebre de la palabra, necesita para llegar a serlo cuidar antes su oído. Escuchar la palabra viva y la música antes de poder crear aquella y convertirla en un arte en beneficio de la comunidad política, se erige así en una condición insoslayable. ¿Por qué? Quintiliano aquí no se anda con sutilezas ni rodeos: sólo es posible la correcta comunicación si se da directamente y en presencia de los propios oradores que disputan y discuten. Es esencial escuchar al otro “físicamente”, pues en ese escuchar logramos ver el interior de la persona, sus aflicciones, sus preocupaciones más hondas, los gestos de sus manos y el destello de sus ojos. El debate cívico es el que se da entre personas que se escuchan, y que no sólo se leen.

La pérdida de calidad de los actuales foros de debate y decisión públicos puede deberse en parte, creo, al exceso de comunicación escrita vía internet que padecemos y que con tanto ahínco empírico trata de denunciar Turkle. Hemos visto cómo partidos enteros casi se desmoronan por un whatsapp mal entendido o por un Telegram incauto. Las discusiones bizantinas en las redes sociales, especialmente en Twitter, terminan casi siempre mal y con falacias o pretendidos argumentos de reducción al absurdo. Y es normal: lo escrito tiende a refugiarse en la seguridad de la autocomplacencia, y evita la incertidumbre espontánea de la conversación empática.

A todo ello añadamos la instantaneidad que nos acosa y que impide la concentración, el sosiego y la tranquilidad, requisitos imprescindibles para la lectura profunda y la aprehensión de conocimientos. Llevo pocos años dando clases en la Universidad, pero he podido comprobar cómo la capacidad de concentración mengua aún más con cada promoción, y cómo ese deterioro se traslada a una incapacidad casi sistemática de comprender categorías abstractas o de construir discursos críticos. Sin embargo, desde que he prohibido el uso de dispositivos en el aula, incluidos los ordenadores antes omnipresentes, el alumnado no sólo es capaz de concentrarse más en la lección que se imparte, sino que, libre de la instantaneidad y de las interrupciones de las diversas plataformas que antes tenía abiertas en la pantalla, ahora se atreve a tener una relación más empática con el profesor, a preguntar más, a criticar y sugerir nuevas perspectivas.

Debemos entre todos replantearnos la relación que tenemos con las nuevas tecnologías, y más especialmente en aquellos lugares, como en el aula, donde se exige un nivel más exigente de concentración. Sin abrazar postulados antitecnológicos radicales pero, como hace la profesora Turkle, siendo muy conscientes siempre del peligro que la instantaneidad y la comunicación eminentemente escrita comportan. Recordemos que en un principio los coches no llevaban cinturón de seguridad; fue la experiencia la que hizo que poco a poco se volvieran obligatorios. Hagamos lo mismo con la novedad actual, pensemos y diseñemos nuevos “cinturones de seguridad” frente a la velocidad tecnológica para conservar nuestras capacidades más humanas, más transformadoras y, por tanto, menos alienantes.

Existe hoy una imperiosa necesidad de volver a recuperar entre nosotros, y para nosotros, la capacidad de la concentración profunda y el arte de la conversación, el arte del escuchar tranquila y sosegadamente a quien no piensa como uno. Para eso, claro está, precisamos tiempo, reposo y, quizá, una buena cerveza delante.

Las elecciones generales se acercan en España y ninguna de las grandes problemáticas que afectan de verdad al conjunto de la ciudadanía está sobre la mesa. Llama especialmente la atención la ausencia del debate climático, y más teniendo en cuenta que la situación en la que nos encontramos ya, ahora mismo, en estos precisos instantes, es dramática. A la acumulación de catástrofes naturales se añade la evidencia palmaria a nuestro alrededor de las consecuencias más directas del calentamiento global. Escribo estas líneas a finales de octubre y principios de noviembre en manga corta y mientras el río más cercano, el otro gran Tajo, se ha convertido en apenas un riachuelo desfigurado. La emergencia climática no es un eslogan, es la descripción de una realidad cada vez más amarga y, sobre todo, real.

Las causas de esta catástrofe que ya es actual y no imaginada son de sobra conocidas y todas fácilmente identificables por la acción del ser humano; una acción que se desenvuelve, además, amparada y potenciada por un sistema económico ilógico, tendente a la hiperconcentración y al deterioro de todas las formas de vida. Los muros de nuestra “casa común” se desmoronan delante de nuestros propios sentidos, pero somos incapaces de reaccionar colectivamente, de manera drástica y determinante. Colectivamente, reitero, porque el cambio climático no es un problema individual, sino que afecta al conjunto de las comunidades políticas en las que vivimos quienes habitamos esta gran “casa común” llamada Tierra. Y es un problema que no puede ser tampoco solucionado individualmente, sino a través de la acción común y colectiva, es decir, a través de la política. Aunque sean loables y necesarios los cambios de comportamiento individuales, el freno drástico al cambio climático sólo puede venir dado por la toma de decisiones políticas de envergadura que afecten al corazón del sistema económico.

He aquí la primera clave de la cuestión: únicamente la defensa del bien común, que se identifica en este ámbito con la defensa misma de nuestra supervivencia, puede evitar que la emergencia climática se instale definitivamente y cambie por completo las condiciones mínimas de la vida humana. El compromiso contra el calentamiento global ha de ser también, de este modo, un compromiso político con la dirección del bien común que, hoy por hoy, se residencia esencialmente en el poder político de los Estados y en su concierto internacional. Las conductas aisladas y las muestras individuales de ecologismo no sirven para el objetivo último que se proponen si el sistema político, que es el que de verdad tiene actualmente capacidad de modificar los rumbos colectivos, sigue mirando para otro lado. Ante la emergencia climática de poco vale el aforismo de “soluciones locales a problemas globales”: se necesitan soluciones globales a problemas que son también globales. De poco o nada vale, asimismo, el espaciar esas posibles soluciones, en fragmentarlas o graduarlas, porque la emergencia es ya de tal envergadura y actualidad que sólo puede ser enfrentada con medidas correctoras determinantes y decisivas. Y aquí reside la segunda clave.

Si la acción ha de ser colectiva y común, política al fin y al cabo, y si esa acción ha de ser drástica y quirúrgica, ¿puede protagonizarla el poder político con el sistema económico actualmente vigente? La respuesta ha de ser necesariamente negativa por cuanto es ese sistema la causa y el impulso del mismo problema al que se le quiere dar solución. La respuesta ha de ser política para ser colectiva y decisiva, pero para ser ambas cosas necesita incidir en el corazón mismo del capitalismo. Cuando es éste el que controla y dirige a la política, y no al revés, el conjunto de soluciones para atacar radicalmente (de raíz) la emergencia climática se vislumbra inalcanzable, una mera ensoñación utópica. Si la causa de los niveles de contaminación insalubre en las grandes ciudades es el uso desmedido de los coches, ¿por qué no se limita radicalmente su utilización? Si las centrales térmicas son responsables de una parte considerable de las emisiones contaminantes que causan el calentamiento, ¿por qué no se cierran todas mañana mismo? Si las transnacionales esquilman los recursos del planeta y acaban con sus reservas biológicas más preciadas, ¿por qué la comunidad internacional, los Estados, no las frenan? Si nuestro modo de vida es incompatible con la vida misma, si los niveles de consumismo acelerado superan los límites biológicos de nuestro planeta, ¿por qué no existe una acción colectiva y política que incida en la necesidad de imponernos límites?

Por eso hemos de recuperar la preeminencia del bien común, del interés público, sobre la amalgama de espurios intereses privados que impiden la posibilidad de imponer un freno drástico a una emergencia que es también común a todo el género humano; una emergencia que no es sólo climática, sino también política. Y que está afectando de manera especial a los más pobres, a los desprotegidos, a los eternos olvidados. Millones de desplazados climáticos ya nos anuncian un infausto futuro (cercano), y no habrá bochornosas componendas ni inhumanas concertinas que puedan pararlos. El Papa Francisco, en su Encíclica ecologista Laudatio Sí, es claro al respecto: “La falta de reacciones ante los dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil.”

La sociedad civil se funda en la fraternidad, en la corresponsabilidad de una comunidad política compartida. De Aristóteles a Arendt, todos los clásicos del pensamiento político que nos han precedido lo han defendido, lo han reiterado. Y casi todos nosotros, ante una crisis que nos amenaza como especie misma, parece que lo hemos olvidado. No estoy hablando de ningún ismo, de ninguna ideología a la izquierda o a la derecha del espectro; estoy simplemente recordando que, si vivimos en comunidad, y lo hacemos porque somos animales políticos, el interés de esta comunidad está por encima de los beneficios económicos de una parte insignificante de sus miembros, por muy adinerados que sean. Es completamente irracional que el conjunto de las relaciones económicas y políticas se guíen, como se guían hoy, por el interés de unas oligarquías cada vez más concentradas y cuyo capital, por si fuera poco, se debe más a la suerte de la herencia parasitaria que al esfuerzo del mérito y la capacidad.

O enderezamos el rumbo colectivo de una economía pensada para unos pocos y que se cree separada de la política, aun dominándola con sus opacos y oscuros instrumentos, o no habrá solución a corto ni largo plazo para la gran y verdadera crisis que ya nos afecta a todos. La salida a la emergencia climática sólo podrá ser política, común; y esperemos que sea, además, democrática. De momento, y más en una España paralizada, se vislumbran pocas esperanzas.

El relato se repite en las televisiones europeas como una letanía: la de horas que tertulianos, periodistas y gobiernos dedican a la supuesta dificultad de rescatar personas (¡personas!) del Mediterráneo, y el poco tiempo que antes dedicaron a lo que nos ha costado, a todos, rescatar bancos y entidades financieras con miles y miles de millones de euros. ¿Por qué no hay una denuncia mayoritaria de esa relación? ¿Por qué son tan pocos los que se quejan públicamente de la contradicción de haber destinado una ingente cantidad de recursos al sistema financiero, a fondo perdido, y de negarse al mismo tiempo a rescatar a quienes nos piden auxilio desde nuestras costas? 

El ideario neoliberal no es sólo una fórmula de prediseñar el Estado para hacerlo funcional a los intereses privados, no es sólo un catálogo de privatizaciones y obscenos robos, sino también una nueva subjetividad que impregna la acción personal de un individualismo competitivo extremo. Esa ideología de la competición entre individuos está acelerando el olvido de lo que de verdad supone la democracia: el poder del demos, del pueblo, en la toma de decisiones colectivas y en la resolución de los problemas de la comunidad a la que pertenecemos.

Porque no somos átomos aislados, sino animales políticos que convivimos en comunidad y necesitamos del otro para realizarnos nosotros mismos. Una vida plena es sólo posible si se da con los otros, con una alteridad que el neoliberalismo pretende negar y demonizar como competencia, como insana carrera donde los obstáculos son quienes nos rodean.

El elemento cooperativo de la democracia, la comprensión del otro como parte indisociable de lo propio, es dinamitado por un ideario que además subordina el interés público de esa comunidad, el antiguo y hoy poco recordado “bien común”, a la concurrencia de intereses particulares. Así, no es de extrañar que cada vez que aparece un problema social que afecta a toda la comunidad la respuesta de quienes blanden aquel ideario y sus acólitos sea la del “y tú qué harías”. Pues miren, haría lo que intento hacer y lo que debería ser la norma en una democracia que quisiera predicarse como tal: participar en la comunidad, en esa polis olvidada, para cambiar colectivamente y mediante la voluntad democrática los problemas que individualmente son irresolubles. 

A los del “pues acógelos en tu casa”, en referencia a los refugiados que mueren en nuestras playas repletas de turistas: el individualismo neoliberal se os ha impregnado tanto en la cabeza que os habéis olvidado de que el bien público puede y ha de ser administrado por la comunidad política, por el Estado, del que deberíamos ser dueños con nuestra voluntad democrática. Si estoy a favor de la sanidad pública no quiere decir que tenga que instalar un quirófano en mi casa. Y lo mismo, si has estado a favor de rescatar con el dinero de todos a bancos y entidades financieras, eso no se traduce en la obligación de que pongas un cajero automático en tu cocina. Hasta qué punto se han normalizado estas expresiones nos habla del olvido intencionado de la primacía de lo político sobre lo económico, del bien público sobre los intereses individuales, de la comunidad sobre los estrechos límites de mi egoísmo. 

No, la respuesta ha de ser colectiva y depende del concurso de todos en la mejora de la polis, de nuestras esferas de copertenencia y, sobre todo, en la defensa de que las decisiones en ellas tomadas primen sobre las que se elaboran en oscuros despachos o altos rascacielos. Es un insulto al entendimiento decir, como algunos repiten, que el Estado italiano o español no tiene recursos suficientes para acoger a las personas que arriesgan y pierden sus vidas en el mar común. No es que no haya pan para todos, sino que el pan está muy poco repartido y se concentra en unas pocas manos, precisamente las mismas que salen indemnes de los debates antiinmigración.

Los que se llevan las manos a la cabeza por la obligación que tenemos de acoger a los que huyen de las guerras y de la destrucción suelen manifestar una sorprendente preocupación por el trabajo y el bienestar de los de casa, pero nunca se preguntan qué es lo que verdaderamente hace que ambos elementos falten ya en muchas familias españolas o italianas. Porque no es el mantero de la esquina el responsable de que en los barrios ricos de Madrid o Barcelona la esperanza de vida sea diez años superior a la de los barrios obreros, ni es el último que llega el culpable de que el penúltimo esté en esa posición y no mire hacia arriba.

Recuperar lo público y lo colectivo sobre los espurios intereses particulares de unos cuantos es recuperar la democracia que estamos perdiendo a marchas aceleradas y, con ello, volver a incorporar al otro a la comunidad, ya sea un inmigrante, un refugiado o nuestro compañero de trabajo. Igualdad, libertad y fraternidad… El último de los ideales de la Revolución francesa es hoy el más denigrado, el más pisoteado. Su eclipse es el fin intencionado de la solidaridad, de esos mimbres comunitarios y de autorreconocimiento que a todos nos deberían hacer sentir parte de una misma colectividad desde el respeto de nuestra personalidad única e irremplazable. Y la crisis de los refugiados y el pésimo papel que están desempeñando las instituciones no sólo nos habla de la disolución de esos vínculos, sino también de la inabarcable hipocresía de quienes presiden ese proceso, de los líderes políticos y sociales que abanderan el abandono de la casa común y de los prójimos más lejanos.

¿Qué hace Salvini con una cruz como collar al cuello? ¿Qué hace ese infame y mediocre politicastro enarbolando el Evangelio en sus mítines? Denunciemos su hipocresía, y que lo denuncie la propia Iglesia desde el púlpito, tan dada a veces a soflamas menos justas y más interesadas. “Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me acogisteis”, que empiecen todos los que dicen defender los valores cristianos de Europa por esta frase del Evangelio. Que todos los conservadores sean consecuentes con sus propios postulados y que conserven de verdad lo mejor de nuestra tradición europea: el predominio del bien común y la inclusión del otro como uno más de nosotros. 

En los últimos tiempos, en los más cercanos, la referencia de la llamada “España vacía” o “vaciada” es una constante en los medios de comunicación que, tras décadas de ominoso silencio sobre la despoblación, comienzan a tratar la cuestión con programas especiales y secciones específicas. Bienvenido sea este esfuerzo por poner en la agenda política el verdadero problema territorial de España, que no es otro que el de la desigualdad demográfica entre los diferentes puntos de una geografía castigada por el desempleo, la dispersión poblacional y la falta de infraestructuras, pero debería ser también tratada esa bienvenida con el recelo que despierta toda súbita revelación. Y es que, al margen de la oportunidad o no del término “España vacía” que ha logrado popularizarse, creo que subyace a este tratamiento mediático un error de enfoque que puede desvirtuar el propósito mismo, sin duda loable, de quienes se preocupan cada vez más por esta España nuestra que desfallece.

Veamos las últimas noticias al respecto. Comprobemos los últimos reportajes sobre la despoblación y los programas de televisión que se han realizado. Sólo se centran en aldeas perdidas a punto de desaparecer, vendiendo la realidad rural como una resistencia numantina de unos pocos héroes que aguantan la llamada de la urbe o que, hastiados de ésta, huyen al reencuentro de una esencia perdida. En estos últimos casos es todavía más palpable el halo de romanticismo que rodea a este tipo de coberturas mediáticas, y que parte de la distinción que realizó en su momento Ferdinand Tönnies entre “sociedad” y “comunidad”. Para el sociólogo alemán, la “comunidad” se refiere a todo el conjunto de lazos y vínculos sociales más naturales que se dan entre las personas, generalmente en el seno de grupos estables, pequeños y donde existe la posibilidad del reconocimiento mutuo. Es el humanizado mundo rural, en el que priman relaciones horizontales, solidarias y permanentes, el mismo mundo que en la época de Tönnies comenzaba a fenecer como consecuencia de la revolución industrial y el correlativo proceso de urbanización en Occidente. La “sociedad”, en cambio, es la construcción artificial, impersonal y anónima, donde la relación vertical es hegemónica y donde se han perdido o difuminado las relaciones humanas de fraternidad, sustituidas por la vertiginosa y anónima vida diaria de las grandes urbes. La “sociedad”, con la artificialidad del aséptico imperio de la ley, permite la división del trabajo, la competencia entre los mismos trabajadores y un individualismo extremo que se pierde en la masificación y la falta de reconocimiento social.

A pesar de su dualismo y de la generalidad de la división, ésta nos sirve para ilustrar el error de enfoque en torno a la España vaciada que apuntamos. Porque la perspectiva parte siempre de la ciudad, de la “sociedad”, que ve lo rural como una válvula de escape para sus problemáticas urbanas, para la artificialidad de las relaciones impersonales que en ella predominan. Por ello se busca la “comunidad” perdida, esa esencia de origen en el que todo es supuestamente fraternidad y humanidad, donde los individuos son, antes que nada, personas. Y por ello, en consecuencia, se prefiere siempre focalizar la cuestión de la despoblación en las aldeas a punto de desaparecer, en una ruralidad demasiado rural, casi cercana a lo medieval, donde aquella “comunidad” parece subsistir por fin en medio de artesanías o ancianos que conversan a la luz de la estufa. La búsqueda de la “comunidad” perdida termina mitificando el vacío demográfico mediante su identificación con el ideal-tipo de la aldea que resiste, cuando en verdad la clave de la despoblación de la mayor parte del territorio español reside principalmente en la crisis de los núcleos intermedios.

No estamos hablando de resistencias galas, sino de pueblos de entre 5.000 y 15.000 habitantes que han venido, históricamente, concentrando la actividad económica y social de las comarcas y que hoy, tras la crisis y los drásticos recortes, ven sus servicios públicos peligrar. Son ellos los que pueden dinamizar el territorio y asentar en él a la población de los núcleos cercanos más pequeños, pero no protagonizan ningún foco mediático, más preocupado por una visión romántica de los últimos vecinos de las pedanías que se desperdigan por la geografía y que sólo pueden ser salvados con la “llegada” de urbanitas hastiados con la gran ciudad y deseosos de volver a “conectar” con la naturaleza.

Detrás de esta visión existe un intento de “culturalizar” las posibles soluciones, que no vendrían ya de la creación y puesta en marcha de un plan integral de inversiones, o de políticas públicas diferentes que promuevan el desarrollo endógeno y abandonen el paradigma capitalista de la hiperconcentración, sino del aumento de “héroes” exurbanitas para que se retiren al campo a meditar como en un cuadro de Friedrich. Claro que en el mundo rural, incluidos en él esos núcleos intermedios olvidados, se dan más las características positivas de la “comunidad” según la división de Tönnies, y claro también que son bienvenidos todos aquellos que quieran cambiar de vida, pero la combinación de ambos prismas, unidos en una idealización romántica y en una “culturalización” de la problemática rural, no va a constituir nunca una respuesta contundente ni suficiente frente al reto demográfico.

Las necesidades de los ciudadanos que habitan en la mal denominada “España interior” están más conectadas con las exigencias del siglo XXI de lo que el relato neorrural pudiera dar a entender. Si conseguimos dotar de infraestructuras dignas a los núcleos intermedios y a las cabezas de partido judicial, con buen acceso a las TICs y una apuesta clara y decidida por nuevos tipos de empleo; si canalizamos públicamente las posibilidades de desarrollo endógeno al tiempo que impedimos la insana hiperconcentración de capitales, bienes, servicios y trabajadores en las grandes urbes, el mundo rural, la inmensa mayoría de nuestro territorio, podrá comenzar a recuperarse. Pero claro, todo ello exigiría un replanteamiento del ilógico e irracional modelo económico hegemónico, cuya española plasmación geográfica la encontramos a su vez en el “modelo AVE”, que conecta a las grandes ciudades peninsulares mientras abandona la conexión de todo lo que pasa alrededor y por debajo de la alta velocidad. Este cuestionamiento integral y radical de lo económico desde lo político no interesa en el tratamiento informativo de la España vacía, vacía por vaciada: se prefiere una visión de pura “comunidad” presta a recibir al urbanita o a sucumbir entre un bramido de falsas nostalgias. La “operación salida” es siempre, para muchos, “la operación llegada”, y mientras no se incorpore esa segunda perspectiva, la del “otro” que ya habita en lo rural, poco podrá hacerse. Parches se idearán, desde luego, pero el problema continuará ahí sin resolverse, acrecentándose en medio de una crisis climática sin igual cuya solución no va a venir, precisamente, desde las contaminadas macrourbes, por muchos huertos urbanos que se instalen.

Que los ciudadanos de un pueblo de Extremadura tarden más de una hora para llegar al hospital más cercano poco importa: para los periodistas de la neorruralidad, que hacen incursiones en el medio como si fuera Yugoslavia, lo interesante sería que los habitantes viejos y nuevos de nuestros pueblos se convirtieran en chamanes adoradores de la naturaleza y sus arcanos, últimos herederos de un linaje de personas, y no individuos, que llegaron un día a conformar una “comunidad” alejada del mercantilismo, el individualismo y la competencia desenfrenada. Anticipan así un olvido que pronto no tardará en llegar si entre todos, y con todos, no lo evitamos mediante un verdadero proceso de transformación económica, social y cultural.