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Sobre este blog

Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

La mariconez de la bandera

El humorista Dani Mateo simulando sonarse la nariz con la bandera de España

Gabriel Moreno González

De entre las numerosas polémicas infértiles que dominan la actualidad informativa de las Españas quisiera destacar dos de las más recientes, si es que algo puede ser hoy calificado como tal en medio de este mundo de las prisas y la instantaneidad. Me refiero a las que han rodeado al uso del término “mariconez” en una canción de Mecano y a la todavía más mediática que se ha despertado en torno al “sketch” de Dani Mateo con la bandera española. Porque hay entre ambas un hilo que las une, a pesar de las diferencias de matices que las separan: el neopuritanismo infantilista que se ha instalado en el espacio público español.

Se lleva denunciando desde hace tiempo, y desde diferentes ámbitos y sectores, el aparente declive del derecho fundamental a la libertad de expresión, atenazado por leyes sancionadoras cada vez más invasivas y un derecho penal desbocado. Y es cierto: el auge de los delitos de opinión y la expansión sin límites del derecho administrativo sancionador amordazan cada vez más a un derecho que no sólo es fundamental en su dimensión subjetiva, sino que es objetivamente una de las piedras de toque de todo sistema democrático. La necesidad de que el Parlamento, con los nuevos juegos de mayorías, acometa cuanto antes una reforma de este marco legal es perentoria y constituye, desde el prisma jurídico-constitucional, una necesidad insoslayable. Ahora bien, este denunciable y “nuevo” populismo punitivo, ¿no responde en verdad a pulsiones presentes en la mayoría de la población y reflejadas en (todos) los partidos? Porque en el fondo parece vislumbrarse cierto consenso último, entre las fuerzas políticas, en cuanto a la conveniencia de acudir al Derecho punitivo, ya sea en su vertiente sancionadora o en su dimensión penal, para combatir y modificar determinados usos, expresiones o manifestaciones sociales. Y este consenso no sólo se da en el ideario conservador o en el neoliberalismo autoritario, ya que también es algo común a ciertas posturas progresistas y de izquierdas. No sé cómo puede defenderse a ultranza la libertad de expresión si para limitarla utilizamos diferentes parámetros en función de lo que se diga y de quien lo diga. Llevar al Código Penal las expresiones malsonantes o endurecer nuestras leyes para determinado tipo de delitos creyendo que con más cárcel se soluciona algo, no son pretensiones compatibles con la postura, legítima y certera, de quien denuncia cualquier ataque a los derechos fundamentales.

El puritanismo de la expresión pública, que impide a quienes participan en el foro de lo mediático enunciar siquiera cualquier frase que pueda interpretarse como lesiva para determinados colectivos y grupos de interés, parece haberse incrustado en el imaginario social español y es lo que, en el fondo, constituye la miasma intelectual que da sustento a tanta punición. Lo políticamente correcto es trasunto, en ocasiones, de una verdadera mordaza que impide que el pluralismo político e ideológico se expresen en libertad y se confronten en el espacio público a través del debate y la deliberación, verdaderas esencias de la democracia. La paradoja del castigo jurídico constante reside, además, en que al evitar desde el inicio la formulación de determinadas opiniones, por muy reprochables ética, moral y socialmente que sean, se está impidiendo al mismo tiempo su combate dialéctico y regalando con ello un espacio, el del “afuera” jurídico, que potencia al máximo el conflicto. Sin embargo, cada vez son más numerosos los ámbitos en los que hemos de tener un exceso de cuidado en las expresiones y en el lenguaje mismo que utilizamos, por no hablar de las limitaciones apriorísticas que sobre el fondo del debate pesan con una intensidad mayor y que vienen impuestas por nuevos marcos mediáticos e ideológicos. La defensa de la libertad de expresión, donde más sentido cobra y donde más virtualidad proyecta, es precisamente en el corazón mismo de aquellas controversias en las que una parte se ha erigido en la verdad absoluta y niega a la otra la propia posibilidad de manifestarse.

Dice el gran maestro Rafael Sánchez Ferlosio que detrás de todo radicalismo subyace un exceso de significación en determinadas palabras, y hoy ese radicalismo se da en la infantil consideración de que todo término o acción puede ser interpretado como una ofensa. No es la vieja cantinela de que los tiempos pasados fueron mejores, es la constatación de una realidad que el propio Ferlosio podría ver en la actualidad: la mayor parte de los artículos que escribió para la prensa hace ya décadas, como su mítico “Ultraje a la paella”, hoy no podrían simplemente publicarse. Porque si se hiciera, tendríamos a legiones de colectivos y víctimas clamando venganza. Si malogradamente han querido sustituir “mariconez” por “gilipollez”, pudiendo con ello afectar al colectivo cada vez más amplio de gilipollas que habita entre nosotros, ¿qué no harían con un poema de Quevedo? “La voz del ojo, que llamamos pedo (ruiseñor de los putos) detenida, da muerte a la salud más presumida…” Es más, si llegaran a entenderla, ¿qué harían con la impetuosa prosa del ingenio ferlosiano?

La censura del puritanismo infantil, acomodado entre los suaves fardos de lo políticamente correcto, puede llegar a niveles orwellianos y, lo que no es menos preocupante, incidir en la elevación del agravio al abstracto como nueva moda social que cercena nuestra libertad de expresión. Agravio a la bandera, a un castell, a las castañas asadas o a la paella, cada día surge una nueva polémica en torno al mal uso, dicen, de la libertad de expresión y que tiende, al final, a limitarla. ¿Cómo el nacionalismo español puede verse agraviado porque un humorista haga el falso teatrillo de sonarse los mocos con la bicolor? Sólo puede ser entendible, más allá de la estulticia propia de sus militantes, si lo encuadramos en el marco general descrito que roza ya, ruego me perdonen, el absurdo. Porque detrás del infantilismo, detrás de la pataleta victimista y de los diferentes y muy varios agravios a lo abstracto (abstracta expresión), está el objetivo último de velar con polémicas y discusiones bizantinas los verdaderos problemas que nos aquejan. Es curioso que algunos pidan venganza y se enojen tanto con el episodio banderil, identificándolo como un ataque a España (¡España!) y a la Nación, y no vean motivo alguno de queja o denuncia en el robo del rescate indiscriminado a la gran banca o en la venta de los bienes y recursos esenciales del país al gran capital. Las controversias infértiles que alimentan la pulsión por la punición de lo que no se considera como correcto para determinados grupos sociales, y aun para la mayoría, tienden a esconder la realidad material que fundamenta los problemas concretos de un país cada vez más amorfo, sin sentido del interés público y encenagado en el plano de lo simbólico.

Intentemos por ello dar menos importancia mediática a lo que no lo merece, y libremos de una vez el espacio público de discusión de tanto infantilismo. Porque si lo conseguimos, tendremos más espacio (y más tiempo) para el debate y la defensa de aquellas ideas e instrumentos que sí pueden transformar nuestra realidad. Y ello sólo puede hacerse desde una protección verdadera, sin paliativos y sin hipocresía, de la libertad de expresión como clave de bóveda de nuestro sistema democrático.

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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

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