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Gabriel Moreno González

1991, Valencia de Alcántara. Premio Extraordinario de Bachillerato, Graduado en Derecho por la Universidad de Extremadura con Premio Extraordinario Fin de Carrera, Premio Nacional a la Excelencia Académica, Máster Universitario en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con estancias de investigación del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos (2014), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (2015), la Universidad de Sussex, Inglaterra (2016) y el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Heidelberg, Alemania (2017). Tiene diversos estudios publicados en revistas científicas y obras colectivas sobre las instituciones de gobernanza económica de la Unión Europea y su dimensión constitucional, materia sobre la que ha impartido diferentes conferencias en las Universidades de Alicante, Valencia, Complutense, Autónoma de Honduras, Politécnica de Nicaragua, Vigo, Castilla-La Mancha, Autónoma de México, Federal de Recife o Extremadura. Actualmente realiza el doctorado en Derechos Humanos y Democracia en la Universitat de València, en el departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política, del que forma parte como investigador predoctoral. Asimismo, es co-director del proyecto de jóvenes investigadores The Social Science Post, miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España y de La Facultad Invisible.

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La mariconez de la bandera

De entre las numerosas polémicas infértiles que dominan la actualidad informativa de las Españas quisiera destacar dos de las más recientes, si es que algo puede ser hoy calificado como tal en medio de este mundo de las prisas y la instantaneidad. Me refiero a las que han rodeado al uso del término “mariconez” en una canción de Mecano y a la todavía más mediática que se ha despertado en torno al “sketch” de Dani Mateo con la bandera española. Porque hay entre ambas un hilo que las une, a pesar de las diferencias de matices que las separan: el neopuritanismo infantilista que se ha instalado en el espacio público español.

Se lleva denunciando desde hace tiempo, y desde diferentes ámbitos y sectores, el aparente declive del derecho fundamental a la libertad de expresión, atenazado por leyes sancionadoras cada vez más invasivas y un derecho penal desbocado. Y es cierto: el auge de los delitos de opinión y la expansión sin límites del derecho administrativo sancionador amordazan cada vez más a un derecho que no sólo es fundamental en su dimensión subjetiva, sino que es objetivamente una de las piedras de toque de todo sistema democrático. La necesidad de que el Parlamento, con los nuevos juegos de mayorías, acometa cuanto antes una reforma de este marco legal es perentoria y constituye, desde el prisma jurídico-constitucional, una necesidad insoslayable. Ahora bien, este denunciable y “nuevo” populismo punitivo, ¿no responde en verdad a pulsiones presentes en la mayoría de la población y reflejadas en (todos) los partidos? Porque en el fondo parece vislumbrarse cierto consenso último, entre las fuerzas políticas, en cuanto a la conveniencia de acudir al Derecho punitivo, ya sea en su vertiente sancionadora o en su dimensión penal, para combatir y modificar determinados usos, expresiones o manifestaciones sociales. Y este consenso no sólo se da en el ideario conservador o en el neoliberalismo autoritario, ya que también es algo común a ciertas posturas progresistas y de izquierdas. No sé cómo puede defenderse a ultranza la libertad de expresión si para limitarla utilizamos diferentes parámetros en función de lo que se diga y de quien lo diga. Llevar al Código Penal las expresiones malsonantes o endurecer nuestras leyes para determinado tipo de delitos creyendo que con más cárcel se soluciona algo, no son pretensiones compatibles con la postura, legítima y certera, de quien denuncia cualquier ataque a los derechos fundamentales.

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El imposible retorno al pasado de la izquierda

En los últimos tiempos parece haberse instalado en el seno de la izquierda un debate complejo, amplio y rico, con múltiples matices, sobre la necesidad de regresar al campo de lo económico como eje central de lucha política. Desde algunos sectores se está comenzando a poner en entredicho la predominancia que los discursos y problemas culturales, simbólicos e identitarios han tenido para el espectro progresista en las últimas décadas, aun admitiendo que los mismos pueden complementar y enriquecer el objeto central de disputa, que no sería otro que las injustas relaciones de poder económico que se dan en nuestras sociedades. Bienvenido sea el debate, bienvenida esa nueva necesidad de pensar y de pensarnos que nos ofrezca nuevos instrumentos y nuevos conceptos para encarar los retos del presente y de un futuro cada vez más sombrío. Pero, como en todo giro, se corre el peligro de que el mismo no incorpore una novedad radical que lo haga merecedor de tal, sino una pretendida vuelta al reino feliz de los tiempos pasados que puede acarrear, a la larga, peores consecuencias que la indiferencia.

El último anuncio del partido laborista británico es sintomático. Nos presenta a unos trabajadores cansados de vivir en el extrarradio, cansados de la falta de certezas laborales y de salarios depauperados, y se nos promete como remedio un programa keynesiano de inversión, de empleo y de construcción. Un anuncio que podría perfectamente ser protagonizado por el Attlee de posguerra o por el Labour de los gloriosos treinta años del Estado social y de su capitalismo atenuado (1945-1975). Una vuelta a lo material, sí, pero que no nos dice nada sobre cómo afrontar los que, humildemente creo, son hoy los dos de los grandes desafíos a los que tenemos que enfrentarnos  y a los que la izquierda tiene que hacer también frente. Desafíos que no se daban con la crudeza de su realidad más palpable en esos treinta gloriosos ni en los vertiginosos comienzos de un Estado social al que ahora, ilusoriamente quizá, se intenta volver tras la luna de miel identitaria. Me refiero al cambio climático y a la deshumanización imperante en nuestras sociedades que es inherente a su atomización.

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Ratifiquen la Carta Social Europea

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, reza el primer artículo de la Constitución, aunque bien podría sustituirse por atávicas soflamas dada la aparente inoperancia de algunas de sus adjetivaciones. Las políticas neoliberales de los últimos años, nuestra inserción en una Unión Europea tamizada de ciega creencia en las bondades del libre mercado y la falta de voluntad política, han provocado una verdadera mutación constitucional y desvirtuado, de forma contundente, el apelativo de “social” que recibe nuestro Estado.

Y buena cuenta de ello lo da el insólito hecho de que, a día de hoy, el Reino de España se encuentre tristemente entre el grupo de países que, aun habiendo firmado la Carta Social Europea, no han ratificado las modificaciones introducidas en 1995 y 1996, que crean un sistema de control de cumplimiento de los derechos sociales y amplían, al tiempo, su catálogo. Si el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez quiere de verdad dejar su impronta en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos e iniciar un cambio de rumbo en la protección efectiva de los mismos, debería inmediatamente ratificar dichas modificaciones y así vincular, desde el presente, las posibles decisiones funestas que tomen sus sucesores.

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Un fantasma recorre Europa: la hipocresía

Matteo Salvini, el fulgurante líder de la Liga Norte y nuevo Ministro italiano del Interior, se considera a sí mismo católico y aparece en los mítines con un rosario en la mano. Una mano que, a su vez, no le tiembla al cerrar los puertos de su país a barcos repletos de seres humanos y al alegrarse, sin ocultarlo, de quitárselos de en medio como si de un triunfo deportivo se tratara. Sin embargo, su tocayo de hace más de dos mil años, el evangelista Mateo, recogía así las palabras de quien es considerado por el catolicismo, la religión que Salvini dice profesar, como el mismísimo hijo de Dios: “Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me acogisteis” (Mt 25:35).

En general, este patrón de contradicciones insalvables e hipocresía manifiesta se repite a lo largo y ancho de toda la extrema derecha europea. Desde los confines de la Rusia occidental a los grupúsculos de franquistas españoles, pasando por el Frente Nacional de Le Pen o por la AfD alemana, el neofascismo del viejo continente dice defender la comunidad y los valores tradicionales y benéficos aparejados a ella, pero no duda en apoyar las políticas neoliberales que fragmentan la sociedad y potencian el individualismo egoísta y la competitividad deshumanizadora. Se cree baluarte del cristianismo y su tradición acumulada durante siglos, cuando en verdad constituye el máximo ejemplo de ideario anti-cristiano y contrario a una mínima concepción de la dignidad humana.

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Recuperar la polis

Al contrario de lo que se suele pensar, en la Antigua Grecia el término polis no se refería a la ciudad como concepto estático o delimitador de la urbe, sino a la comunidad política, al conjunto de ciudadanos que la comprendía. Por eso Tucídides habla de polis cuando se refiere a los atenienses lejos de su ciudad en el transcurso de la Guerra del Peloponeso, y por eso Aristóteles puede abstraerse de las ciudades-Estado concretas para explicarnos su Política.

La comunidad de ciudadanos depende, por tanto, no de las fronteras geográficas constituidas por la metafísica de la Historia, sino del compromiso continuo de sus componentes en “un vivir y hacer” juntos. Lo que Ortega denominó como “proyecto sugestivo de vida en común” o Renan, quizá con menos acierto, como plebiscito cotidiano, no son más que derivaciones de esa concepción dinámica del demos que está, o debería estar, en la base de nuestros sistemas políticos. Ahora bien, para que ese sustrato de esperanzas conjuntas y deseos compartidos pueda nutrir a la democracia, se hace necesario que el horizonte de posibilidades esté abierto y que la política pueda operar en él sin excesivas ataduras. Y esto es, precisamente, lo contrario de lo que ocurre en la actualidad de nuestras frágiles democracias constitucionales, constreñidas por factores externos e internos de diversa naturaleza que impiden, al tiempo, poder desplegar una mínima autonomía de la política.

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España, problema de integración constitucional

Estamos inmersos ahora mismo en el peor de los momentos posibles que se dan en el interior de una crisis: cuando las trompetas de los proclamados victoriosos anuncian el inicio falso de su fin y comienza la indiferencia entre los afectados. Es entonces, es ahora, cuando los coletazos finales de la coyuntura se asientan, cuando cambian los paradigmas de la sociedad y se consolidan las visiones más regresivas. Ni la crisis económica ni la territorial han acabado en España, pero tanto el  neoliberalismo deshumanizador como una  perspectiva unívoca y anti-pluralista de nuestro marco constitucional parecen incrustarse cada día con mayor profundidad en un país hastiado y cansado de tanto atropello.

En el intersticio entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no acaba de nacer, al decir de Gramsci, se sitúa indefinidamente la cuestión territorial española, alargando y profundizando la situación de crisis generalizada en la que nos encontramos y añadiendo un factor diferente, genuino, a la desintegración del Estado Social que vive Europa. Esta particularidad nuestra, la de no haber conseguido aún solucionar y afrontar como se debiera los problemas inherentes a la estructuración territorial del Estado, no es nueva. Ya Ortega, con su peculiar clarividencia, advertía en los prolegómenos de la Segunda República que a diferencia de los franceses, ingleses o alemanes, para el español sigue habiendo un “problema primero, pleno y perentorio: España”. Los debates del pensador en las Cortes y sus discusiones públicas con Azaña son ya parte indiscutible de la historia intelectual y política de nuestro país, y no está nunca de más volver a ellas para dilucidar el alcance de la problemática e intentar desplegar un conjunto de soluciones realistas que le den fin.

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A nuestra democracia le falta lo esencial: poder serlo

Generalmente las referencias a las deficiencias de nuestro sistema democrático se centran en la parte superior de la pirámide, en las instituciones y los gobernantes. La corrupción, los defectos en el diseño de los poderes del Estado, la falta de independencia de algunos de sus más señeros órganos o las desviaciones de nuestro sistema electoral, son cuestiones que protagonizan la tan manida desafección ciudadana y las críticas al modelo político que rige España. Aunque los elementos anteriores no solo no carecen de importancia, sino que son determinantes en la permanente crisis en que estamos instalados, deberíamos también analizar si las precondiciones básicas de la democracia están presentes entre la misma población que le sirve de soporte.

La expresión de la voluntad popular y el juego alternante de las mayorías, en el respeto del Estado constitucional de Derecho, son elementos esenciales de cualquier sistema que quiera predicarse democrático, pero detrás de dicha voluntad popular ha de materializarse su formación reflexiva, dialógica y fundada. La democracia no consiste en el mero voto o en la emisión continua de opiniones, puesto que tanto uno como otro deben también haberse decidido en un contexto donde exista la posibilidad de un debate público sosegado; un debate que, por otro lado, se dé entre ciudadanos informados y con conocimiento del entorno institucional, social y político en el que sus decisiones se van a desenvolver. Pues bien, en esta última precondición encontramos la primera decepción.

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Partamos de lo concreto para reformar nuestra Constitución territorial

Decía Ortega que a lo largo de la historia de nuestro país había existido siempre una especie de “defecto ocular que impide al español medio la percepción acertada de las realidades colectivas”. Sánchez Ferlosio, con unas décadas de diferencia pero con no menos acierto, apuntaba  en un célebre artículo que la “inteligencia de los españoles iba degradándose a ojos vista” como consecuencia de esa fiebre indómita, muy patria también, por las peculiaridades distintivas y los hechos diferenciales. Una unión de ambas perspectivas, síntomas de una enfermedad ya centenaria, parece relucir hoy al calor de la nueva y enésima crisis territorial y de identidad misma a la que el país en su conjunto se ve abocado. Al tiempo ha surgido, en los últimos meses, un interesante debate en torno a la crisis de la izquierda española y a su aparente incapacidad de atraer para sí a los sectores populares en medio de la cuestión catalana y de la reafirmación de los nacionalismos de aquí, allá y acullá. Se dice, se pregona y advierte que la traslación del debate político a lo nacional ha terminado por cerrar “la ventana de oportunidad” (expresión manida y al uso) que en su día abriera el 15M y que catalizara, con sus imperfecciones y virtudes, Podemos y aledaños. Fenómeno éste, el de haber quedado fagocitados por la polarización y las pasiones banderiles que adornan nuestras calles, que puede deberse más que a elementos externos incontrolables, al defecto tradicional al que apuntaba Ortega y al haber podido caer, y no lo afirmo, en la tendencia un tanto estulta de la que nos advertía la lucidez de Ferlosio.

Sea como fuere, y el tiempo dirá, lo cierto y verdad es que ha habido determinados resplandores de clarividencia y se ha impulsado un debate rico que, lejos del a veces excesivo ensimismamiento de la izquierda intelectual, puede impulsar propuestas concretas que saquen a los proyectos políticos y sociales alternativos del letargo al que quieren condenarlos. En torno a tal debate, inacabado y seguramente inacabable en el corto plazo, creo que han de cobrar especial relevancia propuestas de reforma constitucional ambiciosas, como la que ha lanzado Carolina Bescansa en el interior de Unidos Podemos; relevancia que se justifica, en primer lugar, por haber sabido ver que todo problema político (sea nacional, territorial, económico…) ha de tener siempre una solución final traducible en términos jurídicos y, en segundo lugar, por haber concretado esa posible solución como propuesta y como invitación, desde el realismo de la misma, a la glosa y la discusión.

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La Constitución como trinchera del discurso político

La "cuestión catalana", sea lo que sea, ha sacado a la luz algunas de las concepciones que, arraigadas en el subconsciente de determinados sectores, evidencian las carestías de nuestra democracia y de los discursos que, con pretensión legitimadora, le dan soporte. Una de las más destacables es la que se refiere a la naturaleza misma de la Constitución, en tanto ésta se ha erigido en el Sursum corda de toda argumentación con el objetivo de neutralizar jurídicamente el campo de lo político, algo inalcanzable de por sí dado el origen político de todo Derecho. La proliferación del término "constitucionalista", que hasta ahora muchos creíamos etiqueta propia de nuestro gremio, esconde una visión unívoca y anti-pluralista de la Constitución y del marco político que ésta establece, donde el fantasma de Carl Schmitt se deja entrever entre las brumas de los discursos que intentan atrincherarla.

El polémico jurista alemán teorizó, durante la malograda República de Weimar, la tensión que existía y existe entre la Constitución normativa y lo político, donde en la primera se vertían, decía, las decisiones políticas fundamentales que constituían el Estado. Lo relevante del texto constitucional no sería la articulación de mecanismos para que las múltiples voluntades populares expresaran su pluralismo, ni la garantía de derechos fundamentales que amparasen a la persona y a las colectividades ante el Poder, sino la decisión misma de crear y preservar la unidad política y la existencia del Estado frente a sus potenciales enemigos. Lo importante era saber quién decidía en última instancia para salvaguardar el Estado, para defender esa gran decisión de existir como comunidad política; es decir, en el fondo, quién encarnaba la Unidad perdida con el liberalismo y con la democracia pluralista y fragmentaria.

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Aprender (y aprehender) el sistema: el suyo, y el nuestro

Uno de los retos principales a los que se enfrentan los sistemas democráticos en la actualidad viene determinado por la 'juridificación' de lo político. Y es que, en los últimos tiempos, buena parte de la esfera de debate se ha venido trasladando al mundo de lo jurídico con una clara pretensión de restringir el margen de lo discutible en democracia.

Detrás de esta mudanza en los planos de discurso subyacen múltiples y complejas causas, algunas de las cuales están insertas en la propia naturaleza del Estado constitucional contemporáneo. Así, la primera y más inocua es la que se infiere de la evolución de un sistema donde la Constitución se erige también en un programa positivo de máximos, con principios y valores que encuentran su concreción en el reconocimiento de una profusión de derechos que han de ser promovidos y sustentados por el Estado, lo que ha supuesto la expansión sin precedentes de lo normativo a esferas antes vedadas a la acción del Derecho. Si, mientras en el Estado liberal la Constitución pretendía ser un mero marco procedimental para la conformación de mayorías cambiantes y reversibles, en el Estado Social y Democrático la Carta Magna se rearma con su normatividad para intentar proyectarse, desde su sede, hasta el último rin

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