El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado esta semana en el Senado que el drástico descenso del voto exterior se debe “a lo mejor” a que los emigrantes españoles no quieren participar“ en las elecciones. De esta forma, echa la culpa a la ciudadanía emigrada de una situación provocada, única y exclusivamente, por las políticas gubernamentales.

El ministro Zoido ha ido un paso más allá en la desfachatez a la que nos tiene acostumbrado su Gobierno. Ante la interpelación de otro partido en el Senado sobre las medidas que debería adoptar el Ejecutivo para proteger los derechos electorales de los españoles en el exterior, el titular de Interior ha sugerido que, si el voto exterior ha descendido, quizá se deba a que a quienes hemos emigrado no nos interesa participar en la vida política de nuestro país, obviando así 6 años de voto rogado y de los esfuerzos de colectivos como Marea Granate para derogar la actual normativa electoral.

Con sus últimas declaraciones, Zoido ha faltado el respeto a cientos de miles de personas que se han quedado sin votar por un procedimiento injusto e inútil que su propio partido puso en marcha con el apoyo del PSOE, CIU y PNV a través de la reforma de la LOREG de 2011. Parece que el ministro se ha perdido las decenas de artículos y reportajes aparecidos en prensa de estos últimos años de intensa actividad electoral, en la que los medios han contando las historias de muchas, muchísimas personas, que quisieron votar pero no pudieron hacerlo.

Entre las numerosísimas iniciativas emprendidas por Marea Granate para denunciar esta ley y pedir su retirada, un ejemplo: solo en la web de #RescataMiVoto (en la que abstencionistas se ofrecían a donar su voto a personas en el extranjero que no podían o no sabían cómo ejercer su derecho) se inscribieron más de 10.000 personas en tan solo unos días. Entre los motivos esgrimidos por estas personas deseosas de votar, destacaban la falta de información, de medios o de facilidades administrativas... todos ellos, problemas que el Gobierno podría haber subsanado si hubiera tenido verdadero interés en hacerlo.

¿Suponen las declaraciones del ministro un cambio de estrategia del Partido Popular? ¿Empezarán ahora a decir que las personas emigrantes no estamos interesadas en política?

En concreto, Marea Granate, que aglutina a personas españolas emigradas a países de los cinco continentes, desde Japón hasta Alemania, pasando por Argentina, Australia o Estados Unidos, lo ha dejado claro muchas veces: somos un colectivo apartidista, pero fuertemente político. Nos interesa la política y todo lo que ocurre en nuestro país. Cuando aparecen casos de corrupción, nos siguen afectando igual aunque estemos lejos; cada recorte presupuestario en servicios sociales, cada ataque a la libertad de expresión, cada atentando contra los derechos de la ciudadanía, nos siguen indignando de la misma forma que si aún residiéramos en el Estado español, porque, por extraño que les parezca a nuestros gobernantes, algún día nos gustaría volver.

“La culpa no es del procedimiento”

Ha quedado más que demostrado que la caída de la participación exterior se debe al sistema de ruego. Desde Marea Granate hemos publicado diversos informes con la historia del voto rogado, su inutilidad y sus pésimas consecuencias.

A pesar de ello, Zoido continuó con la línea de su discurso: “No vayamos a echarle la culpa al procedimiento”, se atrevió a decir, y eso que la eliminación de este sistema fue el único tema aprobado por unanimidad en el Congreso tras las elecciones del 20D... aunque de aquello haya pasado ya más de un año y no se haya producido ningún cambio.

La pregunta, señor ministro, no es si queremos votar o no, la pregunta es por qué no han eliminado ya la ley del voto rogado. La pregunta es por qué siguen dándole vueltas al asunto si ya han reconocido que no funciona y han declarado que quieren reformarla.

Lo hemos dicho en todos los idiomas, de todas las maneras posibles, lo hemos cantado, bailado, gritado, nos hemos desgañitado de tanto pedirlo. Pero lo repetiremos una vez más: por favor, señores gobernantes, pónganse manos a la obra, cambien la ley electoral y déjennos votar de una vez.

Desde Marea Granate Londres impulsamos una nueva campaña informativa con el objetivo de llenar el vacío que hay en torno al Brexit y los derechos de los ciudadanos españoles en Reino Unido.

En estos meses previos a la activación del Artículo 50 que dará el

pistoletazo de salida

al Brexit, queremos crear un espacio donde el debate, la denuncia y las demandas concretas nos preparen de cara a las duras negociaciones por venir.

Esta campaña informativa no sólo se limitará a los españoles aquí, sino también a los británicos residentes en España, ya que entendemos

libre movilidad

y conservación de los derechos humanos como algo intrínseco a la democracia que va más allá de las fronteras.

Dijo una vez Winston Churchill, una de las figuras más célebres de la política británica y europea, que “el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”. Sin duda alguna, el proceso de referéndum del Brexit y su futura salida de la Unión Europea, a través del artículo 50 del Tratado de Lisboa, es todo lo opuesto a esta cita. David Cameron, el ya ex primer ministro del Reino Unido, y principal impulsor del referéndum que acabaría con el “Leave EU”, no predijo lo sucedido, pero tampoco ninguno de los políticos británicos de la actual primera plana han sido capaces de explicar qué es todo esto. Por otro lado, los principales impulsores del abandono de la UE, en el ala más conservadora y antieuropeista, han abandonado el barco, precisamente ante el miedo a caer en el vacío de la gran pregunta: ¿cómo se construirá un Reino Unido fuera de la Unión Europea? 

Evidentemente respuestas hay muchas, pero ninguna concreta. Sin embargo esta reflexión, por el momento, queda aparcada y en Marea Granate hemos decidido actuar en lo que a la población española que vive aquí le interesa. Esto es, ante todo, crear un espacio de información, debate y reflexión ante el vacío que existe en torno a las mil dudas que nos atañen a los que residimos en este país. Y qué mejor lugar para hacerlo que en Desde Todas Partes, esta vez, concentrándonos en los meses previos al inicio de las negociaciones del Brexit cuyo inicio está previsto para marzo de 2017. A lo largo de estos meses publicaremos una serie de artículos contando la situación de los españoles aquí, enmarcados en una lista de demandas y puntos básicos sobre los posibles efectos que tendrá el Brexit en el colectivo de inmigrantes españoles en el Reino Unido, y los temas fundamentales a seguir, en relación al momento político. El objetivo es salvaguardar los derechos laborales y sociales de todos nosotros y en muchos casos demandar mejorarlos.

Hemos recogido nuestras preocupaciones y demandas, desglosadas y explicadas con más profundidad, en un documento que podéis encontrar en la web de Marea Granate. Aquí os queremos explicar algunas, para abrir el “melón” de la reflexión e informaros de cuáles son los puntos fundamentales para evitar un descalabro en lo que a nuestros derechos se refiere. Estos son los tres puntos fundamentales en torno a los que vamos a trabajar, para impulsar que se respeten y mejoren nuestras condiciones. Además participaremos activamente en todas las reuniones que se están llevando a cabo en Londres, entre las distintas partes negociadoras, donde Marea Granate quiere aportar su grano de arena. Esto incluye desde la participación en la plataforma Another Europe is possible, hasta solicitar reuniones con la Embajada de España en el Reino Unido y reivindicar la inclusión de nuestras demandas en las comisiones parlamentarias que se están formando en el Congreso de los diputados para tratar esta temática. Aquí os dejamos las principales:

1.- Prioridades de cara a las negociaciones entre Reino Unido y la UE:

2.-Transparencia y participación ciudadana en las negociaciones

3.-Información y asistencia a los españoles residentes en Reino Unido

Es importante entender que en una democracia la idea de exclusión o pérdida de derechos sociales y laborales por ser de otra nacionalidad, no tiene cabida de ninguna de las formas. Todas las personas españolas que trabajan en el Reino Unido, muchas de ellas con contratos laborales precarios y muy cuestionables, forman parte de la sociedad británica, en cuanto son un elemento importante del funcionamiento de la misma. Pensar la democracia de forma exclusiva o categórica en función del país de origen - se recuerda que la Ministra de Interior británica Amber Rudd llegó a sugerir que se obligara a las empresas en Reino Unido a mostrar regularmente una lista con los trabajadores extranjeros - no deja de ser una idea que se aproxima mucho al nacionalismo más reaccionario y que resulta peligrosa para salvaguardar la democracia en buena salud, no solo en el Reino Unido, sino en todos los países del espacio europeo. En todo caso, parece que el proceso de separación de la Unión Europea será más largo de lo previsto, precisamente ante la ausencia de un plan político y social tras el resultado del “Leave” y por tanto se ha de entender esto como una andadura que va más allá de marzo de 2017 . Por esta razón es aún más importante informar y establecer los puntos fundamentales que nos interesan.

El objetivo, como hemos dicho, de esta serie de artículos es intentar llenar ese espacio informativo ahora vacío en torno al Brexit, compartir la reflexión y fomentar el debate sobre nuestros derechos en el Reino Unido. Abordaremos temas como el trabajo, la sanidad, la xenofobia, la inmigración, el problema de la residencia, la libre circulación, la transparencia y participación durante el proceso, y un largo etcétera. Una vez más, Marea Granate intentará dar voz a toda la ciudadanía española residente en Reino Unido, pero también nuestra intención es invitaros a pensar y manteneros informados al respecto de todo este plan improvisado y sin apenas líneas políticas claras que es el Brexit.

Estimado ministro Dastis,

Tras escuchar su intervención de ayer en el Congreso de los Diputados sobre lo que significa vivir y trabajar fuera de España hoy en día, desde Marea Granate no podemos dejar pasar la oportunidad de confrontar su realidad de ministro con la nuestra... de emigrantes.

Decía usted desde su escaño parlamentario y su salario de más de 5.000 euros mensuales que quienes salimos a vivir y a trabajar fuera de España lo hacemos por “iniciativa”, “inquietud” y “amplitud de miras”. Sin ánimo de ponernos “demagógicos” ni “apocalípticos”, desde que empezó la crisis allá por 2008, la inmensa mayoría de quienes abandonamos nuestro país lo hemos hecho, simplemente, porque no tuvimos elección.

Así que, no lo llame “iniciativa”, sino necesidad; no lo llame “inquietud”, sino desesperación; no lo llame, señor ministro, “amplitud de miras”, porque la decisión de partir no la tomamos para abrir nuestra mente a “nuevos horizontes” sino que nos vimos forzados a hacerlo para dejar de suponer una carga para nuestras familias, para contribuir a mantenerlas, y sobre todo, para poder aspirar a una vida digna.

Quienes hemos dejado el país en estos últimos ocho años, –un número aún indeterminado porque su Gobierno se niega a ofrecer estadísticas realistas y no la broma que son los datos del INE–, no hemos salido con un contrato de secretario en la ONU bajo el brazo como hizo usted a finales de los 80, sino que nos hemos ido con una mano delante y otra detrás, muchas veces sin trabajo y algunas con empleos que de precarios rozan la indecencia –como es el caso de las au pairs, versión 2.0 de nuestras abuelas cuando emigraban para servir como asistentas “en los años sesenta del siglo pasado”–.

Entendemos que su deformación profesional, como persona que ha forjado su carrera en política y en un medio social elevado, le impida comprender cómo emigra el común de los mortales, así que se lo explicamos: cuando finalmente encontramos un empleo, después de mucho sudor y lágrimas, no somos pocos quienes, con o sin título universitario, acabamos en la construcción, en la hostelería o en la restauración, con salarios y horarios ridículos.

Hay quienes llegan a conseguir el trabajo de sus sueños, cierto, pero a costa de estar lejos de la familias y los amigos, no temporal, sino permanentemente. Porque sepa que, pese a los programas de Retorno milagrosos que ustedes venden, muchos vivimos con la certeza de saber que no podremos volver.

Señor Ministro, es usted quien pinta “una realidad que no existe”. Desde antes de salir, ustedes ya nos ponen la zancadilla, primero, negándonos por no tener trabajo la asistencia sanitaria que nos correspondería al menos en Europa (¿pero cómo vamos a tener trabajo, si nos íbamos para buscarlo fuera?), y después, durante toda el periodo como emigrantes, desde los organismos consulares que, según usted, trabajan tan “eficaz y denodadamente”.

Puede que en tanto que alto diplomático le hicieran la ola al entrar en embajadas y consulados, pero la gente a pie de calle como nosotros, hace largas colas, escribe emails que nunca son respondidos, telefonea sin obtener respuesta, y recorre kilómetros –decenas, cientos e incluso miles– para poder hacer trámites, sobre todo desde que nos impusieron el voto rogado. Y no culpamos al cuerpo de funcionariado de todo esto, sino a su Gobierno, por no descongestionar la sobrecarga de trabajo que tienen al ser los emigrantes cada vez más numerosos. Unas embajadas y consulados que, por otro lado, cuentan con un largo historial de chanchullos, abusos de poder, todo tipo de malas prácticas, cajas b, cuando no simple y llana corrupción. La lista continúa, pero el espacio es limitado.

Por cierto que la orientación laboral que ofrecen estos organismos es escasísima o inexistente. Tan desprotegidos nos hemos sentido en infinidad de ocasiones que hemos tenido que crear, con cero euros de ayudas o subvenciones, Oficinas Precarias para suplir la falta de asesoría en trámites tanto al llegar a los países de acogida como cuando queremos volver a España, y para ayudarnos entre nosotros en casos de abusos laborales, que no son pocos.

Después de ver su intervención, hemos sentido sobre todo rabia e impotencia. Desde todas partes, lejos de nuestros seres queridos y justo en esta época del año en la que muchos ni siquiera tenemos el dinero o los días libres para volver a casa por Navidad, sus palabras nos parecen un despropósito. Decía usted que “irse fuera a vivir y a trabajar enriquece, abre la mente y fortalece habilidades sociales”, por supuesto; el matiz está en que esa no es la causa de nuestro viaje, sino la consecuencia.

Le invitamos a que empiece a leer el “Rincón Migrante” que desde Marea Granate hemos puesto en marcha para publicar historias personales de migrantes alredor del mundo, se hará una idea de lo que sufrimos sin apoyo estatal ninguno, y podrá ver que pese a que no dejen de repetirlo, no sólo somos jóvenes los que nos marchamos.

Para terminar, en tanto que responsable de Exteriores, le pedimos a usted y su Gobierno que dejen de frivolizar con nuestra experiencia y empiece a plantear medidas concretas para garantizar servicios y derechos a la emigración española. Cada día somos más y queremos recordarle una vez más que no nos vamos, nos echan.

Parece casi una broma que los artículos sobre el voto exterior empiezan a tomar un peligroso parecido con la circularidad temporal de la novela Cien años de soledad: sin chuleta, no hay forma de saber si el Arcadio mencionado es el abuelo, el hijo o el nieto; lo mismo sucede con el voto exterior: no se puede, sin chuleta, saber de cuál de las siete elecciones que se han celebrado desde el “loregazo” de 2011 (reforma de la ley electoral, LOREG) se habla cuando se menciona el impedimento de registro consular, las zancadillas generales del ruego, la llegada tardía de las papeletas, si es que llegan, o la consecuente ridícula participación electoral desde el exterior.

En todas y cada una de estas elecciones se han producido déjà vu inquietantemente calcados, salvo por las pequeñas diferencias marcadas por las instrucciones impartidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Un Ministerio que tiene la desfachatez de hacerse el sorprendido, de decir: “esto es intolerable y lo vamos a cambiar” o “no lo hemos cambiado porque no nos han dejado”, de forma tan cíclica como lo son sus despliegues de creativa artillería administrativa para torpedear a quien tenga la insensatez de intentar votar desde el exterior.

Ahora nos dicen que para las elecciones del 26J ha habido un incremento de 40.000 ruegos, y en Marea Granate nos gustaría pensar que, al menos un pedacito de ese aumento, se debe al esfuerzo hercúleo, gratuito y altruista que desplegamos cada vez que se convocan elecciones: paralizamos entonces nuestras vidas para asegurarnos de que no será por nosotras que se quede una persona sin votar. Elaboramos campañas de difusión de detalladísima información, nos enfrentamos, una y otra vez, a la desagradable fase de la resolución de las trampas y los abusos consulares, que los hay; damos soluciones a problemas difíciles, hablamos con la Junta Electoral Central cuando se nos plantean dudas y llamamos a las Oficinas del Censo Electoral (a quienes queremos hacer una mención especial de agradecimiento por su amabilidad incansable y su profesionalidad).

En una semana veremos si el aumento de ruegos se traduce en términos de participación, porque, pese a todos nuestros esfuerzos, en esta ocasión se nos han sumado las vallas del recorte unilateral, por parte de la dirección del INE de la retribución de las horas extra sin las cuales sería imposible tramitar el voto exterior y un consecuente aplazamiento de la fecha de envío de papeletas a los electores en el exterior: algunos aún esperan la llegada del sobre amarillo que transporta la voz que les dan en su país esas anheladas papeletas. En cualquier caso, las cifras de participación permanecerán dentro de los límites del ridículo democrático, dado que estamos hablando de tan sólo unos 150.000 ruegos, de los cuales apenas un cincuenta por ciento podrán llegar a votar.

Nada ha cambiado: así que desde hace cinco años vivimos la repetición de un guión irrisorio, donde las trabas se repiten y aumentan, el Ministerio las multiplica y luego se hace el sorprendido cuando las dificultades reaparecen... Y cada vez que alguien mueve un dedo para subsanar el desaguisado de la reforma de la ley electoral, el intento acaba aplastado con el manotazo impune de la mayoría absoluta.

Y entonces nos toca volver a empezar: volver a enfrentar los problemas de registro, de ruego, de llegada o no de papeletas, de descenso de la participación... y nos volvemos a encontrar, otra vez, con el “esto no me lo esperaba, algo hay que hacer” del Gobierno, y ya no lo soportamos más.

No, señorías, en Marea Granate no nos tomamos a broma el voto exterior. Créannos, ni uno solo de ellos. Y esperamos que ustedes dejen de hacerlo y cumplan con su simbólica promesa de apoyar la constitución de una comisión de investigación que, en diálogo y colaboración con los colectivos ciudadanos afectados, pongan fin a la escabechina del loregazo, para que se rompa, de una vez por todas, el tiempo circular y para que éste sea el último artículo sobre este tema.

Mientras escribíamos estas líneas, hemos visto publicada la noticia de que la Junta Electoral va a redactar un informe sobre la catástrofe del voto rogado. Esperemos que esta vez no se olviden de preguntar a quienes conocen la realidad, con sus pelos y señales, y saben lo que puede salir mal..., es decir, a los colectivos afectados, y desde luego, esperemos que quien reforme la ley electoral no se olvide de leer cada letra del informe que publicamos en octubre de 2015, no vaya a ser que nos encontremos con otro déjà vu y los legisladores hagan caso omiso de las pertinentes observaciones, como ya hicieron cuando la Junta Electoral, en su informe previo, advirtió de las consecuencias del ruego.

Lo dicho: por última vez.

Este último año hemos hecho mucha denuncia de las grandes dificultades para votar desde el exterior; a pesar de ello, las peores predicciones se consuman para estas elecciones generales, donde se producirá un mínimo  histórico de participación emigrante. A día de hoy han rogado el voto apenas un 7,6 % de un censo exterior no deja de crecer (un aumento del más de un 55% desde el comenzó la crisis). Algo más de la mitad de ese 7,6 % podrá votar finalmente, debido a las papeletas extraviadas que muchos aún esperáis. La enésima violación de nuestro derecho fundamental a la participación política. 

Posiblemente hayáis oído hablar de las irregularidades del voto exterior que existían antes y que justificaron la reforma de la Ley Electoral, o de que hasta los muertos votaban. Hoy os queremos contar en más profundidad qué propició dicha reforma, por qué se hizo en ese sentido, cuáles eran las irregularidades conocidas existentes y por qué denunciamos con tanta insistencia una artimaña de ingeniería electoral que ha sido un absoluto fracaso para nuestra democracia, pero un éxito total en su intención inicial: quitarse de en medio el voto exterior. Recordemos que en 2010, bajo el gobierno del PSOE, la reforma de la LOREG contemplaba la adopción de una circunscripción exterior, una provincia extra, para dar peso político adecuado a la emigración española. Hoy en día esa circunscripción exterior sería la tercera provincia del país, hecho histórico tristemente alcanzado la semana pasada.

¿Antes votaban hasta los muertos? ¿Qué pasaba realmente?

El derecho al voto emigrante, reivindicación histórica de la emigración y el exilio español,  fue reconocido en el año 1985. La primera chapuza burocrática no se hizo esperar: para elaborar el censo electoral no se realizó un registro nuevo, sino un volcado del padrón existente en ese momento no actualizado. Esto provocó que aparecieran en el primer CERA emigrantes fallecidos. Poco a poco, con el trabajo del INE, dicho censo se fue depurando, de forma que en 2008, segun un informe de la Junta Electoral Central, la incidencia de los fallecidos inscritos era mínima y las papeletas que se devolvían por esta causa eran un 0,45% de total de los envíos (3). A pesar de las cifras de este informe, ¿tan desmesurado era el voto de los muertos?

Desde que comenzamos nuestra denuncia del voto rogado nos ha sorprendido enormemente este discurso de culpabilización del emigrante, en lugar de apuntar a la verdadera problemática, un censo sin limpiar debido a un claro e importante fallo administrativo; mientras que se ha mitificado el voto de los muertos, puesto que no hay datos, estudios o contrastes estadísticos al respecto. Basta una búsqueda a la hemeroteca, a la cual os invitamos amablemente, para comprobar que, como insistía la Junta Electoral, el enorme escándalo del “voto de los muertos” no era tal. No negamos que existieran casos, como el de Hermensinda y su marido pero la repetición insistente en tertulias y en declaraciones de dirigentes políticos de este argumento, a modo de falsa excusa siempre, da que pensar. 

A menos que se quieran ocultar otros argumentos importantes sobre el escándalo del voto exterior. A menos que se quieran esconder gestiones masivas de votos fotocopiando documentación personal en comidas de emigrantes por el PP, elección tras elección, o por el PSOE; a menos que se quiera evitar hablar de inscripciones masivas de emigrantes en censos por parte de los partidos, de nuevo; a menos que no queramos que se mediaticen los ruegos tramitados en masa por personal próximo a instituciones, de hasta más de 200 solicitudes de golpe en ocasiones. Ruegos y solicitudes, sí. Porque el voto municipal se rogaba ya antes de la reforma electoral de 2010, y porque el ruego del voto no evitaba estas irregularidades, casi siempre en comicios municipales, de los partidos.

Todas estas graves incidencias, similares a algunas que vemos reproducirse dentro del territorio español, se gestionaban gracias a las redes clientelares de los grandes partidos en el exterior. Esta inmersión de los partidos en la emigración sigue existiendo a día de hoy, cuando vemos con sorpresa cómo hasta las elecciones a Consejos de Residentes en el Exterior, órganos ciudadanos donde está prohibida la participación de los partidos políticos, son cooptadas por dichos partidos. O cuando vemos los numerosos viajes en campañas electorales con destinos muy elegidos para recabar voto emigrante. La financiación de algunos de estos viajes del PP sale hasta en los papeles de Bárcenas, si habéis tenido la oportunidad de ver B, la película.

El sentido de la reforma de 2011

La reforma que se efectuó nunca atajó el problema técnico de la depuración del censo con el que se justifica hoy su implantación. De hecho, las inscripciones y bajas en el CERA siguen siendo un gran problema para los emigrantes españoles, como habréis podido comprobar quienes os hayáis tenido que ir o, una vez emigrados, hayáis cambiado de país y consulado correspondiente.

En el momento de llevar a cabo la reforma, el voto exterior se había convertido en un escándalo fomentado sobre todo por las prácticas sucias de los partidos. Y los mismos responsables del escándalo decidieron una salida “pactada” al mismo. Cuando se efectuó la reforma ya se sabía el resultado que iba a tener, porque como hemos comentado el voto exterior municipal ya se rogaba. La participación rondaba el 5% (¿os suena la cifra?) y la propia Junta Electoral avisó de que la reforma causaría “una caída de la participación y la crítica de los afectados”. Que ninguno de los partidos que articularon dicho cambio se excusen hoy diciendo que fue un error: el resultado era absolutamente previsible e intencionado, y el reservorio de votos en que han convertido a la emigracion se destinó a un saco de abstenciones forzadas por la ingeniería electoral que, en una situación de incertidumbre y de coyuntura futura posiblemente adversa, no perjudicaba a nadie y dejaba contentos a los partidos en el turno de poder. 

Esta legislación a disposición de los intereses de turno con el voto exterior en España es práctica habitual en nuestra historia. Suárez, por ejemplo, permitió votar a la emigración y exilio españoles en el referéndum por la democracia en 1977, sabiendo que el voto iba a ser favorable. Dos años más tarde, una modificación legislativa hizo que, en las elecciones generales, votaran 5000 personas del millón que estaba fuera. 

De la circunscripción electoral exterior, promesa de programa del gobierno de turno en 2010, nunca se volvió a saber, y el derecho al voto municipal, que había sido fruto de la mayoría de escándalos de gestiones de voto, se eliminó. 

¿Se han resuelto las irregularidades? 

A día de hoy, las irregularidades no se han resuelto, sino que se han convertido en una enorme problemática general para un censo que no para de aumentar. A la ley electoral implantada y sus efectos precalculados se suman las directrices administrativas, dirigidas en ocasiones por el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores, para imponer medidas al margen de la legislación aplicable, como ha sucedido con la denegación de inscripciones temporales o el requisito de presencialidad para determinados trámites. La plataforma de juristas dosmillonesdevotos.org ha denunciado recurrentemente todas estas incidencias sin que por ahora hayan tenido la más mínima respuesta institucional. La participación del voto emigrante será, casi con toda certeza, menor que nunca en unas elecciones generales desde que existe el derecho de voto. 

¿No somos tantos “españoles” fuera?

Por último, queremos hacer un apunte sobre el argumento recurrente de que “no nos hemos ido tantos” o que “parte de esos emigrantes no son españoles, sino inmigrantes retornados o hijos de antiguos emigrantes españoles”. Aparte de desviar el debate sobre migración forzada y su pérdida de derechos, y al margen de lo absurdo del empeño de cualificarnos como “verdaderos emigrantes españoles”, y de otorgar derechos constitucionales en base a la clase A o B de “españolidad”, repetimos una vez mas la inexactitud de las cifras oficiales para saber cuánta gente ha dejado el país en los ultimos años. Estudios diversos de la investigadora del CSIC Amparo Gonzalez-Ferrer, del Instituto de la Juventud Española, dependiente del Ministerio de Sanidad, y una búsqueda rápida de la Marea Granate en las bases de datos públicas de algunos de los países que nos acogen  muestran la infravaloración de las cifras oficiales consulares, que en algunos casos como UK o Irlanda son multiplicadas por un factor superior a 6. Dejémonos de falsas argumentaciones y preocupémonos por garantizar los derechos básicos de los ciudadanos y dimensionar adecuadamente los problemas sociales. 

Queremos una ley de voto exterior justa y garantista, pero la regulación especial que necesita el voto emigrante no puede ser la excusa, bajo ningún concepto, para disponer de él en función de los intereses políticos de turno. Comienza una nueva legislatura y para reformar la ley orgánica electoral harán falta, de nuevo, tres quintas partes de apoyo en ambas cámaras. No nos cansaremos de pedir una reforma democrática y transparente, basada en el diálogo, en la que participen los actores implicados a puertas abiertas. 

Por el momento, el 20D faltarán dosmillonesdevotos. 

No se conforman con expulsarnos de España, donde sus políticas de saqueo han condenado nuestro futuro si no que, además, nos han robado nuestros derecho al voto y a la sanidad

Estas navidades se cumplirán dos años de la pérdida del derecho a la sanidad pública en España de los emigrantes españoles. El cambio legislativo llevado a cabo en 2012, e introducido con toda intencionalidad un 26 de diciembre, en plenas fiestas, se unía al Decreto de Exclusión Sanitaria RDL 16/2012 aprobado el mismo año. De esta forma, la exclusión de más de 800.000 personas residentes en España se amplió para excluir a cientos de miles de personas más que nos hemos visto forzadas a emigrar para encontrar un futuro digno.

Ambas reformas sólo han buscado el cambio de nuestro solidario modelo sanitario, público y universal, para transformarlo en uno de “aseguramiento”, el modelo del mercado privado de seguros de salud, el cual no garantiza la misma sanidad para toda la ciudadanía, sino que nos divide y compartimenta en función de requisitos laborales, económicos y administrativos, y convierte la salud en un privilegio para aquellas personas que (por ahora) cumplen con dichos requisitos.

Nos han expulsado de España, donde las políticas de saqueo condenan nuestro futuro, robándonos la posibilidad de una vida digna aquí. No satisfechos, nos roban también nuestros derechos, nos borran del mapa políticamente, asegurándose que no votamos, y nos impiden el acceso al sistema sanitario. Les sobramos y nos condenan con todas sus fuerzas a la exclusión y al olvido. 

Al partir no sólo perdemos el derecho a la salud en nuestro país, sino que las múltiples irregularidades del Gobierno nos niegan, ilegalmente, derechos reconocidos fuera: nos expulsan sin la Tarjeta Sanitaria Europea por no ser trabajadores indefinidos, en contra de los acuerdos internacionales, entregándonos a cambio un papel que nunca aceptan fuera. En los mostradores del extranjero nos recuerdan que “España no paga” las cuotas de sus convenios, obligándonos a adelantar pagos que nunca vemos reembolsados. 

Cuando volvemos a casa, poco o mucho tiempo después de haber salido, de vacaciones, de visita a la familia o de retorno definitivo, nos encontramos con que nuestras tarjetas sanitarias están desactivadas, que no tenemos derecho a ver al médico, que para hacerlo hay que someterse a numerosos trámites administrativos, que se nos facturan las urgencias. Que nos hacen pagar, incluso para atender a nuestros menores. Un despropósito sin límites creado por sus leyes injustas.

A día de hoy, estas leyes excluyentes siguen vigentes en nuestro país, y las modificaciones administrativas que se han llevado a cabo tras la contestación social y el desastre producido no han solucionado el problema. Todo lo contrario, en muchos casos nos han olvidado como colectivo excluido, y en general han producido más desinformación y arbitrariedad administrativa en el reconocimiento del derecho a una atención completa, igualitaria, y en el acto y momento que sea necesaria. 

Por eso, desde Yo Si Sanidad Universal y Marea Granate relanzamos la campaña #VuelveSinSanidad, en la que os pedimos que nos ayudéis a visibilizar y denunciar nuestra exclusión. Si vuelves a casa estas navidades, pásate por tu centro de salud y verifica el estado de tu tarjeta sanitaria: si te han echado de la salud, cuéntanoslo en nuestro registro anónimo de exclusión sanitaria REDES. Si mientras estás de vacaciones necesitas ir al servicio de Urgencias y allí te encuentras con alguna traba administrativa, como por ejemplo, la obligación de firmar un compromiso de pago antes de ser atendido, cuéntanoslo también en nuestro registro anónimo de exclusión sanitaria REDES.

Necesitamos que registres cualquier exclusión sanitaria que hayas vivido para poder conocer qué está pasando y denunciarlo públicamente, saber cuáles son las comunidades autónomas donde se excluye activamente de la sanidad pública y compartir la información que tenemos acerca de cómo recibir asistencia sanitaria. 

Con este objetivo publicamos las primeras guías sanitarias que hemos elaborado para personas migrantes al extranjero, para dar información y facilitar los trámites de acceso a la sanidad en todas las fases de nuestra migración: qué hacer antes de emigrar, estando fuera dependiendo del país de acogida y al retornar a España.  

Nuestro sistema sanitario público no pertenece a ningún gobierno, sino que es parte esencial de nuestra sociedad y nos pertenece a todas. Acceder a él según las posibilidades económicas y administrativas de cada cual no es exactamente una modernización, sino un retroceso a nuestra historia predemocrática. El derecho a la atención sanitaria es un derecho social y humano  que nos hemos dado de todas y para todas. Hasta que no sea derogado el Decreto de Exclusión Sanitaria y tengamos una tarjeta sanitaria única e igual para todas las personas, seguirán robándonos un derecho fundamental para sostener la salud, las vidas y la comunidad.

Ayúdanos a hacer denuncia difundiendo esta campaña. 

Derogación del Decreto de Exclusión Sanitaria RD16/2012 y el resto de leyes excluyentes.

Nosotras Sí, y Siempre, Sanidad Universal. 

El pasado 27 de octubre, desde Juventud Sin Futuro, junto con Marea Granate, lanzamos la campaña “Vidas Nómadas” con el objetivo de dar voz a todas esas personas que se han tenido que marchar fuera de España para poder construir un futuro y vida dignos ya que aquí la falta de oportunidades y la precariedad laboral les impedían hacerlo.

Hoy lanzamos la segunda parte de esta campaña, en la que pretendemos visibilizar y denunciar la progresiva pérdida de derechos que estamos sufriendo tanto la ciudadanía que vive en España, como la que viven las personas que se han visto forzadas a salir fuera.

Por mucho que desde el Partido Popular hayan optado, como estrategia electoralista, por el discurso de la recuperación, las mayorías sociales sabemos que la crisis no ha pasado y que nuestra economía no ha mejorado. Llevamos cuatro años de recortes a golpe de reforma en los que hemos visto medrados nuestros derechos más básicos y nuestro futuro.

Han sido cuatro años de desahucios, de precariedad, de paro, de exilio. Han intentado quitarnos a las mujeres uno de los derechos principales: decidir sobre nuestros propios cuerpos, el derecho al aborto libre y gratuito. Nuestras mayores han visto disminuida su calidad de vida ya que han congelado sus pensiones. Nuestros padres y nuestras madres ahora tienen que trabajar más que antes para obtener los mismos ingresos que, en la mayoría de los casos son insuficientes para poder llevar un vida digna.

Además, a la juventud nos han precarizado y ninguneado hasta la saciedad. Si bien las condiciones laborales que había antes de la llegada del PP no eran las mejores (recordemos que el PSOE ya hizo una reforma laboral que nos afectó, y mucho, a la juventud), tras su reforma laboral somos muchas más las jóvenes que intentamos sobrevivir a base de trabajos temporales, contratos de prácticas y con contratos de formación; somos más las jóvenes que nos vemos obligadas a hacer las maletas para irnos del país dado que aquí la posibilidad de construirte un proyecto de vida digna son mínimas si no eres hijo o hija de, cosa que no es habitual entre la mayoría de la población. Vivimos en una sociedad en la que la desigualdad social es cada vez mayor ya que el 1% de la población es tan rica como el 99% restante, y eso es intolerable. 

Mientras tanto, mientras nos precarizan y nos aprietan el cinturón, a diario oímos hablar de nuevos casos de corrupción: los mismos que nos precarizan son los de la Gürtel, la Púnica y las tartejas Black. Y además, por si fuera poco, nos han robado, además de millones de euros, el derecho de poder expresar nuestra indignación, el derecho de manifestación. Su Ley Mordaza nos quiere calladas, nos quiere sin voz.

Todo esto pasa aquí, dentro de nuestras fronteras. Fuera, en el exilio, miles de personas han visto recortados sus derechos tan básico como son el acceso a la sanidad y al voto. Por un lado, al volver, si han pasado más de 90 días fuera, no tienen derecho a la sanidad pública. Por otro, les han arrebatado el derecho más básico de la democracia: el derecho a voto. Esto, la Mafia lo hace de dos formas: poniendo trabas para que las papeletas lleguen al exterior: en las pasadas elecciones autonómicas y municipales muchos consulados no recibieron las papeletas; y haciendo que las papeletas tampoco lleguen a su urna de destino. Se calcula que cerca del 95% de las papeletas que se emitieron desde el extranjero no llegaron a su colegio electoral. 

Son una Mafia organizada. Nos quieren sin voz y sin voto pero nos tienen combatiéndolos desde todas partes, con o sin sanidad, con o sin voto, porque nosotras y nosotros ponemos nuestra vida en el centro, no como ellos, porque a pesar de sus recortes y reformas, de su empeño en mandarnos lejos, somos capaces de cuidarnos y organizarnos para echarlos, para hacer que ahora, quienes hagan las maletas sean ellos.

Tengo 37 años y soy una de las muchas enfermeras que están trabajando en Reino Unido. Hace ya 3 años que emigré a Inglaterra en busca de un trabajo estable y digno, un trabajo que me permitiera hacer planes más allá de la fecha de finalización de mi enésimo contrato de trabajo en algún hospital público de España. Ya 3 años intentando balancear mi vida entre dos países, ganar esto sin perder aquello, difícil balance.

Para trabajar en Reino Unido como enfermera es obligatorio estar registrada en el NMC. El registro es un proceso lento y tedioso que cuesta unos 300€ y 5 meses de burocracia, más unos 150€ anuales de cuota de mantenimiento.

Se habla mucho del número de enfermeras que hemos emigrado al Reino Unido, pero pocas veces se dan números concretos, a pesar de que éstos son fáciles de obtener. Gracias a la Freedom of Information Act 2000 británica, Ley de Libertad de Información, cualquier persona puede solicitar información a los organismos públicos.

Según datos del NMC, el número de enfermeros españoles registrados desde el año 2008, momento en que empezó la mal llamada “crisis”, hasta la actualidad ha pasado de 970 a 6.606, un incremento del 581% en 7 años.

Este brutal incremento no es casual. Las reformas laborales aplicadas por el PSOE primero y el PP después, conllevan que cada vez más trabajadores nos veamos abocados al desempleo, a la precariedad laboral y a la emigración. En paralelo, las políticas sanitarias implantadas por los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos van encaminadas a infra-financiar la sanidad pública, para conseguir un trasvase de pacientes y dinero del sector público al privado. Ejemplo de esto es la contratación de menos personal sanitario del necesario y el cierre de camas hospitalarias, de manera que se crean listas de espera interminables y crece el enfado entre la ciudadanía, beneficiando así la contratación de seguros de salud privados.

España está a la cola de los países europeos en el ratio enfermero-paciente, hecho que conlleva un deterioro del servicio, reflejado en un aumento del riesgo para la salud. En un estudio publicado en The Lancet se concluyó que en los hospitales donde las enfermeras tienen un nivel de estudios superior y cuidan a 6 pacientes en lugar de cuidar a 8, la mortalidad es un 30% inferior. No estamos hablando de tardar unos minutos más en administrar un analgésico para calmar el dolor, estamos hablando de salvar vidas.

Las precarias condiciones laborales y el obsoleto sistema de contrataciones del sistema sanitario público español son también un incentivo para la emigración: contratos de 3 meses para cubrir las vacaciones de verano, contratos de unos pocos días en Navidad o Semana Santa, contratos incluso de un único día, llamadas a las 8 de la mañana para entrar a trabajar ese mismo día en un servicio en el que nunca has trabajado, etc.

Pero España no es el único país con un incremento importante del trasvase de enfermeros hacia UK, estamos entre los 5 primeros, junto con Portugal, Chipre, Italia y Rumanía. Una vez más, comprobamos el resultado de las políticas extractivas de los países ricos del norte de Europa hacia los países pobres del sur.

Todo esto no sería posible sin la colaboración de los sindicatos sentados en la mesa sectorial de sanidad, quienes firman los convenios que nos abocan a la precariedad laboral continua y al desempleo indefinido. Tampoco nos olvidemos que desde los Colegios Provinciales de Enfermería se promueve la contratación de enfermeros para países del norte de Europa, mientras que desde el Consejo General de Enfermería se desvía la atención con la “prescripción enfermera”. Todas piezas necesarias de un mismo puzle con un objetivo común.

Pero, ¿puede España permitirse perder más de 6.000 enfermeros? Hay 21.000 enfermeras desempleadas y las expectativas son peores. No es que España se lo pueda permitir, es que le interesa. ¿Cómo creen ustedes que va a bajar el gobierno central el número de desempleados si no es a costa de quienes emigramos?

Y no sólo es que nos utilicen para mejorar los números del paro, es que las emigrantes les importamos tan poco, que nos han robado nuestro derecho a la sanidad pública, nos han robado nuestro derecho a votar y nos han robado incluso nuestro derecho a retornar en condiciones dignas.

Mientras escribía este texto he comprado mi billete de avión para ir a casa durante las vacaciones de invierno. En Marea Granate nos volverán a llamar de una docena de programas de televisión para recabar testimonios de aquellos emigrantes que no podrán pasar la Navidad junto a su familia, como si nosotras sólo echáramos de menos a nuestros seres queridos durante esos 15 días. En un superficial anuncio navideño, unos chavales con maleta a las puertas de emigrar decían “…pero volveremos”. Yo les pregunto a ustedes… ¿En serio creen que vamos a volver?

Algunas tenemos claro que al gobierno central no le importa perder el gran capital económico que supone una emigración masiva de ciudadanas debido a las nefastas políticas laborales y sociales. Ahora sólo nos queda preguntarnos, ¿le importa a la sociedad española la gran pérdida humana que la emigración conlleva? Ya sabemos que al gobierno central les sobramos, ¿y a ustedes?

Han pasado más de dos años desde ese 7 de abril de 2013, en el que salimos a la calle para decir bien alto y claro que “No Nos Vamos, Nos Echan”. Teníamos el objetivo de señalar y denunciar que la salida masiva que se estaba produciendo por parte de la juventud de nuestro país tenía unas causas políticas, y que era un problema generalizado al que debíamos hacer frente. Han pasado más de dos años y todavía cada semana, cada mes, nos seguimos enfrentando a las despedidas, a los abrazos y deseos de buena suerte, a la amargura de saber que nuestra gente se va porque aquí no pueden iniciar ese proyecto que intentarán montar en EEUU, o dar clases como quizás puedan llegar a hacer en Inglaterra, o tener esa familia que acabarán teniendo en Buenos Aires. Eso siempre y cuando no sean expulsados de los países a los que se dirigen o consigan superar la precariedad que acompaña a todo emigrante. 

Han pasado más de dos años, y el único cambio que percibimos es que escuchar de la boca de tu vecina un “mi hijo se ha ido a Noruega a trabajar” ya no nos parezca algo extraño. Pero no queremos tomar como norma algo que debería darse solo como una elección vital de cada persona, y no como una obligación ante el hecho de que aquí no podemos ganarnos la vida dignamente. Desde que empezamos aquella campaña hemos planteado que tanto entonces como ahora nos obligan a elegir entre paro, precariedad o exilio, y que esa situación tiene unas causas y unos responsables directos. Nos marchamos de forma forzada porque las políticas impuestas por el PP y el PSOE, lejos de favorecer el empleo y asegurar un futuro estable y digno a la juventud de este país, lo que hacen es crear trabajos temporales y justificar el pago de salarios precarios. En definitiva, políticas que solo favorecen a los grandes intereses económicos y perciben al resto de la población como mano de obra barata, sin necesidad de garantizar sus derechos ni sus posibilidades de desarrollar proyectos de vida estables, y excluyen a toda esa gente que quiere trabajar o estudiar y construir un proyecto de vida en su país. 

A pesar de que esta situación se dé todos los días, no hay ningún estudio que refleje el número exacto de personas que se han visto obligadas a dejar su casa, su familia y su vida para irse a otro país. Por todo ello, y gracias a la ayuda de la Universitat Oberta de Catalunya, hoy relanzamos junto a Marea Granate esa campaña que ya iniciamos en 2013, ahora ampliada y corregida, bajo el nombre de Vidas Nómadas. Queremos seguir visibilizando y dando voz a todas las personas que han tenido que irse del país para buscar una oportunidad. Queremos también denunciar la enorme pérdida de derechos que esa emigración ha implicado, desde la pérdida del acceso a la sanidad hasta las enormes dificultades para ejercer el derecho a voto (desde 2011 rogado) en cualquier convocatoria electoral, tal y como denuncia Marea Granate desde hace meses.

Y por último queremos también acabar esta campaña planteando un derecho que vamos a exigir a todos los responsables políticos de este país: el derecho a construir una vida digna en nuestros lugares de origen. Demandamos que se haga efectivo el derecho a volver, a poder elegir el retorno a España bajo condiciones que nos permitan construir proyectos de vida. Se deben proveer los medios necesarios para ejercer este derecho y así poder recuperar a tanta gente que se ha ido y que es tan necesaria para construir el futuro de este país. 

Nos negamos a que toda la gente que ha tenido que abandonar su casa, dejando atrás a sus familiares, amistades y vidas, sean un fenómeno que se utilice únicamente para hacer spots publicitarios. Nos oponemos a que este drama social sea relevante tan solo para las personas afectadas mientras nuestros políticos lo ignoran. Denunciamos la actitud de un gobierno que, con el único fin de obtener rédito electoral, está más preocupado por invisibilizar las voces de aquellos a quienes condenan a salir forzosamente del país que centrado en ofrecer soluciones a una situación que ellos mismos han provocado. 

Es una cuestión de dignidad, justicia y futuro para toda la sociedad que esta situación sea reconocida y estudiada, que consigamos que desde las instituciones se tomen medidas para garantizar derechos tan básicos como la sanidad o el voto, y que aseguremos que en el futuro todas las personas que han tenido que irse fuera puedan volver. 

Mi generación ostenta un curioso récord: hemos sido emigrantes antes incluso de intuir que tendríamos que irnos de nuestro país. Yo, por ejemplo, llegué un 2 de abril de 2013 a Montevideo, pero en realidad mi emigración comenzó, sin yo saberlo, casi 2 años antes, el 23 de agosto de 2011. Recuerdo bien ese día. En Valladolid, mi ciudad, se paraba un  desahucio, y el grupillo que estabamos a cargo de las redes alucinábamos viendo en directo cómo PSOE y PP votaban en bloque la reforma del artículo 135 de la Constitución: en un par de horas quedaba consagrado el déficit cero y se daba a la prioridad del pago de la deuda el rango de dogma. Sin debate previo y, desde luego, sin referéndum. El PPSOE imponía el mayor austericidio de las últimas cuatro décadas, y con él nuestra emigración. O nuestro exilio, como preferimos llamarlo muchos de nosotros. 

Somos conscientes de que es arriesgado plantearlo así porque, de un tiempo a esta parte, mucha gente (por descontado de derechas pero también perteneciente a la izquierda verdadera de toda la vida) se pone muy nerviosa al oír esta palabra. Pero es exilio económico porque, aunque sorprenda, nuestra emigración no es fruto del cambio climático, de una erupción volcánica o de cualquier otra catástrofe natural, inevitable e imprevisible. No, estamos a miles de kilómetros de nuestras casas y de nuestras familias por una decisión política. Y dicha decisión la representa como nada la imagen del tablero de voto del Congreso de los Diputados, con el PPSOE tiñendo de verde un cambio constitucional que consagraba el austericidio si no con nocturnidad, sí con alevosía: ese día, sin saberlo, volvimos a ser un país de emigrantes. 

Montevideo es linda. Tiene hermosas playas, un montón de arquitectura art-decó y mucha gente buena. También hay una sede del PSOE (y otra del PP, por supuesto: las desgracias nunca vienen solas), a la que acudimos con motivo de la visita que el ex presidente Zapatero hizo a Uruguay. Cuando apareció y comenzamos a silbar y a recordarle que no, que no nos ha representado nunca, una señora nos dijo muy disgustada: “pero si el PSOE está con los emigrantes, que lo ha dicho Pedro Sánchez”. Señalaba una foto en la que el interfecto, con sonrisa profidén, prometía cambiar la ley del voto rogado. No es lo único que Pedro Sánchez ha prometido cambiar: Twitter mediante (porque él es un candidato moderno, no lo olviden) también se  arrepiente mucho de su voto en aquel día de verano de 2011, de haber inflado la burbuja inmobiliaria o de primar los desahucios expeditivos sobre los derechos de las personas. Y para ello apela a nuestra comprensión. Que se equivocaron, nos dice compungido. Y que bueno, que eso pasa, pero hay que mirar para adelante y -sobre todo- votar al PSOE. O al menos no hablar mal de él. Y menos si eres emigrante, o exiliado (económico), no vaya a ser que recordemos todos de pronto qué decisiones nos han traído hasta aquí y quiénes las han tomado. 

Pero lo llevan crudo: del PSOE lo único que esperamos es que pida perdón, entregue las sedes y se disuelva (o se amalgame definitivamente con el PP). El resto es palabrería de quienes tuvieron una oportunidad histórica y antepusieron la razón de régimen al bienestar colectivo: hoy nosotros seguimos emigrados (o exiliados) y ellos continúan sin representarnos. Y no lo harán jamás.

La introducción del voto rogado por la reforma de la Ley electoral en 2011 implica que el envío del voto se tenga que hacer por correo certificado. En algunos casos, los gastos deben ser adelantados por el elector, que tiene que pedir expresamente, junto con su voto, el reembolso del importe. No obstante, la devolución del coste del voto no llega y, además de tener que rogar un derecho como es el voto, los emigrantes españoles deben también pagar por ejercerlo. A continuación presentamos dos casos, simples ejemplos de multitud más, en los que el reembolso no llegó y que la falta de información ha sido uno de los protagonistas.

El primer caso es el caso de Marta, emigrante española en París, inscrita como residente temporal en el ERTA para poder votar en las elecciones al Parlamento catalán, el 25 de noviembre de 2012. “La solicitud del voto la hice en el consulado el mismo día de inscripción en el ERTA y la recepción de las papeletas se retrasó a causa de la impugnación de una candidatura”.

Para los no residentes, es obligatorio votar por correo y no se puede hacer en el consulado. No obstante, el sobre de voto no es franqueado y hay que adjuntar al voto la solicitud del reembolso firmada. Este documento se encuentra bajo una línea de puntos a recortar en la parte inferior de la hoja de instrucciones, que de hecho no queda muy visible para el elector. 

“Así pues, en el sobre con mi voto, junto con él y la documentación que se pedía, incluí la solicitud de reembolso del importe del franqueo, que en mi caso fueron de 5,07€”.

Si bien votar fue fácil, recibir el reembolso fue imposible. “En el consulado me dijeron que esperara un mínimo de seis meses para recibirlo. Después de un año de espera, escribí al Instituto Nacional de Estadística comunicarles mis problemas con el reembolso y me respondieron que tenía que comunicar a Correos. Éstos me mandaron una respuesta sorprendente, ya que me enviaron que otra persona con el mismo apellido que yo y que vive en Francia ya había recibido su reembolso”.

Lógicamente esta respuesta no resolvía el problema, además de la indignación por la poca profesionalidad del Servicio de Atención al Cliente de Correos. “Volví a escribir para señalar el error y que por favor dieran respuesta a mi problema”.

Un mes más tarde, llegó la respuesta final de Correos, indicándo que después de consultar a la Generalitat de Catalunya no había constancia de la solicitud de reembolso. “Al no comprender cómo se me podía decir que no había este documento, escribí al Area de Procesos Electorales de la Generalitat para que me dieran respuesta al problema. Su respuesta fue que tras la búsqueda de mi solicitud de reembolso, ésta no se encontraba en el Departamento y que ”por alguna razón que desconocemos su solicitud de reembolso no ha llegado a la Junta Electoral Provincial“ desde donde se tendría que haber transmitido las solicitudes al Departamento.”

Mónica llevaba unos meses en Oslo cuando votó como residente temporal en las elecciones europeas del pasado mayo. “Seguí todas las instrucciones y envié mis papeletas en plazo, incluyendo el resguardo en el sobre. Votar desde Noruega me costó unos 20€.”

Tras varios meses de espera y sin noticias, decidió buscar información sobre el plazo, el procedimiento de reembolso o alguna dirección a la que preguntar o reclamar: “busqué en la web infoelectoral, en las páginas de los Ministerios de Interior y Exterior, en el BOE... nada, en ningún sitio aparecía información.”

Así empezó un periplo de emails y solicitudes de información a distintas instancias, de las cuales ninguna pudo explicar cómo se debería producir el reembolso, cuándo, o a quién reclamar si el plazo vencía. “Se fueron pasando la cuestión de unos a otros y al final nadie sabe nada y nadie devuelve nada.”

“Del Ministerio de Interior me remitieron al e-mail de infoelectoral. Estos me contestaron que el plazo era de 100 días: para entonces ya había vencido. También me dijeron que el procedimiento de reembolso se explicaba en la web. Falso. Les respondí que me había leído íntegra la página y dicha información era inexistente, pero no recibí respuesta. Pregunté en otro email a quién tenía que reclamar, y esta vez trasladaron mi mensaje a Correos.”

Esperando por la respuesta de Correos pensó que en la embajada podrían saber algo; pero al parecer sólo pudieron sugerirle que contactara con su Ayuntamiento. El Ayuntamiento por su parte respondió rápidamente que “no se paga nada por el voto por correo y este Ayuntamiento nada tiene que ver con lo que nos comenta en su mensaje.”

“Tras semejante momento surrealista volví a la pista principal e insistí con Correos, y esta vez pareció que iba a conseguir algo, ya que me preguntaron por mi código de envío y el país desde el que se realizó. Pero a la semana Correos zanjó el asunto con un ”Le informamos que estamos tramitando los pagos de todas las solicitudes recibidas en plazo“, un email además escrito en distintas tipografías y colores: obviamente un copia-pega ¡y para escribir una línea! Me pareció el colmo de la desfachatez”.

En diciembre, aún sin noticias, volvió a insistir. La respuesta fue idéntica. “Lo que sí me han enviado ha sido la encuesta de satisfacción para valorar el servicio”, comenta con sorna.

Su último recurso ha sido interponer una queja ante el defensor del pueblo, y está a la espera de resolución. Pero lo cierto es que un año después no ha recibido el reembolso, Correos se lava las manos y ninguna administración ha respondido. “Ya dudo hasta de si mi voto llegó y fue contabilizado. Lo peor es que, con escaso temor a equivocarme, intuyo que no soy un caso aislado.”

Toda democracia que se precie celebra y fomenta la participación de sus ciudadanos en las elecciones. Sin embargo, no parece ser este el caso en nuestro país, donde la violación sistemática del derecho al sufragio desde el exterior se incrementa a medida que avanza el calendario electoral.

Como ya hemos explicado anteriormente, para poder ejercer nuestro derecho al voto, los emigrantes necesitamos estar inscritos en el consulado con muchísima antelación para ser incluidos en el censo electoral (cuatro o cinco meses dependiendo de la convocatoria de elecciones). Ahora bien, el censo electoral vigente para las elecciones del 24 de mayo (de residentes ausentes o CERA) se cerró el 31 de diciembre de 2014 sin previo aviso por parte de las administraciones. No solo no se informó, si no que durante las semanas previas a dicho cierre se nos negó rotundamente desde los consulados que el censo fuera a cerrarse.           

Teniendo en cuenta el cierre prematuro y sin previo aviso del censo CERA, escasas opciones nos quedaban a quienes quisiéramos votar: bien inscribirnos como residentes temporales (no residentes o registro ERTA), o bien reclamar de forma presencial en los consulados nuestra inclusión en el censo de residentes ausentes (CERA). Sin embargo, estas dos modalidades de voto tienen consecuencias muy diferentes: el registro ERTA permite conservar la cobertura sanitaria en España así como el derecho al voto en elecciones municipales; el registro en el CERA, por contra, impide la participación en las elecciones locales y abre la puerta a una eventual baja en el sistema sanitario español.

Desde las pasadas elecciones andaluzas, los consulados están denegando la inscripción a muchas personas que acuden a registrarse como residentes temporales. El Real Decreto 3425/2000 en su Artículo 5.3 establece que los inscritos como temporales “causarán baja cuando conste que han abandonado la demarcación consular o cuando haya transcurrido un año desde su solicitud de inscripción. Si transcurrido un año, hubieran fijado su residencia habitual en la demarcación consular, deberán solicitar su alta como residentes”. 

A pesar de que la ley no establece los criterios para inscribirse en calidad de residente temporal (más allá de la fijación de la residencia en el país a partir de un año), durante este mes de abril en Marea Granate hemos recibido numerosos casos de personas a las que se les ha denegado la inscripción como residentes temporales aún llevando menos de un año residiendo en el extranjero. Entre estos casos se encuentra Sara, emigrante en Londres, a quien obligaban a firmar una declaración jurada para demostrar que llevaba menos de 2 meses en el país. Dado que había llegado hacía algo más de tiempo, no le dieron más opción en el consulado que inscribirse como residente permanente, con todas las consecuencias que ello conlleva como, por ejemplo, no votar en las elecciones de su municipio en España. Otro ejemplo es el de Álvaro, en Brasil: le negaron la inscripción como temporal por llevar más de 6 meses en el país pese a estar allí temporalmente por estudios. Asimismo, se está impidiendo la inscripción como residente temporal a todas las personas que alguna vez estuvieron registradas como tal en el pasado, ya fuera hace 5 ó 10 años, hubieran regresado a España o su anterior país de residencia fuese otro. Ninguno de estos criterios está recogido en la ley que regula la inscripción temporal.

Toda esta cadena de irregularidades solo se explica gracias a la información que ha ido llegando a Marea Granate a través de los trabajadores de los consulados. Estos han recibido instrucciones por parte del Ministerio de Exteriores de denegar la inscripción como residente temporal a todas aquellas “personas de las que conste de manera fehaciente (...) que lleven tiempo residiendo en la demarcación consular”, o que se hubieran inscrito en el pasado como temporales. ¿A qué se deben estas directrices tan vagas y ajenas a lo que establece la ley?

Bien sabe el Gobierno que la única opción de muchos emigrantes para poder votar es inscribirse como residente temporal. La precariedad e incertidumbre que envuelve a la emigración hoy –“movilidad exterior” según el Gobierno–, impide establecer con certeza una residencia habitual en la gran mayoría de casos. Contratos precarios, idas y venidas en busca de un trabajo… Una persona puede estar viviendo por temporadas entre España y otro país, pero no por ello ha de convertirse en residente permanente en su país o países de acogida temporal, con la consecuente baja del padrón español, la imposibilidad de votar en las elecciones municipales o la amenaza de pérdida de la cobertura sanitaria en España.

La ley no impide que una persona pueda inscribirse más de una vez en su vida como residente temporal, ni establece que tengas que inscribirte como residente permanente si llevas menos de un año viviendo en el extranjero . Pero saben que el proceso para reclamar es inexistente y que una demanda por vía administrativa es un proceso largo y costoso. 

Esta nueva maniobra del gobierno para restringir el voto exterior supone que muchos de nosotros no tengamos otra alternativa que coger un avión a España para poder votar en las próximas elecciones, lo que para la gran mayoría resulta imposible. Parece que las devastadoras consecuencias de la introducción del voto rogado no son un castigo suficiente. A la no llegada de las papeletas, la desinformación e información errónea por parte de las administraciones, y a las dificultades para inscribirse en los consulados, se suman ahora las dificultades para inscribirse como residente temporal, lo que termina siendo la cuadratura del círculo para impedir el voto crítico hacia los responsables de las políticas que han expulsado a cientos de miles de personas de este país.

“La Sanidad en España hoy es pública, universal y gratuita.” Esto es lo que repiten una y otra vez el Gobierno y los líderes del Partido Popular, incluso tras el anuncio de la modificación administrativa por la que supuestamente la población excluida va a tener acceso circunstancial a la Atención Primaria, sin tarjeta sanitaria y después de las elecciones de mayo.

Nos gustaría aclarar algunos aspectos y desmontar así las mentiras del Gobierno español.

La reforma que introduce el Decreto de Exclusión Sanitaria (RDL 16/2012) supone un cambio radical del modelo de sistema sanitario en España, que pasa de ser un modelo basado en el derecho a la salud a un modelo de aseguramiento, en el que hay personas aseguradas y otras no aseguradas. El derecho a la asistencia sanitaria se vincula con determinados requisitos administrativos, el más importante es de carácter laboral. En función de tu relación con la Seguridad Social (INSS) tendrás o no derecho a la asistencia sanitaria: el derecho a la salud depende ahora de tener un trabajo. 

Desde el año 1999 la sanidad no se financia mediante las cotizaciones a la Seguridad Social, sino exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado, es decir, mediante los impuestos directos e indirectos que pagan todas las personas residentes en el estado español, al margen de su situación administrativa o laboral. Las personas migrantes financiamos el sistema de sanidad pública a través de impuestos indirectos, y paradójicamente,  lo han convertido en un sistema sanitario que no podemos utilizar de forma normalizada.

El derecho a la salud sólo es un derecho en tanto que es universal, ya que la salud es un bien común. La transformación de nuestro sistema sanitario en un modelo de aseguramiento individual ataca este derecho según una lógica de mercado rentable para las empresas privadas que gestionan lo público y en cooperación con el mercado de seguros privados de salud. La salud es ahora un privilegio que depende de la situación administrativa individual y quedan excluidas de ese derecho las personas que no cumplan con los requisitos que el sistema impone. 

Este modelo de aseguramiento fragmenta a la sociedad en estratos dependiendo de su nivel adquisitivo: personas que tienen derecho a todo, personas que tienen derecho a algunas cosas, personas que no tienen derecho... Pero, sobre todo, abre la puerta a que cada vez más gente pueda quedar excluida del sistema sanitario: basta con cambiar cualquier requisito en la legislación de la Seguridad Social. Así ocurrió en diciembre de 2013 con las personas españolas emigradas al extranjero. Una disposición adicional en el BOE, la sexagésimo quinta, estableció que “los españoles que salgan del país más de 90 días pierden la residencia a efectos de la Seguridad Social”, y con ello, el derecho a la asistencia sanitaria normalizada.

Según el INE, más de 2 millones de personas hemos emigrado del estado español entre los años 2008 y 2014, de las cuales, más de 250.000 personas teníamos nacionalidad española. En realidad es imposible saber cuántas personas hemos emigrado y se calcula que somos muchas más de lo que dicen las estadísticas oficiales, hasta 700.000 de nacionalidad española emigramos entre 2008 y 2012.

La mayoría de quienes emigramos de España no lo hacemos por  “impulso aventurero”, como dice el Gobierno, sino que nos vemos obligados a ello debido a las nefastas políticas laborales del mismo. El paro, la precariedad laboral y la falta de una expectativa de futuro es lo que motiva  a la mayoría a salir del país. Con 4 millones y medio de personas sin trabajo, un 50% de paro juvenil y una desigualdad social cada vez mayor, emigrar es la única alternativa que nos brinda el Gobierno de España. Y ya no sólo el Gobierno, sino también el nuevo Rey de España lo afirma.

“Las aventuras” se convierten fácilmente en pesadillas para muchos de los españoles emigrados si en el extranjero se nos ocurre ponernos enfermos. Con el fin de ayudarnos entre nosotros, el grupo de Sanidad de Marea Granate estamos recogiendo en una guía la información de carácter sanitario que el emigrante pueda necesitar, guía colaborativa y abierta que iremos completando con las aportaciones de todas.

España era un país que estaba dotado de un sistema sanitario público universal, a un coste económico inferior al del resto de los países europeos con sistemas sanitarios similares y con unos resultados de salud excelentes. El trabajo de erosión e integración de este sistema sanitario al mercado que está llevando a cabo el Gobierno va dejando fuera cada vez a más personas, y para ello no duda en propagar infundios y mentiras (muchos de ellos típicamente xenófobos) como que el sistema sanitario no es sostenible, que las personas inmigrantes no contribuyen económicamente y que colapsan los servicios de Urgencias, o que las personas que emigramos de España no hemos sido excluidas del mismo. Siguiendo la lógica del Gobierno español de que las personas emigradas somos un colectivo débil y fácilmente atacable, no es raro que los emigrantes hayamos sido también excluidos del derecho a votar.

Por todas estas razones, Yo Sí Sanidad Universal y Marea Granate vamos a trabajar juntos para denunciar públicamente la exclusión sanitaria de las personas migrantes. Para ello lanzaremos una campaña el día 24 de abril, para lograr la recuperación y mantenimiento del sistema sanitario público, universal y gratuito en el momento de uso por el que lucharon quienes nos precedían y al que tenemos derecho todas las personas. Esta campaña, entre otros, también irá dirigida al actual Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que, al igual que el resto de líderes del Partido Popular, tienen una visión muy particular de lo que significa “sanidad universal”.

El pasado mes de febrero los emigrantes europeos nos levantábamos con el balance anual de retiradas de tarjeta de residencia del gobierno belga a ciudadanos comunitarios. El asunto apenas trascendió en la prensa española; más allá del tratamiento mediático puntual que despierta de vez en cuando el fenómeno migratorio, el análisis y reflexión sobre la pérdida de derechos de los migrantes no suele ser tema de primera actualidad. 

Lamentablemente, la práctica del gobierno belga es legal y se ampara en la Directiva europea 2004/38/CE, “relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”. Obviando el bonito título elegido, la directiva solo supone un marco legal creado para seleccionar determinados flujos migratorios dentro de la Unión Europea. 

La “libre circulación” (usando el eufemismo elaborado) de ciudadanos europeos, simplificando mucho, está sujeta a dos condicionantes importantes según esta legislación: ser trabajador y tener dinero para no ser una “carga social” al estado que te acoge. Es decir, está supeditada a la situación laboral y económica del migrante (Artículo 7.1 a, b). Pero para los comunitarios extranjeros en situación de desempleo, sus derechos de residencia en el país receptor están vinculados a una restricción más: su situación contractual laboral anterior. Así, para las personas que tuvieron contratos inferiores a un año de duración, los derechos de residencia se otorgan por un mínimo de seis meses y un máximo sin definir que queda a la voluntad de cada país (Artículo 7.3 c); el resto no tienen esta limitación.

La laxitud de términos como “carga social” o la posibilidad de limitar tu estancia tras la contratación precaria dibuja un escenario muy complicado para los migrantes, dando margen a modificaciones de la ley de gobiernos como el belga para limitar concesiones de tarjetas de residencia, o legitimando medidas de gobiernos como el alemán y su voluntad de expulsión de desempleados extranjeros aludiendo al turismo social '('Sozialturismus'). A esto se une un contexto de protección social indefinido a nivel europeo y muy variable de un país a otro (solo hace falta hacer una comparativa entre diferentes países del acceso a la cobertura sanitaria, por ejemplo) y una precariedad laboral cada vez más acuciante. Al final, la fórmula resultante suele ser que el paro te fuerza a emigrar, te contratan en precario en tu país de destino, y esta situación impuesta puede limitar aún más tus derechos como ciudadano. 

Es, en definitiva, el castigo al migrante precario, dentro de una Europa que condiciona derechos universales al trabajo mientras tolera tasas de desempleo desorbitadas en su periferia y permite prácticas no remuneradas, minijobs o contratos zero hours. Una Europa que solo quiere turistas, ricos extranjeros o trabajadores que vengan con un pan debajo del brazo. Externalización de la pobreza por parte de unos países y flujos selectivos de migración por parte de otros; fenómenos que solo contribuyen, en todo caso, a incrementar las desigualdades. 

Ante estas situaciones, el 15M Bruselas levantó la voz hace tiempo interponiendo una queja en el Parlamento Europeo con respecto al caso particular belga y, más generalmente, contra la directiva europea y los artículos que amparan el trato discriminatorio de ciudadanos europeos. Recientemente también se ha creado la plataforma “EU for people” con el fin de visibilizar el problema y denunciar estas prácticas cada vez más frecuentes en muchos países, intentando movilizar a la opinión pública frente a la inacción política en este tema (cabe recordar que los únicos partidos que promueven modificaciones de esta legislación, y en otro sentido muy diferente, son los partidos de extrema derecha europeos).

Las políticas del Gobierno español al respecto están siendo bastante vergonzosas. Al desentendimiento total de la problemática y sus afectados (mas de 750 personas en los últimos tres años) se unen los acuerdos para exportarnos como mano de obra a países como Alemania o Bélgica: un “lavado de imagen” frente a estos gobiernos dada la masiva emigración española, queriendo quizá mostrar que ésta no supone una carga social. Esta práctica, que nos recuerda a las llevadas a cabo en épocas más oscuras de nuestra historia, no está exenta de hipocresía dado el fraude y precariedad que han supuesto estas contrataciones y el nulo seguimiento por nuestra administración. Además, medidas como la retirada de la tarjeta sanitaria o la expedición de certificados sustitutorios de muy corta duración (muy frecuentes hoy en día) nos dejan aún más desprotegidos en el país receptor. Por último, contemplamos atónitos como nuestro Ministerio de Exteriores se une a esa política de migraciones selectivas con su “Estrategia de Acción Exterior” recientemente presentada, llamando a la “inmigración cualificada” mientras justifica el control de los flujos “irregulares” e ignora la violación sistemática de derechos humanos que ejerce en nuestras fronteras. 

Emigrar supone perder derechos, incluso en este idílico modelo europeo que nos quisieron vender. Los migrantes en la UE tenemos unas perspectivas funestas al respecto, dada la legislación existente y el balance de fuerzas en las instituciones europeas: las únicas reformas que podemos esperar son aún más recortes en nuestros derechos fundamentales. Porque por mucho que algún político lo quiera sostener, estar en Europa no es “estar en nuestra casa”. Aunque esto es algo que, lamentablemente, no son declaraciones anecdóticas del año pasado, sino que estaba escrito desde hacía bastante tiempo. 

Desde el inicio de la crisis económica en Europa y la aplicación de las políticas de austeridad impuestas por los gobiernos neoliberales y la Troika, son muchas las personas que se han visto obligadas a abandonar su país en busca de un futuro más digno, o en el peor de los casos, de un futuro a secas. Jóvenes, en su mayoría con estudios universitarios y con ganas de trabajar, que desalentados por los alarmantes datos de desempleo hacen las maletas rumbo a otros destinos con mejores perspectivas laborales.

Los comicios electorales son para muchos de estos exiliados una oportunidad para cambiar a los gobiernos que con sus políticas austericidas les han obligado a abandonar su país, pero en el caso de los ciudadanos griegos esto no ha sido así, ya que la ley no permite que los emigrantes voten desde su lugar de residencia en el exterior, ni siquiera por correo. 

Para crear conciencia sobre este hecho que los expatriados consideran injusto –sobre todo teniendo en cuenta que en las elecciones al Parlamento Europeo sí está permitido el voto desde el exterior– Nikos Stapoulopoulos inició en 2012 la campaña “I can not vote” (“No puedo votar) y creó la plataforma ”New Diaspora“ para denunciar la situación y ejercer presión sobre los políticos griegos para que cambien la ley.

La campaña, lanzada principalmente desde las redes sociales Facebook y Twitter, cuenta con una web y un vídeo que lleva ya más de 16.000 visitas en YouTube, en el que se pone de manifiesto la injusticia que viven los emigrantes griegos en comparación con otros emigrantes europeos y americanos, cuya legislación sí les permite votar desde su lugar de residencia en el exterior.

Puesto que viajar a Grecia ha sido la única opción para poder votar, simpatizantes del partido Syriza iniciaron el 29 de diciembre del pasado año una campaña de crowfunding, es decir, financiación colectiva, con el objetivo de recaudar dinero para poder pagarse el desplazamiento a Grecia. La campaña, llamada “Un vuelo para la democracia”, recaudadó más de 13.000 euros en poco menos de un mes gracias a la generosidad de 336 financiadores. En la misma línea, jóvenes griegos residentes en Viena organizaron un crowfunding y lo promocionaron mediante la pagina de Facebook “Ein Flug für die Demokratie”. 

No obstante, no todos los exiliados se pueden permitir el coste de volver a casa para votar. Esa es la situación de Nick, un economista de 29 años residente en Bruselas y que se fue de Grecia en 2011. Preguntado por los comicios helenos, Nick responde en Euronews: “Durante los últimos años he vivido en el extranjero, pero eso no significa que no me preocupe por mi familia, mis amigos y por el futuro de mi país. Espero que el próximo gobierno mejore la situación en Grecia para que podamos volver algún día”.

Se estima que más de 200.000 ciudadanos han abandonado Grecia desde el estallido de la crisis, según The Guardian, y que más de 300.000 emigrantes no han podido ejercer su legítimo derecho al voto en estos pasados comicios, cruciales para la gobernabilidad tanto de Grecia como del resto de Europa.

La respuesta, como podréis imaginar, es no. A pesar de que el censo electoral de residentes en el exterior no para de aumentar –más de un 45% desde el inicio de la crisis según datos del INE–, la desinformación para los 1,8 millones de electores emigrantes sobre cómo ejercer nuestro derecho a voto es constante. En las anteriores elecciones europeas nos enteramos por casualidad del cierre del censo CERA, el correspondiente a los españoles residentes permanentes en el extranjero, a raíz del cierre de censo en España para los inmigrantes comunitarios. Ésta fue una de las causas principales de que la participación electoral de los emigrantes se quedara en un ínfimo y antidemocrático 1,84 %, según una encuesta de Marea Granate. 

Este año, una vez más, la historia se repite: solo tras sucesivas llamadas a la Oficina del Censo Electoral y correos al INE hemos podido confirmar que los “movimientos no notificados” de residentes en el exterior antes del 31 de diciembre quedarán fuera del censo de cara a las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Es decir, que quien no esté inscrito en el consulado antes de fin de año no podrá votar. Casi seis meses antes de la cita electoral y, nuevamente, sin aviso oficial alguno. 

Esta ausencia flagrante de información no nos sorprende, ya que se trata de una traba más de las muchas que nos impone la Administración para ejercer nuestro derecho a voto. La reforma de la  Ley Orgánica del Régimen Electoral General (acordada por el PSOE, PP y CIU en 2011) eliminó el derecho a votar en las elecciones municipales para los españoles que residen permanentemente en el exterior e introdujo el voto rogado, una nueva modalidad de sufragio que obliga al potencial votante a “rogar” su derecho a voto en cada proceso electoral.

Las excusas para modificar la LOREG, injustificable en términos políticos y legales, fueron las supuestas irregularidades en el voto migrante. Dichas irregularidades siempre tuvieron su origen en un funcionamiento deficiente de la Administración. Curiosamente siguen ocurriendo tras la reforma, y esta vez vienen además acompañadas de una cantidad ingente de abstenciones forzadas. Tras el cambio de la ley electoral, todos los votos “robados” cuentan como abstenciones, lo cual perpetúa y redunda en beneficio del bipartidismo que “cocinó” la reforma.

Son muchas las dificultades que nos estamos encontrando para poder votar: informaciones contradictorias en los consulados, impedimentos en las altas y bajas consulares o la imposibilidad de inscribirse a distancia para quienes no pueden desplazarse. Aunque la legislación dice que el censo se cierra con anterioridad a la convocatoria de elecciones e incluso recoge el momento exacto del cierre, parece que consulados y Ministerio prefieren obviarlo cuando se trata de nuestro voto, y recibimos con perplejidad respuestas oficiales como que “las elecciones no se han convocado aún” o que “de dónde nos hemos sacado la fecha del 31 de diciembre”.

Además, observamos con impotencia cómo la Administración no ofrece soluciones –ni interés en que las haya– para las personas ya atrapadas en estos problemas burocráticos, a pesar de nuestras presiones. Desde Marea Granate intentamos aconsejarles a sabiendas de que para algunos será prácticamente imposible que voten. De hecho, el resto, incluso estando correctamente inscritos, quedamos a merced de unos plazos absurdos y un proceso impuesto que probablemente dejará sin votar a más de un 95% de nosotros, en torno a 1,8 millones de abstenciones. Acordaos de nosotros cuando salgan resultados.

¿Dejadez institucional? Sí, y a todos los niveles. Al desconocimiento de la legislación y el proceso por parte de los Consulados se suma una Junta Electoral Central que ha silenciado las múltiples reclamaciones de las anteriores elecciones, o una Administración que eluye responsabilidades de los reembolsos de los envíos de correos certificados de nuestros votos (sí, somos los únicos ciudadanos que pagamos por votar, y en ocasiones sumas considerables).

¿Miedo a un voto de castigo? Muchísimo. Se estima que más de 700.000 personas hemos abandonado forzadamente el país en los últimos años, en un éxodo masivo que no deja de aumentar. Una población que le sobra al Gobierno, a la que se ha echado del país y que ve eliminados sus derechos más básicos. Una población que seguramente será extremadamente crítica en las próximas elecciones.

Ante esta situación de silenciamiento político expreso al que se nos somete, tanto por la falta de información como por el proceso electoral impuesto, hemos lanzado una campaña informativa para intentar que nadie se quede sin votar. Porque somos muchos y muchas, queremos (y tenemos derecho a) seguir contando. Pese a todos los impedimentos, no conseguirán callarnos. Seguiremos denunciando que el voto rogado es un voto robado. 

Sabemos que las fiestas navideñas son una época importante para la mayoría de las familias españolas. Es época de reencuentros y de sentimientos. Y son momentos emocionalmente difíciles cuando no se puede estar cerca de las personas a las que se quiere. La elevada e incesante tasa de emigración de los últimos años hace que ésta afecte a prácticamente la totalidad de la población española: ¿quién no tiene a alguien de su familia o de sus amistades que haya tenido que irse de España?

Desde Marea Granate, como colectivo de emigrantes organizados, venimos denunciando las causas políticas y económicas que han provocado nuestra situación en particular, así como el deterioro de derechos de la población residente en España en general. No obstante, observamos con cierta perplejidad cómo en estas fechas se nos requiere continuamente para ofrecer testimonios, especialmente televisivos y radiofónicos, de reencuentros familiares; entrevistas en las que no se suele preguntar por las causas que nos han forzado a emigrar, ni tampoco por los recortes de derechos sociales y políticos que nos afectan directamente como colectivo de emigrantes.

Por eso, queremos hacer un llamamiento a los medios de comunicación y apelar a la ética deontológica de los profesionales de la información, para que no se busque incrementar la cuota de pantalla ni conseguir audiencia a nuestra costa, con el simple reclamo emocional, sin mencionar siquiera la raíz del problema.

Más importante que filmar nuestros reencuentros en los aeropuertos es que nos dejen contarles que se cumple un año de nuestra exclusión sanitaria. Más importante que filmar a nuestros seres queridos preparando los paquetes navideños que nos enviarán, es que nos dejen explicarles por qué no podremos votar en las próximas elecciones. Más importante que preguntarnos si echaremos de menos el turrón y los polvorones, es que nos dejen contarles la precariedad laboral que sufrimos y el desamparo por parte de la Administración en el exterior.

Más importante que preguntarnos si en nuestro país de acogida se toman uvas en Nochevieja, es denunciar que no somos ni “aventureros” ni “turistas del bienestar” sino que nos hemos tenido que ir en busca de trabajo. Además, en muchos casos, esa búsqueda es muy difícil y desgasta muchísimo. Y en algunos países como Alemania o Reino Unido, también nos quieren echar si no conseguimos un empleo en un plazo de tiempo concreto. 

Este 2014 ha sido un año muy intenso y complicado en el que hemos visto aumentar el flujo de compatriotas que siguen saliendo de España en busca de una vida digna. Déjennos contarles esto, también ahora. Dennos la voz siempre, no solo cuando podemos ser parte de un espectáculo.

En definitiva, poco adelantamos asumiendo el papel de víctimas y provocando la lágrima fácil; lo que pretendemos, y lo que creemos más eficaz para atajar el problema de raíz, es que nos den voz y luchen a nuestro lado todos los días del año y no solo en Navidad.

Contribuyamos entre todos y todas a un periodismo de calidad. 

Marea Granate