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Corrupción, amenazas y venganza en la embajada española en el Congo

Distintos tribunales investigan la compra de visados en la oficina española en el Congo que forzaron la destitución del anterior embajador, inhabilitado en la Audiencia Nacional

Las sospechas se centran ahora en una extrabajadora del consulado que decidió abandonar el país antes de ser ser detenida por la policía congoleña

El representante de una ONG local denunció en los tribunales de aquel país a un cargo español por incluirlo en una lista de terroristas tras negarse a denunciar al embajador

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Edificio de la Embajada española en la República Democrática del Congo

Edificio de la Embajada española en la República Democrática del Congo Fotografía tomada del perfil de Facebook de la Embajada española en el Congo

El penúltimo embajador de España en la República Democrática del Congo salió del país en enero de 2014 con los pies por delante. Por la oficina corría un runrún que relacionaba a Antonio Fernández de Mazarambroz Bernabéu con un mercado negro de visados que cobraba 3.000 euros por cada permiso. La policía española había detectado un aumento de las llegadas de ciudadanos de aquel país en las fronteras y el Ministerio de Exteriores decidió encargar una inspección sobre el terreno. Cuando llegaron las conclusiones, el Gobierno dio un mes al diplomático para hacer las maletas. El caso acabó en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía reclamó primero para Marazambroz dos años de prisión y diez de inhabilitación por los delitos de cohecho y prevaricación administrativa. La Abogacía del Estado elevó la petición de cárcel a tres años. Los escritos de acusación situaban al diplomático al frente de una red para vender documentos que permitían volar a España a empresarios locales. Durante su estancia en Kinsasa se habilitó una sala en la embajada para las reuniones de un círculo hispano-congoleño de empresarios. Por allí pululaba un sospechoso hombre de negocios, Paul David Olangi, vicepresidente de la Cámara de Comercio que según la investigación realizada por el Ministerio de Exteriores está vinculado a empresarios libaneses y cuya fortuna "tiene su origen en el comercio de diamantes". La mujer de Olangi es una de las personas que recibió visado con la intermediación del embajador.

La sentencia de la Audiencia Nacional dejó todo en un delito de prevaricación administrativa –después de que la Fiscalía retirase los cargos de cohecho– y condenó el pasado 17 de mayo al embajador a nueve años de inhabilitación. La compra-venta de papeles no se pudo probar. El fallo concluyó que Marazambroz se había extralimitado al ordenar que se autorizasen determinados permisos. El castigo fue simbólico: al embajador le quedaba un año para jubilarse. Desde entonces pleitea para restablecer su honor.

Su retirada no disipó la sombra de corrupción que se extendía sobre la diplomacia española en el Congo. El pasado 28 de abril, justo el día en que la responsable de visados de la embajada, María de Berard, una trabajadora externa, declaraba por videoconferencia contra Mazarambroz, la policía congoleña le exhibía una orden de arresto. De Berard está acusada del robo de documentos oficiales que se guardaban en una caja fuerte de la embajada reforzada con contraseña a la que solo ella y otro empleado tenían acceso.

Durante los últimos meses del consulado han desaparecido un centenar de certificados vírgenes para conceder visas. En dos tandas: la primera de 30 es del pasado invierno. Y esta primavera se descubrió que faltaban otras setenta. Una de las personas que había volado a Paris con un visado falso de España señaló a De Berard. La policía de Kinsasa vincula desde entonces a esta trabajadora española con Gerard Mulumba, un diputado congoleño encarcelado el pasado agosto por agentes de la Dirección General de Emigración del país en el aeropuerto de N'Djili en plena capital cuando intentaba facilitar la salida de una ciudadana británica con una visa falsa. En el registro de uno de los domicilios de Mulumba se encontraron, según fuentes de la investigación, máquinas para imprimir visados de distintos países.

Pese a las graves acusaciones sobre ella, De Berard logró abandonar el Congo con su pasaporte diplomático ese mismo 28 de abril. Según fuentes de Exteriores, para hacerlo contó con la ayuda del actual embajador, Francisco Javier Hergueta. 

El Ministerio de Inmigración del Gobierno del Congo le puso la etiqueta de "persona non grata" e hizo ver a la embajada española que no sería bienvenida en el país. Pese a ello, meses después de su precipitada salida regresó a Kinsasa e incluso llegó a visitar la embajada, para pasmo de algunos de sus compañeros. La explicación oficial del Ministerio de Exteriores es que De Berard ya no tiene ninguna relación con la diplomacia española. "Todos los hipotéticos visados que se detectó podían ser fraudulentos fueron anulados inmediatamente. Se dio parte correspondiente a otros estados Schengen", asegura un portavoz oficial. Otras fuentes sostienen que su retorno ha sido autorizado por las autoridades del Congo "por razones humanitarias".

Una denuncia por represalias

De Berard es protagonista accidental de otro capítulo de la guerra interna larvada durante los últimos años en la embajada en ese país africano que tiene alguna víctima colateral y que también investigan los juzgados congoleños. El representante de la ONG local Amical des Jeunes Gongolais, Blaise Tshidinda, se dirigió a ella antes de denunciar, en junio de 2015, ante los tribunales de Kinsasa al excónsul español, José Luis Díez Juárez. Lo acusa de haberlo incluido en una lista negra del Tratado de Schengen en 2014 como sospechoso de terrorismo.

Según el relato de este activista, se trató de una represalia después de que este se negase a hacer un trabajo sucio para implicar a Marazambroz en la mafia de los visados. El escrito de acusación de Tshidinda, al que ha tenido acceso eldiario.es, asegura que Díez Juárez le pidió en una reunión que se inventase "falsos testimonios para manchar la imagen del embajador". Como pago por ese favor, recibiría 10 visados para que él y su familia pudiesen salir del país. El representante de la ONG escribe en su denuncia que "dado que no podía aceptar llevar a cabo ese trabajo sucio", vio cómo su último visado Schengen "que había sido otorgado por la Embajada de España con fecha de 3 de abril de 2014 fue anulado".

De todo eso se enteró el activista al acudir a la embajada de Italia en 2014 para obtener un permiso que le facultase a acudir a una conferencia sobre derechos humanos en septiembre de 2014 en Bruselas. Allí, los funcionarios italianos revelaron, según la versión de Tshidinda, que había sido incluido por las autoridades españolas en un listado de personas que representan amenazas contra el orden público y que por tanto tienen vetada la salida del Congo. Al Ministerio de Exteriores solo le consta "que se le ha denegado el permiso de acuerdo con los requisitos de Schengen". 

El caso sigue vivo en los juzgados congoleños. Es el penúltimo capítulo de una historia de corruptelas, venganzas y luchas intestinas que se perpetúa en la embajada del Congo.

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