“Dime lo que comes y te diré quién eres”. Cuando el jurista francés Jean Anthelme Brillat-Savarin publicó esta frase en el que se considera el primer tratado de la gastronomía, seguramente no pensaba en las tribus dietéticas de la actualidad, que van desde los que rechazan el consumo de alimentos de origen animal hasta los que claman por una vuelta a la alimentación de sus ancestros. Sin embargo, aunque los cambios en la alimentación han sido una constante a lo largo de la historia, la realidad es que durante la mayor parte de la existencia humana dichos cambios no fueron una elección, sino el único camino hacia la supervivencia. Aunque fue en los tiempos de Brillat-Savarin, tras la revolución francesa, cuando la gastronomía se popularizó y se extendió por Europa, los grandes cambios en la dieta que marcaron el devenir de la humanidad como especie comenzaron millones de años antes, en una época en la que aún no se habían desarrollado ni la agricultura ni la ganadería.

Estos cambios, explica a eldiario.es Ana Belén Marín, responsable del grupo de evolución humana y adaptaciones ecológicas del Instituto de Prehistoria de la Universidad de Cantabria, “son lo que nos permitieron sobrevivir como especie, ya que si no comemos no hay ni adaptación, ni evolución, ni supervivencia”.

Antes de la llegada de los primeros humanos, explica Marín, “los homínidos que existían tenían una dieta muy similar a la de los chimpancés actuales, donde primaba el componente vegetal”, básicamente frutos, hojas, insectos e incluso algunas raíces. Este tipo de alimentación acompañó a la especie humana durante gran parte de su evolución, sin embargo, una serie de cambios obligaron a los miembros del género Homo a introducir nuevos alimentos y abandonar la dieta vegetariana para convertirse en omnívoros.

“El primer gran cambio evolutivo en la dieta humana fue la incorporación de la carne y la grasa de grandes animales, que ocurrió hace unos 2,5 millones de años”, explica Marín. “No habríamos llegado como especie a donde estamos sin la inclusión de la carne, porque aporta una serie de calorías, aminoácidos y otros nutrientes que no pueden aportar los recursos vegetales”.

La maquinaria humana y su combustible

Una de las primeras preguntas que surgen es por qué los primeros humanos se vieron obligados a comer carne, y para responderla hay que atender a “dos factores importantes”, según la responsable del grupo de paleofisiología y ecología humana del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Ana Mateos. Por un lado, “la evolución fisiológica de los humanos, es decir los cambios en nuestra maquinaria”, y, por el otro, “los recursos que ofrecía el entorno”.

Desde el punto de vista de la evolución del cuerpo, “los humanos hemos ido incorporando alimentos de origen animal, que son de alto aporte calórico, porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo lo necesitaban”, explica Mateos. “El cuerpo y el cerebro de los distintos Homo ha ido creciendo y esto, a nivel metabólico, requiere una contribución energética importante”, concluye esta investigadora.

Además, este aumento facilitó el desarrollo de nuevas habilidades por parte de los humanos. “Comer carne no nos hizo más inteligentes, pero hizo que desarrolláramos unas capacidades que nos ayudaron a sobrevivir”, afirma Mateos, especialmente en un entorno en el que se estaban produciendo importantes cambios ambientales.

“En ese periodo, en África se produjo un cambio climático importante en el que se establecieron las sabanas, con lo que ya no había recursos todo el año y hubo que buscar alternativas”, explica esta investigadora. Muchas de las especies de plantas que consumían los homínidos se adaptaron a este cambio, generando espinas o produciendo frutos menos suculentos y más difíciles de masticar y digerir 

Sin embargo, los animales podían proporcionar una fuente de calorías abundante y continua durante todo el año, pero para conseguirlos era necesario que los nuevos Homo tuvieran ciertas capacidades de improvisación, lo que implicaba una mayor inteligencia. En definitiva, el incremento del tamaño cerebral exigió a los humanos introducir la carne en su dieta y para obtener este alimento había que ser más inteligente.

La mejora de la caza y la llegada del fuego

Pero, a pesar de comenzar a comer carne, aún “no éramos cazadores”, aclara Marín, ya que “el consumo de carne era ocasional y a través del carroñeo, es decir de presas muertas por otros animales, ya que nosotros solo éramos un agente secundario”, así que la proporción de carne en la dieta no podía ser muy elevada. Tuvieron que pasar varios miles de años más para que otras especies del género Homo refinaran sus herramientas y sus artes de caza, lo que ocurrió hace aproximadamente 400.000 años.

Sin embargo, tanto o más importante que el desarrollo de la caza, fue el siguiente gran salto en la historia de la alimentación humana: el descubrimiento del fuego. “El fuego permite que la comida sea más fácil de digerir, menos tóxica, más sabrosa… y esto supuso un hito”, afirma Mateos. A partir de ese momento, que se produjo hace aproximadamente medio millón de años, los humanos empiezan a desarrollar distintas formas de procesar los alimentos, aunque no es hasta la llegada de los neandertales, hace unos 200.000 años, cuando, según Mateos, empieza “la verdadera cocina de los humanos”.

“Tenemos muchas evidencias arqueológicas que indican que los neandertales tenían una dieta muy variada y que desarrollaron técnicas de caza bastante óptimas”, explica Marín, que dirige un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación destinado a estudiar la extinción de los neandertales. Además, gracias al desarrollo de técnicas cada vez más precisas se han podido desterrar algunas ideas erróneas que se tenían sobre esta especie humana “como que eran hombres rudos que solo comían carne”, asegura esta investigadora.

Finalmente, con la llegada del Homo sapiens, llegaron también nuevos métodos de procesamiento de los alimentos, como la desecación, la congelación o el ahumado e incluso la fermentación de algunos productos. Además, las nuevas poblaciones humanas también se convirtieron en mariscadores habituales y el consumo de moluscos supuso una importante fuente de proteínas y de energía que diversificó aún más las dietas de los humanos.

¿Más carne o más vegetales?

Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios, la realidad es que es muy difícil conocer de forma precisa las proporciones de los distintos alimentos que conformaban las dietas de los humanos. “La mayor parte de las medidas son indirectas, a través de la morfología dental, del desgaste de las piezas, para saber si tenían dieta dura o blanda, o mediante el sarro acumulado”, explica Marín.

En este sentido, es particularmente difícil obtener datos sobre los alimentos de origen vegetal, ya que los restos animales se preservan con más facilidad, lo que provocó que muchos investigadores dieran más importancia a la carne y despreciaran el consumo de otro tipo de recursos. En este sentido, un artículo publicado en el Nutrion Bulletin a principios de este siglo, concluyó que “el conocimiento de las proporciones relativas de los alimentos de origen animal y vegetal en las dietas de los primeros seres humanos es circunstancial, incompleto y discutible”.

Las nuevas técnicas, sin embargo, permiten analizar con mayor precisión los restos dentales para saber el tipo de dieta que seguían los humanos del pasado y “si no hay restos, podemos reconstruir el ambiente en el que vivían y ver qué recursos había a su alrededor”, explica Mateos. “Los insectos o las larvas, por ejemplo, apenas fosilizan, pero sabemos que los chimpancés los comen a menudo y que suponen para ellos una fuente habitual de proteínas y de grasa, con lo que lo normal es que los humanos también hubieran aprovechado ese recurso”.

Además, a esto hay que añadir la diversidad geográfica que existía entre los distintos grupos de humanos que se habían extendido por el planeta, por lo que Mateos asegura que “no se puede afirmar que exista una paleodieta en particular, sino varias, porque cada grupo humano vivía en un contexto geográfico y ecológico diferente, con recursos diferentes”.

La Paleodieta moderna

A pesar de esta diversidad y de la complejidad a la ahora de determinar la dieta de los primeros humanos, durante los últimos años se ha popularizado lo que se conoce como Paleodieta, un régimen alimentario que parte de la idea de que el ser humano solo se ha adaptado a los alimentos que comió durante los dos millones de años que precedieron al surgimiento de la agricultura y la ganadería, hace aproximadamente 10.000 años, por lo que rechaza productos como los cereales, los lácteos o, más recientemente, los productos procesados.

Sin embargo, aunque este movimiento parte de algunos datos ciertos, la mayoría de los investigadores que han estudiado la dieta humana durante el paleolítico se muestran críticos por su excesiva simplificación. “No tiene sentido comparar los alimentos que surgen a partir de la revolución neolítica, como los cereales, los lácteos o los animales domesticados, con los ultraprocesados que han surgido en los últimos 50 ó 60 años”, afirma Marín.

Entre las afirmaciones más comunes que hacen los que defienden la paleodieta es que somos los únicos mamíferos que consumimos leche en edad adulta, algo que los primeros humanos no podían hacer. Sin embargo, Marín afirma que “a pesar de que hace 10.000 años los humanos no eran tolerantes a la lactosa, ahora estamos adaptados a consumir lácteos, igual que nuestros intestinos se adaptaron al consumo de carne”. La realidad, afirma esta especialista, es que “genéticamente hemos ido evolucionando y adaptándonos al medio en el que hemos ido viviendo en cada periodo”. 

Mateos también coincide con la crítica de Marín, añadiendo que “no se puede extraer solo una visión parcial del pasado para hacer una generalización de lo que sería deseable en la actualidad” y recuerda que “como sapiens, nuestro genoma ya contiene esos cambios y adaptaciones”. Además, Mateos señala que “la evolución del género Homo es un proceso que no ha acabado” y advierte de que “eliminar de nuestra alimentación ciertos nutrientes probablemente tendrá sus repercusiones en el futuro. La evolución dirá —concluye esa investigadora— quién tenía razón”. 

“La Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) ha tenido conocimiento de un número creciente de casos de demandas y querellas contra profesionales por opinar y/o informar acerca de pseudoterapias no avaladas por la evidencia científica”. Hace unos días la AECC alertaba a través de un comunicado de la sucesión de demandas que han afectado a varios de sus socios, tanto periodistas, como divulgadores científicos. “Parece que hay un intento de asfixiar a periodistas y comunicadores a base de querellas”, asegura a eldiario.es Elena Lázaro, presidenta de esta asociación. “Está claro que hay quien prefiere tenernos callados”.

Durante los últimos años, el negocio de las terapias alternativas se ha visto afectado por la acción de colectivos ciudadanos e instituciones científicas, que han alertado del peligro de algunas de estas técnicas y que han conseguido que las administraciones públicas empiecen a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, tras ver peligrar su negocio, los defensores de estas supuestas terapias han decidido recurrir a los tribunales para defender sus técnicas y amedrentar a los críticos, demandando tanto a los periodistas como a los divulgadores que se han hecho eco de la falta de eficacia de muchas de estas prácticas.

La situación se detectó hace algunos meses, cuando varios periodistas y comunicadores informaron de que estaban recibiendo demandas similares provenientes de grupos o asociaciones del mundo de las terapias alternativas. “Varios socios avisaron de un aumento de las demandas de este tipo y desde la asociación decidimos crear un grupo de trabajo para hacer un seguimiento”, afirma Lázaro. “Lo que hemos detectado es una elevada concentración de demandas, una realidad que antes no existía”.

La AEPTP, foco de las demandas

Varias de las demandas se han centrado en la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas y en su junta directiva. “Parece que empieza a haber un movimiento coordinado para intentar callarnos por parte de varias asociaciones y grupos relacionados con las pseudoterapias”, cuenta a eldiario.es el vicepresidente de esta asociación, Emilio Molina, quien ha recibido más de media docena de querellas en los últimos dos años.

Entre los grupos y asociaciones que están tras muchas de estas demandas están la Asamblea Nacional de Homeopatía (ANH), el principal lobby de esta pseudoterapia en España, junto a otros grupos como la Asociación de los Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT) o la Fundación de Terapias Naturales (FTN), una organización creada, según aseguran en su página web, “ante la situación de indefensión que vive el colectivo frente a las campañas de descrédito”.

La ANH denunció el pasado mes de julio a toda la junta directiva de la APETP por un informe en el que se hacía una estimación del número de fallecidos que provocan las pseudoterapias , incluyendo la homeopatía. Según aseguró el grupo a través de un comunicado , las afirmaciones realizadas en dicho informe constituyen un “desmedido e injustificado ataque a la dignidad y honor de la ANH y sus integrantes” y contienen acusaciones de “infracciones penales tan graves como la estafa y el homicidio”.

Apenas unos meses antes, fueron la FTN y COFENAT quienes presentaron una demanda similar. El presidente de esta última, Roberto San Antonio-Abad, aseguró mediante un comunicado que “no se puede mirar hacia otro lado cuando se acusa a unos profesionales de ser la causa de fallecimientos, sin ningún fundamento”, mientras que la FTN aseguró que existe “un plan orquestado por APETP y seguido por el Gobierno que […] propone una medicina exclusiva y excluyente, basada en la evidencia científica”.

“Acosar a base de demandas”

Sin embargo, desde la APETP niegan las acusaciones y aseguran que ni el informe, ni su actividad están dirigidas a ninguna persona en particular. “Por mucho que ellos quieran darle la vuelta y decir que les insultamos, solo ponemos de manifiesto la ineficacia y el peligro demostrado que tienen algunas de estas prácticas”, asegura Molina.

Además, según el asesor legal de la APETP, Fernando Frías, las demandas “jurídicamente no tienen ningún fundamento, así que la única explicación es la que ellos mismos me dieron y es que nos van a acosar a base de demandas aprovechando su poderío económico”.

Según relata este abogado, durante el acto de conciliación previo celebrado en Burjasot (Valencia), los representantes de la ANH amenazaron a los demandados con nuevas querellas si continuaban con su actividad. “Me dijeron que le aconsejara a mis representados que se callaran, porque ellos tenían empresas detrás con mucho dinero y los demandados no eran nadie”, afirma este abogado. “Estamos hablando de un David contra Goliat en toda regla, porque nosotros no tenemos ese respaldo económico”, asegura Molina.

Además, Frías insiste en que la utilización de demandas como mecanismo de presión “no solo no es ético, sino que podría constituir un fraude procesal, porque se está utilizando el procedimiento judicial para lo que no está concebido”.

Desde la ANH, que no ha querido hacer declaraciones a eldiario.es sobre la demanda “por respeto al proceso judicial en curso”, afirman, sin embargo, que es “radicalmente falso que se sugiriera o pretendiera ningún tipo de acoso” y aseguran que “son los médicos, farmacéuticos, veterinarios e incluso los propios pacientes que optan libremente por tratarse con medicamentos homeopáticos los que son sistemáticamente acosados”.

Demandas contra periodistas

Esta escalada de demandas no ha afectado solo a las asociaciones de pacientes y activistas, sino que también se ha llegado a varios profesionales de la información, entre los que destaca el periodista Brais Cedeira, recientemente galardonado con el Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina.

Cedeira acumula varias demandas de practicantes de pseudoterapias desde que, en 2017, publicase una serie de artículos sobre este tema para El Español. “Creo que hicimos siete u ocho reportajes, pero de uno de ellos, el de los 30 curanderos, es del que salen casi todas las demandas que hemos ido recibiendo”, cuenta Cedeira a eldiario.es.

En el reportaje, este periodista hace un repaso de 30 pseudoterapeutas “cuyos métodos, advierten desde la Organización Médica Colegial, son, en algunos algunos casos, nocivos para la salud o directamente ilegales”. Cedeira ya ha ganado en primera instancia los dos primeros casos, que han sido desestimados por el juez, pero aún tiene más causas pendientes.

“Algunos de ellos están absolutamente convencidos de lo que dicen, pero hay muchos otros que saben perfectamente que lo que venden es puro humo y aún así continúan con las demandas”, cuenta este periodista. “Supongo que, simplemente, están intentando atemorizarnos, pero nuestra labor y nuestra obligación como periodistas es seguir informando sobre estos hechos y sé que siempre que los reportajes estén bien atados, ellos van a tener las de perder”.

La inversión española en ciencia ha recuperado, una década después, los niveles previos a la crisis económica, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector privado ha sido el que ha impulsado la recuperación, superando los niveles de inversión y de empleo que había antes de la crisis. Sin embargo, la inversión pública sigue lastrando esta recuperación, al crecer menos que el PIB y no haber recuperado los niveles de inversión y empleo de 2009.

En 2018, España invirtió en I+D algo más de 14.900 millones de euros, una cifra superior a la de 2008, que rondaba los 14.700 millones. Este dato supone, además, un incremento de unos 800 millones de euros con respecto a 2017, lo que implica un crecimiento de un 6,3%. El avance es superior al crecimiento del PIB, que en el mismo periodo fue del 3,5%.

Esto significa que la ciencia ha ganado peso respecto al PIB por segundo año consecutivo, pasando del 1,2% de 2017, al 1,24% el pasado año. Aun así, este dato sigue muy lejos del 1,4% alcanzado hace una década y aún más lejos del 2% en el que está la Unión Europea y que había sido marcado como objetivo por los sucesivos gobiernos españoles de cara al año 2020.

“Yo ya no pienso en alcanzar el 2% como la Unión Europea, simplemente pido que se doble el Plan Nacional de Investigación”, cuenta a eldiario.es Luis Serrano, presidente de la alianza Somma, que agrupa a 25 centros de investigación y 23 unidades universitarias. “Eso solo serían 400 millones, pero permitiría que los grupos de investigación sobrevivieran, que se contrataran becarios, que se publicaran más patentes y, en definitiva, que volviéramos a ser competitivos”.

Pérdida de científicos y de competitividad

La pérdida de competitividad de la ciencia española, provocada por los recortes iniciados en 2009, se ha reflejado en una disminución “muy importante” de artículos de alto impacto de científicos españoles. También se ha registrado una reducción de cerca del 60% en el número de patentes producidas, según recogió el Informe sobre la ciencia y la tecnología en España presentado el pasado año en el Congreso de los Diputados.

“En los grandes centros se ha notado la pérdida de competitividad con respecto a otros centros semejantes a nivel internacional, pero en los centros más pequeños y en las universidades ha sido un desastre”, cuenta Serrano, que también es director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. “Ha habido grupos de investigación en los que prácticamente solo se ha quedado el jefe de grupo”, lamenta este investigador.

La falta de inversión en I+D se ha notado también en el número de científicos, algo sobre lo que ya advirtió la Comisión Europea en 2017 al alertar de que España había “reducido considerablemente su base investigadora” en los años posteriores a la crisis. Según un informe del Observatorio de Investigación e Innovación, hasta ese mismo año España había perdido unos 12.000 científicos, lo que suponía “un retroceso en sus recursos humanos a los niveles del año 2007”.

En los últimos dos años se ha producido, sin embargo, un repunte en la contratación, y el número total de personas empleadas a tiempo completo en actividades de I+D superó en 2018 las 225.000. A pesar de estos datos, aún no se han recuperado los niveles previos a la crisis económica y el sector público cuenta hoy con 8.660 efectivos menos que en 2010.

Con el fin de comenzar a recuperar el empleo perdido en años anteriores, el Gobierno publicó a principios de año una oferta extraordinaria de más de 1.400 plazas destinadas a personal investigador en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y, pocas semanas después, anunció el levantamiento de algunas de las trabas burocráticas que dificultaban la contratación.

La ciencia como algo “residual”

Sin embargo, pasados más de seis meses del anuncio de las medidas de urgencia, los científicos se quejan de que éstas no están resolviendo sus problemas de contratación ni ofrecen más agilidad a los centros. “Retirar la intervención previa sí que ha servido para los OPIs, pero hay otra serie de normas que sacaron que necesitan una aclaración”, afirma Serrano. “El problema de fondo”, resalta este investigador, “es que se trata a la ciencia de forma residual y hay toda una serie de normas que se han desarrollado sin pensar en el efecto que podían tener sobre el sistema de I+D”.

La falta de políticas específicas de I+D es algo que también critica la profesora de economía de la Universidad Carlos III Aurelia Modrego, coordinadora de una comisión de la Confederación de Sociedades Científicas de España, que se dedica a hacer un seguimiento continuado de la política científica.

“Debemos apostar por una política científica que vertebre y articule todas las políticas públicas y que no sea tratada como algo residual”, afirma esta profesora. Aunque “ha sido una iniciativa con buena voluntad”, argumenta Modrego, el Ministerio de Ciencia no ha tenido el peso suficiente para poner a la investigación al nivel que debe estar“.

España se descuelga de Europa

Además, Modrego lamenta que, a pesar de que “el pequeño aumento en la inversión es una buena noticia”, hayan tenido que pasar diez años para volver a los valores de 2008. “Ha sido una década perdida, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos, porque nos hemos alejado de Europa”.

Las cifras ofrecidas por el INE dejan claro el abismo que existe entre la financiación de la ciencia española y la del resto de países de nuestro entorno, cuya inversión en I+D no ha dejado de crecer durante esta última década.

Según un análisis de estos datos elaborado por la Fundación Cotec, la inversión en ciencia en España durante el periodo 2009-2018 apenas ha crecido un 2,5%, mientras que el resto de la Unión ha aumentado un promedio de un 22% hasta 2017, últimos datos disponibles. Esto ha dejado la inversión per cápita en España en menos de la mitad de la media de los países de nuestro entorno: 302 euros anuales frente a 622.

Además, España es uno de los cinco países europeos que todavía no ha recuperado los niveles de inversión pública previos a la crisis junto a Bulgaria, Croacia, Eslovenia y Hungría. “Los datos consolidan la tendencia observada hace años, un sector público estancado que se compensa con el dinamismo del sector empresarial”, asegura Jorge Barrero, director general de Cotec. “Necesitamos cuanto antes un nuevo gobierno y unos presupuestos adecuados para que la investigación pública no se descuelgue de la recuperación”.

“Los datos son abrumadores: las mujeres que abortan sufren una tasa de suicidio y de desequilibrio mental muy superior a la media”. Santiago Abascal realizó esta afirmación en 2014, poco después de formar su partido político. Lo hizo en un artículo publicado en Libertad Digital, en el que pedía una ley más restrictiva e insistía en que el aborto daña a las mujeres “irreversiblemente”. Sin embargo, esta misma semana, la revista médica The Lancet Psychiatry ha publicado el primer estudio en comparar el riesgo de suicidio en mujeres antes y después de un aborto y sus resultados contradicen al hoy presidente de VOX. “Las políticas basadas en la noción de que el aborto aumenta el riesgo de suicidio están mal informadas”, concluyen los investigadores.

Abascal no es el único que ha relacionado el aborto con problemas mentales. Es una idea que repiten habitualmente organizaciones antiabortistas y que precisamente el pasado 5 de noviembre la diputada de Vox, Gádor Joya, espetó en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. La parlamentaria aseguró en su intervención que “existen muchos más riesgos a la hora de practicar un aborto que de dar a luz” y apuntó a que “a nivel psicológico existen riesgos” que pueden mostrarse durante años. “Hemos tenido testimonios de mujeres con cuadros de ansiedad, con problemas en relaciones sociales, relaciones de pareja, depresiones e intentos [de suicidios] y suicidios consumados”, señaló antes de añadir que ella había hecho ecografías a mujeres en una ambulancia a las puertas de una clínica de abortos en Madrid para convencerlas de que no interrumpieran su embarazo.

La Red Madre, una fundación antiaborto apoyada por el Partido Popular, también habla en su web del “síndrome post-aborto”, que define como “sentimientos de culpa, tristeza, depresión…”, a pesar de este supuesto síndrome no ha sido reconocido por ninguna institución médica internacional.

A lo largo de las últimas décadas muchos grupos conservadores de varios países han recurrido a estos supuestos efectos sobre la salud mental para justificar políticas de aborto más restrictivas, especialmente en EEUU. Sin embargo, “la evidencia de nuestro estudio no apoya esta noción”, asegura la autora principal de la investigación, la investigadora de la Universidad de Maryland, Julia R. Steinberg.

El estudio de Steinberg no ha sido el único que ha analizado la relación entre el aborto y la salud mental de las mujeres en los últimos años. Durante décadas, varias investigaciones han llegado a conclusiones similares y una revisión reciente sobre la seguridad y eficacia del aborto en EEUU, publicada por la Academia Nacional de Ciencias, concluyó que el aborto no aumenta el riesgo de depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático de las mujeres.

No existe el síndrome postaborto

Sin embargo, apenas había estudios sobre la relación del aborto con los intentos de suicidio y, según los autores de la nueva investigación, muchos de los estudios anteriores no habían tenido en cuenta la salud mental previa, tenían una baja participación y altas tasas de deserción, o se habían basado en testimonios parciales de pacientes. El nuevo estudio, sin embargo, ha sido el primero en examinar las tasas y el riesgo relativo de los intentos de suicidio en el año anterior a un aborto, así como en el año siguiente, lo que ha permitido a los investigadores determinar si el aborto es un factor contribuyente.

De las 538.000 mujeres de entre 18 y 36 años incluidas en el estudio, todas de nacionalidad danesa, un 9% tuvieron al menos un aborto en el primer trimestre y el 2% tuvieron un intento de suicidio durante el período de estudio. Las tasas de intentos de suicidio en el año anterior y posterior al aborto fueron similares, con 8,9 intentos por cada 1.000 mujeres en el año anterior al aborto, y 8,6 por cada 1.000 en el año posterior.

Los autores también hicieron una comparación a largo plazo entre el riesgo de suicidio asociado con un primer aborto con respecto a no tener ningún aborto, entre enero de 2000 y diciembre de 2016. Según sus resultados, “cinco años después de un aborto, la tasa de intentos de suicidio se reduce al mismo ritmo que en las mujeres que no han tenido un aborto, contrarrestando la noción de 'síndrome postaborto', en el que se plantea la hipótesis de que los efectos no se experimentan hasta mucho tiempo después”, afirma Steinberg.

Problemas de salud mental previos

Si bien los resultados del estudio señalan que “las mujeres que tuvieron abortos tenían un mayor riesgo de intentos de suicidio en comparación con las mujeres que no tuvieron un aborto”, las investigadoras aclaran que “el riesgo fue el mismo tanto el año anterior como el posterior, por lo que no es atribuible al aborto en sí”.

Las investigadoras sugieren que son los problemas de salud mental preexistentes los que se asocian con un mayor riesgo de intento de suicidio, por lo que advierten de que “cuando una mujer busca consejo y atención en torno a un aborto, podría ser apropiado realizar pruebas de detección de problemas de salud mental para identificar problemas preexistentes y prevenir que ocurran en el futuro”.

Esto no significa que tener un aborto sea una indicación de que las mujeres están pasando por un momento difícil, o que los síntomas de los trastornos mentales sean atribuibles al aborto“, asegura la investigadora de la Universidad de Ámsterdam, Jenneke van Ditzhuijzen, en otro artículo publicado en la misma revista, ”sino más bien que algunas mujeres tienen un riesgo elevado de múltiples adversidades en un cierto período de su vida, lo que podría incluir un embarazo no deseado y un aborto“.

A finales del pasado mes de octubre, se publicaron los primeros resultados de la Encuesta Social Europea (ESS, por sus siglas en inglés) y en ellos no figura España, a pesar de que el pasado año el Ministerio de Ciencia se comprometió a participar en esta encuesta. El motivo, según ha asegurado a través de redes sociales el director internacional de la ESS, el profesor de la Universidad de la City de Londres, Rory Fitzgerald, es que las autoridades españolas aún no han abonado la cuota y ha advertido de que si no lo hacen antes de que termine el año, España quedará fuera de la macroencuesta.

Tras la publicación de esta advertencia, varios investigadores españoles mostraron su preocupación en redes sociales, una situación ante la que terció la responsable del gabinete de prensa del Ministerio de Ciencia, Imma Aguilar, asegurando que el trámite para el pago de la cuota ya estaba en marcha, algo que ha ratificado hoy, 22 de noviembre, el Consejo de Ministros. Según ha anunciado la Ministra de Educación, Isabel Celaá, el Consejo ha aprobado el pago de la contribución voluntaria al Consorcio de Infraestructura de Investigación Europea para la participación de España en la 9ª edición de la Encuesta Social Europea, por importe de 270.489 euros.

En conversación con eldiario.es, Fitzgerald ha asegurado que ya han alcanzado un acuerdo con el CIS para que “los datos y toda la documentación se entreguen al archivo de la ESS a finales de enero de 2020”, por lo que los resultados de España “se incluirán en la segunda publicación, que deberá realizarse a finales de mayo de 2020, siempre y cuando –vuelve a advertir– la cuota se pague a tiempo”.

Más de un año de retraso

Los problemas de la participación de España en la ESS se dieron a conocer hace un año, cuando varios investigadores alertaron de que, por primera vez en los más de 15 años de historia de esta encuesta y tras haber participado en las ocho rondas anteriores, España no aparecía entre los países de la novena edición. Sin embargo, en diciembre del pasado año, el Ministerio de Ciencia se comprometió a pagar la cuota de los dos próximos años, a pesar de que es competencia del CIS, que ya contaba con el presupuesto asignado.

Según varios investigadores entrevistados por eldiario.es el pasado año, una de las fortalezas de este tipo de encuestas se encuentra en el hecho de que se pueden hacer comparaciones directas entre países, puesto que los datos se suelen recoger prácticamente de forma simultánea en todos ellos, por lo que el retraso de España, tanto en el pago de la cuota, como en el inicio del trabajo de campo, puede repercutir en la utilidad de los datos recogidos.

“El hecho de que la recogida de datos no se haya hecho de forma más o menos simultánea con otros países plantea una serie complicaciones metodológicas”, explica a eldiario.es el presidente del comité español de la ESS, el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Mariano Torcal, “ya que algunos de los datos de España no serán comparables con el del resto de los países de nuestro entorno, porque el contexto internacional ha cambiado”.

A pesar de ello, Torcal considera que el retraso “no es grave” y recuerda que es algo que ya ha pasado en anteriores ocasiones con otros países. De hecho, según ha confirmado el director de la ESS, este año España no ha sido el único país en retrasarse, ya que Croacia, Islandia, Letonia, Lituania y Eslovaquia tampoco han presentado los datos para esta primera publicación.

Aunque para el director de la ESS el retraso es también “preocupante”, ya que “aumenta la posibilidad de un impacto derivado de un cambio de contexto”, Fitzgerald aclara que “en general, la ESS cubre temas que no están sujetos a cambios a muy corto plazo”, por lo que las posibles diferencias en la realización del trabajo de campo probablemente no sean un problema demasiado grave. “Nuestro objetivo es medir los cambios en el clima en lugar de los cambios en el tiempo”, explica Fitzgerald.

Más allá de los retrasos, Torcal asegura estar preocupado por si no se destinan suficientes recursos para desarrollar el trabajo de campo, que es “muy complejo”. “En las ediciones anteriores había una infraestructura que se ha ido desmantelando y espero que eso no suponga un problema para que el CIS pueda desarrollar el trabajo en el tiempo requerido”.

Desde el CIS, sin embargo, han asegurado a eldiario.es que disponen de “recursos humanos y tecnológicos suficientes para enviar los datos en tiempo y forma, antes del 31 de enero 2020”. Además, han asegurado que están en “permanente contacto” con los responsables de la ESS y que llevan trabajando en la preparación de la encuesta desde antes del verano, aunque el trabajo de campo no comenzó hasta el pasado 7 de noviembre.

España sin derecho a voto en la ESS

El presidente del comité español también pide que España cambie su estatus de país invitado y pase a ser miembro de pleno derecho de la formación, lo que implicaría un compromiso a medio plazo y daría más fuerza a la representación española, algo especialmente relevante en un momento en el que, según Torcal, “se están produciendo cambios importantes” dentro de la ESS. “No tiene sentido que España no solicite su entrada, ya que ahora mismo no tenemos derecho a voto”, afirma este investigador.

Torcal asegura que dentro de la colaboración se están tomando decisiones importantes de las que España no es partícipe, no solo desde el punto de vista metodológico, sino también de reparto de infraestructuras. “Haya Brexit duro o blando, la sede de la ESS no puede seguir en Londres y ahora se está estudiando la posibilidad de reubicar fondos e infraestructuras por toda Europa y si España no es miembro de pleno de derecho no podrá jugar sus bazas para que algunas de estas infraestructuras vengan aquí”.

Fitzgerald, por su parte, también se ha mostrado partidario de la inclusión de España como miembro de la ESS y ha asegurado que animará a los científicos y las agencias financiadoras españolas a que soliciten su adhesión a la Ronda 10 “tan pronto como sea posible” a lo largo del próximo año. “Ha llegado el momento de que España se convierta en miembro de la ESS y de que los académicos españoles desempeñen plenamente su papel en la infraestructura”.

El año pasado los incendios forestales destruyeron casi 178.000 hectáreas de bosques y tierras en Europa. Aunque esta cifra representa menos de una sexta parte de la superficie quemada en 2017 y es inferior a la media de los últimos diez años, el fuego afectó a más países que nunca, debido al gran número de incendios que se desarrollaron en el norte de Europa, según datos del Informe Anual sobre Incendios Forestales publicado por el Centro Común de Investigación de la Unión Europea (JRC, por sus siglas en inglés).

Según el informe, a pesar de que la superficie total quemada es menor que en años anteriores, las temperaturas por encima de la media que persistieron en el centro y norte de Europa durante la mayor parte del verano crearon las condiciones que ayudaron al inicio y propagación de los incendios forestales, causando altas pérdidas económicas y ambientales en zonas poco habituales para este tipo de desastres.

Gracias a los datos obtenidos mediante el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, los investigadores analizaron todos los fuegos que afectaron a más de 30 hectáreas en Europa. Entre los primeros países de la lista se encuentran varios de los habituales, como Italia, con 147 incendios y 14.649 hectáreas quemadas, España con 104 y 12.793 hectáreas o Portugal, con 86 y 37.357 hectáreas.

Sin embargo, en la lista también aparece Suecia, que experimentó la peor temporada de incendios en su historia, con 74 siniestros y una superficie total quemada de más de 21.605 hectáreas, la segunda más alta de la UE, una posición poco habitual para un país nórdico.

“Claramente esto es consecuencia de los cambios en los patrones climáticos”, explica a eldiario.es Cristina Vega, Profesora Titular de la Universidad de Lleida. Según esta especialista en ingeniería y gestión forestal, “incluso aunque cojamos los modelos más conservadores de simulación de cambio climático, los países que hasta ahora no estaban expuestos a incendios con la misma intensidad que los que sufrimos en el sur empezarán a sufrirlos”.

La influencia del cambio climático

También el Comisario de Educación y responsable del JRC, Tibor Navracsics, hizo hincapié en la importancia de la crisis climática a la hora de afrontar el riesgo de incendios. “Las condiciones meteorológicas cambiantes asociadas al cambio climático aumentan el riesgo de incendios forestales en todo el mundo”, afirmó en la presentación del informe. “Tenemos que responder e intensificar nuestros esfuerzos para que nuestros bosques sean más resistentes a un clima más cálido y seco”.

El documento, elaborado por un equipo internacional de investigadores, insiste en que “todas las previsiones predicen un aumento de las temperaturas medias y, en consecuencia, una prolongación de la temporada de incendios”, algo que “debe ser percibido como un reto muy serio”. Además, los científicos aseguran que “el clima está cambiando más en el norte de Europa que en otras partes del mundo”, por lo que estos países deben empezar a tomar medidas.

Aunque durante el pasado año los incendios afectaron especialmente a Suecia, otros países del norte del Europa ya han empezado a notar las consecuencias del cambio climático. En este sentido, el Real Instituto Meteorológico Holandés determinó que el verano de 2018 fue el más cálido desde 1901, siendo además especialmente soleado y seco. Aunque el centro concluyó que la sequía no puede atribuirse totalmente al calentamiento global, los investigadores aseguran que la probabilidad de veranos mucho más secos aumentará en el futuro

También los datos recogidos en Noruega indican un aumento de temperaturas medias que, según los investigadores, provocarán más precipitaciones, pero también más sequías. “Las consecuencias de esto son el aumento del crecimiento de la hierba, los arbustos y los árboles”, lo que conducirá a “una mayor duración de la temporada de incendios y a incendios de mayor envergadura como resultado de una mayor cantidad de combustible”, asegura el informe.

Todos estos cambios registrados durante los últimos años han obligado a varios de estos países a centrar su atención en la temporada de incendios como no lo habían hecho hasta ahora. “Países como Austria, Holanda o Finlandia están empezando a invertir en prevención de incendios, cuando antes prácticamente solo se preocupaban por avalanchas o fenómenos torrenciales”, asegura Vega.

El Mediterráneo: zona de alto riesgo

Los modelos regionales de cambio climático también ponen de manifiesto la importancia de desarrollar nuevas estrategias de prevención de incendios forestales en el Mediterráneo, ya que el informe señala cómo países como Portugal, España, Italia o Turquía se han visto afectados por el calentamiento global, especialmente en los últimos 10 años.

A pesar de ello, los datos de 2018 son muy positivos en toda la región. Portugal fue de nuevo el país con la mayor superficie quemada, aunque el total de superficie perdida por el fuego fue inferior a la de 2017 y uno de los valores más bajos de los últimos 10 años.

En España, 2018 fue el año con menos incendios y menor superficie quemada de la última década. En total, se produjeron 6.874 incendios, frente a los 12.541 siniestros de la media del último decenio, mientras que la superficie afectada fue de 23.683 hectáreas, frente a las 99.175 de media de los últimos diez años, según datos del Ministerio de Agricultura.

Según Vega, a corto plazo los efectos del cambio climático van a ser “muy difíciles de contener”. Sin embargo, esta especialista asegura que la situación puede dar un vuelco a largo plazo, ya que “de acuerdo a las predicciones actuales es de esperar que se acentúe el riesgo de desertificación en toda la península, con lo que puede que se resuelva el problema de los incendios forestales porque nos hayamos quedado sin bosques que quemar”.

A finales de 2018, el Gobierno anunció la aprobación de Kymriah, la primera terapia génica aprobada en España. Una vez aprobada, la campaña No es Sano realizó, a través del Portal de Transparencia, una petición al Ministerio de Sanidad para conocer su precio y los criterios terapéuticos y económicos que justificaban su aprobación. En enero se publicó el precio, que alcanzaba los 320.000 euros por tratamiento, pero no se dieron a conocer los criterios y las ONG recurrieron al Consejo de Transparencia, que les dio la razón. Ahora, Novartis, la farmacéutica propietaria de Kymriah, ha recurrido a los tribunales para paralizar la publicación de la información.

“En los últimos años se han ido dando pasos importantes en materia de transparencia”, asegura a eldiario.es Vanessa López, directora de Salud por Derecho, una de las ONG que participa en la campaña de No es Sano, “pero este proceso judicial es muy importante, porque puede sentar un importante precedente para romper la opacidad del mundo farmacéutico”.

En un comunicado, Novartis ha asegurado que ha recurrido a los tribunales porque no fue informada del procedimiento, por lo que “no tuvo ocasión de ser escuchada para poder defender sus legítimos intereses”. Según la empresa, en el juicio se dirimirán “los límites al derecho de acceso a la información pública”, ya que la compañía entiende que este derecho puede entrar en “conflicto con otros intereses protegidos”.

Sin embargo, López asegura que “Novartis está tratando evitar por todos los medios la publicación de una información que es de interés público” y afirma que los datos que han requerido “no es información que se pueda considerar sensible, como la relativa a los procesos de producción, sino que estamos pidiendo los criterios que ha manejado el Ministerio para decidir la financiación de un medicamento”.

El Consejo de Transparencia da la razón a las ONG

El proceso se inició a principios de este mismo año, cuando la campaña No es Sano, formada por distintas ONG, como Salud por Derecho, Médicos del Mundo o la OCU, pidió al Gobierno la publicación de información relativa, Kymriah, uno de los fármacos estrella de la compañía Novartis y que está indicado para pacientes menores de 25 años que padecen leucemia linfoblástica aguda de células B, la más habitual en niños, y que no responden a los tratamientos convencionales.

En enero de este año el Gobierno facilitó parte de la información a las ONG, pero sin especificar los criterios objetivos. “La información que recibimos fue muy genérica”, asegura López. “Nos gustaría saber si se han tenido en cuenta criterios de coste-efectividad, el impacto económico de este fármaco o si Novartis ha facilitado información sobre los costes de desarrollo del medicamento que permitan saber en base a qué criterios se ha decidido fijar ese precio”.

Tras no recibir esta información, los miembros de la campaña volvieron a recurrir al Portal de Transparencia, que el pasado mes de abril falló a favor de las ONG e instó al Ministerio de Sanidad a que hiciera pública “la motivación y los criterios objetivos concretos bajo los cuales se aprueba esta terapia, así como las condiciones económicas del acuerdo y las principales consideraciones y reflexiones producidas en el seno de la CIPM [Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos]”, organismo responsable de la fijación de precios.

Precios que pueden afectar al sistema sanitario

“Queremos conocer las actas en las que aparecen las deliberaciones de la comisión”, afirma López. “La ciudadanía tiene derecho a saber en base a qué criterios los poderes públicos toman decisiones que nos afectan a todos y que son de interés público, sobre todo cuando hablamos de precios de medicamentos que pueden poner en cuestión la sostenibilidad futura del sistema sanitario”.

Desde que en 2017 se anunciara la aprobación de esta terapia en EEUU, donde salió al mercado a un precio de 475.000 dólares (unos 430.000 euros), diversas organizaciones han criticado la falta de transparencia a la hora de especificar los costes de desarrollo, así como el hecho de que parte de la investigación haya estado financiada con dinero público.

Según unos datos publicado por la organización Patients For Affordable Drugs, los contribuyentes estadounidenses han invertido más de 200 millones de dólares en el descubrimiento de las terapias CAR-T y, según la organización Knowledge Ecology International, la mitad del dinero invertido por Novartis para la realización de los ensayos clínicos de Kymiriah provenía de créditos públicos.

Uno de las mitos más extendidos sobre el ciclo menstrual de las mujeres es que debería durar exactamente 28 días y que la ovulación se produce a los 14 días. Sin embargo, la experiencia diaria de la mayoría de las mujeres ya indicaba que esto no es exactamente así, puesto que existe una importante variabilidad. Ahora, un estudio publicado en la revista Digital Medicine ha demostrado que apenas un 13% de las mujeres tienen un ciclo de 28 días y que la duración media del ciclo es, en realidad, de algo más de 29.

“Existe una idea errónea, tanto entre el público general como entre algunos médicos, de que el ciclo debe ser de unos 28 días, con ovulación alrededor del día 14”, asegura a eldiario.es Jonathan Bull, principal autor de este nuevo estudio. Sin embargo, “encontramos un rango mayor de duración del ciclo y de la fase de ovulación de lo que se esperaba según otros estudios anteriores”.

Los resultados obtenidos por Bull, junto a un equipo de investigadores de varias instituciones europeas, muestran que el promedio del ciclo menstrual es, en realidad, de 29,3 días. Según este investigador, a pesar de que estudios anteriores ya habían mostrado que el ciclo es variable, “esta información no ha sido efectivamente transmitida al público en general”. De hecho, diversos manuales y guías clínicas, como las facilitadas por el Departamento de Salud de EEUU o por la escuela de medicina Johns Hopkins, siguen insistiendo en que un ciclo menstrual de 28 días es la norma.

La importancia de determinar la ovulación

En declaraciones a eldiario.es, la vicepresidenta de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, María Jesús Cancelo, insiste en que “hay que desterrar la idea de que lo normal es que la regla sea cada 28 días, ya que la variabilidad es muy amplia y lo importante es que cada mujer conozca cual es su regularidad para que sepa identificar los cambios”.

Sin embargo, esta ginecóloga también ha asegurado que “este resultado concreto del estudio no es ninguna novedad y lo que hace es ratificar algo que ya sabíamos”. De hecho, la variabilidad en la duración del ciclo menstrual está explícitamente reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que establece que un ciclo que dure entre 24 y 38 días se considera normal.

El estudio no solo se centra en la duración del ciclo menstrual, sino que también analiza el momento en el que se produce la ovulación. Mientras que la mayoría de los manuales asumen que lo más habitual es que se produzca a los 14 días, el estudio muestra que, en promedio, tiene lugar 16,9 días después de que se inicie la menstruación o unos 12,4 días antes de que se produzca la siguiente regla.

Jonathan Bull destaca la importancia de conocer con algo más de precisión el momento de la ovulación, ya que “en los países occidentales, las mujeres en edad reproductiva están optando por formar familias cada vez más tarde” y, “a medida que su fertilidad disminuye después de los 35 años, es más importante programar las relaciones sexuales para tener las máximas posibilidades de una concepción natural”, por lo que “si todo el mundo asume que la ovulación tiene lugar en el día 14, la mayoría se perderá los días más fértiles de su ciclo”.

Cancelo, que también es jefa del servicio de ginecología del Hospital Universitario de Guadalajara, reconoce la importancia de conocer este dato, ya que “si se supiera exactamente cuándo ocurre la ovulación sería un método sencillo y fácil para controlar la natalidad”, aunque aclara que “realmente es algo que no se conoce con precisión”.

La influencia del sexismo

El estudio, además, pone de manifiesto el relativo desconocimiento que aún se tiene sobre el funcionamiento normal del cuerpo de las mujeres, algo que su autor achaca a sesgos culturales. “A menudo, los médicos pasan por alto las preocupaciones de las mujeres por considerarlas 'cosas de mujeres'”, afirma Bull, que también destaca cómo “el sesgo cultural y el número desproporcionadamente alto de hombres que se han dedicado históricamente a la medicina ha conducido a una investigación insuficiente sobre la salud de la mujer”.

Sin embargo, Cancelo asegura que, aunque la investigación de los problemas ginecológicos se iniciara “con cierto retraso con respecto a otras áreas, gracias al aumento de la esperanza de vida y a la mayor relevancia de la mujer a nivel social y en el mundo de la investigación actualmente se está prestando más atención a patologías específicas que afectan a las mujeres y hoy en día sí que tenemos una idea muy clara de cómo se produce el ciclo”.

Cancelo recuerda la consideración cultural que ha tenido la menstruación a lo largo de la historia y afirma que “es el hecho fisiológico que tiene más connotaciones positivas y negativas”. Según esta ginecóloga, “las mujeres con la menstruación han sido históricamente apartadas de actividades y eventos sociales y aunque a día de hoy pueda parecer algo increíble, todavía hay lugares donde sucede, porque sigue habiendo mitos muy importantes sobre la menstruación”.

El pasado mes de septiembre el Gobierno anunció la congelación de los precios de referencia de cuatro medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud, una información adelantada en exclusiva por CIVIO. Estos fármacos se unen a otros seis cuya bajada de precio también se frenó en la orden del pasado año, con lo que ya son 10 los medicamentos esenciales cuyo precio no se reducirá a pesar de que tocaba una rebaja. Entre los fármacos hay tratamientos para algunos tipos de cáncer o reacciones alérgicas graves, así como antibióticos, anestésicos o anticoagulantes.

El pasado año, el Ministerio de Sanidad publicó el listado de precios de referencia de los fármacos que se comercializan en España , tras cinco años sin hacerlo. Estos precios establecen el coste máximo que el Estado financiará para cada producto y el precio se calcula a partir del más barato que ofrezcan los laboratorios para un mismo principio activo, de forma que se garantiza que el Estado no está pagando más si hay versiones más baratas de un mismo medicamento.

Esta forma de calcular el precio hace que, por lo general, la revisión que se hace cada año sea a la baja, ya que basta con que cualquiera de las presentaciones de un conjunto baje de precio o que llegue un nuevo genérico al mercado o en una nueva presentación, para que se recalcule el coste a la baja, algo que los laboratorios farmacéuticos consideran “insostenible”.

Según el director del Departamento Técnico de Farmaindustria, Emili Esteve, “no se puede descartar que en algunas presentaciones esta continua erosión de los precios pueda poner en peligro la viabilidad de la comercialización” y asegura que el motivo por el que a algunas empresas de genéricos sí les resulta rentable producir el fármaco se encuentra en estrategias industriales, como la deslocalización de la producción. “No todos los medicamentos se fabrican en Europa, algunos se fabrican en Asia, donde los costes de producción pueden ser menores”.

Las farmacéuticas amenazaron con retirar fármacos

La influencia de los laboratorios en la congelación de los precios de referencia quedó explícitamente recogida en la orden ministerial publicada en noviembre del pasado año en el BOE , tal y cómo informó CIVIO en otra exclusiva anterior, en la que se afirma que los laboratorios amenazaron con la “retirada inmediata” de ciertos medicamentos del mercado español, alegando que el coste de producción era “superior a su precio de venta en el Sistema Nacional de Salud”.

Durante el procedimiento de elaboración de la orden que fija los precios de referencia, las empresas farmacéuticas pueden hacer alegaciones. “En algunas ocasiones son para subsanar errores”, explica Esteve, “mientras que en otras, como en este caso, plantean a la Administración que ese tipo de actuación podría poner en peligro la comercialización de determinadas presentaciones”.

Según Esteve, “estas alegaciones pueden ser o no atendidas por la Administración”, pero entiende que el Gobierno haya considerado “razonable” que en estos casos no se aplique el sistema de precios de referencia, ya que “este sistema necesita algún tipo de corrección para garantizar la viabilidad de este tipo de productos”.

El Gobierno evita mencionar a las farmacéuticas

Sin embargo, en la nueva disposición publicada el pasado 19 de septiembre, el Gobierno solo afirma que se ha tomado esta medida para “garantizar el suministro de los medicamentos esenciales”, evitando mencionar de forma explícita la posible influencia de los laboratorios farmacéuticos en la decisión.

A pesar de los repetidos intentos de este diario por aclarar cuáles son los motivos que pueden poner en riesgo el suministro o si han sido los laboratorios los que, al igual que el pasado año, han presionado para evitar una nueva reducción de los precios de referencia, el Ministerio de Sanidad no ha ofrecido una respuesta clara y se ha limitado a señalar lo publicado en el BOE.

Esteve, por su parte, señala que, a pesar de que “el año pasado venía de forma más explícita en el preámbulo de la orden y este año se ha recogido con otras palabras, en ambos casos lo que se trata de proteger es la continuidad en el suministro” y afirma que entiende que la administración se haya mostrado “sensible a las alegaciones de las farmacéuticas”.

En los últimos años varias empresas han conseguido llevar al mercado un nuevo tipo de hamburguesas sin carne. Las dos principales marcas comerciales han crecido exponencialmente en EEUU y este mismo verano una de ellas ha aterrizado en los supermercados españoles. El éxito de este nuevo producto se asienta en una mayor preocupación ambiental por parte la ciudadanía, sin embargo, poco se sabe de la forma de producir estas nuevas hamburguesas y hasta qué punto son una alternativa más sostenible a las hamburguesas de carne.

El pasado mes de agosto el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) pedía un cambio urgente en la dieta del planeta para reducir el consumo de carne, ya que las emisiones totales de la ganadería mundial se sitúan en torno a las 7,1 Gigatoneladas de CO2 al año, lo que representa el 14,5 por ciento de todas las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, según datos de la FAO.

La conclusión de los expertos del IPCC coincide con otro grupo de científicos independiente que, en un artículo publicado en la revista The Lancet a principios de año, concluyó que para salvar el planeta hay que reducir un 50% el consumo de carne roja.

Hamburguesas vegetales para carnívoros

En este escenario han aparecido las nuevas propuestas comerciales, desarrolladas por las empresas Beyond Meat e Impossible Foods, que se han presentado como una alternativa más sostenible a la carne tradicional. La novedad respecto a las carnes vegetales anteriores es que este nuevo producto va dirigido a consumidores de carne, no a veganos o vegetarianos, ya que son productos de textura y sabor muy similar al de la carne.

Las nuevas hamburguesas son una mezcla de varios ingredientes de origen vegetal, como el concentrado de proteína de soja modificada genéticamente, aceite de coco, aceite de girasol, dextrosa cultivada, gluconato de zinc, etc. Todos estos productos ofrecen a la hamburguesa una textura similar a la carne e incluso tienen un aditivo, la leghemoglobina de soja, que hace que la carne sangre.

Este nuevo tipo de carne, especialmente las hamburguesas, se han ido abriendo camino en el mercado estadounidense y grandes cadenas de comida rápida, como KFC o Burger King, ya han incluido estos productos entre su oferta. El mercado se ha extendido rápidamente y el sector registró en 2017 unas ventas superiores a los 670 millones de dólares, un 24% más que el año anterior, según datos de la Plants Based Food Asociation.

Las hamburguesas vegetales de Beyond Meat también han llegado a España, donde se comercializan de la mano de Zyrcular Foods. Desde el pasado mes diciembre se pueden encontrar en algunos restaurantes del país y desde julio también se pueden adquirir en algunas cadenas de supermercados.

Menor impacto ambiental

Teniendo en cuenta que el impacto ambiental de la proteína vegetal es mucho menor que el de la carne, es de suponer que estos nuevos productos serán más sostenibles. Sin embargo, hasta ahora apenas se han realizado estudios y tan solo se han publicado informes encargados por las propias compañías.

En 2018, Beyond Meat encargó un estudio de impacto ambiental a un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan que reveló que sus hamburguesas vegetales generaban un 90% menos de emisiones de gases de efecto invernadero y tenían mucho menos impacto en el agua y el uso de la tierra que las hamburguesas de carne de vacuno.

También Impossible Foods ha publicado datos propios sobre el impacto ambiental de sus productos. Según un informe publicado este mismo año en su página web y elaborado por la consultora Quantis, la Impossible Burger genera un 89% menos de emisiones de gases de efecto invernadero y utiliza un 87% menos de agua y un 96% menos de tierra.

Por sus intentos por conseguir un nuevo tipo de carne con menor impacto ambiental, el pasado año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente otorgó a estas dos empresas el premio Campeón de la Tierra en 2018 , reconociendo su labor pionera para mejora la sostenibilidad del mercado alimentario.

Escepticismo entre los investigadores

Sin embargo, la escasez de estudios independientes hace que algunos investigadores planteen sus dudas sobre las triunfalistas afirmaciones de estas compañías y recuerdan que a la hora de valorar el impacto ambiental de un producto también se deben tener en cuenta otros factores, como “las formas de producción y los costes de transporte”, según ha asegurado a eldiario.es Barbara Willaarts, investigadora del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (Austria).

Esta especialista asegura que “no solo es un tema de consumir de manera eficiente, sino también de tipos de mercados (ecológico versus intensivo) y de proximidad” y afirma que “comer carne de vaca ecológica de España sin duda será más costoso desde el punto de vista de uso de recursos, pero quizás sea también más sostenible que comer hamburguesas de soja producidas en Brasil, por las externalidades que genera su producción y transporte”.

Willaarts no es la única especialista que matiza las afirmaciones de estas compañías. El investigador de la Universidad de Oxford, Marco Springmann aseguró a la cadena CNBC que “Beyond e Impossible van en la dirección de reducir la huella de carbono, pero decir que es lo más respetuoso con el clima es una falsa promesa”.

Según este investigador, “tiene sentido desarrollar alternativas a la carne de vacuno, porque tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios a dietas más basadas en plantas si queremos limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados”, pero “aunque estos productos procesados tienen la mitad de la huella de carbono que el pollo, también tienen cinco veces más impacto que una hamburguesa de judías”.

¿Es útil para luchar contra el cambio climático?

Sobre el impacto que tendrán este tipo de productos a la hora de frenar el cambio climático los investigadores también se muestran escépticos. En este sentido, el profesor del Instituto de Decisiones Ambientales de Zurich, Michael Siegrist, aseguró al New York Times que estos nuevos productos “están muy lejos de tener un impacto ambiental” y afirmó que no está claro si las proteínas vegetales están reemplazando realmente a la carne, ya que “desafortunadamente, el consumo de carne sigue aumentando en todo el mundo”.

Teniendo en cuenta las tendencias actuales, parece improbable que vaya a suponer un cambio importante a medio plazo, dado que los casi 700 millones de dólares registrados por las empresas de carne vegetal en EEUU durante 2017 palidecen ante los más de 1,02 billones que facturó la industria de la carne ese mismo año, según datos de la asociación de empresas de productos cárnicos de EEUU.

El otro gran producto de origen vegetal que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años es la leche de origen vegetal, ya sea de soja, almendra o coco. Solo en EEUU el consumo de este tipo de bebidas ha crecido del 1% del mercado de productos lácteos líquidos al 13% en apenas unos años.

Sin embargo, aunque el crecimiento de la demanda de carne siguiera un ritmo similar al de las leches vegetales, apenas serviría para contrarrestar el aumento en la demanda de productos cárnicos que se está produciendo a nivel global, tal y como señalaba Siegrist, especialmente en países emergentes como China e India.

Los cigarrillos electrónicos llevan varios años en el punto de mira de diversas instituciones sanitarias a nivel internacional. A finales de julio, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el efecto negativo de estos dispositivos en la lucha contra el tabaquismo y a principios de mes, el Ministerio de Sanidad español lanzó una campaña en la que los compara con el tabaco. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de EEUU han recomendado la prohibición de los cigarrillos electrónicos de sabores, tras dispararse su uso entre los adolescentes. Sin embargo, en otros países, como Reino Unido, se está promoviendo su consumo como un método eficaz para dejar de fumar.

La disparidad de estrategias políticas obedece, en cierta medida, a la falta de consenso científico sobre las consecuencias del consumo de cigarrillos electrónicos a largo plazo. Mientras que la mayor parte de los expertos en prevención consideran que estos dispositivos siguen siendo un riesgo para la salud pública y que solo es otra forma de mantener enganchados a los antiguos fumadores y de atraer a nuevos consumidores, algunos investigadores defienden que es un método eficaz y seguro para dejar de fumar, ya que proporciona cantidades suficientes de nicotina, pero sin las sustancias más dañinas y cancerígenas del tabaco.

El debate de los últimos años se ha centrado en establecer si los riesgos asociados a estos productos y el posible aumento en el número de fumadores que lleva asociado compensan las mejoras en salud global que se podrían producir por el hecho de sustituir el tabaco por los cigarrillos electrónicos, una estrategia conocida como reducción de daños.

La hipótesis de la 'reducción de daños'

En este sentido se expresaron el pasado año 72 investigadores en una carta dirigida al director general de la OMS. En la misiva, los investigadores instan a la organización sanitaria a dar más peso a los beneficios de los dispositivos electrónicos, alegando que “la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo no debería ser una razón para la parálisis”.

Uno de los firmantes de la carta, el profesor de la Universidad Queen Mary de Londres, Peter Hajek, publicó a principios de este año un estudio en el New England Journal of Medicine (NEJM) que concluye que los cigarrillos electrónicos son casi el doble de efectivos para dejar de fumar que otros productos de nicotina convencionales, como parches o chicles.

Reino Unido decidió en 2012 comenzar a promover el uso de CE para reducir el tabaquismo y la tasa de fumadores de tabaco ha descendido cinco puntos porcentuales desde entonces, hasta situarse en un 15%, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística. Sin embargo, esto ha traído consigo el aumento en el número de usuarios de los cigarrillos electrónicos, cuya tasa ha aumentado más de un 70% en los últimos cuatro años, hasta situarse en el algo más del 6%.

Riesgos a largo plazo

Otro de los puntos polémicos del uso de cigarrillos electrónicos como método para dejar de fumar se encuentra en su eficacia a largo plazo, ya que el estudio de Hajek también mostró que el 80% de los participantes que habían dejado de consumir tabaco gracias al cigarrillo electrónico seguían utilizando estos dispositivos un año después.

Aunque existe cierto consenso sobre el hecho de que los cigarrillos electrónicos tienen menos sustancias tóxicas que el tabaco, los científicos también reconocen que estos dispositivos no son inocuos y en otro artículo publicado también en el NEJM, varios investigadores plantean sus dudas sobre los riesgos de mantener la adicción a la nicotina y las “consecuencias desconocidas para la salud a largo plazo”.

“Existe cierta confusión social acerca del perfil de seguridad de estas nuevas formas de tabaquismo, ya que se intentan introducir como formas de fumar de 'bajo riesgo' o incorporando los conceptos de reducción de daños”, aseguraba Juan Antonio Riesco, neumólogo del Hospital Universitario de Cáceres, durante el Congreso SEPAR 2019 celebrado el pasado mes de julio y donde el especialista ofreció una ponencia sobre cómo los CE también son un factor de riesgo para desarrollar diversas enfermedades pulmonares.

También el presidente de SEPAR, Carlos Jiménez, asegura que, a pesar de que “no sabemos nada de los daños a la salud que pueda generar el consumo a largo plazo de cigarrillos electrónicos, sí sabemos que en el vapor hay sustancias tóxicas que facilitan la aparición de infecciones pulmonares y otras que pueden producir cáncer”.

Otros estudios realizados en los últimos años han mostrado los posibles daños de este tipo de dispositivos, lo que ha llevado a algunos investigadores a asegurar que la relación coste beneficio del cigarrillo electrónico no es positiva y que la estrategia de reducción de daños no es eficaz. Esta fue la principal conclusión de un estudio publicado el pasado año en la revista PLoS One, que asegura que “basado en la evidencia científica existente relacionada con los cigarrillos electrónicos y las suposiciones optimistas sobre el daño relativo que producen en comparación con el consumo de tabaco, el consumo de CE representa actualmente más daño a nivel de la población que beneficio”.

Además, no son pocos los investigadores que desconfían de la estrategia de reducción de daños y la consideran una artimaña de la industria del tabaco para colar sus nuevos productos. En este sentido, un artículo publicado en el British Medical Journal ha mostrado el papel dos importantes empresas tabacaleras en la promoción de esta estrategia.

El consumo se dispara entre los adolescentes

Sin embargo, el principal problema señalado por los críticos no son solo los posibles efectos a largo plazo, sino el hecho de que estos nuevos productos están funcionando como una puerta de entrada para seguir generando adictos a la nicotina, especialmente entre los jóvenes, ya que, según diversos estudios realizados en los últimos años, el consumo del cigarrillo electrónico entre los adolescentes se ha disparado.

En España, los datos provisionales de la encuesta ESTUDES, que se presentará en noviembre, alertan del aumento del uso del cigarrillo electrónico entre jóvenes de 14 a 18 años, ya que uno de cada dos reconoce haber probado estos productos, cuando en 2016 la proporción era de uno de cada 5. Además, la encuesta revela que el 78% de los estudiantes que usaban con frecuencia este tipo de productos también declaraba haber fumado tabaco.

Estos datos han llevado al Ministerio de Sanidad a estudiar cómo adaptar la Ley Antitabaco para que la normativa incluya las nuevas formar de fumar. A pesar de que no están incluidos en dicha ley, en los últimos años, varias reformas legislativas han prohibido su venta a menores, así como su uso en centros pertenecientes a la administración pública, medios de transporte y parques infantiles, además de impedir que se haga publicidad. Sin embargo, se pueden seguir usando en bares, restaurantes y centros de trabajo, y las marcas han buscado resquicios legales para anunciarse.

En Estados Unidos el debate también está abierto y el porcentaje de estudiantes de secundaria que admiten haber usado cigarrillos electrónicos en el último mes pasó de un 2 a un 16% entre 2011 y 2015, según un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias el pasado año. Aunque tras la aplicación de medidas restrictivas las tasas bajaron en 2016 hasta el 11%, en los últimos dos años los porcentajes se han vuelto a disparar hasta rozar el 21%, según los datos publicados esta misma semana por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En total, el número de adolescentes que consumen este tipo de productos en el país norteamericano aumentó en más de 1,5 millones entre 2017 y 2018, unos datos que han llevado al gobierno de Donald Trump a plantearse la prohibición de la venta de la mayoría de los cigarrillos electrónicos con sabores, los más populares entre los menores. “No podemos permitir que la gente se enferme. Y no podemos dejar que nuestros hijos se vean tan afectados”, afirmó el presidente.

Brote de infecciones pulmonares en EEUU

La medida se ha planteado en medio de un brote de infecciones pulmonares relacionado con los cigarrillos electrónicos que las autoridades sanitarias hicieron público la semana pasada. Según informó el CDC, se han detectado más de 800 casos en 46 estados y han fallecido 12 personas.

“Lo que hemos encontrado es que la mayoría de las personas que han enfermado son en general hombres sanos, con una edad media de 19 años”, explicó la directora médica y epidemióloga del Departamento de Salud Pública de Illinois, Jennifer Layden, principal autora de un estudio en el que se describen los primeros 53 casos que fueron identificados en los estados de Illinois y Wisconsin.

Aunque los primeros indicios parecían indicar que todos los casos estaban relacionados con el consumo de aceites de THC comprados de forma irregular, los resultados de las primeras investigaciones no han podido determinar el origen del brote. Los responsables del CDC aseguraron en rueda de prensa que, en algunos casos, los afectados aseguran no haber consumido esta sustancia, por lo que “en este momento, ningún dispositivo, producto o sustancia ha sido vinculado a todos los casos”.

Los investigadores tampoco han podido confirmar si el brote es un fenómeno nuevo y puntual o si las infecciones se llevan tiempo produciendo sin haber sido detectadas. Sin embargo, según Layden, la hipótesis de ser “un fenómeno nuevo” es la que tiene más peso, ya que las infecciones detectadas en mayo y junio de 2019, son superiores a las detectadas en 2018.

En cualquier caso, los responsables del CDC han recomendado a la población que deje de fumar de cualquier tipo de dispositivo electrónico hasta que se determine la causa de estas infecciones pulmonares y un editorial del NEJM asegura que los médicos deben disuadir a sus pacientes de usar estos dispositivos.

La proporción de superbacterias resistentes a los antibióticos ha crecido de forma significativa en las granjas de pollos y cerdos de varios países emergentes en lo que va de siglo, según muestra un nuevo estudio publicado hoy en la revista Science. Los autores identificaron China y la India como las regiones con mayores tasas de aparición de resistencias, aunque también se identificaron zonas críticas en Brasil y Kenia. “Se prevé que el aumento de la resistencia en los animales tendrá consecuencias importantes para la salud animal y, en última instancia, para la salud humana”, advierten los investigadores.

Desde el año 2000, la producción de carne se ha estabilizado en los países de ingresos altos, pero ha crecido un 68%, 64% y 40% en África, Asia y América del Sur, respectivamente. La transición a dietas ricas en carne se ha visto facilitada por la expansión de los sistemas de ganadería intensiva, en los que los antimicrobianos se utilizan para mantener la salud de los animales y mejorar la productividad. Sin embargo, en estas regiones las tendencias en la aparición de resistencias en los animales están mal documentadas.

El nuevo estudio se basó en los datos de prevalencia de patógenos comunes transmitidos por los alimentos, como la E. coli, el estafilococo áureo, las salmonelas no tifoideas o las bacterias del género Campylobacter. Según los resultados obtenidos, “entre 2000 y 2018, la proporción de antimicrobianos que mostraron una resistencia superior al 50% aumentó de 0,15 a 0,41 en pollos y de 0,13 a 0,34 en cerdos”.

Las tasas de resistencia más altas se observaron en las clases de antimicrobianos más comúnmente utilizadas en la producción animal, como las tetraciclinas, sulfonamidas y penicilinas. Entre los fármacos considerados críticos para la medicina humana, las tasas de resistencia más altas se encontraron para la ciprofloxacina y la eritromicina, mientras que para las cefalosporinas de tercera y cuarta generación se encontraron tasas de resistencia moderadas.

El ganado en el punto de mira de la OMS

Durante los últimos años muchas instituciones internacionales han tratado de alertar a la población sobre el creciente número de bacterias que se están volviendo resistentes a los antibióticos, un problema que la OMS ha calificado como “una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial”.

Aunque se desconoce el impacto real de estas superbacterias, algunos estudios recientes sugieren que cada año estos patógenos pueden provocar del orden de 33.000 muertes en la Unión Europea (UE), 23.000 en EEUU y unas 700.000 en todo el mundo. Además, algunas estimaciones realizadas en los últimos años indican que si la resistencia sigue creciendo al ritmo actual, en 2050 podrían fallecer más de 10 millones de personas por infecciones que antes se podían tratar, con 400.000 muertes anuales solo en Europa.

Los investigadores alertan de que los esfuerzos se han centrado en controlar el uso de antimicrobianos en infecciones humanas y no se ha dado suficiente importancia al sector ganadero, a pesar de que “los animales producidos para la alimentación consumen más antibióticos que los humanos”, según ha asegurado en otro artículo la responsable del grupo de investigación en resistencia antimicrobiana del Big Data Institute de Reino Unido, Catrin Moore.

La Organización Mundial de la Salud ya recomendó hace más de una década dejar de utilizar estos fármacos como método para estimular el crecimiento de los animales. Sin embargo, a pesar de que diversas regiones, como la UE, han prohibido la utilización de antibióticos como promotores del crecimiento, las cifras del consumo de antibióticos no se redujeron, ya que se continuaron utilizando como profilácticos de forma abusiva.

El problema siguió creciendo hasta que, en 2015, la Asamblea Mundial de la Salud reconoció la necesidad de hacer frente a la amenaza, lo que condujo a la OMS a recomendar en 2017 la creación de planes de acción nacionales que impusieran restricciones sobre el consumo de antibióticos en el ámbito de la ganadería.

Las restricciones frenan la aparición de resistencias

Según el nuevo estudio, los niveles de resistencia detectados parecen reflejar en cierta medida las distintas restricciones que se han ido aplicando en cada país. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos y medios la E. coli y las Campylobacter tenían niveles de resistencia a las quinolonas (un tipo de antimicrobiano) comparables a los niveles europeos, pero considerablemente más altos que en EEUU, donde se prohibió el uso de este fármaco en aves de corral en 2005.

Por el contrario, en el caso de la Salmonella y la E. coli, los países de ingresos medios y bajos tienen una resistencia sustancialmente mayor a la gentamicina que en Europa, donde este compuesto está prohibido para su uso en aves de corral y ganado. “Estos resultados sugieren que las restricciones regionales sobre el uso de compuestos específicos están asociadas con tasas de resistencia a los antimicrobianos más bajas”, asegura el estudio.

Sin embargo, la aplicación de planes de control que impongan restricciones al uso de antibióticos no es fácil en muchos países de ingresos bajos y medios, debido a la demanda creciente de productos de origen animal y a “la falta de conciencia política y local, junto con la pobreza económica y la incapacidad para fortalecer sistemas como el saneamiento básico y la higiene”, asegura Moore.

Para tratar de abordar este problema, los autores del estudio proponen que los países de altos ingresos creen “un fondo mundial para subvencionar la mejora de la bioseguridad y la bioprotección en las explotaciones agrícolas”.

El pasado mes de mayo el ciclón Fani obligó a más de 3,5 millones de personas de la India y Bangladesh a abandonar sus hogares. Apenas unos meses antes, otra tormenta provocó más de medio millón de desplazados en Mozambique. Estos son solo algunos de los fenómenos meteorológicos extremos que han provocado cientos de miles de desplazados durante los primeros seis meses de este año. En total, más de siete millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, una cifra que marca el primer semestre de 2019 como el más desastroso desde que se tienen registros.

Los datos salen del Informe Mundial sobre Desplazamientos Internos publicado el pasado jueves y que concluyó que las inundaciones, deslizamientos de tierra, ciclones y otros eventos climáticos extremos desplazaron temporalmente a más personas en el primer semestre de este año que durante el mismo período de cualquier otro año desde 2003.

India y Bangladesh lideran la lista de los países más con mayor número de desplazados por desastres naturales, pero también aparecen países de otras regiones del planeta. La sequía que azota Somalia ha provocado más de 70.000 desplazados en lo que va de año, mientras que las cuencas del Amazonas y del Río de la Plata provocaron 389.000 nuevos desplazamientos en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Las inundaciones también provocaron efectos importantes en Irán, con más de 500.000 desplazados o Etiopía, con 190.000, mientras que los deslizamientos de tierra provocados por la lluvias afectaron a casi 400.000 personas en Filipinas. También se han tenido en cuenta otros desastres no relacionados con el clima, como el terremoto que se produjo el pasado mes de junio en la provincia de Sichuan (China) y que afectó a unas 80.000 personas.

Con los datos obtenidos hasta ahora y en base a los registros históricos y lo que se sabe sobre la estacionalidad de los desastres relacionados con el clima, el informe estima que el número de personas que serán desplazadas a finales de 2019 se situará alrededor de 22 millones, una cifra que estaría entre las más altas jamás registradas.

Los eventos extremos son la nueva norma

Además, los nuevos datos se unen a los de un análisis publicado el pasado mes de mayo en la revista Global and Planetary Change y que concluía que el cambio climático ya se ha convertido en un factor más importante para las migraciones que los factores económicos y políticos en los países de origen.

Aunque a día de hoy solo unos pocos eventos se han podido atribuir directamente al calentamiento global, los investigadores llevan años advirtiendo de que una de las consecuencias de la crisis climática será el aumento en el número de fenómenos meteorológicos extremos y el informe destaca que “en el clima cambiante de hoy, el desplazamiento masivo provocado por eventos extremos se está convirtiendo en la norma”.

En este sentido, un estudio publicado el pasado mes de abril en la revista Science muestra cómo, en las últimas tres décadas, la velocidad del viento y la altura de las olas han aumentado en la mayoría de los océanos del planeta, lo que, unido a los efectos del cambio climático, aumentará la frecuencia de los temporales que causan destrozos e inundaciones en las costas.

Además, el aumento de estos eventos extremos es tal, que ha obligado a modificar los avisos del tiempo para la población y la Agencia Estatal de Meteorología está trabajando para que sus comunicaciones incluyan, no solo predicciones meteorológicas, sino también de impacto, de forma que los ciudadanos estén más preparados.

El clima también favorece la aparición de conflictos

Estudios anteriores también han mostrado cómo los eventos meteorológicos extremos pueden generar desplazados de forma indirecta, alterando la estabilidad sociopolítica de los países afectados, algo que ya había sido advertido en un informe del pentágono del año 2003, en el que se aseguraba que el aumento de esos fenómenos asociado al cambio climático supone “un grave riesgo para la estabilidad social, económica y política” del planeta.

En este sentido, un estudio publicado en 2015 mostró cómo el calentamiento global contribuyó a la sequía y al colapso del sector agrícola en Siria, provocando la inestabilidad en la región que posteriormente daría lugar al conflicto y al éxodo de refugiados. También una revisión de estudios más reciente, publicada en la revista Annual Review of Economics, mostró cómo las variaciones de temperaturas y de patrones de precipitación aumentan sistemáticamente el riesgo de conflicto.

Con todo, el nuevo informe, desarrollado por el Observatorio de Desplazamientos Internos (Ginebra, Suiza), también ofrece datos positivos, como la reducción en el número de muertos provocados por estos desastres naturales gracias a la concienciación de algunos gobiernos sobre la necesidad de actuar de forma preventiva.

“El desplazamiento sin precedentes provocado por el ciclón Fani oculta una historia de éxito, ya que los países realizaron evacuaciones preventivas que han salvado vidas”, asegura el informe. El documento compara las evacuaciones masivas en India y Bangladesh, que consiguieron que en ambos países se registraran menos de un centenar de víctimas mortales, con la falta de prevención en Mozambique, Malawi, Zimbabwe o Madagascar, donde el ciclón Idai dejó más de 1.000 fallecidos.

“Los adultos negros y latinos de EEUU tienen índices desproporcionadamente más altos de obesidad que los blancos”. La semana pasada el Samuel DuBois Cook Center de la Universidad de Duke publicó un informe sobre el desigual reparto de la obesidad en el país norteamericano. El estudio señaló los factores socioeconómicos como una de las claves para entender la desigualdad, pero también destacó la segregación residencial como uno de los principales elementos que explican estas grandes diferencias.

“Los vecindarios predominantemente negros a menudo carecen de los recursos clave para la promoción de la salud, como parques y acceso a alimentos frescos”, advierten los autores del informe. Además, señalan que “esas marcadas diferencias entre barrios son, a su vez, el resultado de políticas de vivienda discriminatorias”.

Una epidemia que barre EEUU

De acuerdo con los datos más recientes del Centro de Control de Enfermedades de EEUU, la prevalencia de la obesidad es de aproximadamente un 40% en el país norteamericano, lo que supone que alrededor de 93 millones de estadounidenses la sufren. Sin embargo, esta epidemia no se distribuye igualmente entre la población. Las personas de origen latinoamericano y los afroamericanos tienen la mayor prevalencia, con un 47%, mientras que entre los blancos la prevalencia es de un 38% y entre los asiáticos es de un 13%.

Estudios anteriores ya han mostrado que el estatus socioeconómico es un protector contra la obesidad. Sin embargo, el informe destaca que tener unos ingresos más altos no protege a la población afroamericana en la misma medida que a los blancos, unas diferencias que se deben a “determinantes sociales y estructurales”.

“Mientras que el aumento de los ingresos puede producir un mayor acceso a los recursos que permiten el mantenimiento de un peso saludable entre la población blanca, los mecanismos impulsados por el racismo a menudo impiden que la población negra pueda acceder a recursos similares”, aseguran los investigadores.

El informe señala que son la segregación residencial y las diferentes características de los barrios, y no los factores genéticos o culturales, los principales impulsores de los diferentes índices de obesidad entre distintos sectores de población y que una vez que se consideran factores como la edad, los ingresos y la educación, las personas blancas, hispanas y negras que viven en los mismos vecindarios se enfrentan a probabilidades similares de sufrir obesidad.

Menos zonas deportivas y más comida basura

Los investigadores aseguran que, debido a los problemas de racismo que ha sufrido EEUU a lo largo de su historia, los barrios predominantemente negros han sido sistemáticamente devaluados y, por lo general, presentan un peor acceso a comida fresca (lo que se conoce como 'desiertos de comida'), un mayor acceso a comida poco saludable (lo que se denomina 'pantanos de comida') y un menor acceso a instalaciones para hacer deporte.

En un entorno urbano, los desiertos de comida se definen como aquellas zonas en las que los residentes no tienen tiendas de alimentos frescos a menos un kilómetro y medio de distancia. Según el informe, en EEUU estos desiertos se formaron principalmente entre 1970 y 1988, cuando las familias más acomodadas, en su mayoría blancas, se trasladaron fuera de las áreas urbanas de las grandes ciudades, que quedaron ocupadas principalmente por personas negras. Esto provocó una caída de los ingresos medios de estas zonas y el cierre de una gran proporción de los supermercados, disminuyendo el acceso a alimentos frescos en estas comunidades.

Por otro lado, los pantanos de alimentos es un concepto que hace referencia a la existencia de barrios con alto acceso comida no saludable y se basa en la proximidad a restaurantes de comida rápida y tiendas de licores. Generalmente, asegura el estudio, “un mayor acceso a las tiendas de comida rápida y licores se asocia positivamente con una mayor prevalencia de obesidad y ambos están más concentrados en los vecindarios predominantemente negros o de bajos ingresos”.

Respecto al acceso a zonas para practicar deporte, el informe señala que la población afroamericana es un 20% menos propensa que la población blanca a realizar actividad física. Sin embargo, también destaca que muchas de las zonas para practicar deporte en los barrios más pobres no se encuentran en zonas seguras y adecuadas y que esta falta de seguridad es una de las barreras más importantes para que sean utilizadas. “Incluso con una alta concentración de parques, las preocupaciones de seguridad disuaden a las comunidades de bajos ingresos del uso de ésta y otras formas de recreación al aire libre”, aseguran los investigadores.

La segregación también afecta a Europa

“El informe no refleja ningún resultado nuevo, ni original, pero es muy interesante”, explica a eldiario.es el investigador Manuel Franco, profesor de la Universidad Johns Hopkins y de la Universidad de Alcalá y que ha trabajado durante años realizando estudios similares en EEUU y España. Según este epidemiólgo, a pesar de que el concepto raza tiene un menor peso social en Europa, estos procesos de segregación residencial también se dan en las ciudades europeas, donde “los ricos y los pobres cada vez están más separados espacialmente”.

Actualmente, Franco trabaja haciendo estudios similares en España, donde analiza los factores que se relacionan con la obesidad adulta o infantil. “El informe de Duke tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo nosotros en Madrid, donde hemos desarrollado el proyecto europeo Heart Healthy Hoods (Barrios Cardiosaludables), para estudiar las desigualdades en salud desde el punto de vista de las diferencias del entorno urbano”, cuenta este epidemiólgo.

“Lo que hacemos es estudiar los determinantes sociales de la enfermedad, que es lo que nosotros llamamos las causas de las causas”, explica Franco. Al igual que en el informe de la Universidad de Duke, las últimas investigaciones del epidemiólgo español y su equipo han analizado la distribución de las tiendas de alimentación y de las zonas para practicar deporte en la ciudad de Madrid. “Lo que hemos encontrado es que la mayoría de las instalaciones deportivas se encuentran en barrios ricos y que hay más tiendas con alimentos poco saludables alrededor de los colegios situados en los barrios más pobres”.

No son los únicos estudios que han mostrado esta relación. Durante los últimos años, varios equipos de investigadores han realizado investigaciones similares en distintas ciudades del planeta y han mostrado que las disparidades en el acceso a alimentos saludables en los barrios son un motivo de preocupación global.

Modificar zonas urbanas como prevención

Además, Franco destaca que este tipo de estudios son “muy potentes dede el punto de vista de la salud urbana”, ya que ofrecen herramientas para poder realizar intervenciones que permitan reducir el problema. “¿Qué tiene un efecto mayor desde el punto de vista de salud pública, convencer a una persona de que coma mejor o cambiar el entorno en el que vive para que sea más saludable para todos?”, plantea este epidemiólgo.

En este sentido, los autores del informe norteamericano presentan una serie de sugerencias para reducir la disparidad en los índices de obesidad, entre las que destacan el aumento de la inversión para crear parques y centros de deportivos seguros y de calidad en los barrios más desfavorecidos, así como actualizar la legislación urbana de forma que permita reducir la prevalencia de los desiertos y los pantanos de alimentos.

Sin embargo, Franco insiste en la necesidad de actuar sobre el crecimiento de la desigualdad interna en las ciudades. “Incluso cuando decimos que la causa de la obesidad infantil es que los barrios pobres venden más comida basura, no debemos perder de vista que el problema fundamental es que tenemos una segregación económica rampante”, afirma el epidemiólgo. En Madrid, por ejemplo, “la segregación socioeconómica residencial es muy clara y así lo estamos viendo desde hace años, incluso antes de que comenzaran los procesos de gentrificación y turistificación de la ciudad”.

El pasado 25 de junio, un grupo de organizaciones civiles presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) para mejorar la transparencia en el sector sanitario. El objetivo de esta medida legislativa es el de poner freno a algunos problemas que amenazan con desestabilizar el Sistema Nacional de Salud, como el continuo aumento del gasto farmacéutico.

Entre las organizaciones encargadas de desarrollar la propuesta se encuentran la Fundación CIVIO, Salud por Derecho o la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. Hablamos con el vicepresidente de esta última, el especialista en medicina familiar y comunitaria Juan José Rodríguez Sendín, sobre los motivos que han llevado a estas asociaciones a impulsar esta propuesta.

¿Por qué ha surgido esta iniciativa?

Lo que se pretende es resolver algunos agujeros del mundo sanitario y farmacéutico que están generando muchos problemas. Lo más llamativo es el precio excesivo que están alcanzando algunos fármacos, así como la falta de transparencia en la negociación de los precios o en la relación entre la industria y los profesionales sanitarios.

Todo esto es un gran vacío que está creando bastantes casos de irregularidades y de corrupción y que va a determinar el futuro del sistema sanitario, especialmente porque da la sensación de que no hay límite a la hora de ponerle precio a las nuevas moléculas. Al final, el objetivo es resolver todos estos puntos negros del sistema y que todo esto no quede impune, porque estamos hablando de salud.

¿Por qué exigen que las negociaciones de los precios que paga el estado a las farmacéuticas sean públicas?

A pesar de que la inversión en sanidad ha bajado, el gasto farmacéutico no deja de crecer. Ahora mismo está por encima del 25% del gasto sanitario y por encima del 30% en algunas comunidades autónomas. Esta es la situación y lo que se pretende es entender por qué sucede y ponerle límites.

Además, no tiene sentido que el sistema público, que es el mayor cliente de las farmacéuticas, no diga claramente cómo se negocian esos precios, que en algunos casos son exagerados. No hay ninguna razón para que los contratos públicos con la industria farmacéutica no se conozcan y sean transparentes. Solo puede haber razones oscuras para ocultarlo, lógicamente basadas en intereses económicos.

¿Puede la publicación de los costes de desarrollo de un fármaco poner en riesgo la propiedad intelectual, como asegura la industria?

Es absurdo, porque el sistema ya le da una protección de 20 años a una patente para recuperar la inversión realizada. El problema es que se está utilizando la patente para dar vía libre a que se pongan precios abusivos en cualquier condición. Además, se sabe que gran parte de la investigación básica utilizada para desarrollar un fármaco está financiada con fondos públicos, pero en el resultado final esto tampoco se está teniendo en cuenta. Si se quiere seguir manteniendo la patente, las empresas tendrán que demostrar lo que han gastado de forma transparente y, a partir de ahí, calcular un beneficio razonable. El problema es que la industria está muy bien como está y no quiere que esto cambie.

En la propuesta también se habla de la “sobreprescripción” ¿qué relación tiene con todo lo demás?

Los estímulos de la industria no solo van destinados a que los médicos prescriban lo que le interesa a las farmacéuticas, sino también a que prescriban más. Hoy en día todo está dirigido a recurrir por defecto a un fármaco, sin pararse a pensar que parte de la solución está en la prevención, en la que apenas se invierte, y no tanto en el diagnóstico y el tratamiento.

También se pretenden abordar los conflictos de intereses de la comunidad médica ¿es esto un problema?

Es evidente que es un problema, entre otras cosas porque se ocultan y esa información se debe conocer. Que un profesional médico trabaje o reciba fondos de la industria no supone ningún problema, pero eso lo deben saber todos los pacientes y los compañeros. Hay que decir lo que se entrega a cada profesional o a cada institución y en concepto de qué se recibe ese dinero.

Recientemente se ha sabido que los principales miembros del Comité Asesor de Vacunas se repartieron más de 200.000 euros de las farmacéuticas en dos años ¿qué le parece?

No parece prudente que alguien que esté en un comité que toma decisiones sobre un medicamento tenga conflictos de intereses con la empresa que vende ese medicamento. Esto no creo que haga falta explicarlo mucho porque es de sentido común.

¿Cree que hace falta más sensibilización con este tema en la comunidad médica?

No, lo que hace falta es más transparencia y menos permisividad por parte de las administraciones. Y esto lo digo en un sentido amplio, porque también hay responsables políticos que ocultan cosas.

Otro de los puntos negros señalados en la propuesta es la formación continuada de los médicos ¿por qué es problemática?

Porque es la mejor manera de hacer propaganda y comprar voluntades, puesto que el contenido y el gobierno de esa formación está totalmente en manos de la industria, que es el intermediario, y eso es algo muy grave y con lo que hay que terminar. El problema realmente no es la actitud de la industria, que está aquí para ganar dinero, el problema real es que los sucesivos gobiernos no han querido abordar la cuestión y se ha permitido que lleguemos a esta situación.

¿Es posible conseguir una formación independiente de la industria?

Hay muchas asociaciones y sociedades científicas que han decidido que no les interesa recibir dinero de las farmacéuticas, así que lo lógico es que creemos un fondo para que estas entidades que se comprometen a no recibir dinero de la industria puedan desarrollar actividades de formación y de investigación independientes.

¿Qué le parece la polémica surgida por los conflictos de intereses en el mundo de la divulgación? conflictos de intereses en el mundo de la divulgación

Creo que entra todo en el mismo paquete. Son canales de comunicación distintos, pero para cubrir lo mismo. No hay que olvidar que alguien hace divulgación está utilizando el prestigio de su profesión, porque la reputación puede ser personal, pero el prestigio lo da la profesión, y cuando un médico habla, la gente escucha por el prestigio social que tiene, por eso debemos ser transparentes y decir claramente si tenemos algún conflicto de interés. 

Durante los últimos años varios equipos de científicos han experimentado con embriones animales a los que se les introducen células humanas. Este miércoles se ha sabido que un equipo de científicos españoles ha conseguido hacerlo con monos en China, según una información publicada por El País, y que lo han hecho para evitar las barreras legales que hay en Europa o EEUU. Además, la semana pasada, la revista Nature adelantaba que Japón dará permiso para implantar los embriones obtenidos en este tipo de experimentos y llevar a término la gestación, algo que, hasta ahora, estaba prohibido. Los dos países asiáticos se convierten así en la punta de lanza de un área de la ciencia encaminada a desarrollar órganos humanos en animales con el objetivo de ser utilizados en transplantes, pero también abren el debate sobre los límites éticos y legales de este tipo de experimentos.

La creación de quimeras con células humanas no está prohibida ni en España, ni en la UE, pero existen ciertos límites, dado que el embrión nunca puede llegar a implantarse, ni llevarse a término. En EEUU la investigación también se permite, pero los Institutos Nacionales de Salud, principal entidad financiadora de estudios de biomedicina, establecieron en 2015 una moratoria sobre el uso de fondos públicos para estos experimentos.

El equipo del investigador Juan Carlos Izpisúa, que está repartido entre el Instituto Salk (EEUU) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM), ha conseguido introducir con éxito células humanas en embriones de mono. Aunque se desconocen los detalles de este experimento, se sabe que los embriones no se han llevado a término. Sin embargo, la investigación se ha desarrollado en China, debido a que ni EEUU, ni la UE permiten llevar a cabo este tipo de experimentos con primates.

¿Cualidades humanas en los animales?

El objetivo de la creación de estas hibridaciones es ver cómo se comportan las células de una especie en otra y, en el caso de células humanas, “lo que interesa es estudiar aspectos del desarrollo humano al que no podemos tener acceso durante el desarrollo de un embrión en el útero materno”, explica a eldiario.es Ángel Raya, director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB).

La controversia a la hora de crear quimeras con células humanas se basa en la posibilidad de que los animales puedan adquirir accidentalmente cualidades humanas, por ejemplo, si las células llegaran al cerebro del animal. Este problema es especialmente relevante en caso de que el experimento se lleve a cabo con primates, dado que su cercanía evolutiva hace que sea más probable que sus cerebros se vean alterados por células humanas.

Además, algunos investigadores también plantean el riesgo de que las células humanas puedan llegar a los tejidos reproductivos del animal. “Como las quimeras se están haciendo con células madre pluripotentes, aunque dirijas de alguna forma estas células hacia un órgano concreto, la posibilidad de que alguna de ellas de lugar a células germinales existe”, afirma Raya.

A pesar de ello, los investigadores involucrados en estos experimentos aseguran que gracias a las nuevas técnicas de edición genética, como CRISPR-Cas9, se podría conseguir que las células humanas se dirijan de forma más controlada a órganos específicos, evitando zonas polémicas como el cerebro o los tejidos reproductivos.

“Efectivamente, hay formas de impedir que surjan estos problemas, pero lo más sencillo es impedir que el animal llegue a nacer”, asegura Raya, en referencia a las limitaciones legales que solo permiten experimentar con los embriones durante un periodo limitado y sin que la gestación llegue a término.

Viajar para evitar restricciones

Para evitar estas limitaciones, los investigadores podrán viajar ahora a Japón, que el pasado mes de marzo modificó la normativa que regula este tipo de experimentos. La nueva legislación, publicada por el Ministerio de Educación y Ciencia del país nipón, permite que las quimeras puedan ser llevadas a término, algo que no se había hecho hasta ahora, ya que todos los experimentos desarrollados a nivel internacional se interrumpían a los pocos días de desarrollo del embrión.

Uno de los grandes beneficiados del cambio de normativa es el biólogo japonés Hiromitsu Nakauchi, que lleva años investigando con quimeras no humanas, desarrolladas con ratas y ratones. En 2014, Nakauchi trasladó su laboratorio a Stanford desde la Universidad de Tokio, porque la legislación japonesa no le permitía experimentar con células humanas, pero al llegar se encontró con la moratoria norteamericana. Ahora, tras la nueva regulación de Japón, Nakauchi se convertirá en el primer investigador en obtener permiso para realizar estos experimentos en suelo japonés.

“Como científico, esa barrera nos impedía hacer algunos experimentos y levantarla va a suponer un beneficio para todos”, afirma el director del CMRB, “pero también soy consciente de que si existía esa barrera es porque la sociedad no está cómoda levantándola”. Raya considera que la decisión de Japón es razonable y defiende este tipo decisiones, “siempre y cuando se expliquen a la sociedad para que tengan aceptación”.

Aunque Nakauchi podrá finalmente hacer experimentos con embriones animales y células humanas, estos no serán los primeros en llevarse a cabo, ya que, en enero de 2017, el equipo de Izpisúa logró cultivar, por primera vez, células madre humanas en embriones de cerdo.

El experimento, que se realizó con cerdos de una granja de Murcia, fue aprobado tanto por las autoridades españolas, como por las de California y las quimeras se eliminaron después de unas pocas semanas de desarrollo, tal y como indicaba la ley. Sin embargo, en esta ocasión el investigador español ha decidido realizar su nueva investigación en China, porque, “en principio, aquí no se pueden hacer”, según reconoció a El País la vicerrectora de investigación de la UCAM, Estrella Núñez.

China, objetivo de las críticas

“Da la sensación es que los científicos que se marchan a China quieren eludir cualquier tipo de debate ético”, cuenta a eldiario.es Carlos María Romeo, director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco. Según este catedrático, “los científicos no son seres puros, sino que son como el resto de los mortales, que a veces se mueven por la notoriedad o por ser los primeros en algo y algunos son bien conocidos por seguir este camino”.

Además, Romeo acusa al gigante asiático de no tomarse las regulaciones bioéticas demasiado en serio. “Hablar de bioética en China es como hablar de marcianos en Marte, utilizan el nombre pero no la respetan en absoluto, al menos no como está concebida en occidente”. Romeo recuerda que durante los últimos años “no solo ha saltado la polémica de los bebés editados genéticamente, sino que también se sabe que China obtiene órganos para transplantes de los presos que fallecen en prisión”.

Sin embargo, no toda la comunidad científica comparte esta visión del país asiático. “Nunca he tenido la sensación de que en China se puedan saltar las restricciones éticas más de lo que lo podamos hacer nosotros”, cuenta Raya, quien recuerda que “cuando saltó la polémica de los bebés editados genéticamente, algunos investigadores pidieron una moratoria sobre la edición de la línea germinal, algo que varios laboratorios de EEUU ya estaban haciendo”. Al final concluye este investigador, “hay que reconocer la hipocresía de quien está viendo mermada su hegemonía”.

Al presentar propuestas de investigación para obtener fondos con las que financiarlas, las mujeres suelen utilizar un lenguaje más específico que los hombres, y eso les castiga: obtienen puntuaciones más bajas. Esta es la principal conclusión de estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de EEUU. “Nuestros resultados revelan que las diferencias de género en la escritura y la comunicación contribuyen significativamente a las disparidades de género en la evaluación de la ciencia y la innovación”, afirman los autores del estudio.

El equipo de investigadores observó que los tribunales que evalúan las propuestas de los científicos dan puntuaciones un 16% más bajas a las presentadas por mujeres que a las presentadas por hombres, incluso cuando no conocen el género del solicitante. “A pesar de que la revisión es ciega, las mujeres solicitantes reciben puntuaciones significativamente más bajas, lo que no puede explicarse por las características de los revisores, los temas de las propuestas o la calidad de los solicitantes”, aseguran los científicos.

En el estudio se analizaron las cerca de 6.800 propuestas presentadas al programa de Desafíos Globales de la Fundación Bill y Melinda Gates entre 2008 y 2017 y se observaron “fuertes diferencias de género en el uso de palabras genéricas y específicas, lo que sugiere que los diferentes estilos de comunicación son un factor clave de la brecha de género en las puntuaciones”, afirma el estudio.

Los investigadores definieron como palabras específicas aquellas que aparecen con mayor frecuencia en algunas áreas concretas y como genéricas las que aparecen con una frecuencia similar en todas las áreas temáticas. Según los investigadores, la utilización de un lenguaje más vago por parte de los hombres les ofrecía mayores puntuaciones, mientras que el uso de palabras específicas por parte de las mujeres tuvo un efecto negativo.

Un mecanismo para eliminar sesgos 

Las revisiones a ciegas surgen como un mecanismo para eliminar los posibles sesgos en los procesos de evaluación y selección en el ámbito científico, ya que estudios anteriores han mostrado que las mujeres investigadoras pueden ser evaluadas de forma más negativa que los hombres, lo que se conoce como efecto Matilda: la minusvaloración de los logros científicos femeninos que, además, se atribuyen a hombres.

Este tipo de evaluaciones, en las que los revisores no tienen datos personales de los solicitantes, es considerada como la medida estándar para tratar de eliminar sesgos. De hecho, los autores del estudio aseguran que la brecha en la puntuación de género prácticamente desaparece si no se tienen en cuenta las diferencias asociadas al texto de las propuestas.

Sin embargo, los investigadores han querido ir más allá y, a pesar de que consideran que la revisión a ciegas es una condición necesaria, plantean la duda de “si es suficiente para superar todos los aspectos de la infrarrepresentación o si existen barreras significativas a la diversidad que persisten después de su implementación”.

Un castigo “desproporcionado” para las mujeres

Los investigadores también analizaron el rendimiento de los científicos que pidieron las subvenciones, para determinar el impacto de la evaluación en sus carreras y si las propuestas mejor evaluadas resultaban más exitosas en el futuro. Para ello, estudiaron las publicaciones científicas de los solicitantes y la financiación adicional conseguida de otras instituciones (como los Institutos Nacionales de Salud de EEUU).

Los resultados mostraron que las mujeres a las que se les concedió la subvención obtuvieron resultados que son indistinguibles de los obtenidos por los hombres, salvo en la obtención de financiación adicional, donde las mujeres “superan significativamente el rendimiento de sus contrapartes masculinas”, obteniendo en promedio un 37% más de fondos.

Sin embargo, el impacto entre los solicitantes no elegidos sí fue muy diferente entre hombres y mujeres. Según el estudio, el no ser escogidas supone un “obstáculo desproporcionado” para la carrera de las mujeres, en comparación con los hombres, ya que su producción científica se ve más afectada, por lo que los investigadores concluyen que la asignación de fondos a las mujeres “genera un mayor rendimiento que los concedidos a los hombres”.

Por último, los resultados del estudio indican que el uso de las palabras genéricas, que resultó en mejores puntuaciones por parte de los evaluadores, está asociado a peores resultados tras la concesión de la subvención, lo que sugiere “que los revisores pueden ser demasiado crédulos con las descripciones vagas”, por lo que instan a las instituciones examinar más de cerca los posibles sesgos de los revisores, especialmente en casos como éste, en los que se premia un lenguaje que no ofrece mejores resultados.

Además, los autores del estudio también recomiendan elevar la presencia de mujeres en la composición de los tribunales, ya que las puntuaciones de las evaluadoras no favorecen las propuestas de los solicitantes masculinos de la misma forma que las de los revisores masculinos.

El pasado 11 de julio, la Asamblea General de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, más conocida por sus siglas en inglés, IUPAC, escogía por primera vez a un español como presidente, el catedrático de la Universidad de Alicante, Javier García. La decisión coincide con el centenario de esta institución, una de las más emblemáticas del mundo, y con la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica.

García, catedrático de Química Inorgánica y Director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante, donde trabaja en el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia, será, además, el presidente más joven en la historia de esta institución, encargada de crear el lenguaje común de la química, de reconocer y poner nombre a los nuevos elementos y de generar datos indispensables para la experimentación, como los pesos atómicos.

Ha tenido que pasar un siglo para tener un presidente español en la IUPAC ¿era el momento?

Sí, España es la novena potencia mundial en producción científica en química, así que era de justicia presidiera ya el organismo que gobierna la química internacional.

¿Por qué se ha tardado tanto?

Si miras el resto de instituciones científicas internacionales, verás que, en general, España tiene una representación menor a la que le correspondería por producción científica. Esto sucede porque, por una parte, hace falta que haya más científicos españoles dispuestos a complicarse la vida presentándose a organizaciones internacionales, pero también hace falta que, como país, tengamos una política y una diplomacia científica internacional seria, de forma que, cuando haya convocatorias para instituciones internacionales, podamos presentar candidatos y tengamos un relato sólido, es decir, saber qué proponemos para contribuir a solucionar los grandes problemas de nuestro tiempo.

¿Cuáles son esos grandes problemas de nuestro tiempo?

En primer lugar, la ciencia debe contribuir a luchar contra el cambio climático y, para ello, muchos grupos de investigación están trabajando en el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia y en captura y utilización del CO. Además, la ciencia en general, y la química en particular, tiene un papel muy importante en la lucha contra las enfermedades.

Por otro lado, la ciencia tiene el reto de recuperar relevancia en un mundo donde la verdad, el conocimiento y la evidencia están en retroceso frente a la posverdad, la ignorancia y la opinión. A pesar de los buenos resultados que nos ha dado aplicar la razón para solucionar grandes problemas y de cómo hemos progresado en esperanza y calidad de vida gracias los avances científicos, el fanatismo y las fake news son los protagonistas de este nuevo tiempo donde la tecnología nos ofrece grandes oportunidades pero también incertidumbre, angustia y complejidad. Para resolver este nuevo reto, los científicos debemos participar en los grandes debates, proponer soluciones y situar a las personas en el centro de nuestras preocupaciones.

¿Qué hace la IUPAC para luchar contra la desinformación?

Tenemos un área que yo considero clave, que es la de educación. La IUPAC se esfuerza en que la química se enseñe de la mejor forma posible y que la ciudadanía en general tenga un posición crítica y bien informada sobre el uso de la química.

¿Qué opinión le merecen los productos que se anuncian como “libres de químicos”?

Son campañas de empresas que, de forma consciente, alimentan la quimiofobia para vender más. Pero la quimiofobia, como cualquier fobia, es un miedo irracional y manifiesta esencialmente un desconocimiento. Por ejemplo, a veces veo anuncios que dicen: “Vino libre de químicos”. Y no lo entiendo, porque el vino es el producto de una reacción química, que es la fermentación de la uva, y todos los compuestos que lo componen, tanto el etanol, como los taninos y el resto de sustancias son productos químicos. Todo es química.

Quizás el problema es que se está identificando producto químico con sustancia tóxica

Pero es que es precisamente la química la que permite que los productos sean seguros. Porque es el cloro el que permite que el agua sea potable y no enfermemos y son los conservantes que se añaden a los alimentos los que permiten que los comamos sin miedo a que estén en mal estado. Volver a un consumo como el de hace 100 años, nos devolvería a una época en la que la gente enfermaba por beber agua no potable o por consumir alimentos mal conservados.

Pero también hemos abusado de algunas sustancias químicas

Sí. Hay varios ejemplos de abuso, como los fertilizantes. Es cierto que han tenido una importancia vital para aumentar la producción alimentaria, pero su abuso ha generado serios problemas medioamebientales. Está claro que hay que utilizar las sustancias químicas de una forma responsable y por eso tenemos una normativa muy estricta, con muchos protocolos de seguridad y siempre debemos aplicar el principio de precaución.

¿Qué papel tienen los científicos ante el uso abusivo de los nuevos avances?

La responsabilidad que tenemos es muy grande, pero si de algo se nos puede acusar a los científicos hoy en día es de ser los Pepito Grillo de la sociedad. Estamos continuamente reclamando un uso responsable de los combustibles fósiles, hemos sido los primeros en alertar por la pérdida de biodiversidad, del abuso de los fertilizantes, etc. Los científicos estamos a la cabeza de las reivindicaciones para un uso más sostenible y más responsable de la tecnología y hemos dicho claramente que vamos hacia un desastre si seguimos contaminando a este nivel que lo estamos haciendo.

En su laboratorio se dedica al desarrollo de nuevas energías limpias ¿es ese el futuro?

No sabemos cuál va a ser la energía del futuro, pero trabajamos en muchas líneas aplicando nanotecnología. El año pasado patentamos las celdas solares de baja temperatura más eficientes del mundo y también estamos trabajando en almacenamiento de hidrógeno y en nuevos catalizadores para transformar luz solar en corriente eléctrica o en productos químicos. Otro proyecto al que yo le tengo mucho cariño, y que es una colaboración con el Instituto Tecnológico de Masachusets (MIT), es el desarrollo de baterías de flujo, un nuevo tipo de baterías que permiten almacenar energía eléctrica en la propia red, de forma que ayuden a la extensión de las energías renovables.

En el MIT fue donde creó su empresa, Rive Technology ¿cómo surgió la idea?Rive Technology

Cuando llegué al MIT era muy consciente de que tenía una oportunidad única para hacer una importante contribución científica. Al principio pensé que sería un artículo en una importante revista, pero compartía el espacio de laboratorio con un estudiante que era más joven que yo y que había montado una empresa en colaboración con un hospital. Vi cómo el resultado de su investigación estaba cambiando la vida de las personas y aquello me cambió la perspectiva, así que me planteé aprovechar la oportunidad para generar una empresa con la que promover el uso de los catalizadores que yo estaba desarrollando. Finalmente, lo que empezó como una estancia en el MIT terminó, 15 años después, con la venta de mi empresa a la mayor compañía de catalizadores del mundo.

¿Que falta en España para desarrollar ese nivel de innovación?

Muchas veces me preguntan por qué existen tantas empresas de éxito en el MIT y no es porque animen a la gente a innovar más, sino porque allí se hace la mejor ciencia básica del mundo. Solo cuando tienes a los mejores, es cuando surgen las grandes empresas tecnológicas del futuro, porque los grandes inversores quieren estar ahí donde se están resolviendo los grandes problemas de nuestro tiempo. No tiene sentido recortar en ciencia y luego exigir que se creen empresas para transferir tecnología. No es una cosa o la otra. Esto de recortamos en ciencia y ahora poner recursos para los chavales emprendan es un error, porque sin la mejor ciencia, emprender no sirve de nada.

Y aquí se ha recortado mucho, como presidente de la Academia Joven de España ¿cómo ha afectado esto a nuestros jóvenes investigadores?aquí se ha recortado mucho

La situación de la investigación en España es muy mejorable y los más precarizados por la crisis han sido los jóvenes. Pero la Academia es algo diferente y cubre una necesidad que a veces olvidamos. Es necesario poner de relieve la mala situación que viven los investigadores, y por supuesto que esa batalla la vamos a seguir dando, pero si solamente lanzamos el mensaje de que España no es un país para la ciencia, lo único que vamos a conseguir es que los jóvenes no quieran investigar. Así que, además de denunciar la precaria situación que se vive, debemos contar las historias de las mujeres y hombres jóvenes que están empujando los límites del conocimiento en nuestro país.

Habla de mujeres y hombres, pero la química es un campo eminentemente masculino ¿cree que es un problema?

Sí, creo que hacen falta políticas positivas que sirvan para corregir los sesgos que tenemos. Si hay algo que tengo muy claro es que cuando un grupo está dominado por un sector de la población, tiende a favorecer a ese sector. Puede ser de género, pero también geográfico. Por eso, tenemos que tener todo tipo de políticas para ayudar a compensar estos sesgos, dando visibilidad a las mujeres, a los investigadores jóvenes, a los que provienen de universidades pequeñas… Hace falta que haya más modelos de químicas que hayan llegado lejos y ese es uno de nuestros objetivos, tener modelos que inspiren a las nuevas generaciones.

Durante las últimas semanas se han producido varias polémicas que han abierto el debate sobre cómo gestionar los conflictos de intereses en el mundo de la divulgación científica. El pasado mes de junio, la conocida pediatra Lucía Galán fue señalada por promover en redes sociales una vacuna tras haber recibido dinero de una farmacéutica y también por comercializar su imagen para vender productos para bebés. Apenas unos días más tarde, algunos de los divulgadores más conocidos en redes sociales, como José Miguel Mulet o Deborah García, entre otros, fueron cuestionados por realizar publicidad para una empresa sanitaria sin decirlo explícitamente.

El debate de los conflictos de intereses en el mundo científico no es ni mucho menos nuevo y, de hecho, hace apenas unos días se supo que investigadores de centros públicos cobran “honorarios” de las farmacéuticas cuyas vacunas promocionan.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre investigadores y divulgadores y es que, aunque en España las empresas no están obligadas a mostrar públicamente los pagos que realizan a los científicos, estos sí están obligados por las revistas científicas a citar sus relaciones con la industria cuando publican algún estudio, algo que no se aplica a los profesionales que divulgan en redes sociales, lo que deja a sus seguidores sin conocer sus posibles conflictos de intereses.

La comunidad médica

Sobre la publicación de los conflictos de intereses en redes sociales apenas hay estudios, ya que la mayor parte de las investigaciones se han centrado en el mundo de la investigación y las revistas científicas. Sin embargo, debido a la importancia que han alcanzado las redes sociales a lo largo de la última década, algunos investigadores han empezado a advertir sobre el problema.

En 2013, Matthew DeCamp, profesor de bioética de la Universidad Johns Hopkins, alertaba en un artículo sobre la poca atención que la comunidad médica estaba dando a la transparencia en redes sociales y recordaba que “el hecho de no revelar los conflictos de intereses es una amenaza tanto para el paciente, como para la confianza en la profesión”.

Más recientemente, un equipo de científicos realizó un análisis sobre un grupo de especialistas médicos que tienen actividad en redes sociales. Según los autores de este estudio, publicado en una revista de la Asociación Médica Americana, “la mayoría de los médicos en Twitter con conflictos de intereses mencionan de forma frecuente medicamentos específicos con los cuales tienen un conflicto, pero casi ninguno revela estos lazos financieros”.

El potencial de las redes y de los divulgadores tampoco ha pasado desapercibido para la industria, que se ha acercado a aquellos profesionales que tienen un elevado número de seguidores, como la pediatra y divulgadora Lucía Galán, conocida como Lucía, mi pediatra y que acumula más de medio millón de seguidores en diversas redes sociales.

Esta especialista recibió el pasado año más de 5.000 euros de la farmacéutica GSK, propietaria de la vacuna contra la meningitis B que Galán recomienda frecuentemente en redes sociales, para ofrecer charlas sobre su experiencia tras haber superado una sepsis meningocócica. En declaraciones a este diario, la pediatra asegura que nunca se ha visto “coaccionada” por ninguna empresa y que su mensaje “es y será siempre el mismo, en favor de la ciencia y la evidencia científica”.

Una práctica cada vez más frecuente

El acercamiento de la industria a Galán no es un caso aislado. “A mí GSK me contactó cuando tenía unos 10.000 seguidores y, a pesar de que no tengo nada que ver con las vacunas, me ofrecieron dar una charla”, asegura a eldiario.es Alberto García Salido, pediatra y colaborador en varios medios de comunicación.

“Mi primera reacción fue positiva, porque estas ofertas alimentan tu ego”, asegura, “pero empecé a tener dudas y finalmente les llamé y les dije que me bajaba del barco, porque prefería recomendar la vacuna de forma libre y sin ninguna vinculación con la empresa”. Sin embargo, García reconoce que “cada vez hay más compañeros que se suman a esas charlas y entonces empiezas a plantearte si esa adherencia va vinculada a la remuneración recibida”.

A pesar de ello, García defiende que “Lucía es una persona que informa fenomenal y que dice cosas muy sensatas”, aunque también destaca el hecho de que “ha sido inteligente porque ha sabido generar una imagen de marca que le ha permitido abrir su propia clínica y vender libros, biberones, etc.”.

Esta faceta comercial de Galán, que ofrecía una línea de productos para bebés con su propio nombre, que ya ha retirado del mercado, también ha sido cuestionada por otros especialistas, ya que la autoridad de los facultativos hace que sus recomendaciones tengan un peso importante para la mayor parte de los ciudadanos, incluso cuando no recomiendan productos bajo prescripción médica.

Sobre esta cuestión, la responsable de normativa del Consejo Médico General de Reino Unido, Victoria Moore, aseguraba en un artículo reciente, publicado en el British Medical Journal, que los médicos “deben tener cuidado de nunca abusar de esa confianza para beneficio personal” y que, “ya se trate de un anuncio de televisión o de un post de Instagram”, la información debe ser “objetiva” y “no debe explotar la falta de conocimientos médicos del paciente”.

También la Asociación Médica Americana recomienda a los facultativos ofrecer únicamente productos cuyos beneficios han sido verificados y “revelar plenamente la naturaleza de su interés financiero”. Además, la institución norteamericana recomienda “distribuir productos gratuitamente”, ya que de esta manera se eliminan los elementos de beneficio personal “que pueden interferir con el juicio independiente del médico”.

Acusaciones de publicidad encubierta

La publicidad encubierta es otra de las polémicas que ha afectado a varios divulgadores durante las últimas semanas, ya que algunos de ellos publicaron varios mensajes sobre una empresa de sanidad privada sin advertirlo explícitamente. Una de las participantes en la campaña fue la química y divulgadora Deborah García que, tras iniciarse la polémica, decidió borrar los anuncios. García no ha ofrecido ninguna explicación al respecto, ni ha querido responder a las preguntas de este diario.

Otro de los divulgadores que participó fue José Miguel Mulet, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y autor de varios libros de divulgación sobre transgénicos, alimentación y vida saludable. Mulet ha asegurado a este diario que no entiende la polémica generada, porque “es la octava o novena vez que hago publicidad en Twitter en los últimos seis años y nunca había pasado nada”.

A pesar de ello, reconoce que fue un error no decir explícitamente que era publicidad, tal y como exige la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que establece multas para aquellos que hagan publicidad sin distinguirla del resto de contenido. “Fue una metedura de pata, pero fue por desconocimiento, porque era más que evidente que se trataba de publicidad”, afirma el biotecnólogo.

Sobre el problema de los conflictos de intereses en redes sociales, Mulet asegura que “es algo delicado, porque no ha habido control y ahora está surgiendo el debate”, pero afirma que “en esto caso no ha habido ningún conflicto porque yo no soy médico ni trabajo en sanidad” y asegura que “no haría publicidad de Monsanto o de ninguna otra empresa relacionada con transgénicos porque ése es mi ámbito profesional y ahí sí habría un conflicto de intereses”.

Los límites de la transparencia

Aunque todos los comunicadores consultados por este diario consideran que la publicación de los conflictos de intereses es importante, no todos tienen la misma opinión sobre el nivel de transparencia que deben alcanzar. “Tiene un límite porque me puede afectar a mi trabajo”, cuenta a este diario Gemma del Caño, una conocida divulgadora en el campo de la alimentación. “Si alguien sabe cuál es mi sector ¿puede llegar a influir en mi empresa para que me despidan? Esa es mi duda”.

Del Caño considera que “es importante que la gente sepa que trabajo para la industria y así lo digo siempre”, pero no cree “que sea importante saber cuál es el nombre de la empresa”. Además, al no decir el nombre, asegura esta divulgadora, “puedo hablar de forma mucho más libre y criticar a la industria cuando hace las cosas mal”.

Para Miguel Ángel Lurueña, consultor de alimentación y divulgador conocido por su blog Gominolas de petróleo, la transparencia, sin embargo, es algo “fundamental”. “Creo que siempre hay que declarar los conflictos de interés y en mi blog tengo un apartado específico donde siempre dejo claro de quién recibo dinero y con quién colaboro”, cuenta a eldiario.es.

La credibilidad

En los debates suscitados durante las últimas semanas también se ha puesto en duda la credibilidad de los propios divulgadores. Algunos comunicadores consideran que la falta de transparencia tiene un efecto negativo, como la médica Esther Samper, que aseguró en un artículo publicado en su blog que poner publicidad es “un suicidio profesional”, ya que “alguien que se decide a emplear su valioso tiempo para leerme, me está dando su voto de confianza y no espera que le cuele publicidad como información”.

Mulet asegura que su credibilidad solo se vería afectada “si dijera cosas que son mentira, no por hacer publicidad”. Del Caño, por su parte, asegura que, a pesar de que lo considera “un error”, los divulgadores “no se merecen que les echen su credibilidad por tierra por hacer un anuncio”, mientras que Lurueña critica que “a veces se exige un grado de pureza que es imposible de conseguir”.

García Salido, por su parte, asegura que no es fácil comprender y gestionar el impacto que tienen las redes sociales. “Lo de Twitter se me ha ido de las manos”, reconoce, “y llega un momento que te das cuenta de que tienes que ser mucho más cuidadoso con lo que dices”. Al final, concluye este pediatra, “creo que lo que ha pasado estos días nos debe enseñar dónde estamos, la influencia que tenemos y, sobre todo, que debemos cuidar esa influencia”.

El diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina incluye en su definición de maltrato infantil el síndrome de alienación parental (SAP), a pesar de que este no está reconocido por ninguna institución internacional. Según sus defensores, este supuesto síndrome surge cuando uno de los padres, generalmente la madre, manipula a sus hijos para que se enfrenten al otro progenitor durante un proceso de separación o divorcio.

Según recoge el diccionario de la RANM, el maltrato infantil, definido como el conjunto de acciones que afectan de manera negativa a la salud física o mental de un niño, “puede incluir desde agresiones físicas más o menos graves […] hasta las que pueden considerarse como de naturaleza psíquica o psicosocial”, entre las que figuran la inducción a la prostitución o a la drogodependencia, el abandono, las vejaciones e insultos o el mencionado síndrome de alienación parental.

En la actualidad, el SAP no está reconocido por prácticamente ninguna asociación profesional ni científica del ámbito de la psicología o la psiquiatría infantil. Según la Asociación Americana de Psicología, en cuyo diccionario el término aparece de forma explícita, “el síndrome ha sido descartado por la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Médica Americana por carecer de evidencia empírica o clínica de apoyo y no está incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales [conocido como DSM] ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades [elaborada por la Organización Mundial de la Salud]”.

Según esta misma definición, “no se han realizado estudios empíricos bien controlados que confirmen el fenómeno, ni se ha establecido un proceso de evaluación normalizado y criterios de diagnóstico específicos para el mismo”.

Desde la Academia española no han explicado cómo ha llegado un término tan controvertido y sin base científica a su diccionario, pero Carmen Remacha, responsable de la Unidad de Terminología Médica de la RANM, ha asegurado a eldiario.es que en el nuevo Diccionario panhispánico de términos médicos, que se elabora de forma conjunta por las Academias de Medicina pertenecientes a Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal, “la definición de maltrato infantil será distinta y no contendrá ninguna alusión a la alienación parental”.

Casi 35 años de SAP

El SAP fue creado en 1985 por el médico norteamericano Richard Gardner, que participaba como perito judicial en juicios de custodia, a menudo defendiendo a padres que habían sido acusados de abuso o maltrato. Gardner concluyó que, en más del 90% de los casos en los que se da este síndrome, es la madre la que aliena al menor contra el padre, alegando en la mayoría de los casos falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos.

Este psiquiatra publicitó el SAP a través de varios libros publicados por su propia editorial, llamada Creative Therapeutics, y apenas presentó pruebas en revistas científicas que pudieran ser revisadas por pares y sometidas al escrutinio de la comunidad científica, por lo que el SAP nunca ha tenido aceptación entre los especialistas.

“Los que trabajamos en la salud mental de los menores tenemos una posición bastante crítica sobre la supuesta base científica de este síndrome y consideramos que habría que desestimar su utilización”, explica a eldiario.es Fernando González, presidente de la Sociedad Española de Psicología y Psicoterapia del Niño y el Adolescente.

Un síndrome indemostrable

También la Asociación Española de Neuropsiquiatría se ha mostrado crítica con el SAP, considerándolo “un grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo” y una simplificación excesiva de “las complejas dinámicas de interacción familiar”. Además, estos especialistas critican que, tal y como Gardner definió el síndrome, es imposible refutarlo, ya que tanto el rechazo del menor a su padre, como la resistencia de la madre a perder la custodia son consideradas como pruebas que confirmarían la existencia del SAP.

Los especialistas aclaran, no obstante, que no es que la relación de un menor con uno de sus progenitores tras una separación no se pueda ver afectada por el otro, pero rechazan que esto pueda ser clasificado formalmente como un trastorno de salud mental. “Las conductas de los cónyuges durante la separación claro que influyen en los hijos, pero esto no puede entenderse como una enfermedad o un síndrome médico o psicológico”, afirma González.

También se expresó de forma similar Darrel Regier, vicepresidente del grupo de trabajo que redactó la última versión del DSM y que rechazó la inclusión del SAP en el citado manual. “No se trata de un trastorno en un individuo”, sino que puede ser “un problema de relación padre-hijo o padre-madre y los problemas de relación en sí mismos no son trastornos mentales”.

El CGPJ rechaza su uso por falta de base científica

La definición del SAP como un trastorno es clave si lo que se pretende es utilizarlo en un juicio de custodia, como era el caso de Gardner con sus clientes. El hecho de ratificar que el menor está manipulado y que dicha manipulación tiene efectos negativos sobre su salud mental implicaría que el progenitor alienador es, en realidad, un maltratador.

Las propuestas terapéuticas de Gardner también resultaron polémicas, dado que éste determinó que cuando apareciera el supuesto síndrome se debía otorgar la custodia del menor al progenitor rechazado, interrumpiendo totalmente la comunicación con el supuesto manipulador, que debería ser tratado por un experto en SAP.

Sin embargo, otra de las debilidades que hacen que el SAP no cuente con el respaldo de la comunidad científica y sea considerado como un riesgo desde el punto de vista judicial es que no es capaz de determinar si el niño ha sido maltratado o abusado por el padre que es rechazado, si es una invención del menor o si es producto de una supuesta manipulación.

Los estudios desarrollados durante las últimas décadas muestran que los menores no son fácilmente manipulables y que rara vez mientes sobre abusos o malos tratos. Por todo ello, el Consejo General del Poder Judicial lleva años promoviendo “un mejor conocimiento” del SAP en el ámbito judicial, “para evitar que, dada su carencia de base científica, pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales”.