Lucas es un joven valenciano. Cursó el Grado de Veterinaria en la universidad privada CEU Cardenal Herrera. La misma edad e inquietud tenía la masoniega Lucía, que tuvo que abandonar Cantabria dirección Zaragoza para poder estudiar presencialmente lo que le gustaba, en una universidad pública que, no sin dificultades, podía permitirse su familia.

Para adelantar y complementar la beca, Lucía estuvo trabajando fines de semana y veranos en la hostelería. Lucas vivía en casa de sus padres, tuvo un contexto con muchas más facilidades. Además, podía permitirse repartir las asignaturas, dejando algunas para septiembre o el curso siguiente, obteniendo así una mejor calificación. Cuando acabaron la carrera, a su vez se apuntaron al máster de profesorado que les capacitaba para ser docentes de Secundaria.

El curso pasado, ambos supieron que la Consejería de Educación de Cantabria abría una lista de ofrecimientos de Biología y Geología. Enviaron la documentación con el expediente académico, cuya media les jerarquizaría. Lucas quedó entre los 50 seleccionados (al contrario que Lucía, con unas décimas menos) y ha podido trabajar en una sustitución a jornada completa, que además le ha valido para obtener puntos de experiencia de cara a la oposición.

Al año siguiente, se convocó una oferta pública de empleo para el profesorado de Secundaria. Lucía hizo una brillante exposición del tema y resolvió correctamente los ejercicios prácticos, lo que le permitió pasar a la segunda fase, donde presentó una buena programación didáctica y demostró una gran capacidad de transmisión del conocimiento en la unidad didáctica que le tocó desarrollar. Sumando sus méritos acreditados, se quedó a las puertas de obtener una plaza en la primera convocatoria a la que concurría. Lucas, por el contrario, pasó muy justo la primera fase y fue declarado “no apto” por el tribunal en la segunda.

Sin embargo, a la hora de conformar listas, Lucas se consolidará en la lista de vacantes de Biología y Geología por el simple hecho de haber tenido una media universitaria que le llevó a realizar una sustitución en el curso, mientras Lucía (pese a haber demostrado mejor capacitación en las oposiciones públicas e incluso tener más méritos porque estudió una lengua extranjera) quedará en la lista de sustituciones, por detrás, esperando ser llamada.

La orden de interinos vigente, fruto de un laborioso trabajo de consenso y equilibrios, establece tres vías de acceso a las listas en la Educación Pública de Cantabria (la privada-concertada sigue otros designios arbitrarios): 1) las oposiciones, bajo los principios de igualdad-mérito-capacidad; 2) convocatorias extraordinarias autonómicas, que bareman también todos los méritos; y 3) ofrecimientos, “en el caso de que, realizada una convocatoria extraordinaria se mantuviera la carencia de aspirantes”.

Sin embargo, las insuficientes plazas de oposición pública que permite la tasa de reposición que fijó Montoro, unida a la falta de planificación y el déficit de personal que arrastra la Consejería, han provocado un uso y abuso irregular de la última vía, que agiliza los trámites administrativos: en los últimos cuatro cursos, se han conformado un total de 110 bolsas por la vía de los ofrecimientos, que no respetan los principios de igualdad-mérito-capacidad, carecen de plazos de reclamación para subsanar posibles irregularidades y siguen un criterio con un fuerte sesgo social.

En estos meses, la Dirección General de Personal Docente de la Consejería que preside con mano de hierro Marina Lombó ha tratado de modificar este fraude de ley... consolidando los ofrecimientos como vía de acceso a las listas en nombre de la “agilidad y eficacia”. Hay que explicar a la sociedad que este cambio puede ser más “ágil” (lo sería más aún por sorteo aleatorio, ya puestos...), pero nada tendría de “eficaz”, si entendemos con ello seleccionar a las y los docentes mejor preparadas/os.

Nos jugamos mucho en esta modificación de la orden del personal interino, si queremos seleccionar al mejor profesorado de la forma más justa. Elegir de manera idónea a los futuros docentes es fundamental para la calidad del sistema educativo cántabro.

Por ello, la mayor parte de la Junta de Personal Docente defendemos que el profesorado acceda a listas mediante pruebas bajo los principios de igualdad-mérito-capacidad, pues el método de ofrecimientos permite que alguien pueda entrar a cubrir vacantes para cursos completos sin que el sistema público les haya evaluado... ¡desde que hicieran la EBAU!

Comprendiendo que la Administración se dote de un método ágil para cubrir sustituciones cuando las listas se agoten, puede ser aceptable que se sigan convocando excepcionalmente ofrecimientos... pero nunca que su posición en las listas se consolide por delante de quienes obtengan las mejores calificaciones en las pruebas públicas de oposición. 

Hace un año se creaba el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento. Dos meses después, constituían la Comisión Especializada sobre Cohesión Territorial y Despoblamiento, que decía continuar con el Plan de Desarrollo Rural (2014-2020). Como ocurriera con la Ley de Comarcas, las NUR o el PROT, el Gobierno parece seguir la máxima napoleónica de crear comisiones para demorar eternamente la cuestión.

La razón es evidente: un rural planificado, cuidado y dinámico, como tienen en otras muchas regiones europeas, dificultaría el jugoso (en comisiones) tejemaneje urbanístico que ya perpetraron en el litoral y ahora pretenden replicar en los valles del interior, Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo mediante.

“Todo por el pueblo pero sin los pueblerinos”, es el lema. Constituyen un organismo tras otro con sede en Peña Herbosa, desde donde el Ejecutivo, la patronal y compañía se reúnen para indicar lo que el rural cántabro necesita, sin contar con la opinión de quienes viven y se organizan en nuestros pueblos.

Así sale lo que sale, como la consideración de mi villa (Argoños), que ha sufrido un terrible ‘boom’ urbanístico y multiplicado por dos su población en lo que llevamos de siglo, como “en riesgo de despoblación”, con la bajada del IRPF como medida estrella, cuando desde hace unos años el centro de salud sólo abre los días pares. El caso es rentabilizar en el medio urbano titulares en prensa con la “sostenibilidad” o el “equilibrio territorial” de un rural cuyo apoyo cuenta cada vez menos y cuyo gobierno se sostiene con fórmulas más caciquiles que mediáticas.

Todo por el pueblo pero sin los pueblerinos, es el lema

Ahora impulsan otra orden, “con el fin de reconocer la especial trascendencia de los centros educativos rurales en la revitalización social, económica y cultural de estas zonas que presentan especial desventaja socioeducativa”. Incluso señalan bien los déficits cuando definen las escuelas que se beneficiarán, por “no disponer en su entorno próximo de servicios culturales, educativos y de cuidados alternativos a la primera infancia”. El problema es que no plantean nada de entidad que pueda resolver esa carencia de servicios.

La escuela sería fundamental si de verdad se pretendiera revitalizar nuestros pueblos. Requeriría una apuesta real, pero los centros educativos podrían aportar sus aulas, bibliotecas, pistas deportivas, salas de ordenadores y salones de actos para todo tipo de actividades sociales, culturales y deportivas que necesitamos. La plantilla de monitores que se responsabilizara de estas actividades podría además dinamizar los pueblos y favorecer la conciliación durante los periodos de descanso de nuestro calendario escolar. Se trata de generar una simbiosis entre los recursos educativos y el resto, de forma que los esfuerzos de las distintas administraciones se retroalimenten y remen en la misma dirección.

Como ocurre con el problema de la vivienda, el edificio está, pues en los últimos 35 años se han cerrado más de 50 escuelas en nuestra Comunidad: Bárcena de Pie de Concha, Barros, Bejes, Calseca, Cerrazo, Cicera, Dobres, La Lastra, Ledantes, Matienzo, Novales, Pembes, Resconorio, Riclones, Luena, Aguayo, Miera, Tudanca, Valdició, Villapresente… la lista es tan extensa como deprimente, y se concentra especialmente en las comarcas más rurales, como Liébana, Saja-Nansa, Pas-Miera o Campoo.

Sin embargo, la orden de la Consejería regionalista se queda en simples flecos, no plantea ni como enunciado bonito la posible reapertura de uno solo de estos centros educativos. Si de verdad quisieran revitalizar el rural cántabro, sería el único camino, porque nadie va a criar ni a mudarse a hacerlo en un pueblo donde sus hijos tengan que andar un buen cacho y perder dos horas de autobús cada uno de sus días, donde no hay biblioteca, acceso a internet, instalaciones deportivas ni espacios para desarrollar sus inquietudes.

Y si en alguna de sus consejerías, direcciones generales, consejos y comisiones donde se reúnen para decir lo que el rural necesita tuvieran la deferencia de invitar a la gente del rural, se lo diríamos.

Se celebra estos días una cumbre europea acerca del fondo de recuperación, en el que algunos gobiernos están lamentablemente bloqueando o condicionando las ayudas que necesitan España o Italia, a medidas de liberalización económica. La izquierda española está siendo lógicamente crítica con esta situación, cuestionando qué sentido tiene una Unión Europea donde paraísos fiscales niegan la solidaridad necesaria incluso en una situación tan extraordinaria para no dejar atrás al sur.

Por su parte, el Gobierno de España ha aprobado un fondo para la reconstrucción social y económica destinado a la Sanidad, la Educación y el Transporte. “La mayor movilización de fondos de nuestra historia”, ésta sí, “para que ninguna de las autonomías se quede atrás”.

Sonaba bien hasta que se concretó el reparto, que contraviene no sólo los programas de PSOE y Unidas Podemos, privilegiando en su criterio a las comunidades más enriquecidas en detrimento del rural, sino todos los mecanismos correctores que establece la ley de financiación autonómica, que tiene en cuenta el coste efectivo de los servicios.

Esta decisión se justifica en “ayudar más a quienes más han sufrido la pandemia”, pero realmente supone una injusticia que agudiza el desequilibrio territorial. Por ejemplo, de los 800 millones destinados al transporte en todo el Estado, la mitad se la van a repartir el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y a la Autoridad de Transporte Metropolitana de Barcelona. Igualmente el 34% de los recursos va destinado al transporte interurbano, mientras en Cantabria estamos viendo cómo se reducen gravísimamente las líneas de ferrocarril y autobús entre quienes más lo necesitan, porque no tienen acceso a servicios esenciales en su entorno.

Pero más grave es aún que el único criterio para el reparto de fondos destinados a la Educación (en un principio se dijo que Pública, ahora veremos) sea la población en edad escolar, porque el parón educativo se ha producido igual en Madrid que en Soba, con la salvedad de que en Cantabria se han mantenido los comedores escolares con catering domiciliario, mientras en Madrid lo han dejado en manos de Telepizza y compañía.

Repartir así una cantidad tan extraordinaria de recursos sólo contribuye a que éstos se concentren en las zonas urbanas enriquecidas, mientras las rurales deprimidas, que precisamente necesitan más para mantener ratios, transporte, comedor, equipos… se quedan sin ellos: ¿cómo se puede denominar “social” a un fondo así y defenderse desde la izquierda?

No es casualidad que los partidos que no dependen de fuerzas de ámbito estatal sean los únicos que han alzado la voz para reclamar lo que es nuestro.

Hasta tal punto es injusto el reparto, que el propio PSOE salió inicialmente en Cantabria al paso de los rumores sobre las cifras que se barajaban (180 millones), para exigir un mínimo de 200. Y hasta tal punto es sucursalista la izquierda en Cantabria, que cuando finalmente han asignado casi la mitad (121 millones), han salido a aplaudir sumisamente.

Mientras la propia evolución electoral va evidenciando la necesidad de izquierdas endógenas, aquí no sólo muestran una total desidia para desarrollar análisis, discursos y prácticas propias, adaptadas a nuestra realidad específica. Siquiera son capaces de alzar la voz para la financiación de nuestros servicios públicos. No ya por cantabrismo, simplemente porque es lo justo.

Entre el vergonzante silencio de la izquierda que participa en el gobierno central, puede alzarse la voz del hipócrita regionalismo señalando que el transporte público en Cantabria cuesta casi tanto como en todo Madrid. Consolida (y perpetúa por incomparecencia) así su pose defensora de los intereses de esta tierra ante un trato injusto que nunca ha querido combatir de raíz, como sí plantea Cantabristas, con competencias fiscales. No es casualidad que los partidos que no dependen de fuerzas de ámbito estatal sean los únicos que han reclamado lo que es nuestro.

Necesitamos, como unos buenos servicios públicos, una sociedad cántabra organizada y consciente, que defienda a esta tierra. Y ya valió de importar estrategias, símbolos, dinámicas y hasta enfrentamientos: nos jugamos el futuro en desarrollar teorías y prácticas propias. La izquierda en Cantabria nos ha vendido, necesitamos una izquierda cántabra, que no es lo mismo.

Tras sacar plaza en unas oposiciones públicas docentes, regidas por los principios de igualdad, mérito y capacidad, que no se garantizan precisamente en la selección de las empresas privadas (tampoco en las educativas), me convertí hace unos meses que ahora parecen años en funcionario público. Desde entonces, no he parado de escuchar que, por la estabilidad laboral alcanzada, somos unos “privilegiados”, en el sentido de que disfrutamos una situación mejor que la de otros trabajadores.

El origen de las plazas fijas de los funcionarios está en la necesidad de los estados de una plantilla de empleados públicos sin vinculación partidista, que no se debieran al gobierno de turno y pudieran actuar con independencia. Pero en realidad, la estabilidad debiera ser un derecho para todos los trabajadores, salvo incumplimiento de sus obligaciones. En la generación de nuestros padres, muchos comenzaban y terminaban su vida laboral en la misma fábrica, pero la actual fase capitalista ha puesto esto en peligro de extinción, vendiéndonos la búsqueda constante de empleo como un apasionante desafío de superación.

Se construye así un marco perfecto para la patronal: por un lado los trabajadores “normales”, precarios que no saben si van a mantener su empleo la semana que viene, sometidos a esa constante espada de Damocles… y por otro los “privilegiados” con un salario digno, descansos, etcétera. Juan Rosell se atrevió a declararlo en 2015: “Los trabajadores con contrato indefinido son unos privilegiados”.

Echando la vista atrás, se ha convertido en un método recurrente para desacreditar y desarmar luchas obreras, aislando así la solidaridad con los “privilegiados” mineros, docentes, estibadores o taxistas. El enfoque consiste en desprestigiar los derechos conquistados, haciéndolos pasar por discriminaciones frente a otros trabajadores, que en lugar de demandar avances colectivos claman por recortes para el de enfrente. La versión gremial del territorial “competitivos por abajo”. Así, los obreros de otros sectores me reprochan las vacaciones docentes en clave de que nos las quiten, en lugar de luchar por ampliar las suyas repartiendo mejor el trabajo.

Urge por tanto aclarar conceptos: privilegio sería toda aquella situación dada que, de generalizarse al común de la sociedad o del mundo, sería social, económica o medioambientalmente insostenible. Que no sería viable que todo el mundo dispusiera de ella. Los privilegiados del Antiguo Régimen estaban exentos de pagar impuestos, los de hoy los evaden, viven de lo que trabajan otras personas, alguno sigue siendo judicialmente inviolable, se mueven en vuelo chárter o consumen (consumimos) de una forma que si todo el mundo lo hiciera, agotaríamos los recursos.

No es ningún privilegio por tanto disponer de sanidad pública, comer tres veces al día, tener vacaciones remuneradas o no sufrir discriminación por tu color de piel. Eso son derechos, condiciones éticamente generalizables que se han ido reconociendo, que podemos disfrutar todas las personas.

Es importante interiorizar la diferencia, para que la lógica que se imponga en la salida de esta crisis sea de reparto de la riqueza, el empleo y el trabajo (cuidados, comunales…), reduciendo el consumismo y reforzando los servicios públicos. De lo contrario, nos arrastrarán a una guerra entre pueblos y trabajadores más o menos precarizados y empobrecidos. Recortemos todos los privilegios ganando derechos, avancemos.

Suelo compartir, en fondo y redes, el trabajo que hace Desmemoriados por la memoria histórica de nuestra tierra, con un enfoque independiente que pone en valor la versión de las clases populares cántabras, tradicionalmente silenciadas. Por eso me ha sorprendido y decepcionado su última aportación, El nacimiento de una región: los orígenes de la autonomía de Cantabria, que básicamente se limita a reproducir la versión oficial sobre la cuestión, ocultando actores, acciones y realidades que yo sí quisiera que se pudieran visibilizar. Y lo haré en tres escritos: éste más centrado en la existencia de una conciencia de pueblo premoderna, otro sobre el republicanismo federalista y el proyecto de 'País Cántabro' durante la II República, y finalmente un tercero sobre aquellos que quisieron ir más allá de una Autonomía 'de segunda' durante la Transición.

Básicamente, el artículo de Desmemoriados bebe de una única teoría que se ha impuesto en buena parte del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria, y que, con cuestionable selección de fuentes y argumentación, viene publicando desde una posición que, en su versión más extrema, se demuestra simple y llanamente falsa: que hasta la llamada Transición, “siempre que se planteó la cuestión regional en Cantabria, se estableció desde una perspectiva castellanista” (Suárez Cortina en Casonas, hidalgos y linajes: La invención de la tradición cántabra, pág. 133). Así, tras la muerte del dictador, en una explicación que hace aguas por todas partes, se habría creado todo un ente autonómico sin aparente respaldo, sin existir prácticamente nada antes y pese a que (aunque en esto no suele hacerse hincapié) los oligarcas centrales y provinciales fueron activamente contrarios a ello, como puede comprobarse analizando la composición de ACECA (en Cantabria es Castilla de J. M. Codón) o la autodefinición de la AICC como una asociación “formada por políticos, comerciantes y constructores”.

El escrito además se publicaba mientras diversos movimientos sociales conmemorábamos la junta constitutiva de la Provincia de Cantabria en Puente San Miguel el 28 de julio de 1778. No porque compartamos ninguna idealización de la sociedad antiguorregimental, ni creamos que el origen de las instituciones autonómicas esté ahí, sino porque ponemos en valor que, en el contexto del siglo XVIII, frente al avance de los grandes señoríos y del unitarismo de la monarquía española, desde los concejos abiertos y con planteamientos que incluían la defensa de políticas comunalistas, de la economía comunitarista, de la especificidad local o del acceso a la Educación, se denunciara la pobreza de las clases populares del país, el abuso del diezmo y las contribuciones a las fábricas reales, así como la imposición de servir en el ejército español.

Tampoco el título nos parece casual, ni acertado. Para no quedarnos en el carácter extemporáneo e inadecuado de la terminología empleada, nos limitaremos a citar el artículo 'Larregión' de mi apreciado Javier Lezaola y a acudir al fondo de la cuestión: la Comunidad Autónoma de Cantabria no puede ser una creación voluntarista desde la nada, entre otras cosas, porque la propia legislación vigente exigía, además de un apoyo representativo superado amplísimamente, “elementos históricos y culturales” (artículo 143). No en vano, Cantabria se define estatutariamente como 'comunidad histórica'. Pero aquí no vamos a incidir en que conformara entes políticos pretéritos, pues para eso ya se elaboraron informes durante el proceso autonómico, sino en lo popular: en si hay una comunidad humana que, fruto de una evolución histórica común, comparte una serie de rasgos culturales, con conciencia de tal. Y lo haremos abusando quizá de citas literales, para corregir por vía directa la idea de que el uso del corónimo Cantabria y su concepción como país no fue relativamente habitual mucho tiempo antes del “nacimiento de la región”.

Diferenciar entre pertenecer y ser, valorar el sentimiento popular

Diferenciar entre pertenecer y ser, valorar el sentimiento popular La no existencia de un reino cántabro medieval y la dependencia, total o parcial, de las monarquías asturiana, leonesa, castellana o navarra, se suele utilizar como un argumento para debilitar la identidad y/o la entidad del pueblo cántabro, en una historiografía que tiende a ser contada 'desde arriba' y una sociedad que, en consecuencia, ha aprendido Historia a base de memorizar líneas sucesorias.

A partir de la integración del territorio en monarquías ajenas, la denominación de Cantabria se desvanece en las fuentes, adquiriendo protagonismo entonces comarcas históricas como Liébana, Campoo o Trasmiera. Sin embargo, sobrevive una concepción geográfico-cultural que, continuando en términos generales la territorialidad del antiguo pueblo cántabro, comienza a ser conocida como “Peñas Amaya hasta el Mar” o “La Montaña”, y que, perteneciendo a la Corona de Castilla, siempre tuvo conciencia de conformar una realidad diferenciada en ésta.

Esto es algo fácilmente rastreable aún hoy, simplemente preguntando a nuestros mayores o consultando la hemeroteca. Ya en 1522, Antonio de Guevara discriminaba claramente los territorios y personas de La Montaña y Castilla. En 1793, las Noticias de la Pesca del Puerto de Santoña describen las villas de Laredo y Santoña como cercanas a “las montañas que dividen aquel país de Cantabria del de Castilla”. El propio Menéndez Pelayo, al que citaba Desmemoriados, hablaba en su juventud de “la ilógica división que a los montañeses nos liga a Castilla, sin que seamos, ni nadie nos llame castellanos”. Elías Ortiz, en su Guía de Santander (1930), explicaba que “no sin motivo, los hijos de esta tierra, con natural instinto, llaman castellanos a los nacidos en las llanuras que se extienden más allá de las montañas cántabras y se aplican a sí mismos el apelativo de montañeses”.

La misma realidad se percibía desde fuera, como reflejara el soriano David Ranz Lafuente, vinculado a Camargo durante el primer tercio del siglo pasado: “Al encontrarse en La Montaña sufre una gran decepción quien se haya dejado influir por la denominación castellana que se da a esta provincia. Santander es lo menos castellana que se puede ser. Al interés público y económico de Castilla habrá convenido y convendrá que Santander pertenezca a Castilla; pero esta provincia geográficamente considerada no es Castilla. Los naturales no se consideran como tal. El industrial de Palencia o el maestro de Soria que tenga la suerte de establecerse en estas tierras pintorescas y ricas tendrán que sufrir, con orgullo, el dictado de 'castellano'”. 

Pudiera ser un caso casi único en la Península ibérica, sólo comparable al proceso histórico del territorio vasco, que una colectividad humana sin estructura política que lo unificara, haya conservado durante tanto tiempo una identidad cultural que trascendiera las rayas administrativas en que se repartía. Vecinos de Peñamellera, La Pernía, Espinosa, el Valle de Mena o Sedano se reconocían hasta tiempo reciente como montañeses y cántabros. Otro citado, el profesor José Ortega Valcárcel, señala en su obra el sentimiento popular “de pertenencia a un país adscrito territorialmente a diversas jurisdicciones”, a través de un “sustrato profundo que mantiene vigente el conocimiento de la identidad real de Cantabria en los territorios [montañeses] modernos”.

También se va desarrollando una conciencia de continuidad histórica, que a mediados del siglo XIX estará ya consolidada. Por ejemplo, en 1861, el Eco de Cantabria, en un artículo de Francisco Juan de la Piedra sobre los pasiegos, dice que “en un tiempo lo llamaron La Cantabria, luego Asturias de Santillana, después el Bastón de Laredo, y por último La Montaña, o provincia de Santander”. En el mismo sentido se refería en 1867 Manuel de Assas al país “que se denominó Cantabria y hoy Montaña o provincia de Santander”.

La adscripción de la emigración

La adscripción de la emigraciónOtra forma sencilla de valorar el sentimiento de la comunidad humana que aquí habitaba es comprobar cómo se agrupaba al marchar fuera. Desde el siglo XVII, quienes embarcaban rumbo a lejanas tierras se identificaban como montañeses. En su destino, se agruparon en centros propios, e incluso en varios casos (Cádiz, La Habana, Buenos Aires) se reconocían como cántabros en su denominación y publicaciones.

En 1820, Félix Cavada hablaba así en Madrid del arraigo de sus paisanos: “A pesar de verse separados de este país sus individuos por muchos años y largas distancias, el amor que siempre le profesaron fue en aumento hasta llegar a posponer su propia sangre [...] siempre honrado el cántabro nunca olvida su choza, las disputas de sus concejos y los sitios deliciosos que en su infancia recorría”.

La Provincia de Cantabria: por fin administración propia

La Provincia de Cantabria: por fin administración propiaSerá en el siglo XVIII cuando el país montañés, fragmentado administrativamente, articule ese interés en sucesivas intentonas (1727, 1728, 1732, 1754, 1778) para construir un ente político propio, recuperando el ancestral corónimo de Cantabria a la hora de denominarlo.

Las propias actas de la Provincia cántabra, recogen que “debía oponer para embargar la aniquilación del pobre país de La Montaña, el cual no atendido en sus reclamaciones vendrá a ser un país inculto [...] somos el juguete y la caja sobre el que arbitrariamente libran el Intendente de Burgos, el Capitán General de Castilla, su Intendente de Ejército o cualquiera de los ministros del despacho”.

En 1798, Jose Manso Bustillo, casi como colofón a su memorial sobre el Estado de las Fábricas, había advertido que “haría el colmo de la felicidad de este país su separación de la provincia de Burgos, según la Naturaleza la señala por una cordillera de Montañas elevadísimas [...] la Naturaleza ha marcado del modo más evidente esta separación...” enumerando diferencias climáticas y económicas, pero también “en las costumbres y opiniones”.

Aún en 1814, Pedro García Diego recoge en Burgos que “aquel distrito pide esta determinación y ser gobernado inmediatamente por autoridades propias, y el que lo conozca debe confesar esta verdad por unos principios que no admiten falencia: clima, costumbres, producciones. Todo es diverso en Castilla y La Montaña, y hasta en nuestra legislación, desde el tiempo de los Reyes Católicos, la parte del Ebro al mar, que son las Montañas de Santander, se ve considerada como un distrito que pide independencia y gobierno particular”.

El contrapeso borbónico y burgués: la Provincia de Santander

El contrapeso borbónico y burgués: la Provincia de SantanderSin embargo, todos estos intentos de construcción desde las entidades locales y comarcales cántabras se verían cortocircuitados, además de por sus propias dificultades endógenas, por la creación borbónica de la Provincia de Santander en el primer tercio del siglo XIX, que responde, como ha señalado Ramón Maruri, al “decisionismo estatal”; en tanto fue impulsada de espaldas a las entidades propias del territorio y sin atender a sus intereses, que tendían más a la defensa de sus viejas estructuras comunitaristas que a la liberalización y centralización del contexto.

El nuevo régimen, a imitación del modelo francés, optó por bautizar en 1833 las provincias con el nombre de la capital, borrando las denominaciones históricas. Doce años antes, el diputado Lagrava plasmaría así en las Cortes la voluntad uniformizadora y centralista del Régimen, ejemplificando con el caso cántabro:

“[...] la terrible oposición que han de hacer a estas saludables reformas algunos pueblos, únicamente porque se les despoje del nombre. Se me dirá que esta cuestión es de poco momento, que es cuestión de voces; pero será sin contar con que las simples voces causan también muchas veces efectos reales y funestos. Todos saben que las palabras tienen la más íntima unión con las ideas y el mayor influjo de ellas; y de consiguiente fijando la nomenclatura daremos un grado más de sencillez al sistema de división territorial [...] O estos nombres ilustres, que según la comisión llevan consigo tantos recuerdos gloriosos, y que tanto excitan el noble pundonor de los pueblos, son compensables con otro título glorioso, cual es el de español, o no.[...] Si, como yo creo, estos nombres por gloriosos que sean pueden compensarse superabundantemente con el de español, en tal caso esos nombres antiguos resérvense a los documentos históricos, pero quítense para siempre de los legales, donde causan tanta confusión, como se ha hecho con los de Bretaña, Borgoña y Normandía, que no eran menos gloriosos para la Francia, la cual debe en esta parte servirnos de modelo. [...] ¿Cuál es el objeto de las Cortes? Designar las partes integrantes del territorio español, para que jamás pudiesen desmembrarse. [...] Así se conseguirá evitar mil representaciones y solicitudes como la de Santander, que pide se le ponga el nombre de provincia de Cantabria, y otras por el mismo estilo”.

Lamentablemente, referencias históricas como ésta, sumamente explicativas no sólo de nuestro pasado sino también de nuestra realidad presente, son dificilísimas de encontrar publicadas en Cantabria.

Ocurrió este jueves, quizá ya lo hayan visto. Un neonazi sevillano, acompañado por otros dos que graban, se acerca a un chico que está tomando algo en una terraza de Bilbao: “Hombre, tú, 'Gabilondo', ¡arriba España!”. Mientras, los acompañantes ríen. “¿Tú eres proetarra?” y sin esperar respuesta, con actitud de quien está acostumbrado a hacerlo, le arroja en la cara cerveza, al tiempo que comienza a golpearle; primero un tortazo, seguidamente una patada y un puñetazo, mientras el agredido huye. En unos angustiosos segundos, el musculado ultra le persigue hasta que el chico se introduce en el bar. Más risas de los presentes. “¡Asqueroso! ¡Proetarra!”. Y con el suceso aparentemente concluido, el vídeo se corta.

La mayor parte de los medios, como ha ocurrido con el asesinato la semana pasada de un joven en Málaga a manos de dos neonazis, tratarán de despolitizar el origen de la agresión, vinculándola a la rivalidad futbolística, como ha hecho el ministro del Interior. El sujeto, que tiene la suerte de ser sevillano y no alsasuarra, y de dedicarse a golpear a semejantes en lugar de las teclas de un tuit, entre otros muchos antecedentes cuenta con una condena por agresión homófoba el pasado año, pero está en libertad, viviendo en sociedad. En principio, según declaraciones de la Policía autonómica vasca a EiTB, había quedado sin cargos, al no haber denuncia ni actuación de oficio, porque no se considera un delito de odio. Sin embargo, a nadie se le escapa que a ese joven le ha pegado un nazi simplemente por su aspecto y origen vasco; lo que ocurre es que tal cosa no está tipificado como lo que es.

Pero eso no quiere decir que la vascofobia o catalanofobia no existan o que sólo se den casos aislados de gente extremista. Quizá agresiones así lo sean, aunque recuerdo que había quien iba “a cazar vascos” a Noja, o sacar a un chaval de un linchamiento en la champanada santanderina por llevar la camiseta del Athletic. Pero puede ser que mi experiencia no sea representativa por vivir en el oriente de Cantabria, donde el sentimiento de estar siendo colonizados ha derivado en una cierta animadversión, mientras los responsables encima lo rentabilizan. De cualquier forma, bastan las redes sociales para contrastar lo que muchos vascos o catalanes (o sus coches) han experimentado cuando se han desplazado por la “piel de toro”: que existe una fobia hacia ellos, su cultura e identidad, ante la que no saltan alarmas, porque está tristemente normalizada.

Pero no crean que es algo de ancianos educados en la dictadura, no. Hace años, en una clase “normal” de un instituto público cántabro, estudiando la Guerra de Sucesión, llevé unos textos para comentar y en uno aparecía una expresión en catalán que intenté leer. Un alumno interrumpió para preguntar por qué leía “en ese dialecto”, levanté la vista para explicarle y era impresionante el gesto de asco que tenían bastantes alumnos. Gesto de asco. Por escuchar pronunciar en catalán. Con otras lenguas no ocurre nada parecido. Desde entonces hago la prueba todos los años, con variaciones, y simplemente puedo decir que asusta ver las reacciones.

En las aulas que yo conozco, el machismo o el racismo están, al menos en lo más evidente, camino de ser superados. La homofobia sigue por desgracia en su “sentido común”, pero ya hay una conciencia de que está mal. Sigue habiendo una cantidad ingente de prejuicios hacia la inmigración, aunque también la sensibilidad de combatirlos. Obviamente queda mucho por hacer en todos estos aspectos hacia una sociedad tolerante con la diversidad, pero al menos está identificado el problema y se van tomando medidas para solucionarlo. El odio visceral hacia identidades culturales que se salgan de la establecida por el nacionalismo español, sin embargo, se incuba día a día, sin que parezca importar a nadie.

No crean que lo aprenden en las aulas, por más que fuera deseable que la cacareada educación para la diversidad incluyera la propia realidad nacional y se formara al profesorado para ello. Esa fobia la aprenden de más arriba, de la clase política, de los telediarios, de espacios de socialización como es el fútbol, de la Justicia, de la estructura del Estado.

Cuando odias a alguien que no conoces por el hecho de ser de un determinado sitio, estás asumiendo principios fascistas (no tiene otro nombre). Cuando equiparas ser vasco (no digamos ya euskaldun) con “proetarra” estás asumiendo una lógica falaz que ha aplicado incluso la Audiencia Nacional. Y cuando te crees con derecho a agredir a una persona por ello y grabarlo, es que además de haber asumido esa fobia te sabes impune con su práctica en España. Recordemos que el año pasado un seguidor del Deportivo fue asesinado sin que se haya hecho nada parecido a justicia.

Pero bueno, también es que en las aulas de Cantabria hay un problema serio de autoodio, de reírse “del de pueblo” por conservar ciertos rasgos culturales autóctonos. Y cómo vamos a enseñar a apreciar lo de otros si no hemos aprendido a valorar lo propio.

Con motivo del reconocimiento oficial del Lábaru, apareció una sensibilidad nunca vista sobre el origen histórico de las enseñas. Bienvenida sea, porque a raíz de ello se despertó interés por otra (de tantas) parte desconocida de nuestra Historia, y descubrimos (no precisamente por la aportación de los negacionistas) el verdadero origen del Lábaru, que no es una enseña de la Antigüedad teletransportada como creían unos, pero tampoco un invento ex-novo de la Transición, como pretendían otros.

Poco después se publicó otro artículo en El Diario Montañés titulado '¿Quién fue realmente Corocotta?', en el que se cuestiona, en la línea razonable que sigue hoy toda la Historiografía, la interpretación “torera” del encuentro con Octavio Augusto, pero como ya ocurriera torticeramente en el caso del Lábaru, se atribuye ésta a un “invento nacionalista”, al “chovinismo popular local”, cuando en realidad es algo sobre lo que vienen especulando historiadores europeos desde hace siglos.

De Corocotta sólo tenemos una fuente, pero no se trata de ningún fabulador o poeta épico, sino del prestigioso historiador Dion Casio. Sabemos por él que fue un personaje histórico, con un antropónimo que cuenta con varios paralelos en la Hispania céltica. Su caracterización como lestés (bandolero) solía atribuirse a caudillos indígenas opuestos al Imperio, que en un contexto bélico contra dos pueblos norteños y en presencia de quien entonces dirigía personalmente la campaña contra los cántabros, ha llevado a considerar a Corocotta como uno de éstos. El artículo, que además atribuye al rebelde una estatua que no le corresponde, trata de despojar al mito de su simbolismo de resistencia contra el Imperio, interpretando, de la confusa cita histórica en que aparece, un presunto pacto con la potencia invasora en algún momento del conflicto, cuando esta situación, que también protagonizaron Viriato, Lautaro, Toro Sentado o Ho Chi Minh, parece algo casi consustancial a un enfrentamiento bélico de esta categoría.

Sobre aquellos cántabros de hace dos milenios hay otra serie de mitos que, sin embargo, tienen su origen en los mismos sectores que pretenden tamizar estos otros. Por ejemplo, este pueblo ha sido presentado durante mucho tiempo con indumentaria y prácticas de tipo cavernícola, muy alejada de la cultura de la Edad del Hierro que se encontraba desarrollando.

Incluso, en los 80, miembros del Instituto Sautuola como el castellanista García Guinea o quien hoy ejerce de portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, restringían el carácter de cántabros a los habitantes del territorio al sur de la Cordillera, con un innegable carácter político anti-autonómico, pretendiendo mostrar lo “absurdo” de una Comunidad llamada Cantabria alejada de su territorio pretendidamente legítimo. Esto, como las tesis de quienes desde la Avenida de los Castros sostenían que estas tribus habitaban sólo dispersamente al norte de la Cordillera o que las Guerras contra Roma eran pura propaganda, ha sido sucesivamente superado por el trabajo de investigadores que no encontraron precisamente facilidades en las instituciones autonómicas para desarrollar su trabajo, dado que excavar e investigar sobre uno de los acontecimientos más importantes de la Historia de Cantabria “fomentaba el nacionalismo”. Observarán que el chivo expiatorio no para de repetirse. Como la Historia, según el mito.

Otra fábula recurrente y con evidente interés político es el total exterminio de las poblaciones cántabras prerromanas. En el altavoz habitual del Grupo Vocento publicaron en su día una carta que rezaba que “los romanos desplazaron por tanto a los cántabros que, como ocurría en aquellos tiempos, quedaron poco menos que exterminados o aniquilados. Por lo tanto, los actuales habitantes de nuestra provincia […] tendrán más sangre latina que cántabra”. En la misma línea y medio, publicaba la semana pasada un columnista habitual la conclusión de “que los cántabros provengamos, biológica y no solo culturalmente, más bien de aquellos romanos que de aquellos cántabros, y que nuestra contemporánea mitología política resulte demasiado anti-histórica”.

Sin embargo, no es posible que la realidad coincidiera con este deseo actual de extinción, como no sólo evidencian el registro arqueológico o la pervivencia del etnónimo cántabro tras la conquista; también el hecho de que poco después, durante el gobierno de Tiberio, hubiera los suficientes indígenas en Cantabria como para empezar a ser reclutados como auxiliares de su ejército.

En realidad, toda sociedad necesita mitos y ritos que la cohesionen. Según de dónde surjan, proyectarán en un sentido u otro. Por otra parte estamos los historiadores, antropólogos, etcétera, que debemos analizar y contrastar su fundamento. Lo rechazable, desde mi punto de vista, es que se dediquen tantos recursos mediáticos, de la universidad o instituciones públicas a rebatir mitos populares, mientras se perpetúan sin contestación algunos mitos oficiales tan burdos como el de la “Reconquista” (sobre la que se sigue preguntando a nuestros escolares como si estudiaran por la Enciclopedia Álvarez), el origen valluco del castellano, los Foramontanos, la calzada “romana” del Besaya o el 2 de mayo. Sinceramente, pareciera que hay más interés en acercarse a determinadas conclusiones políticas que a la verdad.

A finales de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Memoria Histórica, que teóricamente buscaba el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco. Entre sus disposiciones, establece que “objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” deberán ser retirados de los edificios y espacios públicos.

Algunos colectivos en defensa de la memoria histórica republicana y antifascista, así como partidos de izquierda, criticaron esta ley, principalmente por no dar el paso de anular las sentencias dictadas por el aparato judicial del régimen franquista. Llegaron a presentar proyectos alternativos que restituían no sólo moral, sino también jurídicamente, a las víctimas de la Guerra y la Dictadura.

Por otra parte, la llamada “Brunete mediática” y el PP, que años después suprimiría las ayudas económicas para localizar y exhumar a los desaparecidos, fueron muy críticos con esta legislación. Sin plantear abiertamente su simpatía por el bando sublevado contra la democracia, se desmarcaban excusándose en que “reabría viejas heridas” y retiraba calles o símbolos que “forman parte de la Historia de España”.

Es objeto de consenso en la resolución de conflictos políticos, la necesidad de ofrecer verdad, justicia y reparación para las víctimas frente al velo del olvido, como única forma de cicatrizar las heridas. Como se antoja evidente que para reflejar y transmitir la Historia están los libros o los museos, no las construcciones o menciones conmemorativas que suponen un homenaje a los protagonistas de la página más negra que se ha escrito en el último siglo de nuestra historia. ¿O es que a alguien se le ocurre dedicar un monolito o una avenida a Rodríguez Galindo o 'El Mataviejas', por más sonados que fueran sus actos criminales? Bueno, lo del primero al menos no públicamente…

Tras aprobarse la Ley, el PP de Santander retiró por fin la última estatua ecuestre de Franco que aún se mantenía en toda la Península Ibérica, pero para no enfadar a sus votantes, dedicó 40.000 euros a instalar un banderón español XXL en una rotonda denominada en honor del falangista Matías Montero. Cuando el resto de partidos del Ayuntamiento reprocharon a De la Serna haberse enterado de la erección de la enseña “por la prensa”, el alcalde contestó que “no pueden oponerse, la bandera de España se pone por consenso siempre”. Lo recuerdo porque estos días su homólogo en Astillero ha puesto el grito en el cielo al ver que el Lábaru se colgaba sin pasar por el pleno.

El caso es que el Ayuntamiento de Santander va a cumplir una década al margen de la ley, y las calles de la capital cántabra siguen rindiendo honores a militares golpistas que asesinaron a sus vecinos. Recientemente, desde la Corporación, se reconstituyó la Comisión de Historia y Patrimonio Histórico para que elaborara un informe que, finalmente, ha llegado hasta donde ha querido De la Serna, haciendo valer su voto de calidad.

En la propuesta aprobada no se incluye, por ejemplo, la Cruz de los Caídos o a Carlos Ruiz García. Y algunas calles van a vivir su particular “transición” para perpetuarse. Así, la Calle Simancas pasará a “Villa de Simancas”, la Calle Héroes de la Armada a “Armada Española”, o a la Plaza del Alzamiento se le añadirá “de 1808”, porque al parecer es objeto de consenso que la violencia armada contra unas fuerzas de ocupación es aplaudible… si son gabachos.

Aún con todo, hay para quienes esto resulta intolerable, y hubo alguna baja que lamentar en la “comisión de expertos”, no por la dimisión en sí, sino porque un alcalde propusiera para hacer cumplir una ley así un perfil ultra como el de Jesús Laínz, dedicado apasionadamente a combatir mitos de los nacionalismos centrífugos con mitos del nacionalismo centrípeto más reaccionario, como es la equiparación de la Revolución de Octubre del 34 y el golpe de estado franquista.

Imagínenlo en la prueba de selección, como si la hubiera, con De la Serna. Tras la sintonía inicial, llegaría el “¿por qué cree que es la persona idónea para este trabajo?” de rigor. Entonces, este “abogado y escritor” aportaría su currículum, con artículos sobre la cuestión publicados recientemente en Libertad Digital. A destacar:

Pudiera parecer que poner a alguien así a reconocer a las víctimas del franquismo es lo más parecido a poner un zorro a cuidar de las gallinas, o al alzhéimer a cuidar de la memoria. Pero a De la Serna, que debe compartir las dotes selectivas de Esperanza Aguirre, le pareció el perfil idóneo, proponiéndole junto al presidente del Ateneo que acoge charlas de Pío Moa (un adelantado a Laínz) y homenajes a la División Azul, Manuel Ángel Castañeda. Lo demás es historia.

P.S.: Y el PSOE, ¿cuándo tiene previsto aplicar la ley en el monumento a Carrero Blanco de Santoña?

El viernes, por cortesía de Producciones Tudancas, asistí a un conciertazo en el New de Santander que me dejó muy buen sabor de boca. A mí y a otra treintena, porque no seríamos muchos más. No lo pude saborear plenamente, porque estaba al mismo tiempo disfrutando del punk-rap y reflexionando sobre el esfuerzo organizativo, de los músicos locales y los gastos que tenía detrás. Pero a la mañana siguiente -sería la resaca-, ya no lo entendí como otro caso aislado de escaso seguimiento de una iniciativa interesante, en este caso de ocio. Me pareció que era reflejo fiel de una realidad social más amplia, donde todo está interconectado.

El 15M supuso un “despertar colectivo” para amplios sectores de una sociedad que permanecía mayoritariamente pasiva, apolítica y derrotada. Abrió también un ciclo de movilizaciones que no se veía en años, como aquella manifestación de junio de 2011 con miles de personas recorriendo la capital cántabra durante horas. Las marchas contra las políticas del Gobierno (recortes, reforma educativa, tratados económicos internacionales…) no cosecharon logros tangibles en el corto plazo, generando un cierto desaliento que permitió canalizar de forma eminentemente electoral toda aquella indignación, como única vía visible de echar a esa casta política que hacía oídos sordos al pueblo. Pero la apuesta electoral, respetable, diría incluso que necesaria, si no es herramienta de un movimiento amplio que está detrás, con todas las dificultades del sistema liberal y todas las debilidades que tiene intrínsecamente, “no puede”, como reconocen sus propios protagonistas.

Actualmente nos encontramos en un periodo de fuerte reflujo en la movilización: muchos colectivos sociales están hibernando o “en chasis”, el sindicalismo atraviesa una profunda crisis, las movilizaciones han descendido en número y en seguimiento… Nos movemos poco, pocos, por inercia, sin análisis propios, respondiendo a los ritmos que se nos marcan desde fuera o en el calendario de “días de”, dando a “me gusta” o RT.

Y esto es gravísimo, porque sencillamente, sin un pueblo vivo y consciente, no hay democracia. Como tampoco la hay sin igualdad económica, sin Justicia, sin periodismo crítico, etcétera. Pero para que eso sea posible es en todo caso imprescindible la existencia de una comunidad informada, concienciada y activa.

No ha sido sino la sociedad organizada y movilizada la que paró el fracking, la que ahora defiende el litoral de Cueto o Las Excavadas, la que difunde nuestro folclore en festivales populares, la que frena los desahucios y garantizó el derecho a la Sanidad para los “sin papeles”. Luego los parlamentarios aprueban determinadas políticas en función de lo que la población ha defendido o asumido, pero ese trabajo de enfrentar las injusticias suele corresponder a la sociedad civil.

También ayuda a explicar el bajo momento en la movilización la desorbitada represión que estamos sufriendo, con la Delegación del Gobierno español en Cantabria, sin parangón a la hora de sancionar amparándose en la 'Ley Mordaza'. Hasta que me vi inmerso en el caso #PreguntarNoEsDelito, por el que pretenden imputarnos penas de hasta 42 años de prisión, mi madre acostumbraba a pedirme que no me “metiera en líos”. A partir de esa experiencia, la recomendación ha mutado en que no puedan siquiera “atribuirme nada”. Aunque pueda parecer que no, la represión es capaz de generar un clima de inseguridad y temor que desmoviliza e invita a posturas más cómodas. Por eso también es importante enfrentarla colectivamente.  

Vienen tiempos decisivos en la lucha contra el austericidio, por cambiar el modelo imperante y combatir el giro autoritario-fascista a que nos conduce. Que cada uno busque en la memoria de sus mayores un remedio para sacar fuerzas y las emplee allí donde se sienta más cómodo y útil colectivamente. Pero hay que pasar ya esta resaca e irnos reorganizando. Sin ello, el cambio social sufre un retroceso y el poder se siente libre para cometer desmanes, aquí y en la frontera europea. Tras la resaca tiene que venir la democracia.

A raíz de la propuesta de ADIC para el reconocimiento institucional del Lábaru, diversas voces se han alzado para desacreditar la aceptación del símbolo. Se ha cuestionado el fundamento histórico de la enseña, su arraigo popular e incluso hay quienes han tratado de agitar viejos fantasmas con coordenadas renovadas. Dejando al margen, por burdo, esto último; y por evidente lo anterior; nos centraremos en contrastar los argumentos que, con razón o excusa histórica, se han vertido contra el símbolo que ya representa al pueblo cántabro, lo rubrique o no el Parlamento.

Alguien ha debido obnubilarse con el cedro de la bandera libanesa, deduciendo que las banderas salen de los árboles, para reprochar a las demás (o concretamente a ésta nuestra) ser “artificial” o “un invento”. La bandera española, por ejemplo, fue elegida “a dedo” por el monarca Carlos III (el mismo que rechazó la Provincia de Cantabria) de entre las doce propuestas que le presentó su secretario de Estado para identificar a su armada naval.

La actual bandera autonómica, conocida popularmente como “polaca”, tiene su fundamento en la Real Orden que la adjudica a la Provincia Marítima de Santander en 1845, aunque sus expertos electores, casualmente los que con mayor vehemencia han tratado de desacreditar el Lábaru historiográfica y mediáticamente, trataran erróneamente de retrotraer su origen casi un siglo. Sin que esta artificialidad reste un ápice de legitimidad a una enseña, que ganó representatividad y valor sentimental en la lucha por la autonomía.

Sí es cierto que existe una confusión entre dos estandartes de la Antigüedad, el Cantabrum y el Labarum. Ésta, paradójicamente, fue desentrañada por Maroñas y Hierro Gárate en un tríptico editado por la Asociación ADIC en 2007. Pero más paradójico aún resulta descubrir que la confusión no es obra de “nacionalistas cántabros admiradores de Sabino Arana”, sino de eruditos de origen diverso que le antecedieron más de dos siglos, consolidándose en el Ejército español (poco sospechoso de pérfido separatismo).

En 1645, Rodrigo Méndez de Silva hablaba del “Lábaro Cántabro” en su obra Población General de España, mientras en 1681 Francisco Sota, en su Crónica de los Príncipes de Asturias y Cantabria, reproducía la idea de que la “Cruz Cántabra” era el aspa que Augusto habría adoptado en su estandarte imperial llamado “Cántabra”. Tales interpretaciones encontraron eco cuando en 1715 se creó el “Regimiento de Infantería Cantabria” recibiendo como emblema el “Lábaro Cántabro”. A principios del siglo XIX, varios batallones cántabros utilizaron este símbolo en forma de aspa durante la guerra contra el francés, y aún hoy el “Batallón de Infantería Mecanizada Cantabria” lo porta.

La reconstrucción contemporánea de la enseña, obra de Cantabria Unida en los años 70, simplemente mantuvo la confusión generada siglos antes y consolidada ya en la propia denominación. Relaciona el Crismón del Labarum, en aspa, con los cuatro crecientes lunares que aparecen de forma recurrente en cinco estelas gigantes cántabras y, en consecuencia, en el escudo oficial de la Comunidad. 

Estamos por tanto ante una bandera inventada (como todas) que sí tiene recorrido histórico y, sobre todo, representa estética y simbólicamente al pueblo cántabro contemporáneo. Pienso que lo que molesta a algunos es que nuestros símbolos se establezcan por aceptación popular y no por decreto real o un golpe de estado.

La economía autonómica no levanta cabeza. Nuestro modelo productivo, dependiente, heredero de la benidormización de Cantabria, basado en la explotación insostenible y la búsqueda de rentabilidad económica en el corto plazo, ha desembocado en paro y precariedad, aumentando la desigualdad. Entre campos de golf y puertos deportivos, la ganadería agoniza, la industria se desangra y la eventualidad del terraceo veraniego roza “máximos históricos”.

Así que en lo económico, al viejo mantra de la “competitividad” se ha sumado el “cambio en el modelo productivo”, que es algo así como la “regeneración democrática” en lo institucional: un asunto que los movimientos sociales han conseguido incorporar a agendas y discursos políticos, pero que sigue en manos de quienes no tienen intención de cambiar más que lo necesario para que nada cambie.

Sin embargo no decaemos, porque Revilla anunció hace tiempo que hay cuatro empresas que querían instalarse en Cantabria. Una vasca, una de Barcelona, otra de Valladolid y otra “de la zona de Valencia”. Interesadísimas en la ampliación del PCTCAN, en Solares y en el puerto de Santander. “Todos los días me reúno con empresarios y alguna va a venir fijo”, expuso. Y nos dejó temblando.

No ya porque alguien contara con las cuatro y ese “alguna viene fijo” nos recuerde el historial premonitorio de nuestro gallardo presidente, que va desde la inocencia de Contador hasta el éxito electoral de Rubalcaba, pasando por la fiabilidad de Ali Syed o el compromiso político de que la gran superficie donde acostumbra a firmar sus best sellers sólo se construiría “sobre su cadáver”.

No, lo peor viene al conocer los argumentos que PRC y PSOE manejan en sus reuniones con empresarios para convencerles de instalarse en esta tierra, antaño conocida por el carácter indómito de su pueblo y hoy desconocida precisamente por lo contrario.

Algún despistado pudiera pensar que de tanto hablar del cambio de modelo productivo, el Gobierno autonómico estuviera impulsando una transformación en el paradigma del desarrollo económico, basándolo en un bienestar colectivo sostenible, apostando por una identidad económica propia, con actividades de alto valor añadido sustentadas en la I+D+i, como la biotecnología sanitaria, las energías renovables, la tecnología hidráulica o el patrimonio prehistórico y cultural. La “competitividad por arriba”, que llaman en este mercado global.

Pues no. Sepan que su Gobierno autonómico es el segundo que menos invierte en innovación. Pero sobre todo, sepan que anda ofreciendo Cantabria al empresariado en base a su buen “clima social” y sus bajos “costes laborales” en relación a “las comunidades vecinas”. Dicho de otra forma: invertid aquí, que los cántabros trabajan lo que ordenéis, cobran un sueldo mísero y además no protestan por ello o lo hacen de forma desorganizada, no como en esos inestables territorios donde el salario y la actividad sindical son mayores. La famosa “competitividad por abajo”, que ofrece una imagen de país tercermundista dispuesto a vivir en la servidumbre a ojos de quienes especulan invirtiendo en lo barato, precario y carente de regulación, para luego fugarse con los beneficios.

Ojalá, al menos, estuviera denunciando esto aportando una exclusiva, una filtración de los sindicatos. Pero no, el “clima social” es tan bueno en esta “leal, no conflictiva y española región”, en palabras de su presidente, que se permiten manifestar públicamente que en el territorio que administran se trabaja barato y sumisamente como si fuera un mérito que atribuirse. Con regionalistas y “socialistas” vendiéndonos así, quién necesita a Margaret Thatcher.

Y el asunto debe haberse incorporado a algún argumentario oficial, porque en una entrevista a Jaime González López, recientemente nombrado presidente de la Autoridad Porturaria de Santander, también citaba la “paz social” como la ventaja competitiva del puerto de la capital cántabra. Cualquier día nos hablan de la 'Marca Santander' (y aprovechan para patrocinio bancario), que nos caracterizará por cobrar poco, reivindicar menos y dejar impune siempre la destrucción del medio.

A punto de enviar este Jisquíu, leo que durante la semana, en la Mesa del Diálogo Social, PRC-PSOE, la CEOE-CEPYME, CCOO y UGT analizarán medidas para “cambiar el patrón de crecimiento” de Cantabria. Manténgannos informados al respecto, por aquello de la transparencia, y por si consideran que debe ser la puesta en valor de nuestro potencial geográfico, natural y humano, la que genere empleo de calidad.

Aunque sólo sea como brindis al sol, que ya sabemos que a esta tierra se le ha puesto chincheta de colonia interna en la división internacional del trabajo, y que hay grandes poderes económicos comprometidos con que nos dediquemos a hormigonar el país mientras exportamos mano de obra cualificada y celulosa de eucalipto. Y si porque aún no nos han domesticado del todo fracasa el modelo productivo que nos dirigía a amarrar chicotes de yates y conducir el camión entre torres de fracking, ya “cambian el patrón de crecimiento” para que podamos ser subalternos en el Campus Comillas y subastar entradas VIP a Altamira. Gatopardismo tercermundista.

Para qué hacer autocrítica cuando se puede buscar una cabeza de turco que justifique el fracaso. La ruptura de los Beatles encontró a Yoko Ono, la inferioridad del Real Madrid al villarato y la incapacidad electoral al sistema d’Hont, uno de esos famosos de los que todo el mundo habla pero a quien pocos conocen en realidad.

Porque la desigual relación entre votos y actas de diputado no tiene tanto que ver con este sistema de conversión de votos en escaños como con las circunscripciones provinciales. Al atribuirse dos diputados a cada provincia (uno en los casos de Ceuta y Melilla) y repartirse el resto por habitantes, las circunscripciones más despobladas ocupan pocos escaños que son copados por los partidos mayoritarios, quedando el resto de votos sin representación. Pero como buen chivo expiatorio, sobre las circunscripciones existe una profunda desinformación y una serie de tópicos infundados como que “unos partidos necesitan más votos que otros para lograr un escaño”, “los votos de un lugar valen más” o que “los nacionalistas salen beneficiados”.

Nos están haciendo creer que las circunscripciones se idearon en este Régimen para usurpar la representación del pueblo, pero en realidad son tan antiguas como las democracias liberales y persiguen precisamente lo contrario: delimitar la territorialidad electoral haciéndola abarcable para opciones modestas, facilitando la comunicación y rendición de cuentas entre candidatos y electores. En el caso del Estado español, que encierra distintas identidades colectivas, permiten además reflejar la diversidad territorial, aunque el peso de los Pueblos en la totalidad del Reino sea necesariamente reducido. Además, compensan en parte el desequilibrio territorial, la masificación urbana y el despoblamiento del medio rural.

Las circunscripciones son, de hecho, intrínsecas a los sistemas representativos, con una decena de excepciones mundiales, que sin duda destacan por su “pedigrí democrático”, juzguen ustedes mismos: Países Bajos, Israel, Perú, Bulgaria, Eslovaquia, Guyana, Liberia, Moldavia, Namibia y Sierra Leona. En estos países, el distrito único ha producido un proceso centralizador no sólo en la economía sino también en la política: los candidatos pertenecen a grandes familias aristocráticas que pueden permitirse campañas masivas de ámbito estatal, los partidos centralizan sus listas impidiendo que las estructuras locales participen en su composición, la representación se retroalimenta con la población y se polariza aún más la demografía en las grandes urbes, etcétera.

Detrás de esta demanda de circunscripción única, camuflada tras la falacia de que “todos los votos valgan igual”, se encuentra en realidad una ideología que abstrae el ciudadano español de todas sus demás identidades políticas y un proyecto político que propugna con retórica moderna la vieja recentralización del Estado. ¿Por qué si no ese “clamor” no se oye en las elecciones asturianas o europeas, que igualmente se organizan por circunscripciones y se reparten con el sistema d’Hont? Tan ridículo es plantear que el déficit democrático europeo esté en la infrarrepresentación de Alemania y Francia, como que el problema de la democracia española esté en la sobrerrepresentación de Soria o Teruel, que sin representación propia no recibirían ni carteles electorales (eso que al menos tendrían ganado).

El drama es que uno de cada tres españoles ha vuelto a votar por un partido que cuesta imaginar más antisocial y corrupto, pero la resaca del 20D algunos la han pasado culpando al empedrado y firmando en change.org por tan noble causa, que nos impediría quejarnos cuando diputados por Cantabria voten en Madrid contra los intereses de la Comunidad y a favor del fracking. Otros, a quienes se puede cuestionar casi cualquier cosa salvo la audacia, analizaron que las provincias rurales se habían convertido en la reserva de diputados del bipartidismo y salieron a disputarlas, iniciando la campaña en un puebluco zamorano, con atención al medio rural en el programa y descentralizando los actos por toda la geografía.

Probablemente la proporcionalidad pudiera mejorarse sin suprimir las circunscripciones, pero lo que es seguro es que dicho asunto está desviándonos de déficits democráticos mucho más graves y urgentes de transformar. Para empezar, no tenemos una Educación que nos forme en conceptos y valores democráticos, los medios de comunicación son propiedad de poderes económicos que filtran y manipulan la información en beneficio de sus intereses privados, y la desigualdad económica entre los partidos convierte en ficción la igualdad de oportunidades. La escasez absoluta de métodos participativos, la propia desigualdad en las relaciones sociales, la dependencia de la Justicia respecto al poder legislativo o la generalización de la corrupción son cuestiones que impiden hablar de democracia en un sentido pleno. No las circunscripciones.

El último intento gubernamental de amnistiar cientos de construcciones ilegales en el litoral cántabro ha sido abortado por los tribunales de justicia. El colectivo AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), que agrupa a quienes adquirieron con licencia propiedades ilegales “para las que en el Ayuntamiento nos dijeron que no había ningún problema”, ha protagonizado la reacción, calificando la sentencia de “nuevo golpe”. En su línea, ha incidido en la vía de la legalización retroactiva y el pago de los daños morales para acabar con esta “tortura” que se prolonga ya más de dos décadas, asumiendo cada vez más la de la compensación económica o el realojo a través de la construcción de casas similares.

De quienes nadie ha hablado nunca es de las otras víctimas del ladrillazo: los naturales del territorio, que primero sufrimos la masificación urbanística de nuestros pueblos y ahora tendremos que hacer frente al pago de indemnizaciones públicas por valor de cientos de millones de euros.

Mi pueblo, Argoños, conformaba un paisaje de verdes praderías rodeado del Parque Natural de las Marismas de Santoña y montes de encinar cantábrico. Allí, la infancia (entiendan la idealización) consistía en ir al Ribero a pescar cámbaros y esquilas, esperar a que el paisano segara el prau junto al parque para echar un partido, aventurarse en bicicleta por las camberas, pinar y buscar los bolos que los paisanos tiraban arrudiabrazu, o jugar a las chapas en carreteras por donde apenas transitaban carros con verde (si le pasaba a tu chapa por encima suponía una caída y el correspondiente abandono, que incluso así se cebaban con Alex Zülle). Pero las y los jóvenes argoñeses de hoy no conocen nada de eso, viven en un Marina d’Or norteño.

Primero, hundieron los sectores económicos tradicionales (ganadería y pesca) y las salidas ofrecidas fueron el monocultivo de eucaliptos o la venta del terreno para la construcción de grandes colonias de pareados. En pocos años, el alcalde del segundo municipio más pequeño de la Comunidad Autónoma, Joaquín Fernández (PP), con la aquiescencia de Miguel Ángel Revilla (entonces consejero de Obras Públicas), duplicó su población construyendo urbanizaciones que, según sentencias firmes de derribo (hasta 252, una por cada siete habitantes) vulneran el paisaje, las normas urbanísticas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales e invaden suelo rústico, de protección forestal e incluso los municipios vecinos de Arnuero y Noja.

El único objetivo era construir al máximo para ganar el máximo dinero. Las redes comunitarias se deshicieron, los caminos comunales se privatizaron, las tradiciones culturales se perdieron, la armonía arquitectónica se rompió, las boleras se sustituyeron por edificaciones, las tienducas se cerraron incapaces de competir con una gran superficie que vino a instalarse, el coste de la vida subió… y ahora, con el territorio convertido en colonias de segunda residencia que además son inaccesibles para los jóvenes del municipio, ¿qué futuro le queda al pueblo? ¿De qué vamos a vivir? Entiendo el malestar de quienes han perdido una segunda residencia entre nuestras playas y montes, pero nosotros hemos perdido la infancia, nuestro pueblo, el futuro. Todo.

Los responsables políticos y técnicos, que se habrán lucrado a costa de esto que llamaban “progreso”, no solo han salido impunes judicial y patrimonialmente, sino también políticamente. Tras décadas de atentados ambientales e ilegalidades urbanísticas manifiestas, no ha habido una sola dimisión. Es más, el PP sigue gobernando con mayoría absoluta en el municipio y Revilla es hoy presidente de la Comunidad Autónoma.

Para entender la irresponsabilidad de los electores hay que contextualizar estos hechos en un régimen político que aún no ha superado el caciquismo y en las últimas elecciones ofrecía votar al PP que lleva gobernando desde la muerte del dictador, a un PRC que presentaba como alternativa a la hija del citado Joaquín Fernández que gobernó durante 32 años y a un PSOE en el que la mujer del candidato está imputada por chantajear al alcalde a cambio de no revelar documentación presuntamente comprometida que tenía su marido. De esta realidad, además, el pueblo ha sido tradicionalmente informado a través de un diario hegemónico que se hacía eco de afirmaciones como que “hay ecologistas radicales que están sembrando el miedo en Cantabria y deciden dónde se puede construir y dónde no”.

La Villa de Argoños no es sino el arquetipo de un régimen político tripartito con un modelo de desarrollo consistente en vender Cantabria por parcelas al peor postor del cártel del asfalto. En palabras de Carlos García, presidente de ARCA, “aquí había un plan para construirlo absolutamente todo, en una filosofía errónea de trasladar el modelo Mediterráneo al norte. Gente del País Vasco, Castilla, Madrid… el que quería una casa en la playa venía aquí. Hasta que la crisis puso fin a la fiesta”.

Alegría que también se trasladó a las nomenclaturas. Pienso en la 'Urbanización El Encinar', bautizada así en honor al bosque que la precedió, en Isla. O la 'Urbanización Duque de Ahumada', promovida por una asociación del instituto militar en Hazas. O las colonias 'Castilla del Mar', 'Neguri', 'Negurigane' o 'Palm Beach' en Laredo. No han respetado ni la toponimia tradicional de los lugares cons… destruidos.

Mientras escribo esta columna, se presenta el 'Monopoly de Cantabria', en el que “con un poco de pericia, cualquiera se puede hacer con las Cuevas de Altamira o construir un rascacielos en pleno Sardinero. Solo hay que tener dinero”. Aunque pedagógicamente preferimos otros juegos que no consistan en apropiarse de todo el territorio especulando para construir el máximo posible, que ya vemos a dónde nos ha traído, hay que reconocer que supone una metáfora inmejorable de la realidad cántabra. Para terminar de darle realismo, tendrían que tener casilla también El Alto del Cuco, Cerrías o Argoños. Allí se podrían colocar todas las casas que quisieras, habría tarjeta-suerte “modificas la ley de suelo con carácter retroactivo sin pasar por la casilla de la cárcel” y después de 20 vueltas pagaría el resto de jugadores tus ilegalidades.

Pagaría lo que fuera por que nos devolvieran nuestro pueblo.

El 15M reflejaba buena parte del “sentido común” político de la gente, que no está exento de falsas ideas inducidas. Por ejemplo, se oía en La Porticada tanto como en una barra de bar aquello de “todos los políticos son iguales”, aunque no lo proclamaba el cuñado de turno que después vota al más “igual” de todos, sino un joven desesperado al ver alejarse sus expectativas pre-crisis. Yo solía contestar que era un pensamiento injusto y peligroso. Y para demostrarlo les hablaba de Esther García, que dignificó el oficio como nadie del entorno.

Esther llevaba tiempo denunciando que las tres siglas que entonces acaparaban y se repartían el poder político en la Comunidad Autónoma (PP, PRC y PSOE) representan el mismo modelo socio-económico para Cantabria. La única diferencia, matizaba, está en los empresarios que cada partido tiene detrás financiando y promocionando de cara a ser beneficiados durante el mandato. Luego supimos por una denuncia anónima que el sistema estaba aún más perfeccionado (o corrompido, como prefieran), formando un “cártel del asfalto” que les permitía repartirse el mercado inflando los cobros.

En esa línea discursiva de denuncia se movió Podemos, aplicando al tripartito cántabro la crítica al bipartidismo español. Pero después de las elecciones, el partido “anticasta” tuvo que decidir si permitía la elección de Miguel Ángel Revilla, que llevaba más de 30 años de diputado y 16 en gobiernos autonómicos responsables de la actual crisis. Sin embargo sus casi 100.000 votos iban a ser determinantes de cara a repartir los cinco diputados que los electores cántabros eligen en el Congreso de los Diputados. Y Podemos hizo su apuesta táctica en clave electoral, acercándose al PRC a la vez que marcaba distancia con su socio de Gobierno: el PSOE.

El partido de Pablo Iglesias nunca ha ocultado que su gran objetivo es aprovechar la “ventana de oportunidad” abierta para gobernar tras las próximas elecciones generales, supeditando abiertamente a este objetivo otros ámbitos electorales y decisorios, además de muchos principios. De los cinco diputados al Parlamento europeo que obtuvo el pasado mayo, cuatro han abandonado ya su escaño. En las municipales no quisieron arriesgar sus siglas y optaron por fórmulas de confluencia abierta que resultaron ciertamente exitosas. Por el contrario, en las autonómicas se sacrificó la confluencia en aras de mantener una candidatura propia que permitiera obtener réditos económicos y políticos de cara a la campaña de las generales. Incluso, en las últimas elecciones catalanas, los candidatos de ese ámbito fueron eclipsados por el de ámbito estatal, con nefasto resultado.

El próximo 20 de diciembre, los votantes regionalistas van a decantar los resultados de las elecciones por la circunscripción cántabra. Lo saben en el PP, que últimamente ha suavizado sus ataques, tornados en brindis que adquieren forma de compromisos inversores verbales. Lo saben en el PSOE, socios de un Revilla que llegó a participar en un mitin con Zapatero y González en Santander, rebotados ahora por el acercamiento a las promesas de Rajoy. Lo saben en Ciudadanos, que si pudieran retomarían aquellos contactos de 2011. Y lo saben en Podemos, que ha quedado para ir con él a parar el próximo desahucio e incluso va a obtener la deseada foto de una reunión Iglesias-Revilla a cinco días de las elecciones generales.

No es que en Podemos desconozcan la trayectoria y naturaleza de Revilla, es que necesitan sus votos para obtener un diputado, que al parecer consideran más importante que la coherencia o la pedagogía política. “La política hace extraños compañeros de cama”, dijo Charles Dudley y popularizó Winston Churchill. A Revilla, que más que dinosaurio es un camaleón político, el romance le ha venido bien para dar credibilidad a la que quizá sea su última adaptación al medio: joseantoniano durante el franquismo, autonomista durante la transición, consejero de Obras Públicas cuando el boom urbanístico, tras el 15M pasea su indignación por los platós de televisión, intolerante con la corrupción, y si te descuidas con el ladrillazo y el fracking que su propio Gobierno autorizó.

A los dirigentes de Podemos también hay que reconocerles un enorme mérito político y audacia para hacer frente al reto electoralista cabalgando contradicciones… pero no podemos comprarles eso de que las cosas ya han cambiado porque sus rivales lleven camisa blanca con vaqueros y tuiteen para igualarles en campechanía. En la búsqueda de ese “sentido común” de la gente, han renunciado a hacer la debida pedagogía, contribuyendo a generar un caldo de cultivo político de consecuencias impredecibles de cara al futuro, en el que de momento ya ha crecido un nuevo monstruo, Ciudadanos, que amenaza con devorarles.

En definitiva, Podemos apostó todo al 20D, jugando a la transversalidad y hasta a la introducción de militares en la vida política, pasando por lavarle la cara a Revilla. Las elecciones generales parecen ya más un fin en sí mismo que un medio para transformar, y el golpe de no conseguir obtener una nueva mayoría puede ser muy duro, no sólo a un nivel partidista, sino también sociológico. Incluso, de conseguir un buen resultado, ya no sabe uno si serviría para el cambio o si es la búsqueda desesperada de éste lo que ha cambiado el propio proyecto. Revilla, sin embargo, en el fondo, sigue como siempre.

Durante la grave crisis que sucedió a la Primera Guerra Mundial se gestó un nuevo movimiento político de masas para hacer frente a la amenaza obrerista, que tras triunfar por primera vez en la Revolución Rusa, había despertado la esperanza de los desposeídos y el temor de unas élites económicas que no se sentían suficientemente defendidas por sus instituciones parlamentarias.

El fascismo es un movimiento autoritario que aprovecha demagógicamente los sentimientos de miedo y frustración colectiva de amplias capas sociales, canalizados a través de una combinación de propaganda, represión y violencia contra un enemigo común unificado (interior o exterior, real o imaginario) que actúa de chivo expiatorio frente al que volcar la agresividad de forma irracional, logrando la unidad y adhesión (voluntaria o forzosa) de la población. Consiguió así incorporar, en la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler, a amplios sectores de las clases medias y bajas a la lucha por la privación de derechos, y en su afán imperialista condujo a la mayor contienda bélica de la historia.

De la Segunda Guerra Mundial el fascismo salió derrotado y percibido como la ideología más dañina que la humanidad había conocido, “sinónimo de destrucción pura, sin excepción” en palabras de Peter Brook. Sólo sobrevivieron los regímenes de Salazar en Portugal y Franco en España, por su aislamiento, neutralidad y alineamiento con los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría que se desarrolló a continuación. Pero ese contexto provocó que Occidente requiriera a quienes mejor conocían al “enemigo soviético”, los servicios secretos alemanes, dándose políticas de encubrimiento que contrastaban con el destierro oficial.

En cualquier caso, hasta la década de los 90, el fascismo y neonazismo habían quedado reducidos en Europa a formas residuales que, si bien aún motivaban crímenes aborrecibles de odio, se consideraban superados por la experiencia histórica, que en algo así parecía impensable repetir.

Sin embargo, al calor del austericidio y el auge migratorio, se han incubado de nuevo movimientos y partidos ultranacionalistas, xenófobos, integristas religiosos, anticomunistas y ultraconservadores. Con el historial de engaños y renuncias de la socialdemocracia, y con los partidos liberal-conservadores sumidos en la inoperancia y corrupción, cada vez más capas sociales están comprando sin alternativa las soluciones simplistas de estos nuevos partidos fascistas que enfrentan al penúltimo con el último, culpando a los más débiles de la pérdida de lo poco que queda tras su apropiación por los más fuertes.

En las últimas elecciones europeas, la ultraderecha conoció un importante auge en países como Francia, Reino Unido, Croacia, Austria, Dinamarca, Hungría, Lituania, Letonia, Finlandia o Grecia. Además, como ya ocurriera hace un siglo, partidos de la derecha les están dando cobertura, asumiendo principios y lemas de este espectro ideológico, sabedores de que conecta con el “sentido común” de bastantes votantes.

En España hemos visto al PP, con una importante herencia franquista, justificar los disparos en el Estrecho contra personas a nado que terminaron ahogándose y anunciando “limpiar las calles” en campaña electoral; o a Ciudadanos considerando “del todo inviable” mantener la cobertura sanitaria a los “sin papeles” y corriendo un manto de olvido sobre las víctimas de la represión franquista.

En Cantabria, aunque han emergido nuevos partidos como Alternativa Española en Ampuero o PxL – Con las manos limpias en Alfoz de Lloredo, La Falange parece haber pasado a la historia tras perder su último concejal en Santoña que, recordemos, gobernaba con los regionalistas y con un PP que participa de los homenajes en el monumento a Carrero Blanco.

Su última intentona electoral, que como en Francia adoptó la denominación de Frente Nacional, depositó en esta Comunidad Autónoma todas sus esperanzas (y medios económicos), inundando con propaganda fascista medios de comunicación, carteles de carretera y las paredes de los barrios. Ante la dejación institucional en su retirada, se organizó una campaña popular para llevarla a cabo y la respuesta falangista se basó en la “dialéctica de los puños y las pistolas” que preconizara su fundador.

En aquel momento, la oposición del movimiento antifascista organizado y la desafección de una sociedad conservadora poco amiga de los excesos ultras dejaron la candidatura en 1.257 votos (0,37%), suponiendo la disolución del partido a nivel estatal, tras lo que denominaron “el pinchazo cántabro”.

Pero el movimiento fascista no desapareció, sino que mutó para ganar aceptación social. Siguiendo la tendencia del neofascismo italiano, invitado a Santander el pasado año, adoptó forma de “Asociación Cultural” bajo la denominación de Alfonso I y abrió un local en Cazoña. Su primer acto público fue una concentración en defensa de Pedro Varela, que acumula condenas por difusión de ideas genocidas, así como por atentar contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

También han hecho campaña por la liberación del militar neonazi Josué, condenado por asesinato, contra la inmigración, en apoyo de Aurora Dorada, las okupas neonazis o por la unidad de España. A su vez, han participado en la “marcha de las antorchas” celebrada en Madrid, criticado el desarrollo de eventos como el Día del Orgullo Gay o el Pozona Fest, y protagonizado un enfrentamiento con los piquetes estudiantiles en la huelga contra la LOMCE.

Estas actividades se complementan con otras más transversales como campañas para el alzamiento de una estatua al emperador Augusto, contra los “banqueros usureros”, en defensa del “comercio español”, charlas de Historia desde un enfoque nacionalista, salidas al monte y el mundo rural, conciertos, deportes de contacto y conferencias de “administración de empresas” o las SICAV.

Incluso, trataron de infiltrarse en movilizaciones populares, consiguiéndolo en sendas manifestaciones de los preferentistas y los trabajadores de Sniace, pero siendo expulsados del 15M y de una manifestación por la Educación Pública.

Más preocupante es la profusión de la propaganda excluyente en nuestras calles, con campañas como “Reconquista o barbarie” y el acomodo que han encontrado en espacios como la Cámara de Comercio de Torrelavega, el Ateneo de Santander, el Centro Asturiano o el Hotel Palacio del Mar; así como en medios de comunicación como El Diario Montañés o el programa Cantabria al Día de OID Radio, donde Alfonso Rivas les dedicó recientemente un publirreportaje infame. También han contado con la participación en sus conferencias de personalidades como el exdirector de El Diario Montañés Manuel Ángel Castañeda o el expresidente autonómico Juan Hormaechea, condenado por malversación y prevaricación.

Son señales de su paulatina expansión y normalización en una sociedad cántabra cada vez más desmemoriada y permeable al discurso y las actitudes fascistas. De momento son un grupo minoritario que tiene que maquillar su ideología, pero si en el caldo de cultivo que genera la crisis económica en una sociedad desvertebrada con creciente presencia de población inmigrante siguen disfrutando de la permisividad social, institucional, judicial y policial de los últimos tiempos, se repetirá la terrible historia que sufrieron nuestros antepasados, como describiera el pastor antinazi Martin Niemöller: “Primero vinieron a por los comunistas y los judíos y no dije nada porque yo no lo era…” y así hasta que fueron a por él y ya no quedaba nadie que pudiera alzar la voz.

Esta no es una columna fácil de escribir ni atractiva para leer, pero es una columna necesaria para advertir del riesgo que corremos quienes valoramos la democracia y la libertad si continúa la actual pasividad respecto al fascismo, si no se le identifica, aísla y combate con una firmeza proporcional a la amenaza que supone, antes de que sea tarde y, escribir esto, un riesgo.

Es necesario recuperar la memoria histórica no sólo retirando los homenajes públicos del franquismo, sino sobre todo en la Educación, aunque las experiencias en las aulas y la tendencia institucional, que con la LOMCE tiene previsto suprimir como obligatorias la Filosofía o la Historia del Mundo Contemporáneo, resulten desalentadoras al respecto. Urge que nos demos por aludidos, tomemos partido y participemos en la reconstrucción de un amplio movimiento democrático y antifascista cántabro que haga pedagogía contra los prejuicios y el odio al diferente en las calles, los bares y los centros de trabajo. Como urge construir alternativas integradoras y redistribuidoras en nuestros barrios y pueblos al modelo socioeconómico imperante que incuba el fascismo. Gramsci sabía bien por qué odiaba a los indiferentes.

No me gusta la Navidad, con su clima de consumismo y falsa felicidad inducidos. Tampoco me gusta invertir dinero en juegos de azar, cuya evidente rentabilidad consiste en que la mayoria de jugadores pierden más dinero del que otros pocos ganan. Ni siquiera tengo una ilusión excesiva por ser opulentamente rico, como para invertir en ella parte del dinero del que dispongo. Pero no son esas las principales razones por las que me rebelo ante el bombardeo de décimos de Lotería Nacional que cae sobre cualquier paisano estos días.

El bar, el club de remo, la ONG, el equipo de fútbol, el sindicato, la cofradía del hojaldre, el viaje de estudios, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, el centro de trabajo, la peña racinguista, la asociación ambientalista… movilizan a su gente en estos tiempos, con el fin de obtener unos ingresos importantes para el presupuesto que les permita mantener su actividad. “¿Quieres lotería del Universitario de Cantabria Rugby Club Femenino? Son solo tres euros, juegas dos y uno es para ayudarnos a mantener las instalaciones y comprar los materiales deportivos”. Y cómo decir que no.

Reconozco el mérito de quienes hacen esa labor de manera altruista, porque a mí no hay faceta de la militancia que más me costara que ir colocando papeletas que nunca tocan a la gente que me aprecia. Pero en mi familia, ya que aceptan comprar por compromiso, aprovechan para vender lotería de una asociación ecologista y de solidaridad internacionalista. E intercambian décimos con los hermanos en uno de los rituales tradicionales previos a las sentidas cenas familiares durante las fechas navideñas. No sé cuánto habrán gastado y vendido, ni cuánto habrán recaudado de economías obreras para las arcas del Estado. Como dice el fumador de cajetilla diaria, “prefiero no pensarlo”, pero con esa pasta algún centro social más ya tendríamos abierto en Cantabria.

Puedo entender que a la gente le guste ilusionarse con tener abundante dinero, porque además lo equipara en su imaginario con tener de todo. Y lo gratificante que resulta colaborar con tantas causas. Ya me cuesta más empatizar con la tragedia que se plantea si resultas ser el único de tal o cual ámbito que no jugó lotería. “¿Y si toca?”. Pues perderías a tus colegas, que pasarían a vivir en yates y únicamente se acercarían a tierra en eventos VIP. O qué.

La Real Lotería Nacional de España fue creada en Cádiz en 1811 para aportar fondos a una Hacienda resentida tras la guerra de “la francesada”. Sin duda, a ellos que facturan miles de millones de euros anuales con el sorteo, les salió bien, pero dos siglos después, los colectivos sociales debiéramos explorar formas de financiación que no redundaran más en beneficio del statu quo que en nuestras propias causas. Y abrir un debate sobre la idoneidad de depender tanto de esto y de la venta de alcohol en conciertos para poder desarrollar nuestra labor. Colaboremos con las cuotas, hagamos rifas propias, vendamos productos diversos directamente, material que además nos valga con fines propagandísticos, organicemos cursos, comidas populares… Por favor, agudicemos el ingenio para recaudar fondos a través de otras actividades.

Además, los colaboradores podemos apoyar con una donación sin más, comprar otro tipo de material o echar una mano en algo más que en lo económico, que probablemente sea también necesario y productivo.

“No tenemos sueños baratos”, reza la publicidad del sorteo. Nos dicen que soñamos por encima de nuestras posibilidades. Nos inducen a soñar con ser ricos y no con que desaparezca la pobreza. Yo, al final, estos días solo sueño que me dejáis en paz…

“Si yo tuviese una lengua en Cantabria la defendería con uñas y dientes”. Lo dijo nuestro político más mediático en El País y lo repitió en La Sexta. Con esa firmeza de como si no se contradijera continuamente que le caracteriza. Pues resulta que la tiene. O mejor, la tenemos, que es un patrimonio de todos. Abandonado institucionalmente y reprobado socialmente, por eso se permite hacer esa afirmación quien readapta su discurso a cada encuesta de opinión. Pero la tenemos, aunque se nos esté yendo 'cumu augua en cestu'.

Así lo han atestiguado diversos estudios de especialistas. Ya en 1906 Menéndez Pidal adscribió Cantabria a la variante oriental de lo que denominó tronco lingüístico leonés. Del mismo modo se han posicionado después autores de reconocimiento internacional como Alonso Zamora o Ralph Penny que, tras estudiar el habla pasiega y el de Tudanca, advirtió del proceso de decaimiento y castellanización que sufrían.

En la misma línea señala el 'Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro' que edita la UNESCO, en el que aparece el cántabro como modalidad del astur-leonés, catalogado “en grave peligro de desaparición”. Este nivel de riesgo se atribuye a aquellos territorios donde los mayores lo hablan, pero ya no lo emplean con sus jóvenes, por lo que, de no tomarse medidas, este patrimonio estaría condenado a desaparecer en cuestión de unas generaciones.

Un siglo se cumple ahora de la primera referencia que se conoce del cántabro como modalidad lingüística. La hizo Fernando Araújo en una interesantísima disertación sobre el estatus lingüístico que recuerda aquella famosa frase de Max Weinreich: “Una lengua es un dialecto con un ejército detrás”, “del dialecto al idioma no hay más distancia que la establecida por la preponderancia política”, y ejemplifica con el portugués, considerado dialecto en tiempos de Felipe III y “convertido en idioma al hacerse Portugal independiente”; el castellano, “elevado a idioma”; el gallego, “hermano del portugués” pero aún tratado como dialecto en aquella época, al igual que otras modalidades como el cántabro, el leonés, el aragonés, etc.

Aparece a su vez reflejado el cántabro o montañés en documentos medievales, en el teatro costumbrista del siglo XVIII, en la literatura de Pereda, Nel Llano, Amós de Escalante, Cossío o Alcalde del Río, en la poesía de Jesús Cancio... ¿No merece esto algo más que el ninguneo de las instituciones públicas?

También tiene una lengua Revilla según las juventudes de su partido (JRC), que apoyaron la resolución “para el fomento de la lengua cántabra” en el ya desaparecido Consejo de la Juventud de Cantabria.

Y sobre todo, tenemos una realidad lingüística que “merece especial atención en unos tiempos como los actuales, en los que la uniformidad cultural está creciendo a costa de la extinción de formas singulares e irreemplazables de comunicación social”, según cientos de paisanos que firmamos el 'Manifiesto por el Patrimonio Lingüístico Cántabro', solicitando su declaración como Bien de Interés Cultural. Entre ellos varios filólogos, profesores de la Universidad de Cantabria, miembros del Centro de Estudios Montañeses y el propio académico de la RAE por la Comunidad Autónoma, Adolfo López Vaqué.

Siendo así, alguien se preguntará cómo es que ataca, un presidente regionalista, una parte tan importante de la cultura de su tierra. En primer lugar, porque en Cantabria se ha impuesto el modelo que el franquismo denominara “regionalismo sano”, que más que reconstruir la identidad propia, busca entroncar con la del imperio, a ser posible como cuna esencial de éste, y por tanto inseparable.

En segundo lugar, porque Revilla ve en el patrimonio lingüístico cántabro como un bulldozer ve un yacimiento arqueológico. En 2008 señaló como “un motivo más” para ubicar en Comillas el centro de referencia de la enseñanza del español, un “novedoso estudio” que situaba en Valderredible la cuna del castellano. Resultó que el “investigador independiente de la Universidad de Tennessee que había conocido hacía 10 días” era presidente de una peña racinguista y ya había escrito un libro de promoción del Camino de Santiago por el Norte para la Consejería de Cultura del PRC prologado por… nuestro ínclito caudillo autonómico. Pero sobre todo, resultó que el estudio es un camelo indemostrable sin ninguna base científica, que decía apoyarse en la obra de Penny. Interrogado sobre esta cuestión, el catedrático de la Universidad de Oxford señaló que “no hablamos de controversias lingüísticas, sino políticas”.

No contento con encontrarse “casualmente” con estudios que van legitimando todos sus proyectos políticos, atacó entonces el habla popular y tradicional de Comillas, como si viera en él un impedimento en la legitimación de su “proyecto del siglo”: “Aquí se habla con la 'u' y con la 'jota', y en vez de decir ”hacha“, se dice ”jachu“. Es castellano mal hablado”. Efectivamente, a las personas que mejor conservan nuestra habla tradicional se les puede escuchar “jigu” o “jornu”, pero no “jombre” ni “jaciendu”, porque la realidad lingüística cántabra no es fruto de una deformación sistemática del castellano, como se nos ha hecho creer, sino de una evolución propia (más arcaizante) desde el latín, conservando la –u del acusativo-um (pratum->prau) o evolucionando al sonido aspirado la f- inicial (fontis->juenti). Entre otros muchos rasgos léxicos (cajiga, yeldu, asubiar), gramaticales (neutro de materia) y fonéticos (vocalismo, epéntesis…) que lo definen como una lengua, pero ante todo como un patrimonio lingüístico de incalculable valor y merecida protección.

Ya está bien de sacar pecho con una cosa y hacer la contraria, de valorar o destruir nuestra identidad según interés político, partidista y pecuniario. Ahí tiene el patrimonio lingüístico de Cantabria, desamparado por las instituciones autonómicas pero documentado por expertos e instituciones internacionales. Reconózcanlo, como han hecho el resto de territorios donde se hablan modalidades emparentadas: cooficial en Miranda do Douro, Ley de Uso y Promoción en Asturias, objeto de protección específica en la última reforma del Estatuto de Castilla y León…

O siga siendo cómplice necesario en su desaparición, pero deje de insultar la inteligencia de la gente, que una vez más, va por delante de su clase política y se ha organizado en asociaciones que estudian, dignifican y difunden este legado. Y que esta semana, sin ninguna ayuda pública, pone en marcha una nueva edición de los cursos de cántabro, por los que anualmente pasan decenas de alumnos que siempre preguntan por qué en Cantabria las expresiones culturales más difíciles de conocer son las propias.

El modelo autonómico también ha entrado en crisis y va a agudizar su asimetría. El federalismo, falto de convicción, se desvanece entre tensiones recentralizadoras e independentistas, mientras en Cantabria esperamos no se sabe a qué.

En 2003, dirigentes y “barones territoriales” del PSOE se reunían en Santillana del Mar para consensuar un documento que incluía la reforma del Senado como cámara territorial, la creación de una cumbre anual de presidentes de CCAA, la mejora de los mecanismos de participación autonómica en la UE y la reforma de estatutos. Aquellos objetivos federalizantes, incorporados de inmediato al programa electoral, buscaban dotar al PSOE de una imagen unitaria en toda España, compatible con el techo autonómico que preveía alcanzar un nuevo Estatut que, apalabrado con ERC e ICV, llevaría a Maragall a la presidencia de la Generalitat.

Pero –sorpresivamente- el PSOE también alcanzó el Gobierno de España, y no sólo se “cepillaron” (Guerra dixit) el Estatuto catalán propiciando el actual proceso soberanista, también incumplieron todos y cada uno de los objetivos de aquel documento. Esta realidad explica el déjà vu que provocan en la sociedad catalana las promesas descentralizadoras del PSOE, y no responde sólo a la eterna contradicción entre el discurso en la oposición y las políticas en el poder, sino también a la falta de convicción federal en las “federaciones” del PSOE, valga la contradicción. La de aquí, por ejemplo, hace tiempo que asumió un carácter sucursalista, delegando lo de ser y comportarse como “PSC”.

Pero el problema no es sólo cuestión de organización territorial, también de identidad cultural. A comienzos del presente año, Íñigo Errejón analizaba en un programa de la UNED las dificultades de construir un discurso nacional-popular desde Madrid, debido a la realidad plurinacional del Estado: “En España, uno podría desear que hubiera habido un proceso de construcción estatal que acabase con la heterogeneidad cultural, nacional, lingüística...”. Entonces, el profesor Cotarelo le pregunta: “Y con el corazón en la mano, ¿estás contento de que eso no haya sido posible o lo tomas como una desgracia que hay que aguantar?”. Errejón ríe y contesta: “bueno, mi posición es que eso no ha pasado. Y entonces el reconocimiento de la plurinacionalidad es un dato a partir del cual seducir y construir un proyecto común”.

Pues mi posición es que sí ha pasado y continúa pasando, especialmente en aquellos territorios donde la dirección de Podemos no está pensando, en los pueblos que no han sabido o podido resistir suficientemente a ese proceso de asimilación nacional-estatal. Y es en esas realidades donde más necesaria se hace la sensibilidad por la diversidad, donde se identifica mejor la indiferencia ante el empobrecimiento cultural.

Quiero pensar que las organizaciones progresistas de ámbito estatal rechazan la idea de que haya pueblos o culturas superiores a otras. Sin embargo, actúan como si la plurinacionalidad supusiera la existencia de tan solo cuatro realidades: País Vasco, Cataluña, Galicia y “Restoespaña”. Allí donde hay otra identidad nacional pujante, asumen postulados federalistas, pero donde el nacionalismo español es el hegemónico, no se hace ninguna pedagogía. Del mismo modo, en unos sitios fomentan la lengua propia y en otros se deja morir. El federalismo está resultando en España lo que el estado del bienestar en el capitalismo: una concesión para combatir el discurso de las amenazas rupturistas, más que un principio democrático.

Y la “nueva política” ahonda en esto, con un funcionamiento interno tan centralista como las cyber-primarias de circunscripción única, convirtiendo las elecciones municipales y autonómicas en sucursales de las generales, con los líderes invisibilizando a los candidatos del territorio.

La tradición política a la que me adscribo reconoce a los pueblos el papel de sujeto colectivo de soberanía. Es una realidad que el nacionalismo de estado ha calado o encontrado resistencia de forma desigual en éstos, pero frente a la crítica generalizada al “café para todos” (la mayor parte de las competencias han sido tomadas por voluntad de los parlamentos autonómicos, más que asumidas) yo reivindico “igualdad de derechos para todos”. Los mismos derechos asisten a las personas independientemente de la conciencia de género o de clase que hayan desarrollado, el mismo derecho al autogobierno asiste a los pueblos independientemente de lo asimilados que estén. Luego, claro, la organización y la lucha llevarán a a ejercer en mayor o menor medida esos derechos, que no dejan de ser inalienables. El Reino de España tiene pinta de devenir en estado federal asimétrico y el pueblo cántabro –tristemente- de conformarse con jugar en su tercera división. Pero que nadie pretenda sustentarlo en “características distintivas (cultura, historia, lengua, identidad nacional…)” como si mi país -o cualquier otro- no tuvieran historia, cultura, fuera mudo o carente de identidad.

Si de verdad fueran federalistas, promocionarían el folclore castellano o el asturiano como el vasco o el andaluz; hablarían aragonés o leonés como hacen con el gallego o catalán; desarrollarían teorías y prácticas partiendo de la realidad específica de cada país; exigirían decidir sobre políticas de empleo como sobre el fracking, y estarían intentando construir procesos constituyentes en plural, en cada pueblo, como están haciendo los republicanos catalanes. ¿Nos constituimos en Cantabria o esperamos a ver qué deciden desde Madrid?

No sé si es porque un pueblo subalterno produce periodismo en los mismos términos o viceversa, pero Cantabria parece aquel coronel de García-Márquez: no tiene quien la escriba.

Y menos así, a nuestra manera, con laísmo. Tanta formalidad periodística y nos saltamos las convenciones sociales. Yo quisiera comenzar saludando a aquellos que habéis hecho clic en esta primera columna de 'El Jisquíu' y agradeciendo a quienes han considerado ofrecerme aportar con ella. Y reflexionando sobre la parte de responsabilidad que también tiene el cuarto poder en estos tiempos que corren de desarraigo y mordazas.

Sin ir más lejos, llama la atención en Cantabria, con honrosas excepciones, la carencia de contenidos informativos propios acerca de nuestra realidad. La clase política nos ha privado de medios públicos, dedicándose a subvencionar cabeceras privadas de radio, prensa y televisión, que rellenan con entrevistas cómodas, publirreportajes y eco acrítico de notas de prensa. Sin vocación social no hace falta más, y los ingresos están garantizados con los publicitados saludos de alcaldes y consejeros. Así que tenemos el BOC oficial, un diario hegemónico de nociva línea editorial que denomino “el BOC oficioso”, las esperanzadoras alternativas minoritarias, y florecientes cabeceras plagadas de publicidad institucional con un vínculo partidista inversamente proporcional a su interés periodístico. Mientras, ocurren historias preciosas y también indignantes, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestros valles. Pero apenas se da cuenta de ellas, que en el imaginario colectivo es lo más parecido a que no ocurran.

El periodismo de Estado, por su parte, comparte con las otras comunicaciones (autovías, AVE…) un diseño “radial”: todo pasa por Madrid, como si sus cosas, sus equipos, sus toreros y sus fiestas fueran de interés general o la medida de todas las demás. Y claro, es de suponer que haya poderes en Santander, Castro, Noja, Ramales, Argoños, Meruelo, etc. encantados de que el foco mediático sobre corrupción se centre en Tania Sánchez, el de la privatización de cajas en Bankia o el de la especulación urbanística en el Pocero. Quizá, entre tan profusa información sobre Aguirre, Carmona y Carmena, mis paisanos no se dieron cuenta de que en sus pueblos también se celebraban elecciones municipales y por eso –excepción castreña- continúan los mismos dirigentes.

No crean que informar pegado al terreno es más sencillo que hacerlo sobre Coslada o Nueva York. Destapa temas delicados cuyos protagonistas se mueven muchas veces en tu mismo entorno e implica una gran responsabilidad por la capacidad de influir en la realidad cotidiana. Es algo complicado, pero imprescindible para acabar con los agujeros negros de desinformación e impunidad que degradan la democracia.

El ejercicio de la libre información no sólo está coaccionado en el mundo por conflictos armados o el terrorismo yihadista, también por organizaciones criminales y poderes económico-políticos a quienes perpetúa el monopolio mediático y debilitaría la transparencia. Durante la última legislatura en el estado mexicano de Veracruz, 14 periodistas han sido asesinados, 3 se encuentran desaparecidos y 37 han tenido que abandonar su tierra por miedo. En el País Vasco recobraba estos días la libertad absoluta Jose Luis Elkoro tras 8 años de prisión por su responsabilidad en la editora de Egin, cuyo director continúa aún hoy preso. En Cantabria debiéramos tener siempre presente el bochornoso cierre de La Realidad, pero no ha sido el último ataque a la libertad de información: el cerrojazo a Buenos Días Cantabria o el juicio y persecución que sufrimos en EnfoCant demuestran la molestia que produce el periodismo crítico. Como pudo comprobar el director del censurado semanario cántabro, Patxi Ibarrondo, “en el periodismo periférico los obstáculos son constantes y las presiones más fuertes. Cantabria es un coto cerrado de caciques que se reparten el pastel donde rige la omertá siciliana, el silencio cómplice”.

Pese a todo, frente al monopolio globalizador de las grandes empresas de la información, en plena crisis del papel y la pretendida objetividad, se pueden y se deben generar alternativas informativas independientes de los poderes económicos y políticos, comprometidas con el territorio. Para hacerlos sostenibles hay que acercarse a los lectores, conocer sus intereses y encontrar esos espacios informativos, en lo geográfico y en lo temático, que cada vez más se pierden o maltratan. La realidad social de este pequeño pueblo del sur de la fachada atlántica europea esconde innumerables oportunidades para tratar con estilo propio, a pie de calle, integrando a su gente, vertebrando verdaderos espacios para la interacción. En definitiva, aportando un nódulo cántabro a la red informativa global que se está tejiendo, con un modelo periodístico democrático y participado.

El patrimonio para nuestros gobernantes se reduce a un elemento folclorizado para dar una nota de color en ciertos eventos o un recurso mercantil con el que atraer turismo, cuando no un incordio para el único modelo de desarrollo económico que conciben.

El patrimonio histórico es un concepto amplio que valora todos aquellos bienes materiales e inmateriales que un pueblo hereda de sus antecesores, constituyendo la base de su desenvolvimiento sociocultural futuro. Sin embargo en Cantabria las instituciones públicas, que por ley y lógica debieran velar por su conocimiento y desarrollo normalizado, son cooperadoras necesarias en su pérdida.

Las ciencias sociales, y concretamente la Etnología, denominan etnocidio a estas políticas agresivas que propician la destrucción de la cultura de un pueblo para favorecer su asimilación por otra cultura hegemónica. Y urge llamar a las cosas por su nombre para tomar conciencia de la situación que padecemos, porque si hemos permitido que se abran bajo criterios turísticos las cuevas de Altamira, que caigan goteras sobre las estelas de Barros, que se levanten molinos eólicos en los castros y se especule con los terrenos de las boleras… ¿cuándo vamos a despertar?

Cuentan que en una reunión con directores de Cultura de las distintas comunidades autónomas, alguien del Ministerio apeló al representante de Cantabria, sorprendido porque no tuviéramos un solo Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial reconocido. A raíz de ello, la Comisión de Patrimonio Etnográfico se volvió a reunir (¡8 años después!) y propuso proteger los bolos, el rabel y las marzas, animando a las asociaciones a enviar propuestas.

Claro que la sociedad civil iba bastante por delante y hacía años que había aportado, junto a centenares de firmas y con el apoyo de expertos y colectivos diversos, una solicitud para reconocer como BIC el patrimonio lingüístico cántabro. Paradójicamente, mientras el Servicio de Patrimonio dependiente del Gobierno autonómico lo dejaba desamparado, la UNESCO lo incluía en su Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro. Esta es una de las constantes en Cantabria: nos reconocen fuera lo que negamos dentro.

Entonces ocupó su cargo el actual consejero de Cultura y Educación, con la intención de, ojo, acabar “con el acento en lo autóctono”. Vaya feria (de abril). También en esto, ese Estatuto de Autonomía que le atribuye la labor de “defensa y protección de los valores culturales del pueblo cántabro” está de adorno.

Lamentablemente, otra de las constantes en la historia reciente de Cantabria es la dependencia absoluta de unos pocos que, con una labor encomiable, han logrado salvar, dignificar y difundir elementos de nuestra cultura. Da miedo pensar qué habría quedado de nuestros mitos y leyendas sin Manuel Llano, de nuestros cuentos tradicionales sin García Preciado, de nuestros trajes populares sin Gustavo Cotera o de nuestra memoria histórica sin Fernando Obregón. Pero son estrellas que sólo iluminan fugazmente un anochecer cada vez más oscuro.

Incluso el Aula de Patrimonio de la Universidad de Cantabria presentó al respecto un informe. En él, se advierte de la ausencia de contenidos relacionados con el patrimonio en los planes educativos cántabros, y de que el futuro es desolador “si no formamos y sensibilizamos a los jóvenes”, porque “cuando algo no se conoce, no hay sensibilidad y no se valora”. Dos años antes se habían suprimido las asignaturas de Historia de Cantabria de esa misma Universidad. Dos años después, la Consejería ha decretado un currículo de ESO con graves carencias en Historia, Geografía, Lengua y Literatura, Música o Biología.

“Nuestros jóvenes acaban la Educación Secundaria sin conocer nada del Patrimonio de Cantabria”, subrayaba el informe, que también pone de relieve la falta de coordinación de los centros educativos con los organismos que dependen del Gobierno. La pasada semana organicé una salida al Saja-Nansa con mis alumnos de una escuela pública, y en los espacios visitados cobran a nuestros escolares mayores de 16 años como si fuera un grupo de turistas extranjeros. En la cueva del Soplao cada alumno debía pagar 9,5 euros más 0,7 euros de comisión que se queda el banco por la gestión de las entradas, lo que supone que los estudiantes de un centro educativo público de Cantabria, para acceder en una visita pedagógica a un espacio que ya en su día fue habilitado con nuestro dinero, tiene que volver a pagar más de 10 euros. Así es como acercamos nuestro patrimonio a los jóvenes cántabros.

Y es que eso del patrimonio, para nuestros gobernantes, se reduce a un elemento folclorizado para dar una nota de color en ciertos eventos o un recurso mercantil con el que atraer turismo, cuando no un incordio para el único modelo de desarrollo económico que conciben.