En el Debate sobre el Estado de la Región, como en las fiestas de fin de curso, siempre hay teatro y guión. Los escolares actúan para sus padres con la ilusión que caracteriza a los primerizos; a los que se suben al escenario a representar una función. Para Miguel Ángel Revilla ha sido la trigésimo tercera exhibición personificando, eso sí, distinto papel. Unas veces defendiendo al Gobierno como presidente y otras veces criticando su gestión, según se gane o se pierda. Ese es el juego de la política, dicho por Revilla.

El Debate sobre el Estado de la Región lo ha sido. No sé si calificarlo de “farsa” como ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Van Den Eynde, al que, por cierto, hemos visto participar de esta “farsa” un porrón de veces sin que le haya recordado, hasta ahora, al “antiguo oeste”. A aquellas películas que representaban la vida de los cuatreros, bandidos y agentes de la justicia en pleno desierto. Primero disparar y luego evaluar. Pero el “showman” de la televisión no ha entretenido en este “western” parlamentario de la legislatura, que nos deja el post más leído de “la saltadora”, Ruth Beitia, exigiendo “respeto institucional” a un presidente “distante”. Más allá de la anécdota en cuestión hay motivos de peso para la desidia.

La estructura del guión que interpreta el presidente siempre es gradual. Llega a Peña Herbosa dispuesto a revolucionar Cantabria hasta que la “herencia recibida” le obliga a pisar tierra y a constituir mesas de trabajo que le hacen ganar tiempo y de las que no volvemos a saber nada. Leyes en tramitación, planes estratégicos y hasta 50.000 británicos “vip” del Banco Santander ensimismados con la “tierruca”. Este giro argumental del presidente Revilla es el que tendría que haber ofendido a nuestra clase política en nombre de los parados, empleados precarios, exiliados y empresarios. En nombre de ese 53% de desempleados que no cobra ningún tipo de prestación en Cantabria. En nombre de las 22.250 personas sin ingresos que únicamente aspiran a un ticket social de comida como solución a todos sus males.

Hubiera tenido menos repercusión pero la diputada Ruth Beitia podría haber aprovechado ese “post” para exigir coherencia a un presidente que promete atajar la precariedad laboral mientras alardea del registro que dará a conocer mañana el Servicio Público de Empleo y Seguridad Social. Revilla aventura que serán 3000 parados menos pero no contabiliza a los que ha contratado cada ayuntamiento para los próximos seis meses -vuelta al paro- y los que rescata el sector servicios en verano.

El Debate sobre el Estado de la Región dice adiós al curso parlamentario con propósitos catequistas, sin recorrido y que se aprueban por unanimidad. De ahí que hayan salido adelante la mayor parte de ellas. Solo les ha faltado votar si apoyan o no la paz mundial.

Entre tanto, presiento que serán los socialistas y los podemitas los protagonistas de la nueva temporada. Ya se han declarado la guerra contagiados por la fiebre nacional. El Partido Popular y su mayoría han bloqueado las aspiraciones de cambio pero no gobiernan la comunidad. Que las malas relaciones de Madrid no conviertan a Cantabria en víctima.

Dice el manifiesto que la huelga feminista es una propuesta abierta en la que todas podemos encontrar una forma de participar

En este intento de escenificar quién es más feminista se pierde la esencia. Tampoco me convencen las frases hechas. Aquellas que nos animan a separar la política del 8-M. Repiten que hay tantos feminismos como mujeres existen. Yo no estoy de acuerdo, eso sería banalizar el concepto y la historia del colectivo, aunque algunos se empeñen en demonizar lo colectivo.

Por eso, cuantas más seamos en las calles más se hablará de nosotras, de las puertas que nos cierra el machismo y de las obligaciones que nos impone.

Yo lo siento así en mi profesión, entre mis compañeras. El 8 de marzo de 2018 salimos por primera vez juntas a la calle y desde ese día estamos más unidas, más confiadas y empoderadas para reivindicarnos. Compartimos y cuadramos las tertulias, entrevistas e informaciones, para que la realidad no solo se cuente desde una esfera masculina. Para que haya tertulianas, para que la opinión de las profesionales tenga cabida en los medios y los hombres no se adueñen de todas las miradas.

Ahora, que si la clase política ha decidido “empozoñar” el debate a ver si rasca unos cuantos votos, allá ellos. Yo prefiero seguir enriqueciendo lo que ya es una realidad entre las periodistas de Cantabria. Hemos logrado organizarnos.

Los sondeos han hipnotizado a buena parte del espectro político, decidido a conquistar el voto de las cuatro millones de mujeres, que aún no han decidido a qué partido apoyarán.

Decía David Trueba, en El País, que “la política actual parece empeñada en lograr que nos odiemos”. De ahí esa crispación entre partidos y entre algunos representantes, que solo piensan en el 8M como reclamo.

Que Inés Arrimadas utilice el comentario estúpido de una persona para asociarlo al movimiento feminista no tiene un pase, como tampoco lo tiene decir que no puede hablar de feminismo si viste tacones.

La horda “feminazi” que fabricaron algunos para atacar al colectivo no caló en 2018, tampoco lo está haciendo estos días y los “voceros” se han dado cuenta. Han tergiversado un discurso -el del movimiento feminista- que lo único que hace es defender la igualdad. Asumir el discurso, los “tics” de Vox sobre “violencia doméstica” es darse de bruces con la realidad.

Hace un año, el Partido Popular calificó la manifestación del 8M de “elitista”, “insolidaria” y “anticapitalista”. Llegó a decir que con la convocatoria se apostaba por el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Me alegro de que ese discurso no haya calado entre los populares cántabros. Eso se entiende de las declaraciones que hacía su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, hace dos días.

“Yo me quedo con lo ocurrido hace un año en Cantabria y en toda España. Me quedo con esa ola, con esa sacudida que llevó a miles de mujeres de todo perfil a recorrer juntas un camino sin retorno. Que nos hizo protagonistas, que nos hizo visibles”. Esa ola que defiende Buruaga es la que desprecia su partido. El PP de Madrid ha acordado desvincularse de la manifestación y no acudirá. Deciden ellos, de nuevo.

Dice el manifiesto que la huelga feminista es una propuesta abierta en la que todas podemos encontrar una forma de participar.

Guipúzcoa sigue depositando a diario su basura en Cantabria. Meruelo se ha convertido en el salvavidas de la provincia vecina, sin capacidad física para verter en su tierra las toneladas de fracción resto, es decir, la basura que no se puede reciclar.

El acuerdo suscrito entre las dos administraciones, muy en sintonía por las siglas socialistas del diputado de Medio Ambiente y su homóloga cántabra, hubiera podido ser el pretexto para abrir un debate político de altura sobre la recogida selectiva en la que tanta ventaja saca Guipúzcoa a Cantabria, al menos desde la perspectiva social y participativa. No hay más que pasarse una tarde por el Boulevard donostiarra para constatar que el proyecto de construcción de la incineradora está en boca de todos. Las acampadas y manifestaciones en contra han dado paso a un espacio en el que se cuestiona lo establecido. En Cantabria, sin embargo, el debate ha muerto y nunca fue constructivo. Guipúzcoa pide “auxilio” y Cantabria responde por unos millones y un gesto de “profundo agradecimiento”. Esa ha sido la secuencia que les ha proporcionado margen. Un balón de oxígeno para los vascos y más CO2 para los cántabros.

Mientras la estampa de camiones circulando hacia Meruelo será habitual hasta 2017, en la Parte Vieja de San Sebastián se discuten alternativas a la incineradora; se organizan talleres de reciclaje y charlas sobre los pros y contras del puerta a puerta; ese sistema de recogida selectiva de residuos en el que, los ciudadanos, son los encargados de separarlo. En lugar de tirarlo en contenedores, lo hacen frente a sus casas, de acuerdo a un calendario y un horario marcado por el ayuntamiento. Según el día, toca el papel, los envases, los desechos orgánicos o la basura que no se puede reciclar. También se dice que el puerta a puerta “hace a los ciudadanos esclavos de la basura”, un argumento que convenció a buena parte de los guipuzcoanos y que supuso el castigo a Bildu en las últimas municipales por implantarlo en un buen número de municipios. La idea le hizo perder el poder y devolvérselo al PNV, partidario de implantar el quinto contenedor de recogida orgánica. Un sistema que funciona a la perfección en San Sebastián y cuyo objetivo es doblar las tasas de reciclaje; pasar del 30% al 60%.

El compromiso colectivo es esencial para un sistema como el de la recogida puerta a puerta. Responsabilidad, un cambio de hábitos, almacenar la basura en casa y bajarla cada día. El rédito político de la medida que implantaron los abertzales fue nulo pero los datos avalan que el sistema funciona, desde el punto de vista medioambiental. Un estudio de la Agencia del Residuo de Cataluña revela que Vilablareix, en 2012, envió más de 650 toneladas de residuo al vertedero y solo 80 un año después, tras la implantación del PAP.

La llegada o no de basura a Meruelo, la capacidad vital del vertedero o las probabilidades de construir otro son pequeños parches que han cerrado, sin acierto, el reiterado asunto de las basuras. Ni siquiera, la oposición ha planteado en el Parlamento la existencia de otros mecanismos más sostenibles, como es la implantación del quinto contenedor de residuos orgánicos.

En definitiva: diálogo, compromiso y participación. En San Sebastián la ciudad está dividida y el auxilio de los cántabros es una solución parcial a su falta de espacio. La incineradora no entrará en funcionamiento antes de 2019 y el convenio acordado para ir soltando basura en Meruelo vence en 2017. Sin embargo, las declaraciones son interpretables y lo que la Consejería de Medio Ambiente dice en Cantabria no llega a oídos del diputado foral. A los guipuzcoanos se les ha dicho que, si no encuentran lugar dentro de su territorio, será necesario llamar, de nuevo, a la puerta de Cantabria. No lo digo yo, lo recogen los periódicos.

Que sirva la polémica para plantearnos el futuro.

El mismo Revilla que ha dado carpetazo al caso Sodercan anuncia que su Gobierno va a crear una unidad anticorrupción independiente. Al mismo Revilla que pretende construir un órgano de control al Gobierno, las supuestas irregularidades que recoge la auditoría de la Intervención General sobre el funcionamiento de la sociedad publica le parecen “temas personales”. Para su socio de gobierno, el PSOE, el informe de la Intervención responde a “un montaje político viciado de origen”. Y a los que confiaron hace un año en un presidente que prometía “la honradez total”, en un Revilla que no iba a tolerar un mínimo atisbo de sospecha, les niegan las explicaciones propias de un gobierno transparente que cierra filas en torno a un gestor que está en el punto de mira por apoyar, supuestamente, proyectos no viables con dinero público; pagar 185.000 euros al vicepresidente de Repsol por trabajos que no constan o por una factura de 600.000 euros que cobró Emilio Garayar, el abogado que estuvo al frente de la operación de compraventa del Racing en ese momento. Conclusiones “viciadas de origen”, según el Gobierno. Regionalistas y socialistas han optado por matar al mensajero, a Podemos, al que acusan de hacer un uso electoralista del documento.

Una estrategia legítima que no resta gravedad al contenido de esa auditoría que apunta, directamente, a Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercan durante el periodo en el que supuestamente se cometieron las irregularidades, y recuperado para repetir en el cargo por el ala socialista del actual Gobierno. Un episodio que merece una y mil explicaciones para demostrar, si es el caso, que verdaderamente la auditoría “está viciada”.

Sin embargo, “la primera y última comparecencia” de Blanco (así se expresó ante los medios de comunicación) y el regocijo y las risotadas de sus “compinches” cuando un periodista le preguntó si se planteaba dimitir reflejan la prepotencia de quienes no acaban de entender que, como representantes públicos, son el garante de la sociedad.

Pues bien, existiendo la Intervención General, el Gobierno plantea crear una unidad anticorrupción independiente pero nombrada por Revilla. Personas elegidas por él directamente pero “alejadas del Gobierno” y “sin coste para la administración”. Alrededor de seis personas de “reconocido prestigio” que nombrará el Ejecutivo y que fiscalizarán al Ejecutivo a través de las denuncias que remita el ciudadano vía email, por ejemplo. Una oficina que, antes de arrancar, carece de legitimidad para investigar delitos, una tarea de la que se ocupa la autoridad fiscal o judicial, tal y como ha puntualizado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral que, por supuesto, sigue reclamando medios a la administración para agilizar los procesos judiciales.

A pesar de la reflexión, nunca está de más plantear la incorporación de nuevas herramientas pero “la honradez” de la que presume el presidente, Miguel Ángel Revilla, se mide y se demuestra despejando los resquicios de sospecha que todavía bailan en torno al caso Sodercan.

Siempre me han interesado las conversaciones ajenas pero ese hombre hablaba para todos los que estábamos ese día tomando algo en la Plaza de la Esperanza aunque, su mujer, mediante aspavientos le mandase callar porque estaba ruborizando a esa pareja de “simples” que agarraba a su hijo de la mano y se convertía en cómplice de las palabras de ese “animal” sin arma pero con potencial peligroso.

Sujetaba un whisky en la mano mientras esa pareja, a la que saludaba, se lamentaba de haber llegado tarde para solicitar las ayudas a la natalidad que, ese día, había presentado el Gobierno de Cantabria. El hijo que les acompañaba tendría unos seis o siete años, los suficientes como para entender lo que ese señor alcoholizado que avergonzaba a su mujer estaba contando. Pero aquello no les preocupó.

Aquel hombre, con pinta de la Brigada Político Social, se jactaba del vídeo que su hijo, guardia civil “desterrado” en Bilbao, le había enviado al móvil. Un vídeo en el que, según contaba a voces para toda la terraza, quemaba una ikurriña junto a otros compañeros de la Benemérita. Las carcajadas de su público animaron a ese personaje de la vida real, que Santiago Segura supo dibujar en Torrente, a rematar la historia. Estaba orgulloso de aquella imagen que, por supuesto, le hubiera encantado protagonizar a él, pero era un hombre de negocios y sus relaciones empresariales con el País Vasco le impedían quemar banderas.

El niño miraba perplejo y la pareja asentía. Nadie se escandalizó; nadie más le pidio que se callara, como si la discusión la hubiera empezado yo, rompiendo esa armonía de terraza, un viernes de sol y cerveza. Esperaba a una amiga que me había propuesto ir a ver el documental 'Syria Self Portrait'. Ossama Mohammed y Simav Bedirxan “acercan escenas de un genocidio que podía herir la sensibilidad de algunas personas”, decía el texto de presentación.

¿Cómo se puede cometer semejante barbaridad? Reflexionaba una señora en voz alta antes de que se encendieran las luces de la sala. Automáticamente pensé en el hombre de la plaza (Plaza de la Esperanza, casualidades de la vida), en la pareja de “simples” que reía las gracias de ese supuesto empresario y en el silencio cómplice de los que prefirieron seguir pegándole un trago a la cerveza.

Hay preguntas tramposas. Las técnicas para manipular encuestas son infinitas pero a veces basta con camuflar el asunto para que la respuesta parezca evidente. ¿Está usted a favor o en contra de actuar para que se mantengan las playas? A priori, nadie querría que desaparezcan. Ese es el pretexto del Ayuntamiento de Santander para defender a capa y espada una actuación que presenta grandes interrogantes, según los expertos.

A esa pregunta que formuló hace casi una década la Universidad de Cantabria, el 90% de los santanderinos respondió que sí. El proyecto de los espigones para estabilizar las playas de la Magdalena y Los Peligros va camino de convertirse en un polémico debate simplista entre los STV (santanderinos de toda la vida) y los que, de antemano, hacen de este colectivo que defiende la construcción de los espigones, una especie de monstruo sin escrúpulos y antiecologista, capaz de permitir que se destroce el litoral con tal de que la familia, como viene siendo tradición, pueda seguir chapoteando en sus playas.

El Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria saben de sobra que tiene un tinte sentimental y lo están explotando como munición para el ataque. “Si no se actúa, las playas de la Magdalena, Bikinis y Peligros serán historia” advierte el alcalde, Íñigo de la Serna, que acusa al consejero de “boicotear” el proyecto a pesar de que Oria dijera en el Parlamento que lo recurre “con todo el dolor de su corazón” porque “todos nos hemos bañado en estas playas”.

Si tenemos que decidir sobre un asunto tan delicado por las veces que hemos pisado la arena o hemos nadado en las playas de la bahía, mal vamos. ¿Cuántas ruedas de prensa convoca el Ayuntamiento para hacernos perder el tiempo? ¿Cuántas veces ha informado a la prensa sobre el proyecto de estabilización de las playas desde que el Ministerio dio luz verde al informe de impacto ambiental? Ninguna.

De la Serna mantiene que el Gobierno oculta informes que avalan la obra, pero por alguna extraña razón, esos documentos siguen bajo llave. Sus argumentos no hacen más que ahondar en la idea de que hay gato encerrado. Leemos que podría provocar cambios en las mareas y afectar al tráfico marítimo y que es una actuación agresiva y paisajísticamente llamativa. Nos dicen los organismos competentes, que no hay garantía suficiente para salvaguardar el Puntal y la desembocadura del Miera y al Ayuntamiento sólo se le ocurre, desde su percepción conspiranoica, decir que el Gobierno de Cantabria paraliza la construcción de los espigones por la satisfacción que le produce “machacar” al PP. La experiencia nos dice que el mensaje constructivo puede no llegar nunca mientras la solución a la pérdida de arena se enquista.

Por favor, que se pronuncien los ingenieros del Instituto de Hidráulica, técnicos de la Universidad de Cantabria, gente preparada que ha redactado los informes y que conoce alternativas menos agresivas. Demuestren que la Universidad está al servicio de la sociedad como dice el eslogan y no se escondan cuando la opinión pública se hace eco de la noticia porque, el futuro de nuestro ecosistema, merece ese debate. Se necesita información para responder a las encuestas. Datos, variables e informes que nos permita posicionarnos desde el conocimiento y la responsabilidad.

Las veces que Íñigo de la Serna ha recorrido los arenales o los baños que se ha dado el consejero, no son garantía de nada.

“Cantabria ha perdido la batalla pero no la guerra”. ¿Recuerdan esa frase? Nunca aclaró, el ahora senador del PP, contra quién batallaba en esa guerra antifracking. Si contra su propio partido que por entonces, año 2013, tenía mayoría en el Congreso de los Diputados para reformar la Ley de Hidrocarburos que ha facilitado la concesión de permisos de fracking o si su misión consistía en distraer la atención de los cántabros con leyes inconstitucionales.

Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente y Urbanismo, “capitán de la resistencia”, asiste impasible en Madrid al doble rasero de sus diputados con el fracking. Ana Madrazo y José María Lassalle “han vuelto a mercadear” con la voluntad de los cántabros amparando el voto en contra de una iniciativa para frenar las prospecciones. Esa propuesta de ERC contó hace dos semanas con el voto favorable de PSOE, Podemos, Democracia i Libertad y PNV, más la abstención de C's.

Curioso, que el partido de Rubén Gómez (Ciudadanos) se haya mostrado siempre contrario a esta técnica en Cantabria. Siempre preocupado ante la prórroga por parte del Estado de los permisos para acometer fracking. Reclamando desde sus inicios una “oposición real” al entonces presidente, Ignacio Diego, que convenciera al Gobierno central. Ciudadanos no se ha mojado en el Congreso y Carlos Pracht, diputado por Cantabria, ha dejado pasar la abstención de sus compañeros en la Comisión de Industria.

Los diputados del PP, directamente, han votado en contra y, sin embargo, esta vez, Cantabria ha ganado una batalla porque el Congreso ha aprobado vetar el fracking. Al exconsejero de Medio Ambiente y Urbanismo, impulsor de la ley antifracking que el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad, le acompaña Blanca Martínez en otro sillón del Senado, exconsejera de Ganadería. Un sector que se opone radicalmente a que se perforen los montes y a que se pueda contaminar el agua con químicos.

Es paradójico el argumento que utiliza el Tribunal Supremo para denegar el recurso que presentó el Ayuntamiento de Valdeprado del Río contra el permiso Bezana-Bigüenzo alegando que solo se ha solicitado para investigar y que para esa tarea “no se utiliza la técnica de fractura hidráulica”. ¿Desde cuándo una gran multinacional como Petrolium Oil & Gas invierte solo para investigar? Si investiga, es para encontrar gas y extraerlo. Señor Fernández, no lo olvide. Los cántabros, los burgaleses... continuarán batallando y en esa cruzada seguirán perdiendo contiendas porque la Ley de Hidrocarburos que su partido y sus compañeros defienden hace de parapeto de las empresas petroleras.

No es de recibo esta incoherencia cuando ingenieros, científicos, asociaciones, ganaderos, juntas vecinales, ayuntamientos y toda una comunidad se opone. Cuando los expertos repiten que no hay garantías, ni seguridad. Cuando sus efectos contaminantes son evidentes en otros países en los que alguna petrolera ha sido condenada a indemnizar, incluso, a una familia de Texas que enfermó por la proximidad a sus pozos de extracción de gas.

Pero los diputados del PP por Cantabria siguen practicando esa doble moral. Ana Madrazo siempre ha votado en contra de las medidas antifracking que han propuesto otras formaciones, incluso, cuando Fernández utilizaba cualquier argucia legal para calmar los ánimos y aparentar que el Gobierno autonómico estaba luchando contra viento y marea. Pero el exconsejero y senador sabe de sobra que la pelota está en el tejado del ministro Soria y de un Gobierno que ya no tiene mayoría parlamentaria. 

Le pregunto, señor Fernández: ¿Qué haría si se tuviera que enfrentar a esa encrucijada? ¿Cómo explicaría su voto en contra a los que le hemos visto presentar informes, apoyar mociones y tramitar leyes que, al mismo tiempo, ignoran los diputados que representan a Cantabria en Madrid? Si el viaje a la capital y su nueva condición de senador le hace olvidar lo que demanda su tierra, el día que la Asamblea contra la Fractura Hidráulica y una sociedad entera gane la guerra, a usted le colocarán en el otro bando.

En Alcaucín, una pequeña localidad de la comarca malagueña de La Axarquía, el presidente del colectivo 'Save Our Homes Axarquía' y concejal de Urbanismo por Los Verdes hasta mayo de 2015, ejerce en la actualidad de afectado y alcalde, al mismo tiempo, tras presentarse a las municipales del año pasado, bajo las siglas de Ciudadanos.

'Save Our Homes Axarquía' ha dado el salto a la política para “intentar” legalizar cientos de viviendas que sus predecesores permitieron levantar en suelo protegido y no urbanizable haciendo caso omiso a informes medioambientales y jurídicos. Tres exalcaldes de La Axarquía han entrado en la cárcel por delitos contra la ordenación del territorio. Viviendas que el belga Mario Blancke, actual regidor de Alcaucín y todavía presidente de un colectivo equiparable a AMA, en Cantabria, lucha por legalizar a través de instrumentos que la administración cántabra lleva tiempo intentando poner en práctica.

Instrumentos legales desestimados por el tribunal y que, hasta ahora, solo han servido para estirar el sufrimiento de los afectados.

En La Axarquía, buena parte de los afectados son británicos; los representantes que conforman la asociación que trata de evitar el derribo de esas viviendas, también. El colectivo cuenta con el respaldo del Reino Unido, que ha ejercido presión sobre la Junta de Andalucía para salvar miles de viviendas ilegales y resolver el “problema” de sus compatriotas, dueños de edificaciones irregulares en la costa andaluza.

La modificación de la ley urbanística contemplaba regularizar entre 20.000 y 25.000 casas ilegales, principalmente construcciones aisladas ubicadas en municipios de Almería y Málaga, donde se concentra el problema con los ciudadanos británicos que desconocían el origen ilegal de los terrenos cuando los compraron.

A los vascos les ha ocurrido lo mismo en Cantabria. “El que quería una casa en la playa venía aquí”, explican desde ARCA, que ha llevado a los tribunales a todas esas urbanizaciones que han destrozado el paisaje de municipios como Argoños, Arnuero o Piélagos. Según Greenpeace, Cantabria es después de Valencia la comunidad autónoma con más construcciones artificiales en los primeros cien metros de costa. Durante los años del boom inmobiliario dimos la bienvenida al turismo vasco sin vacilaciones, sin condiciones y regalando al ladrillo lo que, supuestamente, protegía el reglamento.

En Andalucía o en Cantabria, víctimas somos todos. Sin embargo, mañana solo acudirán los propietarios de las viviendas ilegales a la protesta que ha convocado AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, para reclamar una solución al Gobierno y a los ayuntamientos. Una solución que nos convierte en afectados al resto, sea cual sea el desenlace final.

Los nuevos planes generales parece que se estén redactando con el único propósito de salvar lo ilegal. Las leyes que ha aprobado hasta ahora el Gobierno de Cantabria con el respaldo del Parlamento -la figura de las autorizaciones provisionales, por ejemplo- son mecanismos para ganar tiempo y evitar cumplir las sentencias. “Trampas legales” que, de momento, no han convencido a jueces y tribunales que exigen un calendario de ejecución a los ayuntamientos.

Los de Argoños y Escalante ya lo han remitido. Son 287 viviendas. Cumplir esas sentencias y derribar también nos convierte en víctimas porque habrá que indemnizar con dinero de todos (con cientos de millones) a los propietarios. Ese dinero no existe. No hay partida presupuestaria para asumir el coste.

No hacerlo sienta un precedente peligroso. Demostraría que las leyes no son garantía suficiente para proteger la costa y que se puede legalizar lo ilegal, simplemente firmando un documento.

Se trata de cambiar las reglas del juego para evitar un coste económico inasumible o de endeudarnos hasta ahogarnos para compensar las irregularidades cometidas hace veinte años. Ese es el dilema del turismo salvaje por el que muy pocos han respondido.

Los afectados tienen todo el derecho a defender lo que es suyo porque se les engañó. Pero desobedecer las sentencias de derribo o modificar los planeamientos urbanísticos ad hoc daría alas a los verdaderos culpables, a los que no respetan el territorio, para repetir la historia.

Revilla se la tiene guardada a Diego. ¿Seguirá posando el puro “humeante y rechupeteado” en el alfeizar de la ventana del Parlamento? Si es así, propongo a los populares que retomen el asunto para limar asperezas. Puestos a debatir desde lo absurdo hablemos del puro de Revilla, de su trasfondo. Del arrebato de un “pisapuros” que terminó pidiendo disculpas por dejar la colilla en el suelo “de todos” e instaurando una corriente filosófico regionalista que razonó, meditó y reflexionó hasta llegar a la siguiente teoría: “Ignacio Diego no menosprecia al puro sino a su persona”. Una patología de componente político importante.

Cinco años después la herida escuece pero el paro ahoga. Miguel Ángel Revilla e Ignacio Diego no se comunican y el espíritu de la frivolidad que algunos criticaron entonces sigue presente en el hemiciclo. Al presidente le preguntan por el paro, por las medidas para atajarlo y la Cámara se convierte en gallinero. En el escenario propicio para el reproche, para el “y tú más” y la herencia recibida de un ex presidente Diego al que acusa de haber cometido un “fraude” a base de maquillar las cifras. Su rival responde a la “parálisis” de Revilla con otro envite: el de la “desconfianza empresarial”.

A la desconfianza del parado que pide un debate serio, que le den. La altura política que demostraron el pasado lunes huele a humo y es hora de ventilar. De poner los puntos sobre las íes; de ser franco con los 51.399 desempleados que conocen una sola verdad que no miente y que sitúa a Cantabria en posición de descenso. Somos la única comunidad que ha experimentado un incremento del paro interanual. Y el problema es estructural. Así que “tardaremos bastante en salir del agujero”.

Lo dijo Revilla hace unos días, el mismo día en el que la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, socia de gobierno, lanzaba el mensaje contrario, convencida “de un cambio de tendencia que dará frutos a corto plazo”. Mensaje antagónico que refuerza la teoría de los que se aventuran a hablar de un distanciamiento, una fisura entre el PRC y el PSOE a la hora de comunicar.

Mientras la escena parlamentaria ante un asunto de calado apeste a puro, la falta de respeto seguirá imperando en el sentir de la mayoría. Curiosamente al Partido Popular, su religión, solo le permite atacar al PRC cuando se trata de Cantabria y viceversa. Sin embargo, son capaces de ponerse de acuerdo para aprobar una declaración institucional a favor del pueblo saharaui, sin fisuras, sin remontarse a un pasado y a un presente que debería avergonzarnos como país. Es un ejemplo. Hay muchos más.

Me da que a la gente le importó más bien poco que Mariano Rajoy viniera a “inaugurar” el nuevo Valdecilla seis meses antes de su puesta en marcha. No fue más que la crónica de una muerte anunciada para el Gobierno de Ignacio Diego, que quiso dejar claro con esta visita quién había logrado “poner fin a más de 14 años de obras”. Por si las moscas. Por si perdía las elecciones autonómicas.

No dudó en improvisar y levantar un atril entre cementos para que todos supiésemos quién era merecedor de los aplausos: el Partido Popular. Me da que a la gente le hubiera interesado más, que el contrato suscrito con la UTE adjudicataria fuera accesible; y a los profesionales, ser parte activa del proyecto para que, en vez de un hotel de cinco estrellas, fuera cogiendo forma de hospital. Es lo que han denunciado, ahora, cerca de 70 trabajadores, públicamente.

La Consejería de Sanidad reconoce que el centro no es funcional. No hay espacio para el trabajo médico en las plantas, el diseño es inadecuado en el área de farmacia y el área de ginecología no cuenta con la Unidad de Reproducción Asistida.

A los contribuyentes lo que nos preocupa es endeudarnos, soltar 900 millones de euros de aquí a 2036, por un hospital que antes de abrir ya está mal diseñado, según los profesionales y la Consejería de Sanidad. Si esa cantidad les parece insuficiente, súmenle otro millón de euros para arreglar el desaguisado y modificar el diseño, de acuerdo a las sugerencias del personal. Otro millón de euros, de momento, porque el “sobrecoste” podría terminar siendo mayor, advierte el Gobierno.

Lo que importa y preocupa al ciudadano es no haberse enterado de que la infraestructura se parece más a un hotel; le molesta que la administración oculte el error y le indigna que esa falta de previsión cueste dinero. Pero lo que le saca de sus casillas es la falta de autocrítica y la asunción de responsabilidades, dos cualidades que nadie parece practicar en política.

En vez de asumir fallos, el Partido Popular se chuta una dosis de amnesia y pide al actual Gobierno que no traslade a Liencres el Servicio de Oftalmología. Un traslado que ya estaba decidido cuando ellos gestionaban porque el servicio no cabía en el nuevo hospital.

Si los populares evitan dar explicaciones y la opacidad se convierte en costumbre, es lógico que reine la desconfianza. Y, entre tanta obra sobre obra en un hospital recién abierto, igual termina volviendo Mariano a inaugurarlo en condiciones. No esperen que haga autocrítica.

Miguel Ángel Revilla presidirá el próximo 26 de febrero una nueva reunión de la Mesa Láctea que, a escala autonómica, tratará de llegar a un acuerdo para amortiguar la caída de un sector que han dejado en manos de la libre competencia, en manos de un sistema que ha dicho 'no' a la regulación de mercado eliminando las cuotas lácteas. Un sistema que sanciona los pactos, que prohíbe, por tanto, fijar precios mínimos para evitar vender la leche por debajo de los costes de producción y que el consejero del área, Jesús Oria, ha tenido que recordar a su superior para rebajar las expectativas que el presidente de Cantabria ha generado, y los medios de comunicación hemos transcrito convirtiéndolo en un titular sin recorrido.

El presidente de Cantabria quiere propiciar un acuerdo de todos los integrantes de la cadena del sector lácteo (ganaderos, industria y distribución) para que la leche al consumidor final no se venda por debajo de los 60 céntimos. Pero ahí está el consejero de Medio Rural para frenar las aspiraciones de un Revilla al que ha tenido que aclarar en qué liga jugamos. En la del dinero. En una liga en la que la Comisión Nacional de la Competencia sanciona propósitos como el suyo porque en un mercado cada vez más libre solo hay hueco para los gigantes. Nadie puede obligar a la industria a solidarizarse con el productor, nadie puede impedir la deslocalización, la búsqueda de nuevos nichos de negocio en provincias próximas a grandes capitales, como Madrid, para abaratar costes.

El próximo 26 de febrero, a falta de mecanismos que permitan regular el negocio, marcando un precio que ayude a sobrevivir a las explotaciones ganaderas de Cantabria, el acuerdo estará supeditado a la buena fe de la industria, que recoge la leche a pérdidas. Y, todos sabemos, que la buena fe y los negocios no siempre van de la mano. ¡Poderoso caballero es don dinero!

Revilla emplaza a las partes que componen la cadena de valor a negociar siguiendo la estela de la ministra de Agricultura que, el pasado mes de septiembre, en un tono más recatado y realista reconocía que lo que propone ahora Revilla está prohibido por ley; que incluir un precio mínimo expondría a los ganaderos a tener que afrontar multas.

Ese “histórico acuerdo” que abanderó el Ministerio y que, sin embargo, no firmaron las grandes organizaciones agrarias a sabiendas de que era papel mojado no ha amortiguado, en absoluto, la caída del sector que ya mantiene a los productores cántabros como los segundos que menos cobran de España. Solo en 2015 cerca de 65 explotaciones dejaron de producir leche y muchas otras terminan derramándola porque no hay industria que la recoja. Industria que ha aprovechado en tiempo récord lo que le ofrecía Europa eliminado las cuotas que podía producir cada ganadero, liberalizando el sector y dejando a las pequeñas explotaciones en tierra de nadie.

Cantabria ha perdido la batalla y lo pagará caro. Los ganaderos representan algo más que su leche en un medio rural cada vez más desprotegido y despoblado. La exconsejera de Ganadería, Blanca Martínez, apostó sus cartas a la buena fe, al asegurar que el nuevo marco normativo aportaría muchas oportunidades. Apostó por la calidad y tampoco ha ganado, como es evidente, porque mientras se está dejando de recoger materia prima, fresca y de nuestros montes, damos la bienvenida a camiones cisterna que transportan leche desde Francia u Holanda para que el brick no supere los 60 céntimos y las grandes superficies lo utilicen como producto-reclamo.

La calidad parece que cuenta poco a estas alturas.

¡Vaya papelón, señor Revilla!

Ahora también seremos pioneros en ver pasear por nuestras calles a "extraordinarios" observadores urbanos. ¡Bonito eufemismo!

Piloto y pionero. De nuevo esos adjetivos en una rueda de prensa del Ayuntamiento de Santander. Que el proyecto 'Smart' es pionero ya lo sabemos; que la ciudad es pionera en la lectura a distancia del consumo de luz también y que ha implantado un programa piloto de pago por móvil, siendo incluso pionero en la lucha contra el cambio climático. Si escriben esas dos palabras, piloto y pionero en un buscador, junto a “Ayuntamiento de Santander” el listado es interminable. ¡Increíble!

Tendríamos que sentirnos orgullosos. Ahora también seremos pioneros en ver pasear por nuestras calles a “extraordinarios” observadores urbanos. ¡Bonito eufemismo!

Hace tiempo que nos han convencido a todos de que asumamos otras responsabilidades laborales. Algunas, razonables para adaptarnos, por ejemplo, a nuevas herramientas tecnológicas o tener mayor visibilidad en las redes sociales. Nos dicen que nos situemos en los nuevos tiempos. ¡Pero cuidado!, no sólo en política hay lineas rojas y algunas empresas las han traspasado, obligando al trabajador a asumir nuevas labores a coste cero y aludiendo a la falta de competitividad, a la mala situación de los mercados, al futuro de la compañía y a la diversificación. ¡Ay, la diversificación!

Diversificación o imposición, pensarán los trabajadores de Correos, a los que quieren obligar ahora a hacer de chivo expiatorio en Santander para deleite del Ayuntamiento, empeñado en hacer de la ciudad una especie de laboratorio antropológico “convirtiendo a los carteros en los mejores observadores urbanos porque recorren Santander a diario”.

Les han pedido que informen de cualquier incidencia (un coche mal aparcado...), o un desperfecto (farola rota...) que detecten en la vía pública. Me pongo en la piel de uno de esos carteros y siento compasión. Me lo imagino haciendo su ruta, con la lengua fuera porque le han ampliado el área de reparto, como un sabueso dedicado al trabajo por su capacidad olfativa. Imagino que a mitad de camino se encuentra un vehículo mal aparcado y coge su fantástica PDA sintiéndose un canalla por tener que delatar al dueño del coche que ha tenido que dejarlo unos minutos en doble fila para recoger a sus hijos, comprar el pan o sacar dinero del cajero.

Tal vez compartan la visión del alcalde Íñigo de la Serna y agradezcan que Correos “ponga a disposición del Ayuntamiento de forma desinteresada su personal para que los carteros contribuyan al sistema de co-creación de la Ciudad Inteligente”. Como diría Manolito: “Nadie puede amasar fortuna sin hacer harina de los demás”.

El Ayuntamiento y la empresa pública han firmado el convenio sin comunicárselo previamente a los trabajadores porque son personas “extraordinarias”, dice el presidente de Correos, y “saben que tienen que cambiar su enfoque”. ¡Otro eufemismo!

En Galicia también les han obligado a ser “extraordinarios” y el cartero de toda la vida hace las veces de repartidor en zonas rurales de la Comunidad, transportando los pedidos del supermercado. Eso no es comparable a tener que hacer de policía, como en Santander.

Por cierto, Correos reduce el horario de atención en la oficina de Ramales de la Victoria; oficina que presta servicio a todos los municipios del Alto Asón.

Devoramos titulares a una velocidad impropia. Tragamos, dejamos que la información, la rabia y la impotencia obstruyan durante unos días nuestro aparato digestivo y terminamos expulsando. Olvidando.

Nos apasiona activar lo que sea, como si por el simple hecho de mencionar el verbo, presionásemos un botón que derriba fronteras dejando escapar del hambre y la miseria a los más de 200 refugiados sirios que Cantabria había previsto acoger allá por el mes de septiembre, hace cinco meses. Desde el ayuntamiento más pequeño pasando por el entonces presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Santander y hasta los empresarios activaron planes. Parece sencillo adelantarse a los acontecimientos, incluso prestarse a “analizar las necesidades de contratación de las empresas de Cantabria y los perfiles de las personas que llegarán a la región para, mediante condiciones especiales, facilitar la integración de los refugiados en el mercado de trabajo” que llegó a decir el presidente de la patronal cántabra.

Según el calendario que manejaba el Gobierno autonómico, la verja se hubiera abierto en noviembre y las decenas de familias a las que llamamos “cuota” estarían, hora, en la denominada “fase de inclusión y vida independiente”. ¡Suena de lo más rimbombante!.

Reuniones, comisiones... El problema de los refugiados ha propiciado hasta varios encuentros entre la vicepresidenta y el alcalde de la capital, Íñigo de la Serna, al parecer, mejor informado en cuanto a plazos. Tenía un as en la manga. El titular estaba garantizado, otra vez. Así que organizó una expedición al barrio de Cazoña para que el escenario de ese titular fuera

el ideal. Un sinfín de periodistas exploraron uno de los dos pisos que el ayuntamiento había cedido a Cruz Roja. Esa fue la instantánea; y el titular: “Una decena de refugiados sirios llegarán a Santander dentro de un mes, a mediados de diciembre”. Ayuntamiento 1- 0 Gobierno. Convertido ya el asunto de los refugiados en una competición de altura, no tardaron en llegar los reproches. ¿Cómo se había atrevido el alcalde a poner en conocimiento de los medios de comunicación una información que le correspondía dar a la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, siendo ella la que había estado presente en Madrid analizando el Plan de Acogida e Integración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, también activado? No hay derecho, señor De la Serna, que diría el Gobierno.

Y, entre tanto plan, fases y protocolos aquí no ha llegado nadie, ni uno, ni los 200 que esperaban acoger en diciembre. No se ha activado nada. Las viviendas de Cazoña siguen cerradas a cal y canto. Las camas del Centro de Acogida Princesa Letizia y de la Residencia Pereda siguen hechas y las oficinas de voluntariado que cuentan con el apoyo de cientos de cántabros dispuestos a abrir las puertas de su casa, mano sobre mano. Y no es que nos haya entrado un fervor solidario a nosotros. En Murcia, La Rioja o Aragón el ridículo ha sido el mismo.

El Gobierno podrá decir eso de que “como esta en funciones”... digerimos mejor que, esta semana, hayan rescatado los cadáveres de tres niños que no han alcanzado la isla griega de Agathonisi. Mientras, en occidente, ya están listos los planes de inserción escolar. Un despropósito que resulta insoportable. Pobre Juncker. El presidente de la Comisión Europea ha dicho que está cansado de las críticas. Cansado de su soberbia y avergonzados por el fracaso en el reparto refugiados estamos los ciudadanos. Hartos de compromisos que terminan en el retrete.

El  año 2015 ha sido, indiscutiblemente, el año de las nuevas formaciones que han dicho basta al inmovilismo y al bipardidismo, cada uno desde una posición ideológica distinta, todavía sin definir del todo. Existe la base. La primera comenzó a cocinarse en Madrid y la segunda en Barcelona. Esta última con el propósito de frenar las aspiraciones independentistas y, más adelante, la tan extendida corrupción.

El discurso de sus ideólogos es armónico, el resultado de una serie de variaciones adecuadamente acomodadas en una misma frecuencia de emisión. Un guión perfilado y ordenado. Albert Rivera, Inés Arrimadas o Begoña Villacís bien podrían haberse conocido en la misma academia de expresión oral y corporal. El gesto es el mismo, el tipo de vestuario y la música también. Un partido al que, sin embargo, le falta estructura para controlar lo que ocurre más allá de ese triángulo perfecto, lo que dejó boquiabierto a su líder en su visita a Cantabria en la campaña electoral del pasado mes de diciembre.

“El aborto es violencia”, sentenció el candidato por Cantabria, en contra de lo que dice el programa de Ciudadanos. Carlos Pracht, fiel a sus siglas -que no al contenido de su programa-  como buen súbdito, obedeció remitiendo un comunicado en el que pedía disculpas por si se habían malinterpretado sus declaraciones. ¡¡¡Malditas malinterpretaciones!!!

¿Creen que en esa frase -dicha, por cierto, por un profesional de la Medicina- hay margen para la interpretación?

Pues sigamos interpretando. El partido de Albert Rivera se muestra en contra “de la discriminación positiva a las mujeres”. Y, ahí está Pracht para ahondar en el disparate. Vamos con una selección de sus “salidas” al ser preguntado por la propuesta de su partido de suprimir las penas específicas para los crímenes machistas. Pracht defiende que “mueren más hombres que mujeres; que hay cárceles de mujeres y violencia de mujeres, como las yihadistas”. Solo le faltó añadir a su argumentación que la mantis religiosa se come al macho durante el apareamiento. Se vuelven muy agresivas y en ocasiones terminan devorándolo, comenzando por la cabeza.

Dejémonos de bromas porque el tema es serio: 57 mujeres asesinadas por la violencia machista en 2015.

Más allá de titulares como los que ha dejado el diputado electo de Ciudadanos al Congreso, sus elucubraciones sobre el posible origen de esta lacra son, si cabe, -y lo dice el Observatorio Contra la Violencia de Género- más peligrosas. Pracht sostiene que “para poder terminar con la violencia de género hay que saber por qué una persona que tiene afecto extremo por otra decide terminar con esa persona que hasta ese momento merecía todo su respeto, su cariño”. ¿Afecto extremo? ¿Cariño? ¿Respeto?

“Cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa”, que diría el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Y la música suena a lo mismo. A extremo y a desigualdad; a un discurso rancio y machista que los políticos, ya sean “los de siempre o los del cambio”, deben cortar de raíz. Ciudadanos no ha dado ejemplo. Recuerden: estamos en 2016.

Ya lo dijo Revilla en la rueda de prensa que ofreció la semana pasada junto a su colega Pablo Iglesias. Le informó, por si no estaba enterado, de que Cantabria era una comunidad pepera. Y el Partido Popular ha ganado a pesar del castigo que ha recibido de sus electores, de esos 59.664 votantes que no han confiado, esta vez, en la formación conservadora premiando a Ciudadanos, que suma más de 50.000 papeletas y un escaño. Escaño que estará representado por el polémico Carlos Pracht, que lo mismo dice que el aborto es una forma de violencia, que a las pocas horas envía una nota pidiendo disculpas.

Se repite el varapalo para un Partido Popular que no supo gestionar su mayoría absoluta en Cantabria y que pierde en estas generales el equivalente a lo que gana Ciudadanos, al que habrá que preguntar si, como apunta, pretende fusionar o eliminar ayuntamientos.

Es evidente que la visita a Cantabria del candidato de Podemos, Pablo Iglesias, apadrinado por el líder autonómico, Miguel Ángel Revilla, le ha salido bien para rescatar el voto regionalista y lograr el escaño que ha recaído en Rosana Alonso, a la que también han podido ir buena parte de los 13.666 votos que ha perdido el Partido Socialista que, sin embargo, mantiene su escaño.

A Iglesias le ha salido barato el CD del rapero Tote King que regaló al presidente de Cantabria. Revilla no pidió explícitamente el voto para Podemos pero, a veces, bastan los piropos. Y Podemos ha logrado ser, por ejemplo, primera fuerza en Castro Urdiales. Lo que parece no haber conseguido la formación morada es hundir a Izquierda Unida, que bajo el paraguas de una plataforma de unidad ha mejorado su resultado en relación a 2011 y a pesar del tirón de Podemos.

El bipartidismo cede terreno a las nuevas formaciones que irrumpen con fuerza. El PSOE, a pesar de ser oposición y jugar con ventaja respecto al PP, al que estos cuatro años de Gobierno le han pasado factura, pierde en confianza pero, sin embargo, podría gobernar.  Lo mismo que le ocurrió en las elecciones autonómicas. El PSC-PSOE supo camuflar su derrota en el pacto alcanzado con el PRC para volver al Ejecutivo. En estas generales le toca a Pedro Sánchez gestionar un pacto de izquierdas que evite otras elecciones. La opción de arrimarse al PP le puede salir caro.

Agosto de 2015. Cantabria pierde 14 millones de euros destinados a contratar a 4.000 parados. Las irregularidades de las corporaciones locales obligan a renunciar a esos cuantiosos fondos procedentes de Europa.

Noviembre de 2015. El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, asegura que “son pocos los ayuntamientos...”. Yo lo traduzco al cristiano: que han cogido el dinero de todos (los 14 millones restantes que ha aportado el Gobierno de Cantabria), se han limpiado el culo con las bases de la convocatoria y han orquestado una selección a su antojo. Es

decir, a partir de criterios personales que, en época electoral (abril de 2015), se traduce en: puedo dar el puesto a mi simpatizante.

A ese matiz de “no son muchos” el delegado añadía el pasado mes de noviembre “y son ayuntamientos pequeños”. Claro, municipios en los que todo el mundo se conoce y sabe de qué pie cojea su vecino y, por supuesto, todo eso lo sabe también el alcalde. Como ejemplo tenemos el de María que nunca se postraría ante su regidor por un puesto de seis meses desbrozando hierba. Eso también lo sospechaba ese alcalde. Ambos sabían que nunca habían conectado y que, en este caso, la máxima de un empleo, un voto no iba a funcionar en futuras elecciones. María no se codea con los gerifaltes del pueblo. Entonces, ese máximo representante de los vecinos, se sacó de la manga un condicionante para impedirle el acceso al puesto -no importaban las bases- y le dijo a María que no le parecía apropiado que las mujeres de cierta edad (tenía 59 años) cogieran una motosierra para retirar la maleza. La borró de un plumazo. María habló conmigo y el alcalde me lo corroboró, sin pudor. Mi medio lo contó.

¿Pero son pocos pueblos y pequeños? ¿Cuáles son los que han utilizado ese dinero, si lo ha hecho alguno, para sumar un puñado de votos putrefactos? El delegado considera que él no es quien debe dar esa información. Y, en esa vorágine, se llegó a plantear que los contratados podrían verse obligados a devolver el dinero. ¡Su sueldo!

Punto y final. Nadie nos ha explicado nada más. Tampoco a las personas contratadas, a las que esa estúpida posibilidad les puede segui preocupando porque después de seis meses vuelven a estar en paro. Desviada la atención seguimos sin conocer a qué ayuntamientos apunta la Abogacía General del Estado. Todos callan. No sea que haya pocos ayuntamientos pero mucho colorín. Una especie de guerra fría en la que nadie, ni populares, ni socialistas, ni regionalistas sueltan la primera piedra.

La de María solo es una de las muchas irregularidades que han soportado los parados en Cantabria. Y nos las han contado a los periodistas. Las denunció Comisiones Obreras y, finalmente, las reconocen todos. Pero nadie señala, no vaya a ser que se quemen.

Esos ayuntamientos volverán a recibir financiación en 2016 sin que el resto, los que apoquinamos, podamos opinar. Conformémonos con que el actual Gobierno haya decidido otorgar nuevamente la tarea de selección a las oficinas de empleo y no directamente a los ayuntamientos. Pero no nos desviemos. En 2015 se hizo mal, hay responsables y costó mucho dinero.

“Si se suben impuestos solo será para los que más ganan”. Parece una obviedad viniendo de Revilla. Una canción que ha tarareado en todos los platós de televisión, incluso, con una tiza en la mano para ilustrar en la pizarra las bondades de un ideólogo que mira por el pueblo.

Un buen amigo dice que, de tanto escuchar a la oposición, el Gobierno entra en trance y termina creyendo que su propio programa electoral es nefasto para sacar rédito político. Y, a un mes de las elecciones, ese sentimiento se agudiza hasta límites insospechados. Y si no, que nos explique el consejero de Economía y Hacienda el significado del análisis que expuso para tratar de frenar las aspiraciones de Podemos que, simple y llanamente, exige al bipartito que cumpla lo que prometió a sus votantes: una política fiscal progresiva. Dijo lo siguiente: “No hacen falta cambios radicales, sino inteligentes, para hacer evolucionar la economía de Cantabria”. 

¿Cambios radicales? Parece más bien el eslogan del Partido Popular o de Ciudadanos que, a base de meter baza para atacar a regionalistas y socialistas, les han hecho creer que es mejor estarse calladitos y no materializar ese cambio que, ahora, al consejero le parece radical porque se lo exige Podemos para aprobar el presupuesto.

Crear un tipo impositivo del 35% en el impuesto de sociedades; establecer el impuesto sobre depósitos bancarios; crear un impuesto sobre la riqueza y recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones. No es un apartado que recoja el programa electoral de Podemos, sino las medidas que planteaba el PSC-PSOE -en su etapa más radical, que diría Juan José Sota-. Ahora resultan poco inteligentes.

El Gobierno de Cantabria le ha dado al 'pause'. Ni que el Partido Popular hubiera descubierto América con eso de que pretenden introducir una modificación del IRPF. Lo han dicho ustedes. Y se lo han dicho a sus votantes. Sobre todo, que recuperaban el impuesto de sucesiones y donaciones.

Pero, a pocos días del 20N, mejor no levantar la liebre. Liebre que, sin embargo, levanta Podemos. El Gobierno parece dispuesto a ceder en las modificaciones fiscales que exige la formación morada, pero el tanto se lo llevará Podemos y al Ejecutivo no le quedará más remedio que tragar con las críticas de la bancada popular. Quizá ellos sientan que es un cambio radical. No así, los que confiaron su voto a este Gobierno.

Se lo escuché a Miguel Saro, concejal de Izquierda Unida, en una tertulia de radio. Una reflexión lógica, si no fuera porque entran en juego otros intereses 'ladrillescos'. “El desarrollo urbanístico que pregona el ayuntamiento con proyectos como el de La Remonta, donde contempla construir 1.300 viviendas en una ciudad cuya población desciende de manera continua en los últimos veinte años, que tiene más de 10.000 viviendas vacías y sin ocupar buena parte de los pisos sociales construidos, debería hacernos reflexionar sobre su modelo de ciudad”.

Me gustaría pensar que algo se nos escapa al común de los mortales y que el Plan Municipal de Vivienda, que presentó Íñigo de la Serna el mes pasado, esconde cierta información confidencial que no está al alcance de los ciudadanos y que desmontaría en un periquete la posición lógica de quienes reclaman un desarrollo urbanístico sostenible y responsable. Pero, mientras esa información siga siendo confidencial -si es que existe- entenderá, alcalde, que surjan dudas.

Santander lleva años perdiendo población y el censo ha descendido hasta los 176.000 habitantes. La tendencia es clara y sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbana prevé una población de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024. Para albergar esa población estima que van a hacer falta 35.316 nuevas viviendas. ¿Cómo? Transformando el suelo no urbanizable, en urbanizable. Sin embargo, los datos oficiales reflejan que la tendencia es la contraria y, curiosamente, mientras el núcleo de la ciudad pierde 'vida', municipios como Piélagos, Astillero o Santa Cruz de Bezana acogen nuevos inquilinos, la mayoría, población joven.

Pero, insisto, demos un voto de confianza al Plan de Vivienda. Por de pronto, dice el alcalde, que el documento recogerá un estudio del número real de viviendas vacías. Una noticia positiva que evitará la eterna discusión alimentada, ahora, por el promotor de este 'Plan' que, cuestiona el dato del CIS y le enfada que utilicemos la palabra 'vacías'. De la Serna hila fino y prefiere suavizar el debate matizando el dato e indicando que no hay 10.000 pisos vacíos, que hay 6.400 viviendas de consumo cero, la mayoría en el centro de la ciudad.

Se aferra a la propiedad privada para justificar que no tiene margen de maniobra. Para defender que la élite madrileña tiene derecho a vacaciones y a cerrar a cal y canto su cortijo para mantener el contador a cero y formar parte del selecto registro de las viviendas con consumo cero. La ecuación es sencilla, el centro pierde vida y la oferta de VPO se va mudando a las afueras de acuerdo a las directrices de un plan general que ha levantado grandes bloques dormitorio, sin prestaciones complementarias que inviten a la participación vecinal; a crear barrios activos, con sus comercios, centros cívicos y menos Corte Inglés.

De esta manera cuesta dar vida a la ciudad. Ya lo dijo un compañero de profesión y me pareció una caricatura de la realidad de lo más acertada: “A este paso la programación de los centros cívicos terminará reduciéndose a clases de gimnasia y zumba”. Y así se apagan las ciudades, es la pescadilla que se muerde la cola.

Pero, siempre hay incansables, personas que reman a contracorriente para evitar ese apagón. El 21 de noviembre, en La Voragine, el colectivo Des Okupados nos emplaza a una reunión para 'construir la ciudad que queremos'. Esta ciudad merece que lo que está oculto aflore. Anímense.

Lo urgente exige una atención inmediata y pone a prueba la capacidad de respuesta

Cambiar Cantabria en 100 días, como prometió el Gobierno de Ignacio Diego, son palabras mayores. El bipartito PRC - PSOE no ha caído en el error pero, a falta de infografías -que de eso ya reparte el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna- al actual Ejecutivo le está costando pasar del dicho al hecho y le ha cogido el gusto a eso de rizar el rizo.

Lo que antes era urgente ahora necesita de un análisis profundo. ¿Cómo se mide el espacio temporal de lo urgente? ¿Qué entendía, en febrero de 2015, la oposición socialista por urgente? Será que los 10 millones que la actual vicepresidenta y consejera de Política Social propuso invertir al Gobierno de Cantabria, a tres meses de las elecciones autonómicas, para poner en marcha un plan de emergencia, era una cifra dada al tuntún.

Ocho meses después, regionalistas y socialistas siguen profundizando en el diagnóstico y convocando a los medios de comunicación para dejar constancia de una reunión previa a otra reunión; de una reunión previa a la constitución de una mesa de diálogo; de la creación de un grupo de trabajo interdepartamental; de la redacción de un programa transversal; de estudios técnicos, sondeos, mesas sectoriales, comités de seguimiento y un largo etcétera de encuentros en los que analizar que, en Cantabria, como hace ocho meses cuando reclamaban 10 millones, hay 160.000 personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, que de ellas 120.000 se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, que las privaciones materiales severas afectan a 23.000 vecinos de la comunidad y que cerca de 20.000 hogares no pueden permitirse mantener su vivienda con temperatura adecuada, lo que se conoce como pobreza energética.

Una comunidad que no llega a los 600.000 habitantes y que tiene cerca de 160.000 personas al borde de la pobreza, más de uno de cada cuatro. Nadie les dijo en mayo que, lo urgente, significara esperar a la aprobación de unos presupuestos que, ni siquiera, se han presentado. Lo urgente exige una atención inmediata y pone a prueba la capacidad de respuesta. Pero, al parecer, lo urgente, ahora, es que Revilla se moje y nos diga que prefiere a Pedro Sánchez y que “Mariano es un maleducado” al que le trae sin cuidado Cantabria porque no amenaza con procesos secesionistas.

Ahora, y hasta diciembre, lo urgente es hacer campaña por Pedro Sánchez, que promete el AVE y no se ha enterado de que Revilla ya ha desistido y se conforma con un tren de altas prestaciones. ¿Falta de comunicación?

Mientras, y centrados en lo urgente, el ala socialista del Gobierno insiste en la creación de un fondo extraordinario sin fondos, en una red de bonos de alimentos sin alimentos y en ayudas para el pago de la calefacción que caldeará los hogares en agosto, cuando Pedro Sánchez, si llega a La Moncloa, reciba al 'ninguneado' Revilla, que volverá a la tierruca con lo realmente urgente bajo el brazo, un nuevo documento que diga: AVE. Y ¡ojo! firmado por el mismísimo presidente del Gobierno. Uno más. Y a la basura el resto; a la basura el que le entregó el entonces ministro de Fomento, José Blanco, o el que firmó la actual responsable, Ana Pastor.

A este paso nos llega antes el tren que los bonos de alimentos a pesar del plazo fijado por Podemos como condición para dejar vía libre a la investidura de Revilla: Tres meses y una comisión de seguimiento, la única comisión de la que ya nadie habla. De momento, el Plan de Emergencia no es más que una declaración de intenciones.

Visité Roma a los 22. Y, gracias a mi amiga Maite, conocí Ancona, capital de la región de Marcas. Territorio Erasmus y no precisamente por la voluminosa catedral de San Ciriaco o la Iglesia románica de Santa María de la Plaza.

Así llegamos a Ancona, no sin antes hacer escala en Termini y reservar noche en un albergue, junto a las vías del tren. Eran habitaciones de ocho o diez literas, y el único que no tenía cama propia era el dueño. Siempre el último en acostarse, ocupaba el colchón que quedaba libre ese día y cambiaba al siguiente. Un tipo peculiar.

Para Roma nos marcamos un itinerario aconsejados por el libreto de unos compañeros de instituto, conocedores de la ciudad. Resulta que ese grupo estuvo en Roma mucho antes, a los 17, en Primero de Bachillerato y en hotel. Podíamos habernos apuntado a ese viaje y no esperar a gorronear alojamiento y comida a Maite pero elegimos Antropología y ellos Religión. Ellos viajaron a Roma y nosotros tuvimos examen.

Cinco años después allí estábamos visitando la Capilla Sixtina, acostándonos de día en ese albergue de mala muerte que nos contagió a todos de un aroma muy particular. La segunda noche se alargó pero cumplimos y madrugamos para estar, a primera hora, en la Plaza de San Pedro y entrar a la basílica sin recibir codazos.

Y no, ninguno sentimos esa amenaza contra la religión, ajenos a la persecución que sufre la Iglesia, como hemos recogido los medios de comunicación de las declaraciones del obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge. Al parecer “existe una corriente del laicismo que pretende erradicar de la vida pública a la Iglesia”.

Ahora entiendo por qué la Guardia Suiza se hace cargo de la seguridad, no vaya a ser que los presagios del obispo se cumplan. Si no, ¿por qué lo forman más de cien oficiales, si el censo de la única teocracia de Europa no supera los 900 habitantes? Para no arriesgar, la policía italiana custodia la plaza con la Guardia Suiza y los servicios vaticanos. Que los activos de la Santa Sede asciendan a 2.640 millones de euros y que la riqueza patrimonial del Gobierno del “austericidio” sea incalculable no tienen nada que ver, ahora que el Papa quiere una Iglesia pobre para los pobres.

La Antropología no nos llevó a Roma. Como si de una oferta del touroperador de turno se tratara, sabíamos que cursar la asignatura de Religión tenía premio y algunos estudiantes –lo de la fe importaba poco- se fueron de excursión.

Sin embargo, hace años que a la Iglesia le ha salido un competidor: las compañías de bajo coste que, con disponibilidad de fechas, -y a los estudiantes días les sobran- te permiten viajar a cualquier capital europea por dos duros.

Monseñor y sus acólitos han entendido que, en esto de la oferta y la demanda, uno no debe quedarse atrás, que la “clientela” no siempre es fiel y te puede abandonar. Y, como la Iglesia Católica nunca ha practicado la cultura del miedo que, al parecer, es la que le funciona a la comunidad musulmana para ganarse el respeto de la “corriente laicista” –Sánchez Monge dixit– aprueban una reforma educativa que al lobby religioso le ha hecho remontar y ya no está en números rojos.

La “superoferta Wert-Serna” dice así: “Matricúlese en Religión y le garantizamos, no un aprobado, sino un nueve de media para dar un empujón a su expediente. La Religión es, ahora, una asignatura evaluable”.

El caramelo ya no es Roma sino el expediente académico. Y, de ese expediente –a veces es cuestión de décimas– depende mucho más que un viaje. Depende el acceso a la Universidad pública que establece una nota de corte.

Esa campaña de marketing encubierto ha disparado las matriculaciones. De 1.000 a 2.000 en Cantabria. Se ha duplicado el número de alumnos que cursa Religión.

Un acto de fe y de respeto ejemplar.