“Habrá una fuerza de deportación y se hará de manera humanitaria”. Son las declaraciones que el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, pronunció el pasado noviembre cuando fue preguntado por su propuesta de deportar a los más de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Se iniciaba entonces el duro discurso en torno a la inmigración que el magnate norteamericano ha esbozado durante toda su campaña y que parece haberse suavizado en los últimos meses.

A pesar de que el magnate norteamericano niega que haya habido cambios en su plan migratorio, tanto la campaña como el propio Trump han dejado entrever una moderación en su postura migratoria. Sin embargo, aunque el candidato haya cambiado su postura respecto a las deportaciones, las cifras reales sobre las mismas se alejan de la propuesta que Trump realizó al comienzo de su carrera hacia el despacho oval.

Según los datos publicados por el Servicio Estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el número de inmigrantes expulsados de EEUU se ha reducido en más de 133.000 desde el año 2008. Las cifras muestran que el número de expulsados con antecedentes criminales (59%) continúa superando al porcentaje de inmigrantes expulsados que no tienen antecedentes.

Entre las cifras ofrecidas por el Servicio de Inmigración estadounidense también destaca que más de 165.000 de los inmigrantes expulsados fueron detenidos en la frontera o los puertos de entrada al país. En el caso de los inmigrantes sin antecedentes, el 94% fueron arrestados al llegar a suelo norteamericano.

Los principales países de origen de los deportados fueron México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los inmigrantes procedentes de estos países han sido objeto de muchas de las críticas de Donald Trump, que ha incluido en su programa la creación de un muro fronterizo en la frontera con México, un país que según el candidato republicano “envía a gente que tiene muchos problemas, que traen drogas, crimen, que son violadores”.

Un estudio elaborado por la Universidad de Cambridge ha revelado, tras analizar 160 millones de palabras publicadas, el elevado grado de machismo en el tratamiento que se hace en medios, blogs y redes de las deportistas. En los pasados Juegos Olímpicos de Río muchos medios de comunicación  se basaron, para hablar de ellas, en la cosificación, la desvalorización de sus logros y en destacar su apariencia o a hombres (entrenadores o maridos) de su alrededor. 

Eso en cuanto a la cobertura. Sobre el medallero, las deportistas españolas se consolidan y desde Londres han superado a los hombres en medallas. La delegación española se ha despedido de Río de Janeiro con un total de 17 medallas, de las cuales 9 han sido obtenidas por mujeres. 

En Londres 2012 las representantes españolas despuntaron con 11 medallas frente a las 6 obtenidas por ellos. Sin embargo, a pesar de que en las dos pasadas ediciones olímpicas ellas han ganado la mayoría de los metales, el medallero español fue masculino hasta el año 1992 cuando por primera vez las mujeres consiguieron ocho medallas, cuatro de ellas de oro. 

Aunque la tendencia se redujo durante los siguientes cuatro campeonatos, la presencia de la mujer en el podium olímpico se ha consolidado contrastando con la historia de las Olimpiadas donde el escaso número de mujeres olímpicas –no pasó de 31 hasta la edición celebrada en Barcelona– se correspondía con su ausencia en el medallero. 

Los 15 primeros países receptores del mundo adoptaron un 70% menos en 2014 que en 2010, según las cifras recogidas por Peter Selman, de la Universidad de Newcastle. España era –de acuerdo con el mismo estudio– el segundo con más adopciones en 2004, pero los cambios legislativos y económicos en los países de origen y la falta de correspondencia entre el perfil buscado por los adoptantes y el de los menores que necesitan un hogar han motivado que las cifras se hayan reducido un 85% en los últimos 10 años. La inseguridad económica provocada por la crisis también ha influido en el descenso, según los expertos consultados.

Menos países y políticas más proteccionistas 

El proceso de adopción que vivieron Carlos y su compañera para poder acoger a su hija Marta duró dos años. Marta llegó a España en 2003 procedente de China, uno de los países en los que tradicionalmente más han adoptado los españoles. Desde entonces, los tiempos de espera de las familias que solicitaron acoger menores en este país se han extendido hasta los 8 y 9 años.

China es uno de los lugares donde el proceso de adopción ha cambiado. Las diferentes Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI), los organismos acreditados por la Administración para gestionar este proceso, empezaron a percatarse del retraso de las adopciones procedentes del gigante asiático en 2007.

“Los países donde las condiciones económicas se han invertido, como es el caso de China, han incrementado las medidas de protección sobre sus menores. Son países que, al haberse desarrollado más, han entrado en una política que prioriza las adopciones nacionales, que los niños y niñas se queden en su país”, señala Ana Miramontes de MIMO, una de las ECAI que gestiona adopciones.

Pero China no es el único país en el que se ha reducido drásticamente el flujo. Los menores adoptados en Rusia son muchos menos desde que los cambios legislativos del país paralizaran todos los expedientes en 2013 a la espera de un convenio que vetara a las parejas homosexuales y que España firmó un año mas tarde. En Etiopía, fue el colapso de solicitudes el que paralizó la presentación de nuevos procesos de adopción.

“Se trata de procesos dinámicos que van evolucionando con las circunstancias de los países, somos muchos los estados que adoptamos internacionalmente y cada vez los países que tienen abiertas las posibilidades de adopción internacional se van reduciendo”, afirma Blanca Rudilla, directora de la Asociación para el Cuidado de la Infancia (ACI). “Las nuevas medidas de los países de origen han ralentizado los plazos de tramitación haciendo que la adopción se convierta en un futurible demasiado lejano”, añade Miramontes. 

Las solicitudes no se adaptan a los menores

Las ECAI también llevan años advirtiendo de que el tipo de demanda de las familias españolas no coincide con las características de los menores que los países ofrecen en adopción. La mayoría de las solicitudes son para menores sanos de 0 a 2 años y en su mayoría para niñas, pero los menores que viven en los orfanatos no reúnen estas características. “En la actualidad los menores que se abandonan en países como China son mayoritariamente niños con ciertas patologías que las familias de origen no pueden afrontar ni asumir”, afirma Rudilla.

Algo que también sucede en Rusia donde, según Manuel Luna, director de la Asociación Internacional para la Protección y Ayuda de los Menores del Este, “el perfil de los niños ha cambiado, tienen algún tipo de problema médico –normalmente recuperable– y la edad ha aumentado, y eso a las familias de acogida no les interesa tanto”. 

Frente a esta situación, países como Holanda han decidido apostar por el llamado “Pasaje Verde”, un proceso diferente para la adopción de huérfanos que en 2009 alcanzó el 66% de las adopciones de este país, mientras que en nuestro país sólo supuso el 9%. Los menores adoptados mediante esta vía tienen alguna enfermedad que puede tratarse, algún tipo de diversidad funcional o son niños y niñas con una edad que las familias que adoptan no suelen querer.

Desde ACI consideran imprescindible que los solicitantes comprendan que el proceso ha cambiado: “Las familias españolas tienen que plantearse qué tipo de niños hay en los orfanatos a día de hoy”, afirma su responsable. “Hay muchas de las dolencias, como el VIH, que en España son muy asumibles. Las solicitudes se deben ir adaptando a la realidad de los menores”, añade Lorena Morales, representante de Familias de Colores, otra de las asociaciones que gestiona adopciones en España.

Incertidumbre y recortes

“La adopción internacional, además, se ha visto muy afectada por los recortes en temas sociales”, añade Manuel Luna, que coincide con los representantes de otras ECAI al señalar que la falta de recursos y la reducción de plantilla han ralentizado la elaboración del informe de idoneidad necesario para que las familias puedan continuar con la adopción.  

La crisis no ha afectado únicamente a la adopción en forma de recortes. Según la representante de MIMO, “las familias se han encontrado con una realidad con la que no contaban. La incertidumbre económica les ha llevado a tener un poco de miedo que puede llevar al desistimiento para querer continuar con el proceso de adopción”. 

“Los procesos físicos y químicos pueden explicar fácilmente la supuesta evidencia de un programa de fumigación atmosférica secreto”. Es la conclusión del estudio elaborado por la Universidad de California y la ONG Near Zero junto a la organización norteamericana Carniege Institution for Science, dedicada a “fomentar el descubrimiento y la aplicación del conocimiento para la mejora de la humanidad”. En el estudio, publicado el pasado 10 de agosto por la revista científica Environmental Research Letters, un grupo de científicos atmosféricos y geoquímicos rechaza categóricamente la existencia de un programa de “geoingeniería encubierta” organizado por los gobiernos.

Los resultados de la encuesta recogida en el estudio muestran que 76 de los 77 científicos participantes no han encontrado ninguna evidencia de la existencia de chemical trails o las llamadas quimioestelas en castellano. Un término que nació hace diez años en Estados Unidos para definir las estelas compuestas por productos químicos que dejan las turbinas de las aeronaves. 

De acuerdo al estudio, estas nubes lineales que en ocasiones se pueden observar en el cielo son formadas por los motores a reacción de los aviones que vuelan en la parte alta de la atmósfera. Las bajas temperaturas que se dan en esa altura provocan que el calor de los gases de escape cristalice inmediatamente convirtiéndose en hielo dando lugar a los senderos blancos que vemos en el cielo.

A pesar de la falta de evidencia científica, la red está repleta de teorías que tratan de dar credibilidad al vínculo de dichas estelas con impactos negativos sobre la salud o el medio ambiente.

Los medios de comunicación españoles también se han hecho eco de estas hipótesis denunciadas por particulares y diferentes asociaciones de nuestro país en varias ocasiones. “Mira al cielo...nos están fumigando” es el titular de la crónica publicada el pasado año por el diario El Mundo donde varios agricultores y expertos opinan sobre las estelas que los aviones dejaban a su paso en la comarca zamorana de La Guareña.  

En 2010, Noticias Cuatro alertaba del fenómeno de las estelas químicas mediante el testimonio de varios defensores de las teorías conpiratorias.

“¿Dirige Iker Jiménez los informativos de Cuatro?”, pregunta un telespectador en el portal Menéame, y es que la teoría a la que dedican tres minutos en el noticiero también fue la protagonista de uno de los programas dirigido por el conocido presentador de la cadena.

Informativos Telecinco también daba cuenta de la aparición de supuestas “avionetas anti-lluvia” utilizadas para favorecer los cultivos de secano. Un fenómeno que, según la información ofrecida por la cadena, afectaría a 10.000 agricultores. 

Eduardo Moreno cuenta que subió corriendo al monte en cuanto vio las llamas. Es ganadero en el municipio cacereño de Acebo y estuvo durante dos días y dos noches apagando el fuego que amenazaba la majada donde vivía su rebaño de cabras.

Un año después de que el incendio de la Sierra de Gata, uno de los mas virulentos de los últimos años, casi acabara con su medio de vida, Eduardo sigue haciendo frente a las consecuencias. “No es solamente el que todo se queme, de ahí para adelante ¿cómo te recuperas? Los pastos nunca han vuelto a ser los mismos. ¿Con qué mantengo ahora a mi ganado?” se pregunta este ganadero.

En la última década, ha ardido una media de más de 100.000 hectáreas al año, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente. “El 25% de la superficie forestal” española, añade la organización WWF. Se trata de áreas ecológicamente alteradas que tardarán décadas en recuperarse. Pero la grave huella medioambiental que los incendios dejan tras de sí no es el único resultado de las llamas. El impacto económico persiste en las zonas afectadas cuando la alarma social se apaga y la herida emocional sigue abierta incluso varias generaciones después.

Mucho más que plantar árboles

Los siniestros que han asolado en agosto los bosques de La Palma y del sur de Galicia se suman a los 933 registrados a 31 de julio por Medio Ambiente en lo que llevamos de 2016. La calidad biológica de los bosques quemados quedará notablemente mermada dejando perturbaciones sobre el ecosistema que en algunos casos serán irreversibles, según un estudio de la ONG.

“¿Cómo se recupera todo lo perdido?” se pregunta Manuel Civera cuatro años después de que un incendio arrasara el 80% del término de Alcublas (Valencia), del que era alcalde cuando se desató una de las peores catástrofes del patrimonio forestal valenciano. Los intervalos de tiempo para recuperar las zonas afectadas van desde los 10 y 15 años, para un bosque de pinos, a los 40 o 50 años que necesitan encinares o alcornocales en recuperarse.

Pero, aunque la repoblación resulte efectiva, el daño ecológico persiste porque “la recuperación de un ecosistema incendiado es mucho más que plantar árboles. Nos centramos en la vegetación y la fauna, pero nos olvidamos del suelo que es otro de los recursos ambientales afectados por los incendios”, advierte Lourdes Hernández, la experta en incendios forestales de la organización.

Hernández destaca la importancia de que las administraciones centren también sus esfuerzos  en la protección de este recurso: “Son apenas unos centímetros [de profundidad] pero son los que tienen que sustentar los futuros bosques después del incendio”.

Consecuencias socioeconómicas

Más allá del evidente problema medioambiental, el fuego suspende actividades productivas, desata procesos agudos de depresión y deja graves pérdidas financieras.

El fuego acabó con el 60% del alcornocal autóctono que generaba una media de 600.000 euros de ingresos al año entre las familias del municipio de Berrocal (Huelva). Un gran incendio atacó a este pueblo en 2004. Abrasó cerca de 35.000 hectáreas y causó dos víctimas mortales. No fue sólo un desastre ecológico sin precedentes en la comunidad andaluza, sino una tragedia económica que a día de hoy sigue afectando a los habitantes. 

Las llamas destruyeron varias facetas de la economía local. Sobre todo, la producción de corcho y de cerdo, que son sus principales actividades productivas. Para Juan José Bermejo, alcalde de la localidad, los efectos del incendio afectaron más al pueblo que la propia crisis económica. 

“Un incendio no solamente afecta a tus recursos forestales, sino a toda la economía, es una sacudida muy fuerte, tanto para los recursos en torno al monte como para otras economías como el turismo”, advierte el exalcalde de Alcublas.

En aquella localidad hubo algunas indemnizaciones a los agricultores, dice, pero muchos tuvieron que abandonar su actividad o trasladarse a otras zonas para trabajar. Otros negocios, como la cooperativa dedicada a la oliva, tuvieron que reiniciarse. El negocio turístico también se vio muy perjudicado. “Primero, debido a la solidaridad, quieren conocer el pueblo pero después deja de ser un destino atractivo” relata Civera.

La herida emocional sigue abierta

“Pensamos que los incendios terminan cuando se ha apagado el fuego pero es al contrario, es precisamente una vez que se sofocan las llamas cuando empieza el drama social de las personas que se quedan en esas comarcas”, dice Lourdes Hernández. Ese impacto emocional proviene de “ver cómo el lugar en el que han crecido, sus raíces, se ven devastadas por un incendio”. 

“Lo recuerdan tanto los mayores como los niños de aquella época, porque el incendio marcó un antes y un después en la vida del pueblo. Cuando pasa cualquier avioneta o hay un conato de incendio en las cercanías siempre queda ese miedo de que vuelva a producirse un hecho similar”, cuenta el alcalde de Berrocal, sobre la herida que aún hoy, 12 años después, aún sigue abierta.

“Emocionalmente, sigue impactando mucho ver el monte como está. Aunque la lluvia ha limpiado la imagen del bosque, el problema sigue estando ahí”, añade el alcalde de Acebo, el municipio donde hace un año las llamas arrasaron 8.000 hectáreas. 

Volver a vivir de los bosques 

Tanto los ambientalistas como los afectados coinciden: el riesgo de volver a sufrir un incendio sigue ahí. “Se invierte mucho en medios de extinción pero seguimos sin invertir en prevención y sin hacer nada que permita gestionar nuestros montes para rebajar el riesgo de incendios”, añade Manuel Civera, que también es secretario general de la Asociación de Municipios Forestales (AMUFOR). 

“Necesitamos políticas que hagan que volvamos a vivir del monte”, propone Fernando Pradells, gerente de AMUFOR. “Que los montes vuelvan a ser un generador de empleo rural es lo que les asegura una persistencia y una estabilidad en el tiempo”.

“Ainhoa es un cuento que, más allá de intentar dormir a los niños, trata de despertar a los adultos”. Con esta premisa Iván Sainz-Pardo pretende ilustrar el drama de los desahucios a través de la mirada de una niña en un cortometraje que rueda este agosto en Bilbao. 

La protagonista de la historia tiene 8 años y se ha ido de casa. Tan solo se ha llevado consigo su mochila del colegio y un Playmobil. Así comienza Ainhoa, un cortometraje que, según su director, “habla de los desahucios sin mostrarlos, se trata de ver lo que sucede en una familia cuando pasa algo así, es como ver el resultado de la caída de una bomba”.

Impacto para el futuro 

La mirada de Ainhoa, que observa como algo terrible les sucede a sus padres sin llegar a ser capaz de comprenderlo, refleja la realidad de los menores que viven el problema de la vivienda y cuyo sufrimiento es mucho menos visible que el de los adultos, tal y como señala el informe Emergencia habitacional y derecho a la vivienda en Cataluña.

Save the Children  señaló en 2012 que el 82% de las familias afectadas por casos de desahucio tenía niños o niñas a su cargo. Según la ONG, “vivir la experiencia de un desahucio puede tener un impacto devastador en la vida de los niños y las niñas y afectar de manera grave a sus derechos fundamentales de educación, salud y protección”.

“Donde muchos adultos solo ven una casa, una renta o una hipoteca, la mayoría de los niños solo ven un hogar. Donde la complejidad de un adulto obliga a claudicar, la inocencia infantil comienza su lucha particular. Ainhoa, para ello, abandona su hogar y emprende ella sola un viaje de adultos, se encomienda una misión en la que el mundo de los juegos, de la fantasía y de la realidad se entremezclan” relata el director en su campaña de crowfunding para recaudar la financiación con la que completar el proyecto.

Sainz-Pardo cuenta que la idea del corto nació al calor del comienzo de la crisis. El tema de los desahucios surgió bajo la perspectiva que le dio estar en un país como Alemania donde, cuenta, “el sistema del bienestar todavía funciona”.

“En Alemania si no puedes pagar la hipoteca, devuelves las llaves y ya está, pero no tienes que seguir pagando la casa como sucede en España. Es algo que aquí parece del medievo porque condena a las personas de por vida”, relata.

Para el director, el problema de los desahucios es uno de los más graves en el contexto de crisis actual: “Es muy duro mirar a tus hijos y no poder garantizarles la seguridad de un hogar, eso es lo que me interesaba contar”, añade.

Desde el momento en el que se sentó a escribir el guión hasta ahora han pasado varios años en los que el director ha intentado levantar su historia sin éxito. Finalmente, las productoras Prosopopeya, Banatu Filmak y Pixel Films apoyaron el proyecto. 

El corto como herramienta de denuncia social

“Iván es un tipo excepcional con un talento y una sensibilidad muy especiales”, dice Pepe Jordana, director de Prosopopeya Producciones. La poética del enfoque de Ainhoa es lo que llamó la atención a este productor: “El corto habla de los desahucios desde el punto de vista de los más débiles, que son los niños”.

Jordana, que ha producido piezas sobre el medio ambiente o los trastornos de la alimentación, trata de apostar siempre por las producciones con un componente de interés social. “Todos esos vídeos sobre temas sociales que circulan por las redes sociales y que animan a la gente a involucrarse son cortometrajes. El corto se ha convertido en una herramienta de denuncia social, es un formato muy válido porque la gente lo consume y lo comparte”.

Para este productor, “hay que volver a sacar a la palestra temas como el de los desahucios porque parece que se nos olvida que están ahí. Durante un tiempo ocupan las portadas de los periódicos pero en seguida sale otra cosa y parece que se ha terminado el drama. Sin embargo, para mucha gente es un drama con el que tienen que convivir día a día y durante años”. 

Han pasado 16 años desde que, en 2000, Ester Bueno iniciara su experiencia Erasmus en Bélgica y fuera una de las primeras estudiantes españolas con discapacidad que participó en el conocido programa europeo. “Me fui para un año y me quedé casi cinco. Irme de Erasmus ha sido la mejor decisión que he tomado nunca” cuenta Ester, que padece parálisis cerebral y que en la actualidad trabaja en la Fundación ONCE para que otros estudiantes con discapacidad puedan emular el periplo que a Ester le cambió la vida.

Un año después de que Bueno viajara a Bélgica, fueron siete estudiantes los que iniciaron la beca europea. Desde entonces, aunque el número ha crecido, aún siguen siendo pocos los alumnos con diversidad funcional que se animan a estudiar fuera.

Según los últimos datos de la Comisión Europea, únicamente el 0,14% de todos los estudiantes que participan en el programa son jóvenes con discapacidad. Las cifras son aún mas reducidas en el caso de España: según el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), de los cerca de 45.000 estudiantes Erasmus durante el pasado curso, únicamente 42 eran jóvenes con algún tipo de discapacidad.

Un mayor esfuerzo económico

En la Fundación advierten de que uno de los principales problemas que se encuentran las personas con discapacidad es de tipo económico: “Cuando una persona con discapacidad se quiere marchar al extranjero para estudiar necesita mas recursos que cualquier otra persona”, añade Cristina Campos, técnica del Comisionado para Universidad, Juventud y Planes Especiales de la organización. Dependiendo del tipo de discapacidad, los estudiantes pueden necesitar un asistente personal, un intérprete de lengua de signos o adaptaciones para las clases o la vivienda, lo que supone un coste añadido.

“Tanto para España como para la Comisión Europea cada vez está siendo una prioridad mayor que los estudiantes con discapacidad participen en los programas de movilidad internacional” añade Campos. Lo cierto es que el SEPIE, dependiente del Ministerio de Educación, prevé ayudas económicas especiales para aquellos estudiantes cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33%.

Si alcanza el 65%, los estudiantes además puede acceder a ayudas adicionales que financien servicios profesionales imprescindibles para el becado pueda vivir y estudiar.

Jaime es uno de los estudiantes que recibió una ayuda económica adicional cuando se marchó de Erasmus a Génova en 2010. Sin embargo, este joven ciego asegura que fue la Universidad de Jaén la que realmente posibilitó que pudiera irse al cubrir los gastos de Izhan, el amigo que le acompañó durante sus primeros 15 días en la ciudad italiana.

Para Jaime, no sólo es necesario que se posibilite un mayor apoyo económico, sino que “haya más recursos humanos, materiales y logísticos que ayuden a estos jóvenes a cumplir sus expectativas tanto estudiantiles como de ocio”.

En este sentido, la la Red de Estudiantes Erasmus (ESN) ha creado un mapeo sobre el grado de accesibilidad de las universidades europeas, (MapAbility) que facilita la experiencia internacional de los jóvenes con diversidades.

Miedo y desinformación

“No conozco a mucha gente con discapacidad que se haya ido de Erasmus” dice Pilar que estudió en Florencia en el 2010. Ella tiene una capacidad visual disminuida. Pilar cree que además de la escasez de ayudas económicas, el desconocimiento y el miedo también son factores que impiden que estos jóvenes se animen a vivir la experiencia europea. “Aunque tenía miedo, opté por irme, era un reto para mí, quería aprender a desenvolverme fuera de mi entorno”, cuenta esta joven.

“Uno de los problemas fundamentales es la falta de información, muchos chicos y chicas con discapacidad ni tan siquiera se plantean el hacer un Erasmus porque desconocen que tienen apoyos para ello”, destaca Ester Bueno. “Tienen que convencerse de que el Erasmus no es algo ajeno a ellos”.

Elevado abandono escolar

Las bajas cifras de estudiantes Erasmus con discapacidad son en cierto modo un reflejo del escaso número de estos alumnos que acceden a estudios superiores. Según la Guía de Atención a la discapacidad 2016, el pasado curso académico registró un total de 20.695 estudiantes universitarios con discapacidad, 882 estudiantes menos respecto al curso pasado, lo que se traduce en un 1,3% del total de matriculados en las universidades españolas.

Isabel, que tiene una discapacidad física del 91%, emprendió su aventura Erasmus en la ciudad británica de Newcastle. Un voluntario, apoyado económicamente por la Universidad de Jaén, la acompañó durante los cinco meses que duró el programa. A pesar de las barreras, Isabel cree que existe un concepto equivocado sobre el Erasmus: “Hasta que no se experimenta no se llega a entender que el Erasmus te da la independencia que tanto necesita una persona con discapacidad”.

Garbanzos de México, embutidos de Francia, manzanas de Uruguay o café de Vietnam. Estos son solo algunos de los conocidos como alimentos kilométricos. Aquellos que recorren enormes distancias antes de llegar a la mesa. España importó en 2011 más de 25,4 millones de toneladas de alimentos que recorrieron de media 3.827 kilómetros, según calculó la organización Amigos de la Tierra.

Hay casos especialmente agudos como el de los garbanzos, cuya distancia media entre el agricultor que los produjo y al consumidor que los adquirió en un supermercado es de 7.500 km. Un trayecto transoceánico para un producto que lleva casi treinta siglos cultivándose de manera local.

El resultado de toda esta importación son 4,2 millones de toneladas de CO emitidas a la atmósfera: una contribución considerable de gas de efecto invernadero, responsable del calentamiento global y, en consecuencia, del cambio climático.

Un nuevo sistema agroalimentario

Manuel Delgado Cabeza, catedrático de economía de la Universidad de Sevilla y coautor del Informe Alimentos Viajeros: ¿Cuántos kilómetros recorren los alimentos antes de llegar a tu plato?, advierte de que el fenómeno de los alimentos kilométricos es el resultado de la actual organización del sistema agroalimentario: “Han globalizado la comida de manera que quienes gobiernan la cadena alimentaria son las grandes corporaciones multinacionales”, asegura.

De acuerdo con el informe, el comienzo de este nuevo orden alimentario tuvo lugar en los años 60 del siglo XX con la llegada de la llamada Revolución Verde. Se trató de un proceso basado en el incremento de la producción agrícola a través de grandes extensiones de monocultivo. “La superespecialización de los territorios productivos para generar eficiencia ha provocado una desconexión brutal entre producción y consumo alimentario” añade Delgado.

Amigos de la Tierra también apunta también al precio “relativamente bajo del petróleo” y a la liberalización de los mercados agrarios impulsada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) como los factores causantes de “un modelo agrario y de producción de alimentos que intensifica la crisis climática, alimentaria y ecológica”.

Trabajo precario

¿Por qué que un alimento que viaja miles de kilómetros cuesta menos que uno local? Esther Vivas, activista y autora de varios libros de consumo responsable, atribuye estos precios a la deslocalización de la producción agraria que busca “aprovecharse de unas condiciones laborales precarias, una legislación medioambiental muy flexible y unos precios de producción muy bajos, para luego vender los productos aquí a un precio competitivo”.

El resultado de este proceso es la destrucción del tejido agrario local de países como México, donde el salario medio de un campesino, que produce los garbanzos que llegan a nuestra mesa, no alcanza el euro por hora trabajada, según advertía el Instituto Nacional de Estadística de México (INEGI) en 2015.

La soja es otro de los productos que genera un mayor impacto social a ambos lados del Atlántico. Producida mayoritariamente en los países del Mercosur, la soja viaja miles de kilómetros para servir de alimento al ganado de los países del norte. El periplo provoca que comunidades enteras se vean obligadas a salir de sus territorios en los países del sur. Mientras, las consecuencias también alcanzan a los ganaderos del norte cuya renta y calidad de vida dependen de un producto que se produce en el extranjero y cuyo precio se decide en la bolsa“, relata Blanca Ruibal, responsable del Área de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.

Los productores de cacao de países como Costa de Marfil o Ghana –donde se cultiva el 59% del total mundial– también son víctimas de los procesos de exportación e importación que trasladan este producto hasta los países como España, que es el octavo en la lista de importadores de este alimento.

Según el último monográfico de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, los cultivadores apenas perciben entre el 3% y el 6% del precio final de las chocolatinas a base de su cacao. La Coordinadora además advierte de la precaria situación de los pequeños productores “que rara vez prueban el chocolate que se elabora con el cacao que cosechan con sus manos en condiciones especialmente duras, y cuya venta les genera unos ínfimos ingresos que les sitúan muy por debajo del umbral de pobreza”.

Alimentos viajeros del sur al norte y del norte al sur

Esther Vivas advierte de que también hay otra realidad, la de los alimentos kilométricos que viajan del norte al sur a consecuencia de las políticas agrarias de los países del norte: “la lógica de la Política Agraria Comunitaria (PAC) o la Farm Bill, su equivalente en EEUU, es la de subvencionar determinados productos independientemente de la demanda que haya de los mismos. Esto conduce a una superproducción alimentaria cuyo excedente se acaba vendiendo en los países del sur a precio de coste”. Este proceso tiene lugar con productos como la leche o los cereales, muy subvencionados en los países del norte, que acaban vendiéndose a los países de la periferia conduciendo a la desaparición del pequeño campesino local.

Consecuencias medioambientales

Que un kilo de fruta kilométrica viaje hasta nuestras fronteras supone una emisión media de 0,25 Kg de CO a la atmósfera y que lo haga un kilo de pescado aumenta la cuota de emisión un 0,52%.

“La agricultura industrial es hoy en día uno de los principales factores del problema del cambio climático” añade Ruibal. Su organización sostiene que el modelo agroalimentario global es responsable de una gran parte del cambio climático.

A los 18 años, Héctor dejó Jarque de la Val, un pueblo turolense de 82 habitantes, para poder estudiar una carrera universitaria. Este ingeniero de telecomunicaciones, que actualmente vive en Zaragoza pero aún sueña con poder volver a su pueblo, está convencido de que en España “hay una emigración forzada del medio rural porque las políticas que se están haciendo no favorecen que la gente joven se quede, sino todo lo contrario”. 

De acuerdo al Informe Anual de Indicadores del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014), el descenso de la población joven del medio rural es progresivo desde los años 70. La marcha de los más jóvenes ha provocado que en la actualidad, 7 de cada 10 personas de nuestro país vivan en áreas urbanas, un dato medio que no refleja la realidad de algunos pueblos como Illán de vacas, en la provincia de Toledo, donde únicamente quedan 5 vecinos. O por ejemplo Navamorales, donde el vecino mas joven tiene 63 años. Este es uno de los 336 municipios españoles donde, según el padrón municipal, no se registra población menor de 15 años. 

Un nuevo perfil de jóvenes rurales

El perfil de la nueva generación de jóvenes rurales es de jóvenes emprendedores, con formación y muy cercanos al medio urbano, a quienes la falta de oportunidades educativas, laborales y culturales les ha expulsado de su territorio. Son los hijos de la llamada “generación soporte”, la que se quedó en los pueblos cuando la industrialización llamó a las puertas del medio rural en busca de nueva mano de obra. 

Tras el cierre del colegio en su pueblo, Víctor se vio obligado a desplazarse a la ciudad cada día para poder estudiar. Ahora, con 23 años y tras vivir 5 años fuera, este ingeniero aeroespacial ve muy difícil poder volver a la pequeña localidad de donde proviene: “No se está favoreciendo que profesiones como la mía se puedan ejercer desde el medio rural, no interesa”.  

“Antes era una alegría que la gente del medio rural saliera para ir a la universidad, ahora se está convirtiendo en un problema muy serio” afirma Aurelio García, presidente de la Red de Desarrollo Rural (REDR), desde donde llevan años denunciando la marcha de la gente más preparada que sale para estudiar y nunca vuelve. La escasez de instituciones de enseñanza, las largas distancias con los centros educativos y las carencias de transporte escolar hacen del medio rural un entorno hostil para que los jóvenes puedan llevar a cabo los estudios en su propio medio.

Escasez de oportunidades laborales

Yerai tiene 19 años y lleva varios meses peleando para poder montar su empresa en Escucha, un pueblo de Teruel que no alcanza los 1.000 habitantes. A pesar de su juventud, Yerai, que se ha formado como administrativo y community manager, ha apostado por emprender en el medio rural a través de un negocio e-commerce basado en la venta a través de Internet. “Uno de mis problemas es el propio medio rural. El futuro es Internet y en mi zona no disponemos de una buena cobertura. Otro gran obstáculo es la falta de transporte público. A veces esto puede significar que los jóvenes no queramos emprender o incluso no queramos continuar en nuestros pueblos y por tanto estén destinados a desaparecer”, dice este joven.

“Pese a todos los problemas, tengo muy claro que no puedo rendirme y quiero emprender en mi pueblo”, dice 

El caso de Yerai es la excepción dentro de la marea de jóvenes forzados a marcharse debido a la carencia o escasez de fuentes de empleo. Según el último Informe sobre la Sostenibilidad en España (2016), la población activa residente en municipios rurales es sólo de 3,3 millones, muy inferior a la del medio urbano, que asciende a más de 17,9 millones de personas. “En el campo no hay un relevo generacional” dice Aurelio García. El sector agrario, que tradicionalmente era la principal fuente de empleo de las áreas rurales, ha ido perdiendo peso y en la actualidad sólo supone un 2,5% del producto interior bruto (PIB).   

El economista Miguel Angel Porras compara la situación con la de otros países europeos: “El rango de jóvenes que trabajan en el campo en Francia es bastante más amplio que el de España y eso se debe al reparto de la tierra”. Según Porras, el difícil acceso de los jóvenes a la tierra es el resultado del proceso de landgraving o acaparamiento de tierras en pocas manos. Para el economista, otro grave problema es la desvalorización del sector agrario: “Existe la creencia de que el que no vale para nada se queda en el campo, debemos valorar el trabajo agrícola porque es la base de nuestras civilizaciones”.

La escasa diversificación económica también perjudica a aquellos jóvenes que no quieren dedicarse al sector primario. “Tenemos que formar a los jóvenes desde el instituto para que piensen en el tema del emprendimiento rural”, añade García. El presidente de la Red de Desarrollo Rural está convencido de que actividades como el turismo, la gastronomía o la artesanía están diversificando económicamente el medio rural pero que los apoyos a los jóvenes que quieren quedarse son muy escasos.

Falta de servicios

Los mayores de 70 años doblan en número a los menores de 25 en Villoldo, un municipio palentino de 364 habitantes donde el pasado mes cerró la última de las tres pequeñas tiendas de comestibles que llegó a haber en el pueblo. Antes, los vecinos también fueron testigos del cierre de la panadería, la escuela o la oficina de correos, al mismo tiempo que la consulta del médico y el transporte publico reducían sus horarios. “Si en el pueblo carezco de los servicios básicos me veo obligada a marcharme” dice Silvia, una joven de 22 años que no visualiza su futuro en el medio rural.  

El Informe sobre la Sostenibilidad en España advierte de que en el medio rural “el acceso al transporte es más complejo, las limitaciones en salud y educación se mantienen, el disfrute del ocio y las posibilidades de desarrollo vital están limitadas”. Luis Camarero, sociólogo experto en el tema lleva años advirtiendo de esta realidad: “La administración prefiere no ampliar la dotación de servicios en el medio rural, basándose en que son muy caros, pero los habitantes de este medio tienen tanto derecho a disponer de esos servicios como los habitantes urbanos”.

Afecta más a las mujeres

Para Teresa López, presidenta de Fademur, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, la pérdida de servicios en el medio rural afecta especialmente a las mujeres “porque son las que se ocupan del cuidado cuando desaparece lo público”. Silvia, que acaba de terminar la carrera de comercio en Valladolid, no ve posibilidades de volver a Calzada, el pueblo del que tuvo que emigrar hace 5 años: “Las oportunidades en el medio rural son aún más reducidas para las mujeres, en los pueblos tenemos muchas dificultades para desarrollar nuestras carreras y también carecemos de los servicios necesarios para poder quedarnos”. 

“Los jóvenes son una pieza absolutamente central para el futuro del medio rural” añade Camarero, sin ellos, los pueblos pierden la única población que puede sostener la vida de los pueblos.

Desde expresiones de la jerga de trinchera como "Radio Macuto" a los capote-mantas de los combatientes sublevados, el legado del conflicto bélico aún tiene repercusión en nuestros días

El famoso plato combinado también surgió durante la contienda, para esquivar un impuesto del bando franquista

Las alpargatas fueron el calzado de las milicias. Tal era la importancia de este producto que se nacionalizó la empresa catalana Castañer, que hoy las sigue fabricando

En la novela Los besos en el pan, la escritora Almudena Grandes rescataba un gesto característico de las generaciones que vivieron la guerra y los años posteriores. Besar el pan era una costumbre que se adquirió debido al hambre y la carestía del momento. Se trata de un gesto que ha pasado de unas generaciones a otras para simbolizar el valor de uno de los productos cuya calidad y cantidad decrecieron durante el tiempo que duró el conflicto.

“Dar gato por liebre”

El pan no era el único producto que escaseó durante aquellos años. La hambruna del momento popularizó expresiones como “dar gato por liebre”, que según relata Joan de Deu Doménech en su libro La Batalla de l’ou, era algo más que una forma de hablar. Doménech, que recoge en su obra el panorama alimentario de la Guerra Civil, cuenta que el consumo de animales de compañía se convirtió en algo recurrente durante la época de mayor carestía.

A finales de 1938, el gastrónomo catalán Ignasi Doménech publicó Cocina de recursos, un libro que recogía recetas de la época bélica como la tortilla sin huevos y sin patatas. “Durante los años 1937-1938, la inmensa ma­yoría de los ciudadanos no podíamos gastarnos 40 ó 50 duros para adquirir una docena de huevos y tuvimos que prescindir a toda prisa de tan precioso material” dice Doménech, quien vivió en carne propia las penurias de la guerra. Esta obra, que fue reeditada en 2011, es un referente para los manuales de cocina actuales o los blogs gastronómicos que, al hervor de la crisis, han actualizado la cocina de supervivencia.

El plato combinado

Pero la aportación de la Guerra Civil al actual universo culinario no termina ahí. Una de las combinaciones más castizas de nuestra gastronomía, el plato combinado, también se remonta hasta 1936. Tal y como señala el estudio La vida cotidiana durante la Guerra Civil, el plato combinado nació para burlar las restricciones del “Día del plato único”, una medida recaudatoria que se estableció en la zona franquista y que obligaba a los bares y restaurantes a servir por el mismo precio de un menú un solo plato entre los días 1 y 15 de cada mes. El dinero sobrante debía entregarse para contribuir a la causa del bando sublevado. Se trataba de un impuesto enmascarado que a partir de 1937 pasó a exigirse una vez a la semana, los lunes, en los que no se servía postre y se llamó el “Día sin postre”. 

Radio Macuto

La gastronomía no es el único ámbito cuya huella ha llegado a nuestros días, las trincheras españolas también fueron el escenario de expresiones que nunca dejaron de utilizarse. Los soldados de ambos frentes utilizaban la fórmula “aquí Radio Macuto, mil paridas por minuto” para referirse a los rumores que circulaban en ambos bandos acerca de los avances o retrocesos de cada frente. En la actualidad, la expresión “radio macuto” continúa empleándose para referirse a la persona que pone en circulación un rumor.

Desde las trincheras también llegaba el “parte de guerra”, un comunicado oficial de la contienda que empezaron a emitir los noticieros de la radio franquista diariamente. Sustituido por un informativo más convencional tras el fin del conflicto bélico, la jerga popular mantuvo el término “el parte”, que a día de hoy sigue siendo utilizado para definir una información, normalmente poco independiente e interesada.

Las alpargatas de Castañer

El vestuario empleado por los combatientes también ha dejado su rastro en las tendencias de moda actuales. Las alpargatas de colores que ahora llenan los escaparates fueron el calzado característico de las milicias populares. Tal era la importancia de este producto para el bando republicano que llegaron a nacionalizar la empresa catalana Castañer, una de las firmas que empezó a fabricar alpargatas para las capas sociales más bajas. El capote-manta, que inspira prendas de abrigo actuales, fue una de las prendas mas característica del bando franquista. Para el historiador Luis E. Tagore se trataba de “la tradición española hecha prenda”. 

El futbolín para heridos de guerra

El poeta, editor e inventor Alexandre Campos Ramírez, más conocido como Alejandro Finisterre, alargó el ingenio de su invento hasta nuestros días. Según su propio relato, tras quedar sepultado por uno de los bombardeos de Madrid, Finisterre fue trasladado a un hospital donde conoció a varios niños heridos que no podían jugar al fútbol. Inspirándose en el tradicional tenis de mesa, el poeta desarrolló un futbolín, que patentó en 1937 y que a día de hoy se ha extendido por todo el mundo. Aunque no fue el primero de la historia, sus características singulares, por ejemplo los jugadores con las piernas abiertas, han resistido hasta hoy.

La Guerra Civil española también inspiró la creación de productos extranjeros. Los caramelos M&M, populares en muchos países, fueron creados por el estadounidense Forrest Mars después de que se percatase de que los soldados españoles comían bolitas de chocolate recubiertas de caramelo para evitar que se derritieran a causa del calor. Lo patentó y lo comercializó.

Mercedes San José es la única concejala del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) que ha respaldado el decreto ley  que prohíbe desde junio matar en público al toro del torneo de la Vega. La edil de Toma la Palabra no ha apoyado el recurso que el Ayuntamiento ha presentado ante el Tribunal Constitucional para conseguir que el ritual termine con un lanzazo mortífero al toro.

San José se confiesa sorprendida por verse en esta tesitura: “Si me lo dicen hace dos años no me lo creo”. La concejala llegó a la política por la vía social: “Soy hija de preferentista y pasamos dos años a la puerta del banco” pero ahora tiene que justificar su postura antimaltrato animal cuando Tordesillas debe decidir si celebra o no el festejo adaptándolo a la nueva legalidad.

¿Qué posición defienden respecto al Toro de la Vega?

Tordesillas Toma la Palabra ha apostado por que el Toro de la Vega se celebre sin ser un sacrificio cruento de tal manera que al toro no se le diera muerte. Adoptamos esta postura en una asamblea y la decisión, finalmente, fue celebrar el torneo de una forma evolucionada. 

Creemos que estamos ante una revolución intelectual donde la intolerancia contra el maltrato animal está creciendo y Tordesillas se ha convertido desgraciadamente en el icono del maltrato. Esto ha conllevado una serie de problemas para el municipio que no le dejan crecer ni expandir la riqueza y el potencial que tiene.  

¿Hay división social en el municipio?

Es un tema muy controvertido en el pueblo pero entre los vecinos de Tordesillas se generan los mismos enfrentamientos que se pueden generar en Madrid cuando se celebra la feria de San Isidro. En un pueblo, evidentemente, el tema está más marcado porque nos conocemos todos. Pero, salvo en raras excepciones, esto no da problemas de convivencia. Somos una sociedad diversa como cualquier otra, a mí me da pena que a Tordesillas se le conozca por esto.  Aquí empezó el modernismo, tenemos mucho potencial humano, artístico, histórico y cultural que merece la pena y eso nadie lo conoce.

¿Cuál es su propuesta?

Nosotros habíamos planteado que se celebrara un referéndum. Y que se dieran charlas informativas y ponencias desde todos los puntos de vista: protaurinos y antitaurinos, veterinarios especializados, etc.

Nuestra propuesta era poner encima de la mesa, con serenidad, los pros y los contras de este evento. Sin embargo, no encontré ningún apoyo en el Ayuntamiento. El alcalde me dijo que quería hacer un referéndum pero no se ha llevado a cabo nunca. Ahora nos hemos encontrado con el decreto de la Junta de Castilla y León y ya es tarde para poder preguntar al pueblo. Me ha dolido mucho que nos lo impusieran porque Tordesillas tenía una oportunidad para dejar atrás su mal nombre.

¿Han recibido presiones en la corporación u otros colectivos del pueblo?

No, no al menos directamente. En un momento dado siempre hay personas más radicales y el enfrentamiento se ha hecho más patente pero yo no me enfrento, es un desgaste inútil. 

¿Se ha sobredimensionado desde el exterior lo que está pasando en Tordesillas?

Se ha exagerado bastante. A Tordesillas se le ha hecho un daño que no se merece. La imagen del municipio ha empeorado muchísimo. Los tordesillanos han estado muy atacados. Les han llamado por teléfono a deshora por la noche. Han recibido amenazas… todo eso ha llevado a esta reacción de los vecinos. Sin duda, la presión desde el exterior ha hecho que la gente se mantenga en una postura, no tanto por defender la tradición, sino por rechazar esa presión externa.

Pero también hay una parte de la población que defiende esa tradición.

El tema del toro es sociológico y antropológico. Cuando una persona está acostumbrada a una tradición pues le resulta extraño que alguien se lo quiera quitar. Estas personas piensan: “Es la tradición, es lo que hemos visto toda la vida, se van a cargar todo lo nuestro”. Si a eso le sumas las amenazas y los insultos pues evidentemente se crea una conciencia de grupo. De sentirse atacado.

¿Es Tordesillas el centro de un problema más amplio?

El Toro de la Vega podrá ser el torneo más sangriento pero no es el más cruel. El maltrato animal, no solamente dentro de la tauromaquia, sino a todos los niveles, está demasiado tolerado en este país. Si nos asomamos a Europa tenemos un retraso de 40 años con respecto a otros países. En ese momento los animales eran utilizados al servicio del hombre, lo que es lógico hasta cierto punto, pero todo evoluciona, todo cambia y esas necesidades también. 

Después de que dos maestras le enseñaran lo que era la igualdad de oportunidades, Lagarder Danciu cuenta que empezó a luchar por “los nadies”, personas inmigrantes, sin hogar o de etnia gitana, aquellos que son “invisibilizados por el sistema”. Este activista de la pobreza, de origen rumano, es trabajador social y mediador educativo pero principalmente se considera “uno de ellos”. Tras impulsar el Campamento Dignidad, una especie de 15M de los sin techo, ha iniciado una “ruta de la pobreza” para denunciar la situación del sinhogarismo en nuestro país. 

Su perfil en diferentes redes sociales no deja de sumar seguidores desde que este “aprendiz en la universidad de la calle”, tal y como se define en su cuenta de Twitter, interrumpió el acto de presentación de listas del Partido Popular al grito de “el PP sois la mafia”. Pero esta no es la única vez que se ha oído su voz. Durante los últimos meses Lagarder se ha plantado frente a la marcha ultraderechista celebrada en las calles de Madrid o ha hecho eco de sus reivindicaciones en actos del PSOE o Podemos.

Su última intervención se produjo durante la noche electoral, cuando protagonizó una de las fotos mas compartidas del 26J. En ella, el activista era increpado en la sede del Partido Popular mientras sostenía una pancarta que rezaba “50.000 sintecho hoy no han votado”.

Danciu, que llegó a España hace 11 años, cuenta que salió de Rumanía tras iniciar allí una lucha social por los niños huérfanos que, como él, se criaban en centros institucionalizados. Dice que es gay y de etnia gitana y que dejó Rumanía para trabajar su identidad sexual y cultural. Tras convalidar su título y trabajar varios años como mediador educativo en Sevilla, dice que gastó todos sus ahorros en denunciar por fraude a la ONG Unión Romaní, para la que trabajaba. Al borde del desahucio, decidió continuar con su particular lucha desde la calle, donde lleva más de un año viviendo.

¿Dónde comenzó su compromiso con las personas sin hogar?

El tema de los sin techo siempre me había llamado la atención porque es una historia auténtica que la sociedad está manteniendo en la invisibilidad. Me encontraba al borde del desahucio y empecé a formarme las 24 horas en la calle y a entender lo que era. Mis primeros días fueron bastante duros, me lo quitaron todo, pero me di cuenta de que cuando me quedé sin nada fue cuando me empezaron a mirar a los ojos. Me veían como otro más y yo me sentía privilegiado, me vi como un hombre bisagra que podía conocer lo que allí estaba pasando y transmitirlo a la sociedad. Creo que hay un profundo desconocimiento sobre la problemática de la gente de la calle, donde lo que prima es la caridad, una caridad humillante.

Junto con otras personas sin hogar, fue uno de los impulsores del “Campamento Dignidad” en Sevilla. ¿Cuáles eran sus intenciones?

Junto con otros sin techo nos movilizamos en la plaza de Sevilla para reclamar nuestros derechos. Entonces comenzamos a montar una acampada que denominamos el Campamento Dignidad, lo que algunos medios denominaron como “el 15M de los sin techo”. Teníamos cuatro reivindicaciones: viviendas sociales para los desahuciados, plazas fijas para los convalecientes, un terreno donde pudiéramos auto organizarnos y una auditoría pública. Queríamos saber cómo se gestionaban los seis millones de euros destinados a empresas externalizadas que debían de atender a las más de 2.000 personas sin hogar que había en Sevilla. A los 33 días de acampada el Ayuntamiento envió a la policía para que desmantelara el campamento. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de la gran represión policial que padece la gente de la calle.

Entonces comenzó la “ruta de la pobreza”, ¿en qué consiste este proyecto?

Me convertí sin querer en una figura destacada para visibilizar el problema de las personas sin hogar. Mi objetivo es visibilizar la crueldad institucional que hay hacia las personas sin hogar. Hasta ahora las ONG solo hablaban de “campaña de frío” o similares, esa era la típica noticia, pero no se analizaba todo el problema que había detrás. Hay mucho dinero en juego debido a la privatización de los servicios sociales dirigidos a las personas sin hogar. Los ayuntamientos hacen contratos con empresas externas que lo que buscan es el beneficio y no ofrecer un servicio de calidad. Exigimos a los ayuntamientos que tengan una responsabilidad sobre las carencias de estas empresas. 

Fue candidato al Consejo Municipal de Podemos Sevilla, pero recientemente interrumpió un acto de Podemos en Vallecas. candidato al Consejo Municipal de Podemos Sevilla

Muchas veces me han relacionado con Podemos, sobre todo desde la derecha. Pero yo soy un activista independiente. Es cierto que participé en Podemos al principio cuando solo eran asambleas y aún no se había formado ningún partido político. 

¿Qué pretende al interrumpir los actos políticos?

Reventamos el acto de Rajoy y hemos intervenido en actos de otros partidos porque queremos forzar a los políticos para que introduzcan el sinhogarismo en sus programas, al igual que lo han hecho con la violencia de género u otras problemáticas. Estamos intentando provocar y poner en debate el tema. Por ejemplo, cuando intervenimos en el acto de Rajoy ya logramos nuestro cometido porque conseguimos que en los titulares apareciera la palabra “sin techo” junto con el nombre del Presidente del Gobierno. Es algo similar a lo que logró la PAH con los desahucios, el movimiento de Ada Colau consiguió que el tema se introdujera en la agenda mediática. Nuestro movimiento busca primero eso, hacernos visibles para que los medios denuncien esta situación.

Este jueves se ha reunido con Manuela Carmena. ¿Cuál ha sido la respuesta de la alcaldesa?

La reunión con la alcaldesa ha sido muy fructífera, me ha sorprendido la capacidad de atención que tiene, se quería empapar de la calle. Le hemos trasladado varias propuestas a la alcaldesa: un recuento de la cantidad de gente que hay en la calle, una auditoría para saber en que se ha gastado el dinero de los servicios sociales durante los años que ha gobernado el Partido Popular y un proyecto de autogestión, en el que los propios sin techo seamos los que podamos organizar los recursos. Desde el Ayuntamiento se han comprometido en ir trabajando en este proyecto a través de una mesa de trabajo y también en organizar un recuento de las personas sin hogar antes del otoño. 

¿Va a exportar su activismo?

La situación de Madrid me va a llevar mucho tiempo, quiero que se conozca muy bien lo que está pasando aquí. Hemos denunciado el tema de los campamentos chabolistas o el racismo del grupo [neonazi] Hogar Social. Este grupo viene a dar comida únicamente a los sin techo españoles y está sembrando el odio entre los que viven en la calle, pero ellos no caen en la trampa. Los sin techo saben que es absurdo, que todos están en la misma situación. En esta dimensión donde vivir es cuestión de supervivencia hay una auténtica solidaridad.

Le llaman El Papi –no quiere dar su nombre real– y es una de las caras visibles del colectivo de personas sin techo en las calles de Madrid. Sus pertenencias se acumulan junto a los cines Ideal en el barrio Tirso de Molina, donde recibe a otras personas sin hogar que acuden a él en busca de la experiencia que ha acumulado después de vivir más de 22 años en la calle. Este “patriarca de la calle” como se autodenomina, que antes trabajó como albañil, jardinero o barrendero, recuerda especialmente los años en los que fue sindicalista de la construcción en Huelva, su ciudad natal.

Durante un tiempo trabajó con Enrique de Castro, “el cura rojo”, ayudando a personas que, como él, se encontraban en situación de calle. En el año 2011 participó en el movimiento 15M y en la actualidad su compromiso con los sin techo le ha llevado a crear la Asociación Chupano, que defiende los derechos de las personas en situación de calle. De cara a las próximas elecciones votará gracias a que se pudo empadronar a través del Samur Social.

¿En la calle se sigue la campaña política?

Hay muchas personas que viven en la calle a las que no les interesa, hay mucha ignorancia sobre la política. Además de marginados somos excluidos: nos expulsan de la participación en la sociedad y también de la participación política.

Yo sigo lo que sucede a través de los periódicos gratuitos porque no tengo acceso a la televisión o a Internet. En la calle se habla de política, pero no se participa porque la mayoría teme represalias. La gente sin techo desde que se levanta tiene una ruta, ellos no van a dejar eso para acudir a una manifestación, por ejemplo.

¿Es fácil para una persona sin hogar poder acceder al voto?

La gente de la calle no suele votar, muchos no lo hacen porque no están empadronados al no tener casa. El empadronamiento te permite votar y es la puerta de entrada a los servicios sociales. Al no aparecer en el padrón, las personas sin hogar no existen. Muchos se empadronan a través del Samur Social, como hice yo. La tarjeta del censo electoral me llega a su sede central, esa es la dirección donde me llega todo. Hay una ley que obliga a los municipios a ponernos una dirección postal, aunque vivamos en la calle, pero no quieren hacerlo porque eso visibiliza a los sin techo en todos los puntos de la ciudad. 

¿Cree que los políticos están mentalizados con la problemática del 'sinhogarismo'?

Los políticos no tienen ni idea de lo que es la calle. En Madrid te encuentras un sintecho donde menos te lo esperas y nadie se preocupa. Los albergues y servicios ofrecidos por el Samur Social no son la solución y además está gestionado por una empresa externa, aunque la Constitución dice que el Estado es subsidiario directo del bienestar del ciudadano. Cuando la ayuda nos llega a la gente de la calle es en forma de un café malo o de alimentos caducados.

¿El nuevo contexto político le genera confianza?

De todos los programas políticos, el que más se acerca a nuestros intereses es el de Unidos Podemos porque tienen un plan de rescate ciudadano que, aunque no habla en concreto de las personas sin techo, hace que nos sintamos más identificados. 

¿Va a acudir a votar el domingo?

Estuve votando al Partido Socialista hasta el año 82, entonces dejé de votar porque no veía ninguna opción que me representara. Ahora, el PSOE ya no es socialista, yo digo que son “socios muy listos”. Voté a Podemos en las pasadas elecciones y lo volveré a hacer el domingo porque creo que es la única opción que hay para el país. Son inexpertos, pero los anteriores también lo eran. Yo cuando fui sindicalista apenas sabía leer y escribir.

Si usted fuera candidato, ¿qué medidas incluiría en su programa para personas sin hogar?

Lo primero que haría es acabar con los albergues, porque son como cárceles a régimen abierto. También haría espacios autogestionados donde nosotros mismos nos pudiéramos organizar, sin que hubiera detrás ninguna empresa con ánimo de lucro. Otra medida que tomaría sería la de crear un Ministerio de Igualdad de oportunidades, para que una persona como yo tenga las mismas posibilidades de poder llegar al mismo nivel que el resto de ciudadanos. Un ministerio como ese sería la panacea no solo de los sintecho, sino para todas las familias que no tienen ingresos y no pueden prosperar.

¿Qué propuestas le haría a los candidatos?

Lo primero que solicitamos son viviendas dignas y comedores sociales autogestionados. También pedimos una rendición de cuentas, queremos una auditoría pública para saber en qué se han gestionado los fondos de las ONG. Y principalmente queremos que los políticos traten a la gente de la calle como seres humanos, no como mercancía, sino como los verdaderos ciudadanos de pleno derecho que somos.

Moha Gerehou, un oscense cuyos orígenes se extienden hasta Gambia, es el nuevo presidente de SOS Racismo Madrid, una asociación que cuenta con 23 años de historia, los mismos que los de su nueva cabeza visible, el líder más joven que ha tenido este colectivo. Combina esta labor con su trabajo de periodista de la sección de Economía de eldiario.es.

¿Por qué decidiste hacerte activista antirracista?

Empecé a participar después de que la Policía me parara en la universidad por el hecho de ser negro. No era la primera vez, pero esa fue la más descarada. Íbamos un amigo de piel un poco oscura y yo por la calle y nos pidieron la documentación. Cuando vieron que teníamos DNI español nos preguntaron si llevábamos droga. Les dijimos que no y sin cachearnos ni comprobarlo se fueron. A partir de ahí decidí hacer algo, no puede ser que me estén parando solo por mi aspecto. 

Eres el presidente más joven que ha tenido la asociación, ¿las generaciones más jóvenes están más concienciadas contra el racismo?

Sí. Yo lo comparo con la generación de mis padres que, por ejemplo, cuando sufrían redadas racistas simplemente lo dejaban pasar y decían “es lo normal”. Pero ahora hay una segunda generación que se opone y cuando la gente sufre redadas racistas lo intenta denunciar de un modo u otro. De una generación a otra ha habido un cambio a mejor.

¿Cuáles son los retos actuales a los que se enfrenta la asociación?

Hay varias líneas de acción. Nos organizamos en distintas comisiones y una de las más importantes es la Comisión de CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros). Evidentemente nuestro objetivo final es que estos centros cierren pero mientras tanto tenemos que ir consiguiendo pasos para que al menos las condiciones en estos centros mejoren. Por otro lado, también está el tema de las identificaciones policiales, sobre todo las macrorredadas racistas. Además, este año estamos incidiendo especialmente en las deportaciones exprés que se producen cuando, tras la identificación policial, las personas pasan directamente a ser deportadas sin que tan siquiera pasen por el CIE. Luego, en la parte comunicativa, queremos modernizarnos más. Tenemos cierta presencia en redes sociales pero queremos potenciarla. Y también queremos hacer más campañas de sensibilización para fomentar el debate social.

En febrero, SOS Racismo abrió una plataforma para denunciar los 'microrracismos'. ¿En qué consisten? 

Podemos hacer una división entre un racismo institucional y otro social. El racismo institucional son medidas como la negación al acceso a la sanidad para los inmigrantes irregulares o la actual medida que impide a los menores extranjeros jugar al fútbol. Sin embargo, cuando hablamos del racismo social, hablamos de acciones más cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas pero que, sin embargo, son racistas. Van desde un titular de un medio de comunicación que resalta la nacionalidad solo cuando los protagonistas de la noticia son extranjeros, a expresiones del tipo “eso es un trabajo de negros” que tienen que desaparecer por la connotación racista que tienen. Muchas veces son acciones que no se hacen con ningún tipo de intención racista pero que se han normalizado. Nosotros queremos que la gente sea capaz de verlo, de denunciarlo y de darle de visibilidad.

¿Te acercaste a ver la manifestación del grupo neonazi Hogar Social Madrid del pasado mes? 

Sí, y lo que más me llamó la atención es que había nazis con un aspecto poco reconocible, y eso es preocupante. Su aspecto ahora es, entre comillas, normal. Me puse cerca de la Policía, así que ni me agredieron ni me amenazaron. Hogar Social en Madrid está canalizando ese brote de extrema derecha que es más visible en otros países. Nosotros entendemos que hay cierta libertad de reunión y libertad de expresión en la sociedad, pero también entendemos que, al igual que no se concibe que se pueda dar una manifestación que incite al terrorismo, tampoco debería darse una manifestación que incite al racismo o la xenofobia porque está atacando directamente principios básicos de los derechos humanos. 

En Holanda o Austria han repuntado los partidos políticos ultraderechistas. ¿Requiere la lucha racista un mayor esfuerzo que nunca?partidos políticos ultraderechistas.

Entendemos que la lucha contra estos partidos o grupos de extrema derecha ha de ser una lucha de la sociedad en su conjunto. No puede ser solo de los colectivos antirracistas como SOS Racismo, tiene que ser una respuesta de toda la sociedad porque es algo que afecta a los derechos humanos. Es un deber atacar el racismo desde la sociedad en su conjunto.

¿Cómo se vive desde SOS Racismo el drama de los refugiados?

Hemos detectado en las redes sociales donde constantemente se relaciona a los refugiados con terroristas y se emiten mensajes que demuestran cómo ha crecido la islamofobia. Queremos combatir esos mensajes de odio, principalmente en las redes sociales y que la sociedad sea capaz de atajar este problema.

¿Hay una actitud diferenciada hacia los refugiados y los migrantes que llevan décadas viniendo a nuestro país?

Sí. Socialmente se ha dividido a los refugiados como “buenos” y al resto de migrantes como “malos”. Muchas veces, personas que vienen del África subsahariana, que es la que más se ha visibilizado en negativo, huyen de países que están en guerra o en situaciones insoportables y también se merecen asilo político pero a ellos directamente no se les abre ninguna vía para que puedan obtenerlo. Sin embargo, los refugiados, especialmente cuando provienen de Siria, son más atendidos y se empatiza más con su situación. No se puede hacer esa discriminación por nacionalidad.

De cara a las próximas elecciones, ¿qué actitud ves en los partidos políticos ante el racismo?

Con el tema de la inmigración ha habido cierto retroceso, en la valla de Melilla hemos registrado violaciones contra los derechos humanos constantemente. No hay una conciencia colectiva y la clase política no está tomando las medidas que debería tomar. El cierre de los CIE, el desarrollo de una ley contra la discriminación, la creación de vías seguras de acceso para los migrantes o la solicitud de asilo desde el propio país de origen son algunas de nuestras propuestas. El auge de políticas de extrema derecha está calando y puede ir a más. Hay que estar alerta, porque la situación puede ir a peor y tenemos que pararlo a tiempo.

La Fundación del Secretariado Gitano (FSG) ha presentado el informe Discriminación y Comunidad Gitana, correspondientes al ejercicio de actividad 2014-2015, periodo en el que registraron 348 casos de “antigitanismo” o discriminación hacia la comunidad de gitana en nuestro país.

Los datos, presentados ante la sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, demuestran que “el rechazo hacia la comunidad gitana es constante, permanece y se manifiesta de formas diferentes” según reza el informe. La negación en el acceso a los derechos, las manifestaciones o publicaciones racistas y los delitos de odio son algunas de las formas en las que el rechazo se manifiesta.

En concreto, durante el año 2014 se registraron 194 casos mientras que en el 2015 fueron 154 los casos de discriminación recogidos por la Fundación. El ámbito de los medios de comunicación e Internet es el que recoge una mayor cantidad de casos registrados (121) seguido del acceso al empleo (53), el discurso del odio (50), el acceso a bienes (37) o la relación con las fuerzas policiales, que registró 32 casos. También destacan los casos de discriminación en el acceso a servicios elementales como la educación, la salud o la vivienda.

La importancia del término “antigitanismo”

El informe 2015 se ha centrado en explicar el “antigitanismo”, término empleado para definir un tipo específico de racismo, que se manifiesta a través de la violencia, el discurso de odio y la discriminación hacia el pueblo gitano. La Fundación ha señalado que es “fundamental utilizar este término para visibilizar el rechazo social contra esta parte de la sociedad” ya que el uso de términos generalistas invisibiliza este problema. “Cuando hablamos de antigitanismo sabemos que es algo que persiste a la evolución de las sociedades” ha señalado Isidro Rodríguez, director de la Fundación.

El caso “Castellar” ha sido analizado por los ponentes como uno de los ejemplos de “antigitanismo” mas destacados de los últimos años. Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2014 cuando tuvo lugar una “riña vecinal” en el municipio de Castellar (Jaén) que se saldó con tres personas imputadas. Al suceso le siguieron varias manifestaciones no autorizadas donde los vecinos pedían al grito de “gitanos de mierda, fuera del pueblo” que varias familias dejaran el municipio. Las autoridades públicas tuvieron que actuar ante el acoso de los vecinos que se saldó con el incendio parcial de la vivienda de una de las familias. Este caso fue denunciado por varias ONG como “presunto delito de odio y discriminación”.

La doble discriminación de la mujer gitana

Durante la presentación también se ha hecho especial alusión a las mujeres gitanas quienes “sufren una situación de doble discriminación, por ser mujeres y gitanas” tal y como ha puntualizado Rosa Urbón. El informe señala que el número de mujeres víctimas de discriminación (149 casos) ha superado al de hombres (138) en el último año ya que las mujeres son víctimas preferentes de “vigilancia excesiva en los supermercados, desconfianza en entrevistas de empleo, la negación de alquileres y los estereotipos grotescos y excesivos en programas de telebasura”.

Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación, ha cerrado el acto apelando al cumplimiento efectivo de la legislación “para que no se vulnere el derecho a la no discriminación de los gitanos”.

Según el informe Focus on animation publicado por el Observatorio Audiovisual Europeo, Clan TV –el único canal infantil de la televisión pública española– apenas dedica tiempo de emisión a la animación de origen español.

El sector de la animación española está compuesto por más de 200 empresas productoras y distribuidoras de animación. Se trata de un sector en crecimiento cuyos ingresos se han triplicado en la última década y que prevé un impacto en la economía española de más de 1.500 millones de euros para 2017, según el Libro Blanco del Sector de la Animación. Lo conforman series como Pocoyó, Jelly Jamm o Lucky Fred, que han sido vendidas a más de 150 países.

Grandes diferencias con Europa

El informe, basado en datos de 2013, muestra que el porcentaje español de emisión de series de animación propias es de los más bajos entre las principales cadenas públicas europeas: un 1%. Mientras, otros canales como el italiano Rai Gulp o el británico Cbeebies dedicaron respectivamente un 44% y un 86% de su tiempo de emisión a la animación propia. Por el contrario, Clan TV dedica más de un 63% de su tiempo de emisión a series de animación de origen no europeo, porcentaje superior a las cifras de otros países y contrario a los principios básicos de programación de RTVE, que establecen que la Corporación debe asumir un papel destacado como apoyo activo de la industria audiovisual española.

Además del escaso tiempo de emisión, las series infantiles producidas por la propia cadena también están muy por debajo de la tasa establecida por la ley. De acuerdo a la última auditoría disponible realizada por el Estado a la Corporación de RTVE (2014) –a la que tuvo acceso eldiario.es a través del buzón filtrala.org– el porcentaje de producción interna emitida por Clan TV era del 10,33%, muy por debajo del 20% fijado por el actual mandato marco.

“Las televisiones, tanto públicas como privadas, de los diferentes países europeos apoyan sin rodeos su animación. Tanto en los modelos de coproducción, como en el pago de los derechos de antena. Además, le otorgan horarios preferentes en la parrilla.” afirma Víctor López, CEO de la productora de animación Vodka Capital y uno de los “padres” de Pocoyó.

Los horarios de emisión

En el año 2014, representantes de la animación, productores televisivos y productores independientes denunciaron “malas prácticas” por parte de Televisión Española que estaban afectando a las producciones de animación realizadas en España y a las empresas productoras, algunas de ellas al borde de la quiebra. “Es paradójico que la parrilla de Clan esté conformada, en sus principales horarios de prime time y en su mayor parte, por contenidos de multinacionales estadounidenses, quienes obtienen notables ingresos por una emisión, en horario de prime time, ya rentabilizada en sus países de origen y canales de distribución, negando espacio a los contenidos que el propio Ente ha coproducido y, por tanto, financiado”, rezaba el comunicado.

“Parece que llevan años con la parrilla al servicio de Nickelodeon” afirma Javier Tostado, presidente de ANIMAT –la Asociación de estudios de animación de la Comunidad Valenciana– que advierte de que los horarios de mayor audiencia de la cadena están mayoritariamente dedicados a series del conglomerado mediático estadounidense Viacom. “El porcentaje destinado a series de Viacom, como Nickelodeon, Dreamworks y Teletoon, suele rondar el 30%, además dichas series copan los mejores huecos de la parrilla año tras año, coincidiendo con la hora del desayuno, comida, salida del colegio y cena”.

Tostado no entiende que la cadena pública muestre tan poco interés por series producidas en España que han demostrado tener una buena acogida entre el público. Un dato corroborado por los representantes de la animación española, que en 2014 señalaban que “la mayor parte de las series de animación española tienen una media de audiencia superior a la del canal en cuanto a datos de audiencia y visionados en Internet”.

La falta de apoyo

“La calidad media de la series españolas es bastante alta, lo demuestran las cifras de ventas internacionales, con mucho, las mejores de toda la industria del entretenimiento en España” asegura Victor López que, como otros productores españoles, ha visto cómo las series de su productora tienen mejor acogida en el extranjero que entre nuestras fronteras. A pesar de los buenos resultados en el exterior, los productores critican que la falta de apoyo de la cadena pública española también les perjudica de cara al exterior: “En todos los países del mundo los contenidos de animación que se venden suelen venir avalados (y financiados, al menos en parte) por las televisiones de sus países. Los españoles, casi ninguno”, añade este productor.

“Cuando acudes a mercados internacionales con una serie de animación los compradores siempre preguntan cómo han funcionado las audiencias en el país de origen. No contar con buenas audiencias por haberse programado en una mala franja horaria o contar con pocas reposiciones suele generar desconfianza” señala la Asociación ANIMAT en un comunicado de prensa.“No es solo que nuestra cadena no nos apoye, sino que nos condena al fracaso” añade Tostado.

El papel de la cadena pública

El impacto de la falta de ventana para las producciones de animación nacionales ha provocado serios problemas en el sector provocando la desaparición de varios estudios. Desde Diboos, la Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación, creen que la falta de presupuesto es una de las causas del problema. “En el caso de Clan, el presupuesto es absolutamente insuficiente, se invierte más en productos comerciales norteamericanos” dice Carlos Biern, el presidente de la Federación.

TVE no ha contestado a las preguntas de eldiario.es relativas a los datos de emisión de series españolas ni a la valoración de esta falta de apoyo que denuncian los productores.

“¿Apruebas una coalición electoral con Podemos y otras fuerzas de cara a las elecciones del 26 de junio?” es la pregunta que Izquierda Unida ha hecho llegar a sus bases cuyos resultados serán dados a conocer el póximo jueves. Alrededor de 70.000 afiliados y simpatizantes están llamados a participar en la consulta para mostrar su apoyo o rechazo a la posibilidad de un acuerdo. Las etiquetas #confluenciasí y #confluenciano se han movido en redes para movilizar el voto de los simpatizantes.

El lunes ha sido el primer día que se podía participar en la consulta, una participación que se ha trasladado básicamente a las redes. Lunes y martes son los días que se puede votar a través de la plataforma de votación que IU ha colgado en su página Web y el último día, 4 de Mayo, lo podrán hacer de forma presencial en los lugares que habiliten para ellos las diferentes federaciones de la organización. Para poder votar, los participantes deberían haberse inscrito antes del pasado 28 de abril. “En este proceso contamos todos y todas” se puede leer en la Web donde IU anima a sus bases a que participen en este proceso donde podrán elegir entre el “sí”, el “no” o la “abstención”.

Alberto Garzón, el candidato a la presidencia por Izquierda Unida-Unidad Popular, ha manifestado su apoyo a la confluencia y ha subrayado la importancia política de este acuerdo. “Sobre los y las militantes de Izquierda Unida descansa ahora una parte importante y necesaria de la responsabilidad moral y política con las clases populares”, ha señalado Garzón, quién también ha destacado la importancia de la confluencia como “la única estrategia válida para enfrentar al enemigo de las clases populares”. Garzón ha utilizado una tribuna publicada en este medio para apoyar las tesis para votar a favor de la confluencia.

La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol; la secretaria de Comunicación, Clara Alonso; la responsable de Programas, Marga Ferré; Antonio Maíllo, coordinador Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía; Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda de Madrid y militante de IU; la directora de gabinete de la concejalía de Economía de Madrid, Esther López Barceló; y Felipe Alcaraz, exdirigente de IU y del PCA, entre otros, también han manifestado su apoyo a la confluencia a través de las redes sociales. “Es un momento de audacia. Digo con audacia #confluenciaSí para vencer al PP y poner el país al servicio de la mayoría”, ha publicado Maíllo en su perfil de Twitter. Del mismo modo que Sánchez Mato ha señalado que hay una “avalancha de motivos” para votar afirmativamente en la consulta.

Izquierda Abierta cree que la consulta ahora carece de sentido

Por su parte, desde Izquierda Abierta, el partido integrado en Izquierda Unida y liderado por Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, han criticado la campaña promovida por la dirección. Consideran que la pregunta lanzada a las bases es “tramposa” dado que implica una respuesta previa a conocer el contenido de un posible acuerdo. “Dar un sí antes de saber las condiciones de esa coalición y en qué lugar deja a las partes implicadas –en concreto a IU, que es la organización que defendemos-, es como aceptar un empleo sin conocer las cláusulas del contrato”, dice IzAb en el comunicado que han publicado en su página de Facebook.

En el comunicado, el grupo también ha declarado su firme apoyo a “una confluencia amplia de las izquierdas como alternativa real para transformar el país”. Por ello, hacen un llamamiento a la abstención en esta consulta y sugieren que la votación se aplace a los días 10 y 11 de Mayo cuando ya se haya celebrado el Consejo Político Federal –el máximo órgano de dirección federal de IU– del próximo día 7 y se conozca más sobre el contenido del acuerdo.

“Pienso más en el cambio de izquierdas que en IU. Precisamente por eso no comparto un acuerdo de conveniencia sin proyecto ni garantías” ha señalado Llamazares a través de su perfil de Twitter donde también ha hablado de “intolerancia” hacia aquellos que discrepan.

“IU sí, con mas fuerza” no reconoce la legitimidad de la pregunta

Desde “IU sí, con mas fuerza”, la candidatura apoyada por la eurodiputada Paloma López y apoyada por Cayo Lara, también han cuestionado la pregunta planteada a las bases del partido. En un comunicado publicado el pasado viernes, el sector crítico con Garzón ha expresado su rechazo a la pregunta porque “no se corresponde con las decisiones adoptadas por la Presidencia Federal de IU”. La candidatura dice haber trasladado al secretario de Organización de IU la posibilidad de modificar la pregunta para que “con claridad, permita la decisión informada de la militancia en el marco acordado en la Presidencia”.

Terminar los estudios, conseguir trabajo o independizarse son algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la actual juventud española. Éstas y otras situaciones de la vida cotidiana se complican para los jóvenes transexuales.  

“La etapa educativa es una de las más complicadas de afrontar cuando estás en una transición, es difícil encontrar centros inclusivos donde se respeten las diferencias y se pongan medidas reales para parar el acoso hacia el alumnado trans”, dice Ángela Sotogrande. Esta joven transexual no abandonó en ningún momento sus estudios porque tenía claro que “sin estudios y siendo trans, seguramente no llegaría a ninguna parte”.

Sin embargo, el caso de Ángela es diferente al de Elizabeth, que tuvo que cambiar de instituto porque el centro privado en el que estudiaba no ofrecía ninguna medida para acomodar a una alumna trans. O el caso de Paula, que abandonó el entorno escolar hasta en dos ocasiones.

Según el estudio Transexualidad en España, Análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados, solo un 39,2% de los jóvenes hizo visible su transexualidad cuando estudiaba. Los jóvenes transexuales coinciden a la hora de calificar los espacios educativos como entornos no inclusivos, especialmente durante la educación secundaria, cuando el sistema binario irrumpe con fuerza y los niños y las niñas tratan de encajar en uno de los estereotipos establecidos.

Para estos jóvenes transexuales el problema es de base. Creen que los roles de género en los que se educa a los niños son rígidos y los espacios educativos no educan sobre la diversidad ni invitan a que los alumnos se comporten como son. Además, acusan a leyes como la LOMCE de obstaculizar el crecimiento de entornos seguros y respetuosos en los que se persiga la transfobia, o cualquier otro tipo de acoso.

El difícil acceso a un puesto de trabajo

El problema del desempleo –que alcanza a un 46,5% de los jóvenes españoles– se agrava en el caso de los jóvenes transexuales, quienes suelen estar expuestos a la transfobia en el ámbito del trabajo. “A la hora de hacer el curriculum, ¿qué nombre pongo? ¿El legal o el mío? Y en la entrevista, ¿lo cuento o espero? ¿Y si me contratan y luego me piden el DNI?” Éstas son algunas de las preguntas que estos jóvenes se hacen a la hora de tratar de conseguir un empleo. “Te tienes que enfrentar a tus miedos como persona para hacer un simple curriculum” dice Rion, un joven de 21 años, que confiesa tener miedo a enfrentarse a la búsqueda de trabajo.  

El abandono del sistema educativo o la falta de concordancia de su imagen corporal con su nombre en el DNI son algunas de las razones que dificultan el acceso de estos jóvenes a un trabajo digno. “Hay ciertos trabajos a los que no podemos acceder si nuestra imagen no coordina con la que la sociedad establece”, dice Marcos, quien en más de una ocasión no ha sido contratado por esta razón.

Aitor, estudiante del Grado en Educación Primaria, también experimentó rechazo cuando solicitó hacer prácticas como monitor en un campamento: “Me dijeron que si tuviera cambiada mi documentación sí que podría trabajar, no tiene sentido porque es un papel donde pone un nombre y un sexo, no tiene nada que ver con lo que soy”.  

La precariedad también es un problema frecuente entre aquellos que consiguen un puesto de trabajo. Según el estudio elaborado por la Universidad de Málaga en 2011, un 33,3% de los personas transexuales tiene ingresos inferiores a 600 euros y más del 55% señala haber tenido algún conflicto en el trabajo al hacer pública su transexualidad. Esto hace que muchos jóvenes dirijan sus intenciones laborales hacia ámbitos “más abiertos” como la educación, la psicología o el propio ámbito trans. “Lo más probable es que termines siendo autónomo porque te das cuenta de que nadie te va a contratar”, dice Marcos.  

Estos jóvenes también coinciden en que las medidas de discriminación positiva en el acceso al empleo –que se aplican en comunidades como Navarra– son solo una solución temporal. “Son facilidades para llegar a las mismas oportunidades que tiene otra persona, si cambiase el sistema y no fuera necesario encajarte en un género para acceder a un puesto de trabajo, no necesitaríamos la discriminación positiva”, opina Marcos. Sin embargo, para otros jóvenes como Paula, la discriminación positiva no ayuda a normalizar la situación: “Yo, como persona trans no pido privilegios, pero tampoco pido perjuicios”, asegura esta joven.  

La emancipación forzada

Las trabas que estos jóvenes encuentran a la hora de encontrar trabajo también limitan sus posibilidades de independizarse económicamente. Según el último informe publicado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, el 80% de los menores de 30 años de nuestro país aún no ha conseguido emanciparse. El apoyo económico de la familia continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos para los jóvenes españoles, un apoyo fundamental para los jóvenes trans, quienes no siempre encuentran la aceptación dentro de su familia.  

Para ellos, muchas veces no existe la opción de una emancipación normal: “muchos jóvenes trans que viven fuera de casa lo hacen porque no han recibido apoyo familiar” nos cuenta Paula desde Galicia. Es el caso de Marcos que se marchó de casa a los 23 obligado por la insostenible situación que estaba viviendo. A día de hoy, con 27 años, Marcos vive de nuevo con su madre de quien aún depende económicamente. Este caso es habitual, tal y como nos cuenta Leo Mulió, psicólogo de la Fundación Daniela, dedicada a la defensa de los derechos de menores y jóvenes transexuales. Leo recibe muchos casos de jóvenes trans que no inician su cambio por miedo de quedarse en la calle: “El ser dependiente económicamente muchas veces frena y dificulta el proceso de cambio”.   

Las dificultades de la vida cotidiana

Actividades tan normales como utilizar la tarjeta de crédito, viajar, practicar deporte o incluso usar un cuarto de baño se convierten en situaciones de conflicto a las que los jóvenes transexuales se tienen que enfrentar en su día a día. El proceso para conseguir un nuevo DNI es largo y complicado y la falta de concordancia entre su imagen corporal y su nombre legal hace que constantemente tengan que dar explicaciones. En la universidad, en el banco, en el médico... Son muchos los ámbitos en los que estos jóvenes encuentran problemas. “Te sientes vulnerable, sientes que la ley no te respalda, que tienes que ir a contracorriente cada día”, confiesa Marcos. 

“Es absurdo, únicamente tener cambiado el DNI indica si eres 'una mujer' o 'un hombre' de verdad”, dice Andrea, quien sueña con poder competir en Atletismo. A pesar de tener apariencia femenina, la Federación le impide competir con el resto de chicas hasta que esta joven trans no consiga legalmente el cambio de identidad. Para Rion, la razón de que surjan todos estos problemas cotidianos es que “la gente necesita identificarte, ponerte en una caja o en la otra. No entienden que puede haber una tercera, una cuarta o las que sean”.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes. La víctima estaba haciendo compras por su barrio, Vallecas, cuando recibió un golpe seco por la espalda que lo tiró al suelo, después empezó a escuchar insultos homófobos mientras recibía patadas y puñetazos por parte de su atacante, según ha relatado a eldiario.es Rubén López, vocal de delitos de odio de Arcópoli. El agresor salió huyendo y la víctima pudo acudir a un hospital con la ayuda de un vecino donde fue atendido y se le facilitó un parte de lesiones. Posteriormente, la víctima solicitó asistencia a la Asociación, donde recibió apoyo por parte de los voluntarios y fue acompañado a interponer la denuncia correspondiente. El joven se encuentra de baja desde entonces.

Un ataque cada dos días

Con esta agresión, ya son 62 las contabilizadas por el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, 6 de ellas se registraron la última semana, como la de unos chicos agredidos en plena Puerta del Sol. Una cifra que dobla el número de ataques que el Observatorio monitorizó en la Comunidad de Madrid durante el año pasado. Ante este repunte, los miembros del Observatorio han solicitado una reunión con la alcaldesa, Manuela Carmena, con el fin de establecer las medidas necesarias.

El coordinador general de Arcópoli, Yago Blando, ha afirmado que “las instituciones han de implicarse a fondo en la lucha contra la LGTBfobia y, en especial, el Ayuntamiento de Madrid”. “Si no dan pasos adelante para reforzarnos, el colectivo volverá a sus armarios, con la consiguiente vulneración de nuestra dignidad y de la igualdad de la sociedad madrileña”, ha recalcado.

Ante la solicitud del colectivo, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, anunció que el Gobierno local ya trabaja en un protocolo de actuación frente a las agresiones al colectivo de LGTB. Durante el Pleno del Consistorio madrileño, Barbero detalló que tienen trabajando de manera activa en la materia a seis agentes, uno de ellos experto en este ámbito. Además, se ha iniciado una formación específica para la policía con respecto a delitos de odio a la que “se han apuntado alrededor de 400 policías”.

Las medidas de seguridad no son suficientes

Sin embargo, desde Arcópoli y el Observatorio creen que esa no es la única forma de atajar el problema. “No creemos que sea sólo un problema de seguridad, las medidas tienen que empezar por el ámbito educativo” ha señalado Rubén López. El deporte es otro de los ámbitos donde la Asociación quiere trabajar, el entorno deportivo es uno de los que más casos de homofobia registra y desde la asociación proponen la creación de campañas de sensibilización junto con los propios equipos deportivos para que se comprometan en la lucha contra esta problemática.

Como muestra de repulsa ante los últimos agresiones y con la finalidad de “canalizar la indignación social y solicitar mayor implicación a las instituciones madrileñas en la lucha contra esta lacra”, Arcópoli y el Observatorio han convocado una concentración para el próximo sábado, a las 18 horas en la Puerta del Sol.

Los servicios funerarios están considerados servicios de interés general y cobertura universal al igual que lo son el abastecimiento de agua, la sanidad o el transporte público. Sin embargo, según la OCU, el precio medio de un sepelio en nuestro país ronda los 3.500 euros, un precio que aumenta en ciudades como Tarragona o Barcelona, donde puede alcanzar los 5.000 y 6.000 euros. Varios estudios y asociaciones señalan que estos precios son el resultado de prácticas restrictivas a la competencia y de la poca información que ofrece el sector.

El mercado del sector funerario se caracteriza por tener una demanda particularmente estable. De acuerdo al último estudio del Instituto Nacional de Estadística, en 2014 se produjeron en España 395.830 defunciones, 5.411 más que en el periodo anterior. Este aumento de la tasa de mortalidad repercute directamente sobre un sector cuya demanda además es “forzosa y de primera necesidad”, tal y como fue definida por el Estudio sobre los Servicios Funerarios elaborado por los Ministerios de Sanidad y de Hacienda en el año 2010.

La escasez de competencia

El mercado funerario español estuvo fuertemente regulado hasta 1996 cuando se produjo un proceso de liberalización que dio lugar a efectos muy desiguales en las diferentes ciudades españolas. Según el Observatorio de Política de la Competencia, la liberalización permitió la entrada en escena de numerosas empresas funerarias en algunas localidades, mientras que en otras los cambios fueron mínimos y la funeraria participada por el Ayuntamiento siguió operando en solitario.

En 2010, el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas informaba de que en el 21% de los municipios españoles sólo operaba una sola empresa funeraria. Finalmente, la Ley 25/2009 –también conocida como Ley Ómnibus– favoreció la liberalización del sector eliminando parte de las trabas para conseguir una licencia funeraria. Sin embargo, desde ESFUNE, una asociación que busca la liberalización del sector, aseguran que muchos ayuntamientos aún no han adaptado sus ordenanzas a la legislación vigente, lo que da lugar a la existencia de oligopolios “encubiertos y consentidos”.

La OCU alertaba en 2013 de esta situación y señalaba que en aquellas ciudades donde continúa operando una sola empresa participada por el Ayuntamiento “ni la calidad de la información ni los precios responden a lo que debería ofrecer un servicio público”.

Panasef, la Asociación Nacional de los Servicios Funerarios, asegura que la competencia ha aumentado y que cada vez hay más operadores prestando servicios. Josep Ventura, su portavoz, destaca el esfuerzo de las empresas por mejorar las condiciones del servicio y apunta al aumento del IVA –que pasó del 8% al 21% en 2013 – como responsable de los elevados precios del sector. Sin embargo, estos servicios ya eran caros antes de 2013.

“Solicitamos una normativa del sector funerario para que se unifiquen criterios de establecimiento de servicios”, dice Ventura. La normativa exigida por el sector, se materializó en el proyecto de Ley de Servicios Funerarios, aprobado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este proyecto pretendía unificar la dispersa regulación de este servicio y eliminar las trabas a la competencia en el sector. El texto, aprobado en junio de 2011, quedó interrumpido con la llegada del Partido Popular al poder.

El contexto emotivo influye

El peculiar contexto de emotividad en el que se desarrolla la compra de estos servicios es un condicionante para los usuarios, que convierte esta necesidad en una compra inmediata e imprevista, donde no suelen primar los criterios económicos. La urgencia del servicio hace que la demanda sea particularmente inelástica y no se vea alterada significativamente con las variaciones en los niveles de los precios.

Asociaciones como Funerarias Abusos No denuncian que las deficiencias de información en el proceso de contratación de este servicio también pueden conllevar abusos en los precios del mismo. “Se aprovechan de las circunstancias emocionales, de un servicio que no puede esperar y donde nos suele faltar información”, asegura José Luis Manzano, fundador de la Asociación.

El estudio publicado en 2010 también alertaba sobre el poder de negociación de las empresas suministradoras que en ocasiones logran que los usuarios adquieran paquetes cerrados con servicios no deseados. Estas circunstancias predisponen una “demanda inducida por el oferente” que reduce las posibilidades de comparación de los usuarios entre proveedores alternativos.

La influencia de las compañías aseguradoras

Según datos de Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras, alrededor de veinte millones de españoles tiene contratado un seguro de decesos. Las compañías de seguros –que gestionan el 60% de los fallecimientos de nuestro país– tienen una estrecha relación con las empresas que ofrecen servicios funerarios, ya que suelen intermediar entre éstas y los usuarios. Las asociaciones denuncian que los lazos entre aseguradoras y funerarias limitan la competitividad al restringir la libertad de elección de los asegurados, que normalmente optan por alguna de las empresas funerarias ofrecidas por su compañía aseguradora.

El caso de Madrid

El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Madrid aprobaba la remunicipalización de la principal funeraria de la capital, privatizada en 1993 y que se hará efectiva en septiembre. El consistorio señala que el cambio a la gestión pública del servicio permitirá que los beneficios económicos pasen a las arcas municipales, lo que revertirá en la ciudadanía. Sin embargo, se mantendrá la política de precios establecida por la anterior empresa gestora.