El abogado Nicolás González- Cuellar es el último nodo en la compleja red de relaciones e intereses que se ha tejido en los últimos meses en torno al juez Salvador Alba. El magistrado y el exministro José Manuel Soria, a quienes ya unía la animadversión hacia la también jueza y exdiputada de Podemos Victoria Rosell, comparten desde el pasado 23 de junio representación letrada. González-Cuellar fue quien redactó la primera querella que el ex líder del PP en Canarias interpuso en diciembre de 2015 contra su rival política por injurias y calumnias. También es el autor de la demanda contra eldiario.es y los periodistas Ignacio Escolar y Carlos Sosa por las informaciones sobre las vacaciones de Soria en Punta Cana.

Ahora es Alba quien recurre a sus servicios para intentar demostrar su tesis de que el presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, al que investigaba por un presunto fraude fiscal, manipuló una grabación en la que se escucha cómo el magistrado conspira con el empresario para perjudicar a Rosell, a quien sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Por el contenido de esta grabación, Alba está siendo investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Las coincidencias no acaban ahí. La segunda querella de Soria contra Rosell, esta vez ante el Tribunal Supremo, también conecta con actuaciones de Alba. Y es que un informe redactado por el magistrado tras la declaración acordada con el empresario resultó crucial para que el alto tribunal admitiera a trámite la querella del exministro contra Rosell. En esta ocasión, la querella no la firmó González-Cuellar, sino Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado y dirigente histórico del PSOE, que copió de forma literal pasajes de un informe reservado de Alba al que sólo podían tener acceso la Fiscalía y el propio juez.

Investigado en el TSJC y con diligencias informativas abiertas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Alba sigue ejerciendo en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y acumulando sustituciones en otros juzgados. Los designios judiciales han querido que en el camino de Alba se crucen dos de los mayores casos de corrupción de la isla de Lanzarote: Stratvs y Unión. Será ponente en el primero y en dos piezas del segundo.

Por la cantidad de delitos y el número de tramas, Unión está considerado el mayor caso de corrupción de Canarias. El empresario Luis Lleó es el principal encartado. Está acusado de intentar sobornar a un consejero del Cabildo de Lanzarote para desbloquear un proyecto urbanístico en la isla.

Desde que el caso estallara en 2009, su estrategia ha consistido en tratar de desacreditar las actuaciones de los instructores y dilatar el proceso. Para ello ha interpuesto más de sesenta recursos, en la inmensa mayoría de las ocasiones sin éxito. Sí prosperó, en cambio, una apelación clave. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que forma parte el juez Alba, anuló la orden de entrada y registro a las oficinas de Lleó dictada por el primer instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro.

Con esta anulación, dejó de tener validez un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implicaba a dos jueces que asesoraron al empresario para evitar el pago de impuestos. Se trataba de Ignacio Sánchez Yllera, en la actualidad en la Audiencia Provincial de Madrid, y Ángel Aguallo Avilés, entonces letrado del Tribunal Constitucional. Este último también asesoró a Iñaki Urdangarin en la trama empresarial que dio origen al caso Nóos.

Tras el auto de apertura de juicio oral, Lleó pidió la recusación del juez que había sido designado presidente del Tribunal del Jurado, José Luis Goizueta, porque había resuelto algunos de los numerosos recursos presentados por el empresario. El TSJC tardó un año en contestar a esta solicitud, pero terminó apartando a Goizueta y nombrando como sustituto a Alba.

Curiosamente, y a pesar de que también ha resuelto recursos sobre la pieza de Lleó, algunos de ellos con el propio Goizueta, Alba no ha sido recusado por el empresario. En uno de los autos de esta causa en los que figura como ponente, fechado en enero de 2015, Alba avaló que se incorporara al sumario, en contra del criterio de la jueza instructora, un certificado que Lleó solicitó a la secretaria de gobierno del TSJC sobre las vacaciones del juez Pamparacuatro. El empresario pretendía demostrar con este certificado que el juez había dictado resoluciones en periodo vacacional. El auto de Alba reforzaba el argumentario de Lleó, ya que negaba que la secretaria hubiera infringido la Ley de Protección de Datos al revelar esta información y advertía de que este hecho podría tener incidencia en la validez de las resoluciones adoptadas por Pamparacuatro.

El certificado fue finalmente anulado por el Poder Judicial porque la secretaria del TSJC se lo había proporcionado al investigado sin tener competencias para ello y sin que estuviera motivado. Sin embargo, el documento entregado a Lleó terminó en manos de otro de los actores que se han sumado a este entramado, la asociación de juristas Jiménez de Asúa, constituida en 2015. Este colectivo de abogados radicado en la isla de Gran Canaria utilizó el certificado para querellarse contra el juez Pamparacuatro por los mismos hechos por los que lo había denunciado con anterioridad Lleó. Ambas querellas fueron archivadas.

La aparición de esta asociación de abogados y su repentino interés por personarse como acusación particular en todas las causas de corrupción de Lanzarote ha generado desconfianza en sectores de la judicatura. Y es que además de la querella contra Pamparacuatro, la Jiménez de Asúa ha intentando recusar a la actual jueza instructora del caso Unión, Silvia Muñoz, por haber denegado su personación en una de las piezas. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas no sólo rechazó la recusación, sino que además acusó a la asociación de mala fe y le impuso una multa de 1.000 euros. Se da la circunstancia de que uno de los abogados que representa a este colectivo, Juan David García Pazos, lo fue también de Luis Lleó en una vista del caso Unión. La Jiménez de Asúa y el empresario comparten procurador y fuentes judiciales han corroborado que los vínculos entre ambos son estrechos.

Para cerrar el círculo, la asociación de juristas ha pedido también ejercer la acción popular en las causas que se tramitan en el TSJC y que afectan a Salvador Alba, el magistrado que deberá juzgar a Lleó, y a Victoria Rosell. En esta última ya está personado con la misma figura jurídica el exministro Soria. Alberto Rubio, uno de los miembros del colectivo de abogados, anunció recientemente en Radio Faycán su decisión de personarse y se limitó a señalar que su objetivo era actuar “contra todo comportamiento que se aparte de la norma”, sin especificar qué interés concreto les conduce a inmiscuirse en estos casos ni qué actuaciones prevén acometer.

Caso Stratvs

En el otro juicio por corrupción que deberá presidir Alba, el caso Stratvs, también coinciden nombres e intereses. El conocido empresario inmobiliario y turístico Juan Francisco Rosa, dueño de la bodega ilegal que da nombre al caso y principal encartado en el mismo, está acusado además en Unión. Su figura aparece vinculada a la de Lleó. Según la investigación de la Guardia Civil, Rosa estaba interesado en comprarle toda la parcela donde el promotor pretendía levantar la urbanización de Costa Roja (ya era propietario de una parte), por lo que podría haber resultado beneficiado en c“aso de que se desbloqueara el proyecto.

En la instrucción del caso Stratvs ejerció como abogada de Rosa la esposa de Rafael Lis, titular del juzgado de instrucción 3 de Arrecife, a quien la Audiencia Provincial de Las Palmas le obligó a apartarse de la causa del presunto robo de autos del caso Unión por tener “un interés directo o indirecto” en la misma. A pesar de ello, Lis se resistió a abandonar un procedimiento que terminó convirtiéndose en una investigación sobre la instrucción de Pamparacuatro. Incluso permitió que se personaran los principales imputados de Unión, entre los que se encontraban Lleó, Rosa o Dimas Martín. El TSJC ha admitido la querella que el exsecretario del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife interpuso contra Lis por este procedimiento. Se le acusa de falsedad documental, prevaricación judicial y retardo malicioso en la Administración de Justicia. El mismo juez acumula además varios expedientes del Consejo General del Poder Judicial, uno de ellos por mantener paralizadas durante más de dos años unas diligencias contra Lleó.

Al igual que sucede en Unión, el caso Stratvs lo instruye la jueza Silvia Muñoz. Sin embargo, en esta ocasión no pidió personarse el colectivo Jiménez de Asúa, pero sí la denominada asociación ecologista Jacón, también de reciente creación y conectada con aquella por el abogado David García Pazos, el mismo que representó a Lleó. Este letrado ya había intentado ejercer la acción popular a través de otra organización ecologista, Agonane, pero sus miembros acabaron renunciando al sentirse engañados por García Pazos.

Esta red de relaciones tiene su vertiente mediática. El juez César Romero Pamparacuatro, primer instructor de Unión, y el fiscal Ignacio Stampa, encargado de la investigación tanto en este caso como en el de Stratvs, han sufrido duros ataques por parte del grupo de comunicación lanzaroteño Lancelot y del periodista grancanario Francisco Javier Chavanel. Juan Francisco Rosa es el propietario de Lancelot, en el que además colabora semanalmente Chavanel, ahora en Radio Faycán con un programa en el que también participan en una sección los abogados Juan Alberto Rubio Ortega y Luis Gómez Cantero, vinculados a la asociación de juristas Jiménez de Asúa. Otro de los letrados de este colectivo, el ya mencionado García Pazos, conectado con Lleó, también defiende a Chavanel en la demanda que le interpuso el representante del ministerio fiscal Ignacio Stampa.

Como ministro de Turismo, Soria se pronunció el pasado mes de diciembre sobre la situación de la bodega Stratvs. “Es absolutamente desolador que haya bodegas que son referencia en Lanzarote, en Canarias e incluso España, no sólo desde el punto de vista vitivinícola, sino como reclamo turístico, que estén cerradas”, afirmó en declaraciones recogidas por Lancelot Digital.