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El abogado de Soria ‘fusiló’ un informe reservado del juez Alba en la querella contra Rosell

El ‘copia y pega’ es tan evidente que se inserta en otra fuente de letra manteniendo expresiones como “este Magistrado” y con numerosas frases literales

El informe está fechado el 9 de diciembre de 2015; se elaboró a petición de la fiscala de Delitos Económicos en unas diligencias de la Fiscalía declaradas ilegales por el TSJC

Al magistrado de Sala del Supremo, que ha pedido dos veces la inadmisión de la querella, le llamaron la atención los textos, “de ignota procedencia”

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Eligio Hernández, abogado de José Manuel Soria. (ALEJANDRO RAMOS)

Eligio Hernández, abogado de José Manuel Soria. (ALEJANDRO RAMOS)

El abogado del exministro José Manuel Soria reprodujo casi en su integridad párrafos completos de  un informe reservado elaborado en diciembre de 2015 por el magistrado Salvador Alba para elaborar la querella contra la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos. Eligio Hernández copió y pegó de tal manera el contenido del informe que en una ocasión se le llegó a escapar la utilización de la primera persona por parte del autor, “este magistrado”, en coincidencia con el original.

El informe de Salvador Alba copiado por el ex fiscal general del Estado y abogado de Soria fue elaborado a petición de la fiscala de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos,  en el curso de unas diligencias preprocesales abiertas en diciembre de 2015 por la Fiscalía de Las Palmas que  fueron declaradas ilegales en marzo de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Era un informe reservado al que no tuvieron acceso más que la Fiscalía y el juez Alba, ya que en las diligencias no había partes personadas.

En total, Eligio Hernández copia y pega siete párrafos del informe de Alba introduciendo pequeños cambios pero manteniendo sustancialmente su contenido, incluidas fechas concretas y trámites internos del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria (del que era titular Rosell antes de presentarse a las elecciones de diciembre pasado) y de los que en el momento de interponer la querella no existían referencias públicas en ningún otro expediente.

De ahí que al fiscal de Sala del Supremo, adscrito a la Sala Segunda que preside Manuel Marchena, le llamara la atención esta aportación de Eligio Hernández, que considera “de ignota procedencia”. Por dos veces el fiscal pidió la inadmisión de la querella, incluso después de que llegara al Supremo el informe del magistrado Salvador Alba, elaborado a partir de la declaración manipulada del empresario Miguel Ángel Ramírez.

La manipulación del documento desemboca en algunas ocasiones en que las frases pierdan su sentido, que se recupera una vez el autor de la copia retoma el hilo argumental introducido por el magistrado Salvador Alba con datos muy precisos, necesarios para articular la querella de Soria contra la magistrada Victoria Rosell por prevaricación, cohecho y retardo malicioso.

Salvador Alba se encuentra en estos momentos incurso en un proceso penal en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Alba fue descubierto en una maquinación contra la jueza Rosell al hacerse pública por eldiario.es  una grabación de una reunión en la que pacta con el empresario Miguel Ángel Ramírez una declaración judicial en la que quedara comprometida la instrucción de una causa contra éste en Instrucción 8 cuando la ex diputada lo investigaba.

En el original de Salvador Alba se puede leer: “El 29 de abril de 2014 se presenta escrito por la acusación particular interesando se tenga por ampliada la querella por los mismos hechos pero referidos a los años 2010 a 2013, solicitando en ese mismo escrito se imponga a los investigados una fianza para responder de las eventuales responsabilidades pecuniarias”

En el escrito de querella de Soria contra Rosell, el ex fiscal general del Estado escribe: “El 29 de abril de 2014 se presenta por la acusación particular escrito de ampliación de la querella por los mismos hechos referidos a los años 2010 a 2013, solicitando que se impusiera a los investigados una fianza para responder de las posibles responsabilidades pecuniarias”.

Más adelante Alba escribe: “Debemos destacar esta providencia de 29 de abril de 2014, pues la misma siendo recurrido (sic) por el Ministerio Fiscal, no fue confirmada por auto de la titular del Juzgado desestimando el recurso de reforma hasta el día 28 de abril de 2015, día que consta en la fecha del auto por el que se desestima recurso de reforma, aunque en realidad no accede al sistema informático Atlante hasta el día 5 de mayo de 2015, esto es, un año después de la interposición del recurso. El fiscal cursó solicitud el 2 de diciembre de 2014 de que se le diera traslado del auto resolviendo el recuso de reforma pues no le constaba su resolución, ya que la misma aún no había tenido lugar en dicha fecha, como ha quedado expuesto”.

En su querella contra Rosell, el abogado de Soria escribe: “Esta providencia de 29 de abril de 2014 fue recurrida por el Ministerio Fiscal, y no fue resuelto el recurso de reforma por la titular del Juzgado hasta el día 28 de abril de 2015, en que dictó auto desestimándolo, aunque en realidad no accede al sistema informático Atlante hasta el 5 de mayo de 2015, un año después de la interposición del recurso. El fiscal cursó solicitud el 2 de diciembre de 2014 de que se le diera traslado del auto resolviendo el recurso de reforma pues no le constaba su resolución, ya que aún no había tenido lugar en dicha fecha”.

El copia y pega se va haciendo cada vez más evidente a medida que avanza la redacción de esta parte de la querella. En la siguiente página del informe de Alba se lee: “La acusación particular había solicitado en abril de 2014, reiterado el 29 de julio de 2014, y vuelto a reiterar el 24 de noviembre de 2014 la práctica de una serie de diligencias, que aún a mi toma de posesión no había sido resueltas en su totalidad, sobre todo la de requerir a SIC para aportar datos de facturación de los años 2010 a 2013 de la prestación de servicios de vigilancia, así como que se requerir a los clientes de SIC para que aporten una relación nominal desde el año 2008 de trabajadores adscritos a servicios de vigilancia. Estas diligencias fueron suscritas por el Ministerio Fiscal quien apoyó su práctica por el Juzgado de Instrucción, pero no se han resuelto”.

Ya con la mano cansada de copiar y pegar, Eligio Hernández sólo introduce unos pequeños cambios para dejar el párrafo así: “La acusación particular había solicitado en abril de 2014, reiterado el 29 de julio de 2014, y vuelto a reiterar el 24 de noviembre de 2014 la práctica de una serie de diligencias, que aún a la toma de posesión del Magistrado por sustitución voluntaria no habían sido resueltas en su totalidad, sobre todo la de requerir a los investigados para aportar datos de facturación de los años 2010 a 2013 de la prestación de servicios de vigilancia, así como la de que se requiera a los clientes para que aporten una relación nominal desde el año 2008 de trabajadores adscritos a servicios de vigilancia. Estas diligencias fueron suscritas por el ministerio fiscal quien apoyó su práctica por el Juzgado de Instrucción, pero no se han acordado”.

El clímax de la copia se alcanza en el penúltimo párrafo de las alegaciones del abogado de José Manuel Soria, cuando desliza por error la siguiente frase: “Cuando toma posesión el del juzgado el Magistrado por sustitución voluntaria, el sobre que contenía el indicado pen drive con tan voluminosa documentación no había sido ni siquiera abierto, y desde luego no se dio copia del mismo al resto de las partes, lo que acuerda por este Magistrado (sic) con la mayor urgencia posible el mismo día 9 de diciembre de 2015”.

Es, con sutiles diferencias, lo mismo que escribe en su informe reservado el juez Salvador Alba: “Lo curioso es que cuando quien esto suscribe toma posesión del juzgado, el sobre que contenía el indicado pen drive con tan voluminosa documentación no había sido ni siquiera abierto, y desde luego no se dio copia del mismo al resto de las partes, lo que acuerda este Magistrado que suscribe con la mayor urgencia posible el mismo día 9 de diciembre de 2015”.

El informe de Alba se incorporó a las investigaciones de la Fiscalía de Las Palmas abiertas a partir de un sobre anónimo conteniendo un contrato entre la UD Las Palmas y la pareja de la juez Rosell cuya única copia existente obraba en poder de José Manuel Soria por aquellas mismas fechas, finales de noviembre de 2015.

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