Alumnos de sexto de primaria que comparten clase con otros de quinto, chavales de tercero que se mezclan con los de cuarto o “una clase de niños de tres años con  unos pocos de cuatro y otros pocos de cuatro con los de cinco”, según relatan a eldiario.es fuentes del colegio José Bergamín en el distrito de Fuencarral, donde los profesores “tienen que dividir la clase en media hora para cada curso”. Esta es la situación en hasta cuatro colegios públicos de educación Infantil y Primaria de Madrid capital.

“Es una barbaridad”, resume la responsable de la sección de educación de Comisiones Obreras en Madrid, Isabel Galvín. Esta medida le parece un agravio comparativo respecto al resto de centros que destinan un docente para cada curso y una muestra de la política de desinversión en centros públicos, que, según ella, está llevando el Ejecutivo de Cifuentes. “Van dejando que el centro se hunda para decir que no hay demanda”, remarca. “La pretensión es antes o después cerrarlo”, comenta sobre el José Bergamín, cuya clausura se planteó la Comunidad de Madrid el pasado curso.  “La directora de Área Territorial de Madrid capital,  Belén Aldea,  dijo que ese año lo habíamos conseguido, pero que iban a ir a por él”, relata sobre el colegio. 

La agrupación de alumnos de diferentes cursos en la misma aula se aplica en centros rurales como “medida excepcional”, para “garantizar un derecho” en zonas despobladas, según comenta Galvín, pero no “como forma ordinaria de planificación de la enseñanza”. Además, el sindicato pone de relieve el problema añadido de juntar alumnos cuando los profesores tienen que formarlos con las reválidas de tercero y sexto de primaria en el horizonte.

La Comunidad de Madrid reconoce que mantiene cuatro centros públicos de educación infantil y primaria en Madrid capital con las llamadas aulas mixtas: el José Bergamín y el Vasco Núñez de Balboa en el barrio de Fuencarral, Ramón María del Valle Inclán en San Blas y Joaquín Dicenta en el barrio de Lucero, todos con un elevado porcentaje de alumnado de nivel socioeconómico bajo. El José Bergamín, junto al Joaquín Dicenta, está catalogado 'de difícil desempeño', etiqueta las escuelas en las que el trabajo de los docentes es de especial complicación dadas las características de los alumnos.

El Ejecutivo de Cifuentes subraya que esta práctica es totalmente legal. “Estarían en peligro de desaparecer por falta de alumnado”, responden al ser preguntados por el tema, y mantienen que la educación en esos centros “es de la máxima calidad” y que respetan las ratios fijadas por ley.  Desde Comisiones Obreras replican que el número de alumnos es suficiente para mantener un profesor por curso.

Denuncian que no se cubren las bajas

“Llevamos pidiendo un profesor desde principio de curso y no nos lo quieren dar”, denuncia Aida San Millán, delegada sindical del José Bergamín, uno de los centros que mezcla alumnos diferentes cursos en la misma aula. También señala que no se cubren las bajas de los docentes que enferman y que a raíz de todo ello prepara una carta dirigida a la Consejería para protestar por la situación, que se sumará a las que presentaron el curso pasado para paralizar la amenaza de cierre y denunciar que el equipo directivo se cambió “a dedo”.

San Millán radiografía el centro como un colegio que educa a niños de familias con pocos recursos y, a su juicio, castigado por la Consejería de Educación. “El año pasado los padres pidieron dinero a la parroquia para financiar el comedor y los libros de texto”, recuerda la delegada sindical de una escuela que forma a 107 niños y cuyas 'aulas mixtas' tienen una ratio de 22 chavales por docente.

Además, San Millán pone el foco en que la situación socioeconómica de las familias hace que los alumnos necesiten una atención más personalizada cuando cree que la Consejería de Educación hace precisamente lo contrario. 

necesiten una atención más personalizada

La representante de CCOO Galvín cree que este proceso corre en paralelo al “cambio urbanístico” y a la aparición de familias  con mayor nivel socioeconómico, como ocurre en el barrio de Fuencarral y la proliferación posterior de la zona residencial de Tres Olivos. A su juicio, se descuidan los centros públicos en una zona con colegios concertados que conllevan una serie de “costes ocultos” que las familias más humildes no pueden asumir.

Los sindicatos también han alertado sobre el cambio en la dirección de varios colegios públicos, entre ellos el José Bergamín. En el caso de este centro, según un escrito remitido a la Consejería el pasado 7 de julio y al que ha tenido acceso eldiario.es, Comisiones Obreras denuncia que el Ejecutivo de Cifuentes impuso un nuevo director a pesar de que el equipo directivo al frente en ese momento manifestó expresamente su deseo de permanecer en el centro.

Así, según la versión del sindicato, que tildó la decisión de “inaceptable”, el nuevo director manifestó sus dudas respecto al proceso a la directora de Área Territorial, responsable de su nombramiento. La respuesta que obtuvo fue que, “ si no aceptaba el cargo”, la directora “tenía a otra persona esperando” para que ocupara su puesto, aseguran. 

hechas por emprendedores que ven en la tecnología posibilidades para hacer una sociedad mejor

Ejecutivos de Google, Facebook o Amazon convertidos en estrellas, emprendedores, inversores, teléfonos buscando wifi y muchas ideas. Es la resaca que deja el Web Summit, el foro tecnológico global celebrado la pasada semana en Lisboa (Portugal).

Entre las ideas, la mayoría presentadas por startups, se encontraban varias de carácter social. El objetivo: utilizar la tecnología como una herramienta para cambiar y mejorar las sociedades del presente y el futuro. Destacamos algunas de las más interesantes.

Trabajo para los refugiados

“Conectamos a refugiados con particulares dispuestos a ofrecerles un empleo”, resume Christian Jantz, fundador de Aiden. Esta startup alemana exige que el salario ofrecido sea superior al mínimo legal y, según comenta su creador, las tareas a desempeñar suelen consistir principalmente en “jardinería, reparaciones, cuidado de animales domésticos o limpieza”.

Los refugiados encuentran así lo que muchas veces puede convertirse en su primera experiencia laboral que después les ayude a conseguir un empleo más cualificado, destaca su promotor. Actualmente desarrollan su actividad en Bonn, aunque ya preparan su salto a otras ciudades alemanas como Colonia.

Nunca más ambulancias que no llegan

El sistema de ambulancias en la región del Punjab, en la India, es “lento y deficiente”, explica Munira Miyazi, de Murgency. Esta app surge para paliar ese problema y conecta de forma rápida a personas que necesitan atención sanitaria urgente con varias empresas de ambulancias públicas y privadas.

El servicio no supone ningún coste extra para el paciente, ya que tiene el mismo precio que el de una ambulancia pública convencional allí: cinco dólares, de forma que la compañía que presta la atención recibe cuatro y Murgency, uno. “Es una ventaja para ambos, porque proporcionamos trabajo a las empresas y el paciente recibe atención antes”, subraya Miyazi. Murgency ha recibido más de diez premios en ferias de emprendedores y mantiene acuerdos de colaboración con Harvard, Standford y el MIT.

Un paso por delante de las epidemias

Zika, Dengue, Chikungunya... son algunas de las enfermedades que amenazan a países como Brasil y a las que Epitrack quiere plantar cara. “Es una aplicación en la que el usuario puede reportar síntomas y partir del tratamiento de esos datos se consiguen identificar áreas de riesgo para algunas epidemias”, expone el epidemiólogo brasileño Onicio Leal, padre de esta startup que ya emplea a 10 personas.

“Al alertar de forma temprana, el gobierno puede dar una respuesta mucho más anticipada y asertiva para que la enfermedad no se disemine”, detalla Leal. También señala que en ningún caso pretenden sustituir el diagnóstico que pueda hacer un profesional sanitario, sino poner sobre la pista de una posible epidemia. Epitrack también funciona en algunas áreas de EEUU y se financia mediante colaboraciones con gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

La startup de los presupuestos participativos

startup¿Qué tienen en común Santiago de Compostela, Glasgow, Aberdeen o el área metropolitana de Lisboa? Que en todos estos lugares la ciudadanía decide qué hacer con parte del presupuesto municipal y que la startup portuguesa Change Tomorrow está detrás de ello.

Esta organización emplea a 25 personas y ayuda a 20 municipios de diferentes países a poner en marcha sus presupuestos participativos. Han conseguido que, de media, el 15% del censo de cada localidad vote, aunque han llegado hasta el 25% en la ciudad lusa de Ovar, detalla orgulloso César Silva, promotor de la startup. “También instalamos puestos de votación públicos para que participen personas que no usan Internet, como los mayores o determinadas minorías, que son precisamente las que más necesitan muchas de las medidas puestas en marcha con los presupuestos participativos”.

Evitar violencia machista y acoso escolar con el dedo

SocialDinapp contribuye a la detección temprana de problemas sociales. “El usuario introduce datos sobre lo que le preocupa de manera confidencial”, explican en su web. La app ayuda a detectar y prevenir situaciones de violencia de género, bullying o “cualquier otro tipo de problemática relacional”, describe José Luis Rodríguez, educador social y creador de la aplicación.

Una vez perfilado el problema, la app envía los datos a un “simulador social” en el que se prueban las distintas opciones de actuación y las posibles consecuencias de cada una. “Es un laboratorio virtual”, apunta Rodríguez, que señala que una de las claves de su proyecto es que “despersonaliza el contacto y hace aflorar la demanda temprana” de ayuda por parte de personas que, de otra manera, no la solicitarían.

La plataforma también ofrece servicios de atención personal en el entorno familiar o social a través de profesionales especializados si los usuarios lo piden o lo necesitan. Social Dinapp ya se ha probado con madres víctimas de violencia machista con buenos resultados. Además, el educador social y padre de la aplicación trabaja en una experiencia piloto en el distrito madrileño de Hortaleza.

¿Cómo comprar sin olvidarse del medio ambiente?

“Hay un montón de recomendaciones para cuidar de la Tierra, pero también tienes que tener en cuenta el dinero en esa ecuación”, sostienen desde Planetiers. La iniciativa analiza productos de consumo general y los evalúa en función de su impacto medioambiental sin olvidar que muchos ciudadanos tienen un presupuesto ajustado.

Planetiers proporciona “un certificado de impacto medioambiental” para todo tipo de bienes de consumo, sin coste para el usuario. Financiada por sus fabricantes, estos subrayan que todo el proceso de evaluación de impacto está realizado por ingenieros, lo que garantiza su veracidad. Además, dicen estar preparando un “Tinder de productos sostenibles” para subirse al carro de la 'gamificación'.

Marketing para proyectos de cooperación

“Por ejemplo, un periodista puede realizar un voluntariado online con un proyecto de cooperación charlando por Skype con sus miembros una hora por semana y asesorándoles sobre cómo comunicar mejor su iniciativa”. Así explica el francés Oliver Eyres una de las posibilidades que ofrecer Share a Dream, organización de la que es vicepresidente y que busca dar “visibilidad” a proyectos de cooperación.

Esta startup promociona proyectos solidarios en su web sin ningún coste, facilitando que estos reciban donaciones, asesoría gratuita y voluntarios, tanto online como offline. Su financiación proviene de las aportaciones de los planes de responsabilidad corporativa de las empresas con las que colaboran y a las que ofrece oportunidades de voluntariado para sus empleados.

Cuando una cirugía tarda demasiado

Medifix trabaja en Costa Rica, un país en el que el sistema público de salud atiende con un importante retraso, según el promotor de esta startup, Alberto Alfaro. “Juntamos a pacientes que necesitan urgentemente una operación para que puedan negociar colectivamente mejores precios con los hospitales privados”, resume el creador de esta iniciativa con la que se han conseguido rebajas de hasta el 60%.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha reunido este viernes con varios colectivos que representan a los 'manteros', “para explorar vías que permitan a estas personas salir de la situación de precariedad en la que viven”, según un comunicado remitido por el Consistorio.

Carmena también ha reconocido que a pesar de las medidas sociales y de que el Ayuntamiento no “criminaliza” a los manteros, “no puede ser tolerante con la venta de productos falsificados”, ya que son “ilegales”.

El Ayuntamiento asegura que estudiará “fórmulas para que los inmigrantes puedan tener la tarjeta de ciudadanía”, y facilitará “su inserción laboral a través de ferias de artesanía y otros trabajos a través de la Agencia de Empleo. Además, se trabajará para que se puedan inscribir en un registro municipal ”para su plena identificación“ y se acordó crear un grupo de trabajo ”para buscar la integración sociolaboral“ de este colectivo y con el que se mantendrán reuniones posteriores.

Durante el encuentro entre asociaciones y la alcaldesa se concentraron varios 'manteros' a las puertas del Ayuntamiento, sobre la que el concejal Guillermo Zapata expresó “todo el apoyo” mediante un mensaje en Twitter.

La reunión llega después de que se filtrara que el Gobierno de Carmena reforzaría la lucha policial contra la venta ambulante en la capital, algo que despertó las críticas de los manteros.

Posteriormente, el consistorio remarcó que dicha iniciativa iría acompañada de “medidas sociales”, como la creación de un carné de ciudadanía madrileña que diera acceso a los recursos del Ayuntamiento. “La experiencia dice que un abordaje exclusivamente punitivo está llamado al fracaso”, declaró el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.

No obstante, las medidas anunciadas no convencieron al colectivo de manteros porque no se incide en la “inserción laboral”, en opinión de la Asociación Sin Papeles de Madrid, que también alertaba de la “vaguedad” de los compromisos adoptados por el Ejecutivo de Carmena.

Dos organizaciones en defensa de los animales, Fundación ProVegan y Capital Animal, han propuesto al alcalde de Tordesillas que Pelado, el toro que llegará al pueblo vallisoletano para el 'festejo', sea trasladado a un “santuario de animales” en el que el astado pueda tener “una vida digna hasta que, de manera natural, esta llegue a su final”.

Este martes tendrá lugar la primera edición del Toro de la Vega (ahora rebautizado como de la Toro de la Peña) en la que estará prohibido lancear, torturar o matar al animal. El 'torneo' será sustituido por un encierro en el que astado recorrerá cinco kilómetros para luego ser sacrificado en el matadero.

“El pueblo de Tordesillas tendrá la oportunidad de demostrar que, si bien ha venido defendiendo su tradición, está también comprometido con la protección de la vida de los animales, que es el signo de los tiempos”, señalan en un comunicado los coordinadores de las dos asociaciones que han presentado la iniciativa.

Los solicitantes sostienen que si Pelado “es trasladado a un santuario en vez de a un matadero, Tordesillas trasladará al mundo el mensaje de que no es la muerto del toro lo que le interesa en cualquier caso”. También subrayan que ello podría contribuir a que “el mundo” cambie su visión, “parcial e injusta”, del pueblo de Tordesillas.

El pasado mes de mayo el Gobierno de Castilla y León eliminó la excepción legislativa que permitía acabar con la vida del Toro de la Vega por medio de lanzas. La tradición también fijaba una serie de reglas a cumplir, como permitir al astado salvar la vida si alcanzaba la vega o prohibir lancear al animal por la espalda. Ambos requisitos se incumplieron en la última edición del 'torneo', lo que conllevó que éste fuera declarado 'nulo' a posteriori.

Pero esta decisión, no ha sido, ni mucho menos unánime para los miembros de diferentes partidos. Las agrupaciones del PSOE y del PP del Ayuntamiento de Tordesillas pactaron recurrir al Constitucional la prohibición, mientras que en el Parlamento de Castilla y León, mientras todos los grupos votaron a favor de terminar con la muerte y tortura del toro, Ciudadanos se abstuvo.

Sonia, María José, Laura y Luz tomaron posesión en abril de su plaza como juezas titulares después de varios años a la espera de destino definitivo. Ahora son ellas quienes administran la justicia en los cuatro tribunales que componen el partido judicial de Cambados, Galicia. Y son reflejo de la tendencia que se ha convertido en norma en las oposiciones a la judicatura, en las que la mayoría de personas que obtienen plaza son mujeres.

Por cada hombre que lo consiguió, dos mujeres obtuvieron plaza como jueza en los últimos siete años. Esta proporción llega al 70,7% en la última promoción. Una tendencia que marcó su particular ‘sorpasso’ hace tres años, cuando el número total de togadas en ejercicio superó al de jueces. Es un hito importante teniendo en cuenta que el acceso de la mujer a esta profesión estuvo vetado hasta 1966 –como medida de “protección de sus sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles”– y  tuvieron que pasar otros seis años para que María Jover Carrión, la primera magistrada de España, comenzara a dictar sentencias.

Además, estos datos no se explican por la proporción de mujeres en las facultades de Derecho. Su presencia en las clases es del 55,2%, según datos del Ministerio de Educación, una cifra sensiblemente menor a la proporción de nuevas juezas. 

“Creo que no debemos caer en los típicos estereotipos o adjetivos que se atribuyen a las mujeres, como que son más constantes o más pacientes y que por eso optan por opositar”, opina Elena Gutiérrez, jueza desde el año pasado y número uno de su promoción. “Es la proyección, la personalidad y la capacidad de esfuerzo la que empujan a una persona, ya sea hombre o mujer, a opositar”. 

Sonia Rey, una de las cuatro juezas del partido judicial de Cambados, tomó la decisión al acabar la carrera. “Un profesor nos llevó a ver un juicio y me gustó mucho, aunque nos decían que eran muchos años y que supone un esfuerzo a nivel económico”, recuerda.

Según un informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial en 2014, entre las personas que superaron la oposición para la judicatura, el 73% estaba muy o bastante de acuerdo en que la estabilidad del empleo fue un motivo importante para decidirse por ese camino. La cifra baja hasta el 25% cuando se habla de que la compatibilidad de las tareas de la profesión con la vida familiar sea una razón de peso.

En el caso de Lucía Avilés, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, fueron las “vivencias personales” las que le impulsaron a trabajar como magistrada. “Eres una privilegiada, una espectadora del mundo”. 

También asume que su profesión puede facilitar, en algunos aspectos, una conciliación: “Me siento una afortunada porque pude coger una excedencia por maternidad y el trabajo me estaba esperando después”.  La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, también apunta en una dirección similar: “Creo que las mujeres que opositan a jueza piensan que va a ser más fácil conciliar”.

“Hay predominio de mujeres en todos los perfiles para los que se preparan oposiciones”, comenta Purificación Pujol. Ella conoce bien dos facetas del mundo judicial. Comenzó como abogada, posteriormente ejerció de jueza durante 27 años y hace un año dejó la judicatura para presidir una escuela que prepara oposiciones  y volver a ejercer como letrada. Ella destaca “la seguridad de saber que estás fija”. “Ir por libre es mucho más duro, luchando con miles de abogados, con una competencia tremenda, pero se gana más dinero”. 

A pesar de que la situación ha cambiado, Lucía Avilés, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, reconoce que se ha encontrado con personas “de edad avanzada o que por ideología” no aceptaban que una mujer les juzgara. Son “anecdóticas, pero existen”, apunta Avilés. Sonia Rey, la magistrada de Cambados, también recuerda cómo un hombre le espetó: “Quiero hablar con el juez y no con la mujer del juez”.

El techo de cristal

La incorporación femenina a la cúpula judicial aún no se ha hecho efectiva. Hay un 13,9% y un 34,9% de mujeres entre los miembros del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, respectivamente, y 8 entre los 21 componentes del CGPJ son mujeres. Los datos son aún más elocuentes en el caso de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, donde, de los 17 órganos, solo uno está presidido por una mujer, Pilar de la Oliva (Valencia). 

“Las mujeres ascienden en los puestos en los que la selección se hace por causas objetivas”, comenta Amalia Fernández, Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, para quien  la oposición a jueza representa un caso paradigmático en el que el sexo femenino obtiene las mejores notas. “En otros cargos, al estar dominados por hombres, no se accede a los puestos de poder”.

Por ejemplo, el CGPJ nombra a los presidentes de los tribunales superiores de justicia, mientras que para acceder al Supremo, son los miembros de esta misma instancia, junto con el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, quienes dirimen el acceso.

“La situación revienta ayer por la tarde”, narra Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Habla de las amenazas de muerte que comenzó a recibir en Twitter cuando denunciaba públicamente el hostigamiento a un activista LGTBI en la red social. “Veo que le están amenazando de muerte y dejo un tuit de denuncia, entonces vieron mi cuenta, entraron a mi perfil y empezaron a aparecer los mensajes”, relata la política transexual a eldiario.es.

Uno de los usuarios de Twitter que escribió a Antonelli la amenaza de muerte y asegura que violará a su hija. El mensaje, que la propia diputada difundió, se acompaña de una foto de un individuo con una pistola.

Otro internauta le dice que tenga “precaución, los accidentes pasan a diario”. En estos momentos, ambas cuentas han desaparecido de la red social.

Antonelli comunicó los hechos a las autoridades: “A última hora de la noche contacta conmigo la Policía Nacional, me envía un tuit privado dándome un teléfono y una comisaría a la que acudir”, detalla la política, que denunciará los ocurrido . “Hay que acabar con esta espiral de odio”, recalca.

Numerosos políticos han reaccionado a la denuncia pública de Antonelli mostrando su solidaridad con ella. “Los apoyos que me están llegando se están convirtiendo en virales”, señala agradecida, mientras comienza a desgranar una larga lista de personalidades que se han solidarizado con ella, como Susana Díaz, Ángel Gabilondo, Ramón Espinar o Ignacio Aguado.

“Agradezco mucho los apoyos, pero también me gustaría que la Delegación de Gobierno se pronunciara sobre el tema”, puntualiza.

Antonelli también recuerda cómo, hace ocho años, se presentó en una comisaría de la Guardia Civil con varios mensajes amenazantes que había recibido una página web sobre transexualidad que ella misma gestionaba. “Me dijeron que no había nada constitutivo de delito”, se lamenta.

Ella no es la única víctima de este tipo de ataques. La representante madrileña destaca que las amenazas contra ella comienzan cuando mostró los que sufría la cuenta @IgualdadLGTB . “Abandono temporalmente Twitter. No puedo aguantar más las amenazas”, escribía el usuario. Una de ellas hablaba de matar a miembros de este colectivo. La cuenta que emitió este mensaje sigue abierta actualmente.

La Policía Nacional comunicó ayer por la tarde que había detenido al autor de un tuit que hablaba de repetir la masacre de Orlando mientras mostraba la fotografía de un arma. En la nota de prensa difundida explica que los agentes se habían incautado de una pistola de fogueo. El detenido tenía antecedentes por violencia de género y se expone a una condena de entre uno y cuatro años de prisión, según el comunicado.

La colocación de Soria en el Banco Mundial no ha sido la primera que Rajoy ha brindado a miembros de su partido y su gobierno en la órbita internacional. El diputado Federico Trillo –y antes exministro de Defensa– fue enviado al codiciado puesto de embajador de España en Reino Unido, mientras que otro exministro, José Ignacio Wert, se convirtió en el más contestado y luego en embajador ante la OCDE en París. 

El nombramiento de Trillo llegó en 2012, después de que el ministro de Exteriores García-Margallo se comprometiera, al tomar posesión de su cargo, a reservar las embajadas a los miembros de la carrera diplomática, requisito que Trillo no cumple. No obstante, dejó la puerta abierta a realizar nombramientos políticos si concurriesen “personas extraordinarias en circunstancias extraordinarias”. El exministro de Defensa fue quien gestionó el desastre del Yak-42 y ordenó el asalto al islote Perejil. También fue conocido por darle un euro a la periodista que le preguntó por las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak.

Rajoy decidió mantener en su puesto a Trillo a pesar de en abril de 2015 El País destapó que cobró 354.760 euros de una constructora en el contexto de una trama de comisiones a políticos por la autorización de parques eólicos en Castilla y León.  En octubre de ese mismo año, el Tribunal de Cuentas abrió una investigación en su embajada por la posible malversación de fondos de una empleada, como publicó El Mundo. 

La asignación anual de Trillo no tiene que envidiar a los 226.000 euros anuales que percibirá Soria. El Estado solo publica el salario bruto de los embajadores y se niega a hacer pública la cantidad final, pero ésta se multiplica al aplicarle unos criterios de corrección que dependen del  destino. El sueldo base de Trillo asciende a 65.885 euros al año, pero el monto total podría llegar hasta los 21.000 euros netos mensuales, según calculó El Confidencial.  A esa cantidad se llegaría después de aplicar  el complemento de destino, el complemento específico, el módulo de equiparación de poder y el módulo de calidad de vida. 

El Estado, además, se hace cargo de los gastos de residencia de los embajadores, les proporciona coche oficial y  personal de servicio en sus domicilios. La propia hija de Trillo se postuló el pasado mes de abril para optar a un puesto como consejera en la embajada que dirige su padre. 

Otro nombramiento discrecional, más reciente, fue el de José Ignacio Wert. Envuelto en polémicas, como el recorte en becas y la aprobación de la LOMCE, dejó de ser el ministro peor valorado para ocupar un flamante puesto como embajador de España ante la OCDE. La concesión de este destino llegó tres meses después de que su cónyuge y exsecretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, fuera fichada por la por la misma institución.

Al igual que en el caso de los embajadores,  el ciudadano choca con la opacidad del Gobierno si desea conocer el salario total que percibirá Wert. Lo que se sabe es que el sueldo bruto asociado al cargo que ahora desempeña es de 60. 846 euros, pero, al igual que ocurre en el caso de Trillo, esta cifra se multiplica cuando se le aplican unos complementos similares al de los embajadores. El Ministerio de Exteriores tampoco desvela datos relativos a la agenda del exministro. 

Wert disfruta de un apartamento de 500 metros cuadrados cuyo coste asciende a 11.000 euros al mes y en él trabajarán dos personas de servicio. El jardín de su embajada también está bien cuidado: el BOE publicó que va a invertir 331.825 euros en mejorarlo.

Acabar con los aforamientos es una de las seis condiciones de Albert Rivera para negociar la investidura de Mariano Rajoy. La postura del PP sobre esa cuestión ha pasado de poner en duda que fuera necesario a mostrarse dispuesto a reducirlos. El debate sobre la corrupción del PP y las exigencias de regeneración de Ciudadanos y PSOE les obligó a pasar del escepticismo a principios de la legislatura a acabar incluyéndolo en su programa electoral de las últimas elecciones.

La medida, sin ninguna concreción, también está incluida en el documento de 125 puntos que Rajoy remitió a Pedro Sánchez y Albert Rivera la semana pasada después de reunirse con ellos en el Congreso. Para llevarla a cabo no basta con reformar la Constitución, sino también los Estatutos de Autonomía.

El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró en 2014 que su Ministerio trabajaba en la propuesta de pasar de los 17.621 aforados entonces a “sólo 22”. A ellos había que sumar además los de la Familia Real, por lo que en total quedaban en una treintena. El ministro explicaba que la condición de aforado, el derecho a ser juzgado por el tribunal distinto a uno ordinario, “no es un privilegio”. Aun así, admitía que la sociedad española “lo percibe como tal”, por lo que su idea era mantenerlo para los titulares de los poderes del Estado y presidentes autonómicos.

El derecho de aforamiento beneficia principalmente a políticos y miembros del ámbito judicial. Los primeros son unos 2.000, aunque el grupo más numeroso es el de magistrados, jueces y fiscales. El rey y su familia, el presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y sus vocales, el presidente del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional y sus Salas, además de los presidentes de tribunales superiores, el fiscal general del Estado. Entre los políticos hay que contar al presidente del Gobierno, sus ministros, presidentes autonómicos y consejeros, parlamentarios, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas.

Rafael Catalá, sucesor de Gallardón tras su dimisión, también se mostró abierto a reducir el número de aforados, que consideraba “muy alto”. Pero al mismo tiempo calificaba de “artificial” el debate generado en torno a ello y ponía en duda que ser juzgado por el Supremo en lugar de por una instancia ordinaria suponga una ventaja.

La aparente disposición de los ministros de Justicia y demás miembros del Gobierno contrastó con algunos de los movimientos que el PP realizó y que evitaron el procesamiento de algunos miembros del partido. Fue el caso de la exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, imputada por contratar con empresas de la trama Gürtel antes de que fuera redactado el concurso. La formación conservadora la colocó como suplente en la Comisión Permanente del Senado, antes del 20D. Esta jugada evitó que, al disolverse la Cámara Alta, la causa por la que era investigada volviera a la Audiencia Nacional, órgano que inició las pesquisas. Finalmente, la causa quedó archivada.

La campaña de las elecciones municipales y autonómicas sirvió para comprobar cómo el PP convertía en propuesta estrella esta medida que a la hora de la práctica era rechazada en las votaciones de los parlamentos. Cristina Cifuentes y José Manuel Moreno Bonilla hicieron bandera de ello en Madrid y Andalucía.

La encrucijada del PP con los aforamientos alcanzó su punto máximo con el caso de Rita Barberá. En enero de este año Esperanza Aguirre reconocía que las sospechas de corrupción que afectaban a la exalcaldesa de Valencia se resolverían “eliminando los aforamientos y dejando que declaren todos aquellos de los que hoy se murmura”.

Justo el mismo día en que se conocían estas declaraciones, Aguirre sentenciaba: “Fuera aforamientos, a ver si es verdad que se quitan ahora que todos están de acuerdo. Se puede hacer antes incluso de que haya Gobierno”.

El consejo de Aguirre no tuvo éxito. El propio Rajoy tomó la decisión de seguir protegiendo a Barberá, cercada por los indicios, para mantenerla a salvo. Mientras los cargos del PP competían a ver quién era más duro contra la exalcaldesa de Valencia, Rajoy recurrió de nuevo a la Diputación Permanente del Senado para parapetarla en el caso de que se repitieran elecciones y las Cámaras quedaran disueltas. Un mes después, el grupo parlamentario en el Senado votó en contra de una moción que proponía poner fin al trato especial que reciben diputados y senadores.

Los acuerdos del Partido Popular con PNV y Convergència a cambio de puestos en las Cortes (así como la cesión de votos para la vicepresidencia del Congreso, en favor del candidato de Ciudadanos, Ignacio Prendes) suponen un giro en el PP. Al menos, respecto a lo que decían los líderes y miembros del partido sobre los supuestos pactos que Pedro Sánchez pretendía llevar a cabo con las fuerzas nacionalistas e independentistas para sacar adelante su investidura.

Aunque el líder socialista solo consiguió los votos a favor de Ciudadanos y Coalición Canaria en su segundo intento de investidura, innumerables líderes regionales y ministros del PP no dudaron en atacarle por estos contactos con los nacionalistas. Algo que se acentuó especialmente tras la decisión de los socialistas de ceder dos diputados a ERC y otros dos a Democràcia i Llibertat para que pudiesen formar grupo propio en el Senado.

“Para llegar a la Presidencia del Gobierno no vale todo”, decía en Twitter Mariano Rajoy el 16 de enero sobre aquel hecho.

“Para nosotros, e imagino que para muchos votantes del PSOE, es incomprensible. A mí me gustaría saber qué opinan los votantes de Lugo o de Cantabria, que ven que su voto va a servir para dar voz y para dar más participación y más relieve a los independentistas en el Senado”, opinaba Soraya Sáenz de Santamaría tras la tercera reunión del gobierno en funciones de Mariano Rajoy.

Lo mismo señaló el líder del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien, además, se centraba en Susana Díaz para que rompiese su silencio: “Como presidenta -de Andalucía- debe aclarar si los senadores socialistas andaluces van a entrar en este peligroso juego de prestarse a ser voz de los que quiere romper España”, advirtió.

Otro de los que fue contra Sánchez fue el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, que cargó contra un posible gobierno socialista apoyado por Podemos y los nacionalistas. De hecho, y en declaraciones a la Cadena Ser en enero, señaló que el PSOE pretendía pactar con “los bolivarianos” y con “quienes quieren romper España” (…) “Irse con la extrema izquierda o con los independentistas sería algo muy negativo”, aseguraba, atacando la postura de Pedro Sánchez de no tener ningún tipo de comunicación con el PP.

El ministro de Interior en funciones y diputado del PP por Barcelona, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista en Cope en enero, también afirmó que le costaba creer que un partido como el PSOE optase por formar un Gobierno con la “connivencia” de ERC y Convergència. Según el ministro, si bien “matemáticamente sería posible”, políticamente sería “letal para España”.

También desde Catalunya, Xavier García Albiol recurrió al argumentario popular sobre la ruptura del país para cargar contra el secretario general del PSOE. Albiol aseguró que un pacto PSOE-Podemos pondría el Gobierno en manos de los independentistas, lo que supondría estar condicionado por “aquellos que pretenden romper España en pedazos”.

De la misma opinión fue Pablo Casado, que además llamó “Judas ”a Pedro Sánchez. El vicesecretario de Comunicación del PP aseguró, el 7 de abril, que el líder del PSOE iba a intentarlo “todo para ser presidente en cinco minutos” y que incluso iba a “echarse en brazos de los que intentan romper España”.

Otro de los que se sumó a las críticas fue el ministro de Justicia y de Fomento en funciones, Rafael Catalá. El 29 de febrero dijo que Sánchez buscaba “un apoyo un poco raro”, al tratar de acercarse a independentistas y a la “izquierda radical”, cuando ya había pactado con Albert Rivera.

A esta ola contra Sánchez se sumó Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del partido, que pidió al PSOE que optase “por una coalición de moderación, estabilidad y gobernabilidad”, frente al “radicalismo”.

La opinión de los medios

Varios medios también clamaron contra la posibilidad de un pacto del PSOE con partidos nacionalistas. Para El País, en un editorial del 22 de enero titulado “Rajoy no puede, Sánchez no debe”, un acuerdo del PSOE con Podemos y los independentistas sería una “estrambótica amalgama claramente inconveniente para los intereses generales”. Según el diario del Grupo Prisa, si el líder del PSOE acordaba un gobierno con “quienes centran su objetivo en separar a Cataluña de España”, podría “convertirse en rehén de causas que van en contra del interés de los ciudadanos”. Frente a ello, proponía una coalición con Ciudadanos y PP para “respetar el mensaje de los electores”.

La Razón también avisaba en febrero de que el pacto del PSOE con Podemos conllevaría añadir el apoyo “de los que quieren romper nuestro orden constitucional y territorial”. Una línea roja que “Sánchez no está en condiciones de sobrepasar”.

En El Mundo, un editorial de agosto del año pasado afirmaba que “sería una buena noticia que el PSOE dejase de encumbrar a partidos que buscan destruir la unidad de España”. En vez de eso, Pedro Sánchez debería “abrazar la centralidad y lealtad constitucional que tanto defiende”, señalaban desde Unidad Editoral. Este miércoles, Federico Jiménez Losantos, columnista de este mismo medio, califica el acuerdo del PP con fuerzas independentistas de “tropezón”.

Un mes de gimnasio gratis para mujeres de 20 a 30 años, pero con la condición de ceder sus derechos de imagen de por vida. Así se desprende del formulario que tuvieron que rellenar las beneficiarias del Desafío 30/ 00, promovido el pasado abril por la Consejería madrileña de Educación, Juventud y Deporte en colaboración con la Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos (Asomed) y que ha adelantado el diario El País.

“No tenemos ningún interés en tener la imagen de nadie”, asegura Alberto García, gerente de Asomed, a eldiario.es, quien afirma que debido a la polémica renunciarán a los derechos, aunque no concreta cuándo la harán efectiva. Detalla que para ello es necesario que se reúna la junta directiva, algo que no se producirá hasta septiembre. “No se ha usado ni se va a utilizar ninguna imagen”, declara sorprendido por la polémica, aunque reconoce que en un centro adherido al programa se fotografió a una mujer. Tanto desde la asociación como desde la Comunidad de Madrid sostienen que se trata de una “cláusula tipo” usada frecuentemente.

La iniciativa permitió que 3.000 jóvenes acudieran gratuitamente a uno de los gimnasios asociados durante un mes. Además de la cesión de los derechos de imagen, el programa incluía una encuesta a las participantes. Desde Asomed reconocen que los resultados de esas preguntas están a disposición de sus asociados si así lo requieren, pero que no estaban enfocadas a futuras campañas de márketing.

“Lo habitual”

La Consejería de Consejería de Educación, Juventud y Deporte sostiene que la petición de los derechos de imagen “es algo habitual” en eventos deportivos como carreras populares y equiparan la cláusula a la que se usa en este tipo de acontecimientos. Su departamento de prensa subraya que es algo “voluntario” que “la persona puede revocar” en cualquier momento. Asimismo detallan que este proyecto piloto se realizó “a coste cero”.

La Comunidad de Madrid y Asomed aseguran que según diversos estudios las mujeres de entre 20 y 30 años realizan menos deporte que los hombres de la misma franja de edad y que esa es la razón por la que el programa se dirige exclusivamente al sexo femenino. “Es un esfuerzo para concienciar contra el sedentarismo”, afirma el gerente de Asomed.

Apenas unos 100 metros separaban la terraza en la que Lucas y su familia cenaban del Paseo de Los Ingleses, donde decenas de personas murieron arrolladas por el camión que conducía un hombre que fue luego abatido por la policía. 

Este argentino de vacaciones en Niza relata a eldiario.es los momentos de angustia que vivió ayer por la noche. “Se comenzaron a escuchar detonaciones, creo que eran disparos, y vi una estampida de gente que corría por la avenida”. Un instante después sus dos hijos, su esposa y él terminaban agazapados en la cocina del restaurante italiano en el que se encontraban y donde permanecieron durante una hora.

“En un principio el propietario pensó que era solo una psicosis colectiva, hasta que tomó noción de lo que sucedía; había vidrios, mesas y sillas por todos lados”, prosigue Lucas. “Me impresionaron los coches de bebé abandonados que encontré después por las calles” de la capital de la Costa Azul.

Muy cerca de allí estaba Teresa, una estudiante española de 17 años, viendo los fuegos artificiales en la playa con sus amigos. Se dio cuenta de que ocurría algo cuando se giró para hablar con ellos. “Vi a gente corriendo en el paseo marítimo y subimos para ver qué pasaba. Al principio tenía curiosidad y empecé a correr con la gente”, comenta a eldiario.es.

No tardó en darse cuenta. “La gente hablaba de tiros, un camión, decían que había un hombre armado y gente muerta por la calle”, detalla con aplomo esta madrileña que asiste a clases de francés durante el verano en Niza. “Cundió el pánico; había gente gritando en español, inglés y francés. Parecía una película de acción en la que no quieres estar”.

Las escenas que recuerda Teresa son de confusión y angustia. “Me vi corriendo entre gritos, sin saber dónde estaba el camión, pensando que cada vez se acercaba más; la gente se escondía dentro de los bares”. A pesar de que contemplaba los fuegos artificiales con otros nueve compañeros, la adolescente terminó refugiándose en casa de un conocido con la única amiga a la que no perdió en la muchedumbre.

Fue allí donde se enteró por la televisión de lo que realmente estaba sucediendo. “Veíamos que no paraba de subir la cifra de muertos y heridos”. Mientras se sucedían las llamadas para comprobar que ella estaba bien, afuera “las calles estaban cada vez más vacías” y se oían las sirenas, que no dejarían de sonar en toda la noche.

El desconcierto era la norma en los primeros momentos tras el ataque. “Primero hablaban de un coche, luego de un camión y luego de un terrorista”. 

“Fui atando cabos al hablar con otras personas”, muchas de las cuales habían vivido más de cerca lo ocurrido.  Los testigos le contaron cómo el conductor “bajó del camión y empezó a pegar tiros”, aunque al principio pensaban que era un vehículo “que se había quedado sin frenos”. Teresa reconoce que la sombra del terrorismo ya pesaba sobre sus días en Francia. Pero su temor era que ocurriera “algo” en la final entre Portugal y Francia, nunca en Niza, una ciudad turística. “No asimilo lo que ha pasado, soy consciente pero a la vez no me lo creo”, asegura.

Teresa, a pesar del shock, ha decidido permanecer en la ciudad francesa las dos semanas de clases que le quedan antes de volver a Madrid. En cuanto a Lucas y su familia, el dueño del restaurante donde se refugiaron los acompañó luego hasta el hotel donde se alojaban. Se despidieron en la puerta, a solo 150 metros de donde quedó el camión. Y el horror de muchas personas.