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Una hija de Federico Trillo opta a una plaza como consejera en Londres a las órdenes de su padre

María José Trillo-Figueroa Molinero aspira a convertirse en consejera adjunta de Turismo en la embajada londinense, cuyo máximo responsable es el exministro de Defensa

Letrada del Consejo de Estado en excedencia afincada en la capital británica, cumple con los requisitos para acceder al puesto tras un polémico cambio legal aprobado en 2015

Al proceso también se ha presentado la ex jefa de gabinete de Enrique Hernández Bento, exsubsecretario de Industria e íntimo de José Manuel Soria

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Trillo y Pujalte afirman que cumplieron con Hacienda en cobros a constructora

Federico Trillo. EFE

Recién cerrado el plazo de recepción de solicitudes, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya tiene sobre la mesa a los candidatos para las siete plazas en otras tantas consejerías de turismo en el exterior que convocó el pasado 30 de abril, tres días antes de disolverse las Cortes.

Como avanzó este jueves el portal especializado en turismo preferente.com, entre los candidatos está una hija del exministro de Defensa con José María Aznar y actual embajador de España en Londres, Federico Trillo.

Según fuentes conocedoras del proceso, se trata de María José Trillo-Figueroa Molinero, letrada del Consejo de Estado en excedencia, que opta, precisamente, a la plaza de consejera adjunta convocada para la Embajada en Londres, la ciudad donde vive actualmente junto a su marido, directivo de Santander UK.

De adjudicarse la plaza, María José Trillo-Figueroa trabajaría a las órdenes de su padre, colocado por el Gobierno de Mariano Rajoy en ese puesto en 2012, en el que ha permanecido pese al escándalo de los pagos que recibió de la constructora Collosa cuando era diputado, un caso que ha acabado con la carrera política de la persona que le sustituyó como receptora de esos pagos, el exparlamentario popular Vicente Martínez-Pujalte, que está casado con la secretaria de Estado de Turismo y máxima responsable de esa materia en el ministerio, Isabel Borrego.

La hija de Trillo, que ha estado vinculada al lobby provida The Family Watch, contrario a los derechos de los gays, es funcionaria de carrera de alto nivel, por lo que puede lograr esa plaza gracias a un polémico Real Decreto de Industria que en marzo de 2015 modificó los requisitos para los aspirantes a estos puestos, hasta entonces reservados a funcionarios con experiencia en el sector turístico.

A la convocatoria, según esas fuentes, también se ha presentado otra persona vinculada al actual Gobierno, Blanca Cano, ex jefa de Gabinete de Enrique Hernández Bento, ex subsecretario del ministerio e íntimo de su máximo responsable hasta abril pasado, José Manuel Soria.

El pasado 30 de abril se publicó en el BOE una orden ministerial para cubrir seis vacantes para consejero adjunto de turismo en las Misiones Diplomáticas en Dublín, Sao Paulo, Emiratos Árabes Unidos (creada en enero pasado), Buenos Aires, Londres y París, además de una plaza de secretario general en la de Nueva York, un perfil más técnico.

Conforme a la normativa que aprobó Industria en 2015, el primer mérito que se tendrá en cuenta para adjudicar las plazas serán los “servicios prestados y naturaleza y nivel de los puestos o cargos desempeñados” en la Administración pública. Y el segundo, la “formación y experiencia acreditada en las materias objeto de la competencia de la Secretaría de Estado de Turismo”. Industria adjudicará las vacantes este verano (como muy tarde, a mediados del próximo julio) por el procedimiento de libre designación. Los elegidos tomarán posesión en septiembre.

El Real Decreto que Industria aprobó en marzo de 2015 fue recurrido ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Administradores Civiles del Estado Especializados en Turismo (Acestur). El Supremo ha admitido a trámite el recurso, que podría resolver antes de julio. Además, varios de los nombramientos llevados a cabo desde entonces también han acabado en los tribunales.

El cambio legal de 2015 propició una cascada de ceses en esas consejerías al modificar de manera retroactiva el periodo de permanencia en esos puestos y se interpretó como una maniobra para poder colocar a afines al Gobierno en esos apetecibles destinos en pleno año electoral. Con la nueva norma, pueden optar a esos puestos todos los funcionarios que tengan la categoría de A1 (la más alta): desde veterinarios hasta inspectores de trabajo o técnicos comerciales, como el propio ex ministro Soria.

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