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“Caza de brujas” en la CNMC: expediente al entorno de un consejero díscolo por supuesta filtración de información

Archivo - La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, el pasado 21 de mayo en Alcalá de Henares, Madrid.

Antonio M. Vélez

11 de junio de 2026 22:27 h

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de archivar un expediente disciplinario contra una persona del equipo de Josep María Salas, consejero saliente y díscolo con decisiones recientes del regulador, por sospechas sobre supuesta filtración de información finalmente descartadas. Una “caza de brujas”, según una fuente interna, que ha causado gran malestar en el seno de la institución.

Fuentes con conocimiento directo del proceso aseguran que “la situación ha vuelto a la normalidad” recientemente tras descartarse los “indicios” que manejaba Competencia contra esta persona, con una larga trayectoria en la CNMC, y que según otras fuentes estuvo apartada de sus funciones hasta hace unos días, mientras se resolvía el procedimiento, incoado hace meses a instancias de la presidenta del organismo, Cani Fernández.

Un portavoz oficial de la CNMC rechaza comentar el expediente, por el que elDiario.es preguntó el 28 de mayo. “La CNMC nunca puede hacer declaraciones públicas sobre procedimientos disciplinarios reservados contra trabajadores concretos, ni sobre su estado ni sobre su propia existencia o inexistencia”.

Durante el proceso, explican fuentes conocedoras, se llegó a llamar a profesionales de medios de comunicación para indagar en el origen de informaciones periodísticas sobre actuaciones de la CNMC relativas al histórico apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 o la nueva retribución de las redes eléctricas hasta 2031, aprobada a finales del año pasado tras un cisma interno. Salas fue uno de los vocales que se opusieron a las circulares que aprobó la CNMC junto al vicepresidente, Ángel García Castillejo, a su vez presidente de la Sala de Supervisión Regulatoria, y María Jesús Martín (la anterior directora de Energía). 

Salas también ha discrepado en los últimos años en cuestiones como conflictos de acceso a la red, la retribución de las distribuidoras de gas aprobada a finales de 2020 o, este año, un informe del Pleno crítico con un proyecto de Real Decreto para levantar los topes de inversión en las redes eléctricas y que el Gobierno prevé aprobar en breve, según dijo el pasado miércoles en el Congreso la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Sobre ese proyecto, Salas entendía que “la situación actual debe afrontarse regulatoriamente favoreciendo un periodo expansivo de inversiones en redes, dando las señales regulatorias adecuadas para realizar inversiones eficientes y estableciendo un mecanismo de contención de la tarifa”.

La CNMC asegura que “tanto la Presidenta como el consejero desmienten claramente que se haya realizado ninguna actuación como consecuencia de una enemistad personal, desencuentro profesional o represalia entre la Presidenta y el consejero Salas”. “Una noticia con esa tesis podría perjudicar la reputación de todos los implicados y, de forma especial, la de la persona que presta apoyo al consejero, fácilmente identificable, respecto de las que se publicaría una información no veraz que afectaría a sus derechos profesionales”, dice ese portavoz.

Las empresas del sector ya han recurrido la nueva retribución de las redes, cuya tramitación propició la inédita destitución, en diciembre, de Ismael Bahíllo, hasta entonces subdirector de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados de la CNMC. Definido en algún medio como “hombre clave del supervisor para los asuntos económicos del sector energético”, su sustituta, Henar Soto, está casada con el director técnico de la patronal de pequeñas distribuidoras eléctricas ASEME, David Trebolle, con una larga trayectoria como lobista para el sector.

La “posición” de Competencia sobre este expediente disciplinario, dice ese portavoz, es que “todas las actuaciones y decisiones de la CNMC adoptadas en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el ordenamiento jurídico vigente se tramitan de conformidad con la normativa procedimental aplicable, incluyendo el estricto cumplimiento de la normativa en materia de personal”.

“En garantía de los derechos de los interesados, la CNMC tramita todos sus expedientes con la debida reserva y confidencialidad, no siendo posible la comunicación ni divulgación de la información contenida en los mismos. Se constata además que desde la aprobación de las circulares referidas no se ha abierto ningún expediente disciplinario”.

“Deber de guardar secreto”

Recuerda ese portavoz que “todos los empleados públicos de la CNMC están sujetos a un estricto deber de guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, de cuanta información de naturaleza confidencial conozcan en el ejercicio de las mismas, en particular aquella de carácter sensible que pueda afectar al correcto funcionamiento de los mercados y a la protección de los consumidores”.

El consejero Salas está considerado cercano a ERC, que baraja sustituirlo por su exdiputado Joan Capdevila, con amplia experiencia en temas energéticos, según Cinco Días. Su mandato de seis años vence el próximo martes, como el de Cani Fernández, y el Gobierno está negociando el nombre de sus sustitutos, que debe validar el Congreso.

Hasta su cese, Salas seguirá ejerciendo como representante de la CNMC en la asociación de reguladores de energía europeos ACER. Se prevé que le sustituya la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto.

El todavía vocal fue consejero de la Comisión de Expertos de Transición Energética que creó el Gobierno de Mariano Rajoy por encargo del Congreso para analizar escenarios hasta 2030, en el marco de los compromisos de España en el Acuerdo de París de 2015. Fue uno de los tres consejeros que se abstuvo en el informe final entregado en 2018.

Este jueves, la presidenta de la CNMC, gran experta en competencia, hacía balance de su mandato de seis años, marcado por acontecimientos extraordinarios como la pandemia, la guerra en Ucrania o el apagón, reconociendo “errores” que no precisó y lamentando la “crítica injusta” al organismo, muy cuestionado por su lentitud en aprobar un procedimiento para controlar la tensión eléctrica que llevaba años desfasado y que, según muchos expertos, podría haber evitado el histórico apagón.

Una etapa que cierra “con orgullo”, “con aciertos y con errores porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta. He aprendido a leer la prensa desapasionadamente”.

Sin concretar esos errores, Fernández subrayó que “la técnica tiene sus tiempos”, y que el apagón, del que “hemos aprendido todos enormemente” y “también a nivel europeo”, mostró que es necesario “seguir avanzando en la regulación” para que la creciente incorporación de energías renovables “sea segura” y un colapso así “no vuelva a ocurrir”.

Según dijo, el ámbito que “ha llevado más tiempo” en estos años ha sido con diferencia la energía, un “Everest regulatorio” que “ha exigido técnica, temple y sentido de Estado” porque “no es un sector más. Es la factura de una familia, es el coste de una fábrica”, define la autonomía estratégica y la seguridad del suministro. “Por eso ha llevado tanto tiempo, porque había que hilar fino”, “escuchar al sector sin dejarse capturar” y sin “precipitación”.

La todavía presidenta alabó “a todos los trabajadores” del organismo y quiso “reconocer especialmente a quienes han trabajado en la CNMC en energía”, con “un escrutinio público como pocos” y “con rigor, con entrega y con una serenidad que no siempre se ha reconocido lo suficiente”. “He visto cansancio, he visto presión, he visto discrepancias”.

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