La huelga con paros continuos en distintas franjas horarias que en la actualidad llevan a cabo los trabajadores del tranvía, gestionado por una empresa pública del Cabildo de Tenerife (Metropolitano de Tenerife, SA), será indefinida a partir del 1 de marzo, cuando comiencen los actos masivos del Carnaval en las calles de la capital tinerfeña.

A día de hoy, y aunque están en curso las negociaciones entre el comité de empresa y Metropolitano con la mediación de una jefa de servicio del Cabildo de Tenerife, la propietario del tranvía, no hay suficientes avances como para desconvocar los paros indefinidos que pueden afectar al transporte de viajeros entre Santa Cruz y La Laguna en unos días tan señalados.

El presidente del comité de empresa, Luis Marrero, ha explicado a Tenerife Ahora que, a falta de dos semanas para esa huelga indefinida de 24 horas, uno de los cinco puntos de la tabla reivindicativa está a punto de cerrarse: el referido al derecho de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones y turnos de libranzas, pero aún faltan por negociar cuatro puntos más en unas conversaciones que van “lentas” pero con mejor clima que antes de que el Cabildo nombrara a la mediadora Olga Morales, jefa de servicio. “No estamos pidiendo dinero, sino que se respeten nuestros derechos”, apostilla.

Hasta ahora se han celebrado cinco reuniones, y este jueves tendrá lugar la sexta. Según subraya Marrero, solo en el caso de que haya avances importantes en las negociaciones la próxima semana el comité de empresa se plantearía o no “flexibilizar” la huelga a partir de marzo, de modo que no abarcara las 24 horas del servicio, para así “facilitar” un calendario de reuniones que pudieran poner fin al conflicto.

“Pero suspender las protestas previstas a día de hoy parece difícil porque supondría hacer un levantamiento de la huelga y eso tiene carácter de convenio, por lo que solo se haría en caso de un acuerdo total”, apunta el líder sindical, que es delegado de CCOO.

Servicios mínimos recurridos en los tribunales de lo Social

Hasta ahora los servicios mínimos abarcan el 75% de la plantilla, una cantidad que los representantes de los trabajadores creen abusiva; por ello la han recurrido en vía administrativa y también ante un Juzgado de lo Social, que aún no ha resuelto el litigio.

Desde UGT, Francisco Padrón, miembro del comité de empresa, aseguró que los trabajadores no pretenden en ningún caso “fastidiar a los ciudadanos, como ha dicho el gerente de Metropolitano, sino defender unas reivindicaciones que son justas, y además ejerciendo el derecho a la huelga”. Cierto es que, por estos paros intermitentes, los tranvías “pasan más espaciados y más llenos”, apunta.

Igual que el representante de CCOO, observa que las negociaciones van “lentas”, aunque al menos se están produciendo conversaciones “bastante más fluidas” con la intermediaria que ha designado el Cabildo, la cual, según Padrón, “todavía no ha encontrado nada en lo que no nos dé la razón”.

La huelga, según esta fuente, está teniendo un seguimiento del 95% en la plantilla, en las franjas horarias en que se han convocado los paros, en las que trabajan grupos de entre 20 y 25 trabajadores.

Padrón afirma que el comité de huelga “no quiere llegar en esta situación en días del Carnaval, porque puede no haya personal suficiente para cubrir el servicio en esos días y pudiera suspenderse el servicio completo”, pero subrayó que no se va a desconvocar esta medida de presión si no se alcanza antes un acuerdo satisfactorio para el personal.

Alza salarial no cobrada pese a ser para empleados públicos

Sobre los motivos de la huelga, explica que el primero de todos son los problemas para coger las vacaciones y las libranzas de fin de semana, “ya que cada trabajador tiene a veces que buscar a quien lo sustituye si quiere disfrutar de su día libre”, lo que hace que sea “habitual” que empleados del tranvía trabajen nueve o 10 días seguidos.

En cuanto a las medidas salariales, el delegado de UGT subraya que no están reivindicando subidas de sueldo nuevas, sino que se cumpla la subida del 1,62% que se estableció para los empleados públicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que aún no se ha aplicado a la plantilla de esta empresa pública. “En realidad esto nos corresponde por derecho, ni siquiera habría que reclamarlo, pero el gerente lo ha supeditado a la negociación del convenio colectivo”, apostilla el sindicalista.

Otros aspectos de la negociación en curso tienen que ver con los asuntos propios, ya que no se les permite ningún día para este fin; el problema de las personas que solicitan reducción de jornada y se les hace trabajar más de lo que les corresponde, sin retribuirse esas horas extras, y las guardias, que no están reguladas en el convenio y “se hacen por ordeno y mando”, durante toda una semana “por solo 25 euros”, según explican los delegados sindicales.

El comité de empresa de Metropolitano de Tenerife lo forman CCOO, con cuatro delegados; Intersindical Canaria, con dos; UGT, con uno, y otros dos delegados independientes.

El portavoz de XTF-Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de La Laguna y uno de los denunciantes del caso Grúas (junto a concejales de Unidos Se Puede), Santiago Pérez, ha lanzado este lunes un vehemente alegato contra la actuación en esta causa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, a quien ha reclamado la dimisión por actuar “colgado a los intereses de Clavijo”.

Pérez dijo que esto es así hasta el punto de “incitar a los compañeros de la sala que preside a prevaricar” por defender, en su voto particular, que la instrucción la asuma el TSJC pese a que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), ya no está aforado al haberse suprimido este privilegio en el nuevo Estatuto de Autonomía del archipiélago, vigente desde hace unos meses.

En rueda de prensa, Pérez, que está prejubilado como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL), afirmó que Doreste debe presentar su renuncia por hacer algo “inaudito” en la judicatura, es decir, “con un voto particular prodigar reproches a la propia sala del TSJC que él preside, presentando la postura de las otras dos magistradas como malintencionada”. “Debe dimitir para permitirnos a los canarios restablecer la confianza en la Justicia, y muy en particular, la del TSJC que él mismo preside”, enfatizó el concejal lagunero.

De este modo, el líder de XTF-NC, que en mayo concurrirá a los comicios en La Laguna con una agrupación de electores, reacciona al auto del TSJC notificado la pasada semana, casi un mes después de dictado, en el que se da traslado del caso Grúas a un juzgado lagunero, rechazando así los recursos de súplica que habían presentado Clavijo, en calidad de “interviniente”, y los dos imputados en la causa, el alcalde José Alberto Díaz y el edil Antonio Pérez Godiño, ambos de CC.

Ese auto, deja claro Santiago Pérez, no puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo en contra de lo que ha dado entender “la prensa del régimen”, pues tal apelación solo cabrá,  subraya, cuando el juzgado dicte sentencia.

Un voto particular “en línea con la defensa de Clavijo”

En una dura reprimenda a Doreste, Pérez acusa al magistrado de haber actuado “completamente en sintonía con los intereses de Clavijo, picoteando argumentalmente por todos lados, pero siempre seleccionando argumentos reales o fantasiosos en la línea de la estrategia de defensa” del mandatario.

En concreto, el concejal asegura que el presidente del TSJC, “en su voto particular, olvida que el aforamiento no tiene la finalidad de proteger al presidente del Gobierno de Canarias respecto a hechos que realizó como alcalde, pues el aforamiento siempre debe interpretarse restrictivamente, máxime cuando hay otros investigados que no están aforados”, como así señala el Consejo de Estado y la jurisprudencia del Constitucional.

¿Y por qué hace esto Doreste?, se preguntó Santiago Pérez. Para el concejal de XTF-NC, la respuesta es por sus “fuertes ligazones con CC”, pues “ha desarrollado toda su carrera institucional para llegar a la presidencia del Consejo Consultivo de Canarias y del TSJC al amparo y bajo el patrocinio de Coalición Canaria”.

El objetivo tanto de Clavijo como de Díaz y Godiño es que el TSJC “diera a la causa el carpetazo”, pues, según el concejal de la oposición, “es lo que Doreste prometió a Clavijo y CC ha venido repitiendo por las esquinas cuando se recurrió el caso Grúas, que sería archivado al llegar al Alto Tribunal canario”.

“CC quiere elegir hasta el tribunal que juzgue a sus imputados”

A la vista de lo ocurrido, el codenunciante del caso llama la atención sobre el hecho de que la estrategia del jefe del Ejecutivo canario muestre sin tapujos que le sería más favorable el TSJC que el juzgado ordinario de La Laguna. “Hasta tal punto es así que las propias magistradas en el auto del TSJC se preguntan, con cierta ironía, si no será que Clavijo cree que va a tener más garantías para su defensa en el Tribunal Superior que ante la juez natural y ordinaria”. Y mas sorprendente es que “los mismos concejales imputados, que no están aforados, quieran hasta elegir el tribunal que les juzgue”.

En una comparecencia informativa en la que no dio tregua al máximo responsable del TSJC, Pérez llegó a decir que fue compañero de carrera de Derecho de Doreste,  y que “ninguno de los estudiantes de entonces con los mejores expedientes académicos del curso se pudo imaginar que acabara siendo presidente de este tribunal, probablemente porque nunca se pudieron imaginar que existiera algo que se llamara CC, que practica la censura y presiona a la Justicia”.

En este sentido, recordó las “escandalosas acusaciones y amenazas que ha prodigado a los jueces tanto Clavijo como Barragán”, este secretario general de CC y consejero de Justicia del Gobierno canario.

El denunciante del caso Grúas desmiente que ahora la decisión de imputar o no a Clavijo dependa de la jueza, como viene a sostener Doreste en su voto particular, pues la instructora de este proceso judicial “ya ha declarado que existen indicios de criminalidad que apuntan” al exalcalde, “y debe ser citado como investigado, no puede ir contra sus propias resoluciones anteriores”.

A apenas tres meses de la cita con las urnas, cree Pérez que en CC “están aterrorizados con la posibilidad de que Clavijo llegue imputado a las elecciones, por méritos propios”, pues se trata, desde su punto del vista, de “un caso de corrupción de libro y un ejemplo de manual de cómo se las maneja Clavijo al frente de las instituciones públicas”.

Clavijo insiste en que se trata de “una denuncia política”

El jefe del Ejecutivo autonómico ha vuelto a reiterar este lunes que el caso Grúas “es una denuncia política sobre una actuación administrativa que no ha sido recurrida por nadie”, aunque ha eludido cuestionar la labor de la Justicia.

“Ante la denuncia de Podemos y Nueva Canarias, los jueces hacen su trabajo”, apuntó en declaraciones durante la visita a unas viviendas en Moya (Gran Canaria) recogidas por la agencia Efe.

No han sentado nada bien en el seno del PSOE las declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, en las que este acusa a los socialistas de haberle retirado el apoyo a la compraventa del edificio de Antonio Plasencia en Cabo Llanos “por intereses políticos” para “desgastar” a CC en época preelectoral. Tampoco ha gustado nada la afirmación de Alonso de que los socialistas -todavía socios de gobierno en el Cabildo- están divididos sobre este asunto porque hay consejeros que le han dicho que en el fondo sí apoyan esa operación valorada en 29,1 millones (compraventa más adaptación del bloque de oficinas a uso sociosanitario).

El consejero de Planificación en el Cabildo del Tenerife, Miguel Ángel Pérez (PSOE), tachó esas declaraciones de “insidia maliciosa de Carlos Alonso, que solo busca un confrontamiento interno en el PSOE para desviar la atención. A lo mejor sobre este particular lo que piensa Alonso es lo mismo que el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz, también de CC, que nada más anunciada la compra ya estaba intentando hacer la cuadratura del círculo para que el líder del Cabildo le sirviera para pagar las deudas de Plasencia con el Ayuntamiento” por el caso Las Teresitas, que serán, con intereses de demora, a varias decenas de millones de euros.

Pérez se afana por dejar claro que “el PSOE tiene una única opinión en este asunto, y que el rechazo a ese intento de compraventa es unánime, tanto en el grupo del Cabildo como en la ejecutiva y el comité insulares del partido, cuya resolución es de obligado cumplimiento para los socialistas”.

Frente a las motivaciones políticas que atribuye Alonso a ese cambio de postura del PSOE respeto a lo votado en diciembre pasado en el Consejo de Gobierno, primero, y en el consejo rector del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS), después, el consejero socialista reitera los argumentos ya dados por su partido: “Había y hay alternativas a la compra de ese edificio”, y el expediente de esa compra directa “está mal ejecutado”.

Niega el representante del PSOE en el Gobierno insular que la opción que plantea su partido suponga tardar 10 años en disponer de nuevas plazas sociosanitarias en el área metropolitana. “Eso que dice Carlos Alonso no es verdad. Ellos mismos tienen dos proyectos para dos centros de 170 plazas cada uno, en el Febles Campos y en Añaza, y no está demostrado que en la parcela donde se halla el primer centro citado no se pueda ir construyendo poco a poco la nueva instalación sin necesidad de desalojar todo el actual hospital”.

Pérez cuestiona que el edificio cueste 23 millones de euros, y llama la atención de que se tase y se compre a precio de oficinas, cuando su uso para la Administración pública va a ser el sociosanitario. También en este aspecto apostilla que “más bien es un uso sanitario, porque el Febles Campos es un hospital con sala de rayos X y enfermeros”.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), ha rectificado lo que en su día aseguró en el sentido de que el precio del edificio de 13 plantas en Cabo Llanos que se intentaba comprar a dedo a una empresa de Antonio Plasencia (Carlacand) se basó en la tasación de un funcionario público, lo cual no era así, pues solo había una empresa externa, Tinsa, que un técnico del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo adscrito al Cabildo, se limitó a validar al carecer de medios, formación y datos para hacer una tasación propia.

Ahora, semanas después, Carlos Alonso ha reconocido este miércoles, en el programa Buenas tardes, Canarias, de la TVAC, que lo que efectuó un funcionario del IASS fue la reseñada validación, ya que este organismo público del Cabildo no tenía un técnico competente para hacer tal análisis económico.

El presidente insular además anunció que, tras la polémica suscitada, se convocará un concurso público [oferta pública de inmuebles] a finales de febrero en el que esta vez se hará “una tasación definitiva” del inmueble que se adquiera “con funcionarios de la Corporación insular”.

Alonso, lejos de aclarar los extraños entresijos de un expediente cuyas anomalías ha contado con todo detalle Tenerife Ahora y que motivaron que todos los partidos, excepto CC, retiraran el apoyo a la compraventa tal cual estaba formulada, consideró que en este asunto “todas las cosas se han hecho bien” y que “durante un año se buscaron inmuebles y se visitaron hasta 10. El único que encontramos fue este”, en alusión al de la empresa Carlacand, de la familia del empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar.

En este punto, reiteró polémicas declaraciones anteriores: “Todo el mundo habla de Plasencia, pero yo de los enfermos; hay un coste político en esta compraventa y yo lo asumo. Pero yo no me presento a un concurso de belleza, sino para solucionar los problemas de la gente. Para mí lo importante no es que el propietario esté condenado, sino solucionar el problema de los mayores, la necesidad de más plazas de dependencia”.

Sobre su aún socio de gobierno en el Cabildo, los socialistas, que en este asunto se han desmarcado tras apoyarlo inicialmente, el mandatario insular atribuyó su viraje a que “han primado intereses políticos” para hacerle un “desgaste”, y añadió que “lo que piensa el PSOE dentro del Cabildo no es lo mismo que lo que piensa el PSOE fuera”, al punto de que “algunos consejeros de ese partido me dicen que si tuvieran que votar de nuevo esta compraventa volverían a hacerlo a favor”.

El fiscal del caso Recinto Ferial ha concluido en un informe que existen “fundados indicios” de que el exjefe de Contabilidad y Administración de esa sociedad pública cien por cien del Cabildo de Tenerife Ignacio Castillo Melo (en la actualidad jubilado) “pudo apropiarse para sí, con ánimo de lucro”, de fondos que superan los 270.000 euros (el doble de lo inicialmente apuntado por la dirección de la empresa pública), por lo que sostiene que ese antiguo empleado público pudo haber cometido un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental.

Así lo señala la Fiscalía en la celebración de una comparecencia prevista en Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que ha sido notificada a las partes este miércoles, un documento oficial al que ha tenido acceso Tenerife Ahora.

El conocido como Recinto Ferial de Tenerife, que gestiona la empresa del Cabildo Institución Ferial de Tenerife, SA, está adscrito al área de Desarrollo Económico, bajo control del consejero insular de CC Efraín Medina (a su vez consejero delegado de la entidad mercantil, con Carlos Alonso de presidente de ese órgano). En la etapa en que ocurrieron los hechos descritos por la Fiscalía, el puesto de gerente lo ocupaba el hace poco fallecido Ignacio Pintado, un hombre puesto en esa ocupación por Coalición Canaria.

En su escrito, el Ministerio Fiscal aprecia “indicios fundados de que el investigado, aprovechándose del control absoluto que ejercía sobre la contabilidad y sobre la caja de la sociedad [Institución Ferial de Tenerife, SA], incluyendo los ingresos en efectivos provenientes de las taquillas, pudo apoderarse para sí, con ánimo de lucro” de cantidades que suman la referida cifra.

El desglose de los recursos económicos, según el reseñado informe del fiscal, de los que supuestamente se apropio el encausado es el siguiente: 8.160 euros que debía devolver y el fiscal cree que “con ánimo mendaz” simuló en la contabilidad haberlo hecho; 9.219 euros en importe en efectivo correspondientes a vales de caja; 6.088 euros en salidas de caja no justificadas; 104.561 euros en pagarés que figuran como pendientes de cobro; 128.770 euros en pagarés que no está acreditado que se hayan cobrado; 12.827 euros correspondientes al pagaré de Rider Producciones satisfecho a IFTSA; 574 euros de un pagaré de Fama Trauma Viva, SL, que se ha acreditado como satisfecho a la sociedad del Cabildo, y 354 euros por supuesto pago de impuestos personales con dinero público.

El portavoz municipal de XTF-NC, Santiago Pérez, que concurrirá a las próximas elecciones al frente de una agrupación de electores (Avante La Laguna), continúa su batalla judicial contra la gestión de CC en el Ayuntamiento lagunero.

Este martes Pérez ha anunciado la ampliación de su denuncia por el caso Reparos; esto es, por la decisión del Gobierno local que preside José Alberto Díaz de prolongar el contrato con Urbaser, hasta que salga a concurso el nuevo, así como por haber perdonado a esta ahora multinacional china la compra de 34 de los 46 vehículos nuevos a la que estaba obligada inicialmente, extremo este que al edil le ha producido “cara de espanto” descubrirlo.

Con esta ampliación, Santiago Pérez ha denunciado ya 118 decretos ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna, por un montante de casi 47 millones de euros, mediante los que el entonces alcalde lagunero, Fernando Clavijo, y su sucesor, José Alberto Díaz (ambos de CC), autorizaron hasta a 24 empresas continuar gestionando servicios públicos municipales una vez ya se habían extinguido sus respectivos contratos, decisiones que se tomaron en todos estos casos con el informe negativo del interventor general, que advirtió de su ilegalidad.

Es lo que el concejal denomina “un paraíso de la ilegalidad”, en el que a su juicio “CC ha convertido la contratación pública en el Ayuntamiento de La Laguna”. En el caso que describe en esta nueva dosis del caso Reparos, el concejal expone que el 31 de octubre de 2018 la Junta de Gobierno que preside Díaz amplió el contrato con Urbaser para el servicio de recogida y transporte de residuos, y de limpieza viaria, a pesar de que desde el día anterior ya se habían agotado las dos prórrogas legales previstas.

Con esa decisión política, Urbaser sigue embolsándose cada mes 1,3 millones de euros, al menos hasta abril de este año, pero, en todo caso, hasta que se resuelva el nuevo concurso, cuya tramitación comenzó el 19 de octubre pasado, es decir, apenas 11 días antes de que finalizara por ley el contrato actual. Es un modus operandi que ya no permite la nueva Ley de Contratos del Sector Público -aunque en este caso no se aplica sino la legislación anterior-, que obliga a que en estas situaciones se haya convocado el nuevo concurso con tres meses de antelación a la prolongación del suscrito con la adjudicataria actual.

La “cara de espanto” cuanto leyó el expediente

Pero lo que le ha puesto “cara de espanto” al concejal denunciante del caso Reparos es comprobar cómo Clavijo, alegando las dificultades económicas del Ayuntamiento por la crisis, solicitó en 2012 a Urbaser una rebaja del contrato del 20%, que finalmente, tras una negociación, quedó en el 6,34% y, como aparente “contrapartida”, le “dispensó” a esta empresa de incumplir el pliego de condiciones con que se externalizó el servicio, al permitirle que no se renovaran 34 de los 46 vehículos previstos, a lo que además Urbaser añadía una reducción del 5% de los salarios negociada con sus trabajadores.

Aunque XTF-NC no ha cuantificado la cuantía perdonada “de forma ilegal ”a Urbaser, sí estima que puede ser una cifra económica elevada, pues se trata de siete furgones (cinco de barrido), cuatro barredoras de calzadas y aceras, tres motobarredoras de aceras, tres cisternas de baldeo, dos baldeadoras de aceras, ocho camiones recolectores, cuatro camiones con volquete (uno de ellos con doble cabina), un 4x4 para limpieza auxiliar, un furgón volquete con caja abierta, un furgón con caja cerrada, una pala cargadora y un camión con gancho portacontenedor.

“Lo grave”, sostiene el portavoz de XTF-NC, “es que saltándose la legalidad, Clavijo renuncia a que el Ayuntamiento, al final del contrato, dispusiera de esa flota renovada, con lo que ahora carece de ese valor patrimonial, pues desde el 30 de octubre pasado todos los vehículos son de propiedad municipal, pese a lo cual se le sigue pagando a Urbaser 1,3 millones de euros al mes como si la flota continuara siendo aportada por la empresa”.

En su criterio (Pérez está prejubilado como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna), “Clavijo no tenía como alcalde facultades legales para exigirle una reducción de la facturación a Urbaser ni para cambiar los contratos, ni la dispensa de renovar la flota tiene fundamento legal”.

Desde su punto de vista, además, aprecia que con el caso Reparos “hay indicios de que el actual alcalde le cubre la espalda a Clavijo para ejecutar aquellos pactos ilícitos” del pasado mandato.

Según el veterano político lagunero, “hay empresas que llevan más tiempo prestando el servicio público a dedo que el que duraba la propia concesión”, y entre ellas algunas son de “muy influyentes nombres, muy conocidas en el mundo empresarial tinerfeño”.

Las conclusiones de un informe técnico encargado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) pocos meses antes de que acabara el mandato pasado, cuando todavía ese organismo autónomo del Cabildo de Tenerife estaba en manos del PSOE, viene a contradecir la urgencia de demoler el inmueble con la que CC ha justificado que no se convocara un concurso público para buscar el inmueble donde realojar de forma temporal a los más de 200 pacientes del geriátrico Febles Campos.

Este proceso a dedo duró dos años y desembocó en el intento de comprar para tal fin un edificio de una empresa de la familia de Antonio Plasencia en Cabo Llanos (municipio de Santa Cruz de Tenerife) por 23 millones de euros, más otros 6,1 para que se adecuara el inmueble a su uso como geriátrico.

Frente a la argumentación de CC sobre la necesidad de no demorar ese desalojo, y de ahí que se acudiera a la búsqueda por el procedimiento de compra directa que tardó dos años, hasta que surgió la oferta de Plasencia, una empresa especializada en ensayos para el control de calidad en la edificación, ECA, concluyó que “no se detectaron patologías importantes”, al no hallarse “ni grietas ni fisuras en los puntos de carga, ni deformaciones excesivas en los forjados”.

El informe sobre esta prueba de carga en forjados de ese centro sanitario, construido en 1930, lleva fecha del 21 de julio de 2015, es decir, tras las elecciones de mayo de ese año; esto es, cuando ya CC había tomado el control de ese organismo autónomo en el Cabildo de Tenerife (2015-19), en el mandato anterior gestionado por el PSOE.

De hecho, el día 28 de julio el Consejo de Gobierno insular, formado por CC y PSOE -el pacto se reeditó-, acordó la designación de Juan María Reyes como directora del IASS, que fue la que en el último trimestre del pasado año impulsó los trámites para la compra del edificio a Plasencia, inicialmente apoyada por todos los partidos, excepto Podemos, que se abstuvo, aunque luego todos, excepto CC, defendieron esa adquisición, ante el revuelo que se suscitó cuando trascendió que era de aquel empresario condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos.

El informe, firmado por un arquitecto técnico de ECA, señala que, “si bien no se realizó una inspección exhaustiva de toda la estructura”, no encontró motivos de preocupación.

“Los resultados de probetas testigo, aún siendo bastante bajos, entran dentro de lo previsibles en edificios de esta época”, sostiene el técnico en las conclusiones.

Con respecto a los muros de carga, aclara que “no se pudo obtener un valor de tensión admisible dado que la cohesión de los bloques macizos con los que están realizadas es bastante bajo y no se pudo obtener un testigo válido para el ensayo a compresión simple”. Y añade que “la capacidad resistente de los bloques debe ser muy pequeña, si bien se solventa por el ancho de los muros”:

Precisa que “no se detectan fisuras en los muros, por lo que actualmente están trabajando correctamente”, aunque recomienda que “cualquier actuación sobre el edificio no debería originar un aumento” de peso. “En caso de necesitar aumentar las cargas que se transmiten por las paredes de carga de manera significativa, sería conveniente plantear añadir un refuerzo adosado a estas”, señala.

El informe que echó en falta el interventor lo tenía el IASS

Llegados a este punto, cabe recordar que el interventor del IASS, que se llegó a negar el 27 de diciembre a hacer su informe sobre la compraventa para el Consejo Rector  porque no le habían dado tiempo para examinar el expediente pese a ser “harto complejo”, cuando al día siguiente hizo el informe, advirtió precisamente de que  “poco o nada se dice en el expediente sobre el estado de la edificación del actual hospital Febles Campos, ni sobre si dicho estado permitiría o no demorar en el tiempo la adquisición de una ubicación alternativa, aspecto sin duda relevante para justificar una compra” directa como esta. Llama poderosamente la atención que, obrando en poder del IASS una prueba de carga hecha por un laboratorio especializado en estos chequeos, no fuera mencionada ni incluida en el expediente, como hubiera deseado el funcionario fiscalizador.

Tras la polémica suscitada, el Cabido ha desistido de comprar el edificio a Plasencia sin procedimiento público, tras perder Coalición el apoyo de los demás partidos, si bien la opción que ahora se va a llevar a cabo, aprobada en el pleno insular solo con los votos de CC y PP, es una solicitud pública de ofertas a la que puede presentarse de nuevo la empresa Carlacand, por lo que PSOE y Podemos interpretan que se ha dejado la puerta abierta a que al final se consume la operación con el constructor condenado.

El litigio judicial por el que TITSA ha tenido que repetir parcialmente unas pruebas para crear una bolsa de empleo a través de la que ya ha contratado a 150 conductores todavía no está cerrado. El juzgado que lleva este caso ahora ha pedido a la compañía de guaguas dependiente del Cabildo de Teneife que verifique si esta ha cumplido de forma correcta la sentencia, firme desde junio de 2018, que obligaba a reiniciar el proceso selectivo desde la prueba del test psicotécnico. Esta repetición tuvo lugar a finales de julio del año pasado en el Aulario de Guajara de la Universidad de La Laguna.

El recurso contencioso lo plantearon más de un centenar de opositores -de los más de mil presentados en la primera convocatoria-, que tumbaron ante los tribunales las pruebas realizadas el año pasado y que ahora, con la repetición, también han vuelto a la carga.

Ya el año pasado habían interpuesto un incidente de ejecución de sentencia en la que discrepaban de la forma en que TITSA iba a llevar a cabo esta nueva evaluación, pues respetaba la puntuación a quienes ya fueron calificados como aptos en marzo de 2017 y se les daba la opción de volver a presentarse o no a la repetición del examen, en cuyo caso el resultado obtenido en esta segunda ocasión sería el válido para esos aspirantes. Los recurrentes pedían que la prueba inicial se diera por anulada y todos los opositores la volvieran a hacer.

Ahora, en una providencia dictada el pasado 28 de enero, el Juzgado de lo Social nº 5 de Santa Cruz de Tenerife ha dado cinco días para que TITSA indique “en qué orden colocó a los aspirantes que obtuvieron la calificación de apto en la primera prueba de la fase 2, declarada nula; es decir, si respetó la nota obtenida y ordenó el total de aptos en función de la calificación obtenida en cada proceso como si hubiera sido un único examen o por el contrario los ubicó al final del listado de aspirantes”.

En segundo lugar, el juzgado quiere conocer el “criterio seguido para fijar la nota de corte, a los efectos de determinar si el número de aspirantes declarados aptos en el primer proceso influyó para determinar la nota de corte en el segundo examen”.

Uno de los motivos centrales de la anulación judicial de la primera prueba es que uno de los aspirantes era sobrino político de la la psicóloga del test psicotécnico, una prueba que permitía obtener hasta 30 puntos, la máxima puntuación del proceso.

Intersindical lo da por bueno y confía en que quede zanjado

Desde Intersindical Canaria (sindicato mayoritario en el comité de empresa), Carlos Hernández, secretario del comité de intercentros de la compañía pública de transporte de viajeros, ha mostrado su convencimiento de que la sentencia se ha ejecutado de forma correcta, y lamentó, no obstante, la preocupación que se sigue generando en torno a este asunto entre los 150 conductores ya contratados por TITSA a través de la bolsa de empleo que se creó con este último proceso selectivo.

En todo caso, consideró que este nuevo trámite judicial solo implica que la jueza del caso quiere saber si la sentencia se ha cumplido bien. De cualquier modo, Hernández sostiene que en esta ejecución del fallo judicial existe la figura del opositor de buena fe, por lo que “quienes habían pasado todas las pruebas no tenían que repetir el examen, salvo que alguno lo quisiera hacer para subir nota”. Tal interpretación, según subraya este sindicalista, viene avalada por la jurisprudencia, por lo que mostró su esperanza en que el litigio finalmente se dé por resuelto pronto.

El PSOE se va a mantener en el Gobierno del Cabildo tinerfeño y no piensa romper antes de las elecciones el pacto insular con CC, a pesar de las “provocaciones” y las “presiones” del líder de los nacionalistas y presidente de esa Corporación, Carlos Alonso. Así lo han manifestado este martes en rueda de prensa el secretario general de los socialistas en Tenerife, Pedro Martín (alcalde de Guía de Isora y candidato a presidir esa misma administración), y la secretaria insular de Organización, Josefa Mesa (que esa consejera insular de Patrimonio Histórico).

En rueda de prensa celebrada en la sede regional del PSOE, Martín ha acusado a CC de provocar “tensiones innecesarias” sobre asuntos como el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que los socialistas tinerfeños creen que se pueden mejorar vía enmiendas y no pidiendo su devolución, como han aprobado CC y PP en el último pleno del Cabildo.

En palabras de Josefa Mesa, también ha habido “presiones” de Alonso para que apoyaran “sí o sí” la compra de un edificio de oficinas vinculado a Antonio Plasencia por 23 millones de euros en Cabo Llanos, para uso como geriátrico, operación de la que el partido de la rosa y el puño se ha desmarcado de forma definitiva.

El candidato y líder insular del PSOE ha justificado la decisión de que su formación política no abandone el Gobierno insular con el argumento de que “quedan pocos meses para las elecciones y romper el pacto sería una pataleta difícilmente explicable a los ciudadanos, pues supondría dejar interrumpidas iniciativas como los planes de cooperación con los ayuntamientos, los planes de obras de aguas residuales y desaladoras, o el concurso para la gestión de los residuos; así que no vamos a dar un portazo y largarnos, aunque nos estén empujando a hacerlo”.

Admite el político isorano que “están intentando fastidiarnos para que rompamos el pacto, pero ya somos mayorcitos, y espero que no haya más provocaciones, porque nosotros no lo hemos incumplido, lo incumple mucho más CC que el PSOE”, apostilló, con oxímoron incluido.

Es más, Martín hasta dijo que su obligación es “tender la mano” al presidente del Cabildo, pero lo previene de que los socialistas no van a decir sí a todo, “pues los acuerdos [entre los dos socios gobernantes] deben ser consensuados y no impuestos” por CC.

Todos a una contra la operación Plasencia

Sobre los motivos de desacuerdo en las últimas semanas, el de mayor calado le parece el intento de compra a Plasencia de un edificio, empresario condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar. En este punto Martín dejó claro que el rechazo a ese expediente (que en un primer momento apoyó el PSOE) no es una postura personal o de un sector del partido, “sino de todos los militantes en un acuerdo tomado por el Comité insular”.

Al respecto, tanto Martín como Mesa lamentaron las declaraciones de Alonso en las que se ufana de que en este asunto antepone las necesidades de los ancianos a “la estética y la ética” porque quiere comprar el edificio a Plasencia pese a que no le gustan los negocios con empresarios condenados pero tampoco es “estético alimentar a mayores con líquidos y hay que hacerlo”. “Una mala tarde la tiene cualquiera”, afirmó con sarcasmo el líder socialista sobre esas declaraciones, e hizo gala de la “sensibilidad social del PSOE” al aprobar leyes nacionales como la de atención a la dependencia, además de recordar la trayectoria -actual y pasada- de los socialistas en servicios sociales en los gobiernos nacional, autonómico e insular.

Mesa tachó de “desafortunadas” esas manifestaciones de Alonso y dio a entender que el PSOE no va a dejarse influir por esa estrategia sentimental de CC para que apoye la adquisición del edificio de Plasencia, ahora a través de una convocatoria pública de ofertas, tras quedarse los nacionalistas sin respaldo para hacer a dedo la compra y acordar esa vía de la mano del PP.

“No estamos de acuerdo con que a dependientes encamados que necesitan cuidados especiales se les saque del Febles Campos para meterlos en un edificio de oficinas reformado, pues deben ser inmuebles adaptados, diseñados para ello, donde puedan ser atendidos con dignidad”, explicó Martín, favorable a que se construya desde cero una nueva residencia de ancianos en suelo público.

En relación con la reposición de Las Chumberas, también criticó los intentos de CC de “enturbiar” la buena gestión de la directora insular de Vivienda, Marta Arocha (del PSOE), y destacó que el Ministerio de Fomento ya ha dado una solución, en un asunto cuyo quid situó en que “no sabemos cómo se han gestionado” los 25 millones de euros que el Ayuntamiento de La Laguna ha recibido ya de las otras administraciones públicas para el fin de la reposición de vibiendas sociales, algo sobre lo cual “CC ni pregunta ni se interesa”.

Incertidumbre sobre la situación de Aurelio Abreu

Preguntado sobre la situación del vicepresidente del Cabildo, el socialista Aurelio Abreu, que va a afrontar un juicio oral encausado por adjudicar a dedo, sin concurso, la redacción de un proyecto de residencia sociosanitaria cuando era alcalde de Buenavista, el dirigente insular del PSOE dijo que no existe aún ningún pronunciamiento de la dirección federal del partido.

Cabe recordar al respecto que el código ético nacional del PSOE obliga a dejar el cargo público a los militantes imputados sobre los que haya juicio oral abierto, o bien a apartarlos de esta formación política de manera cautelar.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), ha tensando aún más sus ya deterioradas relaciones con el PSOE al afirmar este lunes en Radio Club Tenerife que “lo que le pide el cuerpo es romper el pacto” de gobierno con los socialistas, aunque “hay que pensar con la cabeza frí­a y ser responsables”. Alonso acusó a este partido de ir por libre al Ministerio de Fomento con soluciones para la reposición de Las Chumberas que “no son viables legalmente”.

Por si fuera poco, Carlos Alonso ha afeado al PSOE su oposición a la polémica compra del edificio de Antonio Plasencia, un empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar, a la vez que ha dejado claro que su intención sigue siendo adquirir ese actual bloque de oficinas a una empresa de la familia Plasencia, a la firma Carlacand, porque le parece la mejor opción para convertirlo en centro geriátrico ya que cualquier otra opción demoraría años disponer de nuevas plazas.

El presidente insular añadió que “por transparencia y para que no quede sombra de duda” el Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) va a convocar una solicitud pública de ofertas, con la que de todos modos ve difícil que surja otro edificio interesante“ en el área metropolitana de Tenerife.

De ese modo, da la razón a la interpretación que, desde el PSOE y Podemos, se hace del acuerdo adoptado el viernes en el Cabildo con los votos de CC y PP; es decir, que, aunque se desista del expediente de la compra a dedo, el ya iniciado, en realidad la puerta de que Plasencia sea finalmente el vendedor al Cabildo sigue abierta y esta vía se planteará sin cerrar el expediente ya abierto, para de esta forma no perder el dinero previsto o reservado.

Por si hubiera alguna duda de hasta qué punto está convencido de la bondad de esa operación, que tiene un montante de 29,1 millones de euros (23 de ellos para la adquisición de la propiedad), Alonso ha dejado unas reflexiones que no dejarán a nadie indiferentes: “A mí no me gusta comprarle un edificio a una persona que ha sido condenada, pero esta es la mejor opción y yo pongo antes que la estética la necesidad de atender bien a los mayores. Yo sabí­a que este asunto iba a provocar rechazo social, pero ante eso cabe la responsabilidad dentro del marco de la legalidad. Sé que tiene un coste político. Eso no es estético, pero cuidar a un mayor al que hay que darle de comer por la boca con líquido tampoco es estético, y esto a la gente no le gusta verlo pero hay que hacerlo”.

Sobre el pacto en el Cabildo, tensado por esta polémica -CC no apoyó la moción socialista de que la única opción fuera construir un edificio nuevo en suelo público previo concurso-, el mandatario nacionalista cree que “por responsabilidad no debería ocurrir” que se rompiera el pacto en el Gobierno insular, pero duda de si el PSOE va a tenerla. A su juicio, la propuesta del PSOE “retrasarí­a la solución nueve años”.

Las Chumberas y el presupuesto estatal para eclipsar a Plasencia

Aunque la razón de fondo es esa controvertida operación de compraventa con Plasencia, la que está en curso desde el IASS (su consejo rector se vuelve a reunir este jueves), Alonso prefiere derivar todo el problema hacia otras cuestiones, como los Presupuestos Generales del Estado, pues el PSOE votó en contra de una moción que promovía CC en el pleno del pasado viernes para pedir que estos sean devueltos al Gobierno central por ser lesivos para la isla.

De ahí que Alonso considere que su hasta ahora socio de gobierno “ha incumplido el Pacto por Tenerife, que se firmó antes de las elecciones pasadas para ponernos de acuerdo sobre asuntos esenciales de la isla: las infraestructuras, hospitales, carreteras, plazas sociosanitarias, Las Chumberas...”.

De modo que para Alonso “entre apoyar a Tenerife y apoyar a Pedro Sánchez, el PSOE ha visto que lo mejor es apoyar” al segundo. Este hecho además lo vinculó con que el candidato socialista a la presidencia del Cabildo, Pedro Martín (alcalde de Guí­a de Isora), “está haciendo campaña como si fueran oposición en el Cabildo, y no lo son; para lo bueno y para lo malo en los últimos ocho años han gobernado” con CC.

Otro punto de clara fricción con el PSOE que ha sido destacado por el lí­der insular de CC es la postura que la directora insular de Vivienda en el Cabildo, Marta Arocha (socialista), mantiene para resolver el problema de la financiación en la reposición de Las Chumberas: la negociación de un convenio de cuatro años y garantizar el correcto empleo de los 25 millones ya transferidos (el Ayuntamiento de La Laguna no ha justificado aún ni un euro y solo ha certificado menos de tres), pues se trata de subvenciones anuales que no se justificaron en el plazo marcado.

En este punto, Alonso también ha picado un poco más al PSOE al asegurar que el área insular de Vivienda “no ha ido en la lí­nea de los intereses del Cabildo y de los propios vecinos al estar proponiendo soluciones que legalmente no son viables”, por lo que asegura que ahora será él quien asista junto a los representantes de Fomento y de las otras administraciones implicadas a la comisión de seguimiento del convenio de Las Chumberas, el día 29 (este martes), con lo que en principio no estará Marta Arocha (PSOE).

Su propuesta es la de prorrogar el convenio que caducó a 31 de diciembre de 2018, “que es el marco jurídico más adecuado para que el Ayuntamiento continúe abonando los alquileres a los afectados y con las labores de apuntalamiento de las viviendas [con aluminosis], y para adjudicar definitivamente las obras lo antes posible e iniciarlas”. “Ese es el marco en el que debemos movernos, y por eso iré yo”, remachó.

El presidente insular admitió que el Ayuntamiento que preside José Alberto Dí­az (CC) no ha gestionado bien este asunto, pero “sobre todo” responsabiliza al Ministerio de Fomento “porque desde junio tení­a una propuesta de convenio [la que redactó el área insular de Vivienda, del PSOE] que dejó expirar dificultando ahora la solución jurí­dica”; por esta razón, afirma que “hay un interés manifiesto del Estado en no mover este expediente”.

El pleno del Cabildo de Tenerife, por unanimidad, ha salido este viernes en apoyo de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna al solicitar al alcalde José Alberto Díaz (CC) que explique en qué se han invertido los fondos que ha recibido del Gobierno estatal, el canario y la propia Administración insular para la reposición de la urbanización de Las Chumberas, que ascienden a 25 millones de euros.

El acuerdo adoptado ha sido, curiosamente, iniciativa de la propia CC, que se ha hecho una autoenmienda a la moción en que inicialmente planteaba que las administraciones públicas canarias sustituyeran financieramente al Ministerio de Fomento si este no firmaba o prorrogaba un nuevo convenio para demoler y reponer 668 viviendas y 79 locales afectados por aluminosis en aquel barrio de La Laguna.

Pero si la moción inicial parecía planteada por CC para echar un cabo político al alcalde lagunero y de paso poner en un aprieto a su socio en el Cabildo, el PSOE, pues derivaba la culpa de que no se haya firmado un nuevo convenio al Gobierno central, al final el resultado fue más bien el contrario; esto es, que el pleno del Cabildo ha acordado “apoyar la petición de los grupos municipales de La Laguna para detallar el uso de los fondos recibidos antes del 31 de diciembre de 2018 [25 millones de euros]”, y al mismo tiempo “instar al Ayuntamiento y a Muvisa para que asuman la máxima responsabilidad como ente gestor” de ese convenio.

La realidad es que el Consistorio lagunero, como expuso la directora insular de Vivienda, Marta Arocha (PSOE), no ha justificado aún ni un euro de los recibidos desde 2011 (solo ha certificado una mínima parte, tres millones, que no justificados), “y es intolerable que en nueve años no se haya movido ni una sola piedra”.

Al tratarse de subvenciones anuales, eso ha motivado que los funcionarios -tanto del Cabildo como del Gobierno estatal- hayan puesto reparos y advertido de que no se pueden dar nuevos recursos financieros para esas obras sin antes justificar los fondos anteriores.

El Ayuntamiento adjudicó a finales de diciembre las primeras obras de demolición y construcción, por 17 millones de euros, pero incluso lo hizo sin tener culminados los trámites para disponer del suelo donde levantar los nuevos bloques, como reconoció CC en el pleno del Cabildo.

El acuerdo también insta a la empresa pública Muvisa a que “haga público un cronograma donde se establezcan los hitos de ejecución del convenio, sus plazos y la financiación”. Se insta además a Fomento “a encontrar con las administraciones canarias la fórmula jurídica más viable para resolver la continuidad del convenio, o para hacer uno nuevo, para dar cobertura a la aportación financiera” de todas las partes implicadas. También se rechaza “cualquier acción unilateral por cualquiera de las partes al margen del convenio y del marco establecido por la comisión de seguimiento”.

Y es en este último punto donde surgió en el pleno la polémica entre los socios de gobierno, que el viernes votaron en sentido contrario en dos mociones y están al borde de la ruptura. El portavoz insular de CC, Alberto Bernabé, sacó las cajas destempladas contra la directora insular de Vivienda del propio Cabildo (del PSOE) por reunirse en Madrid la pasada semana con altos directivos de Fomento, “para negociar a espaldas de la comisión de seguimiento y de los servicios jurídicos del Cabildo, y seguramente con una propuesta que será distinta de lo que luego propongan las tres administraciones canarias”.  

Además, acusó a Arocha de que sus declaraciones a la prensa (este diario publicó sus impresiones de esa reunión en Madrid) “no son las que necesitan los vecinos, porque no podemos generar desazón ni desconfianza en las familias afectadas, que están llenas de miedos”. “Usted parece una interventora general, en lugar de buscar un solución, como CC, que somos propositivos”, remachó.

La realidad es que Bernabé no parecía estar bien informado, porque, para su sorpresa, el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, salió en defensa de Arocha y dejó claro que la reunión no fue de espaldas a CC: “No esperaba que Bernabé usara los términos que ha usado con ella, que ha intentado resolver tanto desaguisado, pues le dije a Carlos Alonso y a José Alberto Díaz que íbamos a mantener esa reunión en Madrid con el Ministerio para procurar que no pidiera el reintegro del dinero y que los técnicos del Estado hicieran los informes necesarios”. Pero Abreu no se quedó ahí, y reprochó que sea CC la que haga reuniones en las que no se convoca al jefe de servicio del área de Vivienda.

“No van a resolver esto ustedes pagando billetes a los vecinos para que vayan a Madrid a manifestarse, sino poniendo el expediente en manos de los funcionarios; no se puede seguir jugando con los afectados”, remarcó.

Encontronazo de PSOE y CC por los presupuestos de Sánchez

En otro de los asuntos destacados del pleno, CC y PSOE volvieron a enfrentarse, pero esta vez votaron en sentido diferente, al apoyarse los nacionalistas en el PP para pedir la devolución del proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 al Gobierno central por ser perjudiciales para Canarias. La votación evidenció la situación explosiva del pacto entre CC y PSOE, que no pudieron entenderse a pesar de que los socialistas reconocieron que las cuentas de 2019 preparadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tienen que ser mejorados para Canarias, pero no entendieron por qué había que pedir anular todo el presupuesto en lugar de incorporar esas partidas en el trámite de enmiendas.  

Esa postura también la defendió Podemos, que propuso una fórmula que contentara a todos los grupos, pero resultó un empeño imposible dado que CC y PP se enrocaron en sus posturas y llevaban un guión inamovible. “El PP está enfadado porque lo han apeado del poder en Madrid por una moción de censura que hacía falta por su corrupción y CC porque ha perdido su voto fundamental en las Cortes”, terció el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté.

Los dos partidos de izquierdas usaron datos de UGT en los que destacaron el aumento en pensiones contributivas, no contributivas y becas de estudio, más la eliminación del copago farmacéutico a los jubilados, el incremento retributivo a los funcionarios y el salario mínimo interprofesional, entre otros avances. También alegaron que no todo son carreteras, aunque también las defienden como necesarias y haya que batallar por incrementar las inversiones.

Los socialistas eran sabedores de que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, se las tenía jurada por haberle retirado el apoyo a la compra del edificio a una empresa de la familia del constructor condenado Antonio Plasencia, y por eso no les sorprendió esta moción en la que no fue posible ningún acercamiento.

De hecho, el portavoz de CC en este punto, Jesús Morales, tachó los presupuestos de una “ruindad” de Sánchez con Canarias por incumplir obligaciones legales del nuevo REF y del nuevo Estatuto de Autonomía en cuanto a inversiones y bonificaciones fiscales. “Es un Gobierno rehén de los partidos independentistas”, avisó el nacionalista.

Desde el PP, Ana Zurita, que además es diputada nacional, desacreditó estos presupuestos del Estado como “los peores en 40 años de democracia, porque no responden al interés general sino al de Sánchez para permanecer en la Moncloa con los independentistas”.

Contradijo estas dos últimas versiones el PSOE, cuyo portavoz en este caso, José Antonio Valbuena, apuntó que, respecto a los presupuestos estatales del PP para 2018, en los elaborados por el equipo de Sánchez para 2019 hay 100 millones más para Canarias, y aún se pueden lograr más fondos en el trámite en las Cortes.

En esta línea, el vicepresidente del Cabildo manifestó que entendía la postura de CC y PP en este asunto, “porque han estado muy a gusto juntos [en Madrid] en los últimos siete años recortando derechos, y encima sacando pecho”. Abreu reprochó además que el Gobierno canario reclame inversiones al Estado a sabiendas de que no tiene los proyectos para poder ejecutarlas.

El pleno del Cabildo de Tenerife celebrado este viernes ha permitido constatar que las relaciones entre CC y PSOE, los dos socios de gobierno, están al borde de la ruptura y ya solo es cuestión de tiempo que el divorcio se consume.

El principal desencuentro en esta sesión fue sobre el intento de compra a dedo de un edificio de 13 plantas en Cabo Llanos por 23 millones de euros a una empresa de la familia de Antonio Plasencia, Carlacand, para usarlo como geriátrico, operación que ya solo defendía CC y de la que el Cabildo ha desistido a raíz de una enmienda del PP, apoyada por los nacionalistas, a sendas mociones de PSOE y Podemos, pero que, según se desprende del tenor literal de lo aprobado, no cierra la puerta a que en el nuevo proceso de búsqueda de un inmueble el conocido constructor, doblemente condenado en el caso Las Teresitas y el caso Áridos, pueda hacer una nueva oferta y esta logre ser la elegida.

Mientras que el PSOE (que ha reculado en este asunto pues inicialmente apoyó esa compraventa) y Podemos defendieron cerrar toda opción a Plasencia descartando la compra de un edificio privado con su apuesta por construir un centro sociosanitario nuevo en suelo público mediante concurso, lo acordado entre CC y PP implica desistir de “la oferta actual” de Carlacand para a continuación “iniciar un proceso de búsqueda y adquisición de un edificio en el área metropolitana dentro del marco de la Ley de Patrimonio de la Administración del Estado”, lo que puede ser la opción de oferta pública ya anunciada por el presidente insular Carlos Alonso, de CC, tras dar marcha atrás con la compra a dedo.

El texto del acuerdo, por tanto, no especifica si se hace por concurso público o no, pues esa ley es precisamente la que usó CC en el Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS) para intentar comprar a dedo a Plasencia, al permitir la compra directa de un bien, justificándola en determinados supuestos, o por pública concurrencia.

Es cierto que el PP, durante la intervención de su portavoz, Sebastián Ledesma, en el pleno, con vehemencia quiso “dejar claro” y “sin margen de duda” que su grupo está “rotundamente” en contra de que se adquiera ese inmueble por cuestionar el expediente y por “la alarma social” que ha generado, así como “porque no es el adecuado” para residencia de ancianos. Sin embargo, la redacción del acuerdo aprobado, según interpretan PSOE y Podemos, es ambigua y deja la puerta abierta a que Plasencia pueda volver a presentar su oferta dentro de la convocatoria pública. Además, ni siquiera se hace constar que tenga que ser por concurso público.

Para encontrar este matiz, hay que acudir a lo que no está en el acuerdo, al compromiso anunciado días pasados por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, quien, tras perder apoyos para esa compra, anunció una convocatoria pública de ofertas -en la que, por ley, no se puede vetar a Carlacand-. Además en nota de prensa tras este pleno, el portavoz insular de CC, Alberto Bernabé, alude a que la alternativa planteada por el PP “permite insistir en la búsqueda de un inmueble que pueda ser utilizado con fines sociosanitarios a través de un proceso público”.

La hoja de ruta aprobada, en todo caso, incluye entablar conversaciones con la Seguridad Social (no se menciona ningún otro organismo público) para ver si tiene inmuebles que puedan ser cedidos para uso sociosanitario y también habilitar un concurso dirigido a centros sociosanitarios privados para contar con plazas provisionales en el área metropolitana donde reubicar temporalmente a los pacientes del hospital Febles Campos y la residencia de ancianos de Ofra, que serán demolidos y reconstruidos.

Solo si todas esas medidas no funcionan, según han aprobado CC y PP, dentro de seis meses se usaría la vía de construir un edificio nuevo, por concurso y en suelo público, que es la opción que defendieron Podemos y el PSOE para que de ningún modo el IASS pudiera hacer la compra a Plasencia.

Podemos advierte de la “extraña” votación repetida

La única consejera que puso objeciones desde el principio a esta compra, Mila Hormiga, de Podemos, no se anduvo con ambages y dijo que esta operación iba dirigida a “financiar la corrupción”. Destacó que de momento se ha “frenado” gracias a su grupo y la prensa que ha aireado las “chapuzas” del expediente administrativo, lo que ha generado “una alarma social” al tratarse del mismo empresario “corrupto” condenado por el caso Las Teresitas “que financia a los tres partidos”, la misma tasadora que en esa causa quedó desacreditada y el mismo partido, CC.

La consejera felicitó a PP y PSOE por haber rectificado su apoyo inicial a este trámite “turbio” y se preguntó “cuántas cosas se habrán aprobado así, sin que se lean los expedientes”. No obstante, tras el pleno, Hormiga apuntó que la marcha atrás del Cabildo en este asunto se ha aprobado “de forma edulcorada”, por una enmienda a la totalidad presentada por el PP a las mociones de PSOE y Podemos, apoyada por CC y que salió adelante “tras una extraña doble votación”.

Alude así Hormiga a que en un primer momento esta enmienda había sido rechazada por 13 votos a 12, pero un consejero de CC, Antonio García Marichal, advirtió de que su voto no se había registrado correctamente, así que se repitió la votación y en esta ocasión las tornas cambiaron y resultó aprobada.

La consejera de Podemos se preguntó por qué se intentó comprar el edificio sin concurso público, por qué con un uso urbanístico en el aire por la posible anulación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz y con dudas sobre si cumple con las condiciones estructurales y técnicas para prestar servicios sociosanitario. También cuestionó el “arbitrario” precio para esa compra de casi 30 millones de euros (6,1 para adecuarlo al nuevo uso, con obra que ejecutaría el propio Plasencia) y las “anomalías e irregularidades” en su tramitación.

Reyes se escuda en los ancianos para defenderse

Pero no hubo respuestas a las grandes preguntas sobre los raros entresijos del expediente que ha ido publicando Tenerife Ahora. La directora del IASS, Juana María Reyes (CC), visiblemente nerviosa, se limitó a explicar que “desde el momento cero” en que se encargó el proyecto para el Febles Campos se buscó un edificio para realojar a los pacientes, porque construir un nuevo edificio en suelo público demoraría el proceso años. Admitió que el expediente fue rápido para no perder la financiación en 2019 y aprovechar la oferta, que era por tres meses.

En lugar de despejar las dudas sobre el expediente (no ha aclarado aún cómo es que la oferta de Carlacand tiene registro de entrada en el IASS dos meses después de que se trabajara ya en su consecución), Reyes defendió su actuación, e intentó derivar la atención hacia la situación de los usuarios en el Febles Campos, por lo que dijo lamentar que “esa necesidad de los pacientes [de un nuevo centro] no se atienda”.“Se puede esperar 3, 4 o 6 años en tener nuevas plazas, pero a lo mejor sería bueno que se lo explicaran también ustedes a las más de 3.000 familias que están en lista de espera”, le espetó a quienes le critican su gestión en este asunto. Aludió además al “coste de oportunidad” de la operación, lo que haría que “en 15 meses se amortizara” esa inversión.

La responsable del IASS dijo que lo único que ha aprobado este organismo es “el inicio del expediente de compra”, en el cual, apostilló, “no teníamos nada que ocultar” puesto que constaba el nombre de la empresa ofertante, por lo que apuntó que a día de la fecha “no hay obligación con ningún propietario”. Contrasta este planteamiento con que al día siguiente de que se adoptara el acuerdo en el consejo rector del IASS, Alonso anunciara la compra y la diera por hecha, elogiando además sus ventajas.

Bernabé: “Con Hortensia y sin Plasencia no habría polémica”

El portavoz de Coalición secundó la estrategia de Reyes, quien, obviando las preguntas aún sin respuesta sobre las anomalías en el expediente, lanzó una frase sarcástica que dejó boquiabiertos a algunos consejeros del PSOE y de Podemos: “¿Alguno cree que si no fuera Plasencia sino Hortensia hoy no estaríamos debatiendo esto?”.  Con tales mimbres trató de zafarse de las críticas de Podemos al considerar que es “falsa” su acusación de que se trata de corrupción, y también de las del PSOE, al entender que los socialistas “no están de acuerdo con la compra solo porque el nombre del propietario no les gusta”. En una especie de “y tú más que yo”, el portavoz de CC contratacó con una noticia publicada este viernes en El Día titulada “El PSOE de La Laguna estuvo unos 25 años en un local de Plasencia, presuntamente sin coste económico”.

Solo fue indulgente con el PP, porque “su enmienda tiende algunos puentes” para resolver el problema. Y el quid, para Bernabé, en absoluto es Plasencia: “Tenemos que poner en el centro del debate a los mayores, no a la propiedad”, y en este sentido apuntó que la alternativa aprobada “es peor porque es más lenta” para los ancianos que adquirir el edificio.

Para CC no hay sombra de corrupción en este expediente del IASS, pues “es legal”. ¿Por qué entonces se da marcha atrás a la operación? “Porque hay alarma social, al punto de que el presidente del Cabildo plantea una oferta pública”, concluyó.

Los socialistas ven injustificada la compra a dedo

Desde el PSOE, Miguel Ángel Pérez trató en vano de buscar respuestas técnicas a las dudas que tiene sobre el expediente. Así, el consejero socialista, además de apuntar quién es el vendedor, consideró que el inmueble de Plasencia surge “de buenas a primeras por una necesidad imperiosa no justificada” porque “no aparece en el modelo sociosanitario” de la isla aprobado en 2018 ni existe un motivo urgente para desalojar el Febles Campos, donde hace unos años se invirtieron 600.000 euros en medidas de seguridad. No obstante, admitió que es necesario una nuevo centro, que a su juicio se puede construir en suelo anexo y para ello se pueden utilizar procedimientos urbanísticos excepcionales como los aplicados con Las Chumberas. 

Además, para Pérez, “el expediente adolece de falta de justificación clara sobre por qué una compra directa y no por concurso abierto; y tampoco hay un solo informe que diga que se puede autorizar la compra, pero CC lanzó las campanas al vuelto”. De igual manera, subrayó, ningún funcionario público hizo una tasación alternativa a la de Tinsa.

Esta argumentación la remató la también consejera del PSOE Josefa Mesa, quien, en alusión a que es una empresa de la familia Plasencia, advirtió de que el Cabildo, con dinero público, “no puede solucionarle problemas a ninguna persona ni dejar puertas abiertas a nada que no queramos”, en clara alusión a que Plasencia afronta por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar responsabilidades económicas que sobrepasan los 100 millones de euros. Añadió que “un pacto”, el que tiene el PSOE con CC, “no tiene que ser un mero intercambio de cromos”, y remachó su discurso con unas palabras del propio presidente del Gobierno canario y líder de CC, Fernando Clavijo, según el cual “por mucho que al final pueda ser legal esta compra no es moralmente correcta”.

El PP cree “accesoria” la polémica sobre Plaencia

Sebastián Ledesma, portavoz popular, afeó a Podemos que pese a sus críticas se abstuviera en el acuerdo inicial sobre este expediente, “pues abstención no es oponerse, sino dar un visto bueno, e incluso en procesos penales están investigados los que se abstienen”. En el caso del PP, que votó a favor en aquel consejo rector del IASS del 28 de diciembre, el cambio de opinión lo justifica con que “hubo una quiebra de confianza” en CC tras conocer los detalles de la documentación y la “alarma social” creada.

“Hay que reconocer que nos hemos equivocado y se debe desistir de esta compra”, remarcó, e insistió en que el edificio de Cabo Llanos “no es el adecuado porque no fue configurado para albergar un proyecto sociosanitario” y además el cambio de uso plantea “dudas  urbanísticas” si se anula el Plan General.

En todo caso, el PP se abonó también a la tesis de CC sobre que “lo accesorio” es la polémica sobre Plasencia y que lo importante es “no desviarse” de que el objetivo es solucionar el problema de la falta de plazas sociosanitarias.

En un comunicado posterior, el grupo Popular presume de que “ha logrado finalmente” que el Cabildo desista de la compra del edificio de Cabo Llanos “debido a los problemas de todo tipo que han surgido en relación tanto con la idoneidad de la compra, dadas las circunstancias en torno a la propiedad del bloque, como a la situación del propio inmueble y su morfología, que implican una alta complejidad para su adaptación al uso sociosanitario”.

Tras asistir al enfrentamiento entre CC y PSOE, Ledesma bromeó con que los socialistas parecen ya “más oposición que nosotros” y observó que en este pleno “se ha escenificado el distanciamiento claro y evidente”. Por su parte, PSOE y Podemos lo que han observado es un acercamiento entre CC y PP.

El pleno del Cabildo de Tenerife previsto para este viernes promete ser uno de los más interesantes del mandato. El motivo: el enfrentamiento entre los dos socios de gobierno (CC-PSOE), ya que Coalición se resiste a renunciar de forma definitiva a la compra de un edificio de 13 plantas en Cabo Llanos para usarlo como geriátrico a una empresa de la familia del constructor Antonio Plasencia (constructor condenado hasta en dos veces por corrupción), aunque haya reculado y en lugar de a dedo ahora acepte una solicitud pública de ofertas.

El PSOE, que al principio apoyó la compra directa, ahora exige construir uno nuevo y que esto se haga por concurso público. Este partido descarta por completo cualquier opción de que el empresario condenado por el caso Las Teresitas y el de los áridos sea el beneficiario de esa jugosa compraventa, inicialmente cifrada en 23 millones de euros.

En esa pugna el PP va a tener también su cuota importante de protagonismo, pues su voto va a permitir decantar la balanza hacia las pretensiones del PSOE o de CC. La realidad es que los populares, que también recularon tras el apoyo inicial que dieron a la operación Plasencia al comprobar que hubo “oscurantismo” con el expediente, han presentado una enmienda a la moción socialista con una compleja hoja de ruta. Así, el PP prefiere no vetar que Plasencia al final pudiera vender su construcción al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), a través de Carlacand, constructora representada por uno de sus hijos.

De hecho, Carlacand se la ha ofrecido al IASS por 23 millones, unos 300.000 menos que la tasación encargada por dicho organismo del Cabildo a la compañía Tinsa (cuya actuación fue clave para inflar ilícitamente el precio de los terrenos de Las Teresitas vendidos por ese conocido empresario e Ignacio González al Ayuntamiento en 2001).

La propuesta del PP consiste en que se reinicie el expediente, que se mantenga la autorización del gasto para comprar un inmueble, que se busque un edificio público (de la Seguridad Social) que pudiera ser cedido al IASS, que se hagan de forma paralela sendos concursos públicos, uno para para proveer plazas sociosanitarias provisionales en el área metropolitana y otro para comprar un edificio en construcción o terminado en la capital tinerfeña con el fin de incrementar el numero de plazas geriátricas en este municipio.

Solo si todas estas medidas, que tendrían que aplicarse “con la máxima urgencia”, no dieran resultado a los seis meses de ponerlas en marcha, el PP plantea lo que los socialistas quieren que sea la única solución, es decir, buscar suelo y construir un inmueble de nueva planta tanto para alojar a los pacientes del hospital de Febles Campos y de la residencia de mayores de Ofra como para incrementar la deficitaria oferta de plazas de este tipo que hay en Santa Cruz.

Tras aprobarse en el consejo rector del IASS el pasado diciembre aquella operación de compraventa con Plasencia, en la que se abstuvo solo Podemos, este asunto ha dado un sorprendente giro en apenas unas semanas con el aireo mediático de las anomalías del expediente: una de las más llamativas, que la oferta de Plasencia aparece sellada por registro de entrada el 14 de diciembre, dos meses y medio después de que ya este organismo autónomo del Cabildo hiciera gestiones para la compra del inmueble, incluso solicitando al Ayuntamiento santacrucero que certificara el cambio de uso de oficinas a sociosanitario, cosa que hizo en diciembre.

No menos llamativas fueron las prisas en los trámites, con un encargo a dedo a Tinsa para la tasación, hecha y entregada por método exprés en poco más de una semana, que además no fue contrastada con una tasación alternativa de funcionario público, sino con una validación por un servicio técnico del IASS, el cual, paradójicamente, reconoció no tener medios, formación ni datos actualizados para calibrar el precio de mercado de este inmueble.

A esto se une que el interventor delegado se quejó de que no le dieran tiempo para examinar este expediente, pese a ser el mayor gasto del IASS en los últimos años, y advirtió de que solo autorizaba el inicio del trámite pero no pago alguno. Dijo que no estaba bien acreditado por qué esa compra no salió a concurso público.

La residencia de ancianos El Drago del Marqués, en la lujosa urbanización de Ifara y adosada a las inclinadas laderas de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tiene hasta cuatro plantas más de las permitidas por el Plan General de Ordenación (PGO). Esta irregularidad no se puede legalizar con la revisión de las licencias que, entre 2003 y 2009, ampararon de forma ilícita el proyecto de construcción, pues lo único legalizable, en tal caso, sería el uso sociosanitario de la parcela, que estaba prevista para club deportivo y guardería.  

Así lo deja claro una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada hace un año, tras un contencioso administrativo planteado por vecinos de Ifara. La sentencia ya es firme, después de que el pasado día 10 el Tribunal Supremo no haya admitido a trámite el recurso presentado por la empresa Residencias Atlántica, SA. Esta sociedad ha anunciado esta semana que tendrá que cerrar sus puertas y trasladar a otros centros a 176 ancianos.

El contenido de la sentencia contrasta con la afirmación del concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife (PP), sobre que existe un proyecto de demolición para reducir el inmueble en un espacio para entre ocho y diez plazas sociosanitarias y que de este modo se podrá legalizar toda la construcción. Pero resulta que, según han indicado a Tenerife Ahora los vecinos litigantes, tal posibilidad nada tiene que ver con su pleito, sino con otro que interpuso el geriátrico contra el Ayuntamiento, que ya en su día, obligado por la primera sentencia judicial a raíz del recurso de esos residentes en Ifara, había revisado las licencias ordenando solo el derribo de las cubiertas de la edificación.

Por lo tanto, según esas mismas fuentes, la sentencia del TSJC que ahora ha adquirido firmeza en el Supremo supone que en el proceso de legalización de lo construido se deben respetar los parámetros del Plan General, no pudiéndose así legalizar los incumplimientos que determinan “la declaración de nulidad” de pleno derecho de las licencias objeto de revisión. Son infracciones entre las que cabe subrayar la edificabilidad, que excede de la permitida entre 2.126  y 2.690 metros cuadrados, y el número de plantas, hasta cuatro más de las estipuladas en el planeamiento. “Deberán demolerse”, apostillan los vecinos.

La sentencia ya firme aprecia además otras irregularidades que son motivo de nulidad de las licencias; esto es, que Urbanismo permitió en su día alturas que llegan a superar los 20 metros, cuando no pueden ser superiores a 10; también que la separación entre la vía pública y el edifico es inferior a la que permite la normativa urbanística; que no se han respetado la altura y la anchura de los bancales, por lo que los desmontes que separan el edificio de la vía son también ilegales, y además que la superficie de lo patios interiores es menor a la permitida.

Urbanismo admite que las licencias no fueron legales

Resulta particularmente destacable que el TSJC, para concluir que las licencias son nulas de pleno derecho, se base precisamente en un informe de la Gerencia de Urbanismo elaborado en 2013. Este hecho lo ponen de relieve los denunciantes, ya que “son técnicos de la misma Gerencia los que resaltan las irregularidades cometidas por el propio Ayuntamiento cuando otorgó las licencias anuladas, por lo que ya no será posible ningún apaño”.

Para esta parte recurrente, “el único que ha mostrado cierta responsabilidad últimamente ha sido el gerente actual de la residencia, que ha reconocido públicamente que no puede seguir abierta sin contar con los permisos y licencias que habiliten esta actividad”.

Las mismas fuentes, tras una lucha que se prolonga ya 17 años, enfatizan que “ya se acabaron los tiempos en que los funcionarios se plegaban a las exigencias de los políticos y de los promotores”, por lo que dan por supuesto que “la Gerencia de Urbanismo tiene unos técnicos competentes que no podrán informar hoy en día ningún proyecto de legalización contrario a la ley, sobre todo ahora que una sentencia, firme y definitiva, ya sin discusión, señala el número de plantas, las alturas y los retranqueos que debe cumplir el edificio para su legalización”.

Lo único que plantea legalizable la sentencia del TSJC es el uso sociosanitario, en lo que sí da la razón a Residencias Atlántida, SA, a pesar de que en el Plan General la parcela estaba catalogada para equipamiento privado, club deportivo o guardería. El cambio de uso no se justificó, a juicio de los magistrados, pero sostienen que “la mera falta de motivación en cuanto a la adjudicación de un uso en el edificio destinado a geriátrico no resultaría una alteración significativa sobre la consideración de nulidad plena, por cuanto analizamos la nulidad desde el punto de vista edificatorio y de espacios ganados indebidamente; por tanto, en este punto tendremos que estimar el recurso considerando que el uso de la edificación podrá cuestionarse como infracción anulable de la normativa, pero no constituye una vulneración de nulidad radical”.

El PSOE ha decidido soltar amarras de forma definitiva ante cualquier intento de compra por parte del Cabildo de Tenerife (de CC) de un edificio sito en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife) a la empresa Carlacand, de la familia de Antonio Plasencia.

El viraje de los socialistas, después de que en diciembre apoyaran esta operación, es de 180 grados: en el pleno de este viernes propondrán desistir ya de toda esa operación -valorada en 23 millones de euros, más otros 6,1 para adecuar el inmueble a su futuro uso sociosanitario- e impulsar la construcción de un nuevo edificio en suelo público, mediante el oportuno concurso.

Esa propuesta, que pone el pacto de gobierno entre ambos partidos al borde del abismo, recoge el mandato del Comité insular del PSOE, presidido por Pedro Martín, para que los consejeros socialistas en el Cabildo incluso recojan sus bártulos si CC optara ante tan fuerte pulso por romper el pacto, algo de lo que hace una semana ya advirtió Carlos Alonso.

Desde luego, la moción se aparta del anuncio hecho la pasada semana por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), de un reinicio del expediente para convocar una solicitud pública de ofertas, en la que incluso pedía a los Plasencia que mantuvieran la de ellos, para buscar lo mismo: un edificio ya construido en el área metropolitana con capacidad para 220 plazas geriátricas que estuvieran disponibles en 10 meses.

Alonso, que intentó sin éxito retener el apoyo de los socialistas so pena de una ruptura del pacto (el giro del PSOE ya quedó bien claro en el consejo rector informativo del viernes pasado, en el que defendió el contenido de la moción llevada este lunes a la junta de portavoces), buscó de este modo una vía de escape al callejón sin salida en que se había metido CC después de que el PSOE y PP, que habían apoyado a fines de 2018 comprar el edificio a Plasencia, en el caso de los socialistas en el Consejo de Gobierno insular y luego en el consejo rector del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS), decidieran desmarcarse de la operación.

Esto se produce tras publicarse en los medios que aquel inmueble está vinculado al constructor doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar y después de difundirse con todo detalle los pormenores del expediente, con llamativas anomalías que ha detallado Tenerife Ahora en una serie de entregas a lo largo de este mes.

Un expediente que hace aguas, según el PSOE

Precisamente, los socialistas alegan en su moción, registrada este lunes, que no ha quedado acreditado en el expediente del IASS por qué esta compra a Plasencia no salió a concurso público, sino que se optó por la compra directa (el propio interventor de este organismo la pone en cuestión y otro informe económico financiero advierte de que este método debe estar bien justificado).

El PSOE también advierte de que la valoración de 23 millones aceptada a Plasencia “debería ser validada por un funcionario con conocimiento suficientes en la materia, siempre teniendo en cuenta la finalidad asistencial del inmueble y el elevado grado de inejecución de obras en su interior”. Cabe recordar que la empresa que tasó el edificio, Tinsa, lo hizo como si estuviera “terminado”.

En este punto, los socialistas, sin decirlo, vienen a contradecir a Alonso, quien había manifestado que “todo se hizo sobre la base de una tasación oficial de un funcionario público, cuando la realidad es que la tasación la hizo, por encargo también a dedo, la empresa Tinsa (la misma que infló el precio de la parcelas de Las Teresitas en contacto con el arquitecto de Antonio Plasencia y de Ignacio González, los propietarios de los terrenos), y que un funcionario del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del IASS se limitó a validar el precio pedido por Carlacand tomando como referencia el de esa tasadora, a pesar de que este servicio público había reconocido en un informe anterior que carecía de medios, formación y datos actualizados para calibrar cuánto podía costar el inmueble.

A todo ello se une un sorprendente hecho en el expediente: que la oferta de Carlacand aparece con registro de entrada en el IASS de 14 de diciembre de 2018, dos meses y medio después de que consten iniciados los trámites previos para la compraventa, como son la tasación de Tinsa -tramitada y hecha a toda prisa en octubre- y un informe urbanístico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el que certifica que el edificio, construido para oficinas, puede cambiar de uso a geriátrico con el actual Plan General de Ordenación (en el aire también está su anulación judicial por sentencia, ahora pendiente de un recurso ante el Supremo del Ayuntamiento para saber si es firme o no).

Macrorresidencias de ancianos ya en desuso en Europa

En su moción, el PSOE también propone crear una comisión entre administraciones públicas que haga un estudio detallado del modelo sociosanitario que debe implantarse en la isla y “tomar las medidas necesarias para iniciar de manera inmediata” la construcción de los centros sociosanitarios con proyectos ya redactados, es decir, el Febles Campos II y el Añaza, aprovechando el suelo público disponible.

Para explicar su sobrevenido apartamiento de CC en la operación Plasencia, los socialistas aducen además que el edificio en cuestión, de 13 plantas y diseñado para oficinas, choca con el modelo de residencia para ancianos que es hoy la “tendencia en todos los países europeos”, que pasa por caracterizar los geriátricos como una vivienda propia, creando un ambiente hogareño y preservando la autonomía personal. Todo lo cual, dice el PSOE, no sería posible con el modelo de “macrorresidencia” que se crearía con el inmueble que CC quiere comprar a Plasencia.

Contraofensiva de CC: presupuesto del Estado y Las Chumberas

Pero CC no se quedará sin ases en la manga en el pleno para poner al PSOE en aprietos, lo que forzaría a hacer visible, por su parte, desencuentros en otros asuntos que pudieran justificar una ruptura del Gobierno insular.

Así, en el pleno de este viernes está previsto que CC contraataque con dos mociones. Una difícilmente los socialistas van a suscribirla: solicitar la devolución del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez, por sus “incumplimientos” con Canarias en cuanto a las inversiones recogidas en la Ley del REF o los convenios. “Incumplimientos” que, según el grupo nacionalista, son “graves” con Tenerife, en el caso de un millón comprometido para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, cinco millones para los trenes, obras hidráulicas y la playa de Valleseco.

No será fácil tampoco que el PSOE apoye otra moción de CC en la que plantea que si el Ministerio de Fomento no firma un convenio para desbloquear la financiación de la reposición de Las Chumberas, sean el Cabildo, el Ayuntamiento lagunero y el Gobierno canario los que firmen uno por su cuenta.

Los socialistas ya han dicho que el problema es que el Consistorio de La Laguna no ha certificado gastos sino por 2,9 millones de los 25 que ha recibido de las demás administraciones (12,5 de ellos de Fomento), y que eso puede implicar la devolución del dinero, al no haberse justificado en el plazo legal y tratarse de subvenciones.

Pese a ello, la directora insular de Vivienda del Cabildo, Marta Arocha, acudió a Madrid la pasada semana para proponer un nuevo convenio, esta vez por cuatro años y que evite ese extremo. Arocha arrancó una cita de todas las partes para el día 29 de este mes.

El PP quiere visitar el edificio de Plasencia para decidir

Existe aún cierta incertidumbre sobre cuál será el planteamiento y el voto del PP en este pleno, pues los populares también se han desmarcado de forma sobrevenida de la compra a dedo (la habían apoyado en el consejo rector del 28 de diciembre, donde solo Podemos se abstuvo y nadie votó en contra ) y han reprochado a CC su “falta de transparencia” con ese expediente. Si el PP (CC tiene mayoría absoluta con el PP, esto es, un tope de 16 votos) apoya la moción del PSOE sobre el asunto de Plasencia, los planes de CC habrán quedado desbaratados del todo y no podrá apoyarse en otro partido. Podemos también está en contra de los postulados de CC.

De momento, el viernes lo que tiene previsto el PP es una pregunta: “¿Tiene el grupo de gobierno insular la intención de seguir adelante con la compra del edificio de 13 plantas sito en Cabo Llanos para su uso como centro sociosanitario?”, algo que ya tiene respuesta de Alonso en rueda de prensa desde la pasada semana, es decir, que ante la polémica creada recula para pedir más ofertas públicas y pide a Plasencia que no retire la de los 23 millones de euros.

El PP está interesado además (como publicó en un tuit) en hacer una visita al hospital Febles Campos y a la residencia de mayores de Ofra, puesto que CC alega en este caso la necesidad de demolerlas y, entre tanto se construyen nuevas infraestructuras, reubicar a 270 pacientes en un edificio nuevo (esa era la explicación para adquirir el inmueble a Plasencia). También quieren los populares visitar el propio y controvertido inmueble de oficinas a medio construir que el IASS pretendía adquirir en Cabo Llanos.

El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, y la directora insular de Vivienda de esa misma administración pública, Mara Arocha (ambos del PSOE), abrieron esta semana en Madrid con el Ministerio de Fomento una vía para salir del bloqueo administrativo en que se encuentra la financiación del proyecto para demoler y reponer el barrio de Las Chumberas en La Laguna. La parálisis se debe a que el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Muvisa, solo ha certificado 2,9 millones de euros de los 25  recibidos para este fin desde 2011, tanto de los gobiernos canario y estatal como del propio Cabildo.

Tal y como adelantó Diario de Avisos y confirmó Arocha a Tenerife Ahora, el  encuentro se produjo con altos cargos y funcionarios del Ministerio de Fomento, que mostraron su predisposición a la firma de un convenio por cuatro años -frente a la fórmula de firmar año a año las subvenciones, como venía siendo hasta ahora-, a la espera de los preceptivos informes de la Abogacía del Estado y de Hacienda.

Tanto Abreu como la directora insular de Vivienda arrancaron al Ministerio una fecha: el 29 de enero, para que se reúna la comisión de seguimiento de esta iniciativa, en la que se verán las caras representantes de los gobiernos estatal y canario, del Cabildo y del Ayuntamiento, “poniendo las cartas sobre la mesa”, con el fin de intentar cerrar un acuerdo que evite al Consistorio lagunero tener que devolver el dinero recibido por no haberlo justificado a tiempo y de que haya garantías de su justificación.

Según la directora insular, casualmente la misma mañana en que tuvo lugar esa reunión, el miércoles 16 de enero, el Gobierno canario remitió al Ministerio un borrador de convenio prácticamente igual al planteado por Arocha, pero en el que se indica que el Ayuntamiento adjudicó el pasado 21 de diciembre por 17,6 millones de euros las obras de urbanización, demolición y construcción de los primeros bloques de viviendas, pero no ha podido formalizarse el contrato porque no están aprobados de forma definitiva los proyectos de expropiación, realojo y urbanización, ni se dispone aún del suelo. La adjudicataria es la unión temporal de empresas Ecocivil Electromur-Imesapi-Falisa, que tiene un plazo de 28 meses para las obras.

El presidente Alonso, al tanto de todo

Arocha asegura que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, fue “puntualmente” informado del resultado de esa reunión con Fomento y apunta que esta cita estaba pedida desde finales de diciembre, con la intención de buscar una salida que beneficie a los vecinos a un problema que hunde sus raíces en la fórmula elegida en 2011 de subvenciones justificables anualmente, con convenios de un año, que los propios técnicos del Cabildo ya advirtieron en años anteriores que eran plazos imposibles de cumplir, como ha quedado harto demostrado.

Frente a las críticas recibidas desde el partido que es su socio de gobierno, CC, por haberse excedido en sus funciones al explorar vías de desbloqueo, la directora insular de Vivienda destaca que su cargo es el que es, y que no va a dejar de reunirse con el Ministerio por esos reproches, sobre todo de la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León: “En realidad tendría que estar ella desde hace meses haciendo lo que  yo, y no lo ha hecho; lo reprobable es que los vecinos llevan años esperando a que se les arregle el problema y el Cabildo tenía que dar un paso al frente con Las Chumberas”.

Arrocha también sostuvo que “no he politizado el asunto; he ido tranquila a Madrid, sin fotos, a una reunión técnica con una directora, una subdirectora y un técnico del Ministerio. Y desde luego, si me critican por trabajar, que me critiquen todo lo que quieran”, remató la directora de Vivienda en el Cabildo de Tenerife.

La enfermera tinerfeña madre de un niño de 12 años con fibrosis quística que, tras una larga lucha con otras familias afectadas, logró que la Sanidad pública canaria le financiara el único fármaco que puede frenar el avance de la enfermedad ya ha recabado, en apenas cuatro días, más de 134.000 firmas (a las 21.14 del día 18 de enero) para pedir que ese medicamento, el Orkambi, sea dispensado y costeado por el sistema público sanitario en toda España. La petición se puede apoyar en la plataforma digital Change.org y está dirigida a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.

Ángeles Aguilar -cuyo hijo padece la variante más agresiva de esta enfermedad crónica pulmonar y ha experimentado una mejoría desde que hace solo unas semanas recibe ese tratamiento- se dio a conocer hace unos meses por denunciar en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife la negativa de la Consejería canaria de Sanidad -hasta diciembre pasado- y del Ministerio a financiar con fondos públicos ese caro fármaco.

El coste puede superar los 100.000 euros al año por paciente, pero tiene eficacia probada como medicamento que frena la enfermedad desde hace dos años por la Agencia Europea y la Agencia Española del Medicamento, y desde hace tres en Estados Unidos. Es la única esperanza que tienen ahora mismo en España los enfermos de fibrosis quística de aquella variante, que apenas llegan a los 40 años de edad. De hecho, una cuarta parte de los afectados no sobrevive a la adolescencia.

“En España se calcula que la padecen cerca de 400 personas, aunque no hay un registro oficial. Sus síntomas varían en cada paciente, pero la mayoría sufre infecciones crónicas de las vías aéreas e insuficiencia respiratoria. En el caso de mi hijo, ya he asumido que cuando tenga 20 años necesitará un trasplante de pulmón”, explica Aguilar en su petición de Change.org.

Esta madre tinerfeña, sobre cuyo caso aún no se ha pronunciado la Fiscalía pero que no ha desistido de la denuncia, relata que hasta hace tan solo un mes “peleaba” para que su hijo tuviese acceso a este fármaco. Y cuenta así su odisea: “Después de meses y meses de lucha, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se comprometió a financiar el medicamento en nuestra comunidad. Y así ha sido. Desde hace unas semanas, Ricardo recibe el Orkambi. Para mí es un alivio, pero no dejo de pensar en lo difícil que ha sido todo. En todo el coste personal que supone tener que dejarte la piel cada día en una lucha administrativa mientras tu hijo ingresa en el hospital cada dos. No quiero eso para ningún padre ni madre. Por eso he abierto esta petición: para ser la voz de las personas que tienen fibrosis quística y de sus familiares. Quiero, queremos, que este sea un medicamento financiado en toda España por la sanidad pública. Firma aquí para hacerlo posible”.

Celebra Aguilar que en tan solo unas semanas haya podido notar la mejoría de mi hijo. “Pero en esos meses en los que el Gobierno canario no hacía nada, la capacidad respiratoria de mi hijo iba empeorando”, motivo por el que mantiene viva la denuncia en la Fiscalía, para que se examine el posible daño causado a Ricardo hasta que dispuso del Orkambi.

“No quiero que ningún niño, que nadie, tenga que pasar por ahí. Hasta ahora, la farmacéutica que comercializa Orkambi lo administra por uso compasivo a aquellos enfermos cuya capacidad pulmonar ha ido empeorando. ¿De verdad hay que esperar a que el daño sea tan grande como para dar un medicamento?”, concluye en su carta esta madre coraje. Y no olvida que, durante los muchos meses en que su hijo necesitó el Orkambi y no se le suministró, nunca imaginó que “ser madre supondría tener que escuchar a tu propio hijo decir que antes que seguir viviendo así, con dolor y en un hospital, prefería morirse”.

Mila Hormiga, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, es la representante de esta formación política en el consejo rector del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) y la única persona que en la ya famosa reunión del 28 de diciembre de 2018 no apoyó (se abstuvo) la compra a dedo por parte de ese organismo autónomo de un edificio de oficinas sito en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife) que es propiedad de una empresa de la familia de Antonio Plasencia (Carlacand, SL).

La adquisición se pretendía realizar, pues ahora Coalición Canaria (CC) en el Cabildo ha anunciado que va a paralizar ese proceso (lo ha anunciado el presidente insular Carlos Alonso este mediodía y ello no implica que al final se termine comprando el mismo edificio al mismo propietario), para darle un uso sociosanitario a ese bloque de oficinas. La operación suponía pagar con dinero público 23 millones de euros por el inmueble, más la adaptación de este, que el expediente también adjudicaba a dedo al mismo constructor, con algo más de seis millones de euros y, por lo tanto, un total de 29 millones.

Tras conocerse ese polémico proceso, que ha sido adelantado y explicado al detalle por Tenerife Ahora todos estos días, Hormiga concedió esta entrevista, en la que habla con claridad del antes y el después de esa operación pública en la que se ha quedado muy sola CC. La entrevista se hizo esta mañana de viernes, justo en el momento en que Alonso anunció que el Cabildo renunciaba a esa compra para lanzar un proceso de oferta pública, garantizando así la concurrencia.

La consejera insular de Podemos desgrana en esta charla lo ocurrido estos días y aporta algunas claves acerca de lo que había detrás de ese intento de compra urgente tan criticada en Tenerife (ya por todos los partidos menos CC), tan poco transparente y con beneficio inmediato para un empresario condenado hasta dos veces por corrupción (en los casos Las Teresitas y Áridos -barrancos de Güímar-, el primero con fallo recurrido ante el Supremo). 

PSOE y PP han comentado estos días que entonces votaron a favor de la compra del edificio de Plasencia porque ni siquiera se dijo en la reunión del consejo rector del IASS de 28 de diciembre pasado que era de una empresa del constructor condenado por corrupción. ¿Es eso así?

El expediente no nos fue facilitado hasta el día del consejo rector del IASS y en él se podía ver la dirección exacta del inmueble. Una simple búsqueda en Google Maps da la ubicación de ese bloque de oficinas, y a nadie en Santa Cruz que esté un poco al tanto de lo que pasa en la ciudad se le escapa que ese edificio es propiedad del señor Antonio Plasencia, máxime cuando ya dio que hablar su construcción al tapar la visión del Auditorio de Tenerife. Por si fuera poco, en la propuesta de acuerdo aparecía el nombre de Carlos Antonio Plasencia Romero.

Según lo que usted relata, ¿se puede decir que alguien ha mentido sobre que no se enteró antes de quién era el edificio de Cabo Llanos?

Cada uno es dueño de sus palabras y responsable de sus actos. Si lo sabían o no, es algo que deberá valorar cada cual acorde a sus principios. Lo que sí le puedo asegurar es que yo, personalmente, lo advertí, tanto el día 27 [la primera reunión del consejo rector, esta sin el informe del interventor] como el 28 en el propio consejo rector. Además, queda meridianamente claro que es una irresponsabilidad política de los demás grupos de la oposición que, tras escuchar mis advertencias, no se hayan molestado siquiera en comprobar mis afirmaciones.

Usted fue la única voz discrepante en el consejo rector del IASS del 28 de diciembre. ¿Por qué optó por la abstención en ese momento y no por el voto en contra, algo que se le ha reprochado a Podemos?

En el consejo rector se sometía a votación el inicio de un expediente, no su compra definitiva. Por eso mismo solicité que se incluyera en el acta mi protesta formal puesto que dicha compra se iba a hacer a un empresario condenado por corrupción. Mi abstención vino motivada por la urgente necesidad -compartida por el grupo de Podemos- de dar un nuevo espacio a pacientes y familiares del hospital Febles Campos, puesto que esa es una necesidad imperiosa para quienes la sufren y dado que los informes de la intervención delegada eran favorables. En ese momento opté por la abstención, que no es sino un voto discrepante al fin y al cabo. Evidentemente, no teníamos acceso a toda la información tal y como nos fue llegando en días posteriores.

¿Ha recibido algún tipo de presión por desmarcarse de ese acuerdo y hablar tan claro sobre las supuestas irregularidades que hay en el expediente?

Se puede afirmar que sí. Se me ha sometido a un chantaje emocional, principalmente por parte de quienes desde CC conocen mi sensibilidad por los pacientes del IASS.

¿Por qué CC ha tenido tanta prisa en cerrar esta operación tan polémica, tan urgente para ellos y con un proceso legal con tantas carencias y tan poco limpio al menos en el plano administrativo?

Las políticas de la corrupción suelen ser siempre las de las urgencias y las ocurrencias. Es el último sistema que estamos conociendo.

¿Este asunto puede acabar en la Fiscalía o en los tribunales?

Todos los indicadores apuntan a que así será.

¿Qué espera del consejo rector de este viernes, 18 de enero? ¿Por qué CC ha decidido convocarlo a toda prisa?

A solicitud de mi persona se solicitó inmediatamente la convocatoria de un consejo rector extraordinario, pero lamentablemente, al no tener el número mínimo de miembros necesarios para su convocatoria, no se atendió mi petición. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al día siguiente se convoca al grupo de gobierno para que la noticia que trascienda a los medios sea que fue CC -y también el PSOE- el que la solicitó y no Podemos, que no olvidemos la había pedido el día anterior. Al consejo rector se va a llevar un único punto en el orden del día, que es la Dación de cuenta del presidente sobre la situación actual del expediente de compra. A fecha de hoy desconocemos su contenido [el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, adelantó este jueves al mediodía que se va a renunciar a la compra a dedo y se abrirá un proceso de oferta púbica].

Si no sale la compraventa, que el PSOE no la va a apoyar (y parece que tampoco el PP, más la negativa de Podemos), ¿se acabó el pacto en el Gobierno insular?

El pacto hace tiempo que está roto, como todo el mundo intuye o sabe, y además todo apunta a que lo sostienen los sillones, las prebendas y los más que generosos sueldos percibidos en el Cabildo. Sabemos que entre CC y PSOE las relaciones están más que tensas y, si no se ha roto ya, es porque desgraciadamente el socialismo en Tenerife está acostumbrado a plegarse y humillarse a los deseos de CC. El PSOE está desorientado en estos momentos porque Alonso lo está presionando. Los socialistas están bajo el liderazgo de alguien en entredicho, ya que [en alusión a Aurelio Abreu] no solo tiene causas judiciales pendientes sino que no aúna las sensibilidades del partido. Nos consta que una parte del grupo en el Cabildo rompería el pacto ahora mismo.

Dice Carlos Alonso que todo se basó en una tasación hecha por un funcionario. ¿Mintió Carlos Alonso cuando dijo eso a la prensa, puesto que en el expediente lo que hay es una validación de la tasación de Tinsa por un funcionario de un servicio que admite que no tiene personal ni datos para actuar con criterio técnico?

La declaración de Carlos Alonso consistió simplemente en manifestar a los periodistas que “había una tasación de un funcionario” cuando en realidad no era así. Él siempre podrá decir que había un funcionario que hizo una validación de la tasación y de la oferta realizada, pero el informe de ese funcionario en modo alguno es una tasación. De hecho, se dio por bueno el precio ofertado por el señor Plasencia porque sospechosamente era inferior al de Tinsa. Para la oferta se comparó con otro edificio en Ifara, pero hay que recordar que este se encuentra en una zona muy lujosa de la ciudad y Cabo Llanos en su día pretendió ser la milla de oro de Santa Cruz, pero a día de hoy es una zona abandonada a su suerte. Prueba de ello es que ni el mismo Plasencia ha logrado vender el edificio en el mercado privado. Tinsa fijó el precio. ¿Pero quién es Tinsa? La sentencia de Las Teresitas lo aclara muy bien.

¿Cómo lo interpreta usted y qué consecuencias cree que tiene el hecho de que la oferta de Plasencia aparezca registrada en el IASS el 14 de diciembre de 2018 pero en el expediente ya figuran haciéndose trámites sobre esa compra desde octubre pasado? Además, el informe al Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el uso posible del suelo se traslada al IASS antes de ese 14 de diciembre, el día que la oferta de venta es oficial.

En la misma pregunta que usted hace está la respuesta. Esta operación ya estaba urdida de antemano por los cerebros pensantes de CC-ATI.

Hable con claridad: ¿CC ha hecho un traje a la medida de los intereses de Antonio Plasencia?

El expediente habla por sí solo. El traje no solamente está hecho: estaba puesto a la venta y con un comprador pactado con abundancia de recursos públicos para adquirirlo.

Del expediente se deduce que a Tinsa, la tasadora que, según la sentencia, infló el precio de Las Teresitas a la medida de Plasencia y González (los dos empresarios que vendieron parcelas del frente de esa playa al Ayuntamiento), también se le dio a dedo el encargo. ¿Qué opina al respecto? ¿No hay ningún funcionario en el Cabildo capaz de hacer una tasación de ese tipo, como la propia Pía Oramas, ya que estamos con los mismos protagonistas del caso Las Teresitas, en su caso en clave positiva?

Confiamos plenamente en la profesionalidad y en la defensa del interés público de los funcionarios del Cabildo. Quizá lo que no interesaba era una tasación por parte de los técnicos, como todos sabemos que sucedió en el caso de Las Teresitas con la tasación que realizaron los funcionarias y que fue relegada en aras del interés de los empresarios condenados.

Dice el PSOE de Santa Cruz que si el Plan General se anula de forma definitiva, lo cual es muy probable, no es posible el uso sociosanitario de ese edificio, aunque el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo avala el cambio. ¿Qué papel juega el Gobierno municipal, de CC-PP, en este asunto?

Da la impresión de que son simples convidados de piedra en este festín de la supuesta corrupción y el caciquismo.

¿Podemos decir que esta operación es cosa de un solo partido, CC, o hay más?

El final de CC, o mejor dicho de ATI y sus seguidores, es el final de un ciclo político caduco y vetusto, que está terminando de la peor manera posible. Ese final no puede ser liderado por los partidos que han sido muletas de apoyo y sostén de CC: el PSOE y el PP, y este es un ejemplo que sirve tanto para el Cabildo como para el Gobierno de Canarias. CC podrá seguir aplicando estas políticas clientelares y de amiguismo siempre y cuando la ciudadanía se lo permita. Si esto es así continuarán utilizando el dinero público para contentar a sus amigos y no para financiar políticas realmente necesarias para la ciudadanía como son la sanidad o la educación. Este edificio es ya el símbolo evidente del estercolero en que, durante más de 25 años, los mismos de siempre han convertido la política en Canarias.

Ahora mismo se ha informado de que Carlos Alonso informará en la nueva reunión del consejo rector del IASS, la de este viernes, de que el proceso puesto en marcha se paraliza para abrir un proceso de oferta pública. ¿Qué opinión le merece esta recogida de velas?

Ah, sí... Una vez más queda demostrado que hacer política soloe pensando en intereses partidistas y clientelares, para favorecer a los amigos, no es de recibo. Carlos Alonso, ante las múltiples denuncias de algunos medios de comunicación y de  Podemos, deja meridianamente claro, al retirar la propuesta de compra, que no solo estábamos ante una compra irregular sino que con casi toda seguridad estábamos viendo el comienzo de un supuesto hecho delictivo merecedor de la actuación de la Fiscalía. Además, iba a dejar pequeño el caso de Las Teresitas, para más escándalo, con algunos de los mismos actores implicados, tal y como llevo denunciando desde el primer día. Aparte de esto, lo más lamentable también es que el PSOE, con esta retirada, queda a salvo a pesar de no hacer nada, como nos tiene acostumbrados en este mandato. Volverá a su postura cómoda de hacer lo mismo que lleva haciendo estos cuatro años en el Cabildo: ver, oír y callar.

La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha decidido conceder un nuevo periodo de gracia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con los vertidos contaminantes y continuos al mar de aguas residuales en el litoral de La Hondura.

La autorización dada en 2016 venció el 31 de diciembre pasado y el Gobierno canario resolvió el 9 de este mes, en enero de 2019, prolongar la autorización para que la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa, en manos de la multinacional Sacyr) pueda seguir arrojando al mar esas pretratadas aguas hasta agosto de 2021, nueva fecha prevista para que entre en funcionamiento la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que ha licitado el Estado. Esta instalación se halla en el barrio de Buenos Aires.

Aunque hasta ese momento, a partir de agosto de 2012, el vertido de aguas negras al océano (hasta unos 20 millones de litros al día) no cumplirá con todas las exigencias de la normativa europea, la Viceconsejería explica a Tenerife Ahora que este nuevo permiso se ha dado porque “los tratamientos a los que ahora se someten las aguas residuales urbanas con carácter previo a su vertido al mar han mejorado respecto a los que se venían aplicando hasta mediados de diciembre de 2018, por lo que el efluente vertido actualmente tiene una menor carga contaminante respecto a los tratamientos efectuados durante la vigencia de la anterior autorización”.

El departamento que dirige la viceconsejera Blanca Pérez (CC) recuerda que el permiso anterior había sido concedido en abril de 2016 para el vertido desde tierra al mar de aguas residuales pretratadas procedentes de la estación de bombeo (EBAR) de Los Llanos, y que su fecha de vencimiento se había fijado para final de 2018 porque era el momento en que se había previsto que la nueva EDAR estuviera operativa. Pero esta obra, financiada y licitada por el Gobierno estatal, se ha retrasado varios años.

Fue el propio Gobierno municipal el que solicitó la modificación de la autorización de 2016, “ante la imposibilidad de cumplir” con los plazos del plan de etapas en virtud del cual se otorgó la anterior. Según este documento, la EDAR ya debía estar ampliada en 2018, pero la realidad es que no fue hasta el 26 de noviembre del pasado año cuando se formalizó el contrato de adjudicación de las obras de ampliación de esa infraestructura.

Mejoras provisionales desde diciembre

En todo caso, aunque hasta que esa nueva instalación no esté lista, el problema no quedará resuelto como mandan las directivas europeas. La Viceconsejería de Medio Ambiente detalla las mejoras que ya se han implantado para aminorar el impacto medioambiental de esas aguas negras: “Dos nuevos tamices de un milímetro de tamaño de paso, un tercer microtamiz de 350 μm, un nuevo concentrador de grasas, un nuevo sistema de burbujas en el desengrasador y dosificación del sistema BIOAMP en tres de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) que conforman el sistema de saneamiento del término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

“Con las mejoras implantadas, sin las cuales no se hubiese otorgado la modificación solicitada, las aguas serán sometidas a un pretratamiento más completo”, apostilla la Viceconsejería. de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de La Laguna solo ha certificado gastos por valor de 2,9 millones de euros de los 25 millones que ha recibido desde 2011 de otras administraciones públicas (la mitad de esa cantidad procedente del Estado, el 50%) para la primera fase de la reposición de la urbanización de Las Chumberas, un barrio con viviendas sociales afectadas por aluminosis en el municipio de La Laguna. En la actualidad, no se sabe qué destino ha tenido o dónde se halla el resto de los fondos, dinero público que el Ayuntamiento recibió por adelantado.

Comoquiera que es el Gobierno canario el que debe validar el empleo de esos gastos (dar el visto bueno a las certificaciones que realiza la empresa municipal Muvisa, la que gestiona el convenio), la realidad es que a día de hoy no se ha completado el proceso de justificación con ningún euro de los empleados hasta ahora, a pesar de que el 31 de diciembre vencía el plazo para ello y sí consta que Muvisa ha certificado gastos por valor de casi tres millones, una mínima parte de los 25 millones.

Esos son los datos que ha ofrecido a Tenerife Ahora la directora insular de Vivienda en el Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (del PSOE), que asegura que negocia en la actualidad una fórmula con el Ministerio de Fomento (también del PSOE) para evitar que el Ayuntamiento tenga que devolver el dinero ya transferido para aquel fin, casi el total de 25 millones.

La nueva propuesta contempla un convenio con vigencia de cuatro años prorrogables a otros cuatro, de modo que se acabe con la necesidad de firmar para cada anualidad un nuevo convenio o una adenda del precedente.

Arocha lamentó este martes la polémica surgido en el último mes y las “mentiras” que ha escuchado sobre este asunto, por lo que pone el acento en que la única solución al conflicto político-administrativo es abandonar la fórmula de justificar año a año el dinero invertido, con plazos de difícil o imposible cumplimiento.

Los funcionarios del Cabildo ya habían advertido en años anteriores de la imposibilidad material de cumplir con el plazo de justificación previsto, puesto que tampoco era viable ejecutar en los tiempos marcados las obras programadas en la primera fase, es decir, la demolición de las primeras 160 viviendas y la construcción de 188 nuevas, con expropiaciones y cambios en el Plan General de Ordenación, entre otras complejidades.

“Aún el Cabildo no ha pedido el reintegro de los fondos aportados al Ayuntamiento (el 10% de los 25 millones, 2,5), pero siendo rigurosos habría que hacerlo dentro de unas semanas; sin embargo, vamos a intentar un nuevo convenio con el Ministerio que evite esa opción. Para eso tenemos que dar garantías a la Administración central de que el dinero se invierte bien”, afirma la directora insular, que plantea, con tal propósito, que la empresa pública del Ayuntamiento encargada de gestionar el convenio, que es Muvisa, “sea tutelada por funcionarios”, incluso por un interventor municipal, algo que ahora no es así.

Dudas sobre la solución del Cabildo y el Gobierno canario

Arocha muestras sus dudas jurídicas sobre que, ante una falta de justificación de los fondos que ha destinado el Ministerio a Las Chumberas (el 50% de los 25 millones) y que estos deban por tanto ser reintegrados, el Cabildo, sin contar con Vivienda, y el Gobierno canario puedan no solo renunciar a solicitar al Ayuntamiento igual medida, sino que además aporten la porción reclamada por la Administración estatal (12 millones de euros, pues de los 15 totales se entiende que se validarán casi tres, los ya certificados por Muvisa), a la espera de un nuevo acuerdo entre todas las partes. “El presupuesto del Cabildo tiene recogidos fondos para ejecutar otros proyectos de áreas de renovación urbana a los cuales no les podemos quitar ese dinero”, advirtió.

Por esa razón, la apuesta de Arocha ahora es la negociación con Madrid de un nuevo convenio cuatrienal, cuyo borrador -enfatiza- elaboró y propuso el Cabildo en octubre de 2017, “con plazos y previsiones de gastos reales”, propuesta que el Ayuntamiento respondió meses después, en 2018, y que luego se envió al Ministerio. Este remitió un proyecto de borrador el verano pasado, al cual su Dirección General envió observaciones.

De este modo, Arocha desmiente que la iniciativa de esa propuesta de convenio en 2018 partiera del Ayuntamiento y que este lo enviara al Ministerio, en contra de lo manifestado por el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), en un pleno municipal. Díaz dijo que la prórroga o renovación del convenio en vigor hasta el 31 de diciembre pasado se había pedido a Fomento con cinco meses de antelación. “Esto no es verdad”, afirmó Arocha.

Así las cosas, la responsable de Vivienda en el Cabildo cree que la única negociación posible en este momento para no forzar la legalidad es dar garantías a la Administración estatal de que los millones que le corresponden en esta primera fase “tienen que certificarse, con los controles y las validaciones necesarios”, porque además así lo exige la legislación aplicable en esta materia, pues se optó por la vía de la subvención con pago previo a la justificación (el dinero ya se recibió). 

De los 25 millones, el 50% los ha aportado el Ministerio de Fomento, el 30% el Gobierno canario, el 10% el Cabildo y el 10% el Ayuntamiento lagunero.

Dar “garantías” al Ministerio con la “tutela” de Muvisa

“En 2011, en pleno época de crisis económica, el Ministerio solo aceptó que fueran convenios anuales, pues no se permitían gastos plurianuales por ley, lo que obligó a que en 2011 se empezaran a hacer prórrogas y adendas, pero para dar nuevas subvenciones hay que justificarlas: las tiene que certificar el Ayuntamiento y las valida el Gobierno canario, y eso no se ha podido hacer aún”, explicó Arocha, quien reitera que la situación actual es una consecuencia de “un mal comienzo” con la fórmula elegida hace ocho años, “pues los plazos eran imposibles de cumplir”.

A su juicio, “al Ministerio ahora hay que ir cargados de razones y que vean que le ofrecemos medidas que garanticen que el dinero se invierte de modo adecuado y que además lo ocurrido no volverá a pasar”.

Con tales antecedentes, la directora insular afea la deriva política de este asunto, pues, al menos en su caso, “politizarlo hubiera sido exigir el reintegro del dinero” como primera medida, “ante la incompetencia del Ayuntamiento para justificarlo”. Sin embargo, añade, “lo que estamos intentando desde el área de Vivienda en el Cabildo es resolver el problema, a pesar de que en este convenio no tenemos competencias, sino que solo somos una administración cofinanciadora”.

La directora insular previene de que el nuevo convenio deberá incluir una cláusula que garantice que las viviendas de reposición que se construyan queden adscritas al régimen de protección que les corresponda y que no puedan ser vendidas en un determinado número de años. También se debe disponer de información actualizada que permita constatar que todos los afectados podrán ser beneficiarios de las nuevas viviendas financiadas con dinero público.