Carlos Alonso provoca al PSOE en el Cabildo de Tenerife: “Lo que me pide el cuerpo es romper el pacto”

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), ha tensando aún más sus ya deterioradas relaciones con el PSOE al afirmar este lunes en Radio Club Tenerife que “lo que le pide el cuerpo es romper el pacto” de gobierno con los socialistas, aunque “hay que pensar con la cabeza frí­a y ser responsables”. Alonso acusó a este partido de ir por libre al Ministerio de Fomento con soluciones para la reposición de Las Chumberas que “no son viables legalmente”.

Por si fuera poco, Carlos Alonso ha afeado al PSOE su oposición a la polémica compra del edificio de Antonio Plasencia, un empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar, a la vez que ha dejado claro que su intención sigue siendo adquirir ese actual bloque de oficinas a una empresa de la familia Plasencia, a la firma Carlacand, porque le parece la mejor opción para convertirlo en centro geriátrico ya que cualquier otra opción demoraría años disponer de nuevas plazas.

El presidente insular añadió que “por transparencia y para que no quede sombra de duda” el Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) va a convocar una solicitud pública de ofertas, con la que de todos modos ve difícil que surja otro edificio interesante“ en el área metropolitana de Tenerife.

De ese modo, da la razón a la interpretación que, desde el PSOE y Podemos, se hace del acuerdo adoptado el viernes en el Cabildo con los votos de CC y PP; es decir, que, aunque se desista del expediente de la compra a dedo, el ya iniciado, en realidad la puerta de que Plasencia sea finalmente el vendedor al Cabildo sigue abierta y esta vía se planteará sin cerrar el expediente ya abierto, para de esta forma no perder el dinero previsto o reservado.

Por si hubiera alguna duda de hasta qué punto está convencido de la bondad de esa operación, que tiene un montante de 29,1 millones de euros (23 de ellos para la adquisición de la propiedad), Alonso ha dejado unas reflexiones que no dejarán a nadie indiferentes: “A mí no me gusta comprarle un edificio a una persona que ha sido condenada, pero esta es la mejor opción y yo pongo antes que la estética la necesidad de atender bien a los mayores. Yo sabí­a que este asunto iba a provocar rechazo social, pero ante eso cabe la responsabilidad dentro del marco de la legalidad. Sé que tiene un coste político. Eso no es estético, pero cuidar a un mayor al que hay que darle de comer por la boca con líquido tampoco es estético, y esto a la gente no le gusta verlo pero hay que hacerlo”.

Sobre el pacto en el Cabildo, tensado por esta polémica -CC no apoyó la moción socialista de que la única opción fuera construir un edificio nuevo en suelo público previo concurso-, el mandatario nacionalista cree que “por responsabilidad no debería ocurrir” que se rompiera el pacto en el Gobierno insular, pero duda de si el PSOE va a tenerla. A su juicio, la propuesta del PSOE “retrasarí­a la solución nueve años”.

Las Chumberas y el presupuesto estatal para eclipsar a Plasencia

Aunque la razón de fondo es esa controvertida operación de compraventa con Plasencia, la que está en curso desde el IASS (su consejo rector se vuelve a reunir este jueves), Alonso prefiere derivar todo el problema hacia otras cuestiones, como los Presupuestos Generales del Estado, pues el PSOE votó en contra de una moción que promovía CC en el pleno del pasado viernes para pedir que estos sean devueltos al Gobierno central por ser lesivos para la isla.

De ahí que Alonso considere que su hasta ahora socio de gobierno “ha incumplido el Pacto por Tenerife, que se firmó antes de las elecciones pasadas para ponernos de acuerdo sobre asuntos esenciales de la isla: las infraestructuras, hospitales, carreteras, plazas sociosanitarias, Las Chumberas...”.

De modo que para Alonso “entre apoyar a Tenerife y apoyar a Pedro Sánchez, el PSOE ha visto que lo mejor es apoyar” al segundo. Este hecho además lo vinculó con que el candidato socialista a la presidencia del Cabildo, Pedro Martín (alcalde de Guí­a de Isora), “está haciendo campaña como si fueran oposición en el Cabildo, y no lo son; para lo bueno y para lo malo en los últimos ocho años han gobernado” con CC.

Otro punto de clara fricción con el PSOE que ha sido destacado por el lí­der insular de CC es la postura que la directora insular de Vivienda en el Cabildo, Marta Arocha (socialista), mantiene para resolver el problema de la financiación en la reposición de Las Chumberas: la negociación de un convenio de cuatro años y garantizar el correcto empleo de los 25 millones ya transferidos (el Ayuntamiento de La Laguna no ha justificado aún ni un euro y solo ha certificado menos de tres), pues se trata de subvenciones anuales que no se justificaron en el plazo marcado.

En este punto, Alonso también ha picado un poco más al PSOE al asegurar que el área insular de Vivienda “no ha ido en la lí­nea de los intereses del Cabildo y de los propios vecinos al estar proponiendo soluciones que legalmente no son viables”, por lo que asegura que ahora será él quien asista junto a los representantes de Fomento y de las otras administraciones implicadas a la comisión de seguimiento del convenio de Las Chumberas, el día 29 (este martes), con lo que en principio no estará Marta Arocha (PSOE).

Su propuesta es la de prorrogar el convenio que caducó a 31 de diciembre de 2018, “que es el marco jurídico más adecuado para que el Ayuntamiento continúe abonando los alquileres a los afectados y con las labores de apuntalamiento de las viviendas [con aluminosis], y para adjudicar definitivamente las obras lo antes posible e iniciarlas”. “Ese es el marco en el que debemos movernos, y por eso iré yo”, remachó.

El presidente insular admitió que el Ayuntamiento que preside José Alberto Dí­az (CC) no ha gestionado bien este asunto, pero “sobre todo” responsabiliza al Ministerio de Fomento “porque desde junio tení­a una propuesta de convenio [la que redactó el área insular de Vivienda, del PSOE] que dejó expirar dificultando ahora la solución jurí­dica”; por esta razón, afirma que “hay un interés manifiesto del Estado en no mover este expediente”.