“Tener hijos tiene más consecuencias para la salud de las madres, a corto y largo plazo. No solo por los cambios biológicos derivados del embarazo y el parto, sino también por sus consecuencias psicológicas. Nuestros resultados muestran una importante brecha de género”, es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la doctora en Sociología e investigadora del grupo OPIK de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) Anna Barbuscia tras analizar los efectos de tener hijos en 9.533 mujeres y 9.637 hombres de entre 18 y 55 años. “Se observa que, en los hombres, ni el hecho de ser padres ni las características familiares modifican los indicadores de salud. Todos los parámetros se mantienen prácticamente igual”, resume Barbuscia.

Sin embargo, las mujeres muestran una sensibilidad sustancial al número y edad de los hijos que tienen. Las madres con un solo hijo y las madres de adolescentes reportan los niveles más altos de síntomas depresivos y peor salud percibida general. Por el contrario, convivir con dos o más hijos pequeños se asocia con mejores indicadores de salud mental y percibida en comparación con mujeres sin hijos. “El cuidado de los más pequeños suele exigir un mayor esfuerzo físico y eso puede traducirse en más cansancio o peor descanso. En cambio, la adolescencia se ha señalado tradicionalmente como la etapa más estresante para madres y padres”, explica la investigadora.

En cuanto a los comportamientos de salud, la investigación identifica otra diferencia relevante en la práctica de ejercicio físico. Los resultados confirman que, en general, las mujeres realizan menos actividad física regular que los hombres y revelan que la brecha aumenta cuando tienen hijos e hijas. “Solo el 16% de las madres con niños y niñas pequeñas practica ejercicio de forma habitual, frente al 30% de las mujeres sin descendencia. En los hombres, en cambio, de nuevo, apenas se observan diferencias entre quienes son padres y quienes no”, destaca Barbuscia. “Todo apunta a que la maternidad reduce el tiempo disponible para el cuidado personal, y eso repercute en un hábito tan importante para la salud como la actividad física”, incide.

“Mientras que la salud de los padres se mantiene insensible a las demandas de la crianza, la de las madres varía notablemente. La mayor carga mental, las responsabilidades domésticas no compartidas y las expectativas de la maternidad intensiva hacen a las mujeres más vulnerables a los estresores de la crianza en el contexto español. La adolescencia de los hijos supone el mayor impacto negativo en la salud mental de las madres, asociado a los conflictos emocionales y supervisión en esta etapa. Por el contrario, los años de infancia temprana, aunque físicamente agotadores, conllevan recompensas emocionales que amortiguan el impacto en la salud mental. La drástica caída en la práctica de actividad física entre las madres visibiliza cómo la escasez de tiempo y la postergación del autocuidado afectan desproporcionadamente a las mujeres”, recoge el estudio, que destaca que “España, al carecer de una red pública de cuidados infantiles suficientemente universal y accesible, traslada el coste de la crianza a las familias y, dentro de ellas, a las mujeres”.

Los resultados subrayan la necesidad de “diseñar políticas públicas orientadas a promover la corresponsabilidad en el trabajo no remunerado, expandir los servicios de atención a la primera infancia y ofrecer apoyos psicológicos y sociales específicos para madres solteras y madres de adolescentes, evitando que la crianza siga profundizando las desigualdades de género en salud”. A juicio de la investigadora de la EHU, estos resultados deberían tenerse en cuenta tanto en el diseño de las políticas familiares como en la planificación de los servicios sanitarios. “No es suficiente con facilitar la conciliación entre el empleo y la familia. También es necesario garantizar que las madres dispongan de tiempo para cuidar de su propia salud y bienestar. Invertir en ese tiempo es invertir en salud. Una mayor corresponsabilidad entre madres y padres contribuiría a reducir las desigualdades observadas. Si queremos construir familias saludables y favorecer la natalidad, empecemos porque la crianza no siga teniendo un impacto tan desigual sobre mujeres y hombres”, concluye.

El Gobierno vasco ha convocado para la próxima semana una “mesa de forrajes”, con el objetivo de coordinar las necesidades de alimentación animal y analizar posibles fórmulas de compra conjunta y suministro para las explotaciones más afectadas y, de cara a septiembre, una “mesa del agua” específica para el sector agrario, en la que se abordarán cuestiones relacionadas con la gestión yla eficiencia hídrica, la modernización de regadíos y las necesidades de abastecimiento de las explotaciones. Se trata de dos medidas tomadas este jueves tras la reunión de la Mesa del Cambio Climático y la Agricultura en la sede del Gobierno vasco en Vitoria, en la que han participado representantes del sindicato Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA), la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) y del Gobierno vasco con el objetivo de analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector tras las olas de calor que ha habido últimamente en Euskadi.

En el encuentro, en el que también han participado las diputaciones forales, organizaciones agrarias, cooperativas y entidades técnicas, se ha realizado un diagnóstico compartido de la situación y se han acordado nuevas actuaciones para responder a las necesidades más inmediatas del sector y avanzar en medidas de adaptación a medio y largo plazo. “El diagnóstico confirma el carácter excepcional de la situación meteorológica. Julio se ha convertido en el mes más seco del siglo en Gipuzkoa y la temperatura media registrada hasta el 27 de julio se sitúa 2,2 °C por encima del promedio del periodo 1991-2020, un récord histórico. Además, el indicador mantiene a buena parte de Euskadi en situación de advertencia y sitúa Llanada Alavesa como una de las zonas más afectadas”, han confirmado desde el Ejecutivo vasco.

Según han informado, los efectos del cambio climático comienzan a apreciarse en buena parte de las producciones tardías. “Mientras que los cereales y las patatas de siembra temprana han registrado un comportamiento normalizado, las siembras tardías presentan pérdidas tanto de rendimiento como de calidad. En parte de la horticultura se han detectado mermas de hasta el 50% en la floración y el cuajado del tomate, mientras que en algunos casos el maíz ha llegado a sufrir pérdidas de hasta el 90%. También se están registrando problemas de nacencia en girasol, reducciones de producción en remolacha y afecciones en frutales como el manzano o el kiwi. En viticultura, la vendimia se prevé adelantada y con buenas perspectivas sanitarias, aunque la evolución definitiva de la cosecha dependerá de las precipitaciones que puedan registrarse durante el mes de agosto”, han detallado.

En este sentido, los sindicatos agrarios han exigido durante la reunión ayudas directas para los ganaderos. “Exigimos ayudas directas ya para los ganaderos y ganaderas que tienen animales en el monte y que lo van a tener que bajar porque no hay comida. No podemos esperar a septiembre, hay que dar de comer y dar agua porque se nos está acabando el agua que hay en la sierra y en los montes de pasto, hay que bajar mínimo dos meses antes a las cuadras y eso es empezar a dar de comer comida que tenemos preparada para el invierno. Arriba ya está todo seco”, ha lamentado a la entrada de la reunión Edurne Basterra, presidenta de UAGA.

Por su parte, Xabier Iraola, coordinador del sindicato agrario ENBA, ha exigido que “al igual que ocurrió hace tres años, en 2023, se abra un operativo para compras conjuntas de hierba, forraje y paja”. “En estos momentos nos encontramos con que el principal perjuicio que tienen los baserritarras es la falta de hierba. El precio de la carne está bajando al ganadero, el precio de la leche ha bajado y si tengo menos hierva y tengo que gastar más en alimentación una consecuencia sería que algunos manden más vacas y más animales al matadero”, ha explicado Iraola.

En cuanto a las huertas, Iraola ha insistido en que “hay producciones como la vaina y otros productos que han quedado arrasados en el mes de junio y julio”. “En el tomate se ha caído toda la flor, por lo que no va a haber más tomate, en la manzana va a haber un 50% de producción de manzana para sidra, porque la manzana se ha caído y lo que hay son manzanas pequeñas. Además de todo eso nos preocupa el abastecimiento de agua”, ha señalado.

“La prioridad es acompañar al sector en un momento especialmente complejo, dando respuesta a las necesidades más urgentes sin perder de vista que el cambio climático obliga a reforzar la resiliencia de nuestras explotaciones mediante actuaciones estructurales y una mejor planificación”, ha subrayado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, quien ha destacado que “el estrés térmico está reduciendo la productividad y la capacidad reproductiva de distintas especies, mientras que la falta de agua y de pastos está obligando a muchas explotaciones extensivas a consumir ya el forraje reservado para el invierno”. “En las explotaciones de vacuno de leche, las olas de calor están provocando pérdidas medias de entre cinco y siete litros de leche por vaca y día, además de una disminución de la eficiencia reproductiva de entre el 30% y el 50%. En el ovino también se observan descensos de producción y dificultades reproductivas asociadas al incremento de las temperaturas”, ha destacado el Ejecutivo vasco, quien paralelamente continuará realizando las gestiones necesarias para adelantar al 15 de octubre el anticipo de las ayudas de la PAC, una medida destinada a reforzar la liquidez del sector en un momento especialmente delicado.

La “mesa de la sequía” en Euskadi, oficialmente denominada Mesa de Agricultura y Cambio Climático, se reunió por primera vez en el año 2023 en un intento de buscar soluciones al problema de la escasez de precipitaciones y del cambio climático, la mayoría de ellas con efecto a largo plazo. Tras aquella reunión se optó por arbitrar ayudas por parte del Gobierno vasco para la compra de forraje para alimentar al ganado, promover el cultivo local de ese forraje para no depender tanto del exterior como ocurre ahora, y en cuanto a la falta de agua optimizar el riego para evitar pérdidas.

Tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este jueves entrará en vigor la calificación de Basauri como zona tensionada en aplicación de la normativa estatal de vivienda de 2023. Basauri se convierte en el decimoctavo municipio vasco declarado zona de mercado residencial tensionado, el cuarto de Bizkaia tras Bilbao, Barakaldo y Galdakao. Según ha dado a conocer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en conjunto ya son más de 1.160.000 personas, el equivalente a cerca del 55% de la población de Euskadi, las que residen en municipios que cuentan con esta consideración.

En el caso de Bizkaia, Itxaso ha especificado que “el porcentaje alcanza el 44,5% de la población del territorio” y ha anunciado que la estrategia “continúa además ampliándose”. Actualmente, permanecen en tramitación los expedientes correspondientes a Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio y Elorrio, así como Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati, Orio y Hondarribia en Gipuzkoa.

La medida influirá en la renta mensual para las viviendas que salgan al mercado y no hayan tenido un contrato de alquiler en los últimos cinco años y será la fijada por el índice de precios de referencia que establece el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con datos de la Hacienda foral. Además, en el caso de las viviendas que sí dispongan de un contrato de alquiler formalizado el precio será el de la última renta, con actualización anual. En este supuesto, existe la posibilidad de incrementar un 10% el precio en el caso de viviendas en las que, en los dos años anteriores a la declaración del municipio como zonas de mercado residencial tensionado se hayan realizado obras de rehabilitación, de accesibilidad o que supongan un ahorro energético del 30%. También en contratos de alquiler con 10 años de duración.

Itxaso ha indicado que la declaración de Basauri como zona de mercado residencial tensionado “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar allí donde el mercado está expulsando a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida”. “El objetivo es claro: proteger a la demanda mientras aumentamos la oferta de vivienda, movilizando todos los recursos públicos disponibles para equilibrar un mercado que hoy no está dando respuesta a las necesidades de muchas familias trabajadoras, personas jóvenes y clase media en general”, ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, del PNV, ha reconocido que “gracias a la declaración como zona tensionada se podrán limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso a una vivienda de alquiler más asequible”. “Es un hito más dentro de la batería de medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Basauri para aumentar la oferta de vivienda y dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudadanía basauritarra”, ha resaltado.

Construcción de nuevas viviendas

En cuanto a las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Basauri para los próximos tres años se incluye la construcción de 362 nuevas viviendas, el 73% de ellas protegidas, y 42 apartamentos dotacionales gracias al plan de acción que acompaña a la declaración de zona de mercado residencial tensionado. La operación de mayor envergadura se desarrollará en Azbarren, donde se contemplan 416 viviendas protegidas y 24 apartamentos dotacionales, promovidos conjuntamente por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento y otros agentes públicos. Durante el periodo 2026 -2029 comenzará la primera fase de este desarrollo con 242 viviendas protegidas, distribuidas entre promociones impulsadas por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Basauri y Harri Iparra, además de los 24 alojamientos dotacionales promovidos por el Ejecutivo autonómico.

A estas promociones se sumarán las previstas en San Miguel Oeste, donde comenzarán 18 nuevos alojamientos dotacionales junto con 24 viviendas tasadas, así como una nueva fase del ámbito de San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta, que incorporará 36 viviendas libres, reservando además suelo para futuros alojamientos dotacionales. Igualmente, la Actuación Integrada AI-02 permitirá iniciar 60 nuevas viviendas, de las cuales 24 serán viviendas de protección social y 36 libres.

Además de las actuaciones previstas durante la vigencia de la declaración, el planeamiento municipal incorpora ya nuevas operaciones como el desarrollo de Basconia Noreste, “una de las mayores bolsas residenciales del municipio”, ha anunciado el consejero, para avanzar que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, prevé promover 392 viviendas destinadas mayoritariamente al alquiler asequible, “una actuación llamada a convertirse en uno de los principales proyectos públicos de vivienda en Euskadi durante los próximos años”. También tendrán continuidad las siguientes fases de Azbarren , así como los desarrollos previstos en Basconia Sureste, San Miguel Oeste, San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta y otros ámbitos de transformación urbana contemplados en el planeamiento municipal. En conjunto, estas actuaciones permitirán completar el objetivo de 1.476 viviendas y 62 alojamientos dotacionales.

Un estudio sobre las viviendas vacías

Además de la construcción de nuevas viviendas, el plan del Ayuntamiento busca movilizar la vivienda vacía para el alquiler a través de un estudio específico sobre la vivienda vacía existente en Basauri que permitirá conocer con mayor precisión la dimensión del fenómeno, identificar los inmuebles susceptibles de incorporarse al mercado del alquiler y planificar nuevas actuaciones. Para conseguir llevar al mercado esas viviendas vacías, el plan combina medidas de incentivo con instrumentos de carácter fiscal. En este sentido, desde el Ayuntamiento informan de que continuarán impulsando las bonificaciones fiscales para las personas propietarias que incorporen sus viviendas a programas públicos de alquiler como Bizigune o ASAP. Actualmente, estas viviendas disfrutan de una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y seguirán endureciendo el tratamiento fiscal de aquellas viviendas que permanezcan desocupadas de forma permanente, para lo que el Ayuntamiento ya aplica un recargo del IBI sobre vivienda vacía del 150%.

Otra de las propuestas para mejorar el acceso a la vivienda es impulsar la conversión de locales comerciales en viviendas. Desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal en 2021, se han autorizado 113 conversiones de locales convertidos en casas. En cuanto a las ayudas disponibles, desde el Ayuntamiento han informado de que actualmente 188 jóvenes de 24 a 29 años residentes en viviendas de alquiler libre en Basauri son beneficiarios del programa Gaztelagun, aunque son 610 los que han solicitado la ayuda en algún momento. “La declaración de zona tensionada permitirá ampliar los límites de renta subvencionable y los umbrales de ingresos para acceder a Gaztelagun”, ha detallado Itxaso. Mientras que el dato del acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades económicas, recoge que actualmente 443 unidades convivenciales de Basauri tienen reconocido el derecho subjetivo a la vivienda y 135 personas perciben la Prestación Económica de Vivienda (PEV).

La semana pasada un socorrista del polideportivo de Txurdinaga fue brutalmente agredido a la salida de su puesto de trabajo. Según reconoce, los agresores le esperaron a que terminara de trabajar para golpearle por la espalda con un objeto en la cabeza, después de que este les llamara la atención por no ducharse para acceder a la piscina. La víctima tuvo que pasar la noche en el hospital, pero se recupera favorablemente aunque sigue de baja laboral tras lo ocurrido. No es la única agresión que han sufrido a lo largo de este año los trabajadores de polideportivos de Bilbao, que han denunciado esta situación este martes en una manifestación convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT.

“Los insultos, las agresiones verbales y las amenazas son algo habitual en todas las instalaciones. Un compañero por hacer su trabajo fue brutalmente agredido. Queremos que se endurezca la normativa interna, que esta se aplique de forma real y efectiva y que no se aplique de forma laxa”, ha exigido Eneko Martín, presidente del comité de empresa de Emtesport, la mercantil de estos trabajadores que subcontrata Bilbao Kirolak, el organismo público municipal del Ayuntamiento de Bilbao que gestiona la red de polideportivos.

Una de las medidas que reclaman los trabajadores es la recuperación de la presencia policial en las instalaciones. “Fue una medida que en el pasado se comprobó que era disuasoria ante comportamientos así, pero que fue retirada”, ha lamentado Martín. En estos momentos las instalaciones de los polideportivos cuentan con una empresa de seguridad, pero según lamentan los trabajadores, “no controlan las amenazas ni los enfrentamientos directos entre usuarios y monitores o socorristas, ni vigilan las aperturas y cierres de las instalaciones”, donde se “producen gran parte de las agresiones”.

Joseba lleva 25 años trabajando en distintos polideportivos de Bilbao y ha reconocido a este periódico que llevan “varios años en los que los insultos, las amenazas y las faltas de respeto de los usuarios cada vez son más frecuentes”. “Afortunadamente son una minoría, pero cada vez va en aumento. Estas agresiones cada vez son más frecuentes a lo largo del año, pero en verano se multiplica. Pedimos cuestiones básicas: que las aperturas y cierres de las instalaciones no se hagan con una persona sola y que pongan medidas disuasorias, bien sea Policía municipal o Ertzaintza, como había antiguamente y que funcionaba”, ha destacado el trabajador, que insiste en que “cuando había presencia policial las agresiones disminuyeron considerablemente”.

Tras las manifestaciones realizadas este martes tanto a la mañana como a la tarde, desde el comité de empresa prevén reunirse con la dirección de Bilbao Kirolak y con el Ayuntamiento de Bilbao para ver “las soluciones reales que ofrecen”. “Si dichas soluciones no nos convencen tendremos que tomar otras medidas como el cierre de las piscinas o la huelga”, han alertado desde la plantilla.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao, la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, que ha acudido a mostrar su apoyo al finalizar la concentración de los trabajadores, ha condenado “rotundamente” la agresión a un socorrista y ha advertido que “el incivismo se castiga”. “El Ayuntamiento de Bilbao no va a consentir ni agresiones, ni altercados, ni comportamientos inapropiados en ningún equipamiento, espacios que sí o sí deben estar libres de estas situaciones como recintos seguros que lo son”, ha asegurado tras lamentar que “desgraciadamente, el incivismo va en alza”.

Por el momento la víctima no ha interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza, pero desde el Consistorio han informado de que a los agresores “se les aplicará la normativa inhabilitándoles, retirándoles el carné o prohibiéndoles el acceso a la instalación”. Erroteta ha indicado que “el crecimiento de estas situaciones” ha llevado al Ayuntamiento “ya desde el año 2005 a incrementar medidas, como un mayor número de socorristas, más personal auxiliar y la contratación de seguridad privada”. “El incivismo en Bilbao ni se perdona ni se queda sin castigo, y hoy tampoco”, ha concluido.

“Se ha decidido que Bilbao necesita un nuevo liderazgo”, dijo el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto Rike (Bilbao, 1961) a principios del pasado junio a la hora de informar en una comparecencia junto con el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que no se presentará a las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 tras haber ocupado el cargo durante tres legislaturas. Desde entonces, no ha ocultado que la decisión de apartarse no era suya, sino del partido. Algo que volvió a confirmar este domingo en una entrevista concedida al programa 'A un Metro' de EITB. “No había pensado en dejarlo, pero tampoco había pensado en que tenía que seguir. Es verdad que la decisión es de ellos, pero el proceso de reflexión ha sido compartido. Me siento raro porque de repente frenar en seco es difícil”, confesó Aburto.

Tras esas palabras, el periodista Juan Carlos Etxeberria le preguntó directamente si no cuestionó el porqué. “Nunca he preguntado por qué. Recuerdo que el día que me propusieron me dije a mí mismo que el día que me tuviera que marchar nunca iba a preguntar por qué, porque el día que me propusieron tampoco pregunté. Yo creo que la humildad requiere que en el momento en el que nos digan 'hasta aquí hemos llegado' también tengamos esa actitud de decir 'ha sido un placer y eskerrik asko'”, argumentó.

“Después de 12 años y terminando con 66 años hay que ver con normalidad que se produzca ese cambio. Para mí ha sido todo un honor ser alcalde de Bilbao y es un honor ser alcalde, porque queda un año y no quiero olvidarme de eso”, aseveró. Aburto también habló de las razones de salud que le hicieron ausentarse del cargo en varios períodos largos por bajas médicas. “Mi salud es verdad que me ha jugado malas pasadas por dos cuestiones fundamentales: una por un tumor duodenal con tres operaciones que me ha limitado mucho y me ha hecho estar pendiente de mis revisiones y demás, hoy lo digo con la satisfacción de que la cosa va bien, y la segunda es la cadera con tres operaciones, que me ha limitado más físicamente. Una de las oncólogas, cuando estaba en tratamiento me decía 'Juan Mari tú tienes que trabajar hasta el medio día y luego ya a la tarde descansar' y yo le decía que lo de ser alcalde a medias todavía no se ha inventado”, bromeó.

El alcalde de Bilbao confesó en la entrevista que aún le cuesta pensar en el momento de dejar el cargo dentro de un año. “Me cuesta porque pienso que no es fácil tener una vida tan intensa como la que tengo yo, con todas las horas ocupadas desde primera hora hasta el final del día, a tener tiempo libre. De momento no quiero pensar en eso, pero debo pensar en eso. [Pensaré] en Navidad, cuando falte menos tiempo para las elecciones y para el cambio. No tengo claro en este momento si voy a involucrarme, que lo haré, en temas sociales en el ámbito más del voluntariado”, recalcó.

Preguntado por cómo le gustaría ser recordado dentro de 20 años, Aburto dejó claro que le gustaría que le recordasen como a “una buena persona”. “¿Y por qué una buena persona? Porque creo que si uno es una buena persona puede ser otras cosas: puede ser buen médico, buen alcalde, buen fontanero... Si uno no es una buena persona no puede ser nada de eso. Yo no sé fingir y no quiero saber fingir, lo que intento fundamentalmente es ser de verdad”, concluyó.

Dos días después de anunciar su marcha, el PNV presentó al asesor de Pradales y dirigente del PNV vizcaíno Mikel Hidalgo (Bilbao, 1993) como su sucesor. Graduado en ADE por la Universidad de Deusto, es dirigente del Bizkai Buru Batzar y asesor del lehendakari, Imanol Pradales, donde ocupa el puesto de coordinación de la Agenda 2030. Antes, lo fue también con Iñigo Urkullu, que le nombró en 2022. Recientemente, ha coordinado una iniciativa llamada Bilbao 2040. Con esta elección el PNV se ha propuesto “dar paso a una nueva generación” e imita en Bilbao el perfil del ya alcalde donostiarra, Jon Insausti, también treintañero y falta por saber qué decisión tomará en Vitoria, donde en 2023 Beatriz Artolazabal quedó en cuarta posición tras la salida de Gorka Urtaran.

Los nacionalistas tienen en Bilbao su gran feudo municipal. Es la única capital provincial en España que ha tenido siempre el mismo color político desde la recuperación de la democracia. A pesar de que en las elecciones municipales de 2023 el PNV vio desgaste en las urnas, mantiene un Gobierno con mayoría absoluta de la mano del PSE-EE. Resultados que el partido busca remontar con la llegada de Hidalgo, a quien el propio Aburto describió como una persona “extraordinariamente joven, muy bien formada y que conoce la administración por dentro”.

Después de la tercera jornada de huelga convocada el pasado 19 de junio por el sindicato en Iberdrola en demanda del convenio colectivo y tras el cierre de las negociaciones con la empresa, los sindicatos alertan de más movilizaciones si no se consigue avanzar en las propuestas de mejoras laborales. La plantilla lleva más de un año exigiendo la renovación del convenio colectivo, caducado desde diciembre de 2024, y “medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido que supera el 19%”. “Lo dijimos en la mesa y lo repetimos ahora. Si por el diálogo no se puede, será por la movilización, ya que es de justicia que nos reconozcan algo tan básico”, exigen desde el sindicato ELA.

Según critican, tras más de año y medio de negociaciones, la dirección mantiene “bloqueada” la negociación al rechazar la vinculación salarial al IPC. Es algo que según los sindicatos “contrasta con los resultados económicos de la compañía”, ya que, mientras Iberdrola “incrementó sus beneficios un 12% durante el último ejercicio, hasta alcanzar los 6.285 millones y elevó la retribución al accionista un 14%, la subida salarial aplicada a la plantilla fue del 0,685%, frente a un IPC del 2,9%”. “No solo eso, la empresa ha aprobado incentivos y retribuciones para cerca de 400 directivos por valor de más de 400 millones de euros, mientras rechaza una actualización salarial para las más de 8.000 personas trabajadoras incluidas en el convenio”, denuncia ELA.

Además de estas cuestiones el sindicato muestra su preocupación por el “progresivo traslado” de centros de decisión y nuevas vacantes desde Bilbao a Madrid, así como por la “escasa presencia del euskera en la compañía”. En este sentido, denuncia “la ausencia de requisitos lingüísticos, formación y uso normalizado del euskera tanto en oficinas como en las comunicaciones internas”.

Tras la última reunión celebrada con la empresa y después de que la dirección se negara a tomar en cuenta la posición de los sindicatos, desde ELA emplazan al resto de sindicatos a plantear “una respuesta conjunta basada en movilizaciones, huelgas y otras iniciativas de presión”. “En este escenario creemos que la única y más potente herramienta que debemos utilizar es la huelga. Si la misma unidad sindical que ha rechazado la oferta convocara una huelga indefinida el seguimiento sería más amplio y la empresa cedería en su chantaje”, subrayan.

“Los intereses de la empresa son contrarios a los de la plantilla y no es cuestión de convencerles. Ellos lo saben de sobra. Sus salarios, sí que suben por encima del IPC y saben distinguir entre consolidable y no consolidable sin ningún problema, es cuestión de arrancarles un convenio justo por la fuerza y ELA está dispuesta a plantar batalla”, concluyen.

Este periódico ha tratado de recabar la posición de la empresa, pero por el momento no ha recibido respuesta.

La playa de Zarautz, la más extensa de la costa vasca con 2.100 metros de longitud, se enfrenta a desafíos significativos debido al aumento del nivel del mar y la intensidad del oleaje. Cada vez son más frecuentes los eventos extremos que provocan destrozos. Por ello, el malecón de Zarautz, en Gipuzkoa, es considerado uno de los paseos costeros “con mayor nivel de riesgo estructural” según recoge el informe 'Euskadi, un litoral en la encrucijada de la presión y la adaptación' realizado por Greenpeace. Esto ocurre debido a que bloquea la dinámica de sedimentación natural, provocando la pérdida sistemática de arena y aumentando el impacto de los temporales en el casco urbano. “El proyecto de remodelación del paseo, con un coste de 1,5 millones de euros ha salido a proceso de licitación, y contempla adecuación de accesos, muros y elevación del paseo como resiliencia costera”, aclara el documento, que critica que, esas obras suponen “continuar con el hormigón en un arenal que podría perder hasta el 30% de su superficie en 2050”. “Cuando las olas golpean un muro de hormigón, la energía no se absorbe; rebota con fuerza llevándose más arena”, detalla.

El de Zarautz es uno de los 15 puntos críticos de las crisis climática en la costa vasca según la organización ecologista. “La costa vasca, caracterizada por su compleja geomorfología con acantilados y estuarios de alto valor ecológico sometidos a una dinámica marina de alta energía con mareas que superan los 4,80 metros, sufre una intensa presión antrópica debido a que el 32% de su población se concentra en tan solo el 18% del territorio. Esta asimetría espacial fomenta la acelerada artificialización del suelo y genera graves conflictos de usos que reducen notablemente la resiliencia de los ecosistemas costeros, agravando su vulnerabilidad frente a las amenazas del cambio climático como el ascenso sostenido del nivel del mar y el incremento en la severidad de los temporales invernales”, indica el documento.

“Quienes señalan a la Ley de Costas como una sentencia de muerte para los municipios, deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos erróneamente que el cemento era más fuerte que el oleaje. Era otro tiempo. Es urgente entender que aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado”, declara María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Las borrascas invernales que han tenido lugar este año han impactado sobre las infraestructuras de la costa vasca cuyos costes de reparación han supuesto 4 millones de euros repartidos entre el río Estepona en Bakio, con un coste de 450.000 euros; la playa de Itzurun en Zumaia; el paseo marítimo de Gorliz; la playa de Atxabiribil en Sopela y la playa de Ondarreta en Donosti (con un coste de reparación de 2,5 millones de euros). Y, como punto crítico destaca el gasto de 1,5 millones de euros en la remodelación del malecón de Zarautz.

Según los datos del proyecto Kostaegoki de análisis de vulnerabilidad y riesgo en el litoral vasco, la inacción en el caso concreto de Zarautz supondría, en términos absolutos, que la playa perdiera unos 21.000 m² en 2050, y entre 40.000 y 57.000 m² hasta el año 2100. “En términos relativos, se encontraría entre las 10 primeras playas afectadas, pudiendo perder un 30% de su superficie a 2050, y entre un 65% y un 90% en 2100. En paralelo, los escenarios climáticos previstos estiman que en 2050 podrían verse afectadas 4 hectáreas de suelo residencial, superficie de afección que aumentaría en el año 2100 hasta alcanzar entre 5 y 7 hectáreas, lo que supone un 2%, 3% y 4% respectivamente de la superficie residencial total. La evolución del arenal como consecuencia de los efectos del cambio climático se traduce en potenciales impactos económicos por falta de uso recreativo, pero lo más importante, su retroceso se traduce en una mayor desprotección de las estructuras y edificaciones en esta franja costera. Eliminar infraestructuras que ocupan la playa permitirá una distribución más natural de la arena en los espacios intervenidos, consiguiéndose así una mayor protección de los elementos construidos en primera línea de playa”, explicaron desde el Gobierno vasco al anunciar los proyectos de adecuación del malecón de Zarautz.

Otro de los puntos negros ambientales se produce en Zumaia. “La contaminación por plásticos representa una de las agresiones químicas y físicas más persistentes sobre la biota. La playa de Itzurun (Zumaia) sufre de manera recurrente una densa acumulación de microplásticos debido a la hidrodinámica local y a corrientes del oeste”, recoge la investigación de Greenpeace.

Cerca de allí, en Getaria las jaulas de engorde de atún rojo “alteran los fondos marinos locales”. Además, la investigación sostiene que “el calentamiento de las aguas cantábricas está provocando impactos en las especies pesqueras”. “Ya se ha documentado la disminución del tamaño de la merluza, el bocarte y peces de fondo por falta de oxígeno. También desplazamientos hacia el norte del verdel, avance en el momento de la puesta de la anchoa y de la migración de los juveniles de bonito”, detalla.

En Bizkaia, los puntos críticos analizados son Mundaka, Laga y el proyecto “Aquacría Basordas”, un parque acuícola para la cría y engorde de lenguado proyecta una inversión de 170 millones de euros en la cala de Basordas (Lemoiz), sobre los terrenos de la antigua central nuclear. Greenpeace ha exigido la retirada de este último proyecto argumentando que la “acuicultura industrial intensiva de especies carnívoras introduce graves desequilibrios como la eutrofización debido al vertido continuo de compuestos orgánicos, desinfectantes, bactericidas y antibióticos contamina el agua y reduce el oxígeno disuelto en la cala; la sobreexplotación de otros caladeros ya que la alimentación de peces carnívoros requiere piensos fabricados con captaciones masivas de peces silvestres, y la incompatibilidad de una macrofactoría privada en un área catalogada como espacio de restauración y mejora ambiental en el Plan Territorial del Litoral”.

En el caso de Mundaka y Laga, en el entorno de la Biosfera de Urdaibai, la mayor afección es, según la organización ecologista, el turismo. “Mundaka, reconocida internacionalmente por la práctica del surf gracias a las singulares propiedades de su ola izquierda (”la Barra“) ejemplifica la gentrificación turística costera. La proliferación masiva de viviendas de uso turístico ha saturado por completo el mercado inmobiliario local, hasta el extremo de que el municipio apenas dispone de vivienda en alquiler que no esté destinada al arrendamiento turístico estacional. Este desplazamiento habitacional erosiona el tejido social e incrementa la demanda estacional de recursos básicos en una zona de alta fragilidad ecológica adyacente a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”, sostiene.

Mientras a los pies del acantilado de Cabo Ogoño, la playa de Laga, en Urdaibai, presenta problemas de renaturalización debido a que se retrasarán los proyectos para mejorar la costa con el objetivo de mantener el parking. “Las presiones de quienes visitan la playa en coche parecen más importantes que la supervivencia misma del arenal”, critica.

A pesar de los puntos críticos, desde Greenpeace también han querido destacar lo positivo para la costa vasca este año: la retirada del proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai y la paralización de las licencias de pesca profesional para la angula. “La mejor noticia para la calidad ecológica del litoral vasco es la retirada del proyecto de las sedes proyectadas del Museo Guggenheim Urdaibai (en Murueta) por su impacto sobre marismas protegidas. En el aspecto positivo, la concesión de licencias de pesca profesional para la angula se han paralizado gracias a los informes de situación de la especie, que se encuentra en peligro crítico y fuera de los límites de seguridad”, sostiene el informe.

Para Greenpeace, la solución pasa por una gestión costera adaptativa basada en “soluciones naturales que prioricen la restauración de la naturaleza frente a hormigón, espigones y diques que agravan la erosión, frenar el ladrillo en zonas inundables y en los últimos tramos libres de la costa, planificar la retirada de viviendas e infraestructuras expuestas, asumiendo que gastar millones en reponer arena artificial es económicamente inviable, gestionar ríos y embalses para que la arena natural vuelva a llegar a las playas y diseñar el futuro de la costa bajo criterios científicos y la participación social, alejándose de los intereses políticos a corto plazo”.

Las prisiones, al igual que la sociedad, están compuestas por personas de distintos colectivos, siendo identificados como vulnerables o de “difícil reinserción” las personas migrantes, las personas que pertenecen a la comunidad gitana y las mujeres, quienes sufren un mayor estigma que los hombres cuando salen de prisión. Con el objetivo de explicar el trabajo específico en las cárceles con estos colectivos, las oportunidades de inserción y la multifactorialidad, Josune Carramiñana, responsable del programa de atención a mujeres en prisión Adap Elkartea, Alberto Ríos, de la asociación Gao Lacho Drom y responsable de programas en las cárceles con el colectivo gitano, y Brais Varela, responsable de programas de personas extranjeras en prisión de la Cruz Roja, se han reunido en el Curso de Verano de la EHU sobre inclusión sociolaboral en las prisiones de Euskadi.

Carramiñana ha comenzado su intervención contando casos reales de mujeres a las que han atendido desde que comenzaron en el año 1996. En su mayoría son mujeres que sufren un doble estigma de género una vez consiguen abandonar la prisión: por un lado, la discriminación por ser mujer, mientras que por el otro, la de haber sido reclusa, todo ello sumado a las cargas y responsabilidades familiares, que principalmente recaen en ellas. Así, suelen ser personas con múltiples vulnerabilidades, como la coexistencia de la pobreza, baja cualificación y, en muchas ocasiones, problemas de salud mental también derivados a la violencia de género.

“Tenemos el ejemplo de una mujer gitana que llega a la cárcel con 42 años y nos cuenta que desde que tenía nueve es violada sistemáticamente todas las noches por su padre. Con 12 dice que su padre la vende a un hombre 14 años mayor que ella, que la tiene encerrada en una habitación. Con esa persona tiene cinco hijos. Logra escaparse de la casa, pero empieza con adicciones y para pagarlas roba. Esta mujer, por suerte, acaba en prisión y es por suerte porque ahí comienza un proceso de inserción laboral. Empieza a trabajar en una empresa que colabora con la cárcel y que tiene mucha flexibilidad para ella. Cuando analizamos las dificultades del acceso al empleo, debemos hacerlo desde una perspectiva amplia, entendiendo que las barreras son múltiples, se entrecruzan entre sí”, ha explicado Carramiñaga.

Por ello, ha insistido en que “es importante contar con políticas y programas de reinserción con perspectiva de género”. “Las mujeres en prisión suponen solo el 7% de la población reclusa, por eso las cárceles están hechas por y para hombres. También es importante tener en cuenta que la mayoría de delitos provocados por mujeres no crean la peligrosidad que los provocados por hombres, ya que generalmente son delitos por pobreza, por supervivencia, por mantenimiento de la familia, hurtos, tráfico en cantidades pequeñas de drogas o impagos”, ha aclarado.

Nuestro reto es contribuir a que las personas salgan en mejores condiciones de las que entraron

En el caso de las personas migrantes, Brais Varela, responsable de programas de personas extranjeras en prisión de la Cruz Roja, ha explicado que dentro del programa en el que él trabaja, a lo largo de 2025 han acompañado a 655 personas extranjeras en las prisiones vascas, de 48 nacionalidades diferentes a las que, antes del proceso de reinserción laboral, ayudan con trámites administrativos como expedientes de Extranjería (a 45 personas), autorizaciones de trabajo (a 40 personas), trámites consulares (62 personas) y acompañamientos a 198 personas.

“Las personas que atendemos no llegan únicamente con una condena, llegan con una acumulación de vulnerabilidades previas que condicionan el proceso. Son perfiles de personas que vienen con situaciones administrativas inciertas, escasa red familiar y social y trayectorias migratorias complejas, además de vulnerabilidades acumuladas como la exclusión residencial, las barreras idiomáticas y problemas de salud física o mental. La prisión suele ser el último recurso del sistema penal, pero para muchas personas también es la última expresión de una exclusión social previa no resuelta. Tenemos a muchas personas que vienen de largas temporadas e incluso toda su vida sin tener un hogar, sin dormir bajo un techo. Personas que están acostumbradas a dormir en casas abandonadas en las que conviven con ratas y suciedad. Para todas ellas, por difícil que sea entenderlo, la prisión puede resultar una solución. Muchos incluso piden volver a la cárcel o no quieren salir y volver a enfrentarse solos al sistema. Por ello nuestro reto es contribuir a que las personas salgan en mejores condiciones de las que entraron”, ha asegurado.

“No se puede intervenir con las personas migrantes privadas de libertad desde una mirada penitenciaria clásica o habitual. Tienen una especificidad muy concreta por su situación migrante, por el proceso migratorio que tienen, por la situación administrativa que tienen, por la documentación o la ausencia de la documentación o ausencia de la red familiar o social. En el caso de estas personas, lo más importante es conseguir la documentación, porque la documentación es la puerta de acceso a todos los derechos. Sin documentación estás invisible civilmente, pero existes aunque quedas fuera de todos los sistemas”, ha destacado.

En el caso de las personas gitanas, Alberto Ríos, de la asociación Gao Lacho Drom y responsable de programas en las cárceles con el colectivo gitano, ha explicado que aunque la población gitana en Euskadi suponga el 0,9% de la población total, supone el 10% de las personas internas en las cárceles. “Las minorías étnicas tienen un acceso más restringido a los programas de rehabilitación, lo que agrava su posición ante las decisiones de clasificación o libertad condicional. Si no participas en los programas, no progresas. Si los programas no están adaptados, no pueden participar. Es una trampa circular que el propio sistema produce y que después atribuye la falta de motivación del recluso”, ha detallado.

Ríos ha destacado la desconfianza que de forma general tiene la población gitana hacia las instituciones. “No es algo que surja por un simple desconocimiento, por ignorancia. Esa desconfianza está vinculada a una larga historia de discriminación, exclusión y experiencias negativas con los organismos públicos. La educación que los expulsó, los servicios sociales que los controló, las fuerzas de seguridad que los persiguieron y la justicia que los trató de forma desproporcionada”, ha apuntado.

El diferente también tiene derecho a una respuesta por parte de la Administración que se ajuste a su idiosincrasia y a su cultura

Preguntado por este periódico por cómo lograr la inserción al mercado laboral de estas personas en un contexto de desconfianza a las instituciones, Ríos ha insistido en que es algo que se consigue “a través de facilitar la participación de los gitanos en todos los espacios de decisión que influyen en los programas de reinserción”. “No se puede pensar que la población mayoritaria debe hacer prevalecer su cultura y sus valores con respecto al resto. Es un trabajo que debemos hacer todos, también las personas que trabajamos en prisión. Debemos respetar al diferente y saber que el diferente también tiene derecho a una respuesta por parte de la Administración que se ajuste a su idiosincrasia, a su cultura, es la clave para esto. En el caso de las mujeres gitanas nos encontramos a menudo mucho empeño en que sigan un itinerario que podría cursar una mujer paya, que trabaje y que gane su dinero, pero dentro de las familias gitanas no es algo que siempre se encarrile bien, aunque sea algo que lo podamos buscar también nosotros”, ha aclarado Ríos.

Sobre esta cuestión, Carramiñana ha aportado que, desde su experiencia con mujeres gitanas, es importante “trabajar desde su cultura”. “No vamos como las 'súper payas' que te vamos a decir lo que está bien o está mal. Trabajamos con ellas desde esa cultura. Por eso el acceso al mercado laboral es más complicado para las mujeres porque también desde la cultura gitana está mejor visto que sean las encargadas del cuidado familiar, del cuidado de las personas mayores o los hijos a que vayan a trabajar. Esto lo trabajamos con ellas porque muchas veces ellas mismas lo ven de esa manera. Nosotras intentamos que vean que existe otra posibilidad además de dedicarse exclusivamente a los cuidados, que es la de trabajar, pero sin influenciar, desde el respeto a su cultura”, ha concluido.

En la actualidad hay 632 internos en las cárceles vascas que participan en los talleres de Aukerak, la agencia pública de derecho privado que persigue impulsar la inclusión sociolaboral de las personas privadas de libertad a través de formaciones tanto durante el cumplimiento de condena como en su transición a la vida en semilibertad o en la fase final de ejecución penal. Se forman para después trabajar en los talleres que empresas cuentan en las propias cárceles o en las empresas y fundaciones que cuentan con acuerdos con este programa. Se trata de un programa que comenzó tras el traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi y, desde entonces, incluye cursos formativos para personas internas distintos para cada una de las cárceles, adecuándose a las peticiones de los mismos internos.

En el caso del centro penitenciario de Zaballa, en Álava, se ofrecen jardinería terapéutica, conducción de carretillas elevadoras, prevención de riesgos laborales, limpieza de superficies y atención sociosanitaria. En el centro penitenciario de Bizkaia, la cárcel de Basauri se ofrecen los mismos cursos, pero en lugar de atención sociosanitaria se incluye un curso de soldadura básica y otro de apoyo a la salud mental. Mientras que en el centro penitenciario de Gipuzkoa, ahora la nueva cárcel de Zubieta, incluye además peluquería. El Plan de Formación 2026-2027 cuenta con una inversión de 223.199 euros para este tipo de actividades. “Además de estos cursos tenemos a internos e internas que trabajan en las lavanderías y cocinas de los centros penitenciarios, donde realizan las comidas para el resto de internos. También contamos con una panadería en el centro penitenciario de Zaballa y desde ahí se elabora pan para los tres centros penitenciarios. Todo esto viene soportado con formación y acompañamiento. De esta manera, desde Aukerak se facilita la reinserción social y laboral de las personas vinculadas al sistema penitenciario vasco, dando oportunidades de formación, empleo y desarrollo profesional y personal”, ha explicado este miércoles Sofia Archeli Mesonero, directora del programa Aukerak durante el Curso de Verano de la EHU sobre inclusión sociolaboral en las prisiones de Euskadi.

Según ha aclarado, desde el programa no “miden” qué tipo de delitos han cometido los internos que participan en las formaciones, sino sus “capacidades, competencias y habilidades”. “Rescatamos lo positivo de las personas sin mirar qué delito han cometido”, ha insistido. Para llegar a ellas, estos deben ser evaluados por la Junta de Tratamiento, quien decide según las capacidades y el recorrido de cada uno de los presos a qué formación pueden acceder o a qué empleo se pueden dedicar. “Tenemos que generar igualdad de oportunidades para todas las personas que están en situación de privación de libertad respetando sus recorridos, sus tiempos, sus itinerarios. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar lo que las Juntas de Tratamiento dentro de los centros penitenciarios marcan, porque no todos los internos están en disposición de poder trabajar o puede que para todos no sea lo prioritario pasar por el modelo de trabajo y formación”, ha aclarado.

La sociedad a veces tiene ese estigma hacia la población reclusa, pero tenemos que tener en cuenta que las personas reclusas van a salir en algún momento

Aricheli ha destacado que, lejos de los prejuicios que tiene la sociedad acerca de la población reclusa, esta puede servir de mano de obra para sectores en los que falten trabajadores. “La sociedad a veces tiene ese estigma hacia la población reclusa y piensa que si la han liado deben cumplir condena, pero tenemos que tener en cuenta que las personas reclusas van a salir en algún momento y nosotros tenemos que ver qué devolución social vamos a poder hacer a través de la reinserción de las personas. Y esto al final también se puede monetizar, porque son personas que tienen capacidades y competencias para poder trabajar, que no van a tener que solicitar ayudas sociales, que van a poder contribuir económicamente, que van a mover el mercado y sobre todo estamos en una situación en que ciertos puestos y ciertos nichos laborales falta mano de obra y nosotros, formando a las personas y haciendo un acompañamiento adecuado, podemos cubrir esos espacios y orientar a las personas hacia esos espacios en los que sabemos que el mercado laboral lo necesita”, ha puntualizado.

La directora de Aukerak ha detallado que algunos de los presos que han pasado por el programa han cobrado por primera vez una nómina en regla. “Hay internos que no habían visto una nómina en su vida, que no habían trabajado nunca de manera reglada. Esto es generar oportunidad, porque entrar en esa dinámica de trabajo y cobro y mantener una rutina nos da la garantía de que esa persona, cuando salga al exterior, pueda evitar esa reincidencia de la que tanto se habla. El trabajo productivo es una herramienta de reinserción, pero también de desarrollo personal, fortalecimiento de autoestima, adquisición de habilidades y reduce la discriminación”, ha explicado.

El trabajo productivo dignifica y, sobre todo, nos prepara para la salida inminente o no de las personas internas

Durante el primer año del programa pasaron por las distintas formaciones 431 internos, cifra que ha ido aumentando hasta los 632 actuales. No obstante, durante los próximos años buscan ampliar los cursos ofrecidos con las nuevas instalaciones de la cárcel de Zubieta. “Zubieta es mucho mayor que Martutene y nos va a permitir implementar otras empresas e incluso vamos a tener la necesidad de contratar más internos para los talleres, para lavandería y cocina, porque vamos a tener que lavar y cocinar para un mayor número de personas. El inicio siempre cuesta, pero según va madurando la entidad podemos ampliar la contratación. El trabajo productivo dignifica y, sobre todo, nos prepara para la salida inminente o no de las personas internas”, ha recalcado la directora, quien ha destacado en este sentido la labor de las empresas y del Tercer Sector, quienes contratan después a estas personas.

El Curso de Verano continúa este jueves con una mesa redonda en la que se abordarán las oportunidades de los colectivos considerados de “difícil inserción” con la participación de expertos en intervención con mujeres reclusas, colectivos de personas gitanas y colectivos de personas migrantes. “Dentro de los centros penitenciarios hay colectivos con situaciones de mayor vulnerabilidad y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Un centro penitenciario puede representar tranquilamente lo mismo que podemos encontrar en el exterior. Podemos encontrar a personas en situaciones económicas, familiares, sociales muy normalizadas en su contexto social, pero también situaciones de personas migradas en situación de falta de documentación, de situaciones complejas como la inserción laboral de población reclusa gitana o personas en situación de drogodependencia. Tenemos que trabajar siempre teniendo en cuenta la dignidad y el respeto hacia los colectivos y hacia las personas”, ha concluido.

Después de que el pasado febrero Uber desembarcara en Donostia con licencias de VTC concedidas por la Diputación de Bizkaia habilitadas para operar en toda Euskadi -en Bilbao se instauró en 2019- y del primer aniversario de Cabify en la capital vizcaína, que se cumple este julio, este miércoles se estrena Bolt en la villa, con un servicio de vehículos con conductor eléctricos. La compañía ha explicado en un comunicado que su llegada pretende “reforzar el tejido empresarial local a través de una colaboración basada en innovación y digitalización”.

Al igual que ocurre con Uber o Cabify, Bolt ni el resto de plataformas que se instauren en Euskadi, podrán hacer teóricamente trayectos urbanos, debido a que sus licencias se conceden exclusivamente para que realicen recorridos interurbanos, de un municipio a otro. No obstante, esta es una cuestión que no se cumple debido a que si hay disponibilidad de coches se puede realizar la petición para ir de una zona de Bilbao a otra a través de las plataformas. Eso sí, el precio varía según el horario y la demanda que haya.

En lo que va de año la Diputación Foral de Bizkaia ha impuesto 56.000 euros en sanciones a VTC tras la detección de estos servicios urbanos realizados por vehículos. También ha habido inspecciones por parte del Ayuntamiento de Bilbao. El año pasado el consistorio bilbaíno realizó tres campañas de inspección a taxis y VTC que se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y solo una a un taxista.

A pesar de que desde la plataforma de movilidad defienden la “necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio que facilite la convivencia entre los distintos operadores de movilidad”, desde el sector del taxi subrayan que “todas las empresas deben ajustarse a la ley vigente”. Según confirman desde la sección del taxi de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), las denuncias registradas por las instituciones “muestran solo la punta del iceberg de las irregularidades”, y por eso piden que los controles sean diarios, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”, alertan los taxistas que a inicios de año convocaron varias movilizaciones con el objetivo de frenar “los abusos” de las plataformas.

Una mujer de 32 años es madre de un bebé que tiene seis meses y va a consulta médica porque siente una ansiedad intensa y rechazo a determinadas prácticas cotidianas de la crianza, especialmente al baño y al cambio de pañal. Refiere sentirse muy incómoda al tocar los genitales de su hijo, incluso dentro del cuidado. Durante el proceso terapéutico le viene un recuerdo de situaciones con un primo en la infancia, recuerdos fragmentarios inicialmente descritos como 'juegos raros' y, es a partir del nacimiento de su hijo cuando comienza a comprender que aquello no eran juegos, era en realidad violencia sexual.

Este es uno de los casos que ha explicado Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, para desarrollar lo que sienten las mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia y deciden ser madres, durante el Curso de Verano EHU 'Violencias y Maternaje', que ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario.

A la hora de tratar a estas mujeres, la experta ha recalcado que es importante trasladarles que la violencia sexual no es una sentencia de por vida. “Los procesos son distintos y es diferente si lo han contado a adultos y se han sentido escuchados, porque quien no se siente escuchado o no es creído cuando lo cuenta, sobre todo en el caso de los niños, deja de confiar en el ser humano, siente que nadie va a poder a ayudarle en la vida”, ha explicado.

Muchas veces el cuerpo recuerda la violencia sexual antes que la mente

Una de las cuestiones más complicadas de entender en el caso de la violencia sexual infantil es que el menor puede llegar a sentir placer y eso le lleva a la culpa. “La violencia sexual tiene que ver con la intromisión del adulto en el desarrollo de un niño. Es una intromisión muy fuerte que puede llegar a provocar mucha excitación y otras cosas que no pueden comprender porque muchas veces su propia cabeza no se lo permite. Tenemos a niñas que nos indican que su cabeza sentía asco y quería escapar, pero en su cuerpo sentía placer, algo que les descoloca del todo porque encima muchas veces los abusadores son sus familiares y eso les genera culpa porque les hace sentir cómplices”, ha indicado.

¿Qué ocurre en la maternidad con estas mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia? Según ha señalado Lizarraga, la maternidad hace que llegue la resignificación del abuso, sobre todo desde el cuerpo. “Otro de los casos que hemos trabajado es el de una mujer que relata que durante el embarazo comenzó a tener episodios de angustia intensa sin causa aparente y que en el tercer trimestre empezó a tener sueños recurrentes con sensaciones corporales invasivas, sin imágenes claras. Tras el parto, estas sensaciones se intensificaron durante la lactancia y, justo después consigue poner palabras a una historia de abuso en la primera infancia, sin recuerdos organizados pero con un fuerte registro corporal porque el cuerpo recuerda antes que la mente”, ha apuntado.

Para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas

Esa vivencia corporal intensa, ha explicado la experta, hace que se reactive la historia personal de cada persona. “En una historia de violencia sexual en la que la víctima no recuerda lo que vivió, se produce un momento importante cuando su hijo o hija cumple la edad en la que la víctima fue abusada, lo que se entiende como 'el hijo como espejo'. Esto genera un impacto en la maternidad porque reactiva la historia personal y el trauma, dificulta la cercanía corporal y emocional con el menor y crea una hiperprotección maternal”, ha detallado.

“Tenemos a mujeres que evitan abrazar a sus hijos durante mucho rato y otras que crean una hipervigilancia que hacen que el menor no tenga ninguna autonomía ni se relacione con nadie con el objetivo de evitar la repetición de la violencia sexual. Eso también daña mucho a los chavales porque necesitan autonomía y contacto para experimentar y crecer. Otro de los problemas ocurre con mujeres que no han sabido identificar el abuso y, por tanto, no lo han trabajado. De alguna forma es como que tuvieran una especie de venda delante de los ojos que no les permite identificar las situaciones de abuso y eso incluso les lleva a repetirlas, a buscar parejas que son casualmente también abusadores y la historia se repite”, ha identificado la experta.

A modo de conclusión Lizarraga ha explicado que a la hora de trabajar con mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia, lo fundamental es “seguir sus tiempos”. “No se puede preguntar directamente acerca del abusador o del abuso, lo que hay que hacer es abordar la infancia preguntándole si dormía bien, si tenía buena relación con los adultos y aunque nos estén relatando una situación de violencia sexual no debemos nombrarlo como tal si ellas no lo han nombrado así primero, debemos usar sus palabras con paciencia y sin juicios. Por ello, para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas, para que no sean mujeres abusadas, sino mujeres que en un momento de su vida sufrieron abuso. Con estas terapias y este trabajo conseguimos sacarles la violencia sexual de su identidad y así pueden ejercer una maternidad mucho más tranquila y satisfactoria”, ha concluido.

¿De qué manera afecta el trauma por haber sufrido algún tipo de violencia al proceso de la maternidad? ¿La violencia sufrida por la madre puede afectar al bebé? ¿Cómo se puede acompañar a una madre y sus hijos en el proceso? Con el objetivo de abordar estas cuestiones, el Curso de Verano de la EHU 'Violencias y Maternaje' ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario, quienes han compartido sus experiencias y las limitaciones a las que se enfrentan en el acompañamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia durante la maternidad en la red sociosanitaria de Euskadi.

En concreto en la mesa redonda sobre el acompañamiento y asistencia a estas mujeres han participado Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, Jon Bengoetxea Lopez, psicólogo y miembro del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, Rosa Lizarraga Marañon psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia y, por último, Maria Ullate Rodríguez psicóloga sanitaria especializada en trauma e infancia, quien ha sido la encargada de moderar la conferencia.

Tras explicar las redes asistenciales y los recursos disponibles en Euskadi, los ponentes han abordado las limitaciones a las que se enfrentan en su día a día, así como los retos a la hora de desarrollar su labor de una forma correcta. En este sentido, Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, ha confesado que en muchas ocasiones los profesionales “no se atreven a intervenir” en casos de abuso sexual infantil, lo que dificulta su detección. “Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en situaciones muy complicadas y en muchas ocasiones no se atreven a intervenir porque da mucho miedo. Se viven muchas situaciones de violencia al margen del abuso sexual infantil y con ellas no hay tanto problema a la hora de abordarlo, pero cuando llegamos al abuso sexual infantil es algo que cuesta mucho y hace falta acompañamiento también a los profesionales que estamos en primera línea. El abuso sexual infantil en muchas ocasiones no se ve hasta que el niño o la niña puede hablar, hasta que no hablan a los niños y niñas no se les siente víctimas, cuando lo fundamental es la detección e intervención temprana en todos los casos de violencia”, ha argumentado.

Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles

En el caso del impacto de la violencia sobre la maternidad y la vivencia de las mujeres, Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, ha reconocido que “por un lado las mujeres padecen las consecuencias consecuencias de la violencia sobre su bienestar emocional, su autonomía y su proyecto vital, pero además, por otro lado, sufren el impacto que esa misma violencia tiene sobre su papel como madres y la relación con sus hijos e hijas”. “La maternidad ocupa un lugar central en la identidad y en la experiencia vital de muchas mujeres. Adecuar o comprender adecuadamente el impacto de la violencia exige incorporar también esta dimensión desde la perspectiva de los recursos especializados forales. Una de las limitaciones que históricamente hemos tenido es que muchas intervenciones, la mayoría, se han orientado prioritariamente a recuperar individualmente a la mujer. Sin embargo, la experiencia nos muestra que la maternidad no puede entenderse únicamente como una circunstancia más dentro de la vida de esas mujeres. Requiere una mirada específica”, ha apuntado.

Según ha detallado Usón, “la violencia machista ataca directamente a la función materna” y, en la mayoría de casos, esa es una de las estrategias del agresor. “La violencia genera miedo, inseguridad, aislamiento, hipervigilancia, desgaste emocional y un largo etcétera por desgracia, pero cuestiona permanentemente la capacidad que tiene la mujer de decidir, desautoriza su criterio, minimiza su papel dentro de la familia y en muchos casos instrumentaliza los propios hijos e hijas como una forma adicional de control y de maltrato. Y esto no lo sacamos de los libros, lo sacamos de los casos diarios. Este daño no es únicamente una consecuencia directa de la violencia. En muchas ocasiones constituye una estrategia deliberada del agresor. El agresor desacredita a la mujer también como madre, cuestiona sus decisiones, genera inseguridad sobre sus capacidades, obstaculiza los cuidados cotidianos y dificulta todas aquellas rutinas que proporcionan estabilidad y seguridad a los hijos e hijas. Por tanto, vemos que la violencia se ejerce contra la mujer, pero ataca también activamente el ejercicio de la maternidad. La consecuencia que nos encontramos es que muchas mujeres sienten que no han podido ejercer la maternidad como hubiesen deseado, como les hubiese gustado”, ha subrayado.

En este sentido, el experto ha recalcado que en el sistema de protección se encuentran a mujeres que “mayoritariamente intentan cuidar, proteger y educar a sus hijos en circunstancias extraordinariamente adversas”. “Junto al daño también debemos ser capaces de reconocer las capacidades. Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles. Realizan enormes esfuerzos para amortiguar el impacto de la violencia. Incluso podríamos decir que preservan espacios de seguridad dentro de lo que pueden hacer. Yo creo que desde los servicios especializados tratamos de identificar, de validar, de fortalecer estas capacidades, no porque el daño no exista, sino porque una intervención centrada exclusivamente en lo que falta, en el déficit, en las dificultades, puede invisibilizar”, ha destacado.

Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía

En el caso del parto, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia, ha indicado que es fundamental ser conscientes de que el parto es una “experiencia de vulnerabilidad”, sobre todo para aquellas mujeres que han sufrido abuso sexual en la infancia. “Los paritorios son habitaciones en la que la cama está en el centro. Abren la puerta y la mujer está muy expuesta. Son situaciones en las que vemos que hay mucho miedo. Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía, con lo que supone todo eso. ¿Entonces, no somos conscientes de que incluso la arquitectura de los paritorios puede ayudar a proteger a esa mujer? La prevención es fundamental, así como la detección en las clases de preparación al parto y las consultas en todas las semanas de gestación. Tiene que haber un cribado, un acompañamiento y tenemos que tener personal formado en hacer preguntas relacionadas con la violencia que han podido sufrir estas mujeres”, ha destacado.

Ante las limitaciones, los profesionales han llegado a la conclusión de que es fundamental la comunicación y el trabajo conjunto entre distintos departamentos y Diputaciones. “Echo en falta equipos bisagra sociosanitarios, programas dentro de las Diputaciones que se ajusten a las necesidades de cada caso, porque hay realidades complejas y a veces la rigidez de la estructura institucional dificulta la adecuación de los recursos a las necesidades de cada mujer. Podrían plantearse la creación de equipos de profesionales sociosanitarios que hicieran, por ejemplo, bisagra entre sanidad y lo social”, ha propuesto la matrona.

Estas son algunas de las cuestiones que de forma general han abordado durante la primera jornada del curso, que a lo largo de este martes planteará cuestiones como la detección y acompañamiento desde la red sanitaria a mujeres víctimas de violencia en el periodo de embarazo, parto y post parto, la psicoterapia de la parentalidad en mujeres que han sufrido trauma o las consecuencias en el maternaje de las mujeres victimas de abuso sexual en la infancia.

Una decena de expertos y alumnos de Criminología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se han adentrado, dirigidas por la doctora investigadora del Instituto Vasco de Criminología, Gema Varona a la cárcel de Zubieta para conversar con una veintena de internos y tratar de entender qué les ha llevado a cometer los delitos por los cuales han sido condenados. La actividad, que desde hace cuatro años aborda temas distintos con personas internas en cárceles vascas, se ha realizado este viernes dentro del Curso de Verano de la EHU 'Criminología dentro y fuera de prisión: Cruce de caminos'.

Por motivos de confidencialidad y para asegurarse de que la conversación con los internos fuera honesta y sin miedos, este periódico no ha podido acceder al encuentro, no obstante, tras él, Varona ha explicado en qué se ha basado, los objetivos del mismo y las conclusiones a las que han llegado tras reunirse durante más de tres horas con 17 presos y 3 presas de la cárcel de Zubieta de entre 24 y 60 años. “Hemos realizado una dinámica de diálogo, un círculo en el que cada uno contaba por qué estaba ahí y su historia de vida. Lo han hecho con un objeto de palabra que se iban pasando unos a otros. Después, hemos hecho una dinámica creativa con plastilina para plasmar qué les había parecido y qué se llevaban de la actividad”, ha detallado.

“En un círculo de diálogo de estas características no es necesario hablar si uno no quiere. Todo se lleva a cabo desde el respeto y la confidencialidad. Es una conversación en la que sobre todo lo que queremos es que se escuche lo que el otro dice, no para justificarlo ni para compartirlo, sino simplemente para entender. No queríamos que detallasen nada sobre el delito cometido, sino que hablaran sobre las causas que les llevaron a cometerlo. Traumas en la infancia, en la adolescencia, la falta de recursos a lo largo de la vida, una gestión errónea de las emociones, malas compañías, querer obtener dinero fácil o discriminación han sido algunas de las razones aportadas”, ha confesado Varona.

No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas

Entre los asistentes también ha participado una persona que ha sido víctima de un delito que ha subrayado la “importancia de responsabilizarse a pesar de las estructuras injustas” que ha podido llegar a vivir la persona que comete el delito y cómo se puede prevenir que ocurra. “Los internos han dado mucha importancia a la conexión con las demás personas, a tener vínculos que les hagan que pertenecen a algo, que se les valora. Ha habido diferentes opiniones porque en realidad lo que nos interesaban eran sus propias percepciones sin tener que personalizar, aunque alguno lo haya hecho”, ha indicado la experta.

Según ha destacado, estudiar e investigar la comisión de un delito es complejo dependiendo de qué es lo que se haya hecho. “No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas y, en mi caso, llevar a los estudiantes para que rompan los estereotipos que se tienen respecto a las personas que han podido cometer un homicidio o tráfico de drogas. Nosotros estudiamos comportamientos delictivos de personas de carne y hueso, son humanos como nosotros y pueden haber cometido algo horrible, pero no debemos deshumanizarlos porque si lo hacemos no vamos a entender cuáles han sido las razones que les han llevado a cometer los delitos. Y repito que entender no es compartir ni justificar”, ha recalcado.

Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado

Durante el encuentro han tratado de que la conversación fuera cómoda y participativa, pero también han encontrado puntos de desencuentro o cuestiones que han sido más complicadas de abordar con los internos, sobre todo las relacionadas con la violencia machista. “Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado. La normativa internacional interna obliga a tener programas específicos de violencia de género con personas que la han ejercido, pero muchas veces es complicado por lo que llamamos en Criminología como técnicas de neutralización de la culpa o la desvinculación moral selectiva. Estas cuestiones hacen pensar que incluso quienes cometen este tipo de delitos son más víctimas que autores. Por eso es importante que en prisión haya recursos y preparación suficiente y también apoyo a las personas funcionarias porque realizan un trabajo muy complejo para poder ayudar al cambio de estas personas. El cambio no es fácil, la sociedad piensa que porque se les haya privado de libertad y se les haya metido en prisión van a reflexionar y cambiar y muchas veces es al revés, porque de manera más o menos irracional los internos pueden llegar a sentirse víctimas del sistema”, ha lamentado Varona.

Para la experta lo importante es que “la sociedad entienda que el objetivo de la prisión debe ser que no se vuelva a cometer ningún delito y que las personas internas aprendan algo estando dentro de prisión”. “Se trata de que cuando salgan respeten, por eso hay que entender cuáles son los problemas que tienen y responder de la manera menos dañina posible porque el coste de estar en prisión no es solamente una privación de libertad, también tiene una afectación en familias y en la propia sociedad”, ha concluido Varona quien no descarta volver a repetir un encuentro similar el año que viene.

El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) ha recomendado a la Ertzaintza que limite informar en sus notas de prensa sobre el origen de los detenidos, investigados y víctimas de delitos, salvo que sea un dato de “relevancia pública” y “esencial para contextualizar” la información, de modo que se eviten asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia. “La información difundida por las administraciones públicas influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana”, ha señalado el Ararteko en una resolución hecha pública este viernes. Otros cuerpos, como la Policía de Donostia también lo hacen.

En este sentido, el organismo dirigido por Mikel Mancisidor ha advertido de que difundir de forma descontextualizada datos sobre hechos delictivos individuales puede favorecer interpretaciones y asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia y, aunque ha valorado la necesidad de la transparencia institucional, también ha considerado que el Departamento de Seguridad debe evitar la creación o el refuerzo de prejuicios, estereotipos y estigmatización hacia determinados colectivos.

Se trata de un expediente de oficio publicado tras conocer que el equipo de Bingen Zupiria, del PNV, había introducido un cambio en su política de comunicación pública, al incluir en sus informaciones el origen de las personas detenidas e investigadas como, en su caso, el de las víctimas de los delitos. De hecho, en su recomendación general 7/2011, el Ararteko expresaba, en diferentes ocasiones, su preocupación acerca de la influencia que un tratamiento inadecuado de la información que se ofrece desde las instituciones podía tener en la imagen social de la población inmigrante y en su integración“. Las notas de prensa policiales deben evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen. ”Los cuerpos policiales tenían que tomar conciencia de su condición de fuente de información y elaborar sus propios códigos de conducta en esta materia“, dado que en aquel momento se entendía que facilitar de modo generalizado esa información ”no favorece la integración social de la población de origen extranjero, al transmitir una visión negativa de esa realidad humana, que contribuye a crear o, en su caso, reforzar estereotipos y prejuicios sociales sobre ella“.

A pesar de ello, el Departamento de Seguridad remitió un informe en el que, entre otras cosas, se destacaba que eran dos las cuestiones novedosas: “Se iba a iniciar la publicación trimestral de las tablas estadísticas que recogen las infracciones penales conocidas por la Ertzaintza con indicación del origen de las personas detenidas e investigadas” y, “en las notas de prensa que diariamente facilita el departamento de prensa de la Ertzaintza –a través de la red Telegram, para los periodistas acreditados, y en la página web del departamento en el portal Irekia del Gobierno vasco- junto al tipo de infracción cometida se iban a añadir, de forma general, datos sobre el género, la edad y la procedencia geográfica de las personas detenidas y de las víctimas, así como la existencia o no de antecedentes delictivos en el caso de las primeras”.

Para justificar la aportación de los datos, desde el Departamento argumentan que “la decisión de no ofrecer información sobre el origen de los detenidos por la Ertzaintza en las notas de prensa no ha evitado su difusión por parte de algunos medios que la han obtenido por su cuenta, sin que otros hayan podido adoptar una decisión con respecto a su publicación por carecer de ella”. “Esta tensión política e informativa, nada pacífica, ha coincidido en el tiempo con un profundo cambio sociológico y demográfico en nuestra sociedad, con un incremento de algunos tipos delictivos, precisamente los que mayor preocupación social causan, en los que la incidencia de las personas procedentes de algunos orígenes geográficos destaca por encima de su peso real en nuestra sociedad, y con un aumento de la preocupación social por la seguridad, de tal forma que en nuestra opinión corremos el grave riesgo de terminar estigmatizando a determinados colectivos, salvo que seamos capaces de contrarrestar esas sensaciones, a través de la acción institucional -incluida la policial y las políticas activas de comunicación. Pensamos que facilitar directamente a las y los periodistas y a las instituciones con las que colaboramos la información de la que disponemos es una forma de actuar con transparencia y garantizar el derecho a la libre información en una cuestión de gran impacto social”, recoge el informe.

El Departamento de Seguridad insiste en que “la sociedad vasca de 2025 no es la de 2004 o 2011”. La configuración política de nuestras instituciones tampoco es la de entonces. Y la realidad del mundo de la información, donde han proliferado nuevos canales y cauces de comunicación, especialmente on line, y donde, a menudo, no es posible identificar la fuente de una información ni su veracidad, es radicalmente diferente de la de otros momentos. Tampoco existe, en nuestro ámbito, un modelo de buenas prácticas o códigos deontológicos acordados entre los medios de comunicación convencionales y los profesionales, que, a la postre, son el cauce determinante por el que llega la información que las instituciones ponemos disposición de la sociedad vasca“, insisten.

“Todas estas consideraciones han llevado a nuestro departamento a cambiar la política informativa y, entre otras consideraciones, a informar sobre el origen geográfico de todas las personas detenidas o víctimas, sean vascas, de nacionalidad española, de origen europeo, magrebí, subsahariano, latinoamericano, asiático o de cualquier otra procedencia, sin fijar nuestra atención en ninguna nacionalidad en concreto e igualándolas todas. Lo hacemos desde el convencimiento de que facilitar esta información evitará la estigmatización de determinadas comunidades y nos obligará a todas y todos, especialmente instituciones, profesionales de la información y medios de comunicación, a hacer un uso responsable de estos datos y reforzar nuestro compromiso para evitar el racismo y la criminalización de muchos de quienes han decidido venir a vivir y a encontrar un futuro mejor en Euskadi”, justifican.

Sin embargo, en su labor por proteger a los ciudadanos, el Ararteko recomienda que “la decisión de la publicación del dato de origen en las notas de prensa sobre seguridad y actuaciones policiales exige, en cada caso, una ponderación de los intereses y derechos afectados” y que esa decisión, consecuentemente, “debería limitarse a aquellos supuestos en que el conocimiento del origen de los detenidos, investigados y víctimas de los delitos sea esencial para contextualizar una información importante o con relevancia pública, por ser de interés general, bien cuando su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o bien cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información en una sociedad democrática”.

La polémica del plan piloto de la Generalitat de Catalunya para introducir agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en institutos de Secundaria con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros ha llegado este jueves a Euskadi de forma inesperada. Ha sido durante el Curso de Verano de la EHU denominado Basque Segurtasun Foroa, el foro creado por el Gobierno vasco para hacer un diagnóstico sobre inseguridad, criminalidad y respuesta policial en el que, además del lehendakari Imanol Pradales y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, también ha participado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, quien ha hablado sobre la “innovación educativa hacia el alumnado inmigrante” y ha mencionado nuevas “estrategias” conjuntas entre ambas áreas, aunque ha descartado la necesidad de presencia policial en las aulas vascas como respuesta a los retos a los que se enfrentan dentro del sistema educativo.

En este contexto Pedrosa, quien se ha reconocido a ella misma como migrante por ser toda su familia de Andalucía, ha hablado de los retos educativos de la población que llega a Euskadi, sobre todo de aquellos niños y niñas que no saben hablar castellano ni euskera. “Cuando un chaval o una chavala llega a Euskadi y no sabe hablar ni una palabra de castellano ni euskera nosotros tenemos la obligación de que pueda tener un proyecto de vida, de que se mantenga en la educación. Tenemos menores de 149 nacionalidades que se van incorporando a lo largo del curso y se van escolarizando fuera de la matrícula ordinaria y para ellos tenemos una acogida y también para sus familias. Hay mucho margen de mejora, estamos aprendiendo haciendo, escuchando, investigando, pero lo importante es que ese niño o niña tenga una acogida académica y emocional”, ha explicado Pedrosa.

La consejera ha confesado que puede que muchos de los presentes a la conferencia, en su gran mayoría policías y otros profesionales de la seguridad probablemente no entiendan su presencia en el foro o la relación entre seguridad y educación, por ello ha informado del trabajo conjunto que realizan ambas áreas. “Estamos trabajando en ciberdelitos, el ciberbullying, pero también el fenómeno de la radicalización porque tenemos centros educativos con culturas diferentes, religiones diferentes y marcos mentales diferentes. Son personas que vienen con valores en muchos casos muy contrapuestos”, ha recalcado.

En este sentido, Pedrosa ha indicado que “más allá de garantizar el derecho a la educación y de que las personas se mantengan en el sistema educativo necesitamos nuevas maneras de intervenir. Ya no funciona lo que funcionaba hace 40 años y esto no es un tema de comunicación solamente, hay muchas variables que tenemos encima de la mesa. Uno de los grandes retos que tenemos hoy en día no son solamente los jóvenes, también son las familias. Y muchas veces cuando hablamos de pérdida de respeto a la autoridad hablamos de todos ellos, no solo los menores, también sus padres y madres. Llegan a la escuela tipologías diferentes de familias que hablan diferentes idiomas. Es el ecosistema vivo que tenemos en continua evolución y transformación. Por eso impulsamos distintas decisiones que nos ayuden a preparar al sistema educativo y a la sociedad de Euskadi para la realidad que ya vivimos en las aulas y para que sigamos siendo un país con unos valores y una manera de entender la convivencia desde el respeto”, ha añadido para después recalcar que ese respeto los menores, “ya sean autóctonos o extranjeros, los adquieren a través de buenos referentes”.

“No todos los jóvenes son iguales ni todos los extranjeros son iguales, lo que tenemos que hacer desde Educación es trabajar para que esas personas sientan que pertenecen a Euskadi y quieran seguir aportando, formándose y trabajando en Euskadi. Pero no nos engañemos, porque la educación no lo puede hacer todo. Las áreas de Seguridad y Educación cada vez están más relacionadas. ¿Quién no ha oído hablar de lo que ha ocurrido en Cataluña con los Mossos en las aulas? El Gobierno tomó una decisión para que los Mossos estuvieran de forma física en las aulas y aquello creó una enorme polémica. La pregunta es, ¿es necesaria una medida como esta? La clave está en una colaboración estrecha entre ambas áreas”, ha justificado dejando la cuestión en el aire.

Sin embargo, esa respuesta no ha sido suficiente para el público, que ha repreguntado si considera necesaria la presencia policial en los colegios vascos, a lo que Pedrosa ha confirmado que “no”. “Tenemos espacios para trabajar de forma conjunta pero hay cuestiones que mejorar, aunque no vemos necesaria la presencia de la Ertzaintza en colegios, ya que nuestros centros educativos tienen personal de referencia de la Ertzaintza y saben a quién llamar en el caso de necesitarlo. Eso crea seguridad y los equipos de dirección de los centros conocen perfectamente el procedimiento. Aquí se está abriendo una puerta para hacer cosas nuevas para enfrentarnos a los retos sociales, pero no veo necesario una medida como la implementada en Cataluña, considero que hay otras maneras de ofrecer seguridad al alumnado y a la sociedad”, ha concluido la consejera.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco ha retocado prácticamente un tercio articulado de su anteproyecto de ley de Universidades tras recibir medio millar de alegaciones. Así, se recoge el blindaje del término 'Universidad', es decir, se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. En este sentido, cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y los denominados “chiringuitos universitarios”.

“Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema. No se van a poder usar de forma impropia 'universidad' y 'universitario' para referirse en estos términos a lo que no lo es”, ha argumentado el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado este miércoles en Bilbao el estado actual del anteproyecto, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Acompañado por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua, y por la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea, el consejero ha explicado las principales aportaciones incorporadas al texto tras el análisis de las cerca de 500 alegaciones recibidas de parte de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo la EHU, el buque insignia del sistema vasco, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales que, tal y como ha subrayado Pérez Iglesias, “han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos”.

Tras anunciar que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación da por concluida la fase de participación pública del anteproyecto, Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han analizado con la debida atención y estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha”. En este sentido, además de las cuestiones relacionadas con la creación de “chiringuitos” privados, la EHU ha solicitado y la reforma incluye un incremento del límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

Es decir, se dobla el límite de profesorado asociado del 5% propuesto al 10% y, en el caso del profesorado sustituto, se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto. “El anteproyecto dobla al 10% el porcentaje de profesorado asociado porque la EHU pidió subirlo para cubrir con esa figura determinadas áreas, al igual que la cuota de personal sustituto, un asunto controvertido que, tras haber sido fijado en el 2% del total de plantilla, ahora se eleva al 5%, aunque se mantiene la idea de cubrir los puestos con personal propio”, ha aclarado el consejero.

Sobre el “malestar” expresado por la EHU por el hecho se dejara vía libre a la creación de una nueva universidad pública, Pérez Iglesias ha desvelado que su departamento no contempla ninguna creación ni tiene en mente ninguna nueva universidad pública, pero que sí se mantiene el término 'centro universitario público' para, ha subrayado, “evitar suspicacias y a petición de la EHU”. En todo caso, aunque no se contempla ningún proyecto como universidad pública como tal, sí ha desvelado que en un plazo de un año, ya trabajan con la propia EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en estudios de posgrado. Se trataría, como ha explicado el consejero de un modelo similar al del centro superior de música, Musikene, con la presencia de personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales, modelo con el que la EHU está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.

En cuanto a la carrera académica, la nueva regulación es “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, según ha expresado Pérez Iglesias. Para ello, se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida). Y, al mismo tiempo se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario. Además, se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.

La ley elimina “ambigüedades” de los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, pero remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario y a la negociación colectiva con los sindicatos. En cuanto a la conciliación, en el texto se integra la conciliación de la vida personal, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. “Algunas -de las alegaciones- se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate, pero todas han permitido un examen crítico del documento tras analizar el espíritu de las alegaciones y tratar de dar salida a las propuestas, no recogerlas tal cual. Lo importante es que contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria” ha remarcado el consejero, para añadir que “los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

A modo de resumen, el consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional. El consejero ha explicado que tras los cambios, el Anteproyecto de Ley delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de manera que la planificación del Gobierno vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Por su parte, desde la EHU indican a este periódico que en la presentación del anteproyecto han podido comprobar que algunas de sus alegaciones han sido recogidas en el nuevo texto, como las relacionadas con la carrera académica, el personal sustituto, la ética en la investigación, la creación -o no creación- de una Universidad pública, la internacionalización, etc. Pero deben estudiar el documento en su totalidad, algo que por el momento no han podido realizar al no haberlo recibido.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria, que requiere la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y su aprobación en la legislatura, salvo sorpresa mayúscula, está garantizada.

A menudo llegan a las aulas temas relacionados con las comunidades digitales de hombres que promueven masculinidades radicales, la misoginia y el antifeminismo a través de redes sociales conocidas como la 'machosfera'. Se trata de hombres que comparten rutinas relacionadas con el deporte, la dieta o su día a día, pero entendiendo la producción como sinónimo de fortaleza y emoción, el éxito como producto del esfuerzo, es decir, la meritocracia capitalista, el dinero, los coches y las mujeres como muestra de ese éxito con un lenguaje de la humillación como generador de una frustración que pueden rentabilizar y siendo su cuerpo como campo de batalla.

Así lo han explicado María Rodriguez Rodríguez, doctora en Género y Diversidad y sexóloga e Iván Gómez Beltrán, doctor en Género y Diversidad e historiador durante el Curso de Verano de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) 'Educación sexual y pantallas: desafíos, oportunidades y propuestas' y, en concreto en la mesa redonda 'Manosfera, Femesfera y la construcción del género en las redes'. Según han detallado, la idea de la 'manosfera' es cada vez más común, pero ¿qué ocurre cuando también llega a las aulas la 'femesfera'?

Según Rodríguez, la figura más significativa de la 'femesfera' son las 'trad wifes', “esas esposas tradicionales que son ángeles del hogar y que ponen en valor la nostalgia y la seguridad frente a la incertidumbre. Es como que viven en mucha incertidumbre y necesitan un anclaje, la idea de que el pasado fue mejor sirve para ellas como ancla. Estas tendencias tienen que ver con una respuesta a la presión social. En la incorporación de la mujer al trabajo hay una doble carga y, aunque el feminismo se ha ido institucionalizando y ha ido conquistando distintos terrenos, el ámbito de los cuidados, la educación y la crianza no son igualitarios”, ha recalcado la experta.

En su investigación ha visitado páginas, foros y blogs de estas mujeres que deciden quedarse en casa para criar desde una perspectiva más tradicional y machista y, en ellos comparten mensajes como: “Tu marido sostiene a la familia. Merece ser adorado, mimado y consentido. Quítale las botas cuando llegue a casa, rasca su espalda. Haz lo que él quiera y tú quieras hacer para demostrarle tu aprecio”; “el estilo de vida de una ama de casa no es para personas débiles. Cuando nació nuestra hija, mi esposo me dijo que podía quedarme en casa. Me emocioné muchísimo. También es duro. Leer aquí me ayuda a que no soy la única”; “no tengo amigas tradicionales y esta es mi vía principal para encontrar conexión y validación” o “por fin encuentro un lugar con un discurso rebelde frente a lo 'feministamente correcto'”.

Esa última frase contiene una de las claves analizadas durante el curso: “Rebelde”. Es decir, se considera ser rebelde ir en contra del sistema y, por ende, de los derechos adquiridos. “Hay niños de 15 años que son muy machirulos y niñas que lo sepan o no, también transmiten ideas machistas. Niños que dicen que los trabajos de las mujeres son una mierda o que no sirven para nada. Hay una actitud de rebelarse contra la autoridad y el antifeminismo viene de ahí. Ahora ser antifeminista es ser el más punk. Lo 'woke', lo progre es lo hegemónico y decir algo machista te da más puntos”, ha indicado Rodríguez.

Otra de las cuestiones a las que se enfrentan en las aulas son comentarios relacionados con el 'bodycount', o el 'km0', términos que los alumnos emplean para evaluar, sobre todo a las mujeres, dependiendo con el número de hombres -o en este caso, niños- han estado. Los propios menores hablan del dignifAI, un programa de inteligencia artificial que “dignifica” imágenes de mujeres poniéndoles ropa y cambiándoles el pelo y maquillaje a otros más sobrios y “naturales”, porque así “valen más”. “Las mujeres de alto valor se miden por su 'bodycount' o las personas con las que se han acostado. Es un eje que vertebra su identidad”, ha detallado Rodríguez.

Sobre esta cuestión Gómez, ha añadido una metáfora que emplean en la 'manosfera': “Una llave maestra abre todos los candados, pero un candado que se abre con todas las llaves es un candado roto. Esto lo aprendí yo con los chavales. Por eso es importante controlar sus códigos”, ha destacado.

En el caso de dignifAI, los expertos han lamentado que, “en el mismo espacio-tiempo en el que hay señores desnudando a mujeres a través de la IA, también las hay vistiéndolas”. “Las fotos reales son las subidas por ellas, pero ellos las vuelven a subir con las chicas más tapadas. Buscan a mujeres que consideran que no son lo suficientemente dignas y las 'dignifican' con trajes tradicionales o más recatados”, ha destacado Rodríguez.

Gómez, por su parte, ha destacado que “es importante ver en qué atributos se está poniendo la deseabilidad”. “Principalmente, si miramos a lo físico, un cuerpo musculoso es sinónimo de éxito. La gordofobia es inmensa en la 'machosfera', la panza de la que hablan, es algo que hay que trabajar mucho con los chavales”, aunque, ha subrayado que “los chavales no se convierten en antifeministas directamente a través de la 'machosfera', sino que hay ideas previas, emociones y malestares que la 'machosfera' prende”.

A modo de cierre, Rodríguez ha criticado que “la sexualidad femenina siempre está bajo sospecha”. “En este sentido están contribuyendo tanto la 'machosfera' y la 'femesfera' como los discursos más progresistas. Da la sensación de que si me saco una foto, muevo el culo o me visto de una determinada manera nunca lo hago para mí misma, siempre lo hago para el otro y me parece algo muy problemático. Si interpretamos cualquier expresión sexual femenina solo como cosificación/alineación corremos el riesgo de negar la posibilidad de un deseo propio y de una elección situada, aunque ese deseo pueda ser contradictorio. El reto no está solo en defender derechos frente a la reacción conservadora, sino en no caer en la trampa de esencializar la sexualidad de las mujeres y pensarla solo desde el miedo, el riesgo o la sospecha. Eso implica defender condiciones para la autonomía, el deseo, la negociación, la ambivalencia, el placer y la diversidad de experiencias”, ha concluido.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo (Bizkaia) ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que contará con un tribunal de Jurado, a cinco personas por el caso de la muerte de un varón cuyo cadáver fue encontrado descuartizado el 19 de agosto de 2023 en el interior de dos maletas quemadas en un antiguo restaurante en el monte Artxanda, en Bilbao.

Según recoge el auto, a principios del mes de agosto de 2023, el fallecido contactó con una de las acusadas, con quien mantenía una relación de amistad después de haber sido pareja, para pedirle un lugar en el que vivir. Así, la víctima llegó a convivir con esta mujer que era su expareja, otra mujer y tres hombres más en un piso en el que pagaba 300 euros por una habitación. En ese piso vivió desde el 2 de agosto y pagaba el alquiler a uno de los inquilinos.

Desde el 2 de agosto hasta el 17 de agosto, la víctima, según los hechos recogidos en el auto, mantuvo “una relación cordial con sus compañeros de piso”. Sin embargo, el 17 de agosto 2023, “a una hora indeterminada, pero, en todo caso, cuando ya había anochecido”, mientras el fallecido se encontraba en su habitación, su expareja, “al igual que lo hiciera en múltiples ocasiones anteriores, procedió a pedirle dinero”, y al negarse, se inició una discusión entre ellos, “de modo que en el transcurso de la discusión y harto ya de las solicitudes económicas, la insultó”. Tal discusión y las expresiones que había proferido la víctima dieron lugar a que los otros dos varones residentes en la vivienda “reaccionaran con gran agresividad, propinando una fuerte paliza” al fallecido, “en el seno de la cual ambos le dieron múltiples puñetazos en el lateral y zona frontal de la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le llevaría posteriormente a la muerte”, recoge el auto.

Tras la agresión y habiendo apaleado a la víctima, ambos varones “abandonaron la vivienda”, dejando al fallecido “malherido en el interior de su habitación, quedando sin posibilidad alguna de supervivencia, salvo asistencia y/o ayuda sanitaria inmediata y urgente, que no llegó, al no ser requerida por ninguno de los presentes”. La expareja y otro de los inquilinos, también acusados, “que habían presenciado la agresión, ni mediaron, ni impidieron la misma, ni solicitaron posterior asistencia sanitaria urgente una vez que había cesado la agresión” y los presuntos autores se habían ido, “y ello a pesar de que escuchaban a la víctima respirar con dificultad, por lo que eran conscientes y podían hacerse una idea cabal de la grave situación en la que se encontraba”.

Según los hechos recogidos en el auto, “lejos de pedir ayuda a terceras personas”, la expareja solicitó a los presuntos agresores que “regresaran a la casa y se hicieran cargo” del fallecido. En ese momento, tanto la expareja como otro de los acusados decidieron abandonar la vivienda “en plena noche, regresando a la misma una vez que el cuerpo sin vida había sido ya evacuado del lugar de los hechos”. La mujer que mantuvo una relación afectiva con la víctima “procedió a limpiar a conciencia la casa para eliminar cualquier rastro de pelea y de vestigios biológicos que permitieran incriminar” a los presuntos agresores, mientras que la otra mujer acusada, según el relato de los hechos, “tuvo conocimiento suficiente de lo ocurrido, sin que, tampoco auxiliara ni directa, ni indirectamente” a la víctima.

Sobre las 1.00 horas de la madrugada del 19 agosto 2023, los presuntos agresores accedieron al interior del vehículo de uno de ellos, “tras haber introducido en el maletero de dicho vehículo el cadáver” del fallecido, a quien previamente “habían descuartizado en un lugar no concretado”. Según los hechos que recoge el auto, las partes del cuerpo cuarteado del fallecido “habían sido encajadas en dos maletas propiedad de la propia víctima junto con enseres personales del mismo”. Tras comprar en una gasolinera gasolina de 95 octanos, se dirigieron al Restaurante Miramar, en Artxanda, “entre ambos descendieron las maletas en las que se encontraba el cuerpo sin vida y depositándolas en la planta baja del restaurante, les prendieron fuego con la intención de imposibilitar la identificación de la víctima”. A las 5.10 horas del día 19 de agosto de 2023, una persona descubrió el cuerpo de la víctima en el interior del Restaurante Miramar, y llamó a emergencias.

El magistrado considera que de las actuaciones practicadas en fase de instrucción se desprende la existencia de indicios razonables de delito frente a los cinco acusados. En concreto, entiende que los hechos investigados son constitutivos, sin perjuicio de la valoración que corresponda realizar en el acto del juicio, de un delito de homicidio atribuible a dos de los varones acusados y un delito de omisión del deber de socorro y encubrimiento en el caso de los otros tres acusados, dos mujeres y un hombre.

En el auto, el magistrado rechaza las peticiones de sobreseimiento formuladas por la defensa de estos tres últimos acusados y considera que existen elementos indiciarios que apuntan a que no socorrieron a la víctima y que trataron de ocultar lo sucedido. Además, fija que los hechos sean enjuiciados por un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El auto, fechado este 13 de julio, no es recurrible.

Las 89.636 personas mayores usuarias del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi, conocido como betiON, 11.509 en Álava (12%), 46.662 en Bizkaia (53%) y 31.465 en Gipuzkoa (35%), recibirán a partir de ahora mensajes de voz para alertarles en caso de incendios, olas de calor o vertidos tóxicos próximos a los domicilios, además de recordatorios como la campaña de la gripe u otras vacunaciones necesarias. Se trata de un procedimiento que se pondrá en marcha desde el centro de atención de betiON, desde el cual se envían los mensajes a los dispositivos situados en los hogares de las personas usuarias. Una vez enviado el mensaje, el dispositivo inmediatamente emite un aviso de voz a la persona usuaria indicándole que tiene un mensaje. Cuando la persona aprieta el botón amarillo del dispositivo y escucha el mensaje, automáticamente desde el centro de atención de betiOn esa escucha queda verificada.

Estos nuevos mensajes de voz se realizan más allá de las llamadas habituales que el equipo de más de 200 trabajadores de betiON emite a las personas usuarias. “Son complementarias a todas las llamadas que realizamos, es una apuesta extra para acompañar, avisar e informar a la persona usuaria. Los nuevos mensajes que hemos empezado a mandar no disminuyen ni el volumen, ni la frecuencia de las llamadas ordinarias, es una clara mejora del servicio betiON. Es una muestra de que la digitalización también puede ayudar a generar bienestar de la comunidad”, ha apuntado la consejera Nerea Melgosa que ha presentado la nueva iniciativa este lunes en Bilbao.

“Para las personas mayores betiON significa vivir con mayor seguridad. Significa poder hacer las actividades del día a día en su casa con la tranquilidad de saber que si ocurre una caída, un problema de salud, un susto o cualquier incidencia no está solo ni sola. Falta pulsar un botón para activar una red de apoyo que escucha, orienta y actúa”, ha explicado Melgosa, quien ha recalcado que además de la ayuda, betiON da compañía a las personas mayores, sobre todo a quienes viven solas y no tienen red familiar ni social. “Muchas veces una llamada no sirve solo para atender a una emergencia, también calma, acompaña y transmite confianza. La tecnología únicamente tiene sentido cuando está al servicio de las personas y betiON va de eso: de escuchar, preguntar y responder”, ha aclarado.

Durante la rueda de prensa Melgosa ha detallado los mensajes sobre las olas de calor que se transmiten a las personas mayores a través del servicio de teleasistencia: evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, vestir ropa ligera, holgada y transpirable, mantener ventanas y persianas cerradas durante las horas de más calor, beber agua y líquidos con frecuencia, sin esperar a tener sed y si no es posible mantener la vivienda fresca, pasar entre 2 y 3 horas al día en lugares climatizados, como edificios públicos.

Los consejos preventivos basados en las indicaciones del Plan de Calor de Euskadi son genéricos por lo que se personalizan según la situación de la persona usuaria (gente que no puede beber líquidos por sí sola, gente que no puede salir a la calle, o que no cocina en el domicilio). “Cuando se nota que hay una anomalía en el estado de la persona usuaria por motivos del calor se deriva inmediatamente el caso al equipo de profesionales sanitarios. Al día siguiente, desde el centro de atención de betiON, se realiza una llamada de seguimiento para actualizar la información del estado de salud de la persona usuaria. En estas llamadas, al igual que en las llamadas ordinarias, se analiza si hay algún deterioro cognitivo, una soledad no deseada, o unas condiciones físicas del domicilio que dificulten un modo de vida saludable. En el caso que sea necesario se hace una visita al domicilio”, ha recalcado.

BetiON es un servicio que lleva 15 años en funcionamiento. 66.426 (%74) de las usuarias son mujeres y 23.210 (%26) son hombres y el perfil medio de la persona usuaria es de una mujer mayor de 83 años que vive sola. Los requisitos para poder contar con este servicio son ser mayor de 75 años. En estos momentos hay 394 personas usuarias de betiON que tienen 100 años o más. De ellas 338 son mujeres y 56 son hombres. La persona con mayor edad tiene 108 años y reside en Vitoria. Dentro de las más longevas también hay personas usuarias que residen en Bilbao, Lekeitio y Erandio.

Según han informado, desde el centro de atención de betiON se realizan más de 120 mil llamadas al mes, pero el Servicio de Teleasistencia Público de Euskadi es personalizado y no se llama a todas las personas por igual. A la hora de realizar las llamadas se tiene en cuenta las necesidades de cada usuario, así como si es una persona que necesita hablar más o menos con los asistentes o si pasa más tiempo fuera de casa o en compañía que otras. Los usuarios, por su parte, también pueden realizar llamadas al centro de atención y, según los datos aportados, estas son alrededor de 50 mil al mes.

El 42% de la población vasca se considera creyente. Del total de los creyentes en la actualidad, el 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa, según el Barómetro sobre Religión y Creencias del estado español correspondientes al 2025, hechos públicos durante la presentación del Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco que busca gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de Jehová. A pesar de estos datos y de los avances realizados en materia de diversidad religiosa, el anuncio de la creación de una nueva mezquita en Basauri, la más grande hasta ahora en Bizkaia ha reactivado discursos de odio hacia la comunidad musulmana por parte de partidos como el PP o Vox.

Se trata de una nueva mezquita que sustituirá la inaugurada en el año 2011 y situada en la calle Pozokoetxe, que según sostienen desde la comunidad musulmana se había quedado pequeña. Con la adquisición de un nuevo local en la calle Juan Ibargutxi, que anteriormente albergaba primero la discoteca People y, después un supermercado, la nueva mezquita contará con 800 metros cuadrados. Los gastos tanto de la adquisición como de las obras que se están realizando en el inmueble han sido sufragados por la propia comunidad musulmana, sin embargo, desde el PP consideran que el Ayuntamiento de Basauri liderada por el PNV en coalición con el PSE-EE, debería aclarar “el origen de los fondos destinados a esta enorme infraestructura” y “paralizar el proyecto”, mientras que desde Vox sostienen que “las políticas migratorias del bipartidismo de PP y PSOE, y de los partidos separatistas han logrado que donde antes se bailaba ahora sea un lugar de rezo islámico”, haciendo referencia a la discoteca que clausuró en 1997.

En las últimas elecciones municipales, el PP en Basauri obtuvo un total de 1.338 votos, el 7,5% del total y un concejal en el Ayuntamiento Eduardo Rodríguez. Vox, por su parte, no se presentó a las elecciones al Ayuntamiento de la localidad vizcaína. Rodríguez ha mostrado su rechazo a la “inminente apertura de lo que se proyecta como la mayor mezquita de Bizkaia”, y ha exigido la paralización inmediata del proyecto tras registrar una batería de preguntas urgentes en el Ayuntamiento para “forzar al equipo de gobierno a rendir cuentas ante los ciudadanos” ante el “inaceptable silencio institucional y la política de hechos consumados con la que se está gestionando este macrocentro”. “No se trata de un simple trámite administrativo, sino de una transformación radical de un entorno residencial que choca frontalmente con las costumbres, la tranquilidad y el sentir mayoritario de los vecinos de Basauri. No podemos mirar hacia otro lado mientras se impone, de espaldas a los vecinos y de forma exprés antes del verano, un centro de estas características en los bajos de un edificio de viviendas. Los basauritarras tienen derecho a defender la identidad de sus barrios, su seguridad y su modelo de convivencia tradicional”, ha argumentado, para advertir que desde el PP no van a “tolerar que se ningunee a los residentes para dar vía libre a un proyecto de este calado”.

A juicio del PP, la apertura de la mezquita “rompe el equilibrio social de la zona y genera un foco de saturación inasumible en pleno centro urbano”. Con el objetivo de “destapar la gestión” de este proyecto, el concejal ha registrado diez preguntas “clave”, exigiendo al Ayuntamiento explicaciones sobre cuestiones relacionadas con las concesiones de licencias, el control de aforo y seguridad, el origen de los fondos y garantías de orden público. En este sentido, Rodríguez ha reafirmado el compromiso del PP “con la defensa del vecindario frente a decisiones que alteren la identidad y la paz social de Basauri” y ha asegurado que utilizarán “todas las herramientas legales a su alcance para frenar” un proyecto que consideran “desproporcionado y lesivo para los intereses del municipio”.

El líder de la Comunidad Islámica de Euskadi, Ahmed Zannouti reconoce a este periódico que este tipo de ataques se producen a medida que se aproxima el periodo electoral. “Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y como estos temas calan, los partidos políticos van a intentar obtener votos de esta manera. El eje de la campaña va a ser la inmigración, islamización y la delincuencia. En Euskadi no somos una isla y hay un discurso racista a nivel europeo que está ganando terreno”, lamenta.

Una de las funciones del Consejo Interrelijioso Vasco será elaborar “un plan para atajar los estereotipos y prejuicios” existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general. El Consejo nace, además, con una motivación proactiva para disponer de conocimiento de las distintas realidades religiosas y anticiparse a escenarios de conflicto, buscando evitar respuestas reactivas que puedan llevar a tensiones o la socialización de discursos de odio. De esta manera, este órgano, de carácter consultivo pretende dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en iniciativas y decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación den el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa. Es decir, herramientas para las comunidades cuando sufran algún ataque discriminatorio o racista durante la práctica libre de su religión.