Antonio Brevers (Torrelavega, 1960) lleva casi toda una vida dedicada al estudio de la guerrilla en Cantabria. Esa labor se ha encarnado en dos obras que son referencias ineludibles a la hora de conocer esta parte de nuestra historia reciente: 'Juanín y Bedoya, los últimos guerrilleros' y 'La Brigada Machado'.

Precisamente, esta última obra ha sido reeditada estos días, en una versión ampliada que incluye el final de la ardua búsqueda de los restos de Eloy Campillo, así como importantes novedades, como el hallazgo de dos refugios intactos de la Brigada Machado —vestigios silenciosos de una historia aún en parte oculta— y se arroja nueva luz sobre la muerte de uno de los miembros más destacados, Segundo Bores Otamendi, desvelando detalles hasta ahora desconocidos. Es, pues, un buen momento para repasar con él todos estos años de callada y sistemática investigación.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo surge su interés por el fenómeno guerrillero?

Viene de muy atrás, de una historia familiar. Mis abuelos maternos vivían en Liérganes, y una noche un grupo liderado por Pin El Cariñoso entró en su casa. Mi abuela estaba embarazada, sola con sus hijas, y alguien había dicho que allí había dinero. Fue un momento muy tenso. Ella conocía a Pin, como todo el mundo en la zona, pero aun así fue aterrador. En pleno registro, sufrió una crisis. Y lo sorprendente fue que Pin detuvo todo, la calmó, incluso mandó a avisar al médico antes de marcharse. Esa mezcla de amenaza y compasión se quedó grabada en la memoria familiar. Y creo que ahí empezó mi interés. Aquella historia, y la curiosidad por entender quiénes eran esos hombres huidos en los montes, me cautivó desde la primera vez que la escuché. El destino quiso prolongar el vínculo. Ya de adulto, con mis libros publicados, recibí una solicitud del juzgado: la hija de Pin, Josefina —nacida en prisión tras la muerte de su padre—, intentaba recuperar el apellido Lavín. Les facilité la documentación y las causas judiciales que conservaba. Como si todo volviera a cerrarse ahí.

Han sido años de un arduo trabajo. Arduo, y muy variado: pateos por los pueblos de la comarca, charlas con vecinos, visitas a archivos… ¿Cuáles han sido las fases más complicadas de la investigación y cuáles las más gratificantes?

Lo más gratificante de la investigación fueron, sin duda, las salidas en familia por los pueblos. Entrevistas en las cocinas de las casas, recibidos como uno más, mientras mis hijos corrían entre animales, se mezclaban con otros niños y exploraban cuadras y desvanes. Y casi siempre había una merienda generosa esperándolos. Ese contacto directo con la gente fue lo más valioso. Además, me encontré con un terreno prácticamente virgen: la mayoría nunca había compartido su testimonio antes. La parte más ardua llegó con ciertos archivos. La burocracia ralentizaba todo: largas esperas, acceso limitado a cajas, prohibiciones… En contraste, en los archivos nacionales de París todo fue rapidez y facilidades, con permiso incluso para fotografiar cuanto quisiera. Allí encontré auténticas joyas documentales.

Su primer libro, sobre Juanín y Bedoya, fue un verdadero éxito. No solo porque abordaba dos figuras casi míticas de la guerrilla en Cantabria, sino porque era el primer estudio sistemático de ambos. Pese al esforzado trabajo previo de otros investigadores, su obra aportó muchos datos nuevos y permitió desbrozar parte del mito que ensombrecía el riguroso conocimiento historiográfico de este fenómeno. ¿Qué destacaría como principal aportación de esta primera obra?

El año de su publicación, el libro se convirtió en el más vendido en Cantabria. La primera edición se agotó en apenas 15 días. Recuerdo que, cuando llegó la fecha de la presentación, no había ejemplares. Tenía fe en el libro, pero nunca imaginé un éxito tan inmediato. Su principal aporte fue devolver dignidad a muchas familias y, al mismo tiempo, ofrecer conocimiento. Para numerosos descendientes supuso descubrir por primera vez lo que habían vivido sus padres o abuelos. El libro también se convirtió en una forma de justicia histórica, en un esfuerzo por arrojar luz sobre hechos distorsionados durante décadas. Quizá su mayor impacto fue demostrar que la memoria, cuando se rescata con rigor y empatía, no divide: al contrario, sana, repara y devuelve orgullo a quienes durante demasiado tiempo solo habían heredado silencio.

En su segunda obra, 'La Brigada Machado', recupera el diario del doctor Cañete. Es un documento muy vivido, que consta de la gran virtud de ser extenso y no una breve rememoración. ¿Cómo fue el proceso de contactar con él y lograr que le facilitara el diario?

La copia del manuscrito me llegó por doble vía: a través de Pedro Noriega, cuñado de Juanín, y de Jesús de Cos, miembro de la Brigada Machado. Manolo había hecho fotocopias y las había repartido entre sus antiguos compañeros. Cuando tuve aquellas páginas en mis manos, me impresionó que fueran unas memorias sin alardes ni afán de protagonismo: sencillas, sinceras, escritas con claridad… como era Manolo. Las devoré de un tirón.

Comencé a investigar por Casar de Periedo hasta que logré localizarlo en Tarragona. Desde la primera llamada conectamos de manera inmediata. Al principio hablábamos por teléfono tres o cuatro veces por semana, y con la misma frecuencia me enviaba cartas. Eran cartas maravillosas: notas que complementaban las memorias, croquis, recuerdos… incluso algunas de sus recetas como curandero en el monte. También empezó a mandarme libros de su amplia colección de medicina natural. Y, de cuando en cuando, me enviaba garrafas de aceite de Siurana… Conocerlo en persona superó todas mis expectativas. Guardo un recuerdo muy especial de Cañete.

En esta segunda obra, juega un papel fundamental la historia de Eloy Campillo, secuestrado y asesinado por los guerrilleros en 1945. No deja de ser llamativo que una figura fundamental no sea un guerrillero, sino una de sus víctimas…

Desde que tuve noticia de su desaparición me propuse localizar los restos de Eloy Campillo. Pero no solo eso: también quise profundizar en la vida de un hombre que se movió en un terreno minado de contradicciones. Fue alcalde de Sotres durante el franquismo y, al mismo tiempo, guardia del Parque Nacional de los Picos de Europa. Una posición que implicaba un compromiso personal tan complejo como difícil de sostener.

Siempre me han interesado quienes, desde ideologías distintas, acabaron colaborando de un modo u otro con la guerrilla. Porque, más que clases de ideologías, creo que existen clases de personas. Y en ese sentido, Eloy Campillo resulta clave para entender lo sucedido en Pandébano y el paso de la Brigada Machado por Sotres y sus alrededores. Una figura compleja, pero fascinante, cuya vida merece ser contada y estudiada.

Lo que hace de la historia de Eloy Campillo algo particularmente desgarrador es, sin duda, su narración de la lucha de su hija Mercedes, y su nieto José Manuel, por saber qué ocurrió realmente. Ha sido una pelea de más de 70 años…

Aún recuerdo la primera vez que llamé a Mercedes. Lo hice con cierta inquietud. Sabía que no sería una conversación fácil. Temía entrometerme en un dolor antiguo, quizá ya cicatrizado, o reabrir una herida. Pero al otro lado del teléfono no encontré reservas, ni reproches. Mercedes respondió con entusiasmo. Le emocionaba saber que alguien se interesaba por su padre, y más aún, por su paradero. No había pasado un solo día sin preguntarse dónde estaría. Al día siguiente viajé a Oviedo para conocerla en persona. La suya es una vida marcada por la búsqueda, pero también por una larga resistencia frente a la indiferencia y el silencio. Me relató cómo, en su camino, encontró finalmente una mano tendida: la de la Asociación de Memoria Histórica de Gijón, Todos los nombres. Se presentó allí con cierto recelo, temerosa de decir que buscaba a un desaparecido que había sido de derechas. Pero lejos de prejuicios, la recibieron con los brazos abiertos. Luego, en 2009, el contacto con espeleólogos de la Asociación Espeleológica Ramaliega nos llevó a buscar por las minas y simas de Andara. Pese a su esfuerzo, parecía que los restos de Eloy no iban a aparecer nunca…

Precisamente, cuando esa pelea parecía que no iba a dar sus frutos, intervino el destino, o la suerte, o no sé cómo llamarlo… 

Yo lo llamo el Hado. Esa fuerza misteriosa que aparece justo cuando todo parece perdido. Cuando ya no queda a quién llamar ni un solo papel que mover… y, de pronto, la solución se presenta. Como por arte de magia. La intervención del Hado, de hecho, abre y cierra el epílogo. Lo abre con un espeleólogo novato, en su último día de exploración, que entra casi por casualidad en una sima a la que no volvería jamás. Y mientras está allí, colgado, fascinado por el brillo de unos cristales en la roca… ve un hueso humano y…

Sí. El espeleólogo Salvador Ibáñez, en 2018, encuentra los restos de Eloy en la Sima Topinoria. Usted, acompañando a la familia, inició un periplo que duró más de un año hasta que finalmente Mercedes pudo enterrar los restos de su padre. Fue una labor en la que colaboró mucha gente, desde el GREIM hasta espeleólogos voluntarios, pasando por los conocidos forenses Francisco Etxeberria y Fernando Serrulla, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Pero, como decía, ese “Hado” del que habla también ha intervenido en otra cuestión sorprendente: en este caso, una foto que todos hemos visto reproducida infinidad de veces…

Así es. Esa otra parte de la historia, el Hado lo cierra en casa de Delia Guardo, descubridora —junto a Jesús Pelayo— de la cueva de Treslasbasnás. Estábamos delante del ventanal desde donde su abuelo le señalaba la cueva. Miré la pared de enfrente y, casi sin pensarlo, solté en voz alta que nunca había conseguido encontrar el lugar exacto de la mítica foto de Juanín, Machado y Manjón. Por el hermano Machado sabía que estaba en algún lugar justo allí enfrente, en Peña Ventosa… pero nunca logré dar con él. Entonces Delia cogió el libro que yo le había regalado a su abuelo… hacía ya 18 años. Buscó la imagen, miró hacia la peña, volvió a mirar la foto… y de pronto, soltó: ¡Esto va a ser la Bodega! Prometió subir en un par de días, con su amigo Pablo, para comprobarlo. Y vaya si lo era… Aquel rincón había sido recorrido decenas de veces por Delia, por Pelayo, por Pablo, por investigadores, por periodistas… y, sin embargo, la revelación llegó así: de golpe. Como un chispazo. Como una iluminación. Eso es lo que yo llamo el Hado.

Ahora que ha mencionado Peña Ventosa, ¿sintió frustración por no haber podido visitar la cueva de Treslasbasnás, o la de Segundo Bores, por esa barrera que siempre han supuesto para usted las verticales?

La verdad, no. No sentí frustración. Tuve la suerte de conocer los hallazgos, al poco tiempo, contados por quienes los vivieron. Y eso fue un regalo. Sus relatos venían cargados de emoción, con la frescura del momento, y además venían acompañados de imágenes, vídeos… Así que, de alguna forma, sentí que también estaba allí, tanto en la cueva de Segundo Bores —que descubrió Fran Caso— como en Treslasbasnás, con Delia y Pelayo. En el caso de Segundo Bores, incluso llegué a tener en las manos algunos objetos. Fran me los confió para documentarlos, después de retirarlos, por miedo a saqueos. Su idea, que sigue en pie, es llevárselos algún día a la familia de Segundo, en México. Y claro, también sé lo que es vivir un hallazgo de ese tipo en primera persona. Me ha pasado muchas veces… Pero sí hay uno que todavía me eriza la piel, que es cuando encontré el zulo de Paco Bedoya, escondido en la casa familiar de Serdio. Grabé un vídeo mientras levantaba la tapa… y se oye mi respiración, entrecortada. La emoción es química pura. Y estoy convencido de que la mía no fue muy distinta de la que sintieron Delia, Pelayo o Fran al asomarse por primera vez a sus descubrimientos.

Este cierre de la historia es lo que motiva la reedición de tu obra 'La Brigada Machado'. Sin embargo, en esta obra también hay nuevos aportes de otras facetas de su investigación. ¿Qué destacaría?

En el contexto de la justicia histórica, uno de los aspectos más relevantes ha sido poder reconstruir con mayor precisión las verdaderas circunstancias de la muerte de Segundo Bores. A nivel familiar, este hallazgo tiene un evidente valor reparador: permite desmontar los rumores que, durante décadas, causaron un dolor injusto. Pero también abre una vía de interés en el plano historiográfico. Todo apunta a que Segundo Bores desempeñó un papel destacado dentro de la Brigada Guerrillera de los Picos de Europa, hasta el punto de que pudo haberla liderado durante un periodo. Además, he encontrado documentación que lo sitúa al inicio de la Guerra Civil como integrante de la Gestora del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, lo que amplía el enfoque: su implicación política no se limita a la guerrilla antifranquista, sino que arranca en los primeros compases del conflicto, con presencia activa en el ámbito local. Aún queda mucho por investigar sobre la Brigada Machado. Su historia merece un trabajo más exhaustivo y riguroso.

De lo que cuenta se desprende que en su obra ha sido fundamental el trato humano, el acercamiento a los protagonistas y sus familias. A la hora de abordar episodios dolorosos, cuando no traumáticos, ¿cómo logra vencer las comprensibles reticencias? ¿Su formación y práctica como psicólogo han ayudado en este sentido?

En mis trabajos de investigación nunca me he servido de mi formación como psicólogo. Ni técnicas, ni métodos. Me ha acompañado, simplemente, mi persona. A pecho descubierto. Son asuntos demasiado delicados como para aplicar fórmulas o jugar, aunque sea sin querer, con la sensibilidad de quienes han sufrido. Mi única guía ha sido el respeto y la disposición a escuchar de verdad. No han faltado momentos duros. Muy duros. Recuerdo especialmente el caso de Maelín, el hijo de Bedoya. Durante años evitó pasar por la carretera donde murió su padre. Hasta que un día, sin previo aviso, me pidió que lo acompañara. Fue un instante cargado de emoción: estuvimos allí apenas un minuto. Luego regresamos al coche y nos fuimos a pescar. Yo lo había previsto así, sabiendo que habría de templar el golpe y ayudarle a seguir el día sin romperse.

Otro momento difícil llegó en Madrid, revisando microfilms, entre miles de fotografías. Buscaba la imagen del cadáver de su padre: una aguja en un pajar. Y, de pronto, apareció. Le conté a Maelín lo que había encontrado y me la pidió. No quise enviársela desde allí. Le pedí que esperase. Cuando regresé fui hasta su casa y la vimos juntos, en su ordenador. Fue otro golpe duro. Le costó, pero mostró una entereza admirable, y me dijo que la publicara.

En una investigación de esta naturaleza, que ha durado décadas, ha tenido que acumular anécdotas de lo más variopintas. Muchas las narra en sus libros, que tienen la gran virtud de conjugar la historia de la guerrilla con la historia de tu investigación. Cuéntanos una…

Una vez, en Madrid, me pasó una buena… Me había sobrado un día tras varios archivos, y decidí probar suerte en el archivo histórico de la Guardia Civil. Me identifiqué, pregunté dentro… y, sin saber muy bien cómo, acabé en un sótano inmenso. Aquello parecía la biblioteca de 'El nombre de la rosa', pero sin frailes. Al rato apareció un agente que, muy tranquilo, me dijo que me había colado en el archivo interno de la Dirección General. Vamos, que, si me despisto, me pongo a hojear secretos de Estado. Ya reubicado en el archivo que tocaba, conté que investigaba al capitán Fernández Íñiguez —el cabo que mató a Bedoya—, y me abrieron las puertas de par en par. Al poco, di con un álbum lleno de fotos de guerrilleros. Pregunté si podían escanearlo. “No, pero puede llevarlo a la copistería de al lado”, me dijeron. Y ahí fue cuando pensé que me habían debido de tomar por alguien de la casa... Pero sin rechistar, salí a la calle con el álbum debajo del brazo. La copistería, a reventar. El escáner, lentísimo. Y la chica que me atendía no dejaba de mirar las fotos de gente armada y cadáveres... como pensando: “Este tipo o es espía… o está completamente loco”. Una hora después, regreso a la Dirección General. Entrego el DNI, el guardia lo mira, descuelga el teléfono y grita: “¡Ha vuelto! ¡Está aquí!”. Mil explicaciones, mil disculpas… y al final todos respiramos tranquilos. Yo más que nadie, con mi CD en el bolsillo y la sensación de haber salido vivo de una novela negra.

Sus obras reflejan muy bien el ambiente de miedo y tensión que se vivía en la postguerra, no solo por parte de los guerrilleros y sus enlaces, sino también de los vecinos corrientes que muchas veces se veían atrapados en un fuego cruzado. ¿Hasta qué punto afecta eso a la convivencia de los pueblos, y cuánto se puede transmitir generacionalmente?

Por increíble que parezca, cuando comencé a investigar, a finales de los años noventa, todavía se percibía el miedo. Un miedo antiguo, pero aún latente. Varias personas que habían colaborado con la guerrilla, aunque fuera con gestos mínimos, temían que sus palabras pudieran tener consecuencias legales. Les costaba hablar, dudaban… En muchos casos intenté tranquilizarles. Aun así, preferí no insistir cuando notaba que el silencio era una forma de protección. Bastaba con cambiar de tema. Forzar el relato habría sido, en cierto modo, repetir la violencia que tanto daño les había hecho. Especialmente delicado era el caso de los vecinos comunes, los que no formaban parte de ninguno de los dos bandos. Si alguien llamaba a su puerta de noche, podían enfrentarse a un miedo paralizante: si eran los guerrilleros, corrían el riesgo de represalias si no les ayudaban; si era la Guardia Civil, se exponían a registros violentos y acusaciones arbitrarias. Esa tensión marcaba la convivencia en lo más cotidiano. Hoy, creo que ese miedo ya no determina la vida en los pueblos como lo hizo durante décadas. Pero sus ecos siguen presentes. Aún quedan familias distanciadas, rencores soterrados, heridas que nunca se hablaron. Es una memoria que, aunque no siempre se nombre, se transmite de generación en generación. 

Al margen de sus dos libros, durante muchos años gestionó el foro y web “Los del monte”. Sin duda, era el medio digital de referencia para conocer el fenómeno de la guerrilla en Cantabria. Era un espacio muy activo, en el que junto a los intereses puramente históricos se desataban a veces violentas pasiones políticas, mezcladas con cuestiones familiares. ¿Cómo fue gestionar ese foro?

Antes de que naciera la web 'Los del monte', buscar términos como “guerrilla antifranquista”, “emboscados” o “Juanín y Bedoya” en cualquier buscador era en vano: el resultado era un silencio absoluto. Un vacío total en el espacio público. Quizá por eso la página causó tanto impacto: de repente, un tema borrado de la memoria colectiva encontró un lugar donde aparecer, debatirse y compartirse. Las cifras hablaban por sí solas: miles de visitas mensuales llegaban desde los cinco continentes. Muchos eran españoles en el extranjero, pero también acudieron investigadores e hispanistas de primer nivel, que hallaron en aquella web una fuente inesperada y valiosa. Eso, sin duda, resultó un impulso motivador. Crear y gestionar aquel foro fue un desafío mayúsculo. Quise que fuese un espacio vivo, apasionado —a veces incluso demasiado— pero siempre cimentado en una convicción inquebrantable: rescatar la memoria merecía la pena. Participaban desde antiguos guerrilleros, enlaces y familiares, hasta guardias civiles, víctimas de la guerrilla y sus descendientes, historiadores, investigadores, público en general e incluso novelistas como Rebecca Powell, que buscaba documentación para sus libros. Lo fascinante era que todas esas voces, tan distintas y muchas veces enfrentadas, se encontraban allí. Un punto de encuentro —a veces pacífico, otras veces tormentoso— donde la memoria podía ser discutida, cuestionada y reconstruida. El principal problema llegaba con quienes solo entraban a provocar sin aportar nada. En aquellos años, el anonimato en internet era casi absoluto y no faltaban los que abusaban de ello. Lamentablemente, la plataforma suspendió el servicio y desaparecieron miles de mensajes. Al menos me sirvió de lección. Desde entonces, hago copia de seguridad de la copia… y hasta de la copia de la copia.

Una curiosidad personal. En el foro firmaba como “Alfredo Cloux”, que también es el nombre que ha elegido para su editorial. ¿De dónde surge ese nombre?

Elegí el seudónimo Alfredo Cloux por dos motivos muy personales: Alfredo es mi segundo nombre, y Cloux, el segundo apellido de mi abuelo paterno, un franco-belga que fue una figura clave en mi vida, junto con mi abuela materna, oriunda de Miera. Cloux, de origen francés, arrastra además una historia curiosa. Aquella rama de mis antepasados estuvo vinculada a una casa solariega en Amboise donde, tiempo después, y ya fuera de la familia, falleció Leonardo da Vinci. Una anécdota llamativa, sin duda. Pero, en el fondo, creo que cualquier apellido, sea cual sea su procedencia o rango, guarda siempre una historia rica y profunda detrás. El logo de Cloux Editores está inspirado en el escudo de esa rama familiar, que incluye un clavo de plata. Un símbolo sencillo, pero con una carga emocional que me gusta conservar. Aun así, no cambiaría aquel château por mis raíces cántabras, ni por aquellos veranos de infancia en los que subía a las cabañas familiares en las Tetas de Liérganes, metido en un cuevano, a lomos de un burro o de una mula…

A lo largo de años de investigación aprendí algo esencial: la polarización política rara vez se traslada tal cual a la vida cotidiana. Entre la inmensa mayoría de las personas que entrevisté, lo que predominaba no era la necesidad de confrontar, sino el deseo de entender, de encontrar, de cerrar heridas abiertas

Esa polémica historiográfica tiene también un trasunto político. La Ley de Memoria Histórica de Cantabria fue aprobada en la anterior legislatura por el PSOE y el PRC, y derogada por el PP y VOX en la actual (si bien el Tribunal Constitucional ha paralizado dicha derogación). ¿Cómo ve esta situación? ¿Lograremos mirar el pasado reciente con la suficiente ecuanimidad como para alcanzar un conocimiento histórico riguroso, o estamos condenados a que esto se convierta en parte de las “guerras culturales” en las que estamos inmersos?

El caso de Mercedes Campillo ilustra con claridad para qué sirve la Ley de Memoria Histórica. Cuando todas las vías judiciales estaban cerradas, esa ley permitió algo tan básico como recuperar los restos de su padre. Sin ella, probablemente aún seguiríamos pidiendo permisos. Mercedes no hizo más que ejercer un derecho: simple, legítimo y firme. Hubo críticas. Algunos cuestionaron que la primera exhumación realizada en Cantabria fuese la de un hombre de derechas. Otros, que se destinara dinero público a “sacar unos huesos”. Pero la memoria histórica no es política de partido: es historia. Y la historia requiere perspectiva, respeto y voluntad de diálogo. A lo largo de años de investigación aprendí algo esencial: la polarización política rara vez se traslada tal cual a la vida cotidiana. Entre la inmensa mayoría de las personas que entrevisté, lo que predominaba no era la necesidad de confrontar, sino el deseo de entender, de encontrar, de cerrar heridas abiertas. Cuando esperaba la financiación para el operativo de rescate de los restos de Eloy, fueron muchos los que ofrecieron ayuda, incluso familiares de antiguos guerrilleros. Recuerdo en particular a una mujer que me pidió que trasladara a Mercedes su perdón por lo que había ocurrido con su padre. Mercedes respondió con serenidad: no hacía falta ningún perdón. Ya habían sufrido bastante en el monte. Ya habían vivido demasiadas calamidades. Eso es, en el fondo, la memoria histórica: no un arma, sino un puente. Un camino para reconocer, comprender y honrar. Y el deber, profundamente humano, de recordar con dignidad a quienes nos precedieron.

Por último, ¿tiene algún proyecto en mente para un futuro cercano? A sus lectores seguro que les gustaría escuchar un sí…

Tengo varias investigaciones muy interesantes, pero ponerlo negro sobre blanco es otra cosa. La investigación me apasiona; escribir, en cambio, siempre ha sido un encierro, un viaje solitario que exige paciencia, desapego y silencio. Ahora quiero retomar la búsqueda de alguna pista sobre la niña sin identificar de la torca Topinoria, cuyos restos aparecieron junto a los de Eloy. También voy a dedicarme a poner algo de orden en mi archivo: cientos de horas de grabación, cerca de 60.000 documentos digitalizados y un buen montón de documentos en papel. Abro cajas, selecciono, descarto, etiqueto… como quien intuye que algún día alguien tendrá que entender ese legado. También le doy vueltas a la idea exponer parte de ese fondo. Y, en el horizonte —que espero sea lejano—, pienso en darle un final digno. En broma le dije una vez a Paco Etxeberria y a Lourdes Errasti: “Os pondré en mi testamento, que os manden mi archivo”, pensando en Aranzadi. Pero, obviamente, lo que deseo es que encuentre su lugar en Cantabria, que siga vivo en otras miradas, en otras investigaciones, y que conserve la voz de quienes ya no están. Hace poco, Fran Caso me pidió colaborar en un proyecto en el que lleva tiempo trabajando: una guía sobre los escenarios de la guerrilla en los Picos de Europa. La propuesta me pareció apasionante, así que puse a su entera disposición mi archivo y mis conocimientos. Eso sí, con dos condiciones innegociables: que no me pida escalar —ya tengo bastante con la montaña de papeles— ni escribir, porque por ahora sigo esquivando el encierro.

Que haya desencuentros entre los docentes y la Consejería de Educación no es ninguna novedad. Que un consejero no coincida con las reivindicaciones laborales o de otra índole de sus subordinados, tampoco. Pero lo que sí es novedoso en Cantabria es la política de confrontación total por la que ha optado el actual titular de dicho departamento, Sergio Silva (PP), pese a sus proclamas de “talante” con las que se descuelga en los medios de comunicación.

Esa confrontación ha sido evidente durante toda la negociación que los sindicatos docentes han forzado (y la palabra es esa, pues la cerrazón de la Consejería ha sido notable hasta para entablar el diálogo). Muestra de ello es que los miembros de la Junta de Personal llegaron al extremo de encerrarse durante una decena de días en la sede del Gobierno autonómico, acto que fue secundado por cientos de docentes, que se encerraron en decenas de centros de toda Cantabria.

También las declaraciones del consejero van en esa línea, con declaraciones que eran poco menos que un ultimátum. Plantear que si no se aceptaba su propuesta no había más que hablar, “castigando” a los docentes con no actualizar su salario, es desconocer las normas básicas de lo que es la negociación colectiva.

Aún peor han sido el goteo de declaraciones con las que buscaba menoscabar el prestigio del profesorado, con alusiones a las bajas, al absentismo… Un argumento falaz por dos motivos: en primer lugar, porque si hay bajas abusivas, somos el resto de los docentes los que las sufrimos, por lo que no tendemos a ser muy tolerantes en esta cuestión; en segundo lugar, porque las bajas las otorgan los médicos (no los equipos directivos o los compañeros) y es el Servicio de Inspección el organismo competente. 

En esa misma línea, la obsesión de la Consejería de Educación por transmitir una imagen del conflicto limitada al deseo de un colectivo que simplemente quiere cobrar más (aspiración legítima, por otra parte, para cualquier trabajador; y más para aquellos que llevan 17 años con el “tramo autonómico” de su salario congelado) es otro recurso falaz.

Los docentes y sus representantes sindicales llevamos años reclamando otras cuestiones que no tienen nada que ver con el salario, y que dañan la educación pública: las ratios exageradas, el continuo favoritismo hacia la privada-concertada en detrimento de la pública, una carga burocrática que impide centrarse en lo esencial (las clases y los alumnos), una implantación de la LOMLOE que choca contra la realidad de las aulas… Conviene recordar que el colectivo docente es uno de los que adolece de más horas extra impagadas.

Pero, sin lugar a dudas, lo más grave está siendo el rechazo del consejero a respetar uno de los derechos básicos de cualquier Estado de Derecho: el derecho a la huelga. Es perfectamente legítimo que un responsable político discrepe de una huelga convocada contra su gestión (faltaría más), incluso que la considere una medida “desproporcionada” (tal y como declaró Buruaga). Lo que no es legítimo es la panoplia de artimañas que desde la Consejería se han desplegado para limitar un derecho básico. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos señalar el hecho de denegar el permiso para la huelga que se convocó para los días 21 y 22 de mayo diciendo que los sindicatos habían incumplido el plazo (y, a toro pasado, decir que había sido un “error suyo”). Más grave aún han sido la declaración como “servicios mínimos” de todos los profesores que imparten docencia en 2º de Bachillerato y que deben preparar para la PAU o para la Evaluación Final Extraordinaria. A efectos prácticos, ello supone hurtar el derecho de huelga a unos 20 docentes por instituto (eso, en un centro de tamaño medio), con un argumento extremadamente peregrino, como si la suerte de un alumno en la PAU, para la que llevan preparándose más de 8 meses, se jugara este miércoles.

Da que pensar que Silva era uno de esos alumnos remolones que lo dejan todo para el último día... Por otra parte, dado que parece estar muy concienciado con las necesidades del alumno de Bachillerato, supongo que no tendrá mayor problema en rebajar la ratio actual, a todas luces excesivas para poder trabajar por competencias, tal y como establece la LOMLOE, y tal y como los docentes llevan años pidiendo.

Finalmente, las instrucciones de cómo aplicar esos servicios mínimos, y cómo interpretar la “docencia en 2º de Bachillerato” (¿puedo hacer huelga si ese día no tengo clase con ellos?, por ejemplo) han sido confusas a posta, no respondiendo a los equipos directivos que pedían explicaciones al respecto, o haciéndolo de manera contradictoria. Indudablemente, la intención ha sido generar inseguridad jurídica, buscando dificultar -aún más- el legítimo derecho de todo trabajador a declararse en huelga. A escasas horas del inicio de la huelga, mucha gente no tenía claro si puede ejercer ese derecho o no.

Con estos mimbres, queda claro que el consejero no ha adquirido las competencias requeridas; en particular, dista de alcanzar la competencia ciudadana. Por lo tanto, no le quedará más remedio que repetir curso. Y -ay- a nosotros con él. 

El monte Castillo, en el municipio cántabro de Puente Viesgo, alberga en su interior algunas de las pinturas más antiguas realizadas por el ser humano en Europa. En su cima, los vestigios de un castillo de inicios de la Edad Media están siendo investigados estos días por los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos. Y a media ladera, los historiadores Rafael Bolado del Castillo y José Ángel Hierro Gárate se afanan en unas trincheras de la última contienda civil.

En realidad, los trabajos de investigación, por encargo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, comenzaron el año pasado. Pese a que la existencia de fortificaciones de la Guerra Civil era conocida tanto por los vecinos como por algunos especialistas en la materia, de lo que se tenía constancia era del parapeto de piedra situado en la pista de acceso.

En 2021, Hierro se acercó al sitio, tras haber visto una fotografía del mismo publicada por el historiador Fernando Obregón. Allí descubrió una pequeña trinchera ubicada a continuación de él. Casualidad de la vida, apenas unos días después, un incendio arrasaba la zona y Felipe Sierra descubrió otra línea de trincheras, mucho mayor, ubicada más abajo y conectada con la de arriba.

Tras ponerlo en conocimiento de Hierro, este pronto se dio cuenta de que se trataba de un conjunto particularmente bien conservado. “No solo es muy interesante por lo que puede aportar al conocimiento de las operaciones militares de la Guerra Civil en la comarca”, señala, “sino que su ubicación hace que sean restos idóneos para su puesta en valor desde el punto de vista turístico”.

Un par de años después, Hierro presentó un proyecto de intervención a la Consejería, centrado en la documentación de los restos y la prospección de posibles nuevas estructuras. Al margen de las descubiertas, Bolado señala la posible existencia de otras líneas inferiores. “Vecinos de la zona nos han dicho que más abajo se podían ver restos hace años”. Sin embargo, la abundante vegetación y lo abrupto de la ladera dificultan mucho el tránsito por ella, por lo que los arqueólogos se han centrado en la zona conocida.

Los restos

Las actuaciones de estos dos años se han concentrado en recuperar un tramo cercano al camino que lleva a la cima del monte. Aunque los restos documentados tienen una longitud superior a los 175 metros, solo la parte más occidental ha sido excavada por los arqueólogos (en ocasiones, retirando hasta más de un metro de relleno). Las investigaciones muestran que, en la zona superior, un tramo era descubierto, mientras que otro probablemente estaba guarnecido por rollizos de madera, tierra y piedras.

Un ramal, parcialmente excavado en la roca, desciende hacia la trinchera inferior, a la que se accede a través de un intrincado senderillo desbrozado recientemente por empleados municipales. Este es, en realidad, un complejo sistema formado por varios elementos relacionados entre sí. En primer lugar, una trinchera de tiro ligeramente en zig-zag, con paramento interior y exterior de piedra en seco. Esta trinchera está conectada, mediante tres ramales perpendiculares y de trazado también sinuoso, con otros tantos abrigos excavados en la roca, con forma de galería de mina. Finalmente, otra trinchera interior, de circulación, une los dos ramales de acceso a dos de los abrigos.

En las excavaciones se han recuperado numerosos elementos relacionados tanto con las estructuras como con el episodio bélico en el que se vieron envueltas: vainas percutidas de munición de fusil de tres calibres diferentes, fragmentos de proyectiles de artillería y bombas de aviación, latas de conservas, herramientas de zapador e incluso restos de la chapa ondulada metálica usada para cubrir algunos tramos de la trinchera.

El contexto bélico

Estas trincheras formaban parte del complejo defensivo ubicado en el entorno de Puente Viesgo. Para comprender su función hay que retroceder hasta el golpe de 1936, y la división de España en dos zonas: la controlada por el legítimo Gobierno republicano y aquella bajo dominio de los golpistas. La entonces provincia de Santander quedó bajo control republicano, tras fracasar los golpes previstos en Santoña y la capital provincial. La línea de frente quedó -simplificando mucho- ubicada cerca de la divisoria de aguas cantábricas, y se mantuvo relativamente estable durante los primeros compases de la guerra.

La cosa cambiaría cuando Franco, tras fracasar en la toma de Madrid, en marzo de 1937 decidió centrarse en el Frente Norte. El último día de ese mes la aviación franquista arrasó Durango; unas semanas después le tocó el turno a Gernika, que ardió bajo las bombas de la nazi Legión Cóndor. En junio se produjo el asalto al 'Cinturón de Hierro' de Bilbao, que cayó el día 19.

Tras la caída de Bilbao, el Gobierno republicano ordenó una ofensiva sobre Brunete que sirviera de distracción. Tras el fracaso de la misma, los golpistas volvieron su atención a la provincia de Santander. Unos 80.000 hombres organizados en cuatro cuerpos del ejército republicano se enfrentaron a un ataque que comenzó el 14 de agosto. En los siguientes días las defensas republicanas se vieron superadas por el ataque enemigo.

En el caso de Puente Viesgo los combates comenzaron el 23 de agosto. Esta posición suponía la última defensa ante el avance de los fascistas italianos en su camino a Santander. Los italianos atacaron por los flancos y obligaron a los republicanos a huir el día 24, ante el riesgo de quedar embolsados por el enemigo. Ese mismo día las tropas golpistas llegaron hasta la localidad de Renedo y cortaron la comunicación con Asturias en Barreda. El 26 entraron en Santander, haciendo más de 16.000 prisioneros, muchos de los cuales fueron fusilados en los días siguientes.

Quintacolumnistas en las trincheras

Hierro y Bolado inciden en que esta excavación es un magnífico ejemplo de lo que la arqueología de la Guerra Civil puede aportar al conocimiento de la etapa. No se trata solo de desenterrar viejos restos, sino que aportan información muy valiosa. Así, señalan que otros de los restos de las trincheras de la guerra que están investigando clarifican un aspecto que ha pasado relativamente desapercibido a muchos de los investigadores del conflicto en la región: el carácter quintacolumnista de algunos de los máximos responsables de las obras defensivas.

“Cuando visitas algunas de las fortificaciones construidas por los republicanos llama poderosamente la atención la escasa lógica que tienen desde el punto de vista táctico. Algunas, de hecho, parecen estar hechas más para facilitar la tarea al enemigo que otra cosa”, explica Hierro. Según su interpretación, ello se debe a que varios de los personajes clave en la organización de la defensa de Santander frente a los golpistas tenían contacto con los sublevados, o simpatizaban con ellos. Como señala, en cierto modo, “trabajan para el enemigo”. Las investigaciones que ha realizado en archivos apuntan en la misma línea, si bien es un trabajo aún en curso.

¿Y ahora?

A unos días de acabar la campaña de este año, ambos arqueólogos lo tienen claro. “Nos hace falta al menos un año más para consolidar esta parte, y dejarla preparada para que el Ayuntamiento y la Consejería acometan la siguiente fase, la puesta en valor de este magnífico conjunto”, apunta Bolado.

Óscar Villegas (PRC), alcalde de Puente Viesgo, deja claro su interés “por poner en valor tanto los restos de la Alta Edad Media ubicados en la cima como las trincheras de la ladera”. Su intención es “integrar esos recursos” en un sendero interpretativo, “con el asesoramiento de expertos en la materia”.

El regidor señala la buena disposición que Eva Guillermina Fernández (PP), actual directora general de Cultura, ha mostrado recientemente al respecto. En ese sentido, recalca que el Ayuntamiento ya está trabajando en el 'Camino de los pioneros', en referencia al Abate Henri Breuil y otros investigadores que pusieron a Puente Viesgo en el centro de la Prehistoria internacional.

Hace unas semanas se conoció que el Grupo Espeleológico Abrigu había encontrado nuevas pinturas rupestres en la Cueva del Linar, en el municipio cántabro de Alfoz de Lloredo. La noticia, viralizada por las redes sociales, concitó innumerables comentarios de apoyo y parabienes hacia estos espeleólogos. “Bravo”, “hay que apoyar a la gente que cuida e investiga nuestro patrimonio” o “merecen un premio” son algunos de esos comentarios.

Tan solo tres días después se conoció la resolución del Gobierno de Cantabria por la que imponía la tasa de rescate a los dos espeleólogos que este verano se perdieron dentro del Sistema del Mortillano. En esta ocasión, los comentarios suscitados en las redes o en los medios de comunicación eran de un tenor muy diferente: “Poco me parece”, “bravo, no con mis impuestos”, “que sirva de escarmiento”, “perroflautas”... Isabel Urrutia, consejera de Presidencia de Cantabria, señaló al día siguiente que la tasa impuesta es “un aviso para el resto”.

En apenas tres días, los miembros de un colectivo que en España está formado por más de 10.000 personas (según el Consejo Superior de Deportes en 2022 se federaron 9.635 personas, aunque otras muchas la practican sin federarse) han pasado de ser considerados de casi científicos a unos imprudentes descerebrados. En un ecosistema mediático caracterizado por la visceralidad y la polarización de las redes sociales, no deberían sorprendernos demasiado estos vaivenes de la opinión pública. Pero, ¿hay base para estas reacciones exacerbadas?

La tasa de la discordia

Ángel García es secretario de la Agrupación Espeleológica Ramaliega, club que acaba de cumplir los 60 años de existencia. Centrados en la exploración de Ramales, Ruesga y Soba, durante su trayectoria han encontrado un buen número de yacimientos arqueológicos, contribuido con más de 75 kilómetros a la exploración del Sistema de Mortillano (segundo de España, con más de 140 kilómetros), descubierto la segunda sala subterránea más grande de la Península o colaborado en la recuperación de los restos de Eloy Campillo a casi 200 metros de profundidad en Picos de Europa (en cumplimiento de la Ley de Memoria que el PP y Vox pretenden derogar ahora). Durante años, además, gestionaron en colaboración con otros muchos espeleólogos los rescates en Cantabria, tras firmar un convenio con Protección Civil. 

Preguntado por el cobro de la tasa, García es taxativo. Aunque considera que los espeleólogos “no actuaron quizá de la manera más adecuada”, cree “absurdo e injusto” cobrar este rescate, mientras que “las miles de intervenciones del 112 en otros ámbitos no pasan por caja”. “¿Han cobrado a los que han varado coches en las diversas playas cántabras, o a los ferrateros que se han quedado colgados de un cable?”, se pregunta indignado.

“A una persona con sobrepeso, que fuma y bebe, nadie se plantea cobrarle los gastos derivados de su atención sanitaria, que son de decenas de miles de euros, pese a que es evidente que en ciertas circunstancias mantener ese estilo de vida es pura negligencia”. Por el contrario, aduce, la espeleología es una actividad que fomenta un estilo de vida saludable, y que ha dado lugar a interesantes descubrimientos arqueológicos, geológicos o de otra índole.

“Al Gobierno de Cantabria le encanta apuntarse tantos como los descubrimientos de La Garma o el reciente de la Cueva de El Linar, pero nada de eso sería posible sin la callada labor de generaciones de espeleólogos que se han arrastrado por las entrañas de Cantabria”, apunta.

¿Imprudencia o no?

Otro aspecto que concita unanimidad en el colectivo de espeleólogos es considerar erróneo hablar de “imprudencia” en el caso de los compañeros rescatados en verano. García explica que el Gobierno de Cantabria “impone llamar al 112 antes de entrar en una cueva”. Se trata de una medida muy impopular entre el colectivo de espeleólogos cántabros. Y es que este requisito no se aplica a ninguna otra actividad, y tampoco existe en ninguna otra comunidad autónoma. 

“Al margen de que se esté de acuerdo o no con esta medida”, señala, “no se puede hablar de imprudencia simplemente por no llamar al 112”. En realidad, los grupos que tienen un permiso de exploración anual no tienen que cumplir con este requisito, cosa que sí que tienen que hacer los visitantes esporádicos. “Imprudencia sería entrar sin avisar a nadie, que nadie sepa dónde estás. Pero no fue el caso, esta gente avisó a otros, aunque no al 112”. 

Alfredo Moreno es director técnico de MTDE y de ETDE, referente nacional en la formación en espeleosocorro. Esta semana está dando un curso de rescate en Ramales de la Victoria. Preguntado por las imprudencias en el mundo de la espeleología, su respuesta es tajante: “Son muy escasas”. “En todos los años en los que he participado en rescates, creo que las imprudencias no estuvieron detrás de ninguno de ellos”, apunta.

Explica que, a diferencia de otras actividades como el senderismo o las vías ferratas, bajar a una sima implica conocer técnicas de progresión que no se aprenden en un día, por lo que hay un “filtro”. La formación se va adquiriendo en los clubes de espeleología, y hay una gradación en el nivel de dificultad que van asumiendo, según aumenta la experiencia.

Pese a que no suele haber imprudencias, no deja de ser una actividad con un cierto riesgo: “Aunque es un error calificarlo como deporte de riesgo”, matiza Moreno. Crecidas inesperadas por una mala previsión meteorológica, el desprendimiento puntual de una piedra, una torcedura de tobillo... Aun así, la tasa de incidentes en espeleología es bajísima. Aunque no hay datos unificados, uno puede dar pistas: según la Guardia Civil, entre 2013 y 2019 hubo dos muertos y 16 heridos mientras practicaban esta actividad deportiva. Es decir, un fallecido cada tres años, y menos de tres heridos por año. 

Responsables de la Federación de Cantabria de Espeleología apuntaban en una reciente entrevista que, según los datos aportados por el 112, “en los últimos nueve años ha habido 20 rescates en cuevas”. Una media de poco más de dos intervenciones al año, la mayoría de ellas simples pérdidas o retrasos. Ni los datos de la Guardia Civil ni los del 112 parecen apuntar a una actividad de temerarios e imprudentes.

¿Por qué la polémica?

En el AER lo tienen claro: el modelo de comunicación que exigen las redes sociales lleva a la sobreexposición y dramatización de estas cuestiones. García pone un ejemplo. “En los 90, tres compañeros nuestros se quedaron sin iluminación en la Cueva del Lobo, y estuvieron allí tres días. La prensa simplemente lo reflejó en una breve nota, nadie se inmutó. Lo de este verano ha sido un circo mediático un tanto impresentable”, zanja.

Todos los espeleólogos consultados comparten esta opinión. “Era ridículo ver cómo algunos medios o redes trataban de actualizar cada poco el contenido, cuando todos sabemos que la búsqueda de espeleólogos perdidos tiene su propio ritmo”, señala otro veterano del socorro. La tendencia a convertir cualquier cuestión en polémica, más la dinámica de los comentarios a hacer leña del árbol caído, hicieron el resto. 

La tasa: ¿precaución o punitivismo populista?

Las declaraciones de la consejera Isabel Urrutia sobre el carácter de “aviso” del cobro de la tasa han sentado particularmente mal en el colectivo de espeleólogos de Cantabria, formado por 500 federados. Un espeleólogo de Santander apunta a la incongruencia de las declaraciones. “Por un lado dice que no es una multa, sino una tasa; pero por otro es un aviso. Que se aclare”, señala molesto. 

Enrique Ogando es presidente del Grupo Espeleológico La Lastrilla, otro club con más de medio siglo de existencia. Lleva más de un cuarto de siglo organizando campañas de exploración en Picos de Europa y ha participado en un buen número de rescates. Con la perspectiva que da la experiencia, incide en la misma idea apuntada por García: existe un trato discriminatorio con respecto a otras actividades. “Si uno se mete en Berria y le tienen que sacar en lancha, se mira para otro lado, porque el turismo de sol y playa deja mucho dinero. Ahora, un colectivo minoritario como el nuestro, es perfecto para convertirse en cabeza de turco”, critica.

El colectivo aboga por la sensatez. “Ni somos científicos ni somos lunáticos. Desarrollamos una actividad deportiva que, frecuentemente, redunda en beneficio del conocimiento del patrimonio natural e histórico de Cantabria. No hace falta que nos pongan calles, pero por lo menos que no nos fastidien ni nos tachen de imprudentes”, pide García.

Los rayos de sol se filtran con dificultad entre la espesura del encinar. El camino es trabajoso, pero el entorno lo merece. Sin embargo, algo quiebra la armonía del dosel verdigrís: una mancha negra rasga la blancura de la caliza. Poco más allá, otra. Y otra, y otra...

Los actos vandálicos denunciados en los últimos días en los senderos de Campoo no han sido, ni mucho menos, los únicos. Desde hace más de medio año la mayor parte de los sendas cántabras señalizadas como Pequeño Recorrido (PR, con marcas blancas y amarillas) han sido objeto de ataques similares, siendo tachados de manera sistemática. La señalética de madera ha sido, en muchas ocasiones, destruida. “Atentado”, “barbaridad”, “salvajada”… son algunos de los calificativos que desde el mundo de la montaña y del turismo se han utilizado para tildar este despropósito.

En el Alto Asón estos ataques comenzaron aproximadamente en marzo, y más o menos por las mismas fechas se produjeron también en la zona del Miera. Después, en otras comarcas de Cantabria. En mayo, la Red Cántabra de Desarrollo Rural dijo que había denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

Dos preguntas surgen ante esta cuestión: ¿Quién y por qué ha perpetrado estos hechos? Aunque la respuesta dista de estar clara, todo indica que detrás de este dislate se encuentra el cambio de normativa sobre señalización de senderos.

Un decreto polémico

En el origen de ese cambio legal estuvo la presión de diferentes federaciones de Montaña (incluida la cántabra), que consideraban necesario un marco legal que fuera más allá de las normativas propias de dichas federaciones (que no tenían rango de ley). Tras la aprobación por diversas comunidades autónomas de decretos en este sentido, en 2016 el Parlamento de Cantabria aprobó una Proposición no de Ley que solicitaba se regularan los senderos “bajo el criterio experto de la Federación”. En marzo de 2021 el Gobierno de Cantabria aprobó el Decreto 34/2021 que regulaba la señalización de los senderos deportivos

Dicho decreto fue bien recibido por la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME), pero no así por la otra entidad que había jugado un papel relevante en la señalización de los senderos en las dos últimas décadas en Cantabria: la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que engloba a los diversos Grupos de Acción Local (y estos, a su vez, a los municipios).

Estos grupos, junto con muchos ayuntamientos, habían sido los promotores del balizaje de gran cantidad de senderos con fines turísticos. Para la Red, la nueva normativa generaba “inseguridad jurídica”, pues la definición de los senderos que quedaban englobados en la nueva normativa era -a su entender- confusa, señalando que la definición de “actividades lúdico-deportivas” era un concepto jurídicamente indeterminado.

Además, desde la Red se criticó que en la elaboración de la normativa no se hubiera contado para nada ni con las administraciones locales ni con la población rural. Y eso que el marcado físico de la mayoría de estas rutas corrió de la mano de municipios, Grupos de Acción Local, grupos de montaña, senderistas o vecinos.

En otoño de 2022 la Federación envió cartas a diversas entidades que habían promovido el marcaje de senderos indicando que tenían que optar entre volver a homologar los senderos o eliminar todas las señales blancas y amarillas, recordando en el escrito que los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2021 permitían ejercitar “acciones civiles y penales” en caso de uso indebido de la señalización.

¿Vandalismo o intereses?

La Federación de Montaña desconoce “quién o quiénes están detrás de estas actuaciones”, si bien, “pocos son los que tienen la disponibilidad para llevar a cabo estas actuaciones por toda Cantabria”. Y es que el modus operandi de estas actuaciones vandálicas es similar en todas las comarcas.

Además de las denuncias de la Red Cántabra y de la empresa Endó Olea, en diversos ayuntamientos vecinos y senderistas lo han puesto en conocimiento de las autoridades, pero no parece haber avances a la hora de determinar responsabilidades. Lo que está claro es que no se trata de mero vandalismo, sino que es algo planificado.

Desde la Asociación Cailagua apuntan a que “para encontrar al responsable quizá habría que acudir, como en el Derecho Romano, al ”qui bono“ (¿quién se beneficia?). ”Evidentemente, hay una intencionalidad. Nadie recorre Cantabria con un espray de pintura solo por pasar el rato“, reflexionan.

Y es que en muchos senderos en los que las marcas blancas y amarillas aparecen tachadas, otras señales no han sido borradas. Un ejemplo es la conocida Senda de la Dama Roja de Ramales (denominada así por la mujer magdaleniense encontrada en la Cueva del Mirón): mientras que las marcas de PR están tachadas, las marcas verdes y azules no han sufrido ningún desperfecto.

“Está claro que todo esto tiene que ver con la normativa vinculada a los senderos”, apuntan desde Cailagua. “Ahora que hay varias denuncias, esperamos que se aclare quién es el responsable de todo este desaguisado”. Pero, de mientras, el daño está hecho, y la red de senderos de Cantabria, que se fue construyendo con el esfuerzo (muchas veces, desinteresado) de cientos de personas, ha quedado desfigurada. Cantabria es un poco menos infinita este verano.

El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se reunirá el próximo 19 de julio para analizar la cuestión de la fallida moción de censura de Arredondo. La mencionada moción, presentada en febrero de 2022, fue rechazada por la Alcaldía, dando inicio a un periplo legal que ahora suma un nuevo episodio.

Se da la circunstancia de que ninguno de los ediles promotores de la mencionada moción de censura forman parte de la nueva corporación elegida en mayo, pues tanto los dos concejales electos como los tres siguientes de la lista renunciaron a recoger el acta el pasado 17 de junio, en el pleno de constitución del nuevo ayuntamiento.

Una legislatura complicada

Lo cierto es que la anterior legislatura en Arredondo ha sido muy convulsa. Las críticas de la oposición a la labor del equipo de gobierno han sido constantes, en particular en dos ámbitos: la gestión económica y los aspectos vinculados con la cueva ocupada por Astroland en el municipio, que a juicio de los socialistas estaba plagada de irregularidades. Todo ello llevó a que se presentara una moción de censura, en la que participó también el edil Francisco Villegas (elegido por el PRC y posteriormente expulsado del mismo). Sin embargo, la alcaldía, con el informe de la Secretaria-Interventora, inadmitió la misma, con el argumento de que no se ajustaba a la normativa vigente.

En la respuesta de la Alcaldía se aludía a que el artículo 197 de la LOREG exige que, en el caso de que la moción de censura en la que participara un concejal que hubiera formado parte del mismo grupo que el alcalde, la moción debía estar firmada “por una mayoría absoluta incrementada en el número de un concejal”, lo que en este caso implicaba un número mínimo de cinco, y no de cuatro como era el caso.

El edil Francisco Villega presentó un recurso contencioso-administrativo ante esta decisión, que fue inadmitida en julio de 2022, al considerar la Justicia que la decisión de la Alcaldía se ajustaba a derecho. Posteriormente, el citado concejal presentó un recurso de apelación ante dicha resolución, aduciendo que el caso de la sentencia esgrimida para desestimar su reclamación no era análogo a la situación acaecida en Arredondo (argumento utilizado por el juzgado), y que se vulneraba su derecho a la participación política efectiva.

Este recurso es el que ha dado lugar a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC convoque la reunión del día 19 de julio.

El espectáculo de la EBAU de este año en Cantabria ya se ha cobrado su chivo expiatorio: un Coordinador que no era responsable de ninguno de los errores cometidos. Esa tradición tan nuestra de pedir que rueden cabezas, independientemente de qué hombros las sostengan, vuelve a cumplirse una vez más.

Los famosos errores son obra de los coordinadores de cada materia (Lengua, Historia, Latín…), y no de una persona cuyo cometido es la gestión general y organización material de la prueba (que, en ese sentido, ha salido muy bien, lo que no es fácil con tantas sedes). Pero cobrada la pieza, probablemente las aguas vuelvan a su cauce… hasta la próxima convocatoria.

En realidad, lo acaecido con la EBAU es muestra de un problema que va más allá de un error puntual: es fruto del creciente desinterés que la Universidad muestra por una prueba que hace mucho tiempo que no cumple ninguna función racional. 

Los exámenes estatales, de rancia tradición en muchos países, tenían una finalidad muy clara en el siglo XIX español: garantizar un mínimo control del Estado sobre lo enseñado en las aulas religiosas (que eran la inmensa mayoría en la Secundaria). No tenía tanto que ver con las notas, como con el contenido de las materias impartidas. Ya entonces fueron fruto de profundas polémicas entre sectores clericales y “estatalistas” (los interesados pueden hojear “Historia patria”, de Carolyn Boyd, que las refleja), y su éxito fue, como mucho, relativo. Pero en las últimas décadas, la principal función de “la selectividad” no ha sido sólo “seleccionar a los mejores” (o a “los mejor entrenados”), sino también paliar las cada vez más evidentes diferencias en cuestión de calificaciones entre los alumnos provenientes de la pública y de la privado-concertada. Aunque sea injusto generalizar, a nadie se le escapa la tendencia en muchos de estos centros a engordar la nota de su alumnado, algo que se oferta como un servicio inconfeso, pero no por ello menos real. 

En ese sentido, la EBAU podía tener una cierta lógica. Pero en el 2020, con la pandemia, se puso en vigor un modelo de EBAU que, en muchas materias era poco menos que un recetario de fácil consumo y mejor digestión (por ejemplo, en Historia de España con menos de 20 páginas se puede sacar un 10; en otras materias ocurre algo parecido). Ciertamente, los modelos previos de Selectividad tampoco eran modélicos (pese al habitual soniquete de “en mis tiempos…”), pero el actual agudizó la tendencia a que en muchos centros (y no sólo privado-concertados, pues desgraciadamente en la pública cada vez interiorizamos más el enfoque del “alumno-cliente”, en lugar del alumno como usuario de un servicio público) se afrontara 2º de Bachillerato como un mero entreno para la Selectividad, un enfoque utilitarista, pero poco pedagógico.

Como todos los años, se volverá a clamar sobre lo injusto de “17 EBAUs”, como si todo el resto del mundo tuviera un modelo educativo centralista y nosotros fuéramos una anomalía (como apunte, en EE.UU. el temario no lo marca la normativa federal, sino los Estados o incluso cada distrito escolar en algunos aspectos). Sin embargo, las inequidades territoriales (que las hay, pues en algunas autonomías el modelo de Selectividad es mucho más fácil que en otras) palidecen ante otras mucho más marcadas: las sociales (y cualquier profesor que haya pisado un aula más de quince minutos es consciente que marcan mucho más que el código postal) y las del centro del que se provenga. Y en este último aspecto, desgraciadamente, la titularidad pública o privada es un elemento clave.

Quizá los debates se deban centrar en estas cuestiones: si queremos un modelo en el que lo económico siga determinando (en mayor o menor grado) las posibilidades futuras de nuestros chavales (la meritocracia, en muchos casos, son los padres); si la EBAU como prueba garantiza un mínimo de equidad; si la Selectividad constriñe la práctica educativa en el Bachillerato, convirtiendo una experiencia que debiera ser enriquecedora en un entrenamiento árido y con poco sentido… Podemos debatir de manera racional sobre estas y otras cuestiones, o podemos seguir repitiendo tópicos e ignorando las cuestiones de fondo. Y cuando esta estrategia no haga sino agravar los problemas y contradicciones que la educación tiene, defenestraremos a la cabeza de turco que tengamos más a mano. Pero bueno, siempre nos quedará septiembre...

Vecinos del municipio cántabro de Ramales han interpuesto una denuncia en el Ayuntamiento contra la actuación realizada en una de las pistas del pueblo, en el entorno del barrio de La Pared. Según han hecho constar al Consistorio, en los últimos meses un ganadero de la comarca había procedido a la sucesiva ampliación de sus fincas a costa de terreno público, alterando el trazado de los caminos y modificando la anchura de pistas de titularidad municipal, sin ningún tipo de permiso.

Recibida la denuncia, las autoridades municipales han comprobado que el autor de las obras no había solicitado ningún permiso, por lo que se ha iniciado un expediente sancionador. El alcalde, César García (PSOE), indica a elDiario.es que “se tendrá que restituir el terreno público usurpado y dejar la pista en buen estado”.

Esas actuaciones habían sido denunciadas verbalmente ante agentes del medio natural por algunos de los senderistas que frecuentan las rutas de la Dama Roja, pero sin éxito. “Uno de los guardas me dijo que debía ser legal, pues si no alguien habría actuado”, explica una persona que acudió a los forestales.

Además, al estar el terreno ubicado dentro de la Zona Arqueológica de Ramales, también era preceptivo el permiso del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura. En el entorno se encuentran varias cuevas con arte rupestre que han sido declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Por otra parte, la zona fue escenario de la famosa batalla de Ramales, acaecida entre abril y mayo de 1839, y que supuso el último enfrentamiento de envergadura de la I Guerra Carlista. Desde la Asociación Cailagua señalan que “la riqueza patrimonial del entorno hace particularmente importante que se solicite el permiso previo a Cultura”, pues “nunca se sabe qué daños se pueden provocar al patrimonio”.

En los últimos meses el Ayuntamiento de Ramales ha tenido que sancionar a varios vecinos por usurpación de espacio público o cierre de caminos. Recientemente, el promotor de una plantación de eucaliptos cerró un camino público y plantó ejemplares en otro. “Es un problema que tenemos en ocasiones en zona rústica”, admite el alcalde, que apela al civismo de todos para evitar que se den estas situaciones. 

La asociación Desmemoriados presenta este jueves el documental 'Reinosa 1987, geografía de una crisis' en la Fundación Orense de Ramales de la Victoria, a las 19.00 horas. Tras la proyección se realizará un coloquio sobre lo que supuso la llamada “reconversión industrial” en la comarca del Asón.

El documental, producido por Desmemoriados y la Asociación Miradas Sociales Cántabras, recoge testimonios de diversos protagonistas y analistas de los sucesos en Reinosa hace 35 años, en el marco del proceso desindustrializador que asoló la comarca de Campoo. Está dirigido por Vicente Vega Cobo, autor de 'El viento bajo la niebla', el documental sobre la experiencia de los cántabros en el campo nazi de Mauthasen.

Desde Desmemoriados señalan la relevancia que el documental tiene para la historia de la comarca. “Aunque el documental se centra en Reinosa, la problemática de desindustrialización que refleja también afectó a esta comarca, como ejemplifica el cierre de Trefilerías”, señalan.

Fernando Lobato apunta a que el Asón, a lo largo del siglo XX, “ha vivido nacimientos y defunciones de esperanzas industriales”, entre las que cita Anís Udalla, la Nestlé de Rasines, Magefesa, Bosch o la propia Trefilerías de Ramales. En esas aventuras, incide, siempre perdieron los mismos: “los que más pusieron”.

Con la proyección se inaugura la exposición 'Reinosa quiere vivir: crónica de una lucha por el empleo', que se ubicará en la Fundación Orense hasta el día 21 de octubre.

El patrimonio industrial del Asón formó parte también del proyecto 'Patrimonio olvidado del Asón', auspiciado por el Grupo de Acción Local en 2018. Una de sus actuaciones, el documental 'El relato de un río', fue galardonado en el concurso de «Historias del patrimonio europeo», iniciativa encuadrada en las Jornadas Europeas del Patrimonio e impulsada por el Consejo de Europa y la Comisión Europea.

La complicada situación del ayuntamiento de Arredondo ha desembocado en la presentación de una moción de censura este viernes. En el pleno de la semana pasada los ediles socialistas pidieron la dimisión del alcalde y del teniente de alcalde y, ante la negativa de éstos a dimitir, durante estos días han consensuado una moción con el edil José Francisco Villegas, quien formó previamente parte del equipo de gobierno y fue expulsado del PRC en noviembre. La normativa que regula las mociones de censura municipales implica que el Pleno queda convocado para debatir la misma el próximo viernes 19 de febrero, a las 12.00 horas. La oposición ha presentado como candidato alternativo a Evaristo Canales, del PSOE.

En la documentación presentada por la oposición son varias las cuestiones aducidas para justificar esta moción. Entre otras, destacan la negativa del equipo de gobierno a cumplir acuerdos plenarios como la retransmisión de los plenos municipales, la bajada de la tasa de basura o del IBI, o la convocatoria de plenos fuera del horario establecido.

Los firmantes de la moción también achacan al equipo de gobierno “dejadez de funciones”, que ejemplifican en la negativa a establecer un horario de presencia del alcalde en el ayuntamiento, la falta de control ante obras y otras irregularidades denunciadas por oposición y vecinos, o el oscurantismo en determinados procedimientos administrativos, como los relacionados con los parques eólicos.

Otros aspectos a los que se alude en la moción son las prácticas “clientelares” del alcalde, el menosprecio a la oposición o la escasa disposición a someterse al control del Pleno municipal. El malestar en el pueblo ha ido creciendo en los últimos meses, de lo que es muestra la concentración celebrada la semana pasada a las puertas del ayuntamiento durante el pleno en el que se solicitó la dimisión del Alcalde y del Teniente de Alcalde.

Una discutida gestión económica

En los últimos meses la oposición se ha mostrado muy crítica con la gestión del equipo de gobierno, en particular en el ámbito económico, tal y como refleja la moción de censura. En este campo los socialistas han criticado la acumulación de facturas sin pagar, en particular algunas que, por un montante de unos “50.000 euros”, se acumularon “durante la pasada campaña electoral”. El período de demora del pago a acreedores durante el ejercicio anterior superó los 600 días, lo que ha colocado al ayuntamiento en una situación que pudiera llevarle a ser “intervenido” por la administración central, en cumplimiento de las medidas auspiciadas por el Gobierno. La oposición cree que un nuevo plan de ajuste -el municipio lleva una década sumido en uno- recaerá sobre las espaldas de los vecinos. Su puesta en marcha impediría bajar unas tasas e impuestos municipales que consideran excesivamente altos para el nivel de servicios que el municipio ofrece.

Este viernes se celebró un Pleno Extraordinario en el que se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito que permitiría pagar facturas “por valor de 100.000 euros”, según el PCR. Los socialistas y el ex-edil regionalista decidieron abstenerse y permitir así la aprobación de la medida “para evitar que el Ayuntamiento tenga que ser intervenido”, pese a mostrarse en desacuerdo con la gestión de este asunto. Precisamente otra crítica es el “incumplimiento continuo” del plan de ajuste económico actualmente en vigor. Los informes de la Secretaria-Interventora, según los socialistas, “avisan continuamente de un incumplimiento del orden del 80 o 90% del plan”. 

El salario de la discordia

Otra cuestión que ha generado notable malestar ha sido la relacionado con el salario del alcalde. Al acceder Leoncio Carrascal a la alcaldía en 2017, el equipo de gobierno aprobó una subida salarial. En julio de 2019 el BOC recogía que el salario del primer edil era de catorce pagas mensuales de 1.428,57 euros, con dedicación parcial del 50%. Dos años después, los concejales socialistas, con el apoyo del edil regionalista de Hacienda, José Francisco Villegas, votaron por reducir ese salario a 14 pagas de 963,85 euros, al tiempo que los ediles también se rebajaron las dietas por asistencia a plenos y comisiones. Esta decisión se sumó a las continuas discrepancias ya existentes dentro del equipo de gobierno, que acabaron con la expulsión del concejal del PRC, partido que respaldó la gestión de Carrascal. El alcalde regionalista demandó posteriormente al propio ayuntamiento por esta cuestión. Los socialistas consideran “escandalosa” la decisión del alcalde de denunciar “a su propio ayuntamiento”. Además, consideran que hay “mala fe procesal”, pues el alcalde no dio a conocer que había denunciado al ayuntamiento “hasta tres días antes” de la fecha del juicio, incumpliendo los plazos y generando “indefensión” por parte del municipio a la hora de defender sus intereses. Ello ha supuesto que el juez dictamine el retraso de la vista, trasladada ahora al 29 de marzo.

Postura regionalista

Los regionalistas, a través de un comunicado, han calificado de “inexplicable” la petición de dimisión. Argumentan que el Pleno Extraordinario celebrado este viernes evitará que el Ayuntamiento “tenga que acogerse a un plan económico-financiero”. En la nota de prensa no se hace ninguna referencia al resto de los puntos que contempla la moción de censura. Paula Fernández, secretaria de Organización del PRC, tras entrevistarse en la mañana de este sábado con los ediles de Arredondo, ha solicitado la expulsión de los concejales socialistas del partido, “por apoyarse en un tránsfuga”. Al margen del resultado de la moción, la situación de Arredondo supone un problema más en la relación entre los socios de gobierno, que ya en las últimas semanas se ha visto tensionada por algunos desacuerdos, como el cruce de declaraciones sobre la viabilidad del proyecto de protonterapia que recibirá fondos europeos.

La situación del Ayuntamiento de Arredondo se complica por momentos. Las desavenencias dentro del equipo de gobierno provocaron que el concejal de Hacienda y Urbanismo, José Francisco Villegas, abandonara el mismo meses atrás. El conflicto provocó la expulsión de Villegas del PRC, al tiempo que el partido respaldaba la gestión del alcalde, Leoncio Carrascal. Desde entonces, el equipo de gobierno se encuentra en minoría.

En las últimas semanas la tensión ha crecido. El equipo de gobierno no ha sido capaz de aprobar los Presupuestos de 2021, pese a que lo ha intentado en dos ocasiones durante noviembre de 2021. En el último pleno, celebrado el pasado viernes, el Grupo Socialista ha pedido la dimisión del alcalde -que no acudió al mismo, al ser positivo por COVID- y del teniente de alcalde, acusándolos de ser responsables de la compleja situación por la que atraviesa el municipio.

Son varias las cuestiones que enfrentan al equipo de gobierno -ahora en minoría- con la oposición, pero sin duda alguna los aspectos vinculados con la gestión económica del Ayuntamiento son las más importantes, así como por el uso de la Cueva del Escalón para una controvertida iniciativa empresarial que pretendía simular una estancia en Marte.

Un salario polémico

No menos polémica ha sido la cuestión del salario del alcalde. En 2019 el pleno estipuló su salario en catorce pagas mensuales de 1.428,57 euros, con dedicación parcial del 50%, lo que suponían 19.999 euros anuales, un poco por debajo del máximo que permite la ley para esta situación (23.348 euros). Hay que recordar que los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes no tienen derecho a la dedicación exclusiva.

Esa decisión fue rechazada por los ediles del PSOE, que consideraron “desproporcionado” ese incremento de sueldo para un municipio de apenas 520 habitantes. Lo cierto es que, si se compara con los datos a nivel nacional, el salario del alcalde de Arredondo está muy por encima de la media de los ayuntamientos pequeños. Si bien un reciente informe del Ministerio de Hacienda señala que el 21% de los alcaldes españoles tienen dedicación parcial, con un salario medio de 17.238 euros, lo cierto es que la mayoría de los alcaldes de municipios de un tamaño similar a Arredondo no cobran salario alguno, o este es muy bajo.

En junio del año pasado la corporación, con el voto favorable de los socialistas y del concejal de Hacienda, decidió rebajar el salario del alcalde a 14 pagas de 963,85 euros, que era lo que el primer edil cobraba antes de 2019. En el mismo pleno se aprobó la disminución de las dietas de los concejales, que pasaron de 48 a 9,6 euros por pleno (y a 2,8 euros por asistencia a comisión). Los promotores de la iniciativa consideraban que estas bajadas permitirían aliviar la presión fiscal del pequeño municipio. Sin embargo, hace unos meses el propio alcalde denunció al Ayuntamiento para recobrar su anterior salario. La vista en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estaba fijada para el 11 de enero, pero ha sido retrasada al 29 de marzo.

Impuestos excesivos

Otra de las quejas recurrentes en Arredondo es lo elevado de algunos impuestos y tasas municipales. Así, el IBI se encuentra en un 0,6, estando entre los 20 municipios con el coeficiente más alto de Cantabria, pese a que, según los socialistas, “se encuentra entre el 3% más pobre de Cantabria”, y sus servicios son “muy escasos”. “No es de recibo que Santander, con todos los servicios imaginables, tengan un coeficiente de 0,41” apuntan. José Francisco Villegas, el ex-edil del PRC consideró en el pleno que el IBI “estrangula a los vecinos”. En 2019 una propuesta socialista para bajar al 0,4 fue aprobada por el Pleno, pero aún no se ha llevado a cabo.

Como contrapartida, la oposición considera que los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento son deficientes, y ponen como ejemplo los problemas con la calidad del agua, que ha supuesto continuas contrariedades en los últimos meses. El portavoz socialista califica de “incomprensible” que un municipio con un presupuesto “de 600.000 euros” no pueda garantizar el agua potable a sus vecinos. Por su parte, Villegas también apuntó a lo elevado del impuesto sobre vehículos.

600 días de pago medio a proveedores

Todos estas cuestiones tienen un denominador común: la gestión económica del municipio. Y uno de los principales problemas es que el pago a proveedores acumula un retraso de 600 días de período medio de pago. El plazo legal para pagar a proveedores es de 30 días para las administraciones públicas, y si bien la administración local es la más incumplidora (la media de demora es de unos 90 días), el caso de Arredondo destaca notablemente. Actualmente, el Ayuntamiento acumula una deuda con sus proveedores de unos 80.000 euros.

Pero el problema ya no es solo para dichos proveedores. Arredondo llevaba diez años sometidos a un plan de ajuste para tratar de solventar estos problemas; un plan que, en opinión de los socialistas, “apenas se ha cumplido”. Silvia González señala que en los informes remitidos trimestralmente por la secretaria-interventora municipal se indica que el grado de incumplimiento es de “en torno al 80-90%”. González se queja además de la actitud del equipo de gobierno. “Llevan alimentando el problema durante una década, y ahora pretenden aprobar un Presupuesto sin apenas tiempo para estudiarlo o negociarlo, para así hacernos cómplices de una mala gestión que es exclusivamente responsabilidad suya”, apunta.

La postura del equipo de gobierno es diferente. El teniente de alcalde, Luis Santander, defendió en el pleno del viernes que el Ayuntamiento “sí tiene liquidez”, y que “el 90% de los acreedores del ayuntamiento cobran en menos de 30 días”. Santander concentra el problema de los impagos en unas facturas concretas, algunas de 2016 y vinculadas a la luz. También achacó parte del problema a los 388.000 euros que el Consistorio tiene pendiente de cobrar en aspectos como agua, contribución o basuras. Negó que el Ayuntamiento estuviera “en quiebra” y señaló que la deuda per cápita municipal era de 96 euros. Finalmente, acusó a los socialistas de ser los responsables del problema, al negarse a aprobar los Presupuestos de 2021.

Por su parte, Manteca señaló en el pleno que parte del problema fueron “los 50.000 euros que el Ayuntamiento gastó durante la campaña electoral, y que ahora se deben”. Además, indicó que la negativa de la oposición a aprobar los presupuestos se debía a que se habían presentado sin margen para la negociación, que incluían un salario desproporcionado para el alcalde, y que dudaban de la legalidad del mismo.

Toda esta situación se complica con la iniciativa que el Gobierno central ha puesto un marcha  para ayudar a aquellos municipios que no cumplan con sus proveedores, como es el caso de Arredondo. Los municipios en esta situación han de adherirse al Fondo de Financiación a Entidades Locales, a través del que se gestionará el pago de esas obligaciones. Así, Arredondo -al igual que otros muchos municipios- deberá enviar al Ministerio de Hacienda, antes del 11 de febrero, una relación de las deudas pendientes de pago previas al 1 de julio de 2021.

Esta iniciativa supondrá una inyección de capital para los municipios, pero está condicionado a la puesta en marcha de un Plan de Ajuste, que deberá aprobarse antes del 22 de marzo. Dicho Plan, para la oposición, supondrá que los vecinos tendrán que “apretarse el cinturón”, y hacer frente a nuevas subidas de tasas e impuestos municipales. Todo, apuntan, por la “pésima gestión” del equipo de gobierno. 

El actual proceso de adaptación del currículo estatal a Cantabria ha generado preocupación entre el profesorado de Geografía e Historia. De hecho, la Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Cantabria ha publicado recientemente un texto en el que aborda esta cuestión. El manifiesto, que circula estos días por los institutos de Cantabria, recoge las ideas que esta organización ha transmitido a la Consejería en el proceso de consulta pública relativo al Decreto que establece el currículo. En él recogen algunos aspectos del Proyecto de Decreto que regula la ESO y el Bachillerato que han suscitado esta alarma.

En primer lugar, preocupa el hecho de que la materia de Historia del Mundo Contemporáneo pueda perder su carácter de asignatura de modalidad obligatoria en los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales. Ya con la LOMCE esta materia no era obligatoria en la normativa estatal, si bien la mayoría de las autonomías, incluyendo Cantabria, la convirtieron de facto en obligatoria. Hoy en día, los alumnos cántabros de esa modalidad del Bachillerato “tienen todos la materia de Historia del Mundo Contemporáneo en primer curso”, señala Miguel Ángel Torío, profesor de Geografía e Historia del IES Ataúlfo Argenta.

Torío valora positivamente esta decisión que la Consejería de Educación de Cantabria tomó en 2015, pues considera que “sin lugar a dudas, la Historia del Mundo Contemporáneo es la materia más vertebradora que hay en ambas ramas”. La Asociación considera que “debería ser obligatoria no solo para los alumnos del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales sino también para el resto de modalidades”.

Sara González, del IES Marismas, apunta que “es la materia que permite al alumnado comprender un periódico”, algo que considera “clave” en la formación de los ciudadanos. De hecho, es llamativo que el propio currículo de la ESO reconoce su “carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras ciencias sociales”, pero parece obviarlo en la organización práctica del Bachillerato.

Fátima Fernández, secretaria de la Asociación de Profesores de Geografía e Historia incide también en esa cuestión: “Cuatro de las competencias clave que contempla la LOMLOE se trabajan desde esta materia y, sin embargo, el borrador del currículo la devalúa”. Desde la Asociación apuntan “la contradicción” que supone que uno de los objetivos específicos del Bachillerato sea precisamente “conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes históricos”, mientras que “no se le da el peso que le corresponde a la materia que garantiza ese objetivo”.

Una Historia de España en riesgo de jibarización

Tampoco ha gustado entre los docentes la carga horaria que el Proyecto de Real Decreto estatal otorga a la Historia de España, que es de 70 horas anuales. Si bien el Proyecto lo que señala es el horario correspondiente a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas para el Bachillerato, y permite a las comunidades autónomas incrementar las horas lectivas, hay un acuerdo unánime entre el profesorado en que el punto de partida es muy bajo.

En realidad, supone solo la tercera parte de lo que el borrador establece como mínimos para Lengua Castellana o Inglés (210 horas), e iguala -en horario- a la Historia de España con la Religión, algo “inasumible” en palabras de un veterano docente. “Si hay una materia sobrecargada de contenidos es precisamente la Historia de España”, señala el mismo profesor, “y por mucho que la ley modifique los contenidos, tenemos el condicionante de la EBAU. No podemos jibarizar esta materia, lo pagarían los chavales y sus medias en la selectividad”. De ahí que la Asociación solicite que se mantengan las cuatro horas semanales de la materia.

Eva Veci, docente del IES San Miguel de Meruelo, señala que la reducción horaria implicaría una “enseñanza sesgada”, pues los contenidos más actuales se soslayan. “Son precisamente esos contenidos los que mejor permiten comprender la España actual. No puede haber una ciudadanía democrática sin haber comprendido la dictadura, sus causas y consecuencias”, abunda otro docente.

Los contenidos: de la inflación a lo etéreo

La “inflación de contenidos” que se mencionaba anteriormente es otro de los aspectos que la LOMLOE aborda, y que también está siendo objeto de debate en los institutos. Desde la LOCE (2002) la queja referente al exceso de contenidos en las materias de Ciencias Sociales se ha repetido en todas las reformas educativas. “Cuando yo era chaval vi caer el muro de Berlín por televisión; hoy día, los temarios incluyen todos los contenidos que tenía como alumno, y se le añaden cinco temas más”, se queja un docente.

En la misma línea, otro profesor alude a la máxima de Pierre Bourdieu, conocido sociólogo francés que dirigió una comisión del Ministerio de Educación de Francia para abordar los contenidos escolares: “Todo contenido agregado deberá ser compensado mediante supresiones”, algo que no se ha tenido en cuenta en las reformas de los últimos 20 años.

Además de las materias de Bachillerato, el problema también está presente en la ESO, en particular en el cuarto curso. Con la LOMCE el profesorado ha de impartir toda la Historia Contemporánea Universal y de España en tres horas semanales. Ello obliga a los docentes a condensar notablemente, o a apartar algunos aspectos. La tendencia mayoritaria es minorizar la Historia de España, lo que lleva a que muchos alumnos acaben la ESO sin haber estudiado la guerra civil, el franquismo o la transición. Al igual que en el Bachillerato, buena parte de los alumnos se van de las aulas sin abordar una etapa clave de nuestra historia.

En este sentido la LOMLOE supone un cambio, y retoma la tradición de la LOGSE, que apostaba por una formulación de los contenidos mucho más general y abierta. La LOGSE planteaba un marco amplio de contenidos, que se iría concretando progresivamente (Ministerio, comunidades autónomas, centro docente). El currículo propuesto sigue esa misma línea, pero muchos docentes consideran que peca de haber caído en el otro extremo. La Asociación de Profesores de Geografía e Historia critica tanto la secuenciación como “la vaguedad de la redacción de los saberes básicos”. El manifiesto cree la falta de concreción “podría generar desigualdad en la formación y en la movilidad de los alumnos no solo entre diferentes puntos del país sino también dentro de una misma Comunidad Autónoma”.

Un somero vistazo al currículo muestra un cambio notable en la concepción de la materia. En Bachillerato, el acento se pone en la contemporaneidad, y se prioriza la comprensión de los grandes procesos (la formación del Estado y de las identidades nacionales y regionales, por ejemplo). Se recalca, además, que la aproximación a la historia se hace desde el presente, recogiendo la idea de la LOGSE de la “historia-problema”, una historia más enfocada a hacer comprensible el presente.

En este sentido, las opiniones de los docentes son diversas. Para algunos, es un enfoque “más rico, actual y significativo”, que permitiría orillar el carácter memorístico que muchas veces sigue teniendo la materia. Y es que, pese a que todas las leyes educativas incidían en los aspectos como el pensamiento crítico o el análisis, el exceso de contenidos constreñía mucho la posibilidad de utilizar otras metodologías, tal y como han señalado en repetidas ocasiones expertos en didáctica de la Historia y catedráticos, como Rafael Valls o Juan Sisinio Pérez Garzón.

Otros docentes, a las potencialidades que este nuevo enfoque permite, le añaden el desafío que supone. Sara González señala que será clave un cambio metodológico, que debe “empezar en cada uno de nosotros, y en nuestra clase”. Eva Veci apunta a que “los cambios metodológicos deben venir de la mano de la formación del profesorado”. En general, una sensación compartida entre muchos docentes parece ser que en los últimos tiempos la formación se centra en exceso en los procesos de evaluación y en las TICS, pero no en la práctica real del aula. Veci señala que posiblemente muchos profesores sean reacios al cambio de metodología (un problema al que ya tuvo que enfrentarse la LOGSE), por lo que considera que, junto a la formación de los docentes, hace falta pedagogía y “convencimiento”.

Esta y otras propuestas han sido presentadas a la Consejería durante los últimos días, tanto por parte de la Asociación como de diversos institutos de Geografía e Historia de Cantabria.

La Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra es el 'Pepito Grillo' que saca las vergüenzas hispanas en lo que a protección del patrimonio se refiere. Con más de 1.000 registros, es un triste catálogo de los horrores, que abarca desde castillos derruidos a yacimientos arqueológicos esquilmados. De ellos, Cantabria alberga actualmente 45, estando cinco en el Alto Asón.

Entre los municipios de Ramales, Ruesga, Arredondo y Soba suman un total de 18 Bienes de Interés Cultural (BIC). De ellos, 14 son cuevas con yacimiento arqueológico, dos son iglesias, uno es una torre medieval y el último es la zona arqueológica de Ramales, que alberga casi una treintena de cavidades con restos prehistóricos. Sin embargo, el nivel de conservación y protección dista de estar a la altura de esta riqueza patrimonial.

De estos bienes hay dos que aparecen también en la Lista Roja. Se trata de la Torre de los Velasco (en Quintana, Soba) y la ermita semirrupestre de San Juan de Socueva (Arredondo). Además, hay otros tres edificios que, sin contar con la categoría de BIC, aparecen en la triste lista. Se trata del Palacio de Revillagigedo (Ramales), el palacio de Zorrilla San Martín (Valle) y las pinturas murales de la ermita de Nuestra Señora de la Concepción (Riva).

Pese a estar todos incluidos en la lista, la situación de cada uno de ellos es notablemente diferente. La Torre de los Velasco fue construida por orden de esta familia nobiliaria, uno de los linajes más poderosos del norte de la península en la Edad Media. Fue posteriormente muy modificada, siendo usada durante las guerras carlistas. De esta época aún se pueden ver restos en el entorno de la torre. De titularidad privada, durante largos años se ha usado como establo, sin que ninguna autoridad, ni local ni autonómica, haya tomado cartas en el asunto. La Lista Roja califica su situación de “degradación avanzada”.

El edificio religioso más antiguo de Cantabria

La ermita de San Juan de Socueva cuenta con una sugestiva historia a sus espaldas. Con orígenes en el siglo VII, su ubicación apartada hizo que pasara enormemente desapercibida. Mencionada tanto por Pascual Madoz como por Puig y Larraz, realmente fue redescubierta para el conocimiento científico por Maximiliano Regil Alonso, que publicó una interesante monografía en 1896. Este investigador descubrió además restos de otro arco en el entorno, que jamás ha vuelto a ser localizado.

La ermita es una pieza fundamental para el estudio de las dinámicas históricas de la etapa visigótica o de la introducción del cristianismo en la zona cantábrica. Pese a ello, el secular abandono al que fue sometida hizo que hasta finales del siglo XX, los visitantes que se acercaban a verla tuvieran que sacar el ganado que se refugiaba en el interior.

En los últimos 25 años, arqueólogos y defensores del patrimonio como Virgilio Fernández Acebo o Ramón Bohigas denunciaron la progresiva degradación del entorno. Entidades como la ACDPS llevaron a cabo diversas campañas de limpieza y conservación, con escaso apoyo institucional.

Afortunadamente, los últimos años parecen mostrar un cambio de tendencia. Un reciente estudio de la ACDPS ha permitido reavivar el interés de la administración por la ermita. En 2020 la Consejería licitó la restauración de la ermita, pero el proyecto inicial concitó notables críticas por parte de las asociaciones de patrimonio, por lo que se procedió a una nueva redacción del mismo. Finalmente, este año se prevé acometer el proyecto, por un montante de unos 90.000 euros, parte de los cuales provendrá de financiación europea.

Unas pinturas góticas que desaparecen

Siguiendo el curso del Asón, se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Concepción y San Sebastián, dentro del cementerio de Riva. En avanzado proceso de hundimiento, su principal interés reside en las pinturas góticas que se conservan en el testero, y que datan del siglo XVI. En el muro se puede contemplar la presencia de San Jorge y el dragón, así como las figuras relativas al martirio de San Sebastián y a una doncella rescatada por un caballero o arquero, que para Enrique Campuzano, director del Museo Diocesano, sería una posible alegoría de la Inmaculada Concepción.

Esta ermita carece de cualquier tipo de protección legal. En 2016 se dio la voz de alarma ante el progresivo deterioro del edificio y el riesgo de que las pinturas se perdieran definitivamente. Sin embargo el Obispado de Santander, dueño del edificio, dejó claro que no tenía intención de intervenir, alegando falta de fondos.

Tampoco el Ayuntamiento de Ruesga, aduciendo que la titularidad del edificio es el mencionado Obispado. Ese abandono es lo que ha motivado su inclusión en la Lista Roja hace apenas unos meses. Desgraciadamente, no parece haber supuesto ninguna reacción por parte de las autoridades competentes, y la ermita sigue languideciendo cada vez más cerca de la ruina total.

Palacios que reviven

Dentro del municipio de Ruesga, pero en este caso en el pueblo de Valle, se encuentra el Palacio de Ruiz Zorrilla, de titularidad privada. Se trata de un gran edificio del siglo XVII, si bien sufrió sucesivas reformas, en las que trabajaron algunos de los más notables canteros de la comarca. El edificio consta de un cuerpo principal construido mayoritariamente en mampostería, con forma rectangular y una altura de cuatro plantas.

Tras décadas de abandono y algunas intervenciones puntuales poco afortunadas, este mismo año se ha llevado a cabo una reforma que garantiza la estabilidad del edificio, al tiempo que se han eliminado algunos añadidos de las obras realizadas alrededor de los años ochenta del pasado siglo. Aunque el edificio está en la Lista Roja desde 2013, esta intervención permite albergar esperanzas de que el palacio no siga la suerte de otras construcciones de la comarca.

Además, en Ramales se encuentra el último integrante de la triste lista. Se trata del Palacio de Revillagigedo, edificio del siglo XVI pero que fue notablemente modificado en el XVIII, y sufrió graves desperfectos durante la I Guerra Carlista (1839). Posteriores añadidos, inherentes a su actual función de vivienda, han ido desdibujando un tanto su aspecto original. Sin embargo, su estado de conservación es bueno.

En realidad, el motivo de su inclusión en la Lista Roja no fue la situación del edificio, sino el nulo respeto por su entorno, fruto de la presión urbanística de la última década del siglo XX y comienzos del XXI, que supusieron la construcción de bloques de edificios que oprimen el que, sin lugar a dudas, es el edifico más emblemático de Ramales.

Fue esta, sin duda, una de las lacras de lo que una concejala calificó en 2007 como el “urbanicidio de Ramales”. Hay que recordar que en 2006 el ayuntamiento de Ramales visó 755 viviendas, siendo superado sólo por Santander y Piélagos.

Un patrimonio industrial que busca pervivir

Sin embargo, estos cinco bienes no son los únicos elementos del patrimonio del Alto Asón que se encuentran en riesgo. Quizá el más llamativo es la ferrería del Salto del Oso, en Ramales. Edificio del siglo XVI, fue creado por los Alvarado, rama de la poderosa familia de los Velasco.

El estudio realizado por la historiadora Carmen Ceballos muestra que la ferrería estuvo en funcionamiento probablemente hasta 1870. Posteriormente fue un molino y punto de luz que surtía de electricidad a la fábrica de Trefilerías y Derivados de Ramales. Ceballos señala que sería de gran interés su rehabilitación, pues esta ferrería cuenta con sistema de trompas para inyectar aire al horno, algo “excepcional en las ferrerías de Cantabria en el XIX”. Carmen Ceballos, junto con la Asociación Juan de Espina, intentó a comienzos de siglo que la ferrería fuera declarada BIC, pero no encontró particular interés en las autoridades.

El edificio, de propiedad privada, se encuentra actualmente abandonado, y en progresivo estado de ruina. Sin embargo, el ayuntamiento de Ramales ha mostrado interés en retomar el proyecto de proteger el edificio mediante su declaración como BIC. Ceballos señala que su recuperación podría ser un “magnífico reclamo turístico”, permitiendo hacer visible el gran patrimonio del Asón en materia de molinos y ferrerías, y apunta a la posibilidad de convertirla en un centro de interpretación.

La mencionada fábrica de Trefilerías y derivados es un claro ejemplo de patrimonio industrial abandonado. Con base en una fábrica de trefilar previa, adquirió ese nombre en 1924, y estuvo en funcionamiento hasta 1992, cuando contaba con un centenar de trabajadores. Tras casi tres décadas de abandono, el actual equipo de gobierno ha mostrado su interés por recuperar ese espacio para convertirlo en una residencia para mayores.

A día de hoy, la propiedad es de la Tesorería de la Seguridad Social y del Ayuntamiento de Ramales, que hace un año compró parte de la parcela. La actual corporación ya ha anunciado su intención de facilitar que el edificio sea el centro de una residencia de ancianos. Para ello, y como primer paso, está tramitando el cambio de uso de esa parcela de industrial a equipamiento. El proyecto contempla la conservación de parte de las estructuras, que durante casi un siglo fueron elemento clave de la personalidad del pueblo.

En este caso sí que hay una iniciativa relacionada con el patrimonio inmaterial. El Grupo de Acción Local Asón–Agüera–Trasmiera puso en marcha un proyecto para recopilar testimonios orales de vecinos de la comarca, y entre ellos se recogen interesantes intervenciones de trabajadoras de la fábrica.

La Zona Arqueológica de Ramales, potencialidades y retos

También en Ramales se encuentra la Zona Arqueológica, protegida en 2004. Alberga casi una treintena de yacimientos, con una cronología que va desde el Musteriense (época de los neandertales) a la Edad Moderna, abarcando buena parte de la zona oriental del municipio.

En los años del boom de la construcción una empresa rellenó terrenos en su entorno, provocando el cambio de cursos de escorrentía, al tiempo que sepultó algunas cavidades de menor importancia, sin restos arqueológicos. Hace unos años un particular abrió una pista, sin el preceptivo informe de la Consejería de Cultura, que afectó al entorno de una ferrería seca, aun no estudiada. Pese a ello, en líneas generales la zona cuenta con un buen estado de conservación.

En su entorno encontramos dos cuevas visitables, Covalanas –declarada Patrimonio de la Humanidad en 2008– y Cullalvera. Mientras que la primera cuenta con un aforo muy reducido para garantizar la conservación, la segunda es objeto de visitas más masivas, gracias al inmenso tamaño de sus galerías.

Las obras de acondicionamiento fueron bastante respetuosas con la morfología de la cavidad, si bien el centro de recepción fue objeto de críticas, pues muchos consideraron que tanto su ubicación (en la misma entrada) como su morfología “hawaiana” (en palabras de un vecino) rompían el encanto del lugar. Recientemente el edificio ha sido sustituido por uno más neutro, aunque la ubicación sigue siendo la misma.

La riqueza patrimonial del Alto Asón es menos publicitada que la natural (Parque Natural de los Collados, redes kársticas...), siendo un desafío su puesta en valor. Pero, para ello, será prioritario garantizar una conservación a la que las autoridades no siempre han prestado la atención que debían.

La entrada de la Torca de los Cubillones no se diferencia en nada de la miríada de otras grietas que tapizan los lapiaces -o garmas, como son conocidas en la comarca- del Macizo del Hornijo. Este macizo calcáreo, a caballo entre los municipios de Soba, Ruesga y Ramales, alberga miles de grietas y fisuras, algunas con la suficiente entidad como para ser catalogadas como “simas” o “torcas” por los espeleólogos. En las últimas décadas, los trabajos de exploración y cartografía han documentado varios centenares de cavidades, “la mayoría con escaso interés”, según Ángel García, secretario de la Agrupación Espeleológica Ramaliega (AER).

La AER comenzó la exploración del Hornijo a finales de los años 80. Los vecinos del barrio de Ancillo recuerdan como en aquellos años unos jóvenes con pesados petates pasaban muy temprano por delante de sus casas, para adentrarse en un escabroso terreno, apenas surcado por unos pocos senderos. “Fueron años de muchas pateadas y mucho esfuerzo, pero de pocos resultados”, rememora Ricardo Martínez. Catalogaron más de dos centenares de simas, de entre 10 y 100 metros de profundidad. Pero no lograron encontrar lo que ansiaban: el supuesto sistema de galerías subterráneas que durante milenios habría drenado todo ese macizo. Los geólogos aseguraban que esas galerías estaban allí… pero no aparecían. Entre las muchas cavidades descendidas, una llamó la atención de los exploradores: la única que aspiraba aire en toda la zona. Sin embargo, y pese a descender varios pozos y realizar diversas escaladas, no fue posible dar con la continuación.

En los años 90 los espeleólogos del AER cambiaron el escenario: se fueron al Macizo del Mortillano, donde a lo largo de 25 años explorarían casi un centenar de kilómetros de nuevas galerías, logrando la que sería durante años la mayor cavidad peninsular: el sistema del Mortillano, que actualmente cuenta con 147 kilómetros de galerías, y una profundidad de 950 metros. Desde hace unos años se ha de conformar con un honroso segundo puesto, al ser superado por el sistema del Alto del Tejuelo (Miera), con 175 kilómetros.

Con la pandemia y el confinamiento municipal, la AER volvió a centrarse en el entorno de Ramales, pateando de nuevo las ásperas garmas del macizo. La Torca de los Cubillones, vieja conocida, pronto vino a su memoria, pues la corriente aspirante “suele ser un buen indicador de conexión con sistemas grandes”, señala Ángel García. Su revisión permitió conocer nuevas galerías, pero las estrecheces frenaron los avances.

El descubrimiento

Este verano, los miembros del AER en colaboración con espeleólogos franceses del Spéléo Club de Dijon (SCD), volvieron a la carga. Tras desobstruir ingentes cantidades de barro, y descender un pozo de 23 metros regado por la lluvia de un afluente, llegaron a un estrecho pasaje, que de repente se transformó en una vasta negrura. “Las piedras que tiramos no rebotaban en ninguna pared y alumbrando desde el borde con nuestras linternas, no veíamos nada más que oscuridad. Estaba claro que no se trataba de un típico pozo, si no de una enorme sala”, explica García.

En una nueva salida, dos miembros del equipo de exploración, consiguieron equipar un aéreo pasamanos, que evitaba la caída del agua y descendían más de 60 metros desde el techo de la sala hasta poner el pie en el suelo. “Fue una sensación alucinante flotar en el espacio negro, sin ver paredes”, dice Cristóbal Ortega, que junto con Enrique Ogando (miembro del GELL) fueron los primeros en descender.

Efectivamente, la sala tiene unas dimensiones de 193 metros en su eje mayor, y 137 en el menor, además de una altura que va de los 50 a los 70 metros. Se convierte así en la segunda sala subterránea de la península por volumen, y la tercera por área (con más de 18.700 metros cuadrados) superada solo por la Sala del Carlista (ubicada en el subsuelo de Ramales y Carranza) y la Olivier Guillaume (en Arredondo) que, “pese a su mayor extensión sólo cuenta con unos 25 metros de altura”, apunta García.

Las exploraciones siguen en estos momentos. “La última incursión nos ha permitido descender hasta –250 de profundidad, en un pozo que se abre en el centro de la sala”, apunta García. La falta de cuerda les impidió continuar. Además, tienen otros pozos pendientes de descender en la misma sala, y “múltiples recovecos” pendientes de revisión concienzuda.

Futuras exploraciones

Sin embargo, el objetivo de esta exploración está 200 metros más abajo: conectar con las galerías de la cueva del Carcabón. Se trata de una cavidad con más de 10 kilómetros explorados, pero con un acceso muy comprometido: una oquedad que en cuanto llueve queda anegada. “Llevamos años entrando a explorar por allí, pero nos vemos muy limitados a las épocas de seca”, apunta Patrick Degouve, espeleólogo francés.

El hecho de que las exploraciones en esa cavidad obliguen a pernoctar supone que la meteorología siempre es una espada de Damocles. Una de las galerías de este sistema se encuentra ubicada prácticamente debajo de la descomunal sala, y la esperanza de los exploradores ramaliegos es poder conectar y así prescindir de la entrada inferior. “El sistema del Carcabón es particularmente interesante para entender la dinámica hidrogeológica del Hornijo y la zona alta del Asón”, señala Francisco Martínez, geólogo y miembro del AER.

El Alto Asón suma así otro punto de interés kárstico. A los ya mencionados sistemas del Alto del Tejuelo y Mortillano habría que añadir el sistema del Gándara (110 kilómetros), el mayor pozo de España (pozo MTDE, de 432 metros, ubicado en Ruesga) o los más de 200 kilómetros de galerías de los sistemas subterráneos de Matienzo.

Los vecinos del municipio cántabro de Ramales fueron testigos en 1996 de cómo una nueva 'tribu' ocupaba una de las cavidades más emblemáticas de la comarca: la Cueva del Mirón, también conocida por los lugareños como Cueva de los Gitanos, o Cueva del Francés. Esa horda de arqueólogos, capitaneados por Manuel González Morales (Universidad de Cantabria) y Lawrence G. Straus (Universidad de Nuevo México), haría gala de su comportamiento nómada durante los veranos de los siguientes 15 años, en los que bregaron para extraer toda la información arqueológica posible del yacimiento que la cavidad alberga.

“Los del Mirón” se convirtieron en una verdadera institución en el pueblo, contando siempre con el apoyo incondicional del 'chamán' local, Joaquín Eguizabal 'Pencho', guía de Covalanas. Además de españoles, norteamericanos, franceses, ingleses, escoceses, y hasta algún japonés dieron vida a la caverna por el día -y a los bares por la noche- a lo largo de tres lustros.

Uno de los veteranos de las primeras excavaciones rememora aquellos tiempos. Francesc Duarte, era un joven de Alcoi, estudiante de Historia, que aterrizó en Ramales un poco por casualidad, de la mano de un curso de antropología de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el que tuvo que investigar sobre la festividad del Mantón. Allí coincidió con los arqueólogos -por aquel entonces tenían el laboratorio en el local de la Fundación Orense- y comenzó a participar en el proyecto, en una colaboración que se alargaría cuatro años.

Xesco rememora el “magnífico ambiente” que había entre los jóvenes estudiantes, y la relación con los vecinos del pueblo, con varios de los cuales trabó amistad. “Para mí fue toda una experiencia”, recuerda. “Ese año había tratado de encontrar alguna excavación arqueológica por Valencia en la que realizar prácticas, y no lo logré. Y, completamente por casualidad, acabé trabajando en El Mirón”. Para él fue “una especie de Erasmus”, al convivir con gente de diversos países, tanto en la cueva como en las largas vigilias de las que fue testigo Rafa en el Bar Marcos, cuartel general extraoficial de la tribu, y escenario de muchas 'batallas'.

Un yacimiento excepcional

Pero, ¿por qué “El Mirón”, de entre las miles de cuevas de la comarca? González Morales explica que la selección no fue aleatoria. “No se trata de excavar una cueva sin más, sino que forma parte de un proyecto más amplio”. En este caso, el proyecto buscaba comprender mejor las dinámicas de la población del Asón en tiempos prehistóricos, tanto en época paleolítica (objeto de interés de Straus) como mesolítica (principal campo de estudio de Morales en aquellos años).

La Cueva del Mirón -con una boca de unos 20 metros de alto por 15 de ancho- contaba con varios puntos a su favor: su ubicación en el desfiladero del Calera, junto a cuevas con arte rupestre como Covalanas o La Haza, su amplio vestíbulo, sus condiciones de habitabilidad y, además, el hecho de que el hipotético yacimiento estuviera bien conservado, al encontrarse protegido por la existencia de apriscos de ganado en superficie.

Los resultados no se hicieron esperar, si bien las primeras campañas no arrojaron ningún descubrimiento espectacular del estilo de los que por aquellos años Atapuerca nos regalaba todos los veranos. Sin embargo, la arqueología es una disciplina que no se basa tanto en descubrimientos deslumbrantes como en la perseverante acumulación de datos rigurosamente registrados, base de interpretaciones y explicaciones científicas.

Estrato a estrato, la paciente labor permitió documentar lo que a día de hoy es una de las mejores secuencias estratigráficas del Magdaleniense. El minucioso análisis de las marcas de uso y de la localización de los diversos útiles líticos permitió ir desentrañando qué usos diferentes había tenido la cavidad (y, dentro de ella, sus diversas zonas) a lo largo del tiempo. Hoy día, la secuencia estratigráfica de El Mirón abarca 48.000 años de (pre)historia...

Pero, además, El Mirón iba a aportar más alegrías a investigadores y vecinos. Ya en los primeros años se intuyó la existencia de una serie de grabados en las paredes -un caballo, además de signos no figurativos- cuyo posterior análisis dató en el Magdaleniense Inferior o Medio. En 2004 se encontró una escápula decorada con la cabeza de una cierva y un posible bóvido, datado en el Magdaleniense Inferior (hace unos 17.000 años). El yacimiento también alberga el propulsor más antiguo datado en la cornisa cantábrica.

Una dama de 18.000 años

Sin embargo, el hallazgo indudablemente más mediático ocurrió en 2010, cuando se descubrió el único enterramiento magdaleniense documentado hasta el momento en la Península Ibérica. Una mujer de hace unos 18.700 años, cuyos restos aparecieron en un estrato cubierto de ocre rojo y hematites, fue rápidamente popularizada por los medios de comunicación como “la Dama Roja”. Curiosamente, no se recuperó ni el cráneo ni muchos huesos largos, lo que hace pensar a los investigadores que posiblemente fueron extraídos para realizar un enterramiento secundario. Un gran bloque con un grabado que parecía representar una figura femenina aumentaba el atractivo -y el misterio- del descubrimiento.

El análisis de los restos permitió determinar que su altura estaría en torno a 1,6 metros, que su dieta era mixta (un 80% de origen terrestre, y un 20% de pescado y moluscos). El polen presente muestra que su enterramiento fue, probablemente, a finales de verano. Otras características físicas que los genetistas han logrado averiguar son su piel negra (algo común a todos los europeos hasta hace unos pocos miles de años), sus ojos oscuros y su pelo rizado, además de su intolerancia a la lactosa.

Los restos de la Dama Roja permitieron avanzar en el conocimiento del genoma de las poblaciones del Magdaleniense Inferior. En 2016 Nature publicó un estudio que analizaba el genoma de 51 humanos modernos que vivieron entre 45.000 y 7.000 años atrás. Los datos mostraron cómo la Dama Roja provenía de uno de los linajes genéticos más antiguos, el de los auriñacienses, estando emparentada con un individuo hallado en la cueva de Goyet (Bélgica), fechado en unos 35.000 años. A su vez, la Dama Roja muestra coincidencias genéticas con individuos que, en los milenios posteriores, habitarían en tierras de las actuales Francia, Alemania o Bélgica.

Ese estudio, en el que los restos de El Mirón jugaron un papel fundamental, ha permitido conocer un poco mejor la compleja evolución demográfica del Paleolítico europeo, con una movilidad de poblaciones mayor de lo que tradicionalmente se pensaba. Del análisis de los datos los arqueólogos deducen que la cornisa cantábrica jugó un papel de “refugio” durante el máximo glaciar.

A escala más local, la Dama Roja se ha convertido, en unos pocos años, en uno de los símbolos de Ramales, junto con la cierva de Covalanas. No solo ha dado nombre a una senda, recuperada gracias al trabajo de vecinos como Roberto de Prado y Carlos Galarreta, sino también a una de las carreras de montaña más señeras de los últimos tiempos. 

Los otros yacimientos y los cursos de verano

Las investigaciones de El Mirón sirvieron de punto de partida para la revisión de otras cavidades del entorno, entre las que destaca el Abrigo de los Abandejos, cuyos restos están datados en unos 230.000 años, en plena época de los neandertales, siendo el yacimiento más antiguo de toda la región, con un “valor excepcional no solo en Cantabria, sino en el conjunto de la vertiente cantábrica”, en opinión de González Morales. Indudablemente, los resultados de las excavaciones en El Mirón también supusieron un renovado interés en otras cuevas ya conocidas, como Covalanas o La Haza, incluso entre los propios vecinos, que seguían con interés las novedades.

La creciente simbiosis entre el colectivo de arqueólogos y el pueblo de Ramales llevó a que en 2007 se convirtiera en una de las sedes de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Durante estos últimos quince años, la amplia temática, siempre vinculada con las cavernas y la arqueología, y la participación de figuras señeras -como el arqueólogo Jean Clottes, el codirector de Atapuerca José María Bermúdez de Castro o el forense Francisco Etxeberria- han atraído a centenares de alumnos a estas jornadas de formación. Las charlas abiertas al público que acompañan a estos cursos se han convertido en otra de las actividades favoritas de los ramaliegos durante los meses estivales.

De cara al futuro, González Morales señala que queda aún mucho material por analizar de lo ya recuperado en el yacimiento. En los próximos años -si la financiación lo permite- se seguirá excavando en El Mirón, aunque con campañas más reducidas, pero también con intenso trabajo de laboratorio. Así, Ramales seguirá contando con la presencia de “mirones” en sus cuevas y en sus bares.

El Grupo Municipal Socialista de Arredondo ha mostrado su malestar con el equipo de gobierno del PRC por el retraso “injustificado” a la hora de convocar el Pleno Extraordinario solicitado para abordar la cuestión del Parque Eólico de Garma Blanca.

Los socialistas presentaron el escrito solicitando la celebración del Pleno Extraordinario el 15 de febrero. Sin embargo, la Alcaldía se negó a convocar dicho Pleno en el plazo legal de 15 días naturales, por lo que el Pleno finalmente se realiza este lunes 22 de marzo, al estipular la ley la convocatoria automática a los diez días de extinguirse el anterior plazo.

Para los socialistas, el retraso busca evitar que los regionalistas “se vean obligados a presentar unas alegaciones serias”. Y es que la oposición se han mostrado muy crítica con la actuación del equipo de gobierno en todo lo referente al proyecto Garma Blanca, en particular con las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento el 3 de marzo, que consideran “ridículas” y “no consensuadas con nadie más”.

Entre los errores achacados por los socialistas destacan que no se haga referencia a que Arredondo cuenta con Normas Subsidiarias, lo que obliga a la empresa promotora (Green Capital Power S.L.) a solicitar un Informe de Compatibilidad Urbanística, cosa que no ha hecho. A juicio del portavoz socialista, Alejandro Manteca, otro error es “que ni siquiera se acogen a la legislación vigente desarrollada en Cantabria”, pues “frente a lo que señala el informe elaborado por la empresa Igenercan, sí existe un reglamento que desarrolla la ley de Evaluación Ambiental Integrada (Decreto 19/2010 por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006)”.

A juicio de los socialistas, tanto la actitud del ayuntamiento como de la empresa se ha caracterizado por el “oscurantismo”. “De la reunión de la empresa con el alcalde nos enteramos por casualidad, y la información presentada por la promotora fue escasísima, apenas unos planos” señala Manteca. Además, explica que han solicitado toda la información referente al proyecto que obra en poder del ayuntamiento hace más de un mes, y aún no han recibido nada.

Por otra parte, los socialistas consideran que el Ayuntamiento también está incumpliendo la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, al no haber transmitido a los vecinos la información pertinente tras haber pasado un mes desde que fue presentado oficialmente el proyecto.

El proyecto Garma Blanca saltó a la palestra a comienzos del mes pasado, cuando la Delegación del Gobierno en Cantabria sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para su instalación. Impulsado por la empresa Green Capital Power SL, prevé la construcción de 13 aerogeneradores en los municipios de Arredondo, Entrambasaguas, Miera, Riotuerto y Solórzano, con una potencia instalada de 51 megavatios.

Durante el período de alegaciones, que ha acabado el día 16 de marzo, se han presentado multitud de ellas, por parte de ayuntamientos y asociaciones como ARCA o la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos.

Oídas las declaraciones de la consejera de Educación, Marina Lombó (PRC), cada vez está más claro que se ha equivocado de sector: su lugar está en la Consejería de Ganadería. Es lo que se deduce de su concepción de lo que son los centros educativos: unos sitios en los que se apacienta un ganado (el alumnado) por parte de unos trabajadores pecuarios (los docentes) sumisos a la dueña del cortijo.

Lo cierto es que por sonada que haya sido la decisión de anular la semana de descanso de noviembre, en realidad no es sino una muestra más de la “lombotomía” de la Consejería de Educación. Al margen de que se compartan o no los -peregrinos- argumentos aducidos por la consejera, lo cierto es que el hecho de plantear esto con dos días de antelación muestra que la improvisación y la falta de reflexión se han convertido ya en marca de la casa.

Desgraciadamente, suma y sigue en la línea de despropósitos de la Consejería regionalista. A la pedagógica ocurrencia de prohibir los deberes en la etapa de descanso y prohibir realizar exámenes a la vuelta (lo que obliga al alumnado, en la práctica, a comprimir las pruebas en otras semanas, con los perjuicios que ello ocasiona), se le sumaron las “instrucciones” emitidas durante el confinamiento, que azuzaban al profesorado a poco menos que regalar al curso a unos alumnos necesitados de un discurso radicalmente diferente, y no un paternalismo vacuo que poco les va a ayudar en la vida real. Unas instrucciones que, además, se cargaban la autonomía docente.

La nueva medida cierra el círculo, y si antes la semana de descanso total era clave para el buen rendimiento del alumnado, ahora esa necesidad desaparece por arte de magia. Algo a caballo entre el marxiano “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros” y la orwelliana redefinición continua del presente en función de las necesidades y caprichos del Gran Hermano.

Un compañero decía que todas estas necedades no eran sino otro paso más en la degradación de la educación pública que llevamos años sufriendo, alimentada por un neoliberalismo que busca tanto el suculento negocio del sector como generar futuros empleados sumisos y acríticos, y por una pseudoizquierda dispuesta a comprar cualquier MacGuffin pedagógico que suene moderno (ABP, constructivismo, TICs...).

Me permito disentir: detrás de la política de esta Consejería no hay ni ideología ni planes maquiavélicos; simplemente hay un vacío absoluto. Toda la (indi)gestión de estos meses es una mezcla delirante de improvisación y desconocimiento. Los docentes sabemos que la ignorancia no es sino el primer paso hacia el conocimiento, pero bajo dos premisas: que se reconozca como tal y que se esté dispuesto a superarla. Diría que ni una cosa ni otra se dan en el actual equipo de la Consejería. Miguel Ángel Serna (PP), de infausto recuerdo, al menos tenía la excusa de atender a un plan ideológico de laminación de la escuela pública en favor de la privada-concertada. Pero la errática política educativa actual sólo tiene una explicación: son los efectos secundarios de una “lombotomía”.

Por último, también toca hacer autocrítica: los docentes nos hemos adocenado. Estamos a la defensiva, hemos permitido que se nos moteje de vagos, de “funcionarios” (como si ese término fuera peyorativo) y no hemos sabido poner en valor nuestro trabajo cotidiano, que es mucho, tal y como demostramos la inmensa mayoría durante el confinamiento.

Ahora toca tirar de orgullo profesional, no recurrir al manido “que lo hagan los sindicatos” (que, conviene recordar, son fuertes cuando nosotros nos movemos) y hacernos valer. Y saber comunicar nuestro trabajo, al tiempo que reivindicamos nuestros derechos y nuestra dignidad (y la de la profesión). Arrimar el hombro en este época toca, pero también toca saber decir basta ante los abusos, los ninguneos, las incoherencias y la incompetencia. Y de todo esto, la Consejería de Educación desgraciadamente va servida...

El gran problema de la política actual no es la corrupción, no. Tampoco la desafección ciudadana, o la polarización. Es el bigote. El bigote genera profundas distorsiones en el mensaje político que llevan al delirio. Piensen en Maduro hablando con pajaritos, Aznar viendo comunistas hasta entre los boy-scouts, o en Revilla diciendo que las aulas en Cantabria no tienen más de quince criaturas.

Y es que ese es, según nuestro ínclito (que no ubérrimo) presidente, el número máximo de alumnos por clase en Cantabria. Sería bueno saber quién le ha facilitado ese dato, porque es de suponer que la Consejera del ramo, también regionalista, tenga información más realista: como que no van a ser una mera anécdota las clases en las que haya más de 25 alumnos.

Ciertamente, es posible que la audiencia del resto de España salga con la idea de que Cantabria es una arcadia feliz, en la que los niños vienen con un sobao bajo el brazo y una parcelita de 2,25 metros cuadrados en su clase. Pero está claro que acá no va a engañar (porque no hay otra palabra para definir esas palabras: son simple y llanamente una mentira) a nadie: quién más, quién menos tiene hijos, sobrinos, vecinos... en los centros escolares de Cantabria, y sabe cuál es la realidad.

La pregunta, entonces, es el porqué de unas declaraciones que lo único que van a lograr es devaluar la ya pobre imagen que la comunidad educativa tiene de la gestión de la pandemia en lo que respecta a las aulas en Cantabria. Una gestión que hasta ahora se ha caracterizado por pasar la pelota al profesorado (muy especialmente a unos equipos directivos a los que se está cargando de trabajo hasta la extenuación), con un “laissez-faire” que haría sonrojar al mismísimo Adam Smith. Y la respuesta es tan triste como evidente: esa digitalización de la vida que llevaba años agudizándose ha alcanzado con la pandemia cotas máximas: el mundo material ya no importa, sólo la representación que del mismo hacen (hacemos) en las redes sociales y en los media.

En realidad, y salvando las distancias, es la misma estrategia de la ultraderecha o los negacionistas: un desprecio olímpico por los hechos, unos hechos que siempre pueden ahormarse a nuestra visión, a nuestro discurso, a nuestros intereses: la famosa “postverdad” y su realidad alternativa, en la que conviven alegremente los inmigrantes que vienen a robarnos hasta la mascarilla, la conspiración judeopodemita del coronavirus o los niños cántabros que campan a sus anchas por las verdes praderas y amplias aulas catedralicias.

La comunidad educativa se enfrenta a un enorme desafío; no es exagerado decir que el mayor, con mucho, de las últimas décadas. Lo menos que se le puede pedir a nuestros gestores es que muestren un mínimo respeto a las familias y al profesorado, y eso se demuestra, en primer lugar, no faltando a la verdad. La confianza es una cuestión clave en un ámbito tan sensible como la educación, y proclamar falsedades no ayuda, precisamente, a cimentarla. Revilla habrá conseguido con sus declaraciones su enésimo (y efímero) minuto de gloria, pero esa forma de hacer política tiene un corto recorrido. Y es que, cuando despiertas del sueño digital y mediático, la realidad, como el dinosaurio, sigue allí. Como los más de 25 niños por aula. Bueno, si no nos los confinan...

Unanimidad entre algunas de las principales organizaciones de defensa del patrimonio de Cantabria: el proyecto auspiciado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica para la restauración de la ermita de San Juan de Socueva, en Arredondo, incluye “actuaciones potencial y manifiestamente dañinas”, según un informe redactado por la Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo (ACDPS). Similar opinión tiene la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), que en una nota de prensa ha calificado de “sentencia de muerte” el proyecto, obra de la Oficina Técnica de la Dirección General de Cultura.

Por su parte, la Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) ha presentado un recurso de reposición contra el pliego, no solo por cuestiones metodológicas y de conservación, sino por el incumplimiento, a su entender de la Ley de Contratos del Sector Público. También la asociación Cailagua, ubicada en la comarca del Asón, critica la “escasa sensibilidad” de la restauración propuesta.

Todas estas entidades inciden en la importancia histórica y patrimonial de San Juan de Socueva. Ubicada en un farallón rocoso que domina dicho barrio, un estudio realizado en 2017 por diversos arqueólogos entre los que se encontraban el fallecido Ramón Bohigas, Emilio Muñoz o Mariano Serna, demostró que la ermita semirrupestre data de la segunda mitad del siglo VII, siendo sin lugar a dudas una pieza fundamental para el estudio de aspectos tales como las dinámicas históricas de la etapa visigótica o la introducción del cristianismo en la zona cantábrica.

Carencias técnicas y procedimentales

Todas estas asociaciones ven “graves defectos” tanto técnicos como procedimentales en el proyecto recién licitado. Así, desde el punto de vista de la idoneidad de las obras propuestas, desde la ACDPS se critica el lavado con agua a presión y detergente proyectado, dado que en el conjunto se han citado manifestaciones parietales como grabados y restos de pinturas rojas. Tampoco se considera pertinente el relleno con mortero de los huecos existentes entre la mampostería, y menos sin un estudio previo de los mismos.

La propuesta de fijar con pernos metálicos el altar es asimismo objeto de crítica. “Hay que aclarar que se trata de un peculiar altar, formado por una mesa y una columnilla con un encaje macho-hembra que nunca ha necesitado de otro tipo de sustentación”, señalan desde la ACDPS.

La reforma del acceso al conjunto histórico también forma parte del proyecto, en el que denuncian que no deja de resultar contradictorio que, al tiempo que se afirma que la ermita se encuentra en “un paraje natural de extraordinaria belleza que se debe mantener inalterado lo máximo posible”, se propone el uso de “todo-uno” para el camino.

Desde el punto de vista procedimental, estas asociaciones consideran que son múltiples las irregularidades del proyecto. Además de la “errónea clasificación” de la obra como de ingeniería civil, inciden en que “incumple la Ley de Contratos del Sector Público, al no señalar el precio por hora de la mano de obra, como es preceptivo”. Asimismo, la falta de publicación de los integrantes de la Mesa de Contratación sería otro incumplimiento de dicha normativa.

A su juicio, otro ejemplo del “escaso rigor” del proyecto sería que “se ha usado el corta-pega, tal y como demuestran las referencias en el mismo al Proyecto de Cálculo Estructural y de Instalaciones de la Casa de Cultura de Baena”.

Finalmente, consideran que otra “carencia notoria” del proyecto es la ausencia de técnicos en Conservación o Restauración de bienes culturales -el verdadero propósito del proyecto-, dado que “se desconoce la formación en dichas materias de los firmantes del proyecto”. De hecho, señalan, la figura de Conservador-Restaurador está ausente en la adscripción de medios que deben cumplir las empresas participantes en la licitación.

Desde la ACDPS se recuerda que este proyecto es “reciclado” de otro anterior, firmado por los entonces titulares del Servicio Técnico de Arquitectura de la Consejería, actualmente jubilados. Dicho proyecto, que esta entidad consideró “muy agresivo”, fue rechazado en su momento por la Comisión Técnica de Patrimonio Construido.

Una ermita milenaria

La  importancia patrimonial e histórica de San Juan de Socueva nunca se ha visto acompañada por el interés de las autoridades competentes para proteger este singular edificio. Declarada Bien de Interés Cultural en 1985, ya en 1990 Virgilio Fernández avisaba del enorme deterioro del edificio. En esa década, el visitante que se acercaba al entonces poco conocido edificio, tenía que sacar de su interior a las cabras que allí se refugiaban para poder apreciar su famoso arco.

Por esos años, la ACDPS y la Federación Cántabra de Espeleología (FCE) llevaron a cabo una intervención que evitó que el porche del siglo XIX que precede a la ermita semirrupestre se desplomara, publicando un detallado estudio sobre el edificio. En 2003, la ACDPS realizó una propuesta de rehabilitación muy diferente de la presentada por la Dirección General. Actualmente hay una monografía en imprenta que será publicada hacia finales de 2020, y que recoge años de investigaciones por parte de la ACDPS, con la colaboración de la FCE.

Sin embargo, durante todos estos años lo único que se acometió, al margen de campañas de limpieza organizadas por la mencionada asociación, fue una breve mejora del camino de acceso. Ni Ayuntamiento, ni Consejería, ni Obispado mostraron ningún interés en el mantenimiento del edificio, que en 2007 entraba en la Lista Roja del Patrimonio amenazado de Hispania Nostra.

Hubo que esperar hasta 2017, casi 30 años después de las primeras voces de alarma, a que la Consejería de Cultura anunciara una inversión de 66.000 euros en la rehabilitación del edificio. Pese a ello, el procedimiento se ralentizó, mientras los visitantes -que ahora podían acceder hasta las inmediaciones de la ermita en coche, a través de una pista asfaltada- eran testigos del espectáculo de ver el altar milenario manchado por las velas, fruto de las visitas ofertadas por empresas de “meditación trascendental”. El rechazo por parte de la Comisión Técnica de Patrimonio Construido obligó a modificar el proyecto, lo que supuso que, en el actual y definitivo, el coste ascendiera a 78.522,09 euros, casi un 19% más de lo inicialmente presupuestado.

Finalmente, en marzo, el Ayuntamiento de Arredondo decidió el cierre del recinto -hasta entonces, de acceso libre- ante el riesgo de derrumbe, a la espera de que el proyecto de la Consejería se llevara a cabo. Un proyecto que, a juicio de muchos expertos, necesita de tantas reformas como la propia ermita.

La Plataforma en Defensa del Tren Santander-Bilbao se ha presentado estos días en la comarca del Asón con sendos actos en Ramales de la Victoria y Ampuero, a los que han asistido más de un centenar de vecinos, entre los que se encontraban los alcaldes socialistas de ambas localidades, así como el senador regionalista José Miguel Fernández Viadero.

Constituida inicialmente en Carranza, la iniciativa se ha extendido a la zona del Asón dado que ambos territorios comparten no solo esta línea férrea, sino una problemática muy similar. La causa de la creación de esta Plataforma ha sido la eliminación de viajes entre Santander y Bilbao a raíz de la COVID-19, si bien para los integrantes de la misma no ha sido sino una “excusa”.

Si ya antes de la pandemia la “paupérrima oferta” de viajes dificultaba mucho el papel vertebrador que el transporte público debe tener, durante la misma Renfe ha limitado el servicio de la línea a un tren matutino en cada sentido, imposibilitando así que los vecinos de Cantabria oriental y Las Encartaciones utilicen ese medio para acudir al trabajo en las capitales. Ante las quejas presentadas por los usuarios, la empresa pública se ha limitado a declarar que la suspensión del servicio se debía a las “órdenes ministeriales”, sin dar ninguna información referente al posible restablecimiento del servicio.

Fernando Lobato, miembro de la Plataforma, señala la importancia de que “tras años de maltrato los usuarios hayamos sido capaces de organizarnos para reivindicar un servicio que responda a las necesidades reales, que no entienden de fronteras administrativas”. Considera que el caso de la línea Santander-Bilbao es un ejemplo más del “abandono total por parte de las administraciones de las infraestructuras ferroviarias como elemento de vertebración del territorio”. Cree, además, que esta cuestión es síntoma de un problema más amplio, la necesidad de repensar la movilidad en el entorno rural, para adaptarla al siglo XXI.

César García, alcalde de Ramales, incide en el mismo sentido. Desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para reivindicar una solución no solo a la problemática generada por la COVID-19, sino a lo que consideran “décadas de decadencia” de una línea que, sin contar a las capitales, da servicio a una población de más de 40.000 habitantes. “Hay que tener en cuenta”, aduce García, “que esta línea pasa precisamente por el límite de las zonas que se despueblan” y cree que el ferrocarril puede ser un elemento que frene esa despoblación. “Mientras se habla y discute de un AVE que no existe, dejamos morir una línea existente y con un gran potencial”, apunta.

Un tren más de Cercanías que autonómico

Lo cierto es que la línea de Feve Santander-Bilbao ha tenido siempre un carácter mixto, más propio de un Cercanías, en particular en los tramos más próximos a ambas ciudades, que de un tren autonómico. El hecho de que muchos habitantes de Las Encartaciones y de Cantabria oriental trabajen en esas dos urbes había convertido tradicionalmente a esta línea en una opción para aquellos que no disponían de vehículo.

Sin embargo, la progresiva reducción de horarios había limitado notablemente esta opción, que ahora queda completamente cercenada. “Es la crónica de una muerte anunciada”, indicaba uno de los asistentes a la presentación de Ampuero, veterano usuario: “Si dejas que un servicio se degrade, la gente busca otras alternativas”.

Los miembros de la Plataforma creen que no potenciar este tren es una “oportunidad perdida”. Con la creciente reurbanización de la comarca de las Encartaciones, y el auge que tuvo la segunda vivienda en la época de la especulación salvaje en parte de la comarca del Asón, lo que no falta son usuarios potenciales, sino una voluntad política de fomentar el transporte público, afirman. Consideran que “no es de recibo” que, en plena crisis del coronavirus, y escudándose en la misma, la Administración “deje morir” una línea de tren, al tiempo que “recomienda” usar el transporte privado, algo que “va en contra de la actual filosofía de la movilidad”.

Una línea centenaria

Creada en 1894 por la fusión de varias vías férreas preexistentes, la historia reciente de la línea Santander-Bilbao es la de una lenta pero imparable decadencia. Ya hace más de 20 años la frecuencia de trenes era considerada insuficiente por los vecinos de la comarca del Asón y de Las Encartaciones, para los que el tren era una forma de acceder a las dos grandes urbes cercanas.

En el día a día, los usuarios sufrieron un paulatino empeoramiento del servicio. A la decreciente frecuencia de los viajes se le sumaba lo obsoleto de la maquinaria, que convertían en poco menos que una aventura los viajes a Bilbao o Santander. “Hace 20 años era muy frecuente comenzar el viaje en tren, pero acabarlo en autobús, después de que el tren te dejara tirado en cualquier lugar”, evoca un veterano usuario. Luis, entonces estudiante, recuerda como era muy habitual volver los domingos a Bilbao “de pie, en el espacio entre compartimentos, traqueteando durante las dos horas de viaje”.

En 2004, con el nombramiento de un oriundo de la comarca, Dimas Sañudo, como director de la Feve, las esperanzas renacieron entre los viajeros. Nacido en Riva de Ruesga y concejal por el PSE en Bilbao durante años, parecía la persona idónea para revitalizar una línea languideciente. De hecho, llegó a anunciar la electrificación de toda la vía. Pero nada de eso ocurrió y “la Feve”, como popularmente se la conoce en la comarca, siguió prestando un servicio ineficiente e ineficaz, lo que suponía una continua caída en el número de viajeros. A nivel estatal, Feve se caracterizó estos años por una mala gestión presupuestaria, que acabaría en los tribunales.

Un informe de 2012 sobre la línea Santander-Bilbao reflejaba que la ocupación media de cada convoy era de solo un 17%, y que el precio del billete -entonces, 3 euros- no reflejaba el coste real del servicio, y que la empresa cifraba en nada menos que 40 euros. Los usuarios acusaron a la empresa de desatención, señalando que la falta de actividad se debía a la prestación de un servicio ineficaz.

En 2013, Feve desaparecía, quedando su infraestructura subrogada a Adif, y a Renfe la explotación de los trenes. En esos años se produjo años una renovación de maquinaria y vagones que evitó las innumerables averías antes frecuentes, y los consiguientes retrasos que eran considerados por los usuarios como “marca de la casa”. Sin embargo, en lo que no hubo mejora alguna fue en la frecuencia horaria, hasta llegar a la situación actual, que un asistente al acto de Ramales caracterizaba de “comatosa”.

Próximas movilizaciones

Asentada ya la Plataforma en Vizcaya y Cantabria, esta prevista una asamblea abierta en Carranza para decidir las siguientes acciones y perfilar las propuestas que pretenden transmitir a las diversas administraciones. Los miembros de la misma creen que puede ser un buen punto de encuentro no sólo para reivindicar esta cuestión concreta, sino para reflexionar sobre las cambiantes necesidades de comunicación y transporte en una zona que, aunque pertenece a dos comunidades diferentes, tradicionalmente ha estado muy vinculada.

Mientras, además de una recogida de firmas, y de diversas tentativas de abordar la cuestión con Renfe (infructuosas hasta el momento), han iniciado una serie de contactos con cargos políticos municipales y autonómicos tanto en Cantabria como en el País Vasco, de los que esperan un compromiso firme en esta “lucha en defensa de un servicio público digno”.