La oposición presenta una moción de censura en Arredondo y acusa al alcalde de “clientelismo”

La complicada situación del ayuntamiento de Arredondo ha desembocado en la presentación de una moción de censura este viernes. En el pleno de la semana pasada los ediles socialistas pidieron la dimisión del alcalde y del teniente de alcalde y, ante la negativa de éstos a dimitir, durante estos días han consensuado una moción con el edil José Francisco Villegas, quien formó previamente parte del equipo de gobierno y fue expulsado del PRC en noviembre. La normativa que regula las mociones de censura municipales implica que el Pleno queda convocado para debatir la misma el próximo viernes 19 de febrero, a las 12.00 horas. La oposición ha presentado como candidato alternativo a Evaristo Canales, del PSOE.

En la documentación presentada por la oposición son varias las cuestiones aducidas para justificar esta moción. Entre otras, destacan la negativa del equipo de gobierno a cumplir acuerdos plenarios como la retransmisión de los plenos municipales, la bajada de la tasa de basura o del IBI, o la convocatoria de plenos fuera del horario establecido.

Los firmantes de la moción también achacan al equipo de gobierno “dejadez de funciones”, que ejemplifican en la negativa a establecer un horario de presencia del alcalde en el ayuntamiento, la falta de control ante obras y otras irregularidades denunciadas por oposición y vecinos, o el oscurantismo en determinados procedimientos administrativos, como los relacionados con los parques eólicos.

Otros aspectos a los que se alude en la moción son las prácticas “clientelares” del alcalde, el menosprecio a la oposición o la escasa disposición a someterse al control del Pleno municipal. El malestar en el pueblo ha ido creciendo en los últimos meses, de lo que es muestra la concentración celebrada la semana pasada a las puertas del ayuntamiento durante el pleno en el que se solicitó la dimisión del Alcalde y del Teniente de Alcalde.

Una discutida gestión económica

En los últimos meses la oposición se ha mostrado muy crítica con la gestión del equipo de gobierno, en particular en el ámbito económico, tal y como refleja la moción de censura. En este campo los socialistas han criticado la acumulación de facturas sin pagar, en particular algunas que, por un montante de unos “50.000 euros”, se acumularon “durante la pasada campaña electoral”. El período de demora del pago a acreedores durante el ejercicio anterior superó los 600 días, lo que ha colocado al ayuntamiento en una situación que pudiera llevarle a ser “intervenido” por la administración central, en cumplimiento de las medidas auspiciadas por el Gobierno. La oposición cree que un nuevo plan de ajuste -el municipio lleva una década sumido en uno- recaerá sobre las espaldas de los vecinos. Su puesta en marcha impediría bajar unas tasas e impuestos municipales que consideran excesivamente altos para el nivel de servicios que el municipio ofrece.

Este viernes se celebró un Pleno Extraordinario en el que se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito que permitiría pagar facturas “por valor de 100.000 euros”, según el PCR. Los socialistas y el ex-edil regionalista decidieron abstenerse y permitir así la aprobación de la medida “para evitar que el Ayuntamiento tenga que ser intervenido”, pese a mostrarse en desacuerdo con la gestión de este asunto. Precisamente otra crítica es el “incumplimiento continuo” del plan de ajuste económico actualmente en vigor. Los informes de la Secretaria-Interventora, según los socialistas, “avisan continuamente de un incumplimiento del orden del 80 o 90% del plan”. 

El salario de la discordia

Otra cuestión que ha generado notable malestar ha sido la relacionado con el salario del alcalde. Al acceder Leoncio Carrascal a la alcaldía en 2017, el equipo de gobierno aprobó una subida salarial. En julio de 2019 el BOC recogía que el salario del primer edil era de catorce pagas mensuales de 1.428,57 euros, con dedicación parcial del 50%. Dos años después, los concejales socialistas, con el apoyo del edil regionalista de Hacienda, José Francisco Villegas, votaron por reducir ese salario a 14 pagas de 963,85 euros, al tiempo que los ediles también se rebajaron las dietas por asistencia a plenos y comisiones. Esta decisión se sumó a las continuas discrepancias ya existentes dentro del equipo de gobierno, que acabaron con la expulsión del concejal del PRC, partido que respaldó la gestión de Carrascal. El alcalde regionalista demandó posteriormente al propio ayuntamiento por esta cuestión. Los socialistas consideran “escandalosa” la decisión del alcalde de denunciar “a su propio ayuntamiento”. Además, consideran que hay “mala fe procesal”, pues el alcalde no dio a conocer que había denunciado al ayuntamiento “hasta tres días antes” de la fecha del juicio, incumpliendo los plazos y generando “indefensión” por parte del municipio a la hora de defender sus intereses. Ello ha supuesto que el juez dictamine el retraso de la vista, trasladada ahora al 29 de marzo.

Postura regionalista

Los regionalistas, a través de un comunicado, han calificado de “inexplicable” la petición de dimisión. Argumentan que el Pleno Extraordinario celebrado este viernes evitará que el Ayuntamiento “tenga que acogerse a un plan económico-financiero”. En la nota de prensa no se hace ninguna referencia al resto de los puntos que contempla la moción de censura. Paula Fernández, secretaria de Organización del PRC, tras entrevistarse en la mañana de este sábado con los ediles de Arredondo, ha solicitado la expulsión de los concejales socialistas del partido, “por apoyarse en un tránsfuga”. Al margen del resultado de la moción, la situación de Arredondo supone un problema más en la relación entre los socios de gobierno, que ya en las últimas semanas se ha visto tensionada por algunos desacuerdos, como el cruce de declaraciones sobre la viabilidad del proyecto de protonterapia que recibirá fondos europeos.