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El Gobierno de Cantabria deniega la huelga docente y los sindicatos responden con dos días de paro completos

Los miembros de la Junta de Personal Docente frente a la sede del Gobierno de Cantabria.

Rubén Alonso

Santander —

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La escalada de tensión en torno al conflicto entre los docentes y el Gobierno de Cantabria no cesa, y este martes ha tenido lugar otro episodio que da buena cuenta de ello. Los sindicatos han convocado dos días de huelga a jornada completa después de que el Gobierno de Cantabria les haya denegado la solicitud para llevar a cabo los paros parciales que habían fijado para la próxima semana. “El Gobierno no puede con la marea verde y está intentando coartar el ejercicio de derechos fundamentales, esto es gravísimo”, han denunciado los miembros de la Junta de Personal Docente.

Los sindicatos se han pronunciado así ante los medios de comunicación frente a la sede del Ejecutivo autonómico en la calle Peña Herbosa de Santander, momentos antes de registrar de nuevo una petición de propuesta de adecuación salarial -como habían dicho que harían cada martes- dado que no han recibido contraoferta por parte de la Consejería de Educación que dirige Sergio Silva (PP).

Y en ese momento se ha vivido un incidente de tensión que ha requerido la intervención de la Policía Nacional. Y es que, en un primer momento, no se ha permitido la entrada al registro público a un delegado de cada organización sindical que integra la Junta, sino que en la misma puerta de la sede del Gobierno se les ha comunicado que había una orden para que lo hicieran de uno en uno, de manera individual, no como colectivo.

Esto ha provocado el enfado de los representantes sindicales, que han entendido que se estaban vulnerando sus derechos y que la decisión de no permitirles la entrada de manera conjunta, como organismo, era “completamente arbitraria”. Los miembros de STEC, ANPE, CCOO, TÚ y UGT han insistido en que les trasladaran por escrito la orden, algo que no ha ocurrido en ningún momento.

Los sindicatos de la Junta de Personal Docente conversan con la Policía Nacional frente a la sede del Gobierno de Cantabria.

Tras una hora de entradas y salidas por parte de los funcionarios y responsables de seguridad del edificio a hacer consultas al respecto y de mediación por parte de una Policía Nacional que inicialmente les ha instado a que entraran al registro de uno en uno, finalmente se les ha permitido la entrada a los cinco representantes a la vez.

“No había ninguna orden”, han denunciado los sindicalistas visiblemente contrariados por la situación. En cuanto a la denegación de la huelga a media jornada de los días 21 y 22 de mayo por parte de la Dirección de Trabajo del Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga, el argumento empleado ha sido que la solicitud no había sido registrada dentro del plazo de 10 días naturales, algo que la Junta de Personal niega ya que sostiene que lo hizo con once días de margen.

De esta forma, la huelga se aplaza a los días 28 y 29 de mayo, es decir, a la semana siguiente. Y esta vez no serán paros de media jornada, sino de días completos, y el segundo, el jueves 29, tendrá lugar una manifestación a partir de las 17.30 horas desde la Consejería de Educación a la sede de Correos, pasando por Peña Herbosa.

Los sindicatos han anunciado que van a recurrir judicialmente la denegación de la huelga, aunque para “dar seguridad jurídica” a la convocatoria han decidido aplazarla. “Lo recurrimos para no sentar un precedente pésimo en el ejercicio de derechos fundamentales. Sabemos que también ha ocurrido en sanidad; el Gobierno de Cantabria está persiguiendo el ejercicio de derechos fundamentales como es la huelga en la educación pública y en la sanidad pública, pretenden coartar así el derecho a protestar”, han denunciado, tras criticar también que el Ejecutivo de Buruaga les había aumentado los servicios mínimos en más de un 50% respecto a los de la pasada huelga del 3 de abril: “Nos imponen unos servicios mínimos totalmente abusivos”.

Consejo Escolar

Además de ello, también han recurrido la propuesta de la Consejería en relación a los nuevos miembros del Consejo Escolar y han anunciado que si se hace efectiva, abandonarán esta entidad. Y es que, según han denunciado, el Gobierno de Buruaga “pretende modificar la representatividad del Consejo incrementando la de la propia Administración”.

“Consideramos un abuso, una arbitrariedad y un retroceso democrático que un órgano consultivo sea acaparado por el Gobierno de Cantabria”, han criticado, tras asegurar que abandonarán el Consejo Escolar si no se atiende a su recurso “para respetar el equilibrio de fuerzas” y “si lo pretenden convertir en un organismo decorativo del Gobierno de Cantabria”.

“Daña más el final de curso”

En respuesta a los sindicatos de la Junta de Personal, el consejero se ha mostrado “sorprendido” y ha asegurado que el aplazamiento de la huelga “todavía daña más el final de curso”. Por ello, Silva ha apelado “a la responsabilidad de todos” y no ha descartado que su departamento presente una oferta. “Si la cuestión es quién va primero en hacerlo, algo que al final no conduce a nada más que a un enrocamiento, eso no va a ser un problema”, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

Pese a ello, ha insistido en que “lo razonable” sería que lo hiciera los sindicatos “tras haber rechazado la última oferta de la Consejería”. No obstante, los sindicatos presentaron su propuesta que consiste en una subida progresiva hasta alcanzar los 295 euros de mejora en 2027, que supone una rebaja de 30 euros de su propuesta inicial de 325.

Silva, que este lunes mantuvo una conversación al respecto del conflicto docente con la presidenta ha asegurado que el Gobierno “está estudiando todas las posibilidades para evitar la huelga y llegar a una solución”. “Siempre estamos hablando desde un marco de viabilidad y de sostenibilidad de los servicios públicos. Esto no se puede hacer al margen de cualquier planteamiento presupuestario y ahí lo estamos intentando enmarcar”, ha añadido sobre la reivindicación salarial del profesorado.

El consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva (PP), hace declaraciones a los medios.

Respecto a las nuevas fechas de huelga, el consejero ha incidido en el “perjuicio” que supondrá para los alumnos de Segundo de Bachillerato, que los días 3, 4 y 5 de junio tendrán que someterse a la prueba de acceso a la universidad, la conocida PAU. Según ha indicado, estos aproximadamente 3.000 estudiantes se “enfrentan un momento vital para su trayectoria académica, y, por lo tanto, personal”, y “cualquier tropezón en esos días de preparación de las pruebas de acceso o de clases de refuerzo puede tener unas repercusiones fatales para ellos”, algo que como consejero “le preocupa enormemente”.

Finalmente, en relación a la polémica en torno a la composición del Consejo Escolar, Silva ha explicado que lo que pretende su departamento es dar cabida en él a representantes de los directores de los centros educativos, miembros del Servicio de Inspección de Educación y todas las direcciones generales de la Consejería, entre otros. En este sentido, ha dicho no estar de acuerdo con los argumentos de la Junta -aunque ha resaltado que los respeta- y ha asegurado que lo que su departamento pretende con esta modificación es que toda la comunidad educativa esté representada en este órgano, algo que “no puede ser malo”.

El Gobierno lo niega

Tras las declaraciones de la Junta de Personal Docente, el Gobierno de Cantabria ha remitido un comunicado en el que desmiente haber denegado la convocatoria de la huelga docente, y subraya que lo que ha hecho es informar de que ésta no se ajustaba a los plazos de preaviso que determina el Real Decreto Ley 17/ 1977.

Desde el Ejecutivo se ha incidido en que “en ningún momento se ha denegado su derecho a huelga, sino que se ha informado de un defecto de forma”.

“Este es el motivo esgrimido por el que los representantes de los sindicatos docentes han registrado esta misma mañana una nueva solicitud de fechas, esta vez para los días 28 y 29 de mayo, es ajustar esta solicitud a los requisitos que especifica la norma que lo regula”, sentencian desde la Dirección de Trabajo.

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