Durante estos días se han juntado demasiados asuntos en un triángulo formado por China, Hong Kong y Estados Unidos. A la guerra arancelaria le ha salido una derivada en forma de guerra de divisas, todo esto mientras en Hong Kong se suceden unas protestas multitudinarias que reclaman no caer en la espiral hacia la autocracia que buscan en Pekín. Las dos primeras a menudo se leen como una cuestión económica; la segunda, como un asunto de libertades civiles. Sin embargo, todas ellas están relacionadas y tienen un nexo común: la geopolítica. Pero vayamos por partes.

Cuando Trump se lanzó a la carrera por la Casa Blanca hace prácticamente cuatro años, una de sus fijaciones durante la campaña fue China. Se aprovechaba comercialmente de Estados Unidos, no respetaba la propiedad intelectual, manipulaba la moneda y otro sinfín de ventajas que, más allá del histrionismo trumpiano, eran ciertas. Por ello se propuso revertir todo eso si alcanzaba a la presidencia. Y lo hizo. Uno de sus objetivos ha sido renegociar todos los acuerdos comerciales posibles en favor de Estados Unidos, y China no ha sido una excepción. Como Pekín se ha resistido a esta solución, el presidente simplemente optó por algo que a un hombre de negocios como él se le da bien hacer: apretar a su oponente. Lanzó así a lo largo de 2018 una batería de aranceles sobre casi cualquier producto chino que Estados Unidos importe, algo que no ha hecho sino escalar desde entonces, alternando réplicas chinas y contrarréplicas norteamericanas.

En paralelo a este pulso comercial han surgido protestas en Hong Kong por la polémica ley de extradición a China, que acabó siendo retirada por el enorme rechazo social que generó. Sin embargo, más allá de esta cuestión de derechos políticos, Hong Kong y sus avatares internos son una pieza fundamental en estas dinámicas entre Estados Unidos y China. La pugna política se fundamenta en que los sectores prochinos quieren ir asimilando el sistema hongkonés, que hoy día goza de gran autonomía y bastantes libertades impensables en China, precisamente a ese sistema que impera en la potencia asiática. Por el contrario, la parte más liberal de la sociedad quiere mantenerse en la situación de autonomía actual o bien avanzar hacia la independencia para alejarse todo lo posible de China. Sin embargo, esta situación favorece a la larga a Pekín, ya que el acuerdo de autonomía de Hong Kong entró en vigor cuando este territorio pasó de ser una colonia británica a manos chinas en 1997, y donde se estipulaba que esta autonomía se mantendría durante 50 años –hasta 2047–. Por tanto, ese año China podrá simplemente asimilar de forma total el territorio.

En el contexto de la guerra comercial la importancia de este territorio no es menor: Hong Kong recibe un trato especial en términos comerciales por parte de Estados Unidos gracias a una ley de 1992, la Hong Kong Policy Act. Esta ley se fundamenta en la autonomía del territorio y, a cambio de que se sigan garantizando los buenos niveles de libertad política y económica que existen allí, Estados Unidos se compromete a tratar a Hong Kong como si fuese un país distinto de China en el aspecto comercial. Y de esta situación se beneficia también la República Popular, y mucho. Hong Kong es el segundo destino de las exportaciones chinas tras Estados Unidos, y es que las compañías chinas utilizan este enclave como intermediario para vender su mercancía a otras multinacionales radicadas en el territorio autónomo, que a su vez lo usan para penetrar en la China continental. El gran problema para Pekín de la guerra comercial es que Estados Unidos grava cualquier importación procedente de China. Pero gracias a Hong Kong, los productos chinos pueden esquivar, al menos parcialmente, esos aranceles y así mitigar su impacto gracias a un sistema llamado first-sale rule.

Hasta aquí el panorama no parece excesivamente perjudicial para China. Sin embargo, desde mediados de junio –al poco de empezar las protestas en Hong Kong–, demócratas y republicanos han impulsado en el Congreso estadounidense una nueva ley –aún no aprobada– llamada The Hong Kong Human Rights and Democracy Act para exigir que se identifique a aquellas personas que han cometido violaciones de derechos humanos en la autonomía para poder sancionarlas, así como para crear un procedimiento por el cual, de manera anual, Estados Unidos avale mantener el acuerdo de 1992 vigente teniendo en cuenta que el nivel de autonomía en el territorio hongkonés no se ha visto mermado. Si no, Washington se reserva el derecho de revocar esa prerrogativa comercial y equiparar a nivel comercial la China continental y Hong Kong. En ese supuesto, China perdería una de sus grandes cartas para esquivar los aranceles estadounidenses. Sin embargo, si Estados Unidos llevase a cabo este movimiento, China asumiría muchos menos costes acelerando la asimilación total de Hong Kong. Por el contrario, en Pekín saben que deben ser cuidadosos con no excederse atrayendo al régimen autónomo para no activar la cláusula de Estados Unidos y perder así su gran baza, al mismo tiempo que tiene que evitar que en la excolonia británica prospere un movimiento independentista que pueda hacer que Hong Kong se le acabe escapando de las manos.

En este sentido, China, a pesar de tener la carta hongkonesa, está en clara desventaja en su guerra comercial con Estados Unidos por el hecho de que su balanza comercial con el país norteamericano es enormemente asimétrica: la potencia asiática exporta mucho más a EEUU que al contrario, por lo que está mucho más expuesta a los aranceles que su rival. Así, en vez de seguir escalando en un pulso que tiene perdido, ha optado por llevarse la batalla a otro terreno en el que juega con algo más de ventaja: las divisas.

Para que nos entendamos, el Banco Central Chino tiene bastante más poder de control sobre el tipo de cambio del yuan –la moneda china– que el que tiene la Reserva Federal con el dólar. El primero no flota libremente –su tipo de cambio no viene determinado por la oferta y la demanda del mercado de divisas–, mientras que el segundo sí. Y esa diferencia hace que China pueda devaluar su moneda para ganar cierta competitividad comercial por una vía en la que Estados Unidos no dispone de tal herramienta. Además, esta devaluación supone un reto a Trump de primer nivel: el mandatario había acusado a China de que manipula su moneda para ganar competitividad comercial de forma injusta –porque es cierto–, pero esta jugada de China supone aceptar el órdago de Trump e ir a hacer daño en una herida que, quizás, en la Casa Blanca no se esperaban que Pekín podía atreverse a hacer.

La gran esperanza de China para acabar con este conflicto comercial es que Trump pierda las presidenciales de noviembre de 2020. Hasta el momento, todas las rondas de negociación que se han sucedido entre ambos han sido infructuosas. Es una jugada arriesgada, porque las encuestas no aseguran una derrota del actual presidente y el panorama de candidatos demócratas tampoco apunta a que vayan a presentar una figura de carisma arrollador y visión privilegiada. Por tanto, en este lapso de tiempo hasta los comicios –y quién sabe si con una prórroga de cuatro años más gracias a un nuevo mandato del neoyorquino–, China parece que solo tiene dos opciones: o capitular ante Estados Unidos o continuar la escalada hacia un límite que nadie sabe dónde está.

Los ciudadanos de la Unión Europea votarán entre el 23 y el 26 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo, como ocurre cada cinco años. También en Reino Unido, donde el progresivo aplazamiento del Brexit les ha llevado a coincidir con estos comicios que deben celebrar obligatoriamente mientras sigan siendo un Estado miembro.

La gran diferencia en esta cita, al menos en apariencia, es el tremendo auge de las formaciones euroescépticas y eurófobas que pueblan Europa y que, previsiblemente, van a lograr en estas elecciones europeas unos resultados moderadamente positivos pudiendo llegar a ser tercera fuerza en el Parlamento.

Esto, como es lógico, ha generado importantes alarmas en buena parte de los países de la Unión, así como en las propias instituciones europeas, por las implicaciones que puede tener. El zorro cuidando de las gallinas. Pero ante unos temores que en absoluto son infundados, quizá habría que pararse a pensar hasta qué punto es probable este escenario. Porque puede que el bloque del euroescepticismo no sea ni tan poderoso ni tan peligroso como aparenta.

Si hacemos caso a las encuestas, la suma del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo obtendría algo más del 40% de los asientos –unos 325– en la Cámara. A ellos se les sumarían aproximadamente 95 escaños de los liberales de ALDE y la formación de Macron, En Marche!, logrando así una holgada mayoría absoluta en el Parlamento Europeo.

El gran cambio vendría por ser la primera vez en que la suma de los votos de populares y socialistas no fuese suficiente para nombrar un presidente de la Comisión, y los liberales actuarían de bisagra. Este hecho de no llegar a la mayoría absoluta entre las dos grandes familias de la Cámara se ha visto como una catástrofe que no es tal: en la mayoría de países de la Unión, los socialistas no apoyan a los populares y viceversa para formar Gobierno o entrar en él –lo que se conoce como Gran Coalición–, siendo la única excepción Alemania.

Más allá del trío de europeístas clásicos, se abre un abanico de formaciones y familias de toda condición, incluyendo un número importante de partidos en situación de orfandad al no haber encontrado aún un grupo político al que adscribirse. En esos otros bloques encontramos desde la Izquierda Europea –donde está Podemos– a Los Verdes, pasando por tres bloques distintos con partidos nacionalpopulistas, euroescépticos y eurófobos en su interior. Es precisamente en esos tres bloques donde está el foco puesto para estas elecciones.

El seguimiento que hace Politico para estos comicios europeos concluye que, de los 751 eurodiputados que se elegirán, 469 son proeuropeos frente a 255 euroescépticos –y 27 que no se deciden–. Eso arrojaría que poco más de un tercio de la Cámara iría a parar a manos de formaciones euroescépticas. Pero aquí cabe un gran matiz. En ese tercio se incluyen formaciones de izquierdas que, sin estar alineadas con el europeísmo actual, pueden ser considerados altereuropeístas en tanto que no discuten los principios fundacionales de la Unión, sino algunas evoluciones posteriores y la gestión reciente de determinados asuntos. Así, en una estimación más realista –con las tres familias euroescépticas, partidos sin grupo como el Jobbik húngaro y nuevas formaciones que todavía no han encontrado casa, como es Vox–, el peso probable de las formaciones euroescépticas vendría a ser entre un 20% y un 25% de los asientos del Parlamento Europeo.

Es preocupante que uno de cada cuatro eurodiputados pueda llegar a ser alguien que no cree en el proyecto que representa –o lo hace de forma muy distinta a su vocación fundacional–, pero no es una cifra demasiado alejada de la tendencia que hemos visto en citas anteriores. En las elecciones de 2014, las formaciones euroescépticas rozaron el 15% de los votos, doblando sus resultados de 2009, donde obtuvieron un 7,6%, y no muy alejados del año 2004, donde un 12,7% de los votos fue a parar a ellos.

En ese sentido, los resultados previstos para 2019, no suponen un salto abismal para estas formaciones, sino un paso más en la tendencia que llevamos muchos años observando y a la que, por cierto, el Reino Unido contribuye de manera fundamental, ya que si se hubiese producido el Brexit, la representación de los partidos euroescépticos sería inferior a la estimada –el Partido del Brexit, de Nigel Farage, se calcula que obtendrá 25 de los 66 europarlamentarios británicos, siendo la formación más votada.

División entre euroescépticos

Otro error frecuente es hablar de los partidos euroescépticos como un bloque unido que avanza de forma monolítica. De ser así no vendrían fragmentados en tres bloques. Y es que estas formaciones, de marcado discurso identitario, también adolecen de los problemas que tienen partidos o ideologías en expansión: luchas de egos, estrategias divergentes y lógicas políticas muy diferentes.

Todo ello dificulta la conformación de un único europartido y lastra el nivel de coordinación entre todos ellos. La iniciativa que mayor alcance parece estar teniendo es la Alianza Europea de los Pueblos y las Naciones, liderada por Matteo Salvini. Sin embargo, la pugna por el liderazgo de esta Internacional euroescéptica ha sido dura, y Marine Le Pen también trata de cortejar por su lado a otras formaciones relevantes, como el Fidesz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para adherirse a su club. Así, en tanto que no exista una hegemonía clara e indiscutible en los partidos euroescépticos, el pulso por su liderazgo está servido.

Porque hasta en los fundamentos ideológicos y estrategias electorales de estos partidos hay una brecha clara y evidente: a pesar de sus puntos en común en el rechazo de la Unión Europea, las formaciones del este de Europa se mueven más en un ultraconservadurismo en lo social y un liberalismo en lo económico, caso del Fidesz húngaro o el Ley y Justicia polaco, mientras que partidos como el Frente Nacional de Le Pen no son tan ultraconservadores –a pesar de ser abiertamente xenófobos– y tampoco tan liberales en lo económico, unas posturas que les han permitido agrandar su base electoral hasta antiguos votantes de izquierda. Vox, por ejemplo, estaría más cerca del primer grupo que del segundo.

Todo ello no evita que su influencia durante los próximos cinco años vaya a ser considerable en la política europea. Sin embargo, esto no necesariamente pasa por el Parlamento Europeo –una institución con relativamente poco poder–. Y es que con el auge de la extrema derecha, la Unión puede acabar siendo rehén de sus propias normas en el ámbito institucional.

Este 2019, algunos Estados miembros podrán proponer candidatos a comisario europeo –uno por país– que pueden ser abiertamente euroescépticos o eurófobos, lo cual es una poderosa forma de minar las instituciones desde dentro. ¿Cuál sería la labor, pongamos, de un comisario italiano afín a los postulados del Gobierno euroescéptico de la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas? En esa línea, el Consejo Europeo –formado por los Estados– sigue teniendo la última voz y, dentro de él, los miembros tienen capacidad de veto.

Si distintos Gobiernos euroescépticos desarrollan cierta sintonía y una estrategia común, podrían acabar imponiendo una parálisis en Bruselas. Y si a esto le sumamos que la mayoría de eurodiputados en esta legislatura serán recién llegados –y esa inexperiencia ralentizará el Parlamento–, el resultado puede ser unos inusitados niveles de disfuncionalidad institucional, lo que no hará sino acelerar la deslegitimación de la Unión Europea y los discursos contra ella.

Estas elecciones europeas no son la batalla final en una épica entre el bien y el mal. Son otro episodio más en una deriva que llevamos viendo mucho tiempo y que cada vez está más cerca de la irreversibilidad. Y quien tiene la llave son, principalmente, los ciudadanos europeos. En los comicios de 2014 solo en dos países se superó el 60% de participación: Bélgica, donde el voto es obligatorio, y Luxemburgo.

Y mientras tanto, en España el CIS nos trae una paradoja: la ciudadanía cree que los asuntos europeos son importantes, pero reconoce estar poco interesada en ellos y en las europeas votará en clave nacional. Quizá el gran reto no son los euroescépticos, sino la indiferencia. “Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada”, que decía Edmund Burke.

Hace un año, Trump decidió anunciar la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear que se había firmado entre las potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —Rusia, China, el Reino Unido y Francia— y Alemania con Irán. Su argumento principal era que Teherán no respetaba los acuerdos firmados y por ello se había convertido en una amenaza de primer nivel para la seguridad estadounidense, cuando ninguno de los organismos encargados de monitorizar el cumplimiento de estos acuerdos habían concluido tal cosa; al contrario, certificaban que Irán estaba siguiendo escrupulosamente con lo acordado.

Quedaba así herido de muerte uno de los tratados que más tiempo y esfuerzo había costado alcanzar en los últimos tiempos. Irán había pasado de ser un país a la defensiva y que amenazaba con convertirse en potencia nuclear a un aperturismo inédito y que había renunciado de forma clara y pública a hacerse con armas nucleares. El consenso alcanzado en la comunidad internacional para lograr este compromiso de Irán también es digno de mención: las principales potencias del planeta lo aprobaron, así como la propia ONU, algo que en estos tiempos es más excepción que norma.

La impugnación del acuerdo por parte de Trump tampoco resultó extraña. Lo llevaba advirtiendo tiempo —aunque sus argumentos se construyesen sobre premisas falsas—, y su llegada a la Casa Blanca supuso la vuelta a puestos clave de la Administración estadounidense de lógicas neoconservadoras afines a la “Guerra contra el Terror” emprendidas por el presidente Bush a principios de siglo. Irán, por tanto, se convertía en el nuevo rival a batir.

John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente, ha dedicado buena parte de su trayectoria política a minar el poder del régimen de los ayatolás, y tal fijación ha tenido una evidente influencia en la actual política exterior de Estados Unidos. Otros focos de tensión como Corea del Norte o Venezuela han tenido un cariz más coyuntural, mientras que la presión sobre Irán tiene una estrategia, unos plazos y unos objetivos claros y definidos.

El resultado no ha sido otro que una presión constante y creciente de Estados Unidos sobre Irán. En cuanto Washington renegó del acuerdo con Teherán, comenzaron a gotear una serie de medidas orientadas a estrangular poco a poco la ya de por sí débil economía del país, bastante dependiente de los hidrocarburos. La más importante ha sido la prohibición a terceros países de importar petróleo y gas natural de Irán, lo cual evidencia los esfuerzos que está acometiendo Estados Unidos en aislar política y económicamente a Irán.

Es innegable que estas sanciones, que de facto suponen un bloqueo económico al país, han tenido un impacto considerable en la economía persa y también en su estabilidad política. Rouhani, el actual presidente, revalidó el cargo en las elecciones de 2017 gracias, especialmente, a haber logrado que se firmase el acuerdo, con todas las implicaciones positivas que eso tenía para la correcta marcha del país. En buena medida el acuerdo nuclear era a su vez un freno dentro del propio Irán para la rama más dura del régimen, partidarios de la autarquía y de la militarización del país.

Pero los vientos de la geopolítica han cambiado. Irán, impotente ante la escalada de sanciones estadounidenses y la inacción del resto de la comunidad internacional por paliar los efectos de la jugada estadounidense, decidió dar hace una semana un plazo de 60 días antes de retirarse totalmente del acuerdo, lo que supondría —o supondrá, yendo al escenario más probable— la muerte definitiva del pacto.

La respuesta de Trump a este anuncio de Teherán ha sido desplazar uno de los cuatro grupos aeronavales que tiene activos —el del USS Abraham Lincoln— al golfo Pérsico con la intención de presionar —o disuadir— a Irán, además de tener justo enfrente de las costas iraníes, en Baréin, la base de la Quinta Flota. Es precisamente en este grupo aeronaval en el que se encontraba la fragata española Méndez Núñez en una operación de adiestramiento conjunto —algo muy habitual en fuerzas navales aliadas—, una situación idéntica a la que se dio hace unos meses cuando corrió el bulo de que esta fragata iba a participar en un ataque estadounidense a Venezuela por encontrarse en aguas cercanas.

Estos mismos días también se han producido incidentes que pueden aumentar la tensión. En el puerto emiratí de Fujaira —en el golfo de Omán— varios buques aparecieron con el casco dañado por lo que parecían ser explosiones o impactos de proyectil. Aunque las miradas apuntan a Irán, lo cierto es que todavía no se conoce quién o qué puede estar detrás de estos sucesos, y tampoco parece demasiado probable —por lo provocativamente ilógico de la jugada— que Teherán haya atacado buques fuera de sus aguas.

La guerra propagandística está servida en cada parte, ya que Estados Unidos también ha hecho público un informe del Pentágono con planes para desplegar 120.000 soldados ante un hipotético conflicto con Irán —una cifra insuficiente tanto para una invasión del país como para confrontar las fuerzas armadas iraníes—.

No cabe duda de que viviremos meses de tensión. Para la Administración Trump puede ser complicado vender el mensaje de una retirada de Oriente Próximo —Siria y Afganistán, especialmente— mientras se tensa la cuerda de un conflicto con Irán, sobre todo si consideramos que en noviembre de 2020, Trump se enfrenta a las presidenciales. Para el lado persa tampoco es un camino exento de complicaciones: que retomen la carrera nuclear parece algo seguro.

En buena medida también aprenden de las lógicas de Trump y sus antecedentes, como el de Corea del Norte: si consiguen el arma nuclear, Estados Unidos se sentará a negociar. De igual manera, la facción más moderada, aquella que defendía un acercamiento con Estados Unidos, perderá peso político en el país, ya que Trump le ha dado parcialmente la razón al ala más dura del régimen iraní.

Incluso más allá del emparejamiento entre Irán y Estados Unidos, la situación se vuelve más complicada. Arabia Saudí, enemigo acérrimo de Irán y declarado rival del país en su disputa como potencia regional en Oriente Próximo, ya ha declarado que no dudarán en buscar también el arma nuclear si Irán se relanza en su carrera atómica, y a pesar de que un proyecto así es caro en el aspecto económico y científico, Arabia Saudí tiene los recursos necesarios para emprenderlos.

Por tanto, de aquí a unos años podríamos acabar viendo dos nuevas potencias nucleares que llevan buscándose las vueltas demasiado tiempo en la región apoyando a grupos enfrentados en los conflictos de Yemen, Siria o Irak.

Sea como fuere, conviene empezar a salir de las lógicas tradicionales del conflicto. El concepto de guerra que podemos tener hoy en mente está ya obsoleto, relegado a los conflictos del siglo XX o a lugares que, por carecer de recursos económicos o materiales, no han podido aún dar el salto a las nuevas formas de hacer la guerra. Las invasiones mediante tropas sobre el terreno son enormemente más costosas en términos humanos, económicos y políticos que recurrir a la guerra económica o la ciberguerra. Provocar el colapso interno de Irán es el nuevo modus operandi de Estados Unidos. Es la guerra del siglo XXI.

No es sencillo dar un golpe de Estado. De hecho, la mayoría de ellos acaban fracasando por los motivos más variopintos. En un golpe que pretenda ser exitoso es conveniente tomar los aeropuertos, estaciones de ferrocarril, emisoras de radio y televisión y edificios gubernamentales clave, desde ministerios al palacio presidencial. Puestos a pedir, retener a figuras fundamentales del Estado, desde el ministro de Defensa al presidente, ayuda bastante a una consecución favorable del golpe.

Guaidó y Leopoldo López no consiguieron ayer ninguno de ellos. Antes de que saliese el sol en Caracas, el presidente encargado se plantó en las afueras de la base aérea de La Carlota acompañado de Leopoldo López, figura clave de la oposición hasta ese momento confinado en arresto domiciliario, un puñado de soldados y varios vehículos blindados. Desde ahí y a través de distintos vídeos en directo en las redes sociales, Guaidó llamó al “cese de la usurpación” y a una nueva fase de la llamada Operación Libertad, y para ello invitó a los militares a sumarse en lo que en la práctica suponía una llamada al alzamiento militar en todo el país para forzar la caída del Gobierno de Nicolás Maduro, acompañado de un masivo acompañamiento civil en las calles.

Apenas un día después de aquella jugada siguen siendo inciertos los pasos que debían venir después y, sobre todo, la probabilidad de que estos se diesen. Guaidó y López solo consiguieron pasar varias horas en un puente sobre la autopista protegidos por unas decenas de soldados y policías, esperando un alzamiento militar que nunca llegó.

No se conoce con exactitud qué llevó a una asonada en apariencia tan mal coordinada y con tan poco recorrido. Las informaciones más verosímiles apuntan a que este golpe estaba inicialmente programado para el día dos de mayo, justo después de las grandes marchas que estaban convocadas para el Día del Trabajo. Sin embargo, estas hipótesis también indican que Guaidó iba a ser detenido para entonces, por lo que se decidió adelantar el golpe y así ganar la iniciativa. Desde luego, por cómo se han sucedido los hechos, estos evidenciaban una escasa planificación, una carencia que suele jugar malas pasadas en este tipo de situaciones. Guaidó, como ocurrió con el también fallido intento de cruzar ayuda humanitaria entre Colombia y Venezuela a finales de febrero, especulaba con la bola de nieve que siempre ha añorado desde que se proclamó presidente encargado: a mayor número de militares o actores que se sumen rápidamente a su causa, mayor probabilidad de que más militares se cambien de bando para no verse en el lado perdedor. Sin embargo, durante estos meses ha sido incapaz de echar esa bola de nieve a rodar. Tampoco conviene descartar que distintos mandos que en principio se habían adherido a la jugada de Guaidó decidieran desmarcarse a lo largo de la jornada por las escasas probabilidades de éxito que parecía tener el plan.

No obstante, el intento de ayer podría ser tanto una fase final, es decir, el golpe definitivo para que Maduro cayese, o una fase intermedia por la cual tensionar más a la población y, sobre todo, al estamento militar, obligándoles a posicionarse —aunque no necesariamente de manera pública—. Conviene recordar que las Fuerzas Armadas han sido un objetivo habitual de los mensajes de Guaidó desde que se proclamase presidente. Son ellos —o más bien la poderosa y amplia cúpula militar,— la que controla los resortes del país, incluyendo al presidente Maduro. Las enormes prerrogativas y regalías que han recibido durante años por parte del oficialismo para ganarse su lealtad —que de momento está siendo ampliamente correspondida— han llevado a los militares a controlar sectores estratégicos de la economía, desde la petrolera estatal PDVSA hasta la empresa eléctrica Corpoelec —cuya mala gestión llevó a los numerosos y prolongados cortes eléctricos en el país—, pasando por la distribución de alimentos —un sistema del que millones de familias venezolanas dependen para subsistir—. Por eso, su cooperación es indispensable para un cambio de poder político en Venezuela, y en la actualidad la inmensa mayoría de esa cúpula no tiene alicientes para alinearse con Guaidó, dejar caer a Maduro y arriesgarse a perder un sistema con el que controlan el Estado a su antojo.

Otra cuestión no resuelta todavía es qué iba a ocurrir en el plano estratégico que fuese peor para la oposición a Maduro que intentar dar un golpe de Estado con pocas probabilidades de éxito. Hasta una hipotética detención de Guaidó por parte del oficialismo, aunque poco conveniente en el plano operativo, hubiese clamado al cielo para la comunidad internacional. Cuesta creer —porque Maduro, a pesar de las habituales caricaturizaciones a las que es sometido, no es tonto— que el chavismo se hubiese atrevido a detener a Guaidó y a reprimir con enorme dureza las marchas del primero de mayo.

Por lo pronto, el presidente encargado parece haber dilapidado buena parte del capital político que le quedaba. Una asonada fallida es un registro en el historial que pesa demasiado de cara a conseguir nuevos apoyos; deja cabos sueltos que pueden perjudicar a aliados —como la detención del director del SEBIN por estar involucrado en el golpe—; daña las redes y estructuras creadas en el lado propio y pone en un compromiso a las decenas de apoyos internacionales que había recibido durante estos meses. El panorama no debe parecer halagüeño si el propio Leopoldo López decidió refugiarse en la embajada de España en Caracas junto a su familia, quizás la antesala de una petición de asilo y de, si los medios diplomáticos lo permiten, un exilio fuera de Venezuela.

Con todo, lo vivido en estas horas tampoco habla especialmente bien de Maduro. Su desaparición total de la escena pública —más allá de las palabras de Pompeo sobre que estaba en un avión listo para despegar rumbo a Cuba— es anómala en este tipo de situaciones, ya que en anteriores conatos de golpe o momentos de inestabilidad no ha dudado en aparecer en actos del partido o en medios de comunicación para dirigirse a la nación. Ayer no lo hizo, lo cual hace pensar que, de forma consciente o inconsciente, el oficialismo no tuvo todas consigo durante algunos momentos y temió poder acabar perdiendo la partida, por lo que poner a salvo a Maduro sería una prioridad del régimen.

Sea como fuere, Guaidó ha arriesgado muchísimo, quizás de manera innecesaria, pero también es posible que haya llevado a un punto de tensión tan alto a la élite oficialista que esta se haya planteado por primera vez sus posibilidades reales de supervivencia, y ello facilite una hipotética negociación. Quizá el presidente encargado acabe detenido o decida salir de Venezuela, pero cuesta creer que pueda salir indemne de tal desafío político. A pesar de que se han producido numerosos intentos, ningún golpe triunfa en el país desde hace más de sesenta años. Por lo pronto, Guaidó no va a romper esa racha.

Trump esconde una paradoja: aunque es considerado a menudo como el ejemplo de la antipolítica por su discurso populista, su insistente cruzada contra los medios de comunicación, su desmedido apego por el uso de Twitter y una irreverencia política que escandalizaría a quienes fundaron la república estadounidense, lo cierto es que cumple con aquello que promete. No con todo, desde luego, pero mantiene unos porcentajes de promesas cumplidas —y otra importante proporción de iniciativas prometidas en tramitación— que, si ocurriesen a este lado del Atlántico, serían considerados una gestión con importantes niveles de cumplimiento electoral.

Otro cantar es que sea positivo —o simplemente nos guste— aquello que promete. Trump prometió sacar a Estados Unidos del Tratado Transpacífico (TTP) y lo hizo —aunque pueda considerarse una medida contraproducente para los intereses geoeconómicos de Washington—; prometió que renegociaría el TLCAN, ese tratado de libre comercio que mantenía desde los noventa con México y Canadá, y lo hizo; prometió que China no jugaría con tanta ventaja en su comercio con Estados Unidos… y también lo está consiguiendo.

Sin embargo, puede parecer que la cruzada de Trump por “hacer Estados Unidos grande de nuevo” no va con nosotros. Grave error. Después de China, los ojos del presidente tienen la vista puesta en la Unión Europea y Japón, dos economías desarrolladas que, a pesar de haber pospuesto su enfrentamiento comercial con Washington, antes o después van a tener que sentarse a la mesa de negociación o bien sufrir el peso de los aranceles estadounidenses.

Trump vino, vio y venció

Trump vino, vio y vencióLa obsesión de Trump con China durante la campaña electoral no era casual. Tampoco cuando alcanzó la presidencia. Su lógica era muy clara: China es una potencia al alza que, en sus relaciones comerciales y económicas con medio mundo —y sobre todo con Estados Unidos—, se resiste a que se le apliquen las normas que desde Pekín sí pretende aplicar a otros. Si la República Popular no quería sentarse voluntariamente a negociar unas condiciones más justas en sus relaciones económicas con Estados Unidos, deberían obligarlos. La solución es algo que ya conocemos: una guerra comercial.

Así, desde principios de 2018, Estados Unidos comenzó a imponer subidas arancelarias que han alcanzado los 250.000 millones de dólares —y la respuesta china ha alcanzado los 110.000—, amén de otro cuarto de billón con el que Trump ha amenazado. Quizá por eso, y con la excusa de la reunión del G8 en Buenos Aires, China pidió una tregua con la intención de sentarse a la mesa. Aunque Trump dio inicialmente un plazo hasta inicios de este mes —que luego ha prorrogado—, se da por hecho que en las próximas semanas o meses la potencia asiática acabe aceptando las condiciones que plantea Estados Unidos.

No le ha salido gratis a la economía estadounidense. De hecho, aunque Washington acabe llevándose la victoria, la industria y otros sectores productivos han salido bastante dañados de esta confrontación comercial. Pero la cuestión de fondo es que la economía china, muy dependiente del comercio en general y de las exportaciones a Estados Unidos en particular, ha salido todavía más dañada y ello, entre otros factores, la ha llevado a su peor cifra de crecimiento en más de un cuarto de siglo.

Bruselas, Tokio y la frágil industria automovilística

Bruselas, Tokio y la frágil industria automovilísticaA pesar de que China es la principal pieza que busca cobrarse la nueva estrategia comercial de Trump, no es la única y tampoco será la última. Cuando Pekín firme las nuevas condiciones relativas a comercio e inversiones con Estados Unidos, es bastante probable que el actual presidente de la potencia norteamericana, antes de terminar su primer mandato, quiera dejar también atadas a las otras potencias económicas que considera que parasitan de forma injusta la industria estadounidense: la Unión Europea y Japón.

Es cierto que, comercialmente hablando, existen importantes desequilibrios. Si China ha tenido estructuralmente un saldo comercial a su favor respecto con Estados Unidos, que ha llegado a alcanzar más de 340.000 millones de dólares en 2017, Japón y la UE no se quedan atrás. En el caso del país nipón, en 2017 ese saldo fue de 58.000 millones de dólares a su favor, una cifra que aumentó a 119.000 millones de euros si nos fijamos en el balance con los países de la comunidad europea.

De hecho, en el caso europeo existen precedentes recientes. Durante el verano de 2018 hubo un breve pero intenso conato de guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión a cuenta de la batería de aranceles que desde Washington se empezaron a imponer, especialmente al sector de la metalurgia. En una medida más simbólica que efectiva, desde Bruselas se decidió devolver el golpe subiendo aranceles a productos como el whisky, las motocicletas y los pantalones vaqueros.

Aquellos aranceles de poco más de 4.000 millones de dólares hicieron tomar conciencia a Trump de que no podía librar una guerra —aunque fuese comercial— en varios frentes a la vez. Así, a finales de julio, Juncker y Trump decidieron desescalar y acordar ir hacia un modelo comercial más justo. Se alejaba así la tormenta comercial de Europa. Pero en el horizonte se vislumbran nubarrones.

Los dos objetivos prioritarios para proteger la industria estadounidense son, en el caso europeo, el sector agrícola y la industria automotriz. El primero tiene amplias subvenciones por parte de la Unión, algo que Trump considera una competencia desleal para sus agricultores y ganaderos; el segundo genera millones de empleos a ambos lados del Atlántico y es un sector productivo clave que en Estados Unidos lleva años en declive, por lo que la subida arancelaria a los vehículos europeos estaría orientada a proteger la industria estadounidense.

Hay que tener en cuenta que los vehículos a motor y sus componentes supusieron en 2017 más de un 13% de las importaciones que llegaron a Estados Unidos, con un valor de casi 277.000 millones de dólares. A pesar de que los principales proveedores de esta industria son países como Canadá o México —a los que Trump ya tiene en el redil tras la renegociación del TLCAN—, otros socios, como los Estados de la Unión y Japón, suponen un 20% y un 18% de las importaciones automotrices de Estados Unidos, respectivamente. Los países europeos más expuestos a una futurible guerra comercial con Estados Unidos son Alemania, Irlanda, Italia o Francia. De hecho, con la excepción de Bélgica y Países Bajos, Estados Unidos tiene un déficit comercial con la gran mayoría de países de la Unión.

El caso de Japón puede ser más suave, ya que desde hace meses existe una voluntad por parte del Gobierno nipón de sentarse a la mesa para negociar algún tipo de acuerdo comercial con Trump. Tal es así que las reuniones estaban previstas para este mes de marzo, pero, dado que Estados Unidos todavía continúa con su guerra comercial con China, se han decidido aplazar a abril o mayo, cuando previsiblemente Pekín ya haya firmado la paz con Washington.

En Tokio o Bruselas podrían pensar que el factor tiempo juega a su favor, en tanto se puede especular con que Trump sea derrotado en las presidenciales de noviembre de 2020. Fiar toda la estrategia a ese factor puede ser un error considerable: Trump no es especialmente comedido en sus pulsos comerciales, por lo que, si tiene que desatar una tormenta arancelaria sobre Europa, no va a dudar en hacerlo. Además, recordemos que, de cara a su electorado, la protección de la industria estadounidense fue una baza importante en 2016, por lo que no hay razones que nos lleven a pensar que no quiera volver a jugar esa carta, más todavía cuando para entonces habrá doblegado a socios comerciales relevantes como México, Canadá o China. Huelga decir también que, en cuanto la Unión Europea o Japón firmen unas nuevas condiciones más beneficiosas para Estados Unidos, es poco probable que Trump en un segundo mandato o un heredero demócrata en la presidencia cedan para volver a la situación anterior. Es la geopolítica, amigos.