En 2013, los Gobiernos municipal y regional de Madrid vendieron más de 4.800 viviendas, originalmente destinadas a ser alquiladas a precios asequibles, a empresas controladas por fondos de inversión estadounidenses como Blackstone. Después de las ventas, realizadas con muy poca publicidad, Blackstone comenzó a aumentar los alquileres, en algunos casos duplicándolos en un periodo de tres años. Hubo inquilinos que acabaron desahuciados.

En Dublín, en mayo de 2019, un representante de un 'casero corporativo', una empresa dueña una gran cantidad de viviendas, entró a la fuerza en un piso y causó importantes daños en su interior. Los inquilinos dijeron que el 'casero corporativo' había estado intentando que se fueran del piso desde que la empresa había comprado el edificio en septiembre del año anterior.

En Lisboa, en 2017, dos empresas compraron un edificio por 2,7 millones de euros y poco después lo pusieron a la venta por 7 millones como un edificio “desocupado”, cuando en realidad aún vivían allí 12 familias.

Los inquilinos de Akelius, una empresa sueca que posee en total decenas de miles de viviendas en ciudades como París, Londres, Copenhague y Berlín, se han quejado durante años de las prácticas abusivas de su 'casero corporativo'. Pero no sólo ellos: en 2020, la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda dijo que Akelius estaba abusando los derechos humanos de sus inquilinos.

Historias como éstas se han ido escuchando cada vez más en los últimos años en las ciudades europeas. Incluso en estos días de distanciamiento social, no es raro escuchar a la gente quejarse de la vivienda y de lo difícil que es encontrar un piso decente y asequible en la ciudad.

Y por si fuera poco, la pandemia de COVID–19 ha dejado aun más claro lo importante que es tener un hogar adecuado para vivir. Estudios académicos realizados en el Reino Unido y Francia han mostrado correlaciones entre las tasas de mortalidad debidas a la COVID–19 y el número de personas sin hogar que viven en alojamientos temporales, las zonas donde hay una mayor escasez de vivienda social, y los niveles de hacinamiento en los hogares. Otro estudio, éste en los Estados Unidos, mostró que un aumento del 5% en el número de hogares que viven en malas condiciones de vivienda resulta en un 50% más de riesgo de incidencia de COVID-19 y un 42% más de riesgo de mortalidad por esta enfermedad. Housing Europe menciona todos esos estudios en su último informe sobre el estado de la vivienda en Europa, publicado el pasado marzo.

Y no son solo las ONG y los activistas de la vivienda quienes han estado advirtiendo sobre la crisis de la vivienda en las ciudades europeas. En enero de este año, la OCDE señaló que “menos de la mitad de la población de la OCDE, en promedio, está satisfecha con la asequibilidad de la vivienda en la ciudad o área donde vive. Los precios de la vivienda han aumentado en las últimas décadas, y los hogares están dedicando una mayor parte de su presupuesto a los costes de vivienda que antes. Los hogares de bajos ingresos y otros hogares vulnerables se han enfrentado a este problema desde hace tiempo, mientras que ahora una proporción cada vez mayor de la clase media también se encuentra con problemas de asequibilidad”.

Ya en noviembre de 2018, el Banco Mundial había advertido que “la disponibilidad y asequibilidad de una vivienda digna se ha convertido en una importante preocupación económica y social en la Unión Europea (...), ya que los aumentos de precios de la vivienda en las regiones metropolitanas a menudo superan los aumentos salariales”.

La alta demanda de pisos de alquiler en las ciudades europeas ha contribuido a hacer de la vivienda una inversión muy atractiva. Tanto es así que la inversión total en vivienda en Europa ha aumentado más de un 700% entre 2009 (7.900 millones de euros) y 2020 (66.900 millones de euros), según datos de Real Capital Analytics.

¿De dónde viene todo ese dinero? ¿Quiénes son las empresas e inversores que compran tantas viviendas en Europa? ¿Cómo afecta este fenómeno a la vida y los hogares de la gente en las ciudades europeas?

Durante un período de más de siete meses, un equipo de más de 25 periodistas de investigación y de datos y expertos en visualizaciones de 16 países europeos ha estado trabajando en el proyecto colaborativo transnacional Cities for Rent: Investigating Corporate Landlords Across Europe (Ciudades de alquiler: investigando a los grandes propietarios corporativos en toda Europa), del que hoy elDiario.es publica esta primera entrega.

Hemos descubierto que, en general, desde la crisis financiera, los fondos de inversión estadounidenses y de otros países y las corporaciones inmobiliarias europeas han aumentado la cantidad de viviendas que poseen en las ciudades europeas. Y este fenómeno se relaciona con varias cuestiones relevantes.

En Noruega, el mayor propietario privado del país, Fredensborg, paga alrededor de 2.500 euros anuales en impuestos sobre la propiedad a pesar de poseer 3.600 apartamentos en alquiler en Oslo, una de las ciudades más caras de Europa. En Milán, Copenhague y otras lugres hay indicios de que los 'caseros corporativos' pueden estar usando tácticas para evitar el pago de impuestos. Y eso a pesar de que en general en toda Europa los fondos de inversión inmobiliaria (en España, las SOCIMIS, o REITs en inglés) ya disfrutan de incentivos fiscales bastante favorables.

Hay información consistente sobre negligencia y tácticas abusivas por parte de 'caseros corporativos' en la mayoría de las ciudades investigadas. Los inquilinos se quejan de Blackstone en Madrid y en Ámsterdam. De la empresa sueca Akelius en París, Londres, Copenhague y Berlín. De la también sueca Heimstaden (que en realidad es propiedad de Fredenborg) en Ostrava –en la República Checa– y de nuevo en Berlín. Y también nos han llegado historias de tácticas abusivas en Lisboa, Dublín y en otras ciudades.

Los 'caseros corporativos' también están aumentando su presencia en otras ciudades como Zúrich, Viena y Praga, mientras que la ausencia de datos en lugares como Lisboa hace que sea casi imposible saber cuántas viviendas han estado adquiriendo este tipo de empresas allí. En Atenas, la falta de un registro de propiedad online hace que sea casi imposible revelar las consecuencias detalladas de la enorme crisis económica griega, que ha llevado a que miles de viviendas se subasten públicamente porque la gente ya no se las puede permitir.

Hemos encontrado que, a menudo, los propios gobiernos municipales no sabían mucho sobre la situación en sus ciudades, y carecían de datos adecuados sobre las inversiones en sus mercados inmobiliarios y sobre quiénes son los mayores 'caseros corporativos' en ellos.

De hecho, aunque nuestros hallazgos pueden variar de una ciudad a otra, hemos confirmado una tendencia general: en un momento en que aumenta la inversión y los 'caseros corporativos' cada vez son dueños de más viviendas, la falta de datos y las dificultades para comparar ciudades significan que aún queda mucho por investigar y por averiguar si queremos tener una conversación pública debidamente informada sobre los mercados de la vivienda en Europa.

Nuestro proyecto, Cities for Rent: Investigating Corporate Landlords Across Europe, debería ser el primer paso hacia más investigación colaborativa y transnacional sobre la crisis de la asequibilidad de la vivienda y cómo ésta afecta la vida de las personas.

José Miguel Calatayud es el coordinador de la investigación Cities for Rent, con el apoyo de la Fundación Arena for Journalism in Europe.

España entró hace poco en el club de países europeos con parlamentos fragmentados y, de momento, no ha conseguido superar con éxito las primeras pruebas. Ante el bloqueo y la imposibilidad de formar gobierno y llegar a pactos, los líderes políticos en España han optado por repetir elecciones. El resultado: cuatro elecciones en cuatro años.

Otros países llevan décadas lidiando, con mayor o menor éxito, con la falta de mayorías. En Dinamarca, ningún partido ha conseguido mayoría absoluta desde hace más de un siglo, pero en los últimos 30 años nunca han tardado más de tres semanas en formar gobierno. En Italia, el diseño del sistema ha puesto el entendimiento por encima de los principios (han tenido 66 gabinetes en 72 años). En Portugal, una alianza sin precedentes entre las fuerzas de izquierdas en 2015 consiguió romper una histórica tendencia: solo seis de sus últimos 20 gobiernos habían conseguido terminar su mandato.

Italia: el entendimiento antes que los principios

En 1947 Italia venía de sufrir una especie de contienda civil. Había caído derrotada en la Segunda Guerra Mundial, pero también se desangraba en el conflicto interno que supuso la división entre fascistas y partisanos. Aquel año el país aprobó una Constitución con la que se adentró en la democracia y dejó atrás regímenes totalitarios pasados.

Italia configuró un sistema que propiciaba parlamentos fragmentados para que nadie pudiera volver a apropiarse de las instituciones. Quiso evitar el retorno del fascismo, pero también se palpaba el miedo a que el poderoso Partido Comunista Italiano (PCI) se convirtiera en hegemónico. Se instauró un modelo basado en el “bicameralismo perfecto”, que otorga los mismos poderes a la Cámara de Diputados y al Senado.

El resultado fue una inestabilidad crónica convertida en modo natural de gobierno. Desde 1947 hasta hoy ha habido 66 gabinetes. En el país de Maquiavelo, todos los actores políticos eran conscientes de que era necesario pactar con quien fuera y cuando el experimento dejara de funcionar, vuelta a empezar.

El partido Democracia Cristiana (DC) gobernó durante décadas con el apoyo de pequeñas corrientes. En ocasiones en coaliciones de cuatro o cinco partidos. Sobrevivió siempre a la eterna amenaza del ‘sorpasso’ del PCI, que nunca llegó. En 1976, sin embargo, los comunistas estuvieron cerca de conseguirlo y se quedaron a unos pocos escaños de la DC. El país entró en un bloqueo sin precedentes, pero para eso estaba Giulio Andreotti, el fontanero mayor de la democracia italiana, que se entendió con Enrico Berlinguer, líder del PCI.

Ambos partidos se repartieron la presidencia de las cámaras y los comunistas se abstuvieron para favorecer el Ejecutivo de la DC en lo que se bautizó como “el Gobierno de la no desconfianza”. La decisión le costó la vida dos años más tarde a Aldo Moro, que ejercía anteriormente como primer ministro y al que se le consideró uno de los artífices del pacto con los comunistas. Moro fue secuestrado y asesinado por el grupo terrorista Brigadas Rojas (todavía hoy se especula sobre una posible implicación de la CIA).

Desparecido el fantasma comunista, los democristianos siguieron gobernando hasta 1993, cuando estalló el escándalo conocido como ‘Tangentopoli’ (‘tangente’ significa soborno en italiano), por el que se demostró la existencia de una corrupción endémica que afectaba a todos los partidos. Aquel ‘big bang’ acabó con todas las formaciones políticas y la hegemonía de la DC. Fue el momento de la aparición de Berlusconi, que utilizó la televisión como método para sustituir la cultura política por el personalismo. Se crearon nuevos partidos, mucho más débiles que los anteriores, y el presidente de la República ganó peso como garante institucional.

La democracia cristiana desapareció hace casi tres décadas, pero no su cultura. Italia sigue sobreviviendo en un sistema en el que el interés político se basa siempre en el entendimiento antes que en los principios. Así, en las anteriores elecciones, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini no dudó en abandonar su pacto con las otras derechas para gobernar con el Movimiento 5 Estrellas (M5S). Y cuando Salvini rompió recientemente la alianza, el M5S se entregó a los brazos de los socialdemócratas del Partido Democrático. Todo en poco más de un año.

Dinamarca, más de un siglo sin mayorías absolutas

Dinamarca celebró elecciones generales el 5 de junio. El partido más votado fue el Socialdemócrata, hasta entonces en la oposición, que consiguió 48 de los 179 escaños del Folketing, como se conoce al Parlamento danés. El gobernante Partido Liberal, de centroderecha, quedó en una ajustada segunda posición con 43 diputados electos.

A pesar de la fragmentación y del elevado número de actores, 179 diputados divididos entre 14 partidos, Dinamarca formó Gobierno en tan solo tres semanas. La socialdemócrata Mette Frederiksen fue nombrada jefa de un Ejecutivo en minoría tras llegar a un acuerdo, plasmado en un documento de 18 páginas, con el Partido Social Liberal, el Partido Popular Socialista y la Alianza Roji-Verde.

Esas tres semanas fueron el periodo de negociación poselectoral más largo en Dinamarca desde 1988, cuando duró un par de días más. Y eso que desde 1909 no se da una mayoría absoluta en el Parlamento.

“(Cuando me mudé aquí) me llamó mucho la atención la calidad intelectual y también moral de muchos políticos”, comenta Lucas Ruiz, un malagueño de 54 años escritor y profesor de español e historia, que en 1994 se trasladó a Dinamarca. “Un elemento fundamental de diferencia es el sentido práctico de la política danesa. Los escenarios que se han planteado en España de, ‘Gana un partido, no es capaz de formar mayoría y al final se acaban convocando elecciones’, son impensables en Dinamarca”.

En 2015, el partido Socialdemócrata fue el más votado, pero como el conjunto de partidos progresistas no le aseguraba una mayoría, su líder renunció a tratar de formar un gobierno el día siguiente a los comicios. El segundo partido con más escaños fue el Partido Popular Danés, que apenas contaba con apoyos. Por lo que fue finalmente el Partido Liberal, el tercero más votado (solo 34 de los 179 diputados), el que acabó formando un gobierno en minoría. Y todo este proceso se completó en sólo 10 días desde las elecciones.

Portugal: 2015, año de una excepción histórica

Portugal no cuenta con la misma tradición pactista que Dinamarca, sin embargo, en sus 45 años de democracia solo ha tenido cinco mayorías absolutas. Sin pactos y sin mayorías absolutas, el resultado es que solo seis de sus últimos 20 gobiernos (sin contar con el actual, formado tras las elecciones del mes pasado) han logrado terminar la legislatura. Los otros 14 han acabado dimitiendo o perdiendo una moción de censura.

En solo dos ocasiones desde la caída de la dictadura en 1974 se han formado gobiernos de coalición que han logrado mayoría absoluta y que han terminado su mandato. En 1995 será la primera vez que un gobierno en minoría logra completar los cuatro años de mandato. Este hito lo consiguió el actual secretario general de la ONU, António Guterres, del Partido Socialista. El partido de Guterres fue el más votado y obtuvo 112 escaños, a tan solo cuatro de la absoluta.

La hazaña no se volverá a repetir hasta 20 años después, en 2015, pero en este caso era todavía más complicado. El Partido Socialista había quedado segundo con 86 escaños y un acuerdo de gobierno inédito con el resto de formaciones de izquierdas –incluido el Partido Comunista, tradicionalmente enfrentado a los socialistas– le permitió hacerse con el mando del país. Será la primera vez que no gobierne el partido más votado.

El experimento, calificado despectivamente por sus rivales como ‘chapuza’ (geringonça), no solo consiguió formar un ejecutivo progresista que revocó buena parte de los recortes impuestos tras la crisis, sino que completó su mandato, algo poco habitual en Portugal. Ahora, muchos en Europa ven en el modelo de la ‘geringonça’ un ejemplo para la izquierda europea ante parlamentos cada vez más fragmentados.

El experimento de 2015 fortaleció al Partido Socialista en las elecciones del mes pasado, pasando de 86 a 108 escaños. Como es habitual, no logró la mayoría absoluta y en esta ocasión no han repetido la ‘chapuza’. Ahora, el Partido Socialista se tendrá que ganar los apoyos necesarios para cada medida que quiera sacar adelante. Sobrevivir no será fácil. En Portugal, cuatro años de gobierno es mucho tiempo, pero 2015 podría marcar el inicio del cambio en la gobernabilidad portuguesa.

Las protestas de 2009 en Islandia contra la crisis económica y sus consecuencias derivaron entre muchos de los activistas en una conclusión: lo más efectivo sería participar en el sistema a través del mecanismo más convencional en las democracias representativas, los partidos políticos. “Era humillante pensar que nuestro país era así, que nos habíamos dejado engañar por banqueros y políticos, nos sentíamos muy traicionados”, comenta Margrét Tryggvadóttir, de 47 años, editora de libros y muy activa durante las protestas.

Cuando el Gobierno cayó y se convocaron elecciones anticipadas para abril de 2009, un grupo de manifestantes crearon el Movimiento de los Ciudadanos (Borgarahreyfingin) para concurrir a las elecciones. La idea era contar con una plataforma apartidista que representara en el Parlamento a quienes habían participado en las protestas, que además se identificaban con el interés público. “Y me dije, 'Vale, voy a presentarme yo. (…) Si no lo hago, entonces mis hijos no querrán vivir aquí cuando crezcan, así que tengo que hacerlo'”, recuerda Margrét.

En su programa, el Movimiento recopiló demandas provenientes de las protestas: una investigación independiente de la crisis económica supervisada por expertos internacionales, medidas de emergencia en favor de los hogares y de las empresas, aumentar la transparencia de la administración pública, y una nueva constitución redactada por los ciudadanos, entre otras. El Movimiento se autodefinió como una instancia temporal, y decidió que dejaría de existir cuando consiguiera sus objetivos o cuando estuviera claro que no iba a poder conseguirlos.

En las elecciones, el Movimiento consiguió el 7,2% de los votos, y Margrét se convirtió en una de los cuatro diputados ciudadanos. Cuando unos pocos meses antes nunca se habría imaginado a sí misma entrando en política, ahora se había convertido en uno de los 63 diputados que representaban a la gente de Islandia en el llamado Alþingi, considerado el parlamento activo más antiguo del mundo, que en su forma original fue establecido en el año 930 cerca de la actual Reikiavik.

Los diputados más veteranos miraban a estas caras nuevas con suspicacia, y Margrét encontró que también los diputados novatos de los partidos establecidos se llevaban mejor con ella y sus colegas del Movimiento que con los diputados veteranos de sus propios partidos. “Estábamos ansiosos por empezara a cambiar las cosas, estábamos allí para cambiar las cosas, no para convertirnos en parte del sistema”, cuenta Margrét.

Este entusiasmo, sumado a la situación de crisis, ayudó a que los nuevos diputados pudieran contribuir a ciertos cambios que aumentaron la transparencia de la actividad parlamentaria, y por ejemplo se introdujo el principio de plena competencia para la distribución de fondos públicos. También fue durante esa legislatura cuando se lanzó el proceso constitucional ciudadano, en parte gracias al apoyo de los diputados del Movimiento.

Pero la política parlamentaria resultó ser más compleja de lo que parecía desde fuera. “Lo que el público ve es lo que pasa en la sala de plenos, pero lo que el público nunca ve es todo lo que ocurre entre bastidores”, dice Margrét. “Y lo peor es que los diputados tratan de ganar puntos haciéndose favores unos a otros y cosas así. Y yo no quería tener nada que ver con eso, porque las cosas no deberían funcionar así. Pero así es como funcionan”. De lo que más se acuerda es del poco interés que los diputados veteranos mostraron por el proceso constitucional, y de que sólo aceptaban introducirlo en la agenda y discutirlo si antes los nuevos diputados, como Margrét, daban su apoyo a otras cuestiones.

Además, lo que había llevado al Movimiento hasta el Parlamento y que era su principal rasgo de identidad –el hecho de no ser un partido convencional sino un movimiento ciudadano– también acabó siendo uno de sus principales puntos débiles. No tener una estructura de partido ni mecanismos claros de toma de decisiones, y tratar de representar a un movimiento de base amplio y fluido no facilitaban ser consistentes y productivos en el Parlamento.

En marzo de 2012, Margrét y otro de los diputados ciudadanos fundaron un nuevo partido, llamado Amanecer (Dögun), para presentarse con él a las elecciones de abril de 2013. “Cuando empezamos a trabajar en Amanecer, yo dije, 'Quiero un partido político que sea estable, (…) en el que podamos trabajar y en el que esté claro cómo funciona todo'. Porque con el Movimiento de los Ciudadanos no había sido así, y fue por eso que las cosas se nos fueron de las manos”. Amanecer respondía al mismo impulso y tenía básicamente el mismo programa que el Movimiento, pero en las elecciones de 2013 solo consiguió el 3,10% y no obtuvo ningún diputado al no llegar al umbral electoral, que en Islandia es del 5%.

En aquellas elecciones, en las que el Partido de la Independencia y el Partido Progresista volvieron al poder –formando la misma coalición conservadora que había gobernado Islandia hasta la crisis–, fue otro de los cuatro diputados ciudadanos originales, la poeta y artista Birgitta Jónsdottir, que había cofundado por su lado el Partido Pirata (Píratar), quien comenzó lo que más adelante a punto estuvo de ser una revolución en el Parlamento y en el Gobierno islandeses.

Diputados ‘piratas’

En noviembre de 2012, Birgitta y otros activistas habían fundado el Partido Pirata islandés partiendo de lo que se ha dado en llamar “política pirata”: una postura muy clara por la transparencia y contra la corrupción, apoyo a mecanismos de democracia directa, y la defensa y promoción de los derechos civiles, con un énfasis particular en las libertades de información y de expresión y en el derecho a la privacidad.

En las elecciones de abril de 2013 los Piratas superaron mínimamente el umbral electoral con el 5,10% del voto, y Birgitta y dos de sus colegas se convirtieron en los primeros diputados piratas del mundo en un parlamento nacional.

Los Piratas comenzaron muy activos su andadura parlamentaria. Apoyaron las plataformas de democracia digital directa y el proceso constitucional para recoger así la ambición original de los manifestantes –y de gran parte de la ciudadanía– de ganar control sobre el proceso político. Además, el Partido Pirata propuso también una reforma de los derechos de autor, que los bancos separaran completamente sus ramas comerciales y de inversión, reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, y relajar la prohibición de las drogas.

Más adelante durante la legislatura, los Piratas también acabarían proponiendo que Islandia aceptara la criptomoneda bitcoin y que concediera asilo político al filtrador Edward Snowden, temas más propiamente piratas y no tan ligados a las demandas del gran público. Unos años antes, en 2010, la propia Birgitta había alcanzado fama internacional cuando colaboró con WikiLeaks en la producción y distribución de “Asesinato Colateral”, un vídeo con imágenes filtradas de un helicóptero de guerra estadounidense que había herido y matado a varios civiles en Irak en 2007.

De una forma que el Movimiento no había conseguido, los Piratas sí supieron mantener la atención y el apoyo de la gente gracias a estar mejor estructurados y al carácter más estratégico de sus acciones y comunicaciones. Además, su forma de trabajo radicalmente abierta (los piratas sugerían discutían y votaban las propuestas de su partido de forma descentralizada en un foro online) y su actitud claramente protransparencia, anticorrupción y antielitista resonaron con una ciudadanía que aún desconfiaba de la política tradicional.

Desde su entrada en el Parlamento, la popularidad de los piratas aumentó rápidamente, y a finales de enero de 2016 era el partido con una mayor intención de voto según las encuestas, un 37,8%, cuando los dos partidos en la coalición gobernante apenas pasaban del 30% entre ambos.

Tres meses más tarde, en abril de 2016, la publicación de los Papeles de Panamá reveló que el primer ministro islandés y su familia habían ocultado dinero en paraísos fiscales. La noticia provocó unas protestas aun más multitudinarias que las de 2008-09, y poco después el primer ministro se vio obligado a dimitir. En ese momento, las encuestas daban al Partido Pirata un 43% de intención de voto, una cifra que en unas elecciones podría incluso acabar dándole el Gobierno en solitario (en un sistema electoral diseñado para que se gobierne en coalición), y que era más del doble que la del Partido de la Independencia (21,6%), el socio principal de la coalición entonces gobernante.

Tras la dimisión del primer ministro, en verano se convocaron elecciones anticipadas para octubre de 2016, y durante unas semanas en Islandia y Europa se habló de los Piratas como los posibles vencedores en las elecciones. Aunque formalmente el partido no tenía líderes sino que era una plataforma horizontal, Birgitta era su personalidad más icónica y reconocible. En un momento en que el Reino Unido acaba de votar por el Brexit en un referéndum, y cuando parecía que Donald Trump podía tener opciones reales de llegar a la presidencia de Estados Unidos, Birgitta aparecía también en las portadas internacionales como la posible primera ministra pirata del mundo.

Sin embargo, esa fue la cumbre de los Piratas en intención de voto, que a finales de septiembre de 2016 se había reducido muchísimo hasta el 20%, aún entonces mínimamente por delante del Partido de la Independencia. Y cuando en octubre llegó el momento de votar, finalmente los electores se decidieron por los partidos tradicionales. Los Piratas recibieron el 14,5% de las papeletas (10 escaños), por detrás del Partido de la Independencia, que llegaba al 29% (21 escaños), y del Movimiento de Izquierda-Los Verdes, con el 15,9% (10 escaños).

Ninguno de esos dos partidos consiguió formar una coalición de gobierno, y entonces los Piratas tuvieron su oportunidad pero tampoco lograron los acuerdos necesarios. Finalmente, y antes de que tuvieran que repetirse las elecciones, el Partido de la Independencia consiguió seguir en el Gobierno gracias al apoyo de dos pequeños partidos de centro.

Pero menos de un año después, en septiembre de 2017, el Gobierno volvió a caer, esta vez a causa de un escándalo provocado por el hecho de que el padre del nuevo primer ministro no hubiera reconocido su contribución a que se eliminara la información penal de un hombre condenado por haber violado a un menor. Se convocaron de nuevo elecciones anticipadas para el mes siguiente, y Birgitta, agotada por todo el trabajo y la exposición pública, decidió no volver a presentarse. Antes de acabar la legislatura, los Piratas trataron de dar un último impulso a varias reformas que facilitaran la aprobación de la nueva constitución escrita por los ciudadanos. Pero, una vez más, la mayoría de los diputados no apoyaron este proceso.

“Puedes entrar en el sistema para tratar de obtener una comprensión más profunda de cómo funciona. Pero, en general y a no ser que se dé algún tipo de situación extraordinaria en la que puedes transformar completamente el sistema, no creo que puedas conseguir ningún cambio realmente fundamental”, dice hoy Birgitta.

En las elecciones de octubre de 2017, los Piratas obtuvieron el 9,2% del voto y seis diputados, cuatro menos que en la legislatura anterior. Y la coalición de gobierno que surgió de los comicios fue novedosa e inesperada, con el Movimiento de Izquierda-Los Verdes como socio principal con el apoyo de los conservadores Partido de la Independencia y Partido Progresista.

“Me siento profundamente privilegiada por haber recibido esa confianza de parte del pueblo islandés, hacia el que siento una tremenda gratitud. Pero, al mismo tiempo, estoy también profundamente cabreada con esa misma gente por no haber hecho un mayor esfuerzo por la democracia, por no haberse esforzado más en presionar por los cambios que los Piratas estábamos tratando de introducir en el Parlamento”, dice Birgitta. “Ser un pequeño grupo parlamentario significa que básicamente lo único que puedes hacer es concienciar a la gente y tratar de que se implique. Y la gente simplemente no nos escuchaba, y no se implicaba. La gente lo único que quería es que fueran otros quienes resolvieran sus problemas. Y así no es como vamos a conseguir cambiar las cosas”.

¿Qué queda del despertar cívico islandés?

Actualmente, Islandia aparece de nuevo como un caso particular de éxito: el de un país resiliente y que fue capaz de recuperarse rápidamente de una enorme crisis económica y política. La inusual coalición gobernante parece estable y la economía lleva varios años funcionando a buen ritmo, en gran parte gracias a un boom del turismo, al que contribuyó la devaluación de la corona islandesa durante la crisis y que es hoy la principal industria del país por delante de la pesca.

Sin embargo, hay quien teme una posible nueva crisis económica, y en 2018 el Banco Central islandés identificó los altos precios inmobiliarios y un posible declive del turismo como los principales riesgos para la economía.

“Siempre intento que la gente se implique y haga cosas durante los buenos tiempos, porque es entonces cuando realmente tenemos el espacio y la energía para hacer el trabajo fundamental de preparación, para así tener algo listo cuando llegue el momento de crisis. Porque las situaciones de crisis son el único momento en que es posible introducir cambios fundamentales, cambiar las reglas del juego, (porque) el juego, como sabemos, está completamente amañado”, dice Birgitta. “Y es muy difícil cambiarlo a lo largo de una maratón, y muchos piratas han empezado a hablar así, 'Este es un proyecto a largo plazo'. Y yo les digo, 'Gente, se os va la puta cabeza'. No es un proyecto a largo plazo, porque entonces acabas asimilado por el sistema, y pierdes lo que te hace diferente y mejor, y te conviertes en uno más de ellos, en parte del poder establecido, y esto le pasa a todos los partidos”.

El juego político puede estar amañado o no, pero sí es cierto que está profundamente sesgado a favor de los partidos políticos tradicionales y de otros actores como la banca, las grandes empresas y los lobbies profesionales.

Una situación de crisis y de pérdida de confianza en las élites políticas tradicionales, como la ocurrida en Islandia en 2008-09, puede aumentar el espacio para la participación ciudadana en la vida política en defensa del interés público. Pero la profesionalización y especialización de los sistemas políticos actuales, que además fueron generalmente diseñados por y para los partido; la enorme inercia que los sistemas electorales y burocráticos tienden a generar; y el hecho de que los marcos narrativos y relatos usados por los medios para cubrir la política se centran en los partidos y en sus líderes, dificultan que la ciudadanía organizada pueda establecerse como un actor político más de forma consistente y duradera.

En Islandia, los Piratas y otros grupos políticos de inspiración ciudadana han perdido visibilidad e influencia, y hay quien los acusa –como Birgitta– de haberse institucionalizado y de haber perdido lo que los hacía diferentes. La constitución redactada por los ciudadanos y aprobada por la mayoría de los votantes en un referéndum, muy progresista y que daría más poder al Parlamento frente al Gobierno y más formas de participación política a los ciudadanos, sigue en el limbo y no sólo no parece que vaya a ser adoptada en el corto o medio plazo, sino que el actual Gobierno ha lanzado un nuevo proceso de reforma constitucional centrado en los partidos con representación parlamentaria. Y las plataformas online de participación ciudadana no han conseguido una masa crítica y representativa de usuarios en otro sector aparte del de la construcción de ciertas instalaciones públicas.

Al mismo tiempo, el ímpetu cívico surgido de la crisis y los diferentes proyectos de implicación ciudadana en política supusieron una infusión de energía y de diversidad y sacudieron un sistema en el que eran sólo unos pocos quienes tenían una capacidad de decisión real. Ahora, la ciudadanía es más consciente de lo que ocurre entre los bastidores de la vida política islandesa y los representantes políticos están más sujetos a la rendición de cuentas. Además, las protestas y la mayor implicación ciudadana en política han cambiado la conversación y el relato sobre los asuntos públicos, y el Parlamento y el Gobierno están más obligados a responder a las preocupaciones de la ciudadanía.

“Democracia no tiene que ser únicamente ir a votar de una forma convencional, eso está muy anticuado”, resume Katrín Oddsdóttir, la abogada de derechos humanos que fue una de las redactoras de la nueva constitución. “Nuestro próximo paso debería ser desarrollar y profundizar la democracia, para lo que hay que usar muchas y diferentes medidas, no podemos simplemente decir, 'Oh, todos deberíamos votar online'. Eso es una gilipollez. Sino que deberíamos encontrar la forma de que la gente se interese porque realmente pueden provocar cambios con su participación”.

“Lo que es fantástico sobre Islandia es que, durante y después de la crisis, la gente que antes sólo hablaba de televisores de plasma y de tipos de cerveza de repente empezó a hablar sobre legislación, la economía, el Banco Central, cuestiones muy complejas. (…) Esas conversaciones forman nuevas redes neuronales en nuestros cerebros, y también en el espacio público, y eso es muy valioso, es fantástico, y eso es lo que va a cambiar el mundo”.

La crisis financiera de 2008 golpeó a Islandia con especial dureza. Se llevó por delante sus tres mayores bancos, el país tuvo que ser rescatado, y el Gobierno cayó tras varios meses de protestas ciudadanas. Hasta ese momento, Islandia era uno de los diez países más ricos del mundo según el PIB nominal per capita y parecía un caso de éxito en todos los frentes. El shock fue tremendo y la pérdida de confianza en los líderes políticos y en las instituciones de gobierno entre los manifestantes y la población en general, enorme. Así que cuando a finales de febrero de 2009 se convocaron elecciones anticipadas para abril, la medida supo a poco a una gran parte de los islandeses.

“La gente nunca se siente empoderada por unas elecciones, yo incluida. Vas, votas y luego hay unas instancias superiores que son quienes deciden el resultado”, comenta Guðrún Pétursdóttir, profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad de Islandia. “El sentimiento de influencia directa no está ahí”.

De hecho, cuando durante las protestas se había hablado de qué exigir, hubo manifestantes que querían una nueva Constitución y que esta vez fuera redactada por la ciudadanía. Los manifestantes querían reiniciar la democracia islandesa –la Constitución en vigor databa de 1944, de cuando Islandia se separó de Dinamarca– y pensaban que no debían ser los partidos ni los políticos quienes reescribieran las reglas del juego en el que luego ellos eran los principales jugadores.

Consciente de que tenía que recuperar la confianza de la gente, la mayoría parlamentaria y el Gobierno que surgieron de las elecciones de abril de 2009, formados por la Alianza Socialdemócrata (Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur, en islandés) y el Movimiento de Izquierda-Los Verdes (Vinstrihreyfingin - grænt framboð), no sólo recogieron la idea de reescribir la Constitución sino que, como habían pedido los manifestantes, decidieron que la propia ciudadanía conduciría el proceso.

“Nos sentimos en un momento histórico”

Llevó tiempo, pero en junio de 2010 la ley que establecía los pasos a seguir fue aprobada por el Parlamento. Se formaría un comité de siete ciudadanos expertos que prepararía materiales y organizaría un Foro Nacional de mil personas para discutir los valores fundamentales de Islandia. Y luego una asamblea de 25 ciudadanos electos reescribiría la Constitución basándose en esos valores fundamentales y con los materiales preparados por los expertos como guía.

Guðrún Pétursdóttir ocupó el puesto de presidenta del comité experto, y el Foro Nacional tuvo lugar el 6 de noviembre de 2010. Al final, participaron unas 950 personas elegidas en un sorteo dirigido para que el conjunto fuera representativo de la población islandesa en cuanto a género, edad y origen geográfico.

“Los mil que vinieron sí se sintieron empoderados, estaban orgullosos de estar allí. Era algo nuevo para ellos, era un tipo de actividad nueva, y creo que les gustó ser escuchados”, relata Guðrún, que se emociona al recordar el encuentro.

En el Foro, los participantes fueron divididos en mesas de unas diez personas de diferente perfiles, y moderadores especialmente formados guiaron las discusiones mientras un programa de ordenador tabulaba los aportes de las mesas. Al final de las conversaciones, el Foro concluyó que la integridad y la honestidad deberían ser los valores fundamentales en Islandia, y que había que esperarlos particularmente de políticos y de empleados públicos. En las conclusiones también se indicó que en la escuela los niños deberían recibir clases de ética desde muy pequeños, que los derechos humanos y también los derechos de los animales deberían ser respetados, y que los recursos naturales sin dueños privados deberían ser nacionalizados.

El Foro también concluyó que en las elecciones el voto de cada persona debería valer lo mismo independientemente de sus circunscripción electoral. Como en España y en otros países, en Islandia los votos individuales acababan teniendo un mayor o menor peso electoral según la población de su circunscripción, lo que en Islandia daba una influencia sobredimensionada a candidatos procedentes de las zonas con pocos habitantes donde la poderosa industria pesquera estaba establecida.

Pero no todo el mundo estaba contento con el Foro Nacional, y hubo gente del ámbito académico que criticó el proceso deliberativo y dijo que las conclusiones eran banales y superficiales. “Claro que no hubo un análisis en profundidad en plan, '¿Qué quieres decir realmente con derechos de los animales?'”, responde Guðrún. “En general, la impresión era que se deberían respetar los derechos de los animales. La mayoría de la gente estaba de acuerdo: 'Muy bien, lo incluimos'”.

Tras el Foro, los ciudadanos interesados podían presentarse a una elección en la que se escogería a los 25 miembros de la Asamblea Constitucional que reescribiría la Constitución. Y se apuntaron un total de 522 personas, muchas más de las que esperaban los organizadores.

A estos candidatos se les dio tiempo en la radio pública para que se presentaran y hablaran de su visión para la nueva constitución, y muchos además también utilizaron las redes sociales para promover sus propuestas. Hay quien recuerda aquellos días de radio como algo hermoso: horas y horas de personas de todo tipo hablando de cómo querían contribuir a cambiar Islandia para mejor.

Sin embargo, prestar atención, escuchar y leer, y luego escoger entre más de 500 candidatos era complicado, y además los principales medios de comunicación no mostraron mucho interés en la campaña. Luego, el voto fue según un sistema nunca antes usado en Islandia y que parecía fastidioso. Las papeletas tenían 25 líneas para que cada elector clasificara sus candidatos preferidos (uno o tantos como quisiera hasta 25), y luego los votos serían distribuidos proporcionalmente según unas complicadas ecuaciones. Actores conservadores, y en particular el Partido de la Independencia (Sjálfstæðisflokkurinn) –en el Gobierno hasta la crisis y que se había opuesto al proceso constitucional desde el principio–, pidieron a sus seguidores que ignoraran estos comicios.

Finalmente, la elección se celebró el 27 de noviembre de 2010 y de ella surgieron las 25 personas que formarían la Asamblea Constitucional que redactaría la nueva constitución. La mayoría de las elegidas eran de Reikiavik, con educación superior y algún tipo de perfil público, y había varios profesores de universidad y periodistas, y otras conocidas por aparecer en los medios de comunicación.

La participación solo llegó al 35,9%, un porcentaje en realidad elevado en aquellas circunstancias, según quienes defienden el proceso. “Hubo unas 80.000 personas [de un censo de 232.000] que se complicaron la vida para poder entender todo el proceso y votar”, comenta Guðrún. “Uno de cada tres la verdad es que no está nada mal”.

Pero quienes se oponían al proceso constitucional entendieron que la participación era demasiado baja para que el voto fuera legítimo, y gente conectada con el Partido de la Independencia refirió la elección al Tribunal Supremo, que en enero de 2011 la declaró inválida debido a aspectos técnicos. Mucha gente vio esta decisión como políticamente motivada, ya que la mayoría de los jueces habían sido nombrados por el propio Partido de la Independencia durante sus 18 años en el Gobierno.

La decisión judicial disolvía la recién formada Asamblea Constitucional, a lo que la mayoría progresista en el Parlamento respondió creando un nuevo órgano, ahora llamado Consejo Constitucional, al que invitó a las mismas 25 personas que habían sido elegidas en los comicios, y de esta forma el proceso pudo continuar.

El Consejo comenzó a trabajar a principios de abril de 2011. Sus 25 miembros tenían la lista de valores fundamentales procedente del Foro Nacional, los materiales preparados por el comité de expertos presidido por Guðrún, espacio de oficina y algunas salas y ordenadores en un antiguo edificio universitario, y tres secretarios. Y menos de cuatro meses para redactar una nueva constitución para Islandia, ya que se les dio el fin de julio como plazo de entrega.

“Nos sentimos en un momento histórico. Estábamos sentados en una sala en un edificio de la universidad y pensamos que ese era un momento en la historia en el que podíamos abandonar o ser valientes y –aunque nos frustraba que el proceso se hubiera tambaleado tanto– continuar y tratar de completar la tarea que nos habían encargado, y hacerlo por la gente”, recuerda Katrín Oddsdóttir, una de las 25 miembros del Consejo, entonces estudiante de Derecho y hoy abogada de derechos humanos. “Y eso también nos animó, en plan, 'Venga, vamos a conseguirlo'”.

Katrín y sus colegas se dividieron en tres comités para trabajar en áreas diferentes: uno, derechos civiles y recursos naturales; dos, la organización del Estado; y tres, el sistema electoral y otros mecanismos de participación política. “Decidimos, 'Vale, estamos intentando hacer algo para cambiar nuestra sociedad, así que vamos a intentar ya ser nosotros ese cambio: vamos a intentar ser lo más transparentes posible, porque así queremos que sean los políticos; y vamos a intentar ser lo más eficientes posible, porque así queremos también que sean ellos'”, relata.

Los integrantes del Consejo querían que el proceso de reescritura fuera participativo pero el calendario no les era propicio: tuvieron que trabajar durante las semanas previas al esperado verano, cuando los islandeses piensan en dónde ir de vacaciones (a mediados de 2011, la economía se estaba recuperando) y desconectan de casi cualquier otro tema, cuenta Katrín. Y como ya había ocurrido con la elección para la Asamblea Constitucional, los grandes medios islandeses mostraron poco interés en el trabajo de las 25 personas que estaban reescribiendo la ley suprema de Islandia.

Los tres comités se reunían una vez a la semana para poner su trabajo en común y discutirlo, y ese encuentro semanal se emitía en vivo por internet y la sala estaba abierta a cualquier persona que quisiera asistir. Los 25 también publicaban cada semana su documento de trabajo en una página web y en Facebook, y pedían a la gente que hiciera comentarios, críticas y sugestiones. “Lo pusimos en internet y pensamos, 'Ah, mierda, va a ser una locura, viendo lo mal que se comporta a veces la gente en internet'”, recuerda Katrín. “Pero luego no fue para nada así, la gente era muy respetuosa y el diálogo era exquisito. La gente se tomó en serio tratar de colaborar, o tratar de expresar sus ideas, pero no intentó insultarnos ni reducirlo a cuestiones personales ni nada así”.

“Mi teoría es que les habíamos mostrado mucho respeto al decir, 'Venid a hacer esto con nosotros', y que nos respondieron con el mismo respeto con su forma de hablarnos. Y esta era la misma gente que luego hablaba o comentaba en los medios así como [gruñe], diciendo cosas horribles”, continúa Katrín. Al final, el Consejo acabaría recibiendo 3.600 comentarios y 370 sugerencias por parte del público.

Los 25 también se pusieron en contacto con expertos para tratar cuestiones particulares. Cuando estaban escribiendo los artículos sobre el medio ambiente, consultaron con un profesor de Derecho Ambiental. Cuando estaban con los artículos relativos a la protección de la infancia, consultaron con Unicef.

“Nosotros, las personas que vivimos en Islandia, queremos crear una sociedad justa en la que cada persona tenga las mismas oportunidades. Nuestros diversos orígenes son una fuente de riqueza para nuestra sociedad, y juntos somos responsables de la herencia de las próximas generaciones y del patrimonio de nuestro país, de su historia, sus recursos naturales, su lengua y su cultura”, así empieza el texto constitucional que el Consejo de 25 ciudadanos aprobó con unanimidad y entregó al Parlamento dos días antes del plazo, el 29 de julio de 2011.

En la ceremonia de entrega, la presidenta del Parlamento recibió la nueva propuesta de Constitución como “algo que realmente no tenía muchas ganas de aceptar”, dice Katrín, y hubo muchos diputados que tampoco parecían muy entusiasmados ante la imagen de estas 25 personas que entraban en el Parlamento con una nueva propuesta de ley suprema bajo el brazo.

En la misma línea que el Foro Nacional, el Consejo no había escrito una constitución muy detallada sino que había dejado espacio a la interpretación, para que fueran leyes particulares las que fueran aportando el necesario nivel de detalle. Los 25 habían tratado de usar un lenguaje claro y que todo el mundo pudiera entender, y la propuesta de constitución respondía al espíritu de las protestas y daba a los ciudadanos más formas para participar en el proceso político. Estipulaba que con apoyo del 2% del electorado la ciudadanía pudiera hacer propuestas legislativas al Parlamento, y que con el 10% pudiera exigir un referéndum sobre leyes recién aprobadas. El texto también modificaba el sistema electoral y establecía que el voto de cada persona debía tener el mismo peso independientemente de su circunscripción.

La propuesta de constitución enfatizaba la protección de los derechos humanos y mencionaba explícitamente los sectores de población más vulnerables, como niños y refugiados, y estipulaba que también los derechos de los animales debían ser respetados. Asimismo, establecía que los recursos naturales que no estuvieran en manos privadas debían convertirse en propiedad pública. También protegía las libertades de información y de prensa, y reforzaba el papel del Parlamento frente a otras instituciones políticas y le daba un rol más importante en la supervisión de las finanzas del Estado.

La respuesta pública a la nueva constitución fue mixta: mientras por lo general gustó a actores sociales y políticos progresistas, por otro lado los partidos en la oposición, sectores conservadores y parte del mundo académico se mostraron críticos con ella, tal y como ya lo habían sido durante todo el proceso constitucional.

Un proyecto constitucional sin resolución

Como siguiente paso, el Parlamento decidió que en octubre de 2012 habría un referéndum no vinculante sobre la propuesta de constitución. En la consulta, los ciudadanos islandeses tuvieron que contestar no una sino seis preguntas diferentes: una general sobre si querían que esta se convirtiera en su nueva constitución (el 67% dijo que sí), y cinco cuestiones sobre las propuestas más polémicas del texto (las cinco fueron aprobadas con una clara mayoría). La participación fue del 49%, una cifra que de nuevo actores críticos con el proceso usaron para deslegitimarlo al señalar que ni siquiera la mitad de los electores habían votado.

Tras el referéndum, el Parlamento envió el texto constitucional a la Comisión de Venecia, un organismo consultivo del Consejo de Europa formado por expertos en Derecho Constitucional. En su opinión oficial, emitida en marzo de 2013, la Comisión de Venecia remarcó la dimensión participativa del proceso y comentó positivamente sobre “el esfuerzo [del texto] para dar una mayor transparencia y claridad al funcionamiento de las instituciones del Estado”.

Pero la Comisión también fue bastante crítica con algunos aspectos de la propuesta de constitución. Dijo que muchas de las disposiciones estaban formuladas “en términos demasiado amplios y difusos”, y que el sistema institucional propuesto era “demasiado complejo y estaba marcado por la falta de consistencia”.

El Parlamento islandés modificó el texto constitucional siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Y al fin, casi tres años después del inicio del proceso, el texto redactado inicialmente por 25 personas elegidas entre la ciudadanía, y que una mayoría de votantes habían apoyado en un referéndum, estaba listo para ser adoptado como la nueva ley suprema de Islandia. Para esto, una mayoría de diputados debían votar a favor de la propuesta de constitución, después tendría que haber elecciones, y luego el recién elegido Parlamento debería igualmente aprobar la nueva constitución por mayoría.

En esos momentos, ya estaban muy próximas las siguientes elecciones generales, previstas para abril de 2013, así que apenas había tiempo para que el Parlamento discutiera y votara sobre la propuesta de constitución. Una mayoría de los diputados, 32 de los 63, se declararon públicamente a favor del nuevo texto constitucional. Y, aun así, el bloqueo de los partidos en la oposición y la falta de resolución por quienes supuestamente sí apoyaban la nueva constitución impidieron que el Parlamento la votara antes del fin de la legislatura.

Las elecciones dieron el poder a una coalición entre el Partido de la Independencia y el Partido Progresista (Framsóknarflokkurinn, y –a pesar de su nombre– un partido agrario de centro-derecha), quienes habían gobernado hasta la crisis y que en esta campaña apenas habían hablado de la nueva constitución. Y una vez en el poder y con mayoría en el Parlamento, simplemente ignoraron el tema.

“Desde nuestro punto de vista, si crees en una sociedad democrática la forma de cambiar la Constitución es según dice la propia Constitución, y no intentando dejar de lado los procedimientos normales”, resume Birgir Ármansson, un veterano diputado del Partido de la Independencia.

“Fue un cambio demasiado grande para que los políticos lo aceptaran, se sintieron demasiado amenazados”, lamenta por su parte Guðrun. “Los políticos caen muy, muy rápidamente en la trampa de pensar que ellos son mejores para preparar y gestionar y decidir qué cambios hay que hacer en la sociedad. (…) El proceso constitucional es un muy buen ejemplo de lo incapaz que es el Parlamento para tener en cuenta la voz de la gente”.

“Esa es la clave de cualquier sistema: siempre trata de mantenerse a sí mismo, es precisamente por eso que es un sistema”, analiza Katrín, que en la actualidad preside la Sociedad Constitucional, un pequeño grupo ciudadano de presión para que la propuesta de constitución sea finalmente adoptada.

A pesar de los esfuerzos de la Sociedad Constitucional, la cuestión no es ahora mismo uno de los temas más candentes en Islandia, hoy ya recuperada de la crisis económica. Aun así, si se les pregunta explícitamente muchas personas sí dicen que preferirían la constitución redactada por los ciudadanos a la que el país tiene actualmente. Y, de hecho, a finales de 2017 una mayoría de islandeses, un 55%, consideraban que renovar la Constitución del país era bastante o muy importante.

Quizá como respuesta a ese dato, en enero de 2018 la nueva jefa de Gobierno, Katrín Jakobsdóttir, del Movimiento de Izquierda – Los Verdes, lanzó un nuevo proceso de reforma constitucional, pero esta vez centrado en los partidos políticos con representación parlamentaria, cuyos líderes conformaron el comité encargado de revisar la actual Constitución de Islandia, y con una duración prevista de siete años. La primera ministra recalcó que el proceso de reforma incluiría consultas públicas, algo que de momento su gobierno no ha detallado.

Por su lado, Katrín Oddsdóttir, de la Sociedad Constitucional, no se rinde, sigue siendo optimista y piensa que la propuesta de constitución que redactaron ella y el resto de los 25 ciudadanos será aprobada antes o después – quizá precisamente en respuesta a una nueva crisis financiera y política. Además, también está convencida de que las protestas y las diferentes iniciativas ciudadanas tras la crisis de 2008 ya han cambiado la sociedad islandesa y la han hecho más consciente y comprometida políticamente.

“Aunque la gente está mucho más calmada (actualmente), ya no salimos cada día de cacerolada a la calle, sí hay un una conciencia que antes no teníamos de que el poder nos pertenece (…), y eso es algo muy valioso”, dice Katrín. “Y creo que la base es un profundo amor por la democracia. En serio. Sé que suena cursi, pero es como si ahora somos nosotros quienes tenemos el poder, como si hubiéramos estado viviendo bajo una mentira y fuimos capaces de romperla”.

En octubre de 2008, Islandia se declaró en bancarrota. Los tres mayores bancos del país no pudieron pagar sus deudas y el valor combinado de sus activos era más de diez veces mayor que el PIB islandés, por lo que el Estado no pudo rescatarlos. De hecho, fue Islandia la que tuvo que ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional, sus vecinos nórdicos y otros países europeos. Como consecuencia del colapso, unas 50.000 personas —casi la sexta parte de la población— acabaron perdiendo sus ahorros, una cuarta parte de propietarios de viviendas incumplieron los pagos de sus hipotecas, y el paro pasó del 1% en 2007 al 8% en 2009, un porcentaje muy elevado para lo habitual en Islandia.

El estallido de la crisis cogió a la mayoría de los islandeses por sorpresa: hasta ese momento su país parecía un éxito en todos los sentidos. En 2008, Islandia era el número uno en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, durante la primera década de los 2000 la economía islandesa había crecido rápidamente, y con ella la riqueza de sus habitantes: entre 2001 y 2007 el PIB per cápita había pasado de 28.500 a 68.400 dólares nominales. La noticia del colapso cayó como una bomba. “Me dejó totalmente en shock, igual que a la mayoría de la gente”, recuerda el veterano artista y activista Hörður Torfason.

La economía islandesa había crecido a costa de acumular una deuda enorme que explotó al inicio de la crisis financiera de 2008. Los islandeses se sentían traicionados por políticos, responsables financieros y banqueros. Tras unas protestas pequeñas y espontáneas en Reikiavik, Hörður, que hoy tiene 74 años, planeó un encuentro mucho más organizado para el sábado 18 de octubre de 2008: preparó un escenario en la plaza frente al Parlamento e invitó a varias personas para que hablaran desde allí.

A esta protesta acudió más gente y se acabó convirtiendo en un evento semanal. Cada sábado, la gente discutía la situación y finalmente acordó unas exigencias tan básicas como ambiciosas: las dimisiones del Gobierno y de los dirigentes de la Autoridad de Supervisión Financiera y del Banco Central.

Tras el parón navideño, el Parlamento reinició su actividad el 19 de enero de 2009 y la primera cuestión en la agenda no tenía que ver con la crisis sino con la venta de alcohol en los supermercados. Fue entonces cuando las protestas se convirtieron en violentas, al menos para los estándares islandeses.

Los manifestantes encendieron una hoguera, que alimentaron con el árbol de Navidad que había en la plaza, y rodearon el Parlamento y lanzaron piedras, papel higiénico, fuegos artificiales y hasta zapatos al edificio y a la Policía, que respondió con gas pimienta y luego gas lacrimógeno. Cuando el primer ministro trataba de marcharse, la gente rodeó su coche y le tiró huevos y latas de bebida.

Con unas 3.000 personas en temperaturas bajo cero —en una ciudad de 120.000 habitantes y en un país de 315.000—, estas fueron las mayores protestas en Islandia desde 1949, cuando la gente se manifestó contra la adhesión de su país a la OTAN (a la que Islandia se unió igualmente).

Unos días después, el 25 de enero de 2009, el ministro de Asuntos Comerciales anunció que había despedido al director de la Autoridad de Supervisión Financiera. Posteriormente, él mismo presentó su dimisión. El día siguiente, toda la coalición de centro-derecha en el Gobierno dimitió. El 26 de febrero el gobernador del Banco Central —que además era un antiguo primer ministro— también fue obligado a dimitir. Las tres exigencias de los manifestantes se habían cumplido tras unos pocos meses de protestas y de debates ciudadanos en la plaza frente al Parlamento.

Un Gobierno en funciones convocó elecciones anticipadas para el 25 de abril, que dieron una mayoría parlamentaria y el Gobierno a una coalición entre los socialdemócratas, que también habían sido socios en el anterior Ejecutivo, y el movimiento de Izquierda- Los Verdes, anteriormente en la oposición.

Los antecedentes del colapso

La cosa no quedó ahí. Ya antes, y en parte gracias a la presión ciudadana, en diciembre de 2008 el Parlamento había creado una comisión de investigación sobre los antecedentes y las causas del “Colapso”, como los islandeses se refieren al estallido de la crisis. En abril de 2010, el informe de la comisión, publicado en ocho detallados volúmenes, acusó de “negligencia grave” al entonces primer ministro y a otros altos cargos del Gobierno por no haber intervenido mientras los bancos se enriquecían a costa de una deuda que acabó llevándose por delante al sistema financiero islandés.

La cosa tampoco quedó ahí. En 2009, el nuevo Gobierno creó un puesto de fiscal especial para investigar los posibles delitos durante el periodo anterior al “Colapso”. En un principio nadie se postuló para el trabajo, pero finalmente un policía de un pueblo cercano a Reikiavik, sin experiencia en delitos financieros, ocupó el puesto y empezó a investigar. El resultado es 31 personas condenadas a un total de 99 años de cárcel entre todas las sentencias (aunque algunos casos están en fase de apelación) por delitos que van desde uso de información privilegiada y manipulación de mercados.

Y esto tampoco fue todo: la crisis y las protestas supusieron un despertar cívico para muchos islandeses, que hasta entonces habían confiado casi ciegamente en sus representantes políticos y en otros dirigentes, y que de golpe se dieron cuenta que no basta con votar una vez cada varios años: que si uno quiere ser un ciudadano responsable, ha de asumir la dimensión política de su ciudadanía más allá del voto.

Las conversaciones en la plaza habían servido de foro en el que los manifestantes debatieron cómo implicarse en la vida política de su país: democracia directa, partidos ciudadanos, una nueva Constitución… La crisis sirvió también de oportunidad y dio lugar a varias formas de experimentación política desde la ciudadanía.

El caso de Islandia se convirtió en un aviso y en un ejemplo para políticos y ciudadanos de otros lugares a medida que la Gran Recesión y la desconfianza hacia políticos y banqueros extendían las protestas y la ocupación de las plazas internacionalmente, como en España durante el 15-M.

Hoy, diez años después de aquel 2009 en el que los islandeses trataron de recuperar las riendas de su país, ¿qué ha sido de aquellos experimentos ciudadanos políticos en Islandia?

Democracia digital

Durante las protestas, una de las ideas más repetidas fue que los ciudadanos pudieran participar directamente y de forma continua en el proceso de toma de decisiones. “En aquel momento pensamos, '¿Qué podemos hacer con Internet para dar a la gente más influencia?' Y lo que se decía era, 'Oh, lo único que necesitamos es democracia directa, deshacernos de los políticos”, recuerda Róbert Bjarnasson, emprendedor y activista medioambiental.

Róbert y Gunnar Grímsson, desarrollador web y consultor, construyeron una página llamada Parlamento en la Sombra (Skuggaþing), que ya en mayo de 2009 era funcional. El sitio web recogía automáticamente las propuestas de ley que se estaban debatiendo en el Parlamento, y permitía a los usuarios informarse, monitorear y comentar esos debates, y también sugerir sus propias enmiendas a las propuestas de ley. Pero la web del Parlamento en la Sombra no estaba afiliada con el Parlamento real, y los diputados podían ir y leer lo que decía la gente o —como solía ocurrir— simplemente ignorarlo.

Parlamento en la Sombra recibió atención en la blogosfera islandesa, apareció en algunos medios de comunicación, y un cierto número de gente llegó a ser bastante activa en el sitio. Pero a Róbert y Gunnar les sorprendió y decepcionó que no hubiera más gente que visitara y participara en este parlamento paralelo. “Había tanta indignación en la sociedad, había tanta gente reclamando, 'Tenemos que cambiar esta situación, no podemos seguir viviendo así, tenemos que mejorar las cosas, bla bla bla'. Creíamos que todo el mundo empezaría a usar el sitio web”, comenta Gunnar.

Pensaron que una de las razones de la falta de participación era que la gente está más inclinada a intervenir en las decisiones que afectan a su día a día que en cuestiones de Estado. Así que Róbert y Gunnar usaron la misma tecnología que habían desarrollado para Parlamento en la Sombra (que llamaron Tus Prioridades —Your Priorities— y que hicieron disponible como software de código abierto para que cualquiera pudiera usarlo gratuitamente) y lanzaron un nuevo sitio llamado Ciudad en la Sombra (Skuggaborg) unas semanas antes de las elecciones locales previstas para mayo de 2010.

Todos los partidos que se presentaban a las elecciones en Reikiavik recibieron espacio en Ciudad en la Sombra para publicar su programa electoral y para interactuar con los ciudadanos. Pero casi todos los partidos ignoraron este espacio en Internet, excepto uno que sí decidió tratar de aprovechar las posibilidades que ofrecía: el Mejor Partido (Besti flokkurinn).

Esta agrupación se llamaba realmente así, ya que en un principio la habían creado como una parodia de los partidos tradicionales el cómico Jón Gnarr y algunos amigos suyos, incluyendo expunks, cantantes y artistas. Burlándose de la banalidad habitual de los programas electorales, el Mejor Partido prometió, primero, incumplir todas sus promesas. Y luego se lanzó a prometer construir un parque de atracciones Disney World, dar toallas gratis en las piscinas, adquirir un oso polar para el zoo de Reikiavik… Su “Programa de 10 puntos” tenía en realidad 13 puntos, y en su vídeo promocional aparecían Jón Gnarr y sus colegas cantando en islandés con la música de la canción The Best de Tina Turner.

Aún había desconfianza hacia los partidos tradicionales, las bromas de Jón Gnarr conectaron con la gente, y poco antes de las elecciones el Mejor Partido era líder en las encuestas y se enfrentaba a la posibilidad de ganar y tener que gobernar realmente la ciudad. Fue entonces cuando el Mejor Partido decidió aprovechar el sitio web Ciudad en la Sombra, para escuchar al electorado y recabar propuestas políticas por parte de la ciudadanía por si acaso acababa teniendo que gobernar desde el Ayuntamiento.

Llegó el día de las elecciones, el 29 de mayo de 2010, y el Mejor Partido fue el más votado, con un 34,7% que le dio seis de los 15 regidores. Mientras el partido de Jón Gnarr iniciaba conversaciones con posibles socios de gobierno, Ciudad en la Sombra abrió una sección llamada Una Mejor Reikiavik (Betri Reykjavík), donde la gente podía hacer propuestas de mejora para la ciudad para que los partidos las tuvieran en cuenta en las negociaciones. Unas 5.000 personas usaron el sitio (casi el 9% de los electores) y crearon casi 2.000 prioridades, muchas de las cuales acabaron formando parte del acuerdo de gobierno al que finalmente el Mejor Partido llegó con el partido Social Demócrata.

Róbert y Gunnar convirtieron Una Reikiavik Mejor en un sitio web autónomo, y al nuevo alcalde Jón Gnarr le gustó tanto que quiso institucionalizarlo como parte de la administración local. “Los burócratas no sabían cómo hacerlo porque algo así les era muy ajeno, que de repente hubiera tantos ciudadanos participando de algún modo en el Gobierno”, comenta Róbert. “No es que los propios funcionarios estuvieran contra el sitio web, pero el sistema sí lo estaba, porque los sistemas burocráticos generan mucha resistencia ante cualquier cambio”, cuenta.

Tras varios meses de negociaciones, en octubre de 2011 el Ayuntamiento de Reikiavik firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Ciudadanos (Citizens Foundation, CF, una organización sin ánimo de lucro creada por Róbert y Gunnar en diciembre de 2010) para institucionalizar Una Reikiavik Mejor como parte de la administración local. Desde entonces, la CF ha mantenido el sitio web como un servicio público, y cada mes las prioridades ciudadanas con más votos positivos, en total y en diferentes categorías (medio ambiente, transporte, educación…), pasan automáticamente a la agenda del departamento en cuestión del Ayuntamiento. Y así sigue funcionando aún hoy.

Durante todo ese tiempo, Róbert y Gunnar habían ido modificando el software —Tus Prioridades— y el sito Una Reikiavik Mejor para que el sistema fuera más funcional, más gráfico, más simple. “(Se trata) de que sea ameno y entretenido. Queremos que sea fácil, entretenido, informativo, educativo. Hay tantísima competición (en Internet)”, dice Róbert.

Cuando lanzaron Parlamento en la Sombra, y como a menudo ocurre en foros de Internet, en los comentarios la gente acababa insultándose y discutiendo cuestiones no relacionadas con el tema original. Así que Róbert y Gunnar habían ido desarrollando un sistema particular para tratar de incentivar que los usuarios tuvieran conversaciones productivas.

Ahora, en la parte superior de la página está la propuesta ciudadana en cuestión, descrita con un texto breve y que los demás usuarios pueden votar como buena o mala. Bajo la propuesta, hay dos columnas en las que la gente puede publicar notas breves para argumentar a favor en una columna y en contra en la otra. Los usuarios no se pueden responder directamente sino que tienen que escribir notas independientes argumentando por o contra la propuesta en cuestión. Lo que la gente sí puede es votar como buenos o malos los diferentes argumentos, que la página muestra ordenados de “mejores” a “peores” según estos votos, lo que en teoría debería recompensar a los comentarios más constructivos a ambos lados del debate.

Basándose en la misma idea y usando la misma tecnología, la CF desarrolló también una herramienta de presupuestos participativos para la plataforma Una Reikiavik Mejor. La llamaron Unos Barrios Mejores (hoy se llama simplemente Mi Barrio —Hverfið mitt—) y empezó a funcionar en 2012, cuando el Ayuntamiento asignó 300 millones de coronas islandesas (unos 1,85 millones de euros) del presupuesto municipal para la construcción o mejora de infraestructuras propuestas, discutidas y priorizadas por la ciudadanía a través del sitio web.

“La idea es también que sea una herramienta educativa que instruya a los ciudadanos sobre el presupuesto, sobre cuánto cuesta construir algo en la ciudad, que hay limitaciones, que no es posible tener todo lo que se quiere”, dice Róbert, que está convencido del potencial del sistema también para la toma de decisiones políticas de más calado.

En Mi Barrio, los usuarios —que al contrario que en Una Reikiavik Mejor deben estar registrados con su identidad real— proponen, discuten y votan por unos proyectos u otros. Luego el Ayuntamiento envía las propuestas con más votos a una serie de comités técnicos que estiman su coste. Entonces los proyectos vuelven al sitio web etiquetados con este precio, y ahora los usuarios pueden elegir sus preferidos de una forma muy gráfica que va restando el dinero disponible a medida que se van eligiendo proyectos. La idea es que la gente experimente las limitaciones presupuestarias y cómo se está obligado a elegir solo algunos de todos los proyectos que la ciudadanía querría llevar a cabo.

Entre 2012 y 2018, cerca de 700 propuestas ciudadanas fueron aprobadas a través de este sistema, según las cifras de la CF y del Ayuntamiento. “Cada barrio al que vayas contiene ideas de los ciudadanos. Cuando la gente mira por la ventana, (ve que) ha estado participando en el proceso y la prueba la tiene a la vista, ve que realmente puede tener influencia”, explica Róbert. Durante 2018, un 12,3% de la población de Reikiavik mayor de 15 años participó en las deliberaciones, y el Gobierno local destinó 450 millones de coronas (unos 2,78 millones de euros) a financiar los 88 proyectos finalmente escogidos. Estos van desde la construcción de canchas de baloncesto, carriles bici y caminos para viandantes, a plantar árboles y distribuir más contenedores para la basura, pasando por la edificación de un mercado de alimentación y de saunas.

En cuanto a Una Reikiavik Mejor, actualmente hay unos 20.000 usuarios registrados, aunque en total más de 70.000 personas lo han usado en un momento u otro desde su lanzamiento (en una ciudad hoy de unos 122.000 habitantes), y la gente ha creado más de 6.800 propuestas, todo según las cifras de la CF. De esas propuestas, el Ayuntamiento ha revisado más de 3.000 y alrededor de un centenar han acabado siendo aprobadas.

Tras el rápido éxito en Reikiavik, ya a finales de 2011 la CF había lanzado un sitio que llamó Una Mejor Islandia (Betra Ísland), una versión renovada de Parlamento en la Sombra que ahora funcionaba de un modo similar a Una Mejor Reikiavik. Cuando un cierto número de usuarios apoyaban o rechazaban alguna iniciativa o propuesta parlamentaria, el sitio web enviaba automáticamente los temas de discusión y los comentarios de los usuarios al Parlamento.

Sin embargo, y al contrario que su equivalente municipal, Una Mejor Islandia no estaba integrada en la administración nacional, y los diputados y los comités parlamentarios aún podían simplemente ignorar los comentarios y propuestas que les llegaban del sitio web. Tal y como pasó con Parlamento en la Sombra, Una Mejor Islandia no consiguió el nivel de aceptación y participación que sí tiene Una Mejor Reikiavik, y de nuevo puede ser en parte debido a que los procesos de toma de decisiones y de elaboración de políticas públicas en el plano nacional no generan tanto sentimiento de inmediatez o de conexión personal como sí ocurre con el plano local.

Desde 2014, Una Mejor Islandia aloja páginas de otras ciudades que funcionan al modo de Una Mejor Reikiavik. Y una sección dentro del sitio madre, Querido Parlamento (Kæra Alþingi), sigue funcionando tal y como lo hacía Parlamento en la Sombra.

¿Democracia directa… para qué y para quién?

Aparte de las trabas para que estas plataformas consigan que suficiente gente participe más allá del ámbito local —o incluso más allá del ámbito de ciudades pequeñas y muy desarrolladas como Reikiavik—, también existe la cuestión de qué tipo de ciudadanos acaban siendo activos en estos sitios. Parece que los usuarios más participativos tienden a ser los mismos que ya están implicados políticamente fuera de Internet. Muchos, además, cuentan con bastantes recursos educativos, económicos y materiales, por lo que existe el temor de que estas tecnologías participativas contribuyan a discriminar a quienes ya tienen dificultades para acceder al proceso político debido al idioma, la educación u otras barreras socioeconómicas como inmigrantes, personas mayores y las clases bajas.

Asimismo, estas plataformas suelen carecer de mecanismos que permitan a los ciudadanos insistir o presionar a los representantes políticos si estos no responden o el proceso no avanza. Y también está el peligro de que incentivar la participación individual mediante plataformas digitales acabe conllevando que prácticas colectivas más tradicionales, como la participación a través de la sociedad civil organizada, pierdan relevancia.

La CF reconoce estos riesgos y limitaciones, y ya en 2013 Róbert y Gunnar empezaron a trabajar en un sistema de inteligencia artificial (AI) al que llaman Ciudadano Activo (Active Citizen) y con el que esperaban reducir las diferencias en el acceso a las plataformas participativas. La idea es que este sistema de AI, que funcionaría como una especie de asistente digital, siga la actualidad política y la actividad parlamentaria y la de otras instituciones, para luego mantener a cada usuario al día mediante notificaciones y mensajes sobre las cuestiones que le interesan. El objetivo es que así sea más práctico y fácil para el usuario simplemente responder y seguir o participar en el debate público sobre tales cuestiones mediante sus propios comentarios o propuestas.

El software Tus Prioridades que desarrollaron Róbert y Gunnar se ha usado también fuera de Islandia. Uno de los ejemplos más exitosos es el de Estonia, donde se ha usado para abrir al público la elaboración de varias leyes nacionales. También las plataformas participativas Decide Madrid (en la que la CF participó como consultora) y Decidim Barcelona son en cierto modo herederas del software iniciado por Róbert y Gunnar en 2009.

Aunque, tal y como ocurre por ejemplo con Una Mejor Islandia, de momento sigue abierta la cuestión de si estas dos plataformas españolas han conseguido un nivel suficientemente inclusivo y significativo de participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y en la gestión de las dos ciudades. Igualmente, y más en general, aún no sabemos si estos sistemas deliberativos y las herramientas de presupuestos participativos pueden acabar consiguiendo una masa crítica de usuarios en el plano nacional y cuando se trata de cuestiones de Estado.

Además, una página web participativa que pretenda enganchar a la gente tiene que recompensar de algún modo esa implicación, tiene que hacer sentir a los usuarios que están perdiéndose algo importante si no entran en esa web. Pero eso es exactamente lo que hacen redes sociales como Facebook para que los usuarios queden atrapados en su plataforma y pasen el mayor tiempo posible en ella. Y tanto Gunnar como Róbert creen que ese no es el modelo a replicar para construir páginas web participativas. Porque un sitio como Facebook genera todo tipo de incentivos perversos para que sus usuarios acaben obsesionados o adictos al uso de la plataforma: tiende a desatender debates moderados y constructivos en favor de titulares, declaraciones y comentarios sensacionalistas y escandalosos, y de clickbait o ciberanzuelos.

“Lo cierto es que es muy difícil desarrollar una página web participativa que funcione bien, que atraiga a la gente y que les haga querer volver una y otra vez para hacer algo, y esto con una página que solo hable de ideas y de nada más”, comenta Gunnar, que dejó la CF en enero de 2017. “Si quieres que la gente participe en algo de forma regular, entonces tiene que ser ameno y divertido, tiene que ser entretenido de alguna forma”, concluye.

El 1 de abril de 2016, los medios polacos informaron de una iniciativa legislativa popular (ILP) llamada “Stop Aborto” y redactada por el think tank católico Ordo Iuris. La propuesta pretendía permitir el aborto solo en caso de peligro de muerte de la madre, y quería criminalizar a las mujeres que trataran de abortar por cualquier otro motivo.

La legislación polaca era ya era una de las más restrictivas de Europa: el aborto solo estaba permitido si el embarazo era resultado de una violación o de incesto, si el feto estaba irreversiblemente dañado, o si la vida de la mujer estaba en peligro. Si esa nueva ILP se aprobaba, estaría por ejemplo prohibido abortar en caso de violación; y si la mujer lo intentara, podría acabar en prisión durante hasta tres años.

“Pensé que toda esa historia de la nueva ley era un chiste”, no por nada era el 1 de abril, recuerda Agata Majewska, de 36 años y diseñadora de moda en Varsovia (en Polonia, como en muchos otros países, el equivalente al Día de los Inocentes es el 1 de abril).

Pero no solo no era una broma sino que, además, la ILP contaba con el apoyo de la poderosa Iglesia católica polaca y del partido nacionalista y conservador Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), en el Gobierno desde poco antes y con mayoría parlamentaria.

Cuando empezó a ver noticias sobre la ILP, Agata estaba sola en su oficina, así que entró en Facebook y preguntó a varias amigas si tenían más información. Como apenas recibió respuestas, y con la idea de que sería más práctico para hablar del tema, creó un grupo de Facebook. Lo llamó Chavalas Por Chavalas (Dziewuchy Dziewuchom), usó una ilustración de un útero negro haciendo un corte de manga como logotipo, invitó a varias de sus amigas al grupo, y dejó Facebook y siguió trabajando.

Cuando un rato más tarde Agata volvió a entrar en Facebook, de alguna forma el grupo había crecido hasta unos 5.000 personas. Y cuando llegó a su casa esa noche, el grupo iba por las 30.000: casi todas mujeres polacas, y muchas hablando abiertamente sobre el aborto y expresando su indignación ante la propuesta de ley. Era increíble, Agata estaba en shock: nunca había visto algo así en Internet en Polonia, donde el tema del aborto es tabú. Y esto estaba ocurriendo en un grupo que había creado ella misma solo unas horas antes.

En un grupo de Facebook, los miembros pueden publicar notas, documentos, imágenes, enlaces… Y luego otros miembros pueden pinchar en “Me gusta” y escribir comentarios en las entradas publicadas, lo que puede dar lugar a conversaciones que pueden alargarse hasta los cientos de mensajes. Es una idea muy simple pero también muy potente, porque de este tipo de grupos en internet pueden emerger nuevas comunidades e identidades.

“Enseguida hubo gente en el grupo que empezó a preguntar, ‘¿Quién es la administradora? ¿Tiene experiencia en estas cosas? Porque hay muchísima energía y algo bueno podría surgir de aquí, así que no vayamos a cagarla’”, recuerda Agata.

De un modo explosivo e inesperado, el grupo de Facebook que Agata había creado de casualidad se había convertido en el lugar en el que estar en la internet polaca para hablar sobre la propuesta de ley y el aborto. El problema era que ella no tenía ni idea de cómo administrar un grupo de Facebook. En un primer momento, había escrito a organizaciones y páginas web feministas para ver si querían hacerse cargo del grupo, pero no había recibido apenas respuestas ni interés. Al final, fue un miembro de Dziewuchy, una chica, quien espontáneamente escribió a Agata y le enseñó todas las diferentes posibilidades y opciones.

Esta chica le dijo que lo primero debería hacer es ponerle candado a Dziewuchy. Sin saberlo, Agata lo había creado como un grupo abierto, lo que permitía a cualquier usuario de Facebook unirse sin más, y a cualquier persona en internet leer las conversaciones en el grupo incluso sin iniciar sesión en Facebook. Esto había contribuido al crecimiento exponencial de Dziewuchy, pero también había dejado la puerta abierta a los trolls, como se conoce a las personas que se dedican a provocar e insultar con el fin de arruinar conversaciones en internet.

En un grupo de Facebook cerrado, solo pueden leer las conversaciones quienes son miembros. Para poder unirse al grupo, otros usuarios de Facebook tienen que enviar una solicitud, y entonces los administradores (o admins) deciden a quién aceptar. Como creadora de Dziewuchy, Agata era la única admin, y en cuanto cerró el grupo se empezaron a acumular rápidamente centenares de solicitudes de personas que querían entrar. Agata vio que tendría que convertir a algunos miembros en admins para que pudieran ayudarla con la gestión del grupo. Publicó una nota para pedir voluntarios y solo se ofrecieron ocho chicas y Agata no conocía a ninguna de ellas. Las nuevas admins tendrían el poder de expulsar a gente del grupo y de borrar conversaciones enteras: ¿cómo podía saber Agata de quién fiarse?, ¿cómo evitar convertir en admin a alguien con malas intenciones?

Revisó los perfiles en Facebook de las candidatas y se dejó llevar por su instinto. Al final, escogió a tres chicas más o menos de su edad: Barbara Baran (o Basia), psicóloga y experta en derechos reproductivos y que en ese momento vivía en Barcelona; Joanna Filipczak-Zaród, psicóloga y mediadora en Varsovia; y Katarzyna von Alexandrowitsch (o Kasia), quien como Agata tenía experiencia en diseño y también vivía en Varsovia. En un momento, las cuatro pasaron de no conocerse a ser las admins de Dziewuchy Dziewuchom, donde decenas de miles de mujeres estaban hablando sobre el aborto y expresando su rabia de un modo como nunca antes se había hecho en Polonia.

“Al principio era emocionante, claro, porque antes de Dziewuchy no había ningún gran espacio feminista, ni en la Internet polaca ni en la vida real”, dice Basia. “Pero a los pocos minutos Agata estaba aterrorizada, yo estaba aterrorizada... porque la creación del grupo no respondía a ningún plan, no teníamos ni idea de qué íbamos a hacer”.

Agata, Basia, Kasia y Joanna iniciaron un chat privado para hablar de cómo gestionar el grupo. ¿Deberían moderar las conversaciones? ¿Deberían identificar explícitamente el grupo como proelección? Decidieron pasar la conversación a una videollamada por Skype: esa fue la primera vez que las cuatro se vieron, y la llamada duró toda esa primera noche.

“Y lo primero que hicimos fue preparar un manifiesto”, recuerda Kasia. “Queríamos estar seguras de que las cuatro éramos proelección, teníamos que conocernos un poco y saber que pensábamos de forma similar”. Enseguida vieron que ellas cuatro eran explícitamente proelección y defendían liberalizar el acceso al aborto. Pero prefirieron mantener el manifiesto privado porque no querían imponer ningún punto de vista particular al grupo: querían que Dziewuchy desarrollara su propia identidad comunitaria.

Sí decidieron que las conversaciones serían moderadas: los miembros ya no podrían publicar automáticamente cualquier cosa, sino que cada nota, imagen, vídeo o enlace que quisieran publicar en el grupo tendría que ser aprobado antes por una admin. Esto no solo iba a darles mucho trabajo a las cuatro sino que uno puede preguntarse qué necesidad hay de moderar un grupo de Facebook: sus miembros pueden ignorar las conversaciones que no les gusten y marcharse del grupo cuando quieran.

Pero Dziewuchy Dziewuchom no era un mero grupo de Facebook: en menos de un día se había convertido en un espacio seguro donde las mujeres polacas podían discutir y seguir juntas la actualidad de esta ILP que afectaba sus derechos reproductivos. Para muchas de ellas, esta era la primera vez que se encontraban en este tipo de espacio común, la primera vez que podían expresarse libremente y entablar conversaciones con otras mujeres sobre estas cuestiones. Y las admins decidieron que moderar el grupo era necesario para evitar notas ofensivas y el troleo de miembros malintencionados, y también para evitar conversaciones repetidas o sobre cuestiones no relativas a los derechos reproductivos.

Escribir respuestas a las notas publicadas como entradas en el grupo sí seguiría abierto: cualquier miembro podría escribir cualquier cosa en los comentarios, y las cuatro admins concibieron en privado algunas normas para no tener que recurrir a borrar mensajes. “Si alguien usaba un argumento falso o mencionaba algo que no era cierto médicamente, nosotras interveníamos y escribíamos mucho. No se trataba de borrar comentarios, es muy fácil limitarte a borrar comentarios; pero lo que hay que hacer es enseñar a la gente, explicar que algo no es cierto por esto, por esto, por esto y por esto otro. Y para probar nuestra opinión teníamos que añadir enlaces, documentarnos bien antes”, relata Kasia. “Y era muy satisfactorio, porque cuando veían que queríamos ayudar y justificar lo que escribíamos, a menudo la gente cambiaba de opinión, ‘Vale, ahora entiendo qué quieres decir, disculpa lo de antes, me has abierto los ojos, gracias’”.

Además de revisar todas las solicitudes de gente que quería unirse al grupo, y de decidir qué notas se publicaban, las admins trataban de seguir todas las conversaciones y estar listas a intervenir para corregir errores o para evitar conflictos. Resultó que ser admin de Dziewuchy Dziewuchom era un trabajo mucho más laborioso y cansado de lo que ellas habían imaginado.

Porque además el grupo había seguido funcionando. Aún había indignación, rabia, enfado; pero durante la noche las conversaciones fueron tratando cada vez más de qué hacer, cómo reaccionar a la propuesta de ley. Había diferentes opiniones, las discusiones se sucedían a un ritmo frenético: el grupo era un organismo vivo, una emergente conciencia colectiva sobre el acceso al aborto y los derechos y la sexualidad de las mujeres, cuestiones normalmente muy restringidas en Polonia en la esfera pública y también en la privada. En la mañana del segundo día, el 2 de abril, una de las chicas escribió: “Nunca antes me había despertado formando parte de un grupo tan grande de mujeres :) (…) Estemos todas preparadas para este tipo de conversaciones tan difíciles. Os deseo mucha paciencia, empatía y, sobre todo, coraje. :)”

‘¡Apoya a las chavalas!’

Ya durante ese segundo día parecía cada vez más claro que la mayoría de los miembros –o al menos los más activos– tendían a ser proelección. Cuando ese día Barbara Nowacka, activista y excandidata a la presidencia del Gobierno por una coalición de izquierdas, anunció una ILP rival llamada “Salvemos a las mujeres” para tratar de liberalizar el acceso al aborto, muchas personas en Dziewuchy dijeron que se organizarían para recoger firmas.

El lunes 4 de abril, el grupo tenía más de 66.800 personas. Aunque se turnaban para gestionarlo, las cuatro admins apenas habían dormido durante el fin de semana. “Y la segunda vez que nos llamamos (por Skype), todas lloramos. Pero también de alegría, recibimos muchos mensajes como, ‘Muchas gracias, chicas, por vuestro trabajo, por estar comprometidas, por querer cambiar la situación’”, recuerda Kasia.

Mensaje a mensaje, la comunidad maduraba y los miembros tendían a una posición que todos podían compartir. El 6 de abril, en una nota muy larga, una mujer explicaba: “Yo estoy en contra del aborto. No puedo imaginar la posibilidad de abortar solo porque el embarazo no encaja en mi plan de vida. (…) Sin embargo, el mundo es mucho más complicado de lo que nos gustaría. Hay situaciones en la vida que me dejan completamente impotente. (…) Admiro y respeto profundamente a las mujeres que deciden tener el bebé a pesar del riesgo de muerte. Para mí, son heroínas. Pero, al mismo tiempo, creo que no tengo ningún derecho a imponer ese heroísmo a ninguna mujer. Y que nadie más lo tiene: ni los políticos, ni los obispos, ni los médicos y ni siquiera el padre del bebé”.

La cuestión más divisiva era cómo debería Dziewuchy relacionarse con otros grupos y organizaciones, y en particular con los partidos políticos. La mayoría de los miembros despreciaban a los políticos y no querían tener nada que ver con ellos. Como en otros países e idiomas, para mucha gente “político” y “política” se habían convertido prácticamente en insultos. “(Pero) lo que nosotras hacemos es política, y desde el primer momento decidimos que en todos nuestros comunicados, en la información para la prensa y en todo eso lo diríamos así: que lo que hacemos es política pero que no somos un partido político”, cuenta Basia.

Mientras que Dziewuchy se mantendría estrictamente apartidista, el grupo sí decidió colaborar con otras organizaciones de la sociedad civil que defendieran los mismos valores; y las admins anunciaron que Dziewuchy coorganizaría una protesta junto al Parlamento el sábado 9 de abril de 2016, como parte de una coalición llamada “Recuperemos la elección”.

El 7 de abril, Basia publicó una foto de sí misa en la pose del famoso cartel de “We Can Do It!”, hoy convertido en icono feminista, con la etiqueta #ApoyaALasChavalas (#PopieramDziewuchy), y pidiendo a la gente que participara en la protesta prevista dos días más tarde. Kasia y Joanna respondieron enseguida subiendo fotos de ellas mismas con carteles que decían #ApoyaALasChavalas. Y muchos más miembros y también gente de fuera del grupo empezaron a publicar imágenes con ese mensaje. La etiqueta se viralizó, también fuera de Polonia traducida al inglés (#SupportTheGals), y políticos y famosos se sumaron a la convocatoria.

Durante la protesta el 9 de abril, Kasia y Joanna leyeron un discurso desde el escenario en nombre de Dziewuchy: “Para muchas de nosotras, esta es la primera vez que expresamos nuestra oposición, la primera vez en nuestras vidas que nos comprometemos con algo de esta forma. (…) Nuestro grupo es un lugar donde las mujeres pueden por fin tener una voz propia y expresarse de un modo que antes no nos estaba permitido. Las conversaciones que hemos tenido nos han hecho darnos cuenta de que somos capaces de tomar las riendas de nuestra situación y de luchar por nuestros derechos”.

Esa noche, apenas nueve días tras su creación, Dziewuchy Dziewuchom llegó casi a los 100.000 miembros. Y ese día fue también la primera vez que Agata, Kasia y Joanna se conocieron en persona (Basia aún vivía en Barcelona).

Hacia la Protesta Negra

A partir de ese momento, el grupo se estabilizó (hoy tiene alrededor de 103.000 miembros) y el trabajo de las admins prácticamente se profesionalizó, con la diferencia de que ellas lo han ido haciendo en su tiempo libre y sin cobrar.

Mientras que el grupo era el lugar para conversar, compartir historias y organizar protestas y otros eventos, las admins también crearon una página de Facebook llamada Dziewuchy Dziewuchom, que a diferencia del grupo es como un tablón de anuncios público que usan como herramienta de comunicación. Las admins diseñan imágenes y mensajes que publican en esta página y también en otras redes sociales, y que a menudo se convierten en memes virales.

A medida que Dziewuchy ganaba visibilidad fuera del grupo, los políticos en Polonia también tomaron nota del crecimiento enorme del grupo y de su capacidad para movilizar mujeres y para llegar al público femenino, y representantes de partidos de la oposición contactaron a las admins para hablar sobre la posibilidad de colaborar, algo que Dziewuchy nunca ha aceptado. “Políticos de la Plataforma Cívica (Platforma Obywatelska, un partido cristiano demócrata) y de Moderno (Nowoczesna, un partido liberal) trataron de convencernos, ‘Venga, tenemos que luchar todos juntos contra el PiS (el partido nacionalista y conservador en el Gobierno), pero vamos a dejar todo este tema del aborto para más adelante’. Y llevan años haciendo eso”, relata Basia. “El apoyo de la Iglesia es muy importante, lo es para el PiS pero también para la Plataforma Cívica”.

A partir de abril y hasta el fin del verano de ese año, hubo numerosas protestas locales organizadas por mujeres en pueblos y ciudades por toda Polonia. El hecho de que muchas de estas mujeres eran miembros de Dziewuchy ayudó a coordinar y a hacer un seguimiento de todas estas manifestaciones, y las admins mantuvieron un mapa constantemente actualizado de todas estas protestas. “Grupos muy diferentes de mujeres se involucraron para organizar estas manifestaciones, y era la primera vez que organizaban algo así, la primera vez que eran tan proactivas. Muchas mujeres se sorprendieron a sí mismas al ver que eran capaces de influir en la realidad de esa forma. (…) Hubo muchos mensajes en ese sentido”, recuerda Agata.

Durante ese mismo periodo, las admins y varios miembros de Dziewuchy contribuyeron a coordinar la recogida de firmas para apoyar la ILP “Salvemos a las mujeres”, que pretendía liberalizar el aborto. En Polonia, estas iniciativas legislativas ciudadanas necesitan obtener 100.000 firmas para que el Parlamento las tome en consideración, y “Salvemos a las mujeres” consiguió 215.000. Por su lado, la ILP restrictiva “Stop Aborto”, con el apoyo de la Iglesia y el partido en el Gobierno, llegó a más de 450.000 firmas.

Ambas propuestas de ley fueron debatidas en el Parlamento el 23 de septiembre de 2016. “Salvemos a las mujeres” fue rechazada tras la primera deliberación, mientras que una mayoría de diputados aprobó enviar “Stop Aborto” al siguiente paso de la tramitación en su camino hacia convertirse en ley.

Unos días antes, el partido de izquierdas Juntos (Razem) había pedido a las mujeres polacas que vistieran de negro para mostrar su oposición a “Stop Aborto”, y la etiqueta #ProtestaNegra (#CzarnyProtest) había empezado a circular por las redes sociales. Tras el debate parlamentario, la abogada y activista Marta Lempart propuso hacer de la Protesta Negra una gran huelga de mujeres el 3 de octubre contra la tramitación parlamentaria de “Stop Aborto”, y la idea resonó entre mucha gente y se extendió con rapidez.

Con menos de dos semanas para organizar la protesta, Dziewuchy Dziewuchom –y también otros grupos locales que de forma independiente habían empezado a usar ese nombre en Facebook– fue clave como red de información y coordinación de tareas junto con otras organizaciones y foros, y un gran número de protestas organizadas localmente empezaron a tomar forma. Cuando llegó el 3 de octubre, entre 100.000 y 200.000 manifestantes, la gran mayoría mujeres vestidas de negro, tomaron las calles en unas 150 ciudades y pueblos de toda Polonia, y en otras 50 ciudades en otros países.

La enorme escala de las manifestaciones fue noticia internacionalmente y sorprendió hasta a las activistas polacas más optimistas. En respuesta a la protesta, el 6 de octubre el Parlamento votó de nuevo y esa vez también rechazó la ILP “Stop Aborto”.

Durante la segunda mitad de 2017, las dos iniciativas ciudadanas se renovaron para poder volver a recoger firmas con el fin de llegar otra vez al Parlamento. La nueva ILP “Stop Aborto”, en esta ocasión a cargo de la Fundación para la Vida y la Familia (Fundacja Życie i Rodzina), no criminalizaba a las mujeres que abortaran sin permiso –como sí había querido hacer la anterior ILP–, pero pretendía prohibir el aborto en los casos de malformación o enfermedad incurable del feto. Ese había sido el motivo de 1.042 de los 1.098 abortos legales en Polonia en 2016, según las cifras oficiales, por lo que si la nueva ILP restrictiva se convertía en ley el aborto legal quedaría en la práctica prohibido en Polonia. De nuevo con el apoyo de la Iglesia católica y del partido gobernante, esta propuesta consiguió recoger 830.000 firmas.

En el otro lado, la nueva ILP “Salvemos a las mujeres”, otra vez a cargo de la activista Barbara Nowacka y con el apoyo de Dziewuchy Dziewuchom y otras organizaciones feministas y proelección, pretendía liberalizar el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto médico. Esta nueva versión, que incluía además provisiones para ampliar y mejorar la educación sexual en las escuelas, llegó casi al medio millón de firmas.

Las dos propuestas de ley fueron debatidas en el Parlamento el 10 de enero de 2018, y diez diputados de Moderno y 19 de la Plataforma Cívica se ausentaron de la votación en la que “Salvemos a las mujeres” fue de nuevo rechazada, esta vez solo por ocho votos de diferencia.

Algunos de esos diputados ausentes habían publicado fotos de sí mismos con el cartel #ApoyaALasChavalas durante la campaña lanzada por Dziewuchy en abril de 2016, y la gente en el grupo estaba furiosa. Las admins publicaron los nombres y las circunscripciones electorales de todos los diputados que no habían votado, y más adelante crearon una serie de memes con sus fotos y en los que les enseñaban una tarjeta roja.

Mientras tanto, y tal y como había ocurrido la primera vez, la ILP “Stop Aborto” fue de nuevo aprobada por la mayoría de los diputados presentes, y enviada al comité parlamentario sobre Justicia y Derechos Humanos para continuar su tramitación.

Tras una pequeña manifestación en Varsovia el 8 de marzo de 2018 por el Día Internacional de la Mujer, el comité parlamentario dio el 19 de marzo su aprobación a “Stop Aborto”, que estaba así un paso más cerca de convertirse en ley. Esto, sumado al apoyo público de la Iglesia a esa ILP, llevó a Dziewuchy y otros grupos a tratar de organizar rápidamente una manifestación mucho mayor. En la página de Dziewuchy, las admins pidieron a la gente de Varsovia que abriera sus casas y cediera camas o al menos sofás a personas de otras partes de Polonia para que pudieran acudir a la protesta. La inmediatez y el gran número de ofertas sorprendieron y aún hoy emocionan a Agata, que no esperaba una respuesta así.

Solo cuatro días después, el 23 de marzo, unas 50.000 personas –según los organizadores– ocuparon el centro de Varsovia en una protesta contra “Stop Aborto”. La mayoría de los medios de comunicación ignoraron la manifestación, y el trabajo de cubrir e informar sobre la protesta recayó en Dziewuchy y en unos pocos otros grupos más. Pero esta vez no hubo apenas reacción por parte del Parlamento, y en mayo de 2019 la ILP “Stop Aborto” seguía en el proceso de tramitación parlamentaria, aunque los diputados no parecían tener prisa en hacer avanzar este proceso.

Agotador y no remunerado

Durante todo este tiempo, las admins de Dziewuchy han continuado cada día revisando las solicitudes de quienes quieren unirse al grupo en Facebook (una tarde en marzo de 2018, cuando Agata inicia sesión hay 2.500 personas en la lista de espera), verificando cada nota, imagen y enlace que los miembros quieren publicar como entradas en el grupo (suele haber entre 200 y 300 al día), y siguiendo cada conversación para responder a afirmaciones falsas e intervenir para evitar conflictos. “Es muchísimo trabajo y nos quita mucho tiempo”, dice Agata. “Y ninguna somos activistas profesionales, a ninguna nos pagan por hacer esto, lo hacemos en nuestro tiempo libre además de dedicarnos a nuestros trabajos y de querer tener una vida privada”.

Además, en marzo de 2018 Agata y Kasia se habían quedado como las únicas dos admins, ya que Basia estaba dedicando su tiempo a una campaña por la educación sexual y Joanna había tenido que dejar su puesto. En mayo de 2019, Kasia y Agata tenían al menos la ayuda de una moderadora, que en un grupo de Facebook es un rol con unos poderes similares a los del admin, pero sin que pueda cambiar la configuración del grupo ni expulsar a otro moderador o a un admin.

El hecho de que Dziewuchy Dziewuchom sea un grupo dentro de Facebook, una empresa cuyo modelo de negocio consiste en vender espacio publicitario y propagandístico y que se ha visto envuelta en varios escándalos de abuso de datos de sus usuarios, es algo que las cuatro fundadoras tienen muy presente. “Esa es una parte vulnerable del proyecto”, observa Agata. “Y, aun así, creo que esa es también una de las causas del éxito de Dziewuchy, porque las redes sociales tienen una gran capacidad para enganchar a la gente, para hacer que la gente se involucre en algo, y habría sido mucho más difícil hacer una simple página web (fuera de Facebook) y acabar teniendo el mismo impacto”.

Además de la gran cantidad de trabajo entre bastidores que requiere el grupo, otro efecto secundario del éxito de Dziewuchy es que gestionar el grupo puede llegar a ser desalentador debido a la dureza del tema del aborto. “A veces es demasiado, si te dedicas a esto cinco días a la semana hay veces que odias Internet, que odias tu ordenador, que quieres poder olvidarte de lo jodida que está la situación en Polonia, y que lo único que quieres es poder desconectar un tiempo”, cuenta Agata.

Parte del problema es que las admins dedican su tiempo libre a gestionar el grupo, por lo que sacrifican precisamente el tiempo que los demás tenemos para relajarnos y tratar de desconectar. Esa es también parte de la razón por la que Basia y Joanna dejaron de ser admins, y las cuatro han estado pensando en cómo profesionalizar el grupo para hacerlo sostenible. Pero es una cuestión problemática “porque Dziewuchy podría perder su razón de ser”, dice Basia. “Porque para las mujeres polacas el grupo es muy diferente del mundo exterior, en el que apenas tienen voz, ni siquiera en los partidos políticos. (…) Pero aquí este es su espacio, es para ellas y hecho por ellas”.

“Fue extraordinario, para mí y para otras mujeres, ver que no estoy sola con mis opiniones, que no estoy sola con mi indignación, que no soy la única que no está de acuerdo con esta ley propuesta por unos cuantos hombres y unos cuantos católicos”, concuerda Agata.

“Porque desde abril de 2016 somos conscientes de que la ley no es algo abstracto sino que nos afecta íntimamente a las mujeres; que aunque no estés interesada en la ley, la ley sí está interesada en ti”, continúa Agata. “Porque aunque no estés interesada en la política, a la política sí le interesas tú”.

La larga historia de la demanda social para reformar la educación en Croacia no te sorprenderá

Daniel Martinović iba para profesor pero acabó muy pronto decepcionado con el sistema educativo croata: “Cuando estaba estudiando, tuve que hacer prácticas en escuelas y no me gustó nada cómo se hacían las cosas”. En quejas ampliamente compartidas en Croacia, Daniel lamenta que los métodos de enseñanza están obsoletos y apenas incluyen ejercicios prácticos, y que los jóvenes croatas no acaban bien equipados para lidiar con las complejidades del mundo actual.

De hecho, entre 2013 y 2016 la proporción de alumnos croatas de 15 años con bajo rendimiento aumentó y está encima de la media de la Unión Europea (UE), según el último estudio PISA, que cada varios años publica una evaluación comparativa de los sistemas educativos de países de todo el mundo.

Las autoridades croatas han venido admitiendo la necesidad de una reforma educativa desde que el país declaró su independencia en 1991, pero aún a últimos de la década de los 2000 ninguno de los sucesivos gobiernos había sido capaz de implementar una reforma sustancial. “Ningún partido político quería mostrar iniciativa para cambiar algo, porque con este sistema produces estudiantes que no desarrollan un pensamiento crítico, que no cuestionan nada”, dice Daniel, de 39 años y hoy consultor tecnológico y activista en Zagreb.

Una de las ONG con las que Daniel ha trabajado es GONG, que trata de fomentar “una participación activa y responsable de los ciudadanos en los procesos políticos”. Y en 2008, en el contexto de una Croacia recientemente democrática, que se estaba modernizando rápidamente y que iba camino de unirse a la UE, GONG, el Centro para Estudios de Paz y la Red Croata de Jóvenes lanzaron la Iniciativa GOOD para promover la introducción de una asignatura de educación cívica en las escuelas, con el objetivo de aumentar las competencias políticas de los estudiantes.

En lugar de crear una nueva organización, diferentes actores de la sociedad civil croata prefirieron unir fuerzas para formar un movimiento amplio y diverso, en el que cada cual pudiera participar según sus capacidades y experiencia. Tras unos pocos años, GOOD incluía ya más de 40 organizaciones distintas que trabajaban con escuelas, profesores y padres en educación no formal, y que presionaban al Gobierno para que introdujera Formación Cívica en el sistema educativo. El movimiento estaba coordinado por un grupo formado por los activistas más implicados, entre los cuales estaba Daniel.

GOOD también realizaba estudios, y en un informe publicado en 2011 indicó que el 27,6% de los estudiantes de secundaria consideraban que los partidos responsables de hacer la oposición eran los propios partidos que estaban en el Gobierno. Y el 31,7% creía que la libertad de expresión de los medios de comunicación y los ciudadanos para poder criticar al Gobierno no era una de las principales características de la democracia.

El trabajo realizado por GOOD contribuyó a hacer de la educación cívica una prioridad política, y en 2012 el recién elegido Gobierno socialdemócrata aprobó un temario de Formación Cívica para su introducción experimental durante los cursos 2012-13 y 2013-14.

Actores progresistas en Croacia y en Europa recibieron positivamente este programa de educación cívica, mientras que grupos religiosos y organizaciones conservadoras croatas, como Grozd (Voces de Padres por los Niños), y partidos políticos nacionalistas y de derechas como, Hrast (Crecimiento Croata), lo criticaron con dureza y exigieron públicamente que todas las asignaturas respetaran los valores tradicionales y patrióticos de Croacia.

Tras su introducción experimental, en 2014 el Gobierno se decidió por no introducir oficialmente Formación Cívica en las escuelas. En su lugar, el entonces nuevo ministro de Educación, el profesor universitario Vedran Mornar, favoreció un enfoque más amplio: reformar todo el sistema educativo para modernizarlo, pero sin incluir Formación Cívica como una asignatura separada.

Aunque la educación cívica había sido el tema unificador, ya para entonces también dentro de GOOD se hablaba de aspirar a una reforma generalizada. “Habíamos empezado con unas ciertas premisas y resultó que nuestro objetivo no era posible en aquel contexto, así que teníamos que cambiar ese contexto”, resume Marko Kovacić, de 32 años, hoy politólogo en el Instituto de Investigación Social de Zagreb (IDIZ, por sus siglas en croata), que se unió a GOOD en 2011 y también formó parte del grupo coordinador.

En línea con las ambiciones del nuevo Ministerio de Educación, en octubre de 2014 el Parlamento croata adoptó una nueva Estrategia de Educación, Ciencia y Tecnología: un documento elaborado por más de 100 personas entre delegados del Gobierno, investigadores académicos y maestros, y que incluía una reforma general de todo el plan de estudios escolar como uno de sus principales objetivos.

Cuando el Ministerio de Educación abrió la convocatoria para el puesto de jefe del Grupo de Expertos que diseñaría y coordinaría la reforma del plan de estudios, el único candidato fue Boris Jokić, de 43 años, investigador en el IDIZ y experto en educación. Al final, Boris fue nombrado líder de un grupo que incluía otros tres investigadores académicos, un profesor universitario, un profesor de secundaria, y la presidenta de la Asociación de Directores de Instituto.

“Cuando empezamos a trabajar, nos cedieron un sótano en un edificio, éramos siete y teníamos cuatro sillas, no había rotafolio ni papel, no había nada”, recuerda Boris. “Así que dije, 'Podemos dejarnos los cuernos y darlo todo; o, como se suele hacer en Croacia, podemos fingir hacer algo pero en realidad no hacer nada'. Por suerte, los siete, como un desafío, con el deseo de hacer algo por este país, dijimos, 'Vamos a darlo todo por esta reforma”.

El Grupo de Expertos diseñó el proceso de reforma, en el que 52 grupos de trabajo tendrían que producir 52 documentos que delinearan cada asignatura y aspecto del nuevo plan de estudios para primaria y secundaria: desde el marco general y los métodos de enseñanza, a las 29 asignaturas y materias interdisciplinares (cuyo contenido debía repartirse entre las asignaturas propiamente dichas y entre las que se incluyó la educación cívica). En una línea similar a la de otros países europeos, el objetivo general era aumentar la alfabetización funcional de los niños y adolescentes croatas mediante formas de aprendizaje más participativas, y dando a los maestros una mayor autonomía en el aula.

Mientras que anteriores intentos de reforma habían sido liderados por las élites académicas, Boris decidió que al menos la mitad de los miembros de cada grupo de trabajo tendrían que ser maestros de escuela. El resto serían profesores e investigadores universitarios, profesionales y otros expertos según las diferentes cuestiones. A los activistas de GOOD les gustó este enfoque pero también eran escépticos. “Temíamos que los políticos se involucraran, porque vimos que esta era la primera vez que los maestros participaban en una reforma, (…) y por nuestra experiencia a los políticos no les gusta cuando tratas de cambiar cómo se hacen las cosas”, relata Daniel.

GOOD dejó que fueran los maestros quienes tomaran la iniciativa y se dedicó a vigilar el proceso de reforma desde los márgenes, una decisión pragmática relacionada con la experiencia de los activistas durante la introducción experimental de Formación Cívica. “Porque en la sociedad había grupos de presión que si veían que nosotros éramos miembros (de los grupos de trabajo) lo usarían para oponerse a la reforma. (…) Grozd, Hrast, y todo el sector (conservador)”, comenta Mario Bajkuša, del Foro por la Libertad en la Educación y, junto con Daniel y Marko, parte del núcleo que coordinaba GOOD.

Los grupos de trabajo se acercaban al final de su trabajo cuando, en noviembre de 2015, las elecciones resultaron en una mayoría parlamentaria conservadora. En enero de 2016, un día antes de que la nueva coalición conservadora fuera a asumir el Gobierno, la página web del Parlamento publicó el programa del nuevo Ejecutivo, en el que uno de los puntos era “detener inmediatamente el proceso de reforma del plan de estudios”.

Esto causó una gran indignación, el nuevo Gobierno se retractó rápidamente y el ministro de Educación aseguró en público que apoyaba la reforma. Pero para entonces ya quedaba poca confianza entre la sociedad civil y la nueva mayoría política conservadora, y el 29 de febrero, en el acto de presentación de los 52 documentos de la reforma, Boris posó cariacontecido junto a representantes del nuevo Gobierno.

Entonces empezó un periodo de revisión académica de estos documentos, mientras que miembros de los grupos de trabajo iban a viajar por toda Croacia para presentarlos y debatirlos en escuelas y en otras instituciones educativas. Y estaba previsto que el Gobierno iniciara la introducción experimental del nuevo plan de estudios en algunas escuelas en septiembre de ese mismo 2016.

Pero casi de inmediato empezaron los problemas. En marzo, el Gobierno redujo la cantidad presupuestada para la formación de los maestros en el nuevo plan de estudios, y más adelante no retiró dinero de fondos europeos que habían sido ya asignados para la introducción experimental de la reforma. Además, Boris empezó a recibir emails de miembros de los grupos de trabajo que se quejaban de que el Gobierno no les reembolsaba los gastos de los viajes para presentar el nuevo plan de estudios en las escuelas.

Mientras que maestros y otros educadores, padres y hasta la patronal recibieron favorablemente los documentos de la reforma, durante esta fase algunos académicos y grupos religiosos y conservadores de la sociedad civil se mostraron muy críticos con el nuevo plan de estudios. Y particularmente en lo que se refería a asignaturas como Historia y Literatura Croata, y a materias interdisciplinares como precisamente educación cívica y también educación sobre la salud, que incluía educación sexual.

Finalmente, en mayo de 2016 el Comité Parlamentario de Educación pidió al Gobierno que los documentos de la reforma fueran revisados para dar más peso a las disciplinas llamadas STEM (por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), y que el Grupo de Expertos liderado por Boris admitiera diez nuevos miembros procedentes de los campos de las STEM, de Literatura Croata y de Historia. Y la introducción experimental de la reforma se daba de momento por suspendida.

Boris vio estas demandas como un intento conservador, influenciado por el partido político Hrast, de tomar el control ideológico del proceso, y el Grupo de Expertos presentó su dimisión en conjunto cuando el ministro de Educación se negó a rechazar las propuestas del comité parlamentario. “Toda la reforma fue un compromiso aunque la gente hoy no lo aprecie así. En el Grupo de Expertos éramos muy laicistas, y aun así hicimos que las tres principales comunidades religiosas tuvieran a su propia gente trabajando en el plan de estudios dentro de nuestro marco común”, argumenta Boris. “Yo estaba totalmente dispuesto a dejar espacio a diferentes puntos de vista ideológicos. (…) Pero lo que no estábamos dispuestos a aceptar, y sobre todo yo, era ningún tipo de presión política”.

Ni el entonces ministro de Educación, ni el partido político Hrast, ni el grupo de la sociedad civil Grozd han contestado a repetidos intentos de contactarles para la realización de este reportaje.

El 25 de mayo de 2016, la noticia de que el Grupo de Expertos había presentado su dimisión hizo que el núcleo de coordinación de GOOD se reuniera de urgencia en el Foro por la Libertad en la Educación. “Estábamos allí sentados y dijimos, 'Vale, tenemos que hacer algo, no podemos permitir que esto acabe así”, cuenta Marko Kovacić. Entonces la presidenta de la asociación de padres RODA les escribió un mensaje diciendo que querían organizar una protesta el 1 de junio en en el centro de Zagreb. “Y dijimos, 'Sí, nosotros también queremos hacerlo, ¡vamos a organizar una protesta!' Y la verdad es que esa era la primera vez que nos poníamos a organizar un acto de protesta”, recuerda Marko.

Ese mismo día, los maestros se sumaron a la iniciativa. “Nos pusimos en contacto con esta organizaciones (en GOOD), nos llamaron, les llamamos, ya no me acuerdo, y dijimos, 'Vale, ya hemos tenido suficiente, hay que hacer algo'”, relata por su lado Ana Tuskan, secretaria general del Sindicato de Maestros, la mayor unión sindical del país.

Solo tenían siete días hasta el 1 de junio y ninguna experiencia organizando algo así, y Marko, Mario, Daniel y sus colegas en la coordinación de GOOD acabaron trabajando cada día entre 12 y 14 horas para tratar de montar la protesta. Tenían que convencer a organizaciones y a gente de toda Croacia para que se unieran, elaborar una agenda para ese día, encargarse de todas las cuestiones de logística, decidir quién presentaría el acto en la plaza y quién hablaría sobre qué temas, gestionar la comunicación con la prensa…

Croacia no es conocida por sus grandes manifestaciones y unos minutos antes de la hora de inicio de la protesta el 1 de junio la plaza principal del centro del Zagreb estaba casi vacía. “Y entonces, en cinco minutos, que a mí me parecieron solo cinco minutos, todo el mundo empezó a aparecer por todas partes”, recuerda Ana Tuskan aún hoy emocionada.

La plaza se llenó a rebosar muy rápidamente, mucha gente llevaba la bandera de Croacia y los manifestantes se pusieron a cantar el himno nacional. “Y esto fue un momento 'guau'. Porque no era la típica escena izquierdista, sino que queríamos enviar el mensaje de que la educación es para todos, y de que nos gusta Croacia, de que amamos Croacia, y de que estábamos haciendo esto por amor a Croacia”, recuerda Marko también con emoción. Los organizadores habían sido muy estrictos para que la protesta fuera apartidista, y habían elegido el lema “¡Croacia puede hacelo mejor!”, una frase que el propio Boris Jokić había repetido durante sus últimas apariciones públicas antes de presentar su dimisión.

Al final, unas 40.000 personas tomaron el centro de Zagreb para protestar contra la interferencia política en la reforma educativa, y para exigir al Gobierno que respetara el proceso original de la reforma. Fue la segunda mayor manifestación en la historia de Zagreb, y también hubo croatas que protestaron en ciudades como Nueva York, Londres, París, Budapest y hasta en Shanghái, lo que llevó el total de manifestantes a unos 50.000. “En situaciones en las que los gobiernos no promueven el cambio, la gente sigue a los miembros de la sociedad que sí continúan peleando por ese cambio. ¿Por qué organizamos la protesta? ¿Por qué vino tantísima gente? Fue porque vieron que éramos nosotros los que realmente creíamos en reformar la educación, los que de verdad queríamos y llevábamos defendiendo durante años ese cambio”, dice Daniel.

Esos mismos días, el primer ministro se enfrentaba a una moción de censura no relacionada con la reforma educativa, y finalmente el Gobierno cayó dos semanas después de la protesta y se convocaron elecciones para el 11 de septiembre de 2016. Durante la campaña, la educación fue uno de los temas más candentes, y todos los partidos se comprometieron a continuar con la reforma del plan de estudios.

Las elecciones produjeron una coalición conservadora en el Gobierno muy similar a la anterior, con los dos mismos partidos y sólo con un cambio en las personas que los lideraban. Y 2017 empezó sin Grupo de Expertos y con el proceso original de reforma detenido y, según todos los indicios, usurpado por los partidos en el Gobierno, cuando inicialmente habían sido la sociedad civil y los maestros y otros expertos en educación quienes la estaban llevando a cabo.

Esta situación de parálisis llevó a GOOD y al movimiento “¡Croacia puede hacerlo mejor!” a convocar una nueva protesta el 1 de junio de 2017, para conmemorar el aniversario de la manifestación del año anterior y para protestar contra la aparente falta de voluntad política para continuar con la reforma planeada originalmente. Además, esta nueva manifestación acabaría en la Estación Central de Zagreb, para así enviar el mensaje de que las irresponsabilidad política estaba forzando a muchos jóvenes croatas a emigrar.

Se estima que entre 50.000 y 60.000 personas se han ido de Croacia cada año desde 2013, y el 53% de estudiantes de secundaria dicen que quieren marcharse a otro país a vivir, según un informe que publicó en junio de 2018 la Agencia para la Ciencia y la Educación Superior.

En esta ocasión no hubo tanta energía ni publicidad, y la gente de GOOD planeó una pequeña acción de protesta contando con unas 300 personas. Sin embargo, el 1 de junio de 2017, y después de que un aguacero se desvaneciera justo antes de la hora de la manifestación, otra vez de repente y de forma inesperada miles de personas aparecieron y tomaron la plaza, y Zagreb vivió su segunda protesta masiva por la educación en 12 meses, esta vez con unas 25.000 personas. Unos días más tarde, en respuesta a esta segunda manifestación, el primer ministro nombró a Blaženka Divjak nueva ministra de Educación, la quinta persona en ocupar el puesto en tres años.

Blaženka, profesora universitaria de matemáticas, había participado la semana anterior en la protesta, era una de las coautoras de la Estrategia aprobada por el Congreso al inicio de todo el proceso, y había apoyado públicamente la reforma tal y como había sido planteada en la Estrategia. Los miembros de GOOD y quienes apoyaban el proceso original de reforma esperaba que esta vez el cambio de liderazgo en el ministerio sí sirviera para relanzar y encarrilar la reforma.

En lugar de eso, Blaženka inició un nuevo proceso nacional e internacional de revisión de los documentos producidos por los grupos de trabajo, excepto en el caso de Informática, que según anunció sí se introduciría ya como asignatura obligatoria en el curso 2018-19. Más adelante, el primer ministro estableció una nueva Comisión para la Implementación de la Estrategia, con Blaženka y consigo mismo como copresidentes, mientras que hasta entonces esta comisión había sido políticamente independiente. Parecía que el proceso de reforma del plan de estudios iba a seguir en manos de los políticos acabara tomando el camino que fuera.

En febrero de 2018, Blaženka dijo que la reforma del plan de estudios, ahora bautizada como Escuela Para la Vida, empezaría a ser introducida experimentalmente en algunos colegios en septiembre de ese año. Sin embargo, esta Escuela Para la Vida iba a ignorar varios de los documentos realizados por los grupos de trabajo, entre ellos los que diseñaban el nuevo marco general de enseñanza y los relativos a las materias interdisciplinares, como educación cívica y educación sobre la salud y sexual.

Además, cuando el Gobierno presentó los presupuestos para 2018 se vio que casi todo el dinero previsto para la reforma educativa iba a servir para comprar tabletas y otras herramientas informáticas. No quedó claro cómo iba a hacer el Gobierno para pagar la formación de los maestros, o incluso en qué iban a ser formados o cómo serían las nuevas asignaturas, ya que los documentos del plan de estudios reformado estaban en el nuevo proceso de revisión nacional e internacional lanzado por el Ministerio, y más adelante podrían sufrir modificaciones.

El 3 de septiembre, cuando dio inicio el nuevo curso escolar en Croacia y ya con Informática y Escuela Para la Vida introducidas experimentalmente en algunas escuelas, aún faltaban ordenadores, tabletas y hasta libros de texto debido a fallos en los concursos públicos para su suministro, y los maestros se quejaron de la falta de formación y de material de enseñanza. Por las redes sociales circuló una imagen que mostraba a un niño con un ábaco y la leyenda de que por fin el Gobierno había conseguido ordenadores para todos los alumnos croatas.

En noviembre, el Ministerio de Educación inició otra fase de revisión pública del nuevo plan de estudios y formó nuevos grupos de trabajo con la idea de finalizar los documentos durante 2019. Además de la desaparición de la educación cívica, GOOD también criticó que el grupo sobre Historia incluía miembros procedentes de partidos políticos muy nacionalistas, lo que podría resultar en una asignatura sesgada, y que en cuanto a educación sexual el nuevo programa ignora “estereotipos e igualdad de género, temas LGBTQ, respeto a la diversidad y tolerancia hacia las minorías sexuales, y la promoción de actitudes positivas hacia la sexualidad”.

También, en diciembre GOOD analizó los presupuestos generales para 2019 y encontró que menos de un 1% del presupuesto del Ministerio de Educación iba dirigido a la reforma educativa. “E incluso en ese nivel tan básico, (el presupuesto) no está suficientemente planeado o desarrollado. Y sin una financiación adecuada, todo lo que dice el Ministerio solo son castillos en el aire y promesas sin ningún recurso financiero para llevarlas a cabo”, argumenta Daniel.

El Ministerio de Educación no ha respondido a varios mensajes con preguntas a sus representantes para este reportaje.

Sin embargo, en general la opinión pública parece satisfecha con la introducción de Informática, con las tabletas y ordenadores que en algún momento deberían llegar a las escuelas, y con la comunicación institucional que realiza el Ministerio. “Actualmente la historia es mucho más complicada y es muy difícil explicársela al público en general: qué no funciona, cuáles son los problemas; y además la ministra tiene muy buenas relaciones públicas”, lamenta Mario.

Con el tema desinflado en la calle, y aunque sentían que el Gobierno les había robado la reforma educativa, ni la gente de GOOD ni otros actores trataron de organizar una tercera protesta durante 2018. “Es muy, muy difícil continuar trabajando tan duro durante tanto tiempo cuando, en el otro lado, el Gobierno lo único que tiene que hacer es no hacer nada”, se queja Daniel. “Al final, si pasas aquí el suficiente tiempo, puedes entender por qué la gente se quema y por qué muchas personas emigran a otros países”.

Por su lado, Boris Jokić, que se define como optimista empedernido, trata de ver el lado bueno de las cosas. “El proceso de reforma cambió por completo la narrativa prevalente en este país, y eso ya es algo. (…) Los ciudadanos demostraron –y no en las elecciones sino con acciones propias– toda una serie de valores que deberían estar en la agenda de este país para el siglo XXI”, asegura. “En 2016 salimos a la calle para decir que Croacia puede hacerlo mejor. Y hoy aún pienso lo mismo: creo que este país lo va a hacer mucho mejor en el futuro, y creo que uno de los elementos será precisamente la respuesta de la gente en la calle en defensa de esta reforma”.

En esta entrega conocemos a la Tax Justice Network, que pelea desde Reino Unido en una misión que su fundador compara con la del hobbit que intenta recuperar el tesoro perdido

Hay unos 6 billones de euros escondidos en paraísos fiscales. Unos 10 billones de euros de supuesta Inversión Extranjera Directa no están realmente invertidos en nada.

Es por la tarde de un día caluroso en el centro de Londres. Las calles están llenas de gente y hay mucho tráfico de autobuses rojos, taxis negros y coches de todos los colores, pero John Christensen ignora los pasos de cebra y se lanza entre los vehículos cada vez que tiene que cruzar al otro lado. “Todos los que marchan conmigo saben que soy un lunático peligroso que se mete entre los coches”, advierte John, que está acostumbrado a buscar su propio camino sin seguir las reglas establecidas, y no sólo como peatón.

De pelo blanco y ojos azul claro, John, un economista y auditor forense de 63 años, es uno de los fundadores, el presidente y el alma de la Tax Justice Network (TJN, Red de Justicia Fiscal), un grupo de expertos que trabajan, como su prosaico nombre indica, por la justicia fiscal.

A pesar de su aspecto y apellido vikingos, John es inglés y la historia de la TJN comienza de un modo típicamente inglés. En 2002, John recibió en su casa, en un pueblo cercano a Londres, la visita de tres personas de Jersey, una de las islas del Canal de la Mancha y una dependencia de la Corona Británica. Ese día, mientras los cuatro tomaban té y pastas, estos visitantes le pidieron que los ayudara a liberar Jersey de la banca.

Acudieron a él porque John también es originario de Jersey, donde trabajó como asesor económico del Gobierno local hasta 1998, cuando tuvo que marcharse después de hablar a la prensa sobre las prácticas fiscales indecentes de este Gobierno. Porque Jersey es un paraíso fiscal: una jurisdicción que, con la opacidad como principal herramienta, permite a personas y empresas evitar la normativa fiscal de otros lugares.

Un artículo publicado por el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018 estimó, de forma conservadora, que en todo el mundo personas adineradas mantienen unos 6 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, y que unos 10 billones de euros de supuesta Inversión Extranjera Directa no están realmente invertidos en nada, sino que circulan a través de paraísos fiscales para el beneficio de las empresas y personas que los manejan. Y para perjuicio de ciudadanos de todo el mundo, ya que esos capitales ocultos podrían generar miles de millones de euros destinados a servicios e infraestructuras públicas.

Mientras tomaban té y pastas en aquel encuentro en 2002, John advirtió a sus visitantes que para liberar Jersey habría que derrocar todo el régimen global de paraísos fiscales. “'Esto quiere decir cambiar todas las estructuras y sistemas financieros, las normas, las estructuras de poder de todo el mundo. No se trata simplemente de cerrar unos cuantos bancos en Jersey'. Y me contestaron, 'Vale, muy bien, suena bien, vamos a hacerlo, ¿nos puedes ayudar?'”, recuerda John. “Y entonces supe más allá de ninguna duda que ése era el momento que [como en El hobbit] Gandalf aparece en la puerta de Bilbo Bolsón y lo saca de su casa y le dice, 'Tienes que ir en una misión a la montaña del dragón”.

Y allí es en cierto modo donde John se dirige hoy. “Estamos en Aldersgate, una de las puertas de la City de Londres”, dice mientras entra caminando en “la City”, como se suele llamar a secas al distrito financiero de Londres: la guarida del dragón de los paraísos fiscales.

Un relato nuevo

Tras la visita de sus Gandalfs de Jersey, John encabezó una delegación que acudió al primer Foro Social Europeo, en noviembre de 2002 en Florencia, con la idea de crear un movimiento para luchar contra los paraísos fiscales. Allí, en una serie de encuentros con gente de varias partes de Europa también preocupada por la justicia fiscal, fue donde nació la Tax Justice Network, cuyo núcleo se instaló en el Reino Unido alrededor de John.

Desde el primer momento, John y otros miembros de la TJN –expertos en fiscalidad, como el profesor universitario Prem Sikka, y en contabilidad, como el economista Richard Murphy– se dedicaron a proponer públicamente normas que obligarían a las grandes empresas y a las personas acaudaladas a ser más transparentes sobre sus transacciones financieras.

Pero en aquel entonces –esto era mucho antes de escándalos como el de los Papeles de Panamá– los expertos de la TJN se encontraron predicando en el desierto: las grandes empresas y los millonarios se oponían a esas normas, los Gobiernos no parecían capaces o dispuestos a imponerlas, y en general los ciudadanos tampoco parecían muy interesados en esforzarse en entender unas propuestas fiscales que sonaban complicadas. Además, mucha gente creía que era estúpido no tratar de pagar los menos impuestos posibles.

En la TJN se dieron cuenta de que tendrían que intentar cambiar el relato dominante para llevar la conversación a un marco en el que los impuestos son algo positivo, y en el que las personas y autoridades que permiten la evasión fiscal son responsables de socavar la democracia. Sólo entonces el discurso y el tipo de medidas que defendía la TJN podrían tener sentido y los Gobiernos y la gente las tomarían en serio.

En 2006, John y Prem Sikka fueron invitados a dar la charla inaugural en una conferencia sobre corrupción en la Royal Geographical Society en Londres. Delegados del Banco Mundial y de Transparencia Internacional (TI) estaban presentes, y John aprovechó su intervención para criticar cómo TI conceptualizaba la corrupción en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe anual convertido en uno de los estándares internacionales con los que medir la corrupción.

Cada año, los países etiquetados como los más corruptos del mundo están en el África subsahariana y en otras regiones pobres del globo. “Y si te fijas en los países menos corruptos [según el IPC], Suiza, Singapur, el Reino Unido, Estados Unidos, la mitad de los países menos corruptos son paraísos fiscales y jurisdicciones opacas, que es donde acaba todo el dinero”, describe John durante su marcha por la City. “Sin esos servicios bancarios y contables y legales, la mayor parte de esta corrupción a gran escala en el África subsahariana no podría ocurrir porque el dinero no podría ser desviado. Así que, ¿quién es aquí el más corrupto?”.

La TJN desarrolló su propia forma de clasificar los países según la corrupción: un índice que tomaba en cuenta el rol que jugaban sus normativas, autoridades y otras instituciones financieras. Lo llamaron el Índice de Secretismo Financiero (FSI, en inglés). De un modo diferente a la clasificación que realiza TI, el FSI se fija en la opacidad de cada país o jurisdicción y en su falta de voluntad para cooperar con las autoridades fiscales de otros países. Tras meses de investigación, la TJN publicó sus primer FSI en noviembre de 2009 y clasificó los países de más opacos –lo que incentiva y permite la corrupción– a más transparentes.

Los territorios que hoy asociamos con la típica imagen de un paraíso fiscal aparecieron entre los principales infractores: las Islas Caimán (en el número 4), Bermuda (7), Jersey (11), las Islas Vírgenes Británicas (16). Pero la jurisdicción clasificada como la más opaca del mundo, y que por tanto más favorecía la corrupción, era el estado norteamericano de Delaware –y por extensión todo Estados Unidos–, seguido de Luxemburgo y Suiza. En quinto lugar venía la City de Londres –y por extensión todo el Reino Unido– y después Irlanda (6), Singapur (8) y más países europeos como Bélgica (9), Austria (12) y Holanda (15).

Había una relación casi inversamente proporcional entre la clasificación realizada por la TJN y la que hacía Transparencia Internacional. Si TI consideraba Estados Unidos y países europeos como los mejores, para la TJN éstos eran en realidad los que permitían la corrupción a gran escala en otros lugares. Además, en la clasificación de la TJN la mitad de las jurisdicciones más opacas eran países de la Mancomunidad británica de Naciones y territorios y dependencias de la Corona británica, lo que hacía del Reino Unido, y en particular de la City de Londres, el actor central en una red global de paraísos fiscales.

Investigación 'académica' con impacto

Con el tiempo, el Índice de Secretismo Financiero –que aparece cada dos años más o menos– se ha convertido en la publicación más reconocida de la TJN como parte de su programa sobre Secretismo Financiero, que hoy dirige Markus Meinzer, un politólogo y economista del desarrollo alemán de 40 años.

Cuidadosamente documentado y basado en análisis cuantitativos, el FSI parece una publicación académica, y en general toda la investigación que la TJN produce aspira a los estándares académicos más altos. “(Pero) no queremos crear torres de marfil, no queremos investigar simplemente por investigar, algo que considero una crítica justa hacia gran parte de la actual investigación académica: que acaba muy, muy aislada y metida en su propio lenguaje muy técnico”, comenta Markus durante un desayuno en un bullicioso hotel en el centro de Londres.

“(Los investigadores académicos) no se fijan en qué hay detrás de las cifras y datos, cuáles pueden ser los huecos en esos datos que pueden llegar a contar una historia mucho más interesante desde el punto de vista de la vida real, desde el punto de vista de la elaboración de políticas públicas y para favorecer la democracia”, argumenta Markus.

El FSI es un caso prototípico de la forma de actuar de la TJN a través de diferentes fases. Primero trata de imponer un relato donde los impuestos son un elemento clave para la justicia social y para la democracia. Después produce un discurso basado en una investigación que aspira a estándares académicos pero que también el público general puede entender. Y luego propone normas y medidas que tienen sentido dentro de este marco y a las que difícilmente puede oponerse una persona razonable.

¿Funciona esta estrategia? Hay que recordar las medidas técnicas que la TJN defendió y propuso en 2003 y 2004, justo tras su creación. Las principales eran “intercambio automático de información” (entre autoridades fiscales de diferentes jurisdicciones), “revelación pública de los beneficiarios reales de activos financieros” (qué personas reciben en último término los beneficios económicos), y “publicación de informes financieros país por país” (cuánto ingresa y cuánto gasta una multinacional en cada país en el que opera).

Damos un salto de diez años y vemos que, en 2013, la OCDE, un organismo que agrupa a los países más industrializados y emite recomendaciones y normas sobre la economía, y el G20, un foro para las 20 mayores economías del mundo, establecieron la publicación de informes financieros país por país como una práctica estándar. En 2014, el Consejo de la OCDE aprobó una normativa para el intercambio automático de información financiera relativa a cuestiones fiscales, que igualmente el G20 adoptó más tarde ese mismo año.

También en 2014, el G20 adoptó una serie de diez principios sobre la revelación de los beneficiarios reales de activos financieros para que sirvieran de guía sobre regulación fiscal a los países miembros. Y en 2016 los ministros de Economía y Finanzas del G20 aprobaron un plan para que las autoridades tuvieran que revelar los beneficiarios reales de las llamadas empresas pantalla o fantasma, un tipo particular de compañía muy apreciada por evasores fiscales porque proporciona un anonimato total a sus beneficiarios reales.

Además, entre 2014 y 2018 la Unión Europea (UE) aprobó varias directivas sobre intercambio automático de toda una serie datos necesarios para la transparencia fiscal: información sobre cuentas financieras, decisiones sobre legislación tributaria y acuerdos previos sobre precios de transferencia, informes país por país, e información sobre la fiscalidad en relación con mecanismos transfronterizos. Y en 2016 la UE también aprobó una directiva que obliga a que las autoridades tributarias puedan acceder “a la información que obra en poder de las autoridades responsables de la prevención de blanqueos de capitales”, por lo que “los Estados miembros deberán permitir el acceso a la información sobre la titularidad real de las empresas”.

Todo esto no se debió únicamente a la TJN, ya que el trabajo de otras organizaciones también contribuyó a que todas esas normas se fueran aprobando en el plano internacional. Y la publicación de los Papeles de Panamá (abril de 2016) y de los Papeles del Paraíso (noviembre 2017) también contribuyó a que desde la ciudadanía se exigiera una mayor rendición de cuentas y transparencia en el área de los paraísos fiscales.

Pero, igualmente, es la TJN quien ha estado en la vanguardia del movimiento por la justicia fiscal desde su nacimiento. Y cuando al principio John y sus colegas empezaron a exigir el intercambio automático de información y la publicación de informes país por país, nadie más lo hacía y las autoridades, empresas y grandes fortunas las consideraban medidas inviables y hasta se burlaban de la TJN.

Impuestos por la justicia social

Aunque ese tipo de medidas y normas pueden sonar complicadas, y a pesar de lo difícil y trabajoso que ha sido defenderlas frente a los intereses de las grandes empresas y de personas acaudaladas, en la TJN argumentan que se trata de las normas fiscales que la mayoría de la gente exigiría si en la práctica tuviera voz y voto sobre este tema.

“No nos identificamos con ningún partido o movimiento político. Pero lo que sí intentamos por todos los medios es aportar una voz técnica y experta en nombre del gran público a las conversaciones de las que ese público lleva excluido varias décadas”, resume John mientras camina por la City.

El problema tiene una dimensión doble, argumenta por su lado Alex Cobham, un economista del desarrollo de 44 años y el director ejecutivo de la TJN. Primero, el tema de los impuestos siempre se ha percibido como demasiado complejo para que el público general lo entienda, así que es un campo que siempre se ha dejado a expertos fiscales. Y, segundo, estos expertos aseguran que su enfoque sobre la regulación fiscal es objetiva y neutral, cuando en realidad está muy politizada y ha beneficiado mucho y de una forma desproporcionada a las grandes empresas y a personas adineradas, comenta Alex mientras toma un café en City, University of London, donde la TJN organizó su conferencia anual en julio de 2017.

“El impacto de (ese enfoque supuestamente neutral) ha sido abrumadoramente político, y contrario en gran parte a los intereses de la justicia fiscal, contrario a los que creo son los intereses de la mayoría de la gente a quien le importa el país en el que vive”, dice Alex. “Ése es también el origen (de la TJN) y la razón por la que hacemos nuestro trabajo: poner a disposición del público una voz experta motivada por la justicia social”.

La partida continúa

El Índice de Secretismo Financiero de la TJN permite tanto a políticos como al público en general comprender más ampliamente el fenómeno de la corrupción, ya que explica qué jurisdicciones y países son las que hacen posible la corrupción a gran escala y por qué. Pero, en la práctica, el estándar internacional por el que se mide y clasifica a los países según la corrupción sigue siendo el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que aparece destacado como tal cada año en la prensa generalista. Y, curiosamente, algunos de los países considerados los menos transparentes –por la TJN– siguen siendo etiquetados como los mejores por Transparencia Internacional.

Además, y a pesar de los logros de la TJN y del movimiento por la justicia fiscal en cuanto a la adopción sobre el papel de nuevas normas por parte de organizaciones internacionales, la realidad es que en la práctica sus Estados miembros no están implementando esas medidas ni siguiendo esas normas tanto como les gusta decir en sus comunicados de prensa. Además, grandes multinacionales siguen aprovechándose de paraísos fiscales y resquicios legales para defraudar impuestos, y como la propia TJN señaló el mes pasado en el caso de Google, que al no declarar todos sus ingresos país por país evitó pagar 1.700 millones de euros del impuesto sobre sociedades en 2018 en el Reino Unido.

“Pero en realidad lo principal no es nada de eso ni de cualquiera de las otras cuestiones de políticas públicas sobre las que podríamos hablar. Se trata de los relatos, de los cambios en cómo habla hoy la gente sobre estos temas”, dice Alex. “Y (los relatos) son más importantes por dos razones. Primero, porque son la base sobre la cual la gente toma decisiones de cara al futuro. (…) Podemos tener éxito hoy con la adopción de normativas, pero para afianzar estas normas debemos cambiar la forma en que la gente piensa sobre estas cuestiones, y para eso lo importante son los relatos. Y la otra razón es que ni siquiera habríamos conseguido los avances en normativas que ya hemos logrado si antes no hubiésemos cambiado los relatos prevalentes”.

La montaña del dragón

De vuelta en la City, John llega a su destino: el Temple Bar Memorial, un monumento que marca el punto donde solía estar la entrada principal a la City. La escultura propiamente dicha, de 1880, se alza en una isleta en medio de la calzada, y John se dirige a ella de nuevo cruzando a pie con descuido entre el tráfico de autobuses, taxis y coches.

En uno de sus lados, el monumento muestra una escena llamada “El avance de la reina Victoria hacia Guidlhall”, la sede de la Corporación de la City de Londres, la entidad que gobierna la City. Cuando la reina, la jefa de Estado del Reino Unido y de otros países de la Mancomunidad británica de Naciones, viene a este distrito de Londres, el Lord Mayor –el jefe de Gobierno de la City– y su séquito la reciben y, simbólicamente, la guardia real cede la protección de la monarca a la propia guardia de la City. “Ahora te encuentras bajo la protección de la Corporación de la City de Londres”, entona John el mensaje que escucharía la reina, “y la Corporación de la City de Londres está dominada por el poder de las finanzas. Encuentro esas relaciones muy simbólicas”, añade él con la mirada fija en el bajorrelieve que representa la escena.

De hecho, a lo largo de la historia la Corona Británica no ha sido capaz de subordinar por completo la City al gobierno del Estado, en particular en cuanto a temas fiscales. Aún hoy, la City mantiene poderes y prerrogativas legales que obtuvo en el siglo XI, y esta autonomía le permite actuar en varios sentidos como un paraíso fiscal y legal, y ser el centro de una vasta red global de transacciones opacas y no reguladas: bancos y fondos de inversión de todo el mundo usan la City para realizar operaciones que en sus países de origen serían delictivas.

“Leyes y normas que permiten evadir impuestos, leyes y normas que permiten todo tipo de prácticas financieras extremadamente dañinas y que extraen riqueza en lugar de crearla: eso es lo que en líneas generales ocurre aquí en la City de Londres”, relata John. “Pero esas leyes y normas fueron creadas por personas, y esas leyes y normas pueden cambiarse y quienes pueden cambiarlas son otras personas. Así que lo único que tenemos que hacer es generar la voluntad política de cambiar esas leyes y normas”.

En una comunicación por email, la Corporación de la City de Londres rehusó responder a varias preguntas para la realización de este reportaje.

“Nuestra visión utópica es que se reconozca que la democracia es la mejor forma de gobierno de entre todas las disponibles, que tenemos que arreglárnoslas con la democracia, y que son los impuestos los que mantienen con vida a la democracia”, concluye por su lado John antes de volver a esquivar el tráfico ya para marcharse de la City.

En 1981 dos autodefinidos “frikis informáticos” publicaron en un periódico alemán un artículo en el que convocaban un encuentro de interesados en los ordenadores para hablar de “redes internacionales, leyes sobre comunicación, leyes sobre el procesamiento de datos (¿a quién pertenecen mis datos?), derechos de autor, sistemas de información y aprendizaje, bases de datos, criptografía, videojuegos, lenguajes de programación, control de procesos, hardware, y cualquier otra cosa”.

Hoy, a mucha gente le preocupan esas cuestiones o al menos ha oído hablar de ellas. Pero esta convocatoria fue publicada en 1981, cuando la palabra “internet” aún no se usaba y muy pocas personas tenían un ordenador o unas mínimas nociones de informática. “Aún me sorprendo cuando veo nuestro texto, porque ha ocurrido exactamente lo que describía hace más de 30 años”, dice Klaus Schleisiek, uno de los dos coautores del artículo junto con Wau Holland, ambos expertos informáticos. Klaus, de 68 años, muy alto y con el pelo y la barba blancas, tiene un aspecto muy diferente al de la gran mayoría de personas que frecuentan los ambientes del activismo digital. Mientras que Klaus acabó siguiendo su propio camino, fue Wau, que murió en 2001, quien se convirtió en el padre y el alma del Chaos Computer Club (CCC), un colectivo alemán de hackers.

Casi cuarenta años después, en diciembre de 2017, el enorme Centro de Congresos de Leipzig, en el este de Alemania, está lleno de gente que camina rápido en todas direcciones. Muchos otros están sentados en bancos a lo largo de las paredes, o en sillas, o en el suelo, pero todos están invariablemente encorvados sobre sus ordenadores portátiles. El sol se pone temprano y entonces el Centro se llena de luces láser y de humo y de música. Es el Chaos Communication Congress, que organiza cada año el Chaos Computer Club. Con más de 15.000 asistentes, este Congreso se ha convertido en el mayor encuentro de hackers de Europa

Además de dar espacio a los participantes individuales y colectivos para que se establezcan con sus ordenadores y hackeen y trabajen en sus proyectos, hay más de 170 charlas, debates y talleres repartidos por salas de todo tipo durante los cuatro días del Congreso. Los temas van desde cuestiones relacionadas con la tecnología y el hacking (“Amenazas electromagnéticas a la seguridad informativa”, “Cómo hackear un robot aspiradora”), a temas científicos, culturales, sociales y políticos (“Aplicación de la neutralidad de internet en la Unión Europea”, “Estrechando la red en Irán”, “Destapando la red de falsas identidades en las redes sociales creadas por espías británicos”, “Atrápame si puedes: activismo en internet en Arabia Saudí”, “El trabajo policial en la era de la explotación de datos”).

Esas ideas están expresadas en la ética hacker, un código de conducta que incluye reglas como “desconfía de la autoridad, promueve la descentralización”, “el acceso a la información debe ser libre” y “el acceso a los ordenadores, y a todo lo que te pueda enseñar algo sobre cómo funciona el mundo, debe ser total y sin restricciones”, según las recopiló por escrito en 1984 el periodista Steven Levy.

“La ética hacker nos dice mucho sobre cómo debería ser una sociedad digital”, explica un joven barbudo de treinta y tantos años, que se identifica únicamente como “nexus” –su alias en internet– y es uno de los pocos portavoces del CCC. “Pero las normas son una guía, no reglas estrictas sino una guía. (…) Te dejan espacio para que las interpretes”. De hecho, el CCC matiza y añade dos principios propios a la recopilación de Levy: “El acceso a la información pública debe ser libre, la información privada debe estar protegida” y “no ensucies la información de los demás”.

En el Congreso, los hackers se reúnen para discutir y poner en práctica esas ideas: libertad de información, derecho a la privacidad, autogestión descentralizada. “La base es siempre compartir libremente el conocimiento, buscar abiertamente el conocimiento, intentar descubrir cómo funcionan realmente las cosas y qué puedes hacer con ellas”, cuenta Linus Neumann, de 35 años, consultor informático y otro de los portavoces del CCC. “Y tiene mucho sentido adaptar esa perspectiva hacker a temas y retos políticos: entender las disputas y discusiones políticas como problemas interesantes a los que hay que encontrar soluciones creativas”.

Robin Hoods informáticos

Robin Hoods informáticosEn aquellos primeros encuentros de principios de los 80, los hackers estaban tanto ilusionados como preocupados sobre las posibilidades que ofrecía el desarrollo de la informática. Cuando en 1983 las autoridades de la República Federal de Alemania planearon un censo muy exhaustivo para desarrollar tarjetas de identidad que los ordenadores pudiesen leer, Klaus y Wau respondieron con un contraconcepto: ¿por qué no desarrollar en su lugar procesos de gobierno que los ordenadores pudiesen leer? Los hackers no querían que las autoridades hicieran de las computadoras una tecnología abusiva, cuando esa misma tecnología podía empoderar a los ciudadanos para exigir la rendición de cuentas a las autoridades.

Al final, el Tribunal Constitucional se puso en términos generales del lado de los hackers. La corte estableció que el censo habría sido demasiado invasivo y que los ciudadanos tenían derecho a la autodeterminación informativa: “la competencia de cada individuo para determinar en principio y por sí mismo la divulgación y el uso de su información y datos personales”.

Aunque entonces aún casi nadie lo conocía, muy poco después el CCC se hizo famoso. En noviembre de 1984, los hackers alertaron a Deutsche Bundespost, la empresa estatal de telecomunicaciones, de vulnerabilidades de seguridad en su sistema BTX, que permitía pagar por contenidos de texto bajo demanda que llegaban a la televisión por la línea telefónica. La empresa ignoró el aviso del Club, así que los hackers consiguieron el nombre de usuario y la contraseña de un banco alemán y los utilizaron para pagar repetidamente durante todo un fin de semana por contenidos producidos por el CCC. Al final, los hackers habían robado 134.694,70 marcos alemanes del banco (unos 7,5 millones de pesetas de entonces).

El lunes, el CCC convocó una rueda de prensa en la que reveló cómo había aprovechado la vulnerabilidad del sistema y devolvió el dinero al banco. “Aquello envió un mensaje muy fuerte”, recuerda Klaus aún hoy sonriendo con malicia. La historia fue sensacional y los medios de comunicación describieron a los hackers como Robin Hoods informáticos.

El CCC, cuya sede estaba en Hamburgo, pronto se convirtió en una voz respetada en el emergente debate público sobre ordenadores y tecnología digital, y ya en 1986 el Partido Verde pidió a los hackers su opinión experta cuando se planteó empezar a usar ordenadores en sus oficinas en el Parlamento alemán.

Pero entonces todo cambió. Ese mismo año, varios jóvenes hackers alemanes habían conseguido empezar a infiltrarse en las redes de la NASA, del laboratorio CERN de investigación en física en Suiza, y de otras instituciones científicas y militares en varios países occidentales. En 1988, la historia se convirtió en un episodio de la Guerra Fría cuando tres de esos hackers –uno de los cuales tenía una cierta relación con el CCC aunque ninguno era miembro del Club– fueron arrestados y confesaron haber vendido información robada de esas instituciones al KGB, el servicio soviético de inteligencia.

El caso de ciberespionaje fue noticia en muchos países. Y aunque ningún miembro del CCC estaba involucrado, para mucha gente los hackers en general habían quedado manchados por el escándalo y pasado de amistosos Robin Hoods a peligrosos cibercriminales.

‘El poder de definir’

‘El poder de definir’Durante un par de años, los hackers mantuvieron un perfil bajo. Pero tras la reunificación alemana en 1990, Andy Müller-Maguhn abrió una rama del CCC en Berlín y así expandió el alcance del Club desde su base en Hamburgo. Gracias a la energía de Andy, miembro ya veterano del Club a sus entonces 19 años, y a los nuevos afiliados que llegaban desde la antigua Alemania del Este, donde cualquiera que había querido usar tecnología había tenido que convertirse en una especie de hacker, el Club se revitalizó.

Meticuloso y bien organizado, Andy fue clave durante aquellos años para convertir el CCC en una organización funcional y bien estructurada cuya visibilidad aumentó. Sus miembros daban charlas y participaban en conferencias, y seguían dedicados a demostrar públicamente vulnerabilidades informáticas. En 1993, el CCC mostró cómo hackers malintencionados podrían abusar del programa Microsoft Money para robar dinero a sus usuarios. El año siguiente, después de que IBM alardeara en un anuncio que tenía los mejores hackers del mundo en plantilla, el Club aprovechó una vulnerabilidad en las muestras gratuitas de programas de IBM para publicar cómo usar las versiones completas sin pagar. En 1998, con la expansión de los teléfonos móviles, el CCC mostró lo fácil que era copiar una tarjeta SIM para poder usar un teléfono y que todos los gastos fueran al dueño original de la tarjeta copiada.

A finales de esa década, Alemania y otros países europeos se habían dedicado a liberalizar la industria de las telecomunicaciones, los ordenadores personales ya eran muy comunes en oficinas y hogares, y mucha gente se conectaba a internet desde casa. “En esa época, también nos empezaron a invitar a audiencias con representantes del Gobierno. Porque nos habíamos establecido de una forma clara como una entidad que a diario explicaba a los periodistas cómo estaban las cosas. (…) Usábamos lo que luego Wau describiría como ‘el poder de definir’”, recuerda Andy, hoy empresario y consultor sobre seguridad informática.

En un campo tan complejo y en rápido desarrollo, y en el que aún había pocos expertos de perfil público, organismos de seguridad y defensa y el sector privado tenían toda la ventaja para influir en los políticos e imponer sus intereses en cuanto a infraestructura y normativa. Pero gracias a la visibilidad pública del CCC y a la habilidad de sus miembros para explicar con claridad conceptos sobre los que la mayoría del gran público tenía poca idea, el Club contribuyó a defender los derechos individuales y el interés general en el debate público sobre cómo desarrollar y regular las tecnologías de la información.

Sin embargo, en opinión de los hackers durante la década de 2000 internet se fue alejando cada vez más de su potencial original para ser una red descentralizada que permitiera a la gente comunicarse en igualdad de condiciones y organizarse para exigir transparencia a los gobiernos. Más bien, la red se fue convirtiendo en un espacio cada vez más vigilado por las agencias de seguridad, y cada vez más controlado por los intereses económicos y comerciales de unas pocas grandes empresas.

Pero la expansión de los ordenadores y la normalización de internet también ayudaron al CCC a crecer. Más ramas locales fueron abriendo por toda Alemania y el Club se convirtió en lo que es hoy: un colectivo descentralizado de hackers que aún quieren creer en la capacidad de los ordenadores para mejorar las cosas, y que vigila y denuncia el abuso de las tecnologías de la información por parte de gobiernos y empresas en perjuicio de los derechos individuales y del interés público.

Defensores de la privacidad

Defensores de la privacidadEn 2007, el Ministerio del Interior alemán anunció que había desarrollado un troyano –un programa que puede infectar un dispositivo electrónico y robar información– para espiar los ordenadores de sospechosos de terrorismo. El Gobierno ni siquiera necesitaría una orden judicial para usar el troyano, que podría llegar a grabar imágenes y sonidos del lugar donde estuviera el ordenador infectado, según las especificaciones detalladas en un borrador de la ley que el CCC pudo conseguir entonces.

Los hackers protestaron: en Alemania no había habido una vigilancia tan invasiva por parte de las autoridades desde los tiempos de la Stasi, el servicio de inteligencia de Alemania del Este durante la Guerra Fría. “Yo era una niña [en aquella época] y entonces sabíamos lo que no debíamos decir en público en la escuela, por ejemplo. Pero hoy es diferente, porque hoy no tienes la sensación de que alguien te está vigilando cuando usas tu teléfono, pero sí te vigilan”, asegura Constanze Kurz, de 43 años e ingeniera informática, que creció en Berlín Oriental y es otra portavoz del CCC y una de las pocas mujeres visibles en el Congreso

En una decisión que de nuevo se mostraba de acuerdo con la postura de los hackers, en febrero de 2008 el Tribunal Constitucional alemán dijo que el derecho a la privacidad de una persona se extendía a sus ordenadores y a lo que hiciera en internet. Y que el Gobierno sólo podría espiar el ordenador de alguien en unas condiciones muy estrictas, si había indicaciones claras de un peligro real, y si conseguía una orden judicial.

Un año antes, el CCC había publicado un informe muy extenso en el que explicaba cómo se podían hackear las máquinas electrónicas de votar, que en Alemania se habían usado de forma significativa por primera vez en 2005. Miembros del Club habían conseguido entrar en su sistema y reprogramarlas para que jugaran al ajedrez, y más prosaicamente también mostraron cómo se podían manipular los votos depositados en las máquinas. A principios de 2009, el Tribunal Constitucional citó este trabajo del CCC en una decisión en la que prohibió al Gobierno usar estas máquinas de votar.

“Si quieres saber si se puede hackear una máquina de votar, entonces te conviene que sea un hacker el que se ocupe del tema”, comenta Constanze. “Y también te conviene contar con expertos que no reciban financiación de nadie y que no estén afiliados a ningún partido político. Porque muchos expertos están afiliados o trabajan para una organización que ejerce presión política o que depende de la financiación particular de alguien. Y en nuestro caso no es así”.

En los últimos años, el Club ha seguido dando que hablar, también internacionalmente, gracias a sus revelaciones sobre las vulnerabilidades de algunos de los productos más conocidos del mundo. Si en septiembre de 2013 los hackers mostraron cómo engañar al sistema de reconocimiento de huellas digitales del iPhone 5 de Apple, luego en 2017 hicieron lo mismo con el sistema de reconocimiento de iris del teléfono Galaxy 8 de Samsung.

Pero el compromiso público del Club va más allá de descubrir vulnerabilidades y de explicar a políticos, periodistas y la ciudadanía las posibilidades y peligros de las tecnologías de la información. Por ejemplo, otro de los proyectos del CCC es Caos Va a la Escuela (Chaos macht Schule), dirigido a mejorar la educación tecnológica y mediática de los alumnos –y la de sus profesores y padres–, para que sean usuarios responsables y sepan cómo controlar los ordenadores e internet, y no que sean estas tecnología quienes los controlan a ellos.

Meritocracia descentralizada

Meritocracia descentralizadaEn la actualidad, el CCC tiene más de 10.000 miembros registrados repartidos en alrededor de 30 ramas locales, que hoy también incluyen unas pocas en Austria y en la parte germanohablante de Suiza. El Club en sí existe a través de todas estas ramas locales, que funcionan de forma autónoma y tienen sus propios hackerspaces –locales y espacios de trabajo– para que sus miembros y otros interesados se junten, socialicen y colaboren en todo tipo de proyectos relacionados con el mundo hacker. Las ramas del CCC suelen estar muy abiertas a sus comunidades locales, dan charlas y organizan eventos, y suelen producir y emitir podcasts o programas de radio divulgativos.

En el Club, todo funciona de un modo muy orgánico y, dependiendo de sus intereses y disponibilidad, alguien que empiece a asistir a una rama local puede acabar formando parte del equipo de hackers que trabajan en biometría, o en las máquinas de votar, o en los troyanos que desarrolla el Gobierno, o en Caos Va a la Escuela, o en cualquier otro de los proyectos del Club. Si alguien se ofrece voluntario para trabajar en algo y lo hace bien, entonces recibe cada vez más responsabilidades en esa área, y puede acabar incluso liderando el trabajo del Club en ese campo. “A la gente le sorprende cómo funcionamos: las estructuras del CCC son meritocráticas”, dice nexus.

También el Congreso, un macroevento de cuatro días con más de 15.000 asistentes, está organizado de ese modo descentralizado y por equipos autónomos y meritocráticos. Si alguien sólo quiere dedicar dos horas de su tiempo a colaborar en algo, es bienvenido. Y si alguien está dispuesto a dar más tiempo y trabaja bien, puede acabar siendo la persona responsable de toda un área de la gestión del Congreso.

Para ser una organización tan descentralizada, cuando se trata de hablar públicamente en nombre del Club son solo los miembros reconocidos oficialmente como portavoces quienes lo hacen. Y actualmente esos son nexus, Linus, Constanze y también Frank Rieger, un escritor y experto en seguridad informática de 48 años. Muchos asistentes al Congreso no quieren hablar con periodistas, o solo dan respuestas vagas y luego declinan dar su nombre.

Para quienes están aquí, la privacidad es un valor amenazado y que hay que defender, y parte del atractivo del Congreso para miembros y simpatizantes del CCC, otros hackers y cualquier persona interesada es poder disfrutar de un entorno construido por y para respetar la ética hacker y los valores defendidos por el Club.

“Cada persona a nuestro alrededor es especial de un modo específico, y eso nos hace a todos diferentes y nos convierte en individuos; pero fuera de aquí en muchos sitios no nos permiten ser individuos”, comenta nexus. “Aquí hay gente que cuando va a trabajar tiene que ir de traje y corbata y sentarse en un escritorio de oficina, pero esa no es la persona que quiere ser realmente, y aquí en el Congreso sí puede ser la persona que quiere ser. Y es algo que para nosotros tiene mucho valor, y es una expresión de la libertad que querríamos transmitir a la sociedad”.