Ana gana 900 euros y tiene tres hijos: un fondo buitre quiere desahuciarla de su piso protegido
Ana Vargas espera bajo las escaleras del edificio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. La empresa pública le concedió un piso en Vallecas de alquiler social hace más de siete años. Su casa, hasta ahora. Porque el Ayuntamiento vendió más tarde esa vivienda al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone (a través de la empresa Fidere). En total, 1.860 pisos que pasaron a manos privadas sin que sus inquilinos conocieran la transacción. Y este jueves Ana ha acudido a la EMVS con una orden de desahucio para el 12 de enero, firmada por los nuevos propietarios. En la escalinata, José Antonio también espera: él tiene la orden para este viernes.
Ana y José Antonio no están solos. A las puertas de la empresa pública se agolpan un grupo de personas que gritan, con rabia. “¡No tenéis vergüenza. Nos teníais que haber avisado!”, repiten en la entrada, aislada por un cordón policial. Una mujer se lamenta con su compañera: “Terminamos 2014 con desahucios y empezamos el año igual”.
A finales de 2013 saltó la noticia de que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid habían vendido primero 1.860 y después otras 3.000 viviendas protegidas a fondos de inversión. La operación, gestada a espaldas de las personas que habitaban los inmuebles, fue vendida como una transacción necesaria para aliviar las arcas públicas. Los gobiernos aseguraron entonces que los usuarios ni notarían el cambio: la única diferencia sería el destinatario de sus cuotas mensuales. Los inquilinos pronto se dieron cuenta de que no era cierto.
Los alquileres sociales tenían fecha de caducidad –las de sus contratos con las entidades públicas– y, ante un cambio en sus circunstancias o la imposibilidad de afrontar las cuotas, la respuesta de los nuevos propietarios es clara: “Ellos no ofrecen vivienda protegida”. Es lo que respondieron en Fidere a Ana Vargas, según cuenta, cuando supo que la protección de su casa tenía los días contados.
Tras la separación de su pareja, Ana tenía que ocuparse de sus tres hijos y hacer frente al alquiler (de unos 600 euros) con los 900 que gana como limpiadora. “No me llega”, resume. Acudió a la EMVS para renegociar el alquiler, para intentar ajustarlo a sus nuevas circunstancias, y cuando llevó los papeles que la trabajadora social le había pedido ésta le anunció que “ya no había nada que hacer, que habían vendido mi casa a una empresa privada”, cuenta.
José Antonio, con un hijo de 12 años a su cargo, también recibió una respuesta similar. “No tengo ningún sitio al que ir”, afirma. Trabajó 26 años como jardinero, pero desde que en 2011 perdiese un empleo como repartidor de publicidad no ha vuelto a trabajar. Este viernes intentará frenar su desahucio con el apoyo de los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras asociaciones vecinales. “No tengo muchas esperanzas”, admite.
Fidere no ha respondido a este medio sobre los casos de Ana y José Antonio.
Sin acceso al fondo 'solidario' de Botella
La sede de la EMVS recibió este jueves gritos amargos, cargados del temor de varias familias en situaciones similares a las de Ana y José Antonio. Pasa el tiempo y las peores sospechas se materializan en órdenes de desahucio. Los afectados acuden a los responsables con los que firmaron los contratos de sus casas, esos que nunca quisieron romper. El abogado Manuel San Pastor, que colabora con la PAH y representa a José Antonio, responde después de una reunión con la junta de distrito: “Nada, el desahucio sigue en pie”.
La imagen de Carmen Martínez, la anciana de 85 años que lloraba en el interior de su casa en Vallecas antes de ser desahuciada, se multiplicó por los medios de comunicación. Tras la gran repercusión mediática, la mujer recibió las ofertas de una vivienda por parte de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, e incluso del Gobierno central. Ana y José Antonio, también de Vallecas, aseguran que no han recibido la oferta de un piso por la EMVS. En la empresa pública apuntan que han ofrecido una vivienda de integración social a este último, “pero él rechazó el recurso”. José Antonio responde que no quiere criar a su hijo en una casa compartida.
El Ayuntamiento de Madrid no ha desplegado en estos casos su fondo 'solidario' de 400 viviendas, de las que según la entidad han firmado 309 contratos. Por un lado, el Proyecto de Viviendas Solidarias Distritos-EMVS (creado un mes después de la venta de las viviendas a Fidere), formado por 200 pisos para familias con ingresos que no superan 2,5 veces el IPREM (18.640,00 euros en 2012) y que ya han sufrido un desalojo, que tienen notificación de lanzamiento o que no pueden afrontar el coste de su vivienda. Por el otro, otras 200 viviendas pertenecientes al Programa de Viviendas Solidarias de la Ciudad de Madrid 2012-2015 que el Ayuntamiento “pone a disposición de entidades y organizaciones sociales”.
Ana asegura que ni siquiera le han informado de la posibilidad de acceder a estos pisos en sus visitas a la EMVS. José Antonio dice que no sabe cuáles son los requisitos, pero le han dicho que no los cumple. Julia Rodríguez, una anciana de 80 años que también iba a ser desahuciada por Fidere sí pudo acceder a este fondo alternativo. La empresa municipal no le concedió el piso hasta el mismo día en que estaba previsto el lanzamiento.
Las plataformas de afectados denuncian que la medida, aunque bienvenida, es solo un parche. Piden que sus viviendas regresen a manos públicas. “Yo solo quiero un alquiler que pueda pagar. No he tenido el valor de pegar una patada a una puerta y no estoy pidiendo algo por la cara. Solo algo que pueda afrontar para mantener a mis hijos”, pide Ana. El lunes 12 afronta su segunda orden de desahucio.
