Las aplicaciones de rastreo de contactos han fracasado en la Unión Europea. Al principio de la pandemia se plantearon como una herramienta esencial para detener las cadenas de contagio y los Estados miembros no dudaron en invertir millones de euros en su desarrollo. Luego anunciaron su implantación a bombo y platillo y lanzaron ambiciosas campañas de comunicación para promover su uso. Pero apenas un año después, cuando el virus está recuperando terreno y más podrían haber sido de ayuda, el análisis de sus estadísticas muestra resultados decepcionantes, con la mayoría de aplicaciones relegadas al olvido.

Los ciudadanos europeos respondieron masivamente a la llamada de las instituciones. En Alemania, por ejemplo, la aplicación Corona-Warn-App cosechó en su primer mes de vida 15,8 millones de descargas, el equivalente al 20% de la población, mientras que 2,5 millones de personas en Finlandia, el 45%, se habían descargado Koronavilkku dos meses después de su lanzamiento. Sin embargo, cuando comprobaron que las apps servían para poco más que consumir espacio y energía, dejaron de usarlas.

Al principio, las autoridades sanitarias fijaron en el 60% el umbral mínimo de descargas para que esta tecnología tuviera un impacto relevante, pero solo Irlanda ha sobrepasado ese dato en la Unión Europa. A finales de noviembre de 2021, la app Covid Tracker contaba con 3,75 millones de descargas, equivalente al 75% de la población. Nuevos estudios luego demostraron que las aplicaciones de rastreo también contribuyen a frenar los contagios a partir de una penetración del 20%, que la mayoría de los Estados miembros sí superaron.

Sin embargo, los datos de los casos positivos notificados a través de estas aplicaciones —en mayo solo uno de cada veinticinco europeos los comunicaban— cuentan una historia diferente: una historia de oportunidad perdida y, en algunos casos, de inversión desperdiciada. En Croacia, cada uno de los 77 contagios notificados a través de la app Stop COVID-19 le costó al Gobierno 1.683 euros de media, y eso que el desarrollo de la aplicación fue gratuito. Además, la falta de análisis y auditorías sobre los resultados impiden conocer con exactitud hasta qué punto las aplicaciones de rastreo han sido útiles en la lucha contra la pandemia.

Más de cien millones de euros invertidos

En abril de 2020, la Comisión Europea incluyó entre sus recomendaciones para la desescalada el desarrollo de aplicaciones que facilitaran el distanciamiento social y el rastreo de contacto. La eHealth Network, una red formada por las autoridades públicas de salud de los Estados miembros, respondió publicando una caja de herramientas para respaldar y unificar la concepción de estas aplicaciones.

A partir de esa base, los Gobiernos europeos fueron lanzando sus propias apps durante los siguientes meses, aunque los costes de desarrollo, mantenimiento e integración con el resto de aplicaciones —tareas encargadas generalmente a empresas privadas— no fueron homogéneos. Alemania, con 67,45 millones de euros presupuestados hasta finales de 2021, es con diferencia el país que ha destinado más recursos. Algunos países, como Bélgica, Lituania o Eslovenia, incluso apostaron por adaptar la aplicación alemana a su contexto nacional.

También destaca por su precio la neerlandesa CoronaMelder, en la cual el Gobierno de Países Bajos ha invertido 18,7 millones de euros, además de 4,3 millones en publicidad. Aunque la mayoría de países no desglosaron los gastos asociados a promover las aplicaciones, los datos de aquellos que sí lo hicieron demuestran el esfuerzo por que estas herramientas llegaran al mayor número posible de personas. En Francia y Estonia, de hecho, la inversión en publicidad superó a la del desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones: 4,78 millones de euros frente a 2,27 millones y 200.000 euros frente a 102.000, respectivamente. En España y Finlandia las cifras también fueron millonarias.

Sin incluir el gasto en publicidad, los Estados miembros han destinado al menos 106 millones de euros al diseño de esta tecnología, aunque no ha sido posible recabar la información económica de las aplicaciones de Chipre, República Checa —eRouška ya no está siquiera disponible— y Malta (ver metodología al final para más detalles). Asimismo, las apps de Italia y Letonia fueron desarrolladas a coste cero por compañías de software y luego cedidas al Estado, pero se desconoce cuánto dinero se ha invertido en su gestión. Estonia, Dinamarca y Croacia también recibieron la ayuda del sector privado, pero sí especificaron las partidas destinadas a mantener e integrar las aplicaciones.

En Austria, por su parte, la fundación privada Uniqa contribuyó con dos millones de euros a los tres millones que requirió la puesta en marcha de Stopp Corona App. Mientras tanto, Bulgaria, Grecia, Luxemburgo, Suecia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía no adoptaron ni promovieron de forma decidida una aplicación de rastreo de contactos.

Bruselas también reservó tres millones de euros del Instrumento de Asistencia Urgente para ayudar a los Estados miembros a adaptar sus aplicaciones nacionales al contexto europeo. Según ha confirmado la Comisión Europea a El Orden Mundial, trece países solicitaron la ayuda —Austria, Croacia, Chipre, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia y Eslovenia— y percibieron en conjunto cerca de dos millones de euros con una dotación máxima de 150.000.

Ni siquiera dos millones de contagios rastreados

Salvo excepciones, el esfuerzo sirvió de poco: según los datos recabados para este análisis, hasta noviembre de 2021 inclusive se notificaron 1,83 millones de contagios a través de las aplicaciones de rastreo. Eso significa que tan solo han servido para rastrear el 5% de los casos de covid-19 confirmados durante su periodo de actividad en los países con datos disponibles, pues no ha sido posible acceder a los de Chipre, Chequia, Estonia, Malta y Portugal.

Aunque hay casos de éxito, sobre todo en el norte del continente: Dinamarca ha alertado a los contactos estrechos del 26% de sus positivos, Finlandia al 16%, Alemania al 14% y Países Bajos al 10%, suficiente para evitar miles de nuevos contagios. Por su parte, la Universidad de Oxford estimó que la aplicación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido había evitado entre 200.000 y 900.000 infecciones desde octubre hasta diciembre de 2020 y que los casos disminuían entre un 0,8% y un 2,3% por cada 1% de usuarios adicionales.

Sin embargo, esos datos se desconocen en la Unión Europea, donde aún faltan estudios que permitan conocer el impacto real de esta tecnología en el devenir de la pandemia. Los Gobiernos dieron por finalizada su misión tras lanzar y promover las aplicaciones y por lo general se olvidaron de seguir alimentándolas, corregir errores y analizar sus aciertos y fallos. Además, muy pocas administraciones, como las de España, Francia e Italia, comparten las estadísticas de sus apps de forma proactiva, accesible y con actualizaciones diarias, síntoma de la escasa rendición de cuentas que ha habido en torno a estas herramientas.

Miedo a la pérdida de privacidad

“Si bien acepta que sus datos personales estén bajo el control de las empresas de internet, la mayoría de los ciudadanos parecen no estar dispuestos a compartir sus datos por el interés público”. A esa conclusión llegó un estudio publicado en agosto por el Centre for Economic Policy Research (CEPR) con respecto a la escasa penetración de las aplicaciones de rastreo. Pese a los esfuerzos que hizo Europa para garantizar un uso de los datos descentralizado y anónimo, los ciudadanos no terminaron de fiarse de sus gobernantes y muchos vieron en estas herramientas una forma de vigilancia y control.

Además, las aplicaciones de rastreo entraron en escena en un contexto de saturación, improvisación y escasez de recursos sanitarios, desde materiales hasta profesionales, por lo que las autoridades no pudieron dedicar toda la atención que exigían ni explotar al máximo su utilidad. De hecho, la integración de las apps en los sistemas nacionales de salud fue un problema común en la Unión Europea, y en muchas ocasiones los usuarios contagiados ni siquiera recibieron el código que debían utilizar para advertir a sus contactos estrechos.

La suma de todos estos factores impidió que las descargas aumentaran y que, igual que con las vacunas, el rechazo inicial se fuera desvaneciendo hasta que la presión social acabó por convencer a la mayoría de la población. Cuando la vida pasó a suceder en internet, la Unión Europea no fue capaz de sacar partido a la tecnología para detener las cadenas de transmisión. Tampoco de responder por qué una inversión de más de cien millones de euros sirvió de tan poco. La oportunidad estuvo ahí, esperando a ser instalada en los móviles de los ciudadanos.

Este artículo, publicado bajo una licencia CC BY-SA 4.0., forma parte de la European Data Journalism Network (EdjNet), un consorcio periodístico internacional que cubre temas paneuropeos usando periodismo de datos, y el proyecto Panelfit, apoyado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea (acuerdo de financiación n. 788039). La Comisión no ha participado en la producción del artículo y no es responsable de su contenido.

Puedes leer el artículo original publicado en El Orden Mundial aquí.

Se casaron hace casi diez años. Sin embargo, Adrian Coman, nacido en Rumanía, y Claibourn Hamilton, ciudadano estadounidense, han pasado gran parte de ese tiempo entre tribunales y litigios. ¿La razón? Luchar para vivir como el matrimonio que son en cualquier país de la Unión Europea.

En el 2010 la pareja celebró su boda en Bélgica, uno de los 14 Estados miembros de la Unión Europea que permite el matrimonio homosexual. En ese momento Coman no se imaginó que la idea de regresar a Rumanía junto a su pareja, en 2013, desataría una batalla legal que incluso provocó la reacción del lobby religioso ante Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y excandidato socialdemócrata a la presidencia de dicha institución.

Hamilton solicitó el permiso de residencia en Rumanía basado en la libertad de circulación que reconoce la Unión Europea, que avala el derecho de extranjeros a vivir en el territorio de la Unión si los integrantes de la familia, como “los cónyuges”, son ciudadanos de algún estado miembro. Sin embargo, las autoridades rumanas rechazaron la petición ya que, al no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, no podían ser considerados familia.

La pareja impugnó la negativa y el caso acabó en el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), a lo que le siguió una campaña de ataque y descrédito por parte de grupos conservadores.

La propia Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (Comece, que ejerce de representación de la Iglesia católica en Bruselas) tomó cartas en el asunto y advirtió al gabinete de Timmermans de que estaba “observando cuidadosamente la evolución del proceso” y que esperaba que no se abriera “la caja de Pandora, creando más problemas que soluciones”, según consta en un correo electrónico enviado el 28 de septiembre del 2017, al que ha tenido acceso esta investigación a través del Portal de Transparencia de la UE.

En el mismo correo, la Comece envía su “evaluación legal con respecto a la reforma del Registro de Transparencia” (que al final no se llevó a cabo), en el que recuerda las exenciones que tienen las iglesias y pide mantener el statu quo, ya que de lo contrario el Registro “interferiría con las relaciones Iglesia-Estado”. Los privilegios que tienen las iglesias para no confesar sus contactos y reuniones políticas en el seno de la Unión Europea han sido revelados esta semana por eldiario.es.

En las instalaciones de la Comece, el pasado 9 de abril de 2019, el secretario general Olivier Poquillon mira fijamente los papeles de esta correspondencia. Al preguntarle a qué se refiere con la frase “caja de Pandora”, responde tajante: “Hay cosas que son competencia nacional y otras que no lo son”, en referencia a la competencia que tiene cada país de aceptar o no el matrimonio homosexual.

“Para nosotros el Estado de derecho implica que la Corte respete los tratados. El 'caso Coman' consiste claramente en el uso de una disposición de no discriminación para imponer cosas a otros. Si se intenta transformar a la Unión en una herramienta de poder y control y no en una herramienta de servicio, nuestra reacción será contundente”, asegura.

Coman, en una entrevista para este reportaje, recuerda cómo “algunas iglesias se organizaron para tocar sus campanas al mismo tiempo, mientras tenía lugar nuestra segunda audiencia ante el Tribunal Constitucional en Bucarest”. Aquellas campanas también lograron hacer eco dentro del Parlamento Europeo. El 28 de junio de 2017, la eurodiputada rumana Ramona Manescu, del Partido Popular Europeo, junto con Sophia Kuby, directora de ADF en Bruselas (una organización legal basada en la fe), organizaron un evento privado en el Parlamento bajo el título ‘Matrimonio y competencia de los Estados miembros de la UE: el caso Coman en el TJUE’. En la siguiente imagen puede verse la invitación a la reunión:

A ese encuentro privado logró colarse Florin Buhuceanu, vicepresidente de Accept, fundación rumana que se encargó de defender a la pareja legalmente. En una entrevista telefónica, Buhuceanu recuerda lo que se habló a puerta cerrada: “Querían resaltar que existe una amenaza contra la libertad de religión y contra organizaciones como ellas [ADF]. Con ello buscaban decir que la Comisión Europea estaba tratando de forzar a todos los Estados miembros a aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que el caso no buscaba, ya que este se refería al reconocimiento de los derechos de residencia para aquellas parejas que ya estaban casadas”.

El 5 de junio de 2018, el TJUE falló a favor de la pareja basándose en el principio de libre movimiento de la UE y en una amplia interpretación del término esposo. Sin embargo, el proceso todavía no ha terminado porque Rumanía se resiste a aplicar la sentencia. “No esperábamos el largo retraso en la aplicación de la decisión a la legislación nacional en Rumanía y en todos los demás países que tuvieron que transponerla a su realidad legal”, confiesa Buhuceanu.

La falta de aplicación también ha sido evidenciada en el Parlamento Europeo por la eurodiputada neerlandesa Sophie in't Veld (ALDE), quien el pasado 6 de noviembre indicó que “algunos Estados miembros se niegan a implementar la decisión (refiriéndose al caso Coman), incluso después de que los ciudadanos se hayan quejado de su incumplimiento”.

A través de una pregunta por escrito, la eurodiputada consultó a la Comisión si emitirá “procedimientos de infracción si los Estados miembros no cumplen la jurisprudencia del TJUE”. Desde la institución respondieron que no han recibido quejas por falta de aplicación de la legislación comunitaria, aunque no descartaron “tomar las medidas necesarias” en caso de que ocurriese, incluyendo “procedimientos de infracción”.

Hasta el momento, Hamilton “no ha sido reconocido como esposo”, por lo que sigue sin obtener la residencia en Rumanía, explica Buhuceanu. La mudanza de Coman y Hamilton lleva seis años de retraso y la pareja aún reside en Nueva York. “No es fácil, todo lleva mucho tiempo, pero preferimos recordar el inmenso apoyo que hemos recibido”.

Frente a las voces en contra, Adrian Coman, reflexiona: “Las iglesias podrían haber usado sus recursos e influencia para hacer algo positivo para la vida de las personas”.

Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.

Bruselas, y también América Latina, son destino frecuente para los grupos de presión españoles que luchan por acabar con el derecho al aborto, el matrimonio homosexual o la perspectiva feminista. Conscientes de la incesante labor legislativa que realiza la Unión Europea, el ultracatolicismo español ha comenzado a hacer acto de presencia en la capital belga. Como ejemplo destacan dos iniciativas que en los últimos años han invertido grandes sumas de dinero para promover y realizar un lobby religioso que de por sí cuenta con un trato privilegiado en las instituciones comunitarias, tal como ha revelado eldiario.es este miércoles.

Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y exeurodiputado con el Partido Popular, e Ignacio Arsuaga, presidente de la asociación española HazteOír, son el puente de unión entre la estructura del lobby religioso en Bruselas y las organizaciones más conservadoras de España. El primero, exministro del PP, fundó en 2013 la Federación Europea One of Us, con el objetivo de defender los “valores basados en raíces judeocristianas”; el segundo impulsó ese mismo año CitizenGo para exportar el modelo de HazteOír a otros países europeos. 

Corría marzo de 2012 cuando Jaime Mayor Oreja, aún en su escaño del Europarlamento, promovió una Iniciativa Popular Ciudadana (ECI, por sus siglas en inglés) en la cámara comunitaria “en defensa de los no nacidos”. La ECI con el récord histórico de apoyos —llegó a recoger 1.721.262 firmas— no fue aprobada por la Comisión Europea, pero devino un año después en la creación de la Federación Europea One of Us. Más recientemente, a comienzos de este año, Mayor Oreja lanzó en París la “plataforma cultural” One of Us, “un think tank provida paneuropeo” que también dirige el exdirigente del PP.

Así, Mayor Oreja abandonó su escaño en el Parlamento Europeo, pero durante toda su jubilación política no ha dejado de visitar frecuentemente Bruselas. De hecho, One of Us continúa celebrando una vez al año su 'Semana por la Vida' en las dependencias de la UE, a la que suelen acudir representantes del Partido Popular Europeo. Su último anuncio ha sido la adhesión de varias universidades españolas, como la CEU San Pablo (Madrid) o las católicas de Ávila y Murcia, a la plataforma cultural de One of Us este verano.

Los ánimos expansionistas de Mayor Oreja le han llevado asimismo a sobrepasar las fronteras europeas y aterrizar en América Latina, en este caso a través de la Red Política por los Valores, de la cual es impulsor y hoy en día presidente de honor. Esta red incorpora a representantes políticos de todo el mundo, entre ellos a varias figuras de la derecha latinoamericana, para proteger “la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad religiosa”. De hecho, el pasado mes de abril la Red Política por los Valores celebró en Bogotá (Colombia) su III Cumbre Transatlántica, en la cual participó, junto a otros políticos conservadores de la región, el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Esta misma semana, Jaime Mayor Oreja presentaba One of US en Santiago de Chile para cargar contra la “ideología de género”, “en defensa de la vida” y contra el matrimonio homosexual.

Para Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica y exasesor de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, estos grupos “le hacen el trabajo sucio a la Iglesia” a través de numerosas actividades, como recogidas de firmas online, marchas, foros, eventos en el Parlamento o creación de medios de comunicación. Algunas organizaciones incluso se especializan en participar en litigios, como Abogados Cristianos o Profesionales por la Ética.

El lanzamiento de One of Us fue posible gracias al apoyo de la Fundación Valores y Sociedad, creada en 2011 por el propio Mayor Oreja. Según las cuentas depositadas en el Registro Nacional de Fundaciones, hasta 2015 el grupo había invertido más de 150.000 euros en la iniciativa. La mayoría de ese dinero, a su vez, había sido recabado por Mayor Oreja a través de sus buenas relaciones con diferentes fundaciones y empresas, con las que ha ido cerrando convenios de colaboración por valor de 267.00 euros en esos cinco años.

En cuanto a sus miembros, One of Us aglutina a 17 organizaciones católicas españolas como Profesionales por la Ética o Cidevida, a las que pertenecen hasta once ex altos cargos del PP como la expresidenta de los populares vascos María San Gil o el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Por su parte, HazteOír —fundada en 2001— y CitizenGo, cuyo ideario hace mención a la “concepción cristiana de la vida y la sociedad como inspiradora” de sus valores, han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. En 2008, HazteOír declaró unos ingresos de 357.000 euros. En las últimas cuentas publicadas en su web, las de 2017, ya eran cerca de 2.500.000 euros, siete veces más que nueve años antes. Su filial internacional, CitizenGo, pasó de ingresar 76.600 euros en 2013 a 1.146.000 euros en 2015, año de sus últimas cuentas disponibles en el Registro Nacional de Fundaciones.

Ese crecimiento, que le ha servido entre otras cosas para aumentar su plantilla o financiar Actuall, su propio medio online —contó con un presupuesto de más de medio millón de euros en 2016—, se ha producido al amparo de la declaración de utilidad pública. Otorgada en 2013 por el exministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, la nueva condición le permitió ofrecer ventajas fiscales a sus donantes, que podían desgravar sus aportaciones. En febrero de este mismo año, tras incluir en sus cuentas de 2017 la campaña del autobús tránsfobo, la declaración de utilidad pública le fue revocada por el actual ministro del Interior en funciones del gobierno del PSOE, Fernando Grande-Marlaska.

El portavoz de CitizenGo sostiene que la decisión de quitarles la declaración de la utilidad pública es una “medida ideológica que busca la ruina económica” de la asociación, ya que entre 2012 y 2017 el 60% de sus ingresos procedió de las cuotas de los afiliados. A pesar de ello, confían en que no afecte a las cuentas de HazteOír: “La mayoría de nuestros donantes han mantenido su ayuda, y en muchos casos han pasado a donar más, conscientes del intento del Gobierno de silenciar las voces disidentes”.

Mientras tanto, Arsuaga continúa con la internacionalización de su discurso: “Rezad. Rezad por la familia natural, rezad por nuestras familias. Confiad en Dios y en la divina Providencia. Con la ayuda de Dios ganaremos la batalla cultural más pronto que tarde”, dijo en el último Congreso Mundial de las Familias celebrado en Verona el pasado mes de marzo, donde compartió lista de ponencias con el líder de la Liga italiana Mateo Salvini.

Vox pesca en la red de lobby

En su batalla cultural, las asociaciones ultracatólicas españolas tienen claros sus adversarios: lo llaman ideología de género, industria abortista, detractores de la familia natural, 'lobby gay'... pero también sus aliados. Vox no solo ha absorbido su vocabulario sino que también ha trasladado las ideas de estas organizaciones al poder legislativo. En concreto, el partido de Abascal ha incorporado a sus listas a, al menos, 16 nombres que forman parte de una red cuya influencia se extiende hasta Bruselas. De ellos, cinco son ya representantes públicos en las instituciones españolas.

Lourdes Méndez, diputada en el Congreso con Vox y ex del PP, es también presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana y colabora con One of Us. En la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio tiene entre sus diputados a tres personas procedentes de este entorno: Mariano Calabuig (cofundador del Foro de la Familia), Gádor Joya (miembro de la directiva de HazteOír) y Alicia Verónica Rubio (vicesecretaria de Movilización de Vox y miembro de Profesionales por la Ética).

Esta influencia no se queda ahí, sino que también alcanza el poder municipal a través de una ciudad tan importante como la capital de Andalucía, Sevilla, en cuyo Ayuntamiento Cristina Peláez (colaboradora de Red Madre y Derecho a Vivir, ambas bajo el paraguas de HazteOír) es la única concejal del partido. A nivel europeo, Francisco José Contreras (directivo de HazteOír y patrono de la Fundación Valores y Sociedad) se quedó a las puertas de entrar en el Parlamento —ocupó el número cinco en la lista de Vox, que solo consiguió tres escaños—.

Paralelamente, el Partido Popular también ha llevado al primer plano político a dos figuras con conexiones arraigadas en el ultracatolicismo español. Una de ellas es Adolfo Suárez Illana (vocal de Red Madre hasta este verano y miembro de One of Us), número dos de la formación por Madrid y secretario tercero de la Mesa del Congreso de los Diputados. En el Senado le secunda Javier Puente (vicepresidente de la Asociación Familia y Dignidad Humana), repescado por Pablo Casado tras ser uno de los diputados rebeldes que rompieron la disciplina de voto del PP en la paralización de la reforma de la Ley del Aborto en 2015.

Pinche aquí para consultar la metodología

La presencia de voces ultracatólicas en la política española ha tenido su último reflejo en el pacto de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Vox intentó hasta el último momento que el nuevo Gobierno derogara parte de las normas regionales de identidad de género y contra la LGTBIfobia, aprobadas por Cristina Cifuentes, aunque el documento final no incluyó tales demandas. No obstante, Díaz Ayuso se comprometió a luchar contra “el machismo, pero no contra los hombres” y a crear una Consejería de Familia Asuntos Sociales y Natalidad, cesiones que contentaron a los diputados del partido de extrema derecha que defienden las ideas más conservadoras del catolicismo.

Mañana la tercera parte de esta investigación abordará el intento de mudanza de una pareja homosexual a Rumanía, que provocó la reacción del lobby religioso en Bruselas.

Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.

Es marzo de 2019. Faltan dos meses para las elecciones europeas y llueve en Bruselas. Hombres de traje y corbata indican el camino a su esperado huésped. Él viste de blanco de pies a cabeza y porta unas gafas metálicas que beatifican su afilada mirada.

En la sala, sus acompañantes se dirigen a él como “padre” o “hermano”, incluida la única mujer presente –la traductora– entre una treintena de hombres. Con un gesto discreto, sostiene la silla mientras su invitado, Jean-Claude Juncker, el presidente y rostro más visible de la Unión Europea, toma asiento. La puerta se cierra y la prensa queda fuera. La tormenta arrecia en la capital belga y Olivier Poquillon, el encargado de vigilar los intereses de los católicos en la UE, sabe que es un buen momento para alargar la sombra de su sotana.

_____________

La visita de Juncker a la Comisión de las Conferencias de Obispos de la Comunidad Europea (Comece) subrayó la relación entre el brazo político del Vaticano y el organismo europeo. Poquillon –su secretario general hasta el pasado mes de agosto, puesto que ahora ocupa el español Manuel Barrios– lo tiene muy claro: “Nosotros [la Iglesia católica] llevamos aquí más de 2.000 años; ellos [la UE], 60”, predica este francés, uno de los religiosos más influyentes en Bruselas, en una entrevista concedida para esta investigación el pasado 9 de abril. En su oficina en el distrito europeo bruselense, a tan solo siete minutos a pie del Europarlamento, conviven una foto suya con el papa Francisco, un Mac y una bandera europea. 

A unos metros del Berlaymont, el edificio más emblemático de la Comisión, se encuentra también la sede de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC, por sus siglas en inglés). “No estamos buscando privilegios para nuestras iglesias”, defiende allí el reverendo eslovaco Peter Pavlovic, que representa a esta organización a la que pertenecen 114 iglesias ortodoxas, protestantes y anglicanas.

La influencia de la Comece y el CEC, los dos lobbies religiosos más importantes en Bruselas junto con la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD, por sus siglas en alemán), no sería la misma sin la existencia de una serie de privilegios conseguidos en los últimos años en su relación con las instituciones europeas.

Su primer gran logro fue la redacción del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que fue introducido en 2007 por el Tratado de Lisboa, el hermano menor de la fallida Constitución Europea. Este artículo establece un “diálogo abierto, transparente y regular con iglesias, asociaciones religiosas y organizaciones filosóficas y no confesionales”. A pesar de la oposición inicial de grupos humanistas y varios eurodiputados, el artículo 17 es la principal baza de los lobbies religiosos, pues obliga por ley a las instituciones europeas a mantener un diálogo con ellos.

Para iniciar en el vídeo selecciona 'view story', la opción te dirigirá hacia los cuatro entrevistados. Pinchando cada entrevistado y, luego, cada pregunta, se puede acceder a sus declaraciones.  

Solo el 20% de las reuniones entre la Comisión y lobbistas religiosos fueron publicadas

En el Registro de Transparencia de la Unión Europea, que entró en funcionamiento en 2011 para poder fiscalizar a todos los grupos de presión que se reúnen con representantes de la Comisión, figuran cerca de 12.000 lobbies. De ellos, tan solo 54 son organizaciones religiosas. Pero ese número no representa ni mucho menos el tamaño de su actividad, que la mayoría de veces es opaca.

“Si miras los datos, piensas que el lobby religioso es algo que realmente no ocurre”. Es la conclusión a la que llega el francés Raphaël Kergueno, miembro de Transparency International. Kergueno sostiene que “cualquier tipo de organización que trate de influir en el proceso de toma de decisiones debe estar en el Registro de Transparencia, sin importar si es una empresa, una ONG, un grupo religioso o una universidad”.

Se trata, precisamente, de uno de los privilegios de las iglesias en Bruselas. Portavoces de la Comisión afirman que “los representantes de los grupos religiosos deben cumplir con los más altos estándares de ética e inscribirse en el Registro de Transparencia de la UE”, pero la realidad es otra. Gracias al acuerdo del 19 de septiembre de 2014 entre la Comisión y el Parlamento y las decisiones de la Comisión del 25 de noviembre de 2014 (343/19 y 343/22), “las iglesias y comunidades religiosas” pueden reunirse con altos cargos de la Comisión sin necesidad de estar inscritas en el registro, condición que sí se aplica a otro tipo de lobbies.

Tuit de la reunión de la Comisión de Asuntos Legales de la Comece en la que participó Martin Ohridski, encargado del Registro de Transparencia de la Unión Europea.

Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, argumenta que “los lobbies más fuertes no están registrados, porque son las propias iglesias, el Vaticano [que posee el estatus de Estado y su influencia es considerada diplomacia] o las órdenes religiosas”.

Esta investigación ha podido identificar, a través de peticiones de acceso a la información al portal AsktheEU y la revisión de comunicados de prensa, al menos 244 reuniones entre miembros de la Comisión e iglesias, comunidades religiosas o el Vaticano entre 2013 y mayo de 2019. De ellas, solo 49 fueron publicadas y colgadas en el Registro de Transparencia, esto es, el 20%. Los 244 encuentros superan los 214 mantenidos con Google —el lobby que más reuniones ha tenido según el mencionado registro— desde 2014.

De las 244 reuniones identificadas, el 76% fueron con representantes del Vaticano o iglesias cristianas (católicas y protestantes), el 12% con organizaciones judías y el 5% con grupos islámicos. Por su parte, los representantes religiosos que tuvieron más reuniones fueron el Nuncio Apostólico ante la UE, Alain Paul Lebeaupin (15%), la Comece (13%), la Iglesia Evangélica Alemana (7%) y el CEC (5%).

Pincha aquí para consultar la metodología

Los datos reflejan el poderío del cristianismo (que incluye a católicos y protestantes), cuya capacidad de influencia está respaldada por un sólido soporte económico. La Comece, por ejemplo, según los datos del Registro de Transparencia de la UE, cuenta con un presupuesto de 1.209.017 euros, muy cerca de los 1.375.000 euros de la compañía Telefónica, Orange o la tabacalera Philip Morris.

Contactados por esta investigación, portavoces oficiales de la Comisión explican que, “dado el estatus específico del Tratado [de Lisboa], no hay obligación de publicar las reuniones mantenidas en el contexto del diálogo con organizaciones religiosas o no confesionales”.

El proceso legislativo del Parlamento, blanco del catolicismo

El Parlamento Europeo ha sido uno de los últimos objetivos del lobby religioso en Bruselas. El pasado mes de abril, Mairead McGuinness, vicepresidenta popular encargada de supervisar el diálogo religioso en la Cámara, presentó un informe que finalmente no fue aceptado, pero que proponía dotar a los representantes religiosos de una herramienta excepcional de seguimiento legislativo: un contacto directo con los ponentes que exponen los informes ante los eurodiputados. De llegar a confirmarse, la Comece podría, por ejemplo, estar al tanto de todo lo que acontece en el Parlamento antes que cualquier otra organización.

El informe fue fruto de una reunión entre McGuinness y organizaciones involucradas en el diálogo religioso y no confesional el pasado 19 de febrero en el Parlamento Europeo, de cuyos 16 participantes 13 fueron representantes de grupos religiosos. El borrador final, al que ha tenido acceso esta investigación, fue redactado en marzo y entregado a la oficina del Parlamento Europeo en abril.

El texto provocó una reacción de protesta de un grupo de eurodiputados verdes y socialistas que enviaron una carta al expresidente del Parlamento, Antonio Tajani, advirtiéndole de que la aplicación del informe supondría una “violación grave del principio de separación entre religión y política”. Finalmente, Tajani rechazó el documento de McGuinness, que no ha querido hacer ninguna declaración para esta investigación.

Julie Pernet, miembro de la Federación Humanista Europea que estuvo presente en la consulta, acusa a McGuinness de plegarse a las exigencias de la Comece. Desde su oficina en Bruselas, manifiesta que “es una cuestión de tiempo” que la Iglesia también se inmiscuya en el proceso legislativo del Parlamento. Además, reitera que “la Comece siempre ha obtenido lo que ha querido de las instituciones”.

Un ultracatólico, a cargo de defender la “libertad de creer y no creer”

Otro ejemplo “concreto en el que el fundamentalismo religioso trató de influir enérgicamente en el trabajo parlamentario es el informe sobre las funciones del primer enviado especial para la promoción de la libertad religiosa o de credo fuera de la UE”, el eslovaco Jan Figel –excomisario y miembro del Partido Popular Europeo (EPP)–, afirma la eurodiputada verde Terry Reintke. 

Con un currículum que incluye el rechazo al matrimonio homosexual, al aborto y la “ideología de género”, Figel fue designado en 2016 por el propio Juncker, mientras “hablaba en el Vaticano, con motivo de la entrega del Premio Carlomagno al Papa Francisco”, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado por la Comisión. Lo hizo “a pedido del Vaticano y en presencia del Papa”, en palabras de Pernet.

El informe, cuya primera versión fue redactada el 11 de julio de 2018, pretendía establecer las directrices del puesto de Figel y, según Reintke, trató de enfatizar “la persecución de los cristianos y la afirmación de la naturaleza cristiana de Europa”. El documento final, que tuvo que superar hasta 218 enmiendas, fue “más equilibrado”, indica Reintke, debido a la presión de eurodiputados y grupos humanistas.

Si bien el mandato de Figel nació con una duración provisional de un año, ya ha sido renovado tres veces y expirará este mes de octubre, por lo que la nueva Ejecutiva de la Comisión deberá resolver su futuro.

Uno de los principales reproches a Jan Figel por parte de organizaciones humanistas y eurodiputados verdes y liberales es su relación con grupos cristianos antiabortistas y anti-LGTBI que han aterrizado recientemente en Bruselas. De hecho, tras la aprobación del mencionado informe, Figel compareció en rueda de prensa en el propio Europarlamento junto a representantes de CitizenGo y ADF –dos organizaciones con base religiosa–, el 15 de enero de este año.

CitizenGo, la rama internacional del grupo ultracatólico español HazteOír, y ADF, “una organización de defensa legal basada en la fe” estadounidense, son dos de las organizaciones conservadoras de base religiosa con más peso en Bruselas. De hecho, las dos forman parte de Agenda Europa, “una red mundial de líderes que comparten una visión de una sociedad basada en la dignidad de cada persona y la familia como una institución esencial”, creada en 2013.

Sus impulsores fueron ADF y el European Center for Law and Justice (ECLJ), otra organización religiosa presente en Bruselas. Ambas han recibido en conjunto 22.162.699 dólares de sus sedes norteamericanas desde 2008, tal y como muestran sus declaraciones de impuestos presentadas en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En su oficina de Bruselas, Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, explica para esta investigación que la alianza “busca anular las leyes existentes sobre derechos humanos básicos relacionados con la sexualidad y la reproducción”. Según sus averiguaciones, en la actualidad Agenda Europa está formada por “más de 100 organizaciones de más de 30 países europeos”, entre ellas HazteOír/CitizenGo.

Fuentes de CitizenGo resumen así el objetivo de Agenda Europa: “Tratamos de influir en las instituciones políticas para promover los valores que defendemos y con los que se identifican millones de ciudadanos en la Unión Europea”.

Prueba de ello son los correos electrónicos intercambiados entre el español Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír, y algunos miembros de esta red el 18 de diciembre de 2018, apenas dos semanas después de las elecciones andaluzas, a los que esta investigación ha tenido acceso.

En uno de ellos, el presidente de HazteOír les pide a varios miembros polacos de Agenda Europa, incluido un ex alto cargo de Ley y Justicia (PiS), el partido ultraconservador que gobierna el país, que le manden “algún documento que describa las leyes polacas que regulan el aborto”, ya que “hay un partido político que quiere estudiarlas para proponerlas como un primer paso hacia el aborto cero”.

“Gracias a Dios, el sistema político español está temblando y políticas provida y profamilia políticamente incorrectas van a ser discutidas en nuestros parlamentos regionales y nacionales. Por favor, ¡rezad por España!”, responde Arsuaga tras la recepción de la documentación solicitada.

Tres meses después, el 20 de marzo de 2019, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, se reunieron con el líder de Ley y Justicia en la capital de Polonia, uno de los países europeos más restrictivos con el aborto, tal y como hizo público la propia formación española.

Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.