Un atardecer de finales de este pasado verano, en un lugar mágico del noreste de Mallorca llamado Son Comparet, gozando de la hospitalidad impecable de los hermanos López Nadal, Gonçal y Juan Manuel, un grupo de personas tuvimos la oportunidad impagable de escuchar a y conversar con Belén Barreiro e Ignacio Sánchez Cuenca acerca del panorama político vinculado a los movimientos de los partidos progresistas y de lo que la sociología nos informa sobre las intenciones de voto de la ciudadanía y la opción política de quienes se incorporan al cuerpo de electores.

En el debate pregunté a ambos sobre qué debíamos entender con la repetida invocación a la unidad de la izquierda y, aunque no recuerdo que llegáramos a una convención acerca de qué significa tal concepto, sí hubo una sesuda y fundamentada disección, por los ponentes, de lo que cada una de las fuerzas que se incluyen en tal espectro interpreta, y desde su reflexión me atrevo a escribir acerca de lo que pudiéramos entender por unidad de la izquierda.

Diversas fuerzas nacionalistas, como ERC, EH Bildu o BNG, ante la propuesta de Gabriel Rufián sobre una hipotética unión de todos los partidos progresistas –a la izquierda del PSOE– ya han manifestado que sus intereses y los de sus votantes se concentran esencialmente en aquellas políticas que afecten a los territorios en los que su presencia es poderosa. Ignoran voluntariamente por razones vinculadas a su fuerza electoral en dichos territorios que Vox, que no hace más que ganar respaldo electoral y capacidad política, tiene como un objetivo declarado la derogación del Título VIII de la Constitución “De la organización territorial del Estado”, cuyo capítulo III regula a las Comunidades Autónomas.

La convocatoria del día 21 de febrero hecha por Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar supone otro esfuerzo para lograr que los votantes de este espectro político puedan tener una papeleta que depositar en las próximas elecciones generales, venciendo la natural propensión a aumentar las filas de la abstención cuando ninguna oferta es del todo satisfactoria. Ese ha de ser el objetivo que el encuentro ha de perseguir, más allá de cuál sea la marca o quién o quienes hayan de encabezar la deseable propuesta unitaria. Si, además, son capaces de atraer a otros partidos como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca resulta indiscutible que se perfila como una opción para oponer resistencia a la llegada de la derecha extrema al gobierno de este país. 

Falta Podemos. Ya han comprobado en Aragón las consecuencias de ir en solitario a una convocatoria electoral. Se han convertido en una especie de pequeña empresa familiar, dirigida por quien no está activo en política, en la que aquellas jóvenes con las que compartí grupo parlamentario y que renegaban de los “políticos profesionales” llevan once años percibiendo sueldos públicos y tratan de garantizar que al círculo más íntimo de amigos y colaboradores no les falten ingresos regulares. Diluirse en una propuesta conjunta, en la que Irene Montero no tendría la seguridad de encabezarla, determina perder el control sobre el resultado pretendido. Si se quiere evitar el reemplazo al que ella ha aludido en diversas ocasiones, su espacio habrá de reflexionar si permanecer en solitario o establecer vetos sobre otras formaciones es la mejor manera de confrontar con la derecha extrema.

Podemos se ha convertido en una especie de pequeña empresa familiar, dirigida por quien no está activo en política, en la que aquellas jóvenes con las que compartí grupo parlamentario y que renegaban de los 'políticos profesionales' llevan once años percibiendo sueldos públicos y tratan de garantizar que al círculo más íntimo de amigos y colaboradores no les falten ingresos regulares

El lema “Un paso al frente” parece un llamamiento a la voluntad de las bases de los partidos convocantes a participar activamente en el lanzamiento de la ilusionante propuesta, pese a que solo algunas de las fuerzas convocantes han aludido a la necesidad de que se convoquen primarias para decisiones como la de elegir a la persona que haya de ser el cartel electoral de la neonata organización. Esa es una de las cuestiones claves que habrán de ser resueltas a partir del 21 de febrero, sin que proclamas como la de la portavoz de Sumar en el Congreso, manifestando a voces quién haya de ser esa persona –por más que se justifique por inexigibilidad de otra conducta–, puedan desviar la atención de que serán los potenciales votantes del conglomerado o asociación quienes habrán de refrendar las decisiones esenciales.  

Si Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar no tienen claro y diáfano que en las militantes y simpatizantes reside la legitimidad para determinar quién o quiénes sean las personas más idóneas para encabezar el proyecto común, atendidas las grandes decisiones políticas y de programa que un grupo de escogidas y escogidos fijen en el encuentro, la propuesta nace gravemente lastrada desde su nacimiento y no se cohonestará con el lema elegido.

Estamos ante un momento decisivo para movilizar el voto progresista, no por el repetido mantra de que “vienen los fachas”, sino para profundizar en los avances sociales que se han conseguido y se seguirán promoviendo en lo que queda de legislatura, evitando retrocesos intolerables para derechos adquiridos que ya no reclamarán la diabólica intervención de Abogados Cristianos o Hazte Oir ante los juzgados, pues serán publicados en el BOE.

La deseada unidad de la izquierda, si es real, reclama responsabilidad en las propuestas abandonando cualquier tentación de que se convierta en un debate sobre personas, sobre “quítate tú pa' ponerme yo” ahora que lo latino se reivindica –aunque Isabel Díaz Ayuso no haya entendido nada– ante el evidente riesgo de que un cuerpo electoral desanimado y desmovilizado pierda las escasas esperanzas que el panorama actual ofrece. Los responsables de cada uno de los partidos convocantes están, lo creo sinceramente, ante una oportunidad impagable y necesaria de demostrar que lo que se persigue es hacer frente al tsunami reaccionario, debiendo asumir que no es admisible un fracaso en los resultados que frustre, quién sabe si no definitivamente, las expectativas de quienes en ellos y en sus aliados naturales depositan su confianza elección tras elección.

Hagan desaparecer los signos de interrogación y consigan, esta vez sí, la deseada unidad de la izquierda.   

Tras la lectura completa de la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial seguida contra el que en ese momento era fiscal general del Estado, y sin ánimo de ser exhaustivo, por lo que excluyo el comentario sobre las cuestiones previas planteadas que serán importantes en sucesivas instancias, debo manifestar mi decepción con el relato de hechos de la mayoría, como con la valoración probatoria que conduce al pronunciamiento condenatorio anticipado por el tribunal en inusual y perturbadora práctica judicial. Resultaría agotador glosar toda la sentencia que incluye el voto discrepante de dos magistradas, partidarias de absolver al acusado, por lo que me centraré en dos cuestiones que me han llamado poderosamente la atención.

Tanto la mayoría proclive a la condena como las firmantes del voto particular efectúan sus propios relatos de hechos probados, siendo destacable la diferencia que existe en el detalle con el que se describe el momento exacto en que se atribuye a Álvaro García Ortiz la filtración del correo electrónico al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos.

En el pronunciamiento de la mayoría –folios 18 in fine y folios 19 de la sentencia–, se resume el hecho de la siguiente manera: “La información recopilada, concretamente, el correo electrónico de 2 de febrero, fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del Sr. García Ortiz, al periodista de la Cadena SER, D. Miguel Ángel Campos, lo que permitió que, en el programa Hora 25, se difundiera un avance informativo (23:25 horas) que afirmaba: '(...) El abogado del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que se declara culpable para evitar el juicio”.

En el voto particular –folios 194 in fine y 195 de la sentencia–, se describe así el contacto de periodista y fiscal general del Estado: “D. Miguel Ángel Campos fue el primer periodista en difundir el contenido del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 y lo hizo a las 23:20 horas del 13 de marzo en el programa Hora 25 de la Cadena SER, tras conseguir que su fuente le autorizara a difundirlo, después de las 23 horas, y no sin antes, sobre las 21 h, intentar hablar con D. Carlos Neira, llamada que no fue atendida. D. Miguel Ángel Campos también intentó, previamente, a las 21:38 horas, contactar telefónicamente con el Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz, pero este ni atendió ni devolvió la llamada. Durante la noche del 13 de marzo y la madrugada del 14 de marzo de 2024 el Fiscal General del Estado no tuvo ningún tipo de comunicación con el periodista D. Miguel Ángel Campos. Sí consiguió, en cambio, el Sr. Campos hablar con Dña. Mar Hedo, quien se limitó a decirle que se publicaría una nota informativa al día siguiente. Esa misma información se la facilitó Dña. Mar Hedo a otros periodistas que también llamaron en esas horas a la Fiscalía General del Estado”. 

Uno y otro relato resultan de la percepción y valoración por parte de los integrantes del Tribunal de las pruebas practicadas en su presencia, resultando muy llamativo cómo el hecho que sustenta la condena es muy genérico y no entra en detalles, mientras que el que fundamenta la absolución minoritaria es muy preciso en determinar que periodista y fiscal no pudieron hablar y que la información de que se redactaría una nota informativa le fue transmitida no por Álvaro García Ortiz, sino por la persona encargada de su redacción con la colaboración reconocida del propio acusado.

Pero mucho más llamativa es la afirmación como hecho probado de que la filtración la hizo el fiscal general personalmente o a través de un tercero, cuando de la valoración probatoria que se recoge en la fundamentación jurídica ni siquiera se alude a quién pudiera ser ese tercero o tercera que actuó con indicación y control directo del acusado. Tan categórica y trascendente cuestión se deja ayuna de prueba, con lo que esa omisión cobra especial importancia para concluir que no concurrió prueba suficiente practicada en el plenario que sustente la condena del fiscal general del Estado sin infringir la doctrina que informa que la existencia de duda razonable obliga a un pronunciamiento absolutorio.  

Interesante es la cumplida fundamentación que la sentencia realiza acerca del derecho al secreto profesional de los periodistas que comparecieron ante el tribunal y manifestaron su voluntad de ejercer tal derecho sin revelar sus fuentes, aunque hubo pronunciamientos explícitos que excluían al acusado de tal condición de ser la fuente primigenia del secreto o la información reservada que la sentencia dice haberse quebrantado. La cita de abundante doctrina jurisprudencial relacionada con el respeto absoluto que la resolución dice hacer del derecho argumentado no impide al redactor, y consecuentemente a quienes con él comparten la decisión mayoritaria, distinguir, en el último párrafo de la fundamentación, entre testigos de primera categoría –los fiscales que no gozan de ese derecho y que, por tanto, deben responder a cuanto se les pregunta, pensando sin duda en el testimonio de Almudena Lastra, prueba de cargo incontestable– y testigos de segunda en cuanto pueden eludir aquella parte del interrogatorio que pueda afectar al derecho al que vengo haciendo referencia.

Si mi explicación no fuera lo suficientemente clara, me permito reproducir el párrafo concreto en que la sentencia descarga de valor probatorio al testimonio de los periodistas frente a otros testimonios que sustentan el pronunciamiento condenatorio:

“Estas consideraciones enmarcan de alguna forma y condicionan la valoración de esas testificales que, por lo demás, han ayudado también al Tribunal, como se verá, a formar su convicción. Pero no es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios. Y pensamos significadamente en los miembros del Ministerio fiscal que prestaron declaración: en ellos -tanto los que proporcionaron datos que favorecían la estrategia procesal del acusado, como algunos que aportaron elementos elocuentes que han alimentado la convicción de este Tribunal- es para este Tribunal muy difícil imaginar ni siquiera una concesión a la mendacidad, o apartamiento consciente y deliberado de la realidad. Sobra apostillar que en el acusado, en todo caso, ha de prevalecer su derecho constitucional a no declararse culpable”.

En el voto particular de las magistradas discrepantes se hace también cumplida referencia a la regulación legal y jurisprudencial sobre el derecho al secreto profesional de los periodistas y sobre el valor de su testimonio y sitúa el debate en su punto justo: con el subterfugio de testigos de primera y testigos de segunda, la sentencia mayoritaria evita pronunciarse sobre si la declaración de los profesionales de la información faltó a la verdad, lo que no pasa desapercibido para Ana Ferrer y Susana Polo, cuando en las páginas 207 in fine y 208 afirman: “Por último, conviene apuntar que (...) la sentencia mayoritaria no acuerda deducir testimonio contra los citados periodistas, pese, aunque no lo diga expresamente, a no creer sus afirmaciones, pues no se tienen en cuenta como prueba de descargo”.

Para qué atribuir un presunto delito de falso testimonio a quienes ejercen un derecho teniendo la posibilidad, bien que un tanto bizarra, de distinguir entre la calidad de unos y otros testigos. En el razonamiento contenido en los folios 145 y 146 de la resolución se afirma que no se discute la credibilidad de los periodistas, pero se niega su valor de prueba de descargo, sin dar la menor explicación de por qué la sospecha de una fiscal, Almudena Lastra, tiene superior valor probatorio, cuando una y otros tuvieron que jurar o prometer decir la verdad a lo que se les preguntara y debieron ser advertidos por el presidente del Tribunal acerca de las consecuencias de faltar a la verdad en causa penal. Al igual que con los testigos de alta y baja calidad, nos hallamos ante una categoría de nueva creación entre faltar a la verdad y no dudar de la credibilidad, pero negarla de facto, dando a entender que los periodistas faltaron a la verdad, sin vincular consecuencia legal alguna a dicha conducta.

Valgan todas estas consideraciones previas para llegar a la cuestión nuclear de la prueba que sustenta el pronunciamiento condenatorio, que no es otra que una sucesión de sospechas y suposiciones, que se califican de indicios y sobre los que se construye un relato de hechos que se dicen sancionables conforme a lo dispuesto en el artículo 417.1 del Código Penal. Despreciando la prueba directa constituida por la declaración de los periodistas que, antes del día de autos, tuvieron acceso al contenido del correo de fecha 2 de febrero entre Alberto González Amador, sin atreverse a afirmar que los periodistas mienten en lo declarado, con una fórmula novedosa consistente en no dudar de la credibilidad de su testimonio, para, a continuación despreciar absolutamente su relato sin justificar esa decisión.

El Tribunal mayoritario afirma que, para poder condenar, no debe aparecer de la prueba practicada duda razonable acerca de la culpabilidad del acusado: “Esta declaración parte, como hemos dicho, del examen de su licitud, de la regularidad en su práctica, de la inmediación, contradicción efectiva, publicidad y oralidad, y del sentido razonable de cargo, afirmando una declaración fáctica que incida sobre el hecho y la participación en el mismo de la persona acusada, sin albergar duda razonable, pues la duda, en el derecho penal, favorece al reo (principio in dubio pro reo)”.

De la testifical de los periodistas –insisto: en su condición de prueba directa– se desprende no ya una duda razonable, sino la convicción de que el fiscal general del Estado no filtró, por él o por persona interpuesta no identificada y sobre la que no se hace la menor valoración probatoria, información alguna sobre la que pesara el deber de sigilo que se dice quebrantado, y su desprecio por el Tribunal resulta en la infracción del principio general de que la duda debe favorecer al reo, lo que obligaba a la absolución de Álvaro García Ortiz del delito por el que ha sido condenado.

Después de haberse divulgado anticipadamente el fallo de la sentencia contra el fiscal general del Estado –iniciativa perturbadora en cuanto inusual en la práctica de nuestros juzgados y tribunales y en especial en la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo actuando como órgano de instancia–, en el que se le condena por la comisión de un delito previsto y penado en el artículo 417.1 del Código Penal, me planteo hacer una reflexión sobre la imparcialidad del Tribunal vinculada a la composición de la Sala. Lo haré tras haber leído en este diario la exclusiva sobre la relación entre tres de los magistrados que integraban el tribunal y una de las partes acusadoras personadas en las actuaciones.

Siendo incapaz de hacer un ejercicio de anticipación a los razonamientos que pudieran conducir a la decisión mayoritaria de considerar probada la comisión de un delito por el fiscal general del Estado, entraré en el examen de la imparcialidad de al menos uno de los integrantes de la sala de enjuiciamiento, a la luz de las disposiciones que se contienen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recogidas por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en cuanto que este Tribunal y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son las instancias a las que podrá recurrir la defensa de Álvaro García Ortiz contra la sentencia del Tribunal Supremo.

El artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos bajo el título de Derecho a un proceso equitativo, establece en su artículo primero: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”.

Tal precepto da lugar a un abundante cuerpo de jurisprudencia acerca del alcance de la exigencia de imparcialidad del Tribunal. Valga como perfecto ejemplo la sentencia del TEDH de 15 de octubre de 2009 en el caso Micallef contra Malta. En una extensa resolución en la que se resuelven múltiples cuestiones jurídicas, nos interesa centrar la atención en los pronunciamientos del tribunal sobre el contenido y alcance del citado artículo. Establece dicha sentencia en uno de sus fundamentos principales, bajo el epígrafe 'La valoración del Tribunal':

“93.- La imparcialidad normalmente denota la ausencia de prejuicios o favoritismos y su existencia puede ser probada de diferentes formas. De acuerdo con la jurisprudencia constante del Tribunal, la existencia de imparcialidad en lo que se refiere al artículo 6.1 debe ser determinada de acuerdo a una valoración subjetiva donde se deben tener en cuenta la convicción personal y el comportamiento de un juez en particular, esto es, si el juez tiene algún prejuicio personal o favoritismo en algún caso dado; y también de acuerdo con una valoración objetiva, es decir asegurando si el tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su composición, ofrece suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima con respecto a su imparcialidad (ver, inter alia, Fey contra Austria, 24 de febrero de 1993, Series A núm. 255, ap. 27,28 y 30, y Wettstein contra Suiza, núm. 33958/96, ap. 42, TEDH 2000-XII)”.

“98.- A este respecto incluso las apariencias deben ser de una cierta importancia o, en otras palabras, ”la justicia no solo debe realizarse, también debe verse que se realiza“ (ver De Cubber, citado arriba, ap.26). Lo que está en juego es la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática. Así, cualquier juez sobre el que recaiga una legítima razón para temer una falta de imparcialidad debe retirarse (ver Castillo Algar contra España, 28 de octubre de 1998, Informes 1998-VIII, ap.45).

“99.- Además, para que el Tribunal pueda inspirar públicamente la confianza indispensable, también se deben tener en cuenta cuestiones de organización interna (ver Piersack, citado arriba, ap.30 (d)). La existencia de procedimientos nacionales para asegurar la imparcialidad, principalmente normas que regulan la recusación de jueces, es un factor relevante. Tales normas manifiestan la preocupación del legislador nacional de apartar cualquier duda razonable sobre la imparcialidad de un juez o tribunal y constituyen un intento de garantizar la imparcialidad al eliminar las causas de esas preocupaciones. Además de garantizar la ausencia de preferencias reales, buscar eliminar cualquier apariencia de parcialidad y así sirven a promover la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática (ver Mežnarić, citado arriba, ap. 27). El Tribunal tomará esas normas en cuenta cuando haga su propia valoración sobre si un tribunal es imparcial y, en particular, si los miedos del demandante pueden pasar por objetivamente justificados (ver, mutatis mutandis, Pescador Valero contra España, núm. 62435/00, ap.24-29, TEDH 2003-VII)”.

Si algo destaca en esta doctrina jurisprudencial es la alusión que en el parágrafo 98 se hace a la denominada apariencia de imparcialidad vinculada a la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática, sin perjuicio de que en los restantes parágrafos se haga un completo compendio de la doctrina del Tribunal Europeo acerca de la imparcialidad judicial. En el parágrafo 99 se alude a la existencia de procedimientos nacionales para garantizar la imparcialidad y, por lo que al ordenamiento jurídico español se refiere, tales procedimientos están contenidos en los artículos 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial siendo el artículo 219 el que contiene las causas de abstención y recusación, entre las que se incluye tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.

En la causa contra el fiscal general del Estado se personó como acusación popular el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que solicitaba una pena de prisión de cuatro años para el acusado. En la página web de dicha institución y dentro de su oferta formativa aparece el anuncio de este curso:

De esta relación entre los tres integrantes del tribunal sentenciador antes citados y una de las acusaciones populares personadas difícilmente podría predicarse un vínculo de amistad íntima en los términos exigidos por el artículo 219 de la Ley Orgánica. Sin embargo, la prudencia, la apariencia de imparcialidad y la confianza en la justicia a que alude la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiera reclamado que al menos el magistrado director del curso en el ilustre Colegio de Abogados, tarea sin duda generosamente remunerada, se hubiera apartado del conocimiento de la causa permitiendo que cualquier otro compañero o compañera –la Sala Segunda la integran catorce magistrados y magistradas– lo sustituyera en un juicio y una decisión de tanto eco público. Más aun cuando el citado magistrado, Antonio del Moral, se integra en la mayoría partidaria de condenar, bien que empezando la casa por el tejado, a Álvaro García Ortiz.

Es perfectamente predicable de la conducta del aludido magistrado que se ajuste a las exigencias acerca de los motivos de recusación y abstención de la LOPJ, del mismo modo que también lo es que, siendo perfecto conocedor de la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hubiese sido deseable que se retirara del enjuiciamiento de los hechos y de la formación de la mayoría del Tribunal favorable a una condena por la comisión de un delito del artículo 417.1 del Código Penal. Siendo quien esto escribe perfecto conocedor de cómo se desarrollan las deliberaciones en un órgano colegiado, no es descartable que el magistrado en cuestión haya sido la voz principal para mover la convicción de sus compañeros al pronunciamiento condenatorio, hipótesis perfectamente aceptable y defendible después de ver la importancia que durante la causa y en el plenario han tenido las corazonadas, las deducciones sin sustento o las alusiones al color del cabello como fuente de conocimiento y regla de experiencia.

Acabo trasladando que la doctrina del TEDH sobre imparcialidad ha sido recogida por el Tribunal Constitucional en sus resoluciones, valga como perfecto ejemplo la STC 133/2014 en la que se alude la resolución del caso Micallef contra Malta, para concluir que existen motivos suficientes para que se recurra la sentencia del Tribunal Supremo condenando al Fiscal General del Estado tanto ante una como otra sede jurisdiccional por la infracción del derecho a un juez imparcial.

El artículo 56.3 de la Constitución establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Por su parte, los textos del artículo 64 a los que se hace referencia en el 56 dicen lo siguiente: 

“Art. 64.1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.

Art. 64.2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden“.

Y el artículo 65.2 dispone que “el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.

El 15 de marzo de 2020 la Casa Real emitió un comunicado afirmando que Felipe VI renunciaba a la herencia de Juan Carlos I que “personalmente le pudiera corresponder”. Al no existir, ni entonces ni ahora, condena judicial alguna que determine el origen ilícito de los bienes que posee Juan Carlos I, tal renuncia fue interpretada por muchas personas como la acción precipitada de alguien que al menos duda de la legalidad de esos bienes y, por tanto, no quiere aparecer como cómplice bajo ningún concepto, incluso aunque legalmente pudieran corresponderle. Al éxito de esta “lectura” del comunicado contribuyó la evidencia, para la mayoría de los expertos que opinaron, de que, según la ley, no es posible renunciar a la herencia de alguien que no ha fallecido.

En junio de 2020, la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo abrió las primeras diligencias sobre actuaciones que podrían ser constitutivas de delito protagonizadas por Juan Carlos I, quien en agosto de ese mismo año decidió trasladar su residencia a Abu Dabi. El día 5 de ese mismo mes la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, declaró que “Juan Carlos I no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa”.

El día 1 de marzo de 2022 el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, emitió un comunicado en el que establecía que los delitos que pudieran haberse cometido antes de su abdicación no podían investigarse, al estar protegidos por la inviolabilidad establecida en la Constitución.

El día 9 de mayo de 2022, es decir, dos meses después de hacerse pública la resolución del fiscal Luzón, la ya exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo desveló, en una entrevista concedida a El País, que había realizado gestiones por separado con la Casa Real, con el presidente del Gobierno y con el líder de la oposición para iniciar la reforma de la “inviolabilidad” del Rey sin necesidad de modificar la Constitución y que las respuestas habían sido negativas en los tres casos.

En junio de 2022, poco más de un mes después de la información revelada por la propia Carmen Calvo, los miembros de PSOE, PP y VOX en la Mesa del Congreso impidieron que se debatiera una propuesta para limitar la inviolabilidad del Rey. Según informó la agencia EFE, los letrados del Congreso emitieron un escrito afirmando que tal proposición de ley “invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura del Estado”.

Tras conocerse las respuestas recibidas por Carmen Calvo y la decisión de la Mesa del Congreso, varios juristas de Illes Balears que figuramos al pie de este escrito nos dirigimos en diciembre de 2022 al presidente del Gobierno a través de la opción “Escribir al presidente” para pedirle que el actual jefe del Estado renunciara a la prerrogativa que le concede el derecho efectivo a delinquir sin que ningún juez pueda iniciar la investigación obligada en cualquier país democrático en el que rija el principio de la igualdad ante la ley que, por cierto, establece sin excepciones de ninguna clase el artículo 14 de la Constitución aprobada en 1978.

Al no ver satisfecha nuestra petición, volvimos a escribir al presidente Pedro Sánchez en diciembre de 2023 y en diciembre de 2024 por el mismo procedimiento y siempre en fechas anteriores al 24 de diciembre.

A ninguno de los tres escritos hemos recibido respuesta desde la presidencia del Gobierno, salvo las confirmaciones automáticas de envío que aparecen en la propia pantalla del ordenador.

El día 25 de noviembre pasado, elDiario.es reproducía las palabras con las que un grupo de juristas e intelectuales encabezados por los ex magistrados del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger explicaban los motivos de la denuncia que ese mismo día presentaron contra el rey emérito por cinco delitos de fraude fiscal: “Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que existen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos, sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional, en este caso, la Jefatura del Estado”. En declaraciones a RTVE, el propio Martín Pallín defendía que “un tribunal es el único que puede decidir si ya se han saldado las cuentas con la Justicia”.

Las “regularizaciones fiscales”, materializadas en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 por un importe total entre ambas de más de cinco millones de euros, ponían de manifiesto el reconocimiento de facto de delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I a sabiendas de que con esos pagos no serían investigados. Un movimiento que, en otro ámbito, aunque con el mismo protagonista originario y antes impune, a muchas personas les recordó la renuncia a la herencia que motivó el comunicado de la Casa Real publicado el 15 de marzo de 2020.

Sin ánimo de ser exhaustivos, hoy nos limitaremos a mencionar dos de los efectos perversos que implica la continuidad de una situación como la actual, legalmente fundamentada en lo que no es más que una de las interpretaciones posibles de un solo artículo del Título II de la Constitución y en la que han coincidido el fiscal jefe Anticorrupción y la mayoría de los miembros de la Mesa del Congreso en base al dictamen de sus letrados, pese a que una lectura paralela del similar artículo 71 sugiere una interpretación menos benigna.

Por una parte, colaborando decisivamente en la extensión de facto de la impunidad en beneficio personal de los cómplices no impunes que pudieran haber intervenido en la comisión de esos delitos no investigables.

Por otra parte, se provoca indefensión en las víctimas, pues al no celebrarse juicio, ni habrá sentencia ni reconocimiento de los perjuicios ocasionados por quien, de ser otro el presunto delincuente, sería siempre investigado y, en su caso, condenado, con la responsabilidad civil inherente.

Hemos decidido recordar hoy estos hechos por varios motivos.

En primer lugar, porque son la prueba irrefutable de una interpretación de la Constitución que es imprescindible revisar por las consecuencias que podrían derivarse, algunas de las cuales podrían ser tan graves como la del más grave de los delitos que pueda cometer una persona.

En segundo lugar, porque sobre la única acción legal iniciada ni siquiera se sabe si será admitida o no a trámite y, en cualquier caso, se enfrentará a un recorrido judicial que podría ser excesivamente lento.

Y, en tercer lugar, porque unas mayorías no habituales en el Congreso y que, además, nunca han sido más representativas que las de los diputados que forman parte de su Mesa, están impidiendo el inicio del debate parlamentario imprescindible para resolver una anomalía democrática de tal calibre que solo es posible encontrar un parecido en cuanto a las consecuencias de su aplicación en el férreo blindaje frente a cualquier acción judicial que de hecho disfrutó entre 1939 y 1975 el jefe del Estado anterior a Juan Carlos I.

Ante tales situaciones, ¿puede y debe la sociedad española, y con especial protagonismo a través de sus medios de comunicación, debatir sobre el hecho de la impunidad efectiva del jefe del Estado y animar a sus representantes a buscar la reforma en términos como, por ejemplo, los que proponía Carmen Calvo y que se podría aprobar con la actual composición del Congreso?

La convicción de que en una democracia ningún debate debe estar prohibido y las decepciones recibidas hasta el momento, son los motivos que nos han llevado a solicitar a elDiario.es la publicación de este escrito.

El Illes Balears, a 31 de enero de 2025

Suscriben el presente escrito los juristas de Illes Balears que se relacionan a continuación: Rosa Bris, Juan Calatayud, Neus Canyelles, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Beatriz Fernández, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Catalina Moragues, Carlos Portalo, Pablo R. de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Alejandro Juárez, Catalina Monserrat, José Castro y Juan Pedro Yllanes.

Parece legítimo que la comunidad demócrata española se sienta aturdida por el encanallamiento que sufre el debate público y la competencia política partidista desde hace años. De alimentar esta polarización no se ha librado casi ninguna fuerza política, dicho sea de paso. Con todo, el actual protagonista es un Partido Popular embistiendo a bulto, engolosinado con la idea de poder recuperar para sí el mayorazgo de una plaza que considera suya y sólo suya en propiedad desde siempre.

Existe la equívoca tentación de establecer paralelismos entre la actualidad y el final de los ciclos pretéritos de gobiernos del PSOE y de enarbolar esa tendencia que tiene el nacionalismo mesetario disfrazado de patriotismo español a considerar que el país es suyo por derecho de herencia. Sin embargo, todo parecido entre el momento actual y otros periodos de nuestra democracia acaso sea sólo fruto de la casualidad.

La última etapa con Felipe González a los mandos del país estuvo trufada de una cantidad abrumadora de escándalos de corrupción –sólo comparable a la oleada que tumbó al gobierno de Mariano Rajoy–, mientras que al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se lo llevó por delante una crisis financiera global que hubiese arrastrado a cualquiera que gobernase en aquel momento con independencia de su color político.

Hoy, aunque el “caso Koldo” tiene mala pinta a falta de que los jueces investiguen y enjuicien, no da la impresión de que la corrupción esté minando la acción del gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar. Además, la actual situación macroeconómica de España, aunque presente desequilibrios que el propio gobierno está empeñado en abordar –como el acceso a la vivienda o la sempiterna necesidad de diversificar nuestro tejido productivo–, es mucho más sólida y está encauzada en tan acertada dirección, que la Comisión Europea y muchos gobiernos nacionales en el Continente miran a España tomando nota para tratar de aparejar en idéntico rumbo.

Entonces, ¿por qué tanta inquina hasta lo personal contra Pedro Sánchez? La taurina inagotable que alimenta al Partido Popular a la hora de ensañarse contra quien reside en La Moncloa es otra menos asumible en abierto. Como buen prestidigitador, el conservadurismo español agita un discurso para esconder un inconfesable complejo. Maneja en público un texto y una estrategia discursiva bombástica para solapar un subtexto que es el santo y seña de unos pocos militantes de alta graduación encargados de dirigir el acoso y derribo contra Pedro Sánchez y su gobierno.

Lo que, hoy por hoy, el derechismo español carpetovetónico –ojo, no necesariamente todos los votantes de derechas– no le perdonará jamás a Pedro Sánchez es haberlo apeado del gobierno de la nación mediante una moción de censura. En democracia, perder el gobierno en unas elecciones es algo que entra en los planes y en el ego sobredimensionado de cualquier líder o tribu partidista. Ahora bien, que te desalojen mediante una moción de censura supone una mancha tan imposible de enmendar en el currículum de cualquier fuerza política, que hay que gozar de una templanza demócrata especial para no caer en el resentimiento revanchista que anima a la cúpula del PP desde el primer día en que Pedro Sánchez asumió el cargo de presidente del Gobierno en 2018.

Lo que, hoy por hoy, el derechismo español carpetovetónico –ojo, no necesariamente todos los votantes de derechas– no le perdonará jamás a Pedro Sánchez es haberlo apeado del gobierno de la nación mediante una moción de censura

Perder el poder mediante una moción de censura no es cuestión menor, que diría quien la padeció, el ex presidente Mariano Rajoy: es algo que termina sobresaliendo en los libros de historia, por su excepcionalidad y porque fija en el imaginario colectivo los motivos por los que una mayoría heterogénea de partidos políticos decide, dramáticamente, unirse para poner fin a un gobierno por considerarse gravísimos sus errores o peligrosas para la nación la deriva de corruptelas del partido en que se sostiene. En este sentido, sólo existe un modo de cubrir de corrector la memoria ciudadana para que se olvide semejante tacha: convencer a la población de que lo que vino después resultó ser infinitamente peor.

Para ello, la receta no es complicada: consiste en deslegitimar a quien gobierna, deshumanizar al adversario, enfangar el debate público, descolocar a propios y extraños con insultos y procacidades, abusar del comodín del juez complaciente, o amedrentar a las familias de quienes asumen altas responsabilidades de gobierno para que el ambiente del país sea tan irrespirable que a la democracia le flaqueen las piernas y termine tirando la toalla. Si a eso le añadimos su porción de demonización y amenaza directa a la prensa discrepante, a la vez que, abusando del presupuesto público, se alimenta con publicidad institucional a otra prensa –afín– dispuesta a difundir bulos, insidias y patrañas entreveradas de verdades a medias con tal de satisfacer a quienes les chorrean con dinero, obtenemos una maquinaria de señalamiento y neutralización del adversario que ya la hubiesen querido para su uso y disfrute aquellos Ceaucescu o Jaruszelski de hace unas décadas.

La receta consiste en deslegitimar a quien gobierna, deshumanizar al adversario, enfangar el debate público, descolocar con insultos, abusar del comodín del juez complaciente, o amedrentar a las familias de quienes asumen altas responsabilidades de gobierno

España necesita sosiego. Necesita que quien gobierna pueda centrarse en gobernar. Y necesita también decirle al Partido Popular que haber pedido el gobierno mediante una moción de censura no le deslegitima para volver a presentarse a unas elecciones, ganarlas y gobernar de nuevo, sin necesidad de montarse a lomos de otro sindicato del crimen. Y si no, que busque alianzas y proponga a su vez una moción de censura viable. Así es como –general y civilizadamente– se accede al gobierno en democracia.

Como cada mes de noviembre, nos enfrentamos a una cumbre internacional por el clima, donde la esperanza es que se llegue a acuerdos vinculantes pero cada año nos defraudamos. Este año Sharm el Sheij es la ciudad que acoge la COP27 con la necesidad de actuar de forma coordinada e inmediata para frenar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así limitar a 1.5º o 2ºC la subida de la temperatura global. 

Balears estará presente en esta COP para, en diversos paneles, exponer casos de éxito y también recoger algunas actuaciones que se desarrollen en otros archipiélagos del mundo. España, y concretamente los archipiélagos canario y balear están haciendo mejor que mal su trabajo, pero no basta. 

En Balears tuvimos clara la necesidad de elaborar una ley integral de cambio climático y transición energética en 2019, con objetivos ambiciosos, que hoy han quedado obsoletos debido a “la aceleración catastrófica” de los efectos del cambio climático como definió el secretario general de la ONU. Desde la aprobación de esa ley, se ha desarrollado su cuerpo normativo y hemos actuado donde los expertos del IPCC y nuestro propio Comité de personas expertas en transición energética y cambio climático de Balears nos ha indicado. Por una parte la aceleración de la implementación de renovables, priorizando el autoconsumo y las comunidades energéticas; y por otro lado trabajar en la adaptación al cambio climático.

También se ha trabajado en la reducción de la movilidad, en una comunidad autónoma que supera a todas y a todas las regiones del mundo en vehículos por habitantes, llegando en 2021 a la cifra de 96 vehículos por cada 100 habitantes, incluso en las islas de Ibiza, Formentera y Menorca superando el número de vehículos al número de habitantes. Además, otra tarea pendiente es la de reducir las emisiones del transporte marítimo y aéreo. En éste último, la dificultad de los combustibles cero emisiones supone un reto adicional. En el marítimo, ya se ha construido el primer ferry cero emisiones para el trayecto Ibiza-Formentera, pero aun nos queda mucho trabajo para llegar a su descarbonización. Cabe recordar que en territorios insulares, el transporte aéreo y marítimo es crucial para la llegada de bienes y para el transporte de personas. 

En el ámbito de la energía, estamos escalando a una gran velocidad los megavatios instalados en renovables, pasando de 81 en 2019 a más de 210 en 2022 y con la previsión de llegar a 400 en 2023. Aún así, para llegar a los objetivos (obsoletos) de nuestra propia ley, deberíamos crecer a un ritmo superior. Para ello, hemos destinado, gracias a la aportación de los fondos Next Generation que nos ha trasladado el Ministerio para la Transición Ecológica, 233 millones de euros para dar un salto de calidad y de cantidad que pueda hacernos llegar a un escenario donde Balears haya hecho sus deberes. En este sentido, creemos que la transición energética debe ser justa y no dejar a nadie atrás es un deber de las instituciones, por ello nuestra empresa pública de energía, el Institut Balear de l’Energia, dispondrá en 2023 de más de 45 proyectos de autoconsumos compartidos que priorizan familias con algún grado de vulnerabilidad social para poder acceder a energía pública, limpia y barata. 

Por último, sabemos que los efectos ya están aquí. Hemos vivido un verano de récord, olas de calor, temperatura máxima registrada, inundaciones... Todo ello nos hace ver la necesidad de adaptarnos ya a los efectos del cambio climático. Por ello, tenemos ya un proyecto financiado por la Comisión Europea, el Life Adapt Cala Millor, un proyecto de adaptación de una playa urbana que se basa en como tomar las decisiones con la participación local y definir qué hacer ante el crecimiento del nivel del mar. Este proyecto además servirá de modelo para el resto de playas urbanas del mediterráneo. También se están realizando proyectos de adaptación en diversos municipios para crear refugios climáticos que deberemos incrementar para hacer de los veranos una temporada habitable para todos, ya que no todo el mundo goza de aire acondicionado. 

En definitiva, estamos trabajando sin descanso, pero no basta. A éste ritmo no llegamos a los objetivos marcados en el Acuerdo de París, del paquete Fit For 55 o a los que nos define la comunidad científica. Hay que acelerar, y no sólo (que también) desde el ámbito público, sino también por parte del sector privado. Tenemos la opción de reducir las emisiones con un mínimo impacto en la economía, generando nuevos modelos de negocio, lugares de trabajo estables, campos de investigación e innovación; o podemos no hacer nada, exprimir el modelo que nos ha llevado hasta aquí y que el impacto económico sea devastador y luego, quizá, sea demasiado tarde. 

El planeta no se juega nada, nos lo jugamos nosotros, no actuar no es una opción. Esperemos que esto resuene en la COP27 y se asuma la necesaria actuación conjunta.  

Esta semana hemos alcanzado el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra para España. Concretamente, a partir del 12 de mayo vivimos en déficit ecológico. Es decir, en estos primeros 4 meses del año ya hemos consumido todos los recursos que somos capaces de generar. De hecho, estamos consumiendo los recursos de las futuras generaciones para satisfacer las necesidades del presente, provocando así una fractura intergeneracional.

La prontitud de esta fecha ya es relevante, teniendo en cuenta que se avanza casi tres meses al Día de la Sobrecapacidad del conjunto del planeta, que se sitúa a finales de julio. Si bien es aún más preocupante porque no solo hemos vuelto a la fecha previa a la pandemia, sino que la hemos adelantado más de una quincena de días, ya que en 2019 fue un 29 de mayo. Y si tuviéramos los datos regionales, en las Illes Balears muy probablemente nos adelantemos aún más respecto al conjunto del país debido a nuestra enorme presión sobre el territorio y la limitada capacidad de recursos disponibles.

La causa de esta situación está detrás de la actividad humana, que en las últimas décadas ha adquirido un desarrollo insostenible en el tiempo. De hecho, en la década de los 70 esta fecha se situaba a finales de diciembre sin incurrir en ningún déficit ecológico. Para poder empezar a caminar hacia atrás en el calendario es necesario que el conjunto de la ciudadanía, sectores económicos e instituciones nos involucremos en un necesario cambio de modelo. No podemos seguir consumiendo recursos que no tenemos de manera indiscriminada hipotecando a los que vendrán. No podemos agotar casi tres planetas al año para satisfacer nuestras necesidades y dejar a los jóvenes un mundo peor del que nos encontramos. Estamos hablando de justicia intergeneracional para permitir que nuestros nietos puedan seguir viviendo en un mundo, al menos como el que nosotros hemos disfrutado, y deseablemente uno mejor.

Afortunadamente, ya estamos dando pasos encaminados a acelerar la transición energética mediante la descarbonización de nuestro modelo o impulsando la economía circular para aprovechar el uso de los recursos. Además, en las Illes Balears hemos empezado a tomar medidas para abordar los problemas derivados de la masificación y saturación de nuestro territorio. Somos conscientes que si queremos seguir conservando nuestros atractivos es imprescindible abrir el debate de poner límites; y así lo estamos haciendo paralizando el crecimiento de plazas turísticas o avanzando en la regulación de la entrada de vehículos y cruceros en las islas. Unas primeras medidas para hacer del archipiélago un lugar no sólo habitable para los residentes sino también atractivo para los que nos visitan.

Nuestro desarrollo social y económico no puede realizarse en detrimento de los que vienen, debemos alcanzar ya el punto de inflexión. La solución pasa por abordar el consumismo vinculado al modelo económico actual. Es necesario adoptar todas las medidas necesarias para disminuir el consumo de recursos y que estos se adecuen a los límites que nos vienen impuestos por la propia capacidad de carga del territorio. El impulso de la transición eco-social hacía un modelo sostenible en el tiempo no es un capricho sino una necesidad.

En definitiva, desde el 12 de mayo estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, batiendo un récord en cuanto a prontitud de la fecha. Así pues, tenemos que tomar consciencia de la situación y no permitir que el año que viene adelantemos otra vez la fecha. El conjunto de la sociedad cada vez está más concienciada sobre el papel que tenemos, tanto de manera individual como colectiva, para abordar este reto. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que debemos tomar medidas más ambiciosas. Los jóvenes así nos lo reclaman reiteradamente desde hace años.

Finalmente, tal como acostumbro a decir debido a mi bagaje jurídico, no somos propietarios de nuestro planeta sino usufructuarios y tenemos el deber de dejar un planeta habitable. Así pues, está únicamente en nuestras manos atrasar este día de sobrecapacidad de la Tierra. 

¿Por qué no lo arreglasteis cuando podíais? Esta será la pregunta que nos podrán hacer las generaciones futuras, nuestras hijas, nuestros nietos... Se referirán a la acción para mitigar el cambio climático, acciones que permitan lograr un aumento de “tan solo” 1.5 °C, tal y como advierten los expertos para no llegar a un punto de no retorno. ¿Y qué les podremos contestar? Habrá variedad en las respuestas, habrá quienes dirán que hicieron lo que pudieron, pero que no tenían el poder suficiente para cambiar tanto la sociedad. Habrá quienes dirán que no pensaban que el cambio climático avanzara tan rápido. Otros, que en aquel momento nos teníamos que recuperar económicamente porque había habido una pandemia y otros, simplemente no contestarán de la vergüenza que supone haber dicho que esto no era culpa del ser humano.

De todos modos, poco importará la respuesta, porque los efectos devastadores estarán presentes y nuestros hijos y nuestras nietas lo sufrirán. Esta semana se ha conocido el informe del grupo de trabajo de mitigación de cambio climático del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC), formado por un grupo de científicos de más de 60 países que a partir de su conocimiento científico nos dicen hoy lo que tenemos que hacer los responsables políticos para llevar a cabo una reducción real de emisiones. Este informe nos dice las cosas muy claras: Tenemos que actuar ya, aún podemos reducir a la mitad las emisiones para 2030. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos económicos y, sobre todo, tenemos la capacidad de acelerar la transición energética. Además, también somos capaces de cambiar de forma sustancial nuestra manera de vivir. 

Pero la base de este informe ya la conocíamos desde hace tiempo. Sabemos que si no reducimos de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la temperatura subirá, los ecosistemas colapsarán, se reducirán las lluvias y el acceso al agua, se producirán fenómenos meteorológicos más extremos e intensos y crecerán las zonas inhabitables del planeta. Estamos ante el reto más importante de la humanidad y que afecta a todas las ramas de todos los gobiernos. Insistimos, todos los gobiernos de todo el mundo saben lo que deben hacer para mitigar los efectos del cambio climático y actuar para reducir las emisiones, y nosotros, en las Islas Baleares, somos conscientes de que lo tenemos que hacer a pesar de que algunos no lo hagan. 

El cambio climático se puede combatir desde lo local, proponiendo políticas y regulando sectores que hasta ahora podían hacer y deshacer lo que fuera en nombre de la libertad de mercado económica, sin tener en cuenta el daño que podían hacer al planeta. Sabemos que Europa está actuando y está dando pasos, pero son insuficientes. Mientras recomienda un despliegue de renovables, hojas de ruta para adaptarse al cambio climático o estrategias para mejorar la movilidad electrificada, todavía apuesta por la quema de gas o incluso del carbón en algunos de sus estados miembros o califica como inversiones verdes la energía nuclear o el gas natural.

En Baleares hemos hecho un buen trabajo, sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer y tenemos que darnos más prisa. Hicimos una ley de cambio climático pionera y ambiciosa, hemos aprobado un registro de huella de carbono para que las empresas vayan reduciendo sus emisiones, hemos acelerado la implantación de renovables, hemos establecido criterios para que el sector turístico reduzca sus emisiones y apueste por un modelo circular y sostenible... pero no es suficiente. Tenemos que ser más ambiciosos, porque este sí es el reto más grande al cual la humanidad se enfrenta, y buena parte de esta lucha se tendrá que ganar esta década. El cambio climático no es una pandemia que paraliza la economía de los países y causa centenares de miles de muertes; pero cada año será el causante de más muertes y más pérdidas económicas que la COVID-19. El cambio climático no es una guerra donde se desplazan millones de personas de forma abrupta y causa devastación y muertes; aun así el cambio climático ya desplaza y todavía desplazará a centenares de millones de personas por falta de acceso al agua o alimentos y devastará zonas que dejarán de ser habitables por el calor extremo o por el crecimiento del nivel del mar.

En definitiva, se trata de una cuestión estructural que necesita acciones y decisiones contundentes que logren así revertir una situación de injusticia que no hace otra cosa que tomar el derecho de las generaciones futuras a vivir en un mundo habitable. Para hacer frente a este gran reto, necesitaremos hacerlo de forma colectiva, pero serán el Estado y las Administraciones públicas quienes tendrán que marcar este cambio de dirección. Las lógicas que hasta ahora han regido sobre el crecimiento económico y la prosperidad ya no son compatibles con el mantenimiento de la vida tal y como la conocemos. Tenemos que cambiar, pero esto no significa vivir peor. Podemos vivir con menos consumo de productos, de energía, de movilidad... y vivir mejor. Se trata de evitar la pregunta que da título a este artículo y poder decirle a nuestros hijos, mirándoles a los ojos, que “lo dimos todo para que vosotros pudierais tener el mejor planeta posible, haced lo mismo”.

Desde que el pasado enero con el temporal Filomena la electricidad batiera récords históricos hemos sido testigos de continuas subidas de la factura, acentuándose especialmente durante las últimas semanas. La justificación recurrente es que nos encontramos ante una especie de “tormenta perfecta”: la acumulación de una serie de factores como la alta demanda, el precio de las emisiones de CO₂ y el funcionamiento del mercado, entre otros, ha provocado esta espiral de subidas. 

Sin embargo, esta “tormenta perfecta” en ningún momento debe servir para ocultar problemas de raíz del mercado eléctrico español. Un sistema donde tres grandes empresas multinacionales dominan la práctica totalidad del mercado, provocando un funcionamiento más propio del oligopolio que del libre mercado competitivo que quieren aparentar. Unas empresas que, pese a que la demanda de energía ha caído en el último año, han logrado mayores beneficios superando los 6.000 millones de euros. Si la energía fuera realmente considerada un bien básico de primera necesidad, y no un bien de mercado, este nivel de ganancias no tendría cabida. Un sector que además está repleto de puertas giratorias colocando a expresidentes y ministros como Aznar o Soria, que ha sido multado reiteradamente por manipular el precio de la luz o que está siendo objeto de especulación por parte de fondos radicados en paraísos fiscales. 

Desde Unidas Podemos venimos insistiendo desde hace tiempo a los socios de gobierno en la necesidad de tomar medidas valientes que afronten la raíz del problema. Unas medidas que tengan como objetivo proteger a los consumidores y garantizar que la electricidad sea tratada como un bien básico de primera necesidad. En nuestra formación tenemos propuestas tanto a nivel estatal como autonómico, y las que son de nuestra competencia las ejecutamos tal como estamos haciendo desde el Govern de las Illes Balears donde llevamos la política energética del archipiélago. 

Nada más comenzar la legislatura pusimos en marcha el Instituto Balear de la Energía (IBE), la empresa pública de energía prevista en nuestra Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El IBE es el brazo ejecutor del Govern para proyectos de energías renovables y se convertirá el año que viene en la primera comercializadora pública, a nivel autonómico, del Estado. Y antes de que acabe este año entrarán en funcionamiento los primeros proyectos de autoconsumos compartidos impulsados por el Govern que suministrarán energía a precio de coste, verde y de kilómetro cero a familias vulnerables y PYMEs. Con la llegada de los fondos europeos, para 2022 tenemos previsto pasar de 6 proyectos a 35, llegando así a cada vez más pueblos y barrios de las islas, permitiendo así abaratar la factura a los más vulnerables. Además, el IBE impulsa todos los proyectos en espacios urbanos sin la necesidad de consumir terreno rústico en un territorio finito y limitado como son nuestras islas.

Desde Balears avanzamos así hacia una descentralización de la generación de electricidad, porque precisamente la concentración en pocas manos es una de las raíces del problema. Impulsamos e incentivamos la entrada de nuevos productores de energía, democratizando así su generación y estableciendo unos requisitos a los proyectos para que cada vez más personas a modo particular y pequeños inversores locales formen parte de esta transición energética. Porque esta transición no puede dejarse en manos de las grandes empresas, sino que tiene que ser socialmente justa, inclusiva y participativa. Para garantizar que así sea es necesario una empresa pública de energía. A nivel autonómico ya la estamos poniendo en marcha y queremos que esta experiencia sirva de ejemplo para ser replicada en otros territorios y a nivel estatal. 

En la próxima década el Estado recuperará una treintena de centrales hidroeléctricas cuya concesión finaliza a lo largo de estos años. Esta sería una gran oportunidad para que pasaran a ser gestionadas por una empresa pública estatal de energía, una tendencia además que está muy arraigada a lo largo de diferentes países como Francia, Suecia o incluso EE. UU. Una empresa, que junto a reformas sustanciales del mercado eléctrico, contribuyera a bajar el precio de la electricidad y luchara contra la pobreza energética de los colectivos más vulnerables.

En 2015 Rajoy impuso el impuesto al sol, dificultando el desarrollo de proyectos de renovables y del autoconsumo. Tan solo 6 años después, la transición energética es hoy uno de los pilares de la reconstrucción y la diversificación económica. La apuesta por las energías renovables es la mejor herramienta para bajar el precio de la electricidad, pero tenemos que ser vigilantes y garantizar que se haga de una manera justa, inclusiva y participativa, con el objetivo que esta vez sí la energía sea considerada un bien de primera necesidad. Por esta razón, es más necesaria que nunca una empresa pública estatal de energía, una herramienta que nos permitirá la participación del Estado en la producción de un bien básico como es la electricidad. Desde las Illes Balears tenemos un papel fundamental en este cambio, pero es necesario que vaya acompañado de medidas estatales para mejorar conjuntamente el bienestar de la ciudadanía y garantizar su acceso a una energía cada vez más verde a un precio asequible.

El pasado 25 de mayo España agotó los recursos naturales que es capaz de generar en un año. Desde ese día, el país vive hipotecando a sus generaciones futuras y comprometiendo el desarrollo de nuestros jóvenes. Esta fecha simbólica, conocida como “Día de la sobrecapacidad”, se ha situado este año 10 días antes del Día Mundial del Medio Ambiente y tan solo una semana antes de la celebración del Congreso Nacional de Medio Ambiente.

Precisamente, durante estos días he asistido al Congreso cuyo lema este año es “La recuperación que queremos”. Unas jornadas que han puesto el foco en pensar y debatir cómo salimos de esta situación provocada por la crisis sanitaria teniendo en cuenta el escenario de emergencia climática en el que nos encontramos. Porque la crisis sanitaria pasará pronto y dejaremos atrás este difícil año que hemos vivido, pero la crisis climática ya está aquí y sus efectos los hemos empezado a notar.

Es cierto que el conjunto de gobiernos han dado grandes pasos en los últimos años en la lucha contra el cambio climático y la protección del medioambiente. La transición ecológica está por fin en la agenda política, tal como demuestra la recién aprobada Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética o el destino de gran parte del paquete de fondos europeos Next Generation a la transición ecológica. En las Illes Balears fuimos pioneros hace dos años dotándonos de un marco legal para cumplir con los Acuerdos de París. Una ley autonómica que establece unos objetivos claros y dota de herramientas valientes a la sociedad para cumplirlos; como por ejemplo la calendarización para limitar la circulación de nuevos vehículos diesel en 2025. También quiero destacar el esfuerzo que estamos haciendo en Baleares para dejar de estar en la cola del Estado en energías renovables; en 2019 este porcentaje apenas suponía el 2,5% y queremos multiplicarlo por 10 hasta llegar a 2023 con un 25%. 

Sin embargo, también es cierto que por mucho que aceleremos la transición energética y las acciones dirigidas a mitigar los efectos del clima, es necesario poner el foco en la adaptación de nuestro territorio y medio ambiente a los efectos que ya sentimos y que se incrementarán en los próximos años. Vivimos en un territorio frágil y delicado, donde el archipiélago balear es especialmente vulnerable debido a su ubicación en el Mediterráneo, en plena zona cero del cambio climático. Por tanto, y respondiendo a la pregunta inicial que nos plantea el Congreso Nacional de Medio Ambiente, la recuperación debe ir acompañada de medidas y planes encaminados a adaptar nuestro país al cambio climático con suficiente antelación. Pero no de cualquier manera, sino de forma inclusiva y participativa, involucrando al conjunto de la sociedad civil. Porque de poco nos servirá la transición ecológica si esta no es socialmente justa. 

El conjunto de la ciudadanía y de la mano de las instituciones tenemos la responsabilidad de involucrarnos en este cambio de modelo a través de nuestras pequeñas acciones y hábitos de consumo. Debemos abrir un debate sobre nuestro modelo de vida y empezar a buscar alternativas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. No nos podemos permitir consumir 2,5 planetas para cubrir nuestras necesidades. No es sostenible con nuestro planeta ni es justo con nuestros jóvenes. Debemos blindar climáticamente nuestro territorio, especialmente espacios tan privilegiados pero también vulnerables como las Illes Balears.

Así pues, hoy 5 de junio ya estamos viviendo de los recursos de nuestras futuras generaciones. Cada año se adelanta esta fecha; en 2018 fue el 11 de junio, este año el 25 de mayo y el año que viene será unos días antes. ¿Hasta cuando podemos tolerar que cada vez agotemos antes los recursos que podemos generar? No podemos quedarnos de brazos cruzados y debemos empezar a actuar ya, no solo desde las administraciones potenciando la transición ecológica y la economía circular, sino también a través de pequeñas acciones individuales y adoptando nuevos hábitos cada vez más sostenibles y eficientes en el uso de nuestros limitados recursos naturales. 

En conclusión, debemos alcanzar un punto de inflexión y empezar a retrasar el simbólico día en el que agotamos los recursos naturales que somos capaces de generar en el país. Nuestro desarrollo económico y social no puede ir desligado de la protección del medioambiente, esta recuperación tiene que servir para incorporar la perspectiva climática de manera transversal a nuestras decisiones con la misma importancia que se le da a la económica. Creo que ya se ha acabado el tiempo de reflexionar, debemos pasar directamente a la acción. Si no cambiamos ya, no habrá suficientes recursos para los que vienen. Y esto sí que no será simbólico. 

El equilibrio en una sociedad próspera y libre reposa sobre tres pilares. Uno es la salud de las personas. Los otros dos son la salud de la economía y la salud de las instituciones democráticas. Mi parecer es que son como trillizos que debemos hacer crecer y fortalecer a la par, de modo que el edificio no se nos venga abajo. Es obvio que, a veces, tendremos que ocuparnos algo más de uno de ellos, como sucede ahora debido a la amenaza de la COVID-19. Dicho esto, como una de esas inquietantes matrioskas de nuestra infancia, la grave crisis sanitaria alumbra una crisis económica de proporciones inéditas. Ésta, a su vez, podría incluso llegar a engendrar una crisis institucional descontrolada. El Gobierno hará bien en apoyar como es debido a las autonomías cuya fórmula productiva se ha volatilizado de la noche a la mañana.

Un fondo de competitividad y nuevos ecosistemas empresariales

Hasta ahora, la vida ha estado en juego en los hospitales y en los espacios públicos, pero pronto nos la vamos a jugar en el terreno de las oportunidades. En autonomías como Baleares, Canarias, Murcia, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana o Galicia, los efectos de la parálisis económica han sido devastadores para sus ecosistemas empresariales. ¿Necesitamos más respiradores y más personal sanitario? Sin duda. Sin embargo, lo que la ciudadanía nos va a demandar de manera perentoria es algo más complejo: sacar la economía de la fragilidad del monocultivo económico. Este monocultivo, para unos es el turismo, para otros la construcción, y para los de más allá, los automóviles de combustión. Con vistas a financiar este salto hacia adelante hacen falta varios fondos de 16.000 millones de euros dedicados de manera completa a la reconversión productiva, sin contar que en una región como la Balear, hará falta también un régimen económico especial para compensar el factor excepcional de la insularidad.

¿Cómo recuperar o construir nuevos ecosistemas de empresas? No son parches al estilo de aquel lejano e inane “Plan E”, lo que necesitamos. La buena fe no basta; es imprescindible aplicar inteligencia y una mirada y una acción estratégicas que nos hagan resilientes ante las próximas sacudidas sísmicas de la globalización. El dinero debe ir dirigido a inversiones productivas, a modernización tecnológica y a innovación empresarial y social.

Nos va en ello la calidad y la cantidad del empleo, el aumento del poder adquisitivo y la emancipación de nuestro país.

Europa no quiere que nos andemos con rodeos: innovar

No es que lo diga yo, es que en estas precisas semanas, la Unión Europea está terminando de perfilar un paquete de inversiones al estilo Plan Marshall que exige que los gobiernos nacionales dediquen en los próximos cinco años en exclusiva a renovación de inmuebles, digitalización de comercios y viviendas, carreteras adaptadas a la conducción automática, plantas de hidrógeno, solares, eólicas, substitución de la flota de vehículos públicos de combustión por vehículos libres de emisiones de CO2, infraestructuras masivas de recarga de vehículos limpios, multiplicación exponencial de vías ciclistas, etc. En el horizonte de la economía circular nuestros deshechos son una mina de oro. El 90% de los tejados de Europa sigue sin solarizarse: otro filón.

En paralelo, las administraciones públicas van a tener que aumentar su ratio de compra pública innovadora, un tipo de licitación que consiste en la adquisición pública de un bien o servicio inexistente en el momento de la convocatoria pública, pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. Por ejemplo, un firme asfáltico retroluminoso para las carreteras secundarias, un software simplificado de gestión de licencias públicas, mobiliario ergonómico para los funcionarios que deban trabajar de pie, y un sinfín de necesidades que el mercado aún no satisface por falta de incentivos a la innovación.

El verdadero cautiverio de nuestra gente es la ausencia de diversificación económica, que sólo podremos resolver mediante la reindustrialización y las nuevas tecnologías. Cuando el globo se vuelva a resfriar, tendremos que tenerlo todo resuelto para que las jóvenes generaciones puedan compatibilizar la seguridad de la salud con la lucha por su futuro. ¿Podemos fabricar más aquí y consumir más de aquí? De eso se trata también.

España es más que la A2

El reparto del 69% del fondo anunciado por el Gobierno para ayudar a las CC.AA. será proporcional al gasto sanitario ocasionado por el coronavirus. Madrid y Cataluña, principales focos de la pandemia, se llevarán la gran mayoría de estos fondos. Los franceses suelen criticar su hipercentralismo con su lacónico “París y el desierto francés”. En España, la cosa no es muy distinta. Madrid y Cataluña, como centros financieros, industriales y de la Administración del Estado, son el eje polarizado -no siempre vertebrador- de un país que a menudo sólo reserva migajas al resto de los territorios. Desde Madrid se tiende a una visión de España uniformizada por la lente con la que se mira desde la Moncloa y los Montes del Pardo. Se legisla mucho desde su óptica, con la que Cataluña ha sabido siempre dialogar de manera inteligente a condición de que todo empiece o termine en la Avenida Diagonal de su capital.

Sin embargo, si queremos que los jóvenes de toda España no vean como su futuro flirtea por segunda vez en una década con el infierno de Dante, vamos a tener que exigir un reparto de las ayudas estatales en relación con el esfuerzo y el sacrificio de sus modelos que han efectuado esta primavera las autonomías que no tienen la opción de volver a la normalidad productiva reservada a las regiones de la célebre autovía A2. Hay regiones que han actuado con redoblada responsabilidad y cautela sanitaria, como las Islas Baleares, y ni siquiera tienen autovía que las acerque a nadie, mientras ve cómo su aeropuerto se convierte en un mausoleo. Una mayoría de gobiernos autonómicos estamos asistiendo en directo y a pie de calle al derrumbe de nuestras economías como si de las torres gemelas se tratara. Ante el riesgo de colapso, ni nos queremos mantener de brazos cruzados, ni nos resignamos a tirar la toalla en la reconstrucción. A la angustia por la COVID no sumemos el trauma del desamparo vital al que pueden verse arrojadas poblaciones enteras ante la falta de perspectivas de futuro. Por todo esto, reclamo que el gobierno central se siente a estudiar y negociar inversiones estatales en las regiones exclusivamente concebidas para conquistar un nuevo modelo productivo.