La Autoridad Metropolitana de Transportes de Nueva York (MTA en sus siglas en inglés) aprobó el miércoles cargar 15 dólares a cada coche que decida circular por Manhattan. La Gran Manzana se convierte así en la primera ciudad de Estados Unidos en cobrar peaje por circular por su centro urbano.

La radical medida persigue descongestionar el tráfico del centro de ciudad, pero penaliza para ello a los ciudadanos de los barrios periféricos como Brooklyn, Bronx, Staten Island, y a los vecinos habitantes de New Jersey, miles de los cuales cruzan a diario para trabajar en la City. Y llega mientras el alternativo transporte público, especialmente el metro, adolece de falta de mantenimiento y renovación y sufre en los últimos meses una crisis de inseguridad que ha obligado a reforzar la presencia policial con efectivos de la Guardia Nacional para evitar crímenes, enviados por la gobernadora del Estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul.

Las cámaras que controlarán las matrículas ya están instaladas

El peaje de 15 dólares por utilitario entrará en vigor en junio para todos aquellos coches de pasen al sur de la calle 60. Las cámaras que controlarán las matrículas para cobrarles el peaje ya están instaladas. El sistema de cobro por matrícula captada por una cámara ya se aplica en muchos de los puentes de entrada a la ciudad. Con él se evitan las aglomeraciones que provocan los peajes tradicionales.

La ciudad prevé recaudar 1.000 millones de dólares al año con estos peajes y pretende invertirlos en mejorar la red de transporte público. El último estudio en que se basa la autoridad metropolitana de transporte, del pasado noviembre, estima que el tráfico se reducirá un 17% como consecuencia de los peajes.

La medida ya ha sido recurrida

Los más agraviados ya han recurrido a los tribunales para detener la implementación de los peajes. En primer lugar, Nueva Jersey. La capital del Estado vecino, separada de Manhattan por el río Hudson, es la residencia de miles de ciudadanos que trabajan a diario en la Gran Manzana, pero viven en la capital al otro lado del río para eludir los desorbitados precios de la vivienda en Nueva York. La vista de la demanda realizada por el Estado de Nueva Jersey está prevista para el próximo 3 de abril. Los peajes se enfrentan a otras cuatro demandas, presentadas por diversos grupos de ciudadanos agraviados, entre ellos los habitantes de Staten Iland, el único barrio de Nueva York que no tiene conexión por metro con Manhattan.

Los peajes tendrán diferentes importes según el tipo de vehículo y la hora del día. Desde las 5 de la madrugada hasta las 9 de la noche, los coches pagarán 15 dólares; 24 las camionetas, 36 los camiones y autobuses y 7,5 las motos. Sólo los vehículos de emergencias y de personas con discapacidad están excluidos. Los taxis quedan autorizados para cargar el peaje a sus usuarios, un incremento que afectará a los miles de turistas que visitan la ciudad cada año.

Yo estoy empezando a concienciarme para las de otoño, las generales, porque para las autonómicas ya no llego. A ver si en estos seis meses consigo superar la carrera de obstáculos y logro pronunciarme. Que a mí me chifla votar.

Los que estamos fuera somos cerca de dos millones. Podríamos decantar el resultado si el exterior fuera una circunscripción única y todos tuviéramos la paciencia, la determinación, la salud, el tiempo y el dinero que implica votar cuando eres emigrante. En la última convocatoria electoral, la participación de los ausentes no llegó al 2%. Yo creí que eran todos una banda de despolitizados, pero resulta que no, que son abstencionistas por obligación. Me explico.

El suplicio comienza con la inscripción en el consulado correspondiente como español no residente (en España, se entiende). Muchos no lo hacen porque esa inscripción conlleva la pérdida inmediata de la cobertura sanitaria española, y uno nunca sabe si la salud le dará para ser emigrante mucho tiempo.

Una vez inscrito en el consulado, hay que inscribirse en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Otro trámite.

Todo esto hay que hacerlo de serie, anticipadamente, como si uno al emigrar tuviera entre sus prioridades estar listo para que algún espabilado le convoque elecciones por sorpresa. Porque ese censo se cierra entre 60 y 90 días antes de la fecha electoral, ¡ahí es nada! Lo dice con una perífrasis casi ininteligible la legislación vigente (Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero de 2011: “Para cada elección, el Censo Electoral vigente será el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria”, art. 39.1).

¿Ya inscrito? Empieza el verdadero viacrucis.

Ningún partido político, ni los pata negra ni los emergentes, va a enviar papeletas electorales a tu casa. No puede hacerlo. La ley establece que los no residentes debemos “rogar el voto” (la expresión tiene bemoles, como si no bastara con pedirlo). El ruego se hace mediante otro impreso, que uno debe enviar por correo certificado a la Delegación Provincial del Censo Electoral correspondiente, pagando los 25 a 30 dólares que cuesta el envío. Es inútil intentar hacerlo por internet, la página no funciona y si uno elige esa vía (que no logrará completar), habrá invalidado la opción de hacerlo por correo postal (le ha pasado a amigas).

Es el momento de cruzar los dedos y esperar a que lleguen las papeletas. Conozco personas que llevan esperándolas un mes. Si llegan, no te lo pienses y corre a la oficina postal, porque solo se admitirán los votos enviados (otra vez por correo certificado, otros 25 o 30 machacantes), como tope, cinco días antes de las elecciones. O vete al consulado si vives cerca de uno, sin olvidarte de llevar contigo el certificado de pertenecer al CERA y el DNI o pasaporte.

Pero no te confundas y vayas el día de las elecciones, que es domingo y no trabajan. Debes ir entre el miércoles y el viernes previos, en horario de oficina. ¿Que vives lejos del consulado? ¿Que trabajas y no puedes ir en horario laboral? Pues saca la cartera y paga el correo certificado.

No es que no tengamos opinión, es que nos fuerzan a abstenernos.

No hay descanso en la crisis soterrada que atraviesa el PSOE. La calma de las últimas semanas es sólo una apariencia. En realidad, las aguas no paran de agitarse y cada nueva encuesta empuja a los que apuestan por un cambio en la dirección del partido a percibir el relevo como una necesidad más urgente. Los aspirantes a candidatos de primarias no son ajenos a esa marejada y acumulan indicios, apoyos, deserciones, encuestas, sumas, restas... Se preparan, en definitiva, para afrontar un proceso que podría precipitarse.

La irrupción de Eduardo Madina hace unas semanas entre los posibles candidatos a participar en la carrera sucesoria ha removido a las bases socialistas y ha obligado a los otros dos aspirantes conocidos, Carme Chacón y Patxi López, a repasar sus apoyos. Ante la nueva competencia, la catalana exhibió la mejor de sus sonrisas, como si ella misma hubiera animado al diputado vasco a decidirse por entrar en juego. El exlehendakari, consciente del tirón de su paisano, admitió esta misma semana en un desayuno informativo en Madrid que no haría ascos a compartir cartel con su antiguo apadrinado.

Ninguno de los dos descarta a día de hoy formar un ticket electoral con el actual secretario general del grupo parlamentario, según fuentes socialistas. Cualquiera de las dos posibilidades, Madina/Chacón o Madina/López, acabaría de un plumazo con las opciones del tercero y se erigiría en ganadora incluso antes de presentar batalla. La propuesta de baile en pareja se insinúa en los comentarios de varios dirigentes, aunque no consta si se ha consumado. Consultado al respecto el deseado, Madina no se permite ningún desliz que lleve a concluir con cuál de los dos bailaría más cómodo. Ni siquiera acepta confirmar lo que sostienen algunos de los que mejor lo conocen: si se lanza a la pista, será para bailar solo.

No todas las opciones contarían con la misma simpatía de la actual dirección del PSOE, según algunas fuentes, que sitúan a Alfredo Pérez Rubalcaba como el inspirador de una de esas combinaciones: la de Madina con López. El líder del PSOE, según ese mismo análisis, aplaudiría la unión de los dos vascos, se vería obligado a aceptar el dúo Madina/Chacón porque su potencia vencería su resistencia, y pondría todas las trabas posibles a la opción de que Madina pelee en solitario.

Los barones exigen a Rubalcaba

Sea cual sea el elenco final de aspirantes, los que mandan en el partido y quieren volver a hacerlo en sus respectivas comunidades autónomas, los barones del PSOE están preparando una posición común para forzar a Alfredo Pérez Rubalcaba a revisar su calendario de primarias, establecido actualmente en una indeterminada fecha posterior a las elecciones autonómicas y municipales de 2015.

Son varios los dirigentes regionales que ya han expresado en público y sobre todo en privado su convencimiento de que el partido no puede esperar hasta 2015 para elegir candidato. El descontento con la dirección actual crece a medida que las encuestas desvelan que el PSOE no aprovecha el desgaste del PP y que son otros partidos, Izquierda Unida y UPyD principalmente, los que reciben el favor de los votantes. La novedad es que ahora han decidido coordinar su frustración y plantear como grupo de fuerza una posición común favorable al adelanto de primarias a 2014, incluso antes de las elecciones europeas previstas para dentro un año exacto.

El momento para formalizar su petición será el comité federal, que se reunirá en la segunda quincena de julio. En ese cónclave, máximo órgano del PSOE entre congresos, este grupo de barones (que vienen manteniendo en los últimos días encuentros y conversaciones cruzadas) pretende forzar a Rubalcaba a adelantar las primarias o convocar un congreso extraordinario.

Pero para que el aquelarre triunfe es imprescindible contar con el respaldo de José Antonio Griñán. Nada puede hacerse sin contar con el presidente de Andalucía, a día de hoy el hombre con más peso en el PSOE, además de Rubalcaba. Trabajarse el veredicto del andaluz es la tarea que tienen por delante esos barones. Él sigue empeñado en buscar un candidato andaluz para que participe en el proceso de primarias y eso puede ser un escollo para apoyar a quienes quieren adelantarlas. En poco más de un mes se conocerá el final de esta historia.

La dirección actual del PSOE no quiere sumar más preocupaciones a la muy atribulada Monarquía española. Rubalcaba ha decidido que el debate sobre el futuro de la Corona no figurará en el documento marco que la cúpula del PSOE llevará a la Conferencia Política de otoño, en la que los socialistas quieren dibujar las líneas maestras de un programa ideológico con el que volver a entusiasmar a los electores perdidos.

Ni la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, ni el descubrimiento de la herencia suiza y la amiga alemana del rey, ni la precaria salud del monarca parecen argumentos suficientes para que la cúpula socialista se decida a mirar de frente un asunto del que muchos están empeñados en hablar. Por eso la discusión Monarquía / República se producirá pese al cortafuego de la dirección. Tanto Juventudes Socialistas como Izquierda Socialista han anunciado que provocarán el debate vía enmiendas.

Pero eso no será hasta el próximo otoño. Entretanto, la Ejecutiva socialista conocerá el lunes la propuesta de modelo federal que Rubalcaba ha diseñado en acuerdo con el PSC y en la que no figurará el derecho a decidir que reclamaba la formación catalana prima hermana del PSOE.

El documento será consultado después con los barones socialistas --aunque algunas fuentes apuntan a que Griñán ya lo conoce-- y aprobado formalmente en el Consejo Territorial de Sevilla el 12 de julio y en el posterior Comité Federal de finales del mismo mes.

La idea que propondrá el PSOE para deshacer el entuerto catalán pasa por redactar una nueva Constitución federalista en la que se reconozca y refleje explícitamente la singularidad de Cataluña, como lo está actualmente la insularidad o la foralidad de otras autonomías. Ese reconocimiento y su imprescindible aprobación en referendum serviría como nuevo pacto de convivencia entre Cataluña y el resto de España. Según fuentes conocedoras de la negociación, el PSC está dispuesto a aceptar este documento, que ha sido consultado con Miquel Iceta y Antoni Ballmon, mano derecha del líder del PSC, Pere Navarro.

El PSOE pretende que ese texto delimite claramente las competencias del Estado y, en consecuencia, deje manos libres a las autonomías para ejercer el resto de las competencias, evitando el actual tira y afoja permanente sobre la invasión competencial de unos y otros.

La lengua se perfila como uno de los hechos diferenciales propios de Cataluña. Una vez constitucionalizado, impediría al Estado intervenir en la política lingüística catalana, incluida la enseñanza del idioma, que ha sido uno de los puntos de fricción habituales estos últimos años.

Esta es la salida que Rubalcaba propuso a Artur Mas en la reunión secreta que ambos mantuvieron hace unos días en Ferraz. Los socialistas son conscientes de que no se podrá llevar a cabo con éxito sin la aquiescencia de los nacionalistas y del PP. En los primeros observan una ligera relajación de sus pretensiones soberanistas o al menos la búsqueda de una salida digna para aparcar su consulta unilateral. De la mayoría gobernante quieren creer que se avendrá a un acercamiento al PSOE al final de la legislatura para pactar una salida nacional al sempiterno problema del encaje catalán.

Exactamente. Tomates podridos. Eso es la mercancía que el PP vendió en campaña electoral, con la que llegó a la Moncloa. Una estafa. Nos gobierna el partido que iba a crear millones de empleos, que no subiría impuestos, que bajo ningún concepto tocaría las pensiones, que iba a preservar la educación y la sanidad universales como el tesoro que eran, que sujetaría la prima de riesgo y cumpliría el objetivo de déficit, que siempre diría la verdad y regeneraría la vida política porque sería incompatible con la corrupción... Una estafa.

Esta semana consumarán la última de sus mentiras. Enterrarán la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre desahucios que avalaron millón y medio de firmas y que el PP tuvo que aceptar porque la presión social (y tres suicidios en pocos días) era ya insoportable. La fusionarán con su propuesta para dejarla en nada. Volverán a engañarnos.

No podemos devolver la mercancía defectuosa y no nos devuelven nuestro dinero. Tenemos legítimo derecho de protesta. Son el tendero que nos vendió tomates podridos. Podríamos tirárselos a la cara, pero yo soy partidaria del escrache puro: sin violencia.

La bomba de Ponferrada sigue provocando daños en el PSOE. Si sus máximos dirigentes creían que con la petición de disculpas por Óscar López y la escena de la puesta a disposición de un cargo se resolvía el asunto, se equivocaban de nuevo. El secretario de organización del PSOE, Óscar López, aguantó el lunes por la mañana en la reunión del grupo parlamentario socialista una lluvia de acusaciones de diputadas por la “humillación” que ha supuesto el pacto con un acosador para un partido que ha llevado la “igualdad como bandera”.

La indignación de las diputadas por el caso Ponferrada es compartida por buena parte de la militancia, atónita al comprobar que la solución al conflicto consiste en perder a los cinco concejales del PSOE en Ponferrada y provocar una crisis en el socialismo castellano-leonés.

La exigencia de dimisiones se extiende. Los líderes de Burgos, León y Madrid, Tomás Gómez, las pidieron ayer sin remilgos. En el salón de columnas del Congreso no se pronunció el término “dimisión”, pero tampoco se permitió al número tres del PSOE irse con la absolución del cónclave socialista tras reconocer una vez más su “gran error”.

Sus superiores no estaban presentes. Ni Rubalcaba ni Valenciano asistieron al cónclave. López no es diputado, pero acudió a la reunión a dar la cara ante los parlamentarios. Era la primera vez que el caso Ponferrada se hablaba en una reunión de estas características. Las diputadas le agradecieron la valentía, pero nada más.

Abrió el fuego Rosa Aguilar. Tomó el testigo Laura Seara, exsecretaria de Estado de Igualdad, que fue implacable al señalar el “daño” que este asunto ha hecho al PSOE, tanto en los principios ideológicos como en la estructura del partido en Ponferrada, y por extensión en Castilla y León, donde Óscar López es el cabeza de cartel. La siguieron en términos similares Delia Blanco, Leire Iglesias, Consuelo Rumí y hasta Carmen Montón, pese a que hace días parecía compartir que la dimisión prometida del acosador bastaba para justificar la moción de censura. El expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, coincidió con el análisis femenino.

Manuel Chaves trató de parar el golpe y habló de “responsabilidad compartida” en el “error”, lo que indignó aún más a las diputadas. Seara aclaró que eran muchas las que no compartían la decisión y reprochó que se hubieran desoído las voces que se pronunciaron en contra de pactar con un acosador.

Ponferrada es una ciudad de provincias de esas que no son la capital pero podrían serlo por número de habitantes y volumen de aspiraciones. Menos aeropuerto, tiene de todo lo que se hacía cuando creíamos que aquello duraría siempre: universidad, museo, autovía, circunvalación, desarrollo urbanístico exagerado y hasta centro de investigación. Tiene una corporación municipal de 25 concejales con alcalde a razón de 59.000 euros al año, más dietas. Tiene una deuda municipal desorbitada (supera sus ingresos anuales) y ha tenido que acudir al plan de proveedores para pagar facturas pendientes. Hasta aquí, una más.

Pese a esa gestión demencial de los recursos, la ciudadanía ha depositado el poder reiteradamente en manos del PP, que gobierna la ciudad desde que Ismael Álvarez se alzó en 1995 a la alcaldía apoyado en sus 11 concejales del PP... y en 3 tránsfugas del PSOE. Hasta entonces, gobernaba el PSOE.

En marzo de 2001, Ponferrada saltó a las páginas de los diarios nacionales cuando la concejala Nevenka Fernández denunció al alcalde por acoso sexual. Entonces supimos que Nevenka no llegó a las listas al ayuntamiento por cuota de igualdad, eso va en contra de los principios del PP, ni por méritos propios, como propugna Cospedal. Llegó por ser joven, guapa, licenciada en económicas y, sobre todo, hija de un importante empresario de la pizarra amigo del que luego sería su torturador. Su ausencia absoluta de conocimientos de gestión municipal no impidió a Ismael Álvarez colocarla al frente de una de las concejalías más sensibles, la de Hacienda.

Luego llegó el acoso de su jefe, la denuncia ante los tribunales, el juicio y la sentencia contra el acosador, rebajada después por el Supremo a una multa de 2.160 euros al entender que no existe relación de superioridad jerárquica entre un alcalde y una concejala, por lo que no puede haber abuso de autoridad.

La justicia lo condenó, pero poco. La política prefirió condenarla a ella (el PP por aquel entonces defendió con uñas y dientes la inocencia de Ismael Álvarez y la oposición se puso de perfil aprovechando que era un lío interno del PP) y buena parte de la ciudadanía se quedó con la machista idea de que era una fresca arribista que había seducido al político.

Esa es la España real, la verdadera, la que escupe el espejo. Ocho años después, llegó la prueba de que la única condenada (al ostracismo, a la desaparición) fue Nevenka.

El acosador volvió a concurrir a las elecciones en 2011... y los ciudadanos lo premiaron con 5 concejales. ¿Lo despreciaron sus compañeros políticos? Qué va. Es la llave del Gobierno municipal! Con su apoyo llegó el PP a la alcaldía sin tener la mayoría absoluta y con su connivencia le ha arrebatado ahora el PSOE el bastón de mando. Con los suyos ha aprobado el PP todas sus decisiones desde 2011 y con los mismos gobernará el ex socialista hasta 2015.

Es la política que le vale al PP. La que le valía al PSOE hasta que el escándalo le reventó en la cara. Es lo que ha aceptado la ciudadanía. Es lo que somos. Es lo que deberíamos dejar de ser.

De los 16 partidos con representación en el Congreso, distribuidos en siete grupos parlamentarios, sólo uno, Izquierda Unida, ha planteado al Gobierno las dudas que corroen a la opinión pública sobre Corinna Sayn-Wittgenstein, sus relaciones con el rey Juan Carlos y sus autoproclamadas gestiones en favor del Estado español. De las decenas de preguntas que tramitan cada semana los diputados para que sean respondidas en el pleno de Control de los miércoles o por escrito, sólo las de uno se refieren a la aristócrata alemana y rubia, como ella misma ha destacado.

Hay pocos aspectos del caso Urdangarin que susciten mayor morbo que el papel de la autodenominada princesa. De Corinna se habla en la calle más que del duque presunto y de su infanta esposa, con ese gustazo que da hablar de lo que se desconoce. De Corinna opinan los entendidos en las entretelas de la Zarzuela y murmuran los analistas políticos. Pero sus señorías, nada.

Ricardo Sixto es el único diputado que tiene planteadas cuestiones al Gobierno sobre la acompañante real. Pero no las formalizó a raíz de los últimos correos electrónicos desvelados por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, al juez Castro, en los que se desvela una estrecha relación de la empresaria alemana con la Casa del Rey y se pone en evidencia su capacidad para influir en el futuro profesional del duque, con el supuesto beneplácito del rey. No preguntó tras leer en El Mundo la entrevista a la aristócrata, en la que afirma que el Gobierno español la usó como mediadora para algún asunto que sigue siendo un misterio: “Ese trabajo que he realizado para el Gobierno español, cuando se me ha pedido, ha sido siempre delicado, confidencial. Son asuntos clasificados, situaciones puntuales que yo he ayudado a solucionar por el bien del país”.

Sixto formuló sus preguntas al Gobierno sobre Corinna Sayn-Wittgenstein el 11 de enero, tras leer en la edición del 29 de septiembre de The New York Times que la alemana se autodefinía como “asesora estratégica del Gobierno español”. Básicamente, el diputado de IU quiere saber si eso es cierto y qué “recursos del Estado” se pusieron a disposición de esta señora para realizar sus labores de asesoría.

La formación que lidera Cayo Lara aún espera la respuesta del Gobierno, que un mes después no ha contestado a esas cuestiones. Pero tendrá que hacerlo, porque esta vez la Mesa del Congreso aceptó las preguntas, a diferencia de lo que hizo en abril de 2012, cuando rechazó por unanimidad (votos de PP, PSOE y CiU) un paquete de cuestiones sobre el viaje del rey a Botsuana para cazar elefantes. Los diputados de Izquierda Plural, Esquerra y BNG ya interrogaban entonces sobre “los acompañantes” del monarca en aquel periplo, entre los que se encontraba Corinna. El órgano de gobierno del Congreso tumbó las preguntas con el argumento de que indagaban sobre la “vida privada” del rey.

Los hechos:

A las 13.00 horas, Toni Cantó, portavoz de Igualdad de UPyD (¿y ex actor?), informa en Twitter de que está reunido con Feder.Gen, una asociación que se autodefine como “afectados por las leyes de género” y que expone en su web verdades como puños de esas que luego tuiteó el diputado.

A las 15.00 horas, Cantó se arrancó con una cadena de tuits en los que clavaba las cifras y afirmaciones (no confundir con datos) que le fueron reveladas por Feder.gen sin decir de dónde salían ni en qué bases de datos podían contrastarse.

No fue un tuit, fueron ¡siete! En los que aseveraba barbaridades como que Europa paga a España a tanto la pieza por cada denuncia de malos tratos, o que un tercio de las muertes por homicidios de violencia de género son de hombres o que la mayoría de las denuncias por violencia machista son falsas.

Cuando se cayó del guindo (cuatro horas y cientos de tuits respondiéndole después), pidió disculpas por haber dado por bueno el argumentario de Feder.Gen y declaró la violencia machista un tema “muy grave”. Desde entonces, sólo volvió a manifestarse para informar de que desayunaría esta mañana con Susana Grisso en Antena 3 TV.

La respuesta de su partido:

La reprobación masiva que recibió Toni Cantó por sus descabelladas afirmaciones se tornó en protección y connivencia de su partido. Exactamente la misma actitud protectora que UPyD critica en otras formaciones cuando respaldan a sus miembros señalados por alguna falta o delito. Carlos Martínez Gorriarán, también diputado, escribió contra el “linchamiento” a su compañero de escaño. De Rosa Díez no consta opinión y la cuenta oficial de UPyD en Twitter negó la evidencia e insistió en que Cantó se había disculpado.

No es de extrañar la tibieza con la que reaccionó el partido. Al fin y al cabo, las afirmaciones de Cantó pueden haber inspirado al redactor del programa electoral de la formación de Rosa Díez, que en su apartado 5.6 promete reinventar la ley contra la violencia de género porque está “dando lugar a una aplicación desmedida e injusta para miles de hombres”. Así, sin aportar dato alguno que corrobore esa afirmación. Igualito que su diputado.

La realidad:

62 mujeres muertas en 2011 a manos de sus parejas (hombres en los 62 casos).

7 hombres muertos en 2011 a manos de sus parejas (dos de esas parejas eran hombres y de las cinco mujeres, una era víctima de malos tratos)

Hay una media de 130.000 denuncias por malos tratos al año en España. La Fiscalía General del Estado constata anualmente una media de entre 10 y 20 denuncias falsas (entre el 0,001% y el 0,002% del total).Un porcentaje inferior al número de denuncias falsas registrado en otros delitos.

España recibe de la UE fondos específicos para la lucha contra el maltrato machista, pero no a tanto la denuncia. Este año son 1,1 millones de euros.

Mi conclusión:

Toni Cantó no tiene la menor idea del área de la que es portavoz. Es capaz de deglutir y vomitar cualquier cosa que le diga cualquier grupo de presión o lobby, sin contrastar mínimamente los datos recibidos. Declaraciones como las suyas alimentan un estado de opinión que retrae a las víctimas de maltrato a la hora de atreverse a romper la espiral de violencia y denunciar.

Ante las cámaras era malo. En la Cámara es un peligro.

La enmienda de la Comisión Europea a las previsiones de Rajoy es completa: el paro y la deuda volverán a dispararse en este ejercicio, del crecimiento prometido tras tanto sacrificio no hay señales y la receta vuelve a ser que suframos los de siempre.

Estamos a finales de febrero y la cifra oficial de déficit de 2012 continúa siendo un misterio. Si creemos a Bruselas, superará el 10%. Si pudiéramos creer a Rajoy, no llegaría al 7%. La diferencia está en la millonada para la banca que no iba a contar en déficit (Guindos, dixit). Diferencias aparte, la realidad es que en febrero no hay cifra oficial. Recordemos que el principal reproche del PP al Gobierno anterior es que se fue de Moncloa en diciembre de 2011 sin acertar con la cifra de déficit del ejercicio aún no finalizado. Y que de sus previsiones a la realidad hubo una desviación.

Si todo aquello era razón suficiente para cambiar de Gobierno. ¿Qué debemos hacer con un Ejecutivo que ha dictado recortes insufribles para la ciudadanía con la única finalidad de reducir el déficit y acaba su primer año de mandato con una cifra superior a la que heredó del Gobierno Zapatero (9,3 en 2011, incluidas ayudas a la banca, y 10,2 en 2012, incluidas ayudas a la banca)?

Si sólo fueran incapaces para reconducir la economía del país, sería ineficacia. Pero si recordamos lo que dijeron de sus predecesores, se convierte en soberbia. Y si añadimos las mentiras diarias sobre caso Bárcenas, lo que tenemos es indecencia.

Los salvavidas no saben nadar. No estamos con la cabeza fuera del agua, estamos con el agua al cuello.

La herencia recibida. Y tú más.

El cara a cara Rajoy/Rubalcaba se salda con un empate que deja a la ciudadanía, esa gente que habita más allá de las vallas que blindan el acceso al Congreso, tan fría como estaba. Del pasado lo sabemos casi todo. Del futuro que ha dibujado hoy el jefe del Gobierno, nos podemos quedar con estas tres ideas:

–Para luchar contra el paro juvenil, más contratos basura específicos para menores de 30 años.

–Para luchar contra los desahucios, nada que incomode a la banca.

–Para luchar contra la corrupción, batería de propuestas que no afectan a los actuales señalados.

Según Rajoy, España marcha razonablemente bien, los ciudadanos se resignan que es un primor y rectificar no está en sus planes. A Bárcenas ni lo menta. Y de corrupción hay que dejar de hablar porque perjudica la marca España. Paralizar los desahucios y la privatización sanitaria, dos de las principales reivindicaciones de la gente en la calle, ni se menciona en su discurso.

Ni medio arrepentimiento. Ni una petición de disculpa. Los recortes y sacrificios a la sociedad eran “la única alternativa posible” para superar “la herencia socialista”. De contratar a Bárcenas y mantenerlo en nómina a pesar de estar imputado o de seguir trabajando con Sepúlveda o de confirmar como ministra a Ana Mato, el presidente o no se arrepiente o no considera que nos debe una explicación. O las dos cosas.

Es habitual el debate periodístico sobre quién gana un debate sobre el estado de la nación. Deberíamos empezar a ocuparnos de dejar de perder los de siempre.

Hay que ser muy inconsciente para no medir las consecuencias de negarse siquiera a debatir las propuestas de los colectivos que acompañan a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuando todo el mundo admira ya su pelea por poner coto al desmadre bancario con resultado de muerte que estamos sufriendo.

Hay que ser muy desmemoriado para haber olvidado el estigma del voto favorable a la invasión de Irak, que persiguió a los diputados del PP lo que duró la legislatura.

Hay que estar muy fuera de la realidad para pretender que traguemos con aquello de “ya se está tramitando una iniciativa similar” o eso otro de “muchas de sus reivindicaciones se incluyen en el decreto” antidesahucios del Gobierno. Cuando es palmario el fracaso de ese decreto porque decenas de personas siguen siendo expulsadas de sus domicilios a diario sin que ello les prive siquiera de seguir atados a su hipoteca.

Hay que estar ciego para torear así a los ciudadanos.

Pues el despropósito va a ocurrir. Será a eso de las 5 de esta tarde, como en la elegía de Lorca. Y es que el pleno arrancará taurino, porque poco antes de perpetrar el golpe a la iniciativa legislativa popular que busca frenar el drama de los desahucios, sus señorías del PP apretarán el botón del SI para que matar toros en las plazas se considere bien de interés cultural, con las ayudas económicas que ello conlleva.

Es muy probable que los diputados del PP sean los únicos que voten en contra de la propuesta popular antidesahucios. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha advertido a quienes lo hagan de que afeará públicamente su conducta.

En los años que llevamos de democracia, sólo 8 iniciativas populares han llegado al Pleno del Congreso y exclusivamente una de ellas llegó a convertise en ley. Que esta legislatura de recortes, retrocesos, fiascos y escándalos de corrupción sea recordada como la que restituyó el honor a los toros y desatendió el clamor contra los desahucios sólo tiene una explicación: la mayoría absoluta del PP.

Pero hasta los mayores males tienen grandes remedios. A los diputados del PP les han prestado el escaño los votantes. Tras esta nueva faena, quizá muchos de ellos decidan devolverlos a los toriles.

Ella aduce que no se enteró de que no era su marido quien pagaba esos dispendios, sino los presuntos cabecillas de la trama Gurtel. Y aunque nunca ha presentado factura que lo acredite, sostiene que ella pagó su parte de todo ello y el juez (en su día) creyó en su palabra.

Ana Mato, actual ministra de Sanidad, era vicesecretaria de organización del Partido Popular desde 2008 y lo seguía siendo cuando su ex marido, imputado en la trama Gurtel, dimitió como alcalde de Pozuelo y siguió cobrando un salario mensual del PP que se mantiene a día de hoy. La misma Mato que ostentaba ese cargo entonces presentó ante los medios un código de buenas prácticas y contra la corrupción elaborado por ella misma para cumplimiento estricto del Partido Popular. Se desconoce si no se percató de la incongruencia.

Es la misma Mato que vio una foto de alumnos andaluces escuchando un cuento en el cole sentaditos en el suelo y dedujo (y afirmó) que eran obligados a recibir la enseñanza de esa guisa por falta de pupitres en las aulas. Es la misma Mato que llamó “anafalbetos” a los alumnos andaluces en comparación a los riojanos (sic), en una discutible interpretación de los informes PISA.

Es la misma responsable política que declaró que “no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades” el mismo día que incrementaba el copago de los medicamentos. La misma a la que no le ha temblado la mano para dejar sin atención sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia y que ha eliminado de la cartera gratuita de medicamentos algo tan accesorio como las píldoras de quimioterapia.

Hay gente que considera machista pedir su dimisión por asuntos de los que el responsable es su ex marido. Estoy de acuerdo. Ana Mato ha dejado probado que reúne por sí misma requisitos suficientes para ser destituida de inmediato.

Como él, cobraron sobresueldos (o sólo sobres, está por aclarar) todos los secretarios generales y vicesecretarios que en el PP ha habido, reflejan esos mismos dietarios.

En los últimos días, desde que conocimos que Bárcenas llegó a acumular 22 millones de euros en cuentas en Suiza y el diario El Mundo añadió que los dirigentes del PP llevaban años recibiendo sobres con emolumentos opacos a Hacienda, el PP se ha dedicado a pasar palabra, esconder la cabeza o enchufar el ventilador para rebuscar en las corrupciones de otros (que haberlas, haylas) y tratar de minimizar así la propia. El Mundo acompañó al partido del Gobierno en esta estrategia del calamar.

Rajoy no ha dado la cara en este tremendo caso de corrupción, sin duda alguna el mayor de los que hemos conocido en democracia. No cuentan la evasiva respuesta de ayer en el Pleno de Control al Gobierno, ni las promesas de auditorías realizadas (recordemos) en actos internos del PP, ante sus dirigentes, no ante los ciudadanos que le pagamos el sueldo.

Hoy pretende mantener la actitud irresponsable que ha tenido estas semanas. Será María Dolores de Cospedal, aludida también en las notas manuscritas de Bárcenas, la que una vez más dé la cara a mediodía.

Los ciudadanos, aturdidos por la magnitud de la podredumbre en la que chapotea el PP, asistimos estupefactos a esta falta de responsabilidad del presidente del Gobierno de la nación. Ya hay incluso cargos públicos de su partido que le exigen por burofax una explicación. Pero sólo sabemos que “fuentes del entorno del presidente” consideran que El País no prueba que esos pagos fueran opacos. Ya ni se molestan en desmentir su existencia, pese a haber demostrado gran habilidad en negar la evidencia.

¿Será capaz Rajoy de esperar a que lo cite un juez para explicarse?

El Gobierno de Rajoy esperó hasta el pasado viernes para formalizar el recurso

El alto tribunal ya suspendió el día 15 de enero la misma tasa que se aplicaba en Cataluña

Ignacio González mantiene el tasazo hasta que el Constitucional le fuerce a retirarlo

Mariano Rajoy ha esperado 18 días desde la entrada en vigor para formalizar ante el Tribunal Constitucional el recurso que impugna el euro por receta en la Comunidad de Madrid. El alto Tribunal tampoco tiene tanta prisa como los enfermos madrileños, y esperará al menos hasta el pleno de la semana que viene (sólo se reúne cada 15 días) para ordenar la paralización inmediata del tasazo.

Todo estos formalismos, unidos a la escasa premura con la que ha actuado el Ejecutivo de Rajoy y al empeño recaudatorio de Ignacio González, implican que los madrileños que necesiten medicamentos prescritos por médicos de la Seguridad Social llevan 22 días pagando una tasa amenazada de inconstitucionalidad desde el día de su entrada en vigor. El tasazo será legal al menos siete días más.

El Tribunal Constitucional no tiene mucho que pensar para suspender la aplicación en Madrid de la misma tasa que el pasado 15 de diciembre impugnó en Cataluña. Los argumentos del Gobierno son los mismos y la respuesta del Estado de derecho debe ser idéntica.

El Gobierno central, que ya tenía redactado el recurso contra el euro catalán, tampoco tiene mucha disculpa para haber esperado hasta el pasado viernes para impugnar el euro madrileño. Es cierto que hasta el jueves no tuvo el preceptivo informe del Consejo de Estado para apoyar su recurso... pero es que no lo había solicitado hasta el lunes anterior. Los madrileños llevaban dos semanas pagando.

Ignacio González sabe desde el 1 de enero que su nuevo impuesto a la enfermedad tiene un recorrido muy escaso, pero eso no le ha llevado a renunciar a aplicarlo o a suspenderlo. Ha preferido seguir recaudando hasta que el Constitucional le obligue a dejar de hacerlo. En las casi tres semanas que lleva cobrándose en las farmacias de la Comunidad, el Gobierno de González ha ingresado cerca de 5 millones de euros por recetas.

No consta que ni Ignacio González ni Artur Mas vayan a devolver a los madrileños y catalanes el dinero recaudado por este concepto.

¿Cómo si no se explica que el presidente del PP pretenda clarificar una aparente trama de corrupción mediante una auditoría pagada por el presunto corrupto? ¿O que encargue a la actual tesorera certificar que ni ella ni sus precedesores hicieron trampas con las cuentas? ¿Cómo pretenden que creamos que serán ellos los que se señalen a sí mismos?

¿Cómo creen que puede colar una oferta de pacto anticorrupción al PSOE si el cacareado pacto antitransfuguismo ha probado de sobra la facilidad para saltárselo?

¿Esto es todo lo que han logrado inventar después del mantra de “no me consta” con el que pasaron palabra toda la semana pasada?

Nos toman por tontos. El escándalo Bárcenas es el escándalo Gürtel. La mayor trama de corrupción detectada en lo que llevamos de democracia. Y van unas cuantas. De todos los colores. Parece que la entidad de lo robado es directamente proporcional a las posibilidades de llevárselo que ofrece la posición o el cargo.

Esto no se arregla con una auditoría de encargo. Ni con una comisión de investigación, como propone el PSOE, en un Parlamento con mayoría absoluta del PP que puede dictar hoy mismo las conclusiones. Exculpatorias, claro.

La corrupción ha hecho metástasis. El tiempo sin atajar el problema corre en contra de la democracia. No podemos consentir que se agote esta legislatura de los recortes sin que se le meta el tajo a la financiación de los partidos, a los cientos de agitadores electorales contratados como asesores institucionales, a las duplicidades y los privilegios y, en definitiva, al entramado administrativo que ha permitido la extensión de la enfermedad.

Para este mal sólo hay una cura: transparencia, control ciudadano, exigencia. Democracia, vamos.

16/01/2013. Día que estalla el caso de los 22 millones de Bárcenas en Suiza: Rajoy recibe a los representantes de la candidatura de Madrid para los JJOO de 2020.

17/01/2013: Día que se conoce que Bárcenas regularizó sus 22 millones con la Hacienda española en 2012. Día en que descubrimos que el nombre de Mariano Rajoy aparece en los documentos del banco suizo como una de las tres personas de referencia para avalar a Bárcenas: no consta actividad pública alguna de Mariano Rajoy.

18/01/2013: Día que eldiario.es desvela que Bárcenas mantiene despacho, coche y secretaria en la sede central del PP y que el El Mundo sostiene que Bárcenas pagó durante años sobres con sobresueldos en metálico a los dirigentes del PP: el presidente del Gobierno preside la reunión del Consejo de Ministros.

Como recuerda Ignacio Escolar, Luis Bárcenas no es uno más en el PP. Lleva 28 años en el mismísimo centro de las decisiones financieras del partido, como tesorero y antes como gerente, al abrigo de Manuel Fraga, Hernández Mancha, José María Aznar y Mariano Rajoy, que lo ascendió a tesorero.

El silencio de Mariano Rajoy sobre este escándalo es atronador. 72 horas sin decir una palabra ni comparecer ante la opinión pública. Lo más que sabemos de fuentes de su entorno es que ha recibido estas informaciones “con sorpresa mayúscula”, ni siquiera ha tenido la decencia de trasladar su indignación. Cabe preguntarse si es que no la siente.

Han pasado 72 horas y el PP se hunde cada minuto un poco más en ese fango llamado Gürtel, y que hasta ahora sólo ha costado una condena: la del juez que decidió investigarlo, Baltasar Garzón. Cada vez sabemos más detalles de la mayor trama de corrupción de la democracia, con el agravante de que el protagonista es el partido que nos gobierna.

Pero no se inquieten, señores del PP, el escarnio les durará lo que aguanten los medios soltando información. No habrá una comisión parlamentaria que investigue todo esto (la mayoría absoluta del PP garantiza el ocultismo), el PP no abrirá siquiera una investigación interna (“nosotros ya hemos investigado mucho en el PP”, Cospedal dixit), la Fiscalía Anticorrupción descarta investigar de oficio, el fiscal general Torres Dulce no parece ser tan sensible a esta cuestión como lo fue cuando ordenó indagar sobre la custodia de los trenes del 11-M (puesta en duda por una información periodística) y al Tribunal de Cuentas ni se le ve ni se le espera. De dimisiones, ni hablamos.

En lugar de abrir ventanas y levantar alfombras para que corra el aire fresco, el PP cierra filas y hace como que esto no va con ellos. Es inevitable que crezca la indignación ciudadana por la enésima tomadura de pelo del Gobierno del PP a una sociedad asfixiada por los recortes. Veremos si esa indignación se desborda esta tarde a las 19.00 horas frente a la sede de la calle Génova. Esa sede en la que Bárcenas aún mantiene un despacho, una secretaria y un coche oficial.

Las cosas de palacio van despacio. Al menos las del palacio de la Moncloa. La previsible suspensión del cobro del euro por receta en Madrid tendrá que esperar, porque el Gobierno de Mariano Rajoy aún no ha presentado ante el Constitucional el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la tasas impuesta por el ejecutivo de Ignacio González, que se aplica a las recetas expedidas en la Comunidad de Madrid desde el pasado 1 de enero.

La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, anunció el viernes 11, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros tras las vacaciones navideñas, la presentación del recurso, pero el acto formal de impugnación aún no ha sido ejecutado. Antes de poder hacerlo, el Ejecutivo debe recibir el preceptivo informe del Consejo de Estado, que fue solicitado por el procedimiento de urgencia el pasado viernes. Fuentes jurídicas prevén que ese informe esté el jueves en manos del Ejecutivo. A partir de ese momento, el presidente del Gobierno podrá firmar y presentar el recurso cuando quiera, incluso sin esperar a una nueva reunión de su Gabinete, que no es necesaria.

Ni la vicepresidenta ni ningún miembro del Ejecutivo han explicado por qué dejan pasar más de 15 días desde la entrada en vigor de una medida idéntica a la que ya impugnaron en Catalunya y para la cual ha dictado suspensión esta mañana el Tribunal Constitucional. Los madrileños seguirán pagando el euro por receta hasta que el tribunal reciba y admita el recurso del Gobierno. Los ciudadanos de Catalunya dejarán de hacerlo desde mañana, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Generalitat la suspensión que les comunicará hoy mismo el alto tribunal.

El Gobierno no ha presentado aún el recurso contra el 'recetazo' de Madrid

El Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación del euro por receta en Cataluña. La suspensión de su aplicación es prácticamente automática en los recursos del Gobierno central contra medidas de ámbito autonómico que vulneran las competencias del Estado y/o afectan a la igualdad de los españoles. El euro por receta cumple ambos requisitos, tal y como figura en el recurso de firmado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, por eso es previsible que el alto tribunal dicte la suspensión en cuanto decida la admisión del recurso.

Sin embargo, la suspensión de la tasa catalana no liberará a los ciudadanos madrileños de seguir pagando el euro por receta que el PP ha impuesto en la Comunidad de Madrid, ya que el alto tribunal deberá fijar aún en qué momento estudia la admisión a trámite del recurso interpuesto por el Gobierno central (paradójicamente, también del PP) contra la tasa madrileña. El Gobierno de Ignacio González impuso el euro por receta pese a conocer que el Gobierno central había recurrido la misma medida en Cataluña.

La Generalitat lleva 55 millones de euros recaudados desde junio, cuando entró en vigor la tasa farmacéutica. El presidente madrileño ha cifrado en 1,4 millones la recaudación lograda en Madrid por esta misma vía desde entre el 1 y el 11 de enero. Ni Cataluña ni Madrid tienen previsto devolver a los ciudadanos lo recaudado diga lo que diga el Constitucional.

La ley de tasas está en vigor desde el pasado 20 de noviembre y se aplica desde el 13 de diciembre, cuando el Gobierno publicó el impreso de autoliquidación del nuevo peaje para acceder a la justicia. Se cobra a las mujeres (demandantes en la totalidad de los casos de separación por violencia de género) si se les pasa por la cabeza pedir una pensión de alimentación para los hijos mayores de 18 años a su cargo, o si quieren pujar por su mitad del patrimonio logrado en los años de convivencia de la pareja.

El peaje establecido por Gallardón para que esas mujeres recuperen su libertad y recompongan su dignidad y su vida oscila entre 300 y 1.200 euros.

La ley ha sido contestada por todos los colectivos que tienen relación con la justicia, desde abogados hasta secretarios judiciales, pasando por jueces y fiscales. El PSOE ya ha anunciado que antes del 20 de febrero la impugnará ante Tribunal Constitucional. Y el Gobierno ha respondido aprobando una Ley de Justicia Gratuita con la que pretende tapar la vergüenza del tasazo.

Sin embargo, la ley de tasas ya está en vigor, mientras que la de ampliación de la justicia gratuita tardará meses en culminar su proceso parlamentario. Entre tanto, las mujeres víctimas de violencia de género seguirán pagando por librarse de sus maltratadores... si pueden. U optarán, en el peor de los casos, por mantener la insufrible convivencia si no pueden asumir el coste del procedimiento de separación o divorcio.

Las asociaciones de mujeres en pleno han pedido al ministro que repare este daño. La responsable de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, le solicitó la semana pasada que revoque esta injusticia mediante un decreto y libre a las víctimas del machismo criminal del maltrato de las tasas.

Contra todo pronóstico en un Gobierno que lleva un año a decreto por semana, el viernes Gallardón ensalzó la futura Ley de Justicia Gratuita pero no aprobó un decreto para paralizar la aplicación de la ley de tasas a aquellos colectivos a los que la futura norma eximirá del pago.

Y encima se permitió calificar la petición del PSOE de “loable, pero insuficiente”.

Se llama cinismo. Se llama maltrato. Se llama machismo.