Los sindicatos en España no son asociaciones privadas. El artículo 7 de la Constitución española les atribuye, junto con las organizaciones empresariales, una función esencial en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su presencia en nuestro sistema institucional no responde, por tanto, a la generosidad de los gobiernos, sino al propio diseño constitucional del Estado Social.

Hace unos días conocíamos que el Gobierno andaluz ha incorporado al proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 una reducción del 50 % de las ayudas destinadas al desarrollo de actuaciones de mejora de las relaciones laborales. El recorte alcanza apenas al 0,0012 % del presupuesto autonómico. Una cantidad irrelevante para las cuentas públicas, pero cuyo significado político y social merece una reflexión que vaya más allá del habitualmente sesgado debate sobre la financiación de los sindicatos.

Antes de continuar, conviene aclarar de qué estamos hablando. Estas ayudas no constituyen una asignación general para el sostenimiento de las organizaciones sindicales, ni deben confundirse con las compensaciones económicas que reciben por su participación en los órganos institucionales de la Comunidad Autónoma. Por el contrario, se trata de subvenciones destinadas a financiar actividades concretas de interés social. Con estos recursos se sostienen servicios de información y asesoramiento laboral, orientación sobre derechos y obligaciones, asistencia jurídica ante conflictos laborales, actuaciones de apoyo a la negociación colectiva y difusión de novedades normativas. También contribuyen a mantener los equipos profesionales necesarios para desarrollar esas tareas y atender a trabajadores y representantes sindicales. No estamos hablando, por tanto, de una financiación sin destino conocido, sino de actuaciones que facilitan el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos laborales.

La primera pregunta que, en mi opinión, debemos hacernos es por qué se decide ahora reducir esta partida presupuestaria. Andalucía no se encuentra ante un escenario de contracción económica que obligue a aplicar recortes generalizados. Al contrario, el presupuesto autonómico aumenta aproximadamente un 6 %. La reducción de estas ayudas no parece responder a una necesidad de contención del gasto, sino a la reordenación de prioridades políticas. Toda decisión presupuestaria expresa, en última instancia, una determinada concepción de la sociedad y de hacia dónde se pretende conducirla.

Naturalmente, ninguna subvención constituye un derecho adquirido ni exime a las organizaciones beneficiarias de la obligación de justificar el empleo de los recursos públicos. Las ayudas deben someterse a controles rigurosos, transparencia y evaluación de resultados. Pero precisamente por ello, antes de presentar su reducción como una mejora de la eficiencia del gasto, sería razonable conocer qué resultados se han evaluado, qué actividades han dejado de considerarse necesarias y qué razones objetivas justifican prescindir de la mitad de los recursos anteriormente asignados. Si el Gobierno andaluz considera que los mismos servicios pueden mantenerse con menos financiación, debería explicar cómo. Y si entiende que algunas actuaciones carecen de utilidad pública, debería identificar cuáles y por qué. Hasta donde alcanza la información pública examinada, no he encontrado una evaluación de resultados que fundamente este recorte. Lo que sí conocemos es que la medida responde a uno de los compromisos incorporados al acuerdo político de gobierno entre PP y Vox.

No conocemos el impacto real que tendría el recorte sobre las actividades financiadas, pero, obviamente, no puede darse por supuesto que reducir a la mitad una subvención carecerá de consecuencias. La pregunta es si el Gobierno andaluz ha valorado esos posibles efectos y, sobre todo, si eliminar estas actividades es el objetivo proyectado y deseado

La segunda cuestión es qué modelo de relaciones laborales se persigue. La democracia no se agota en la representación política surgida de las urnas, necesita también de organizaciones capaces de articular intereses colectivos, participar en la elaboración de políticas públicas y contribuir a la resolución de los conflictos sociales. El diálogo social y la negociación colectiva forman parte de una arquitectura institucional construida a lo largo de décadas para evitar que las relaciones entre trabajo y capital dependan exclusivamente de la capacidad individual de negociación de cada persona. Es cierto que se propone mantener las compensaciones económicas por participación institucional, por lo que no puede afirmarse que se esté suprimiendo el sistema de un plumazo. Pero una cosa es conservar formalmente los espacios de diálogo y otra garantizar las condiciones materiales para que las organizaciones sindicales puedan desempeñar sus funciones. La reducción de los recursos destinados a actividades concretas puede debilitar esa capacidad sin necesidad de modificar una sola de las reglas que ordenan el marco de participación institucional.

Esta reflexión adquiere especial relevancia en un mercado de trabajo como el andaluz, caracterizado por mayores desigualdades. La negociación colectiva y la acción sindical no benefician únicamente a las personas afiliadas. Las condiciones pactadas en los convenios colectivos alcanzan también a quienes nunca han pertenecido a una organización sindical. Y son precisamente quienes tienen menor capacidad individual de negociación —personas empleadas en pequeñas empresas, jóvenes, trabajadoras en sectores con bajos salarios o con empleos a tiempo parcial o contratos de duración determinada— quienes más se benefician de la existencia de mecanismos colectivos de defensa de sus derechos. Para muchos, disponer de información fiable, asesoramiento especializado o apoyo ante un conflicto laboral puede marcar la diferencia entre satisfacer un derecho o renunciar a él por desconocimiento, miedo o falta de recursos.

No conocemos el impacto real que tendría el recorte sobre las actividades financiadas, pero, obviamente, no puede darse por supuesto que reducir a la mitad una subvención carecerá de consecuencias. La pregunta es si el Gobierno andaluz ha valorado esos posibles efectos y, sobre todo, si eliminar estas actividades es el objetivo proyectado y deseado. La independencia de los sindicatos frente a los poderes públicos es una condición indispensable de la libertad sindical. Una cosa es exigir que las organizaciones sindicales rindan cuentas de los recursos que reciben y otra desacreditar la función social de las actividades que desarrollan. Los sindicatos constituyen uno de los principales contrapesos colectivos frente al poder económico. Debilitar su capacidad de actuación no elimina los conflictos de intereses que existen en el mundo del trabajo, pero sí altera las condiciones en las que esos conflictos se afrontan y solventan.

Volvamos, entonces, a la pregunta inicial: ¿quién se beneficia de esta decisión? Los datos demuestran que el ahorro para las arcas públicas andaluzas es prácticamente inexistente. Los trabajadores y trabajadoras difícilmente pueden considerarse beneficiarios de una medida que elimina buena parte de los recursos destinados a su asesoramiento y defensa. Tampoco parece que el conjunto de la sociedad gane cuando se debilitan los mecanismos colectivos que contribuyen a equilibrar las relaciones entre quienes ofrecen su trabajo y quienes disponen del poder económico para contratarlo. Cuando se reduce la capacidad colectiva de las personas trabajadoras para defender sus derechos, salen fortalecidas aquellas minorías que ya ocupan la posición socialmente más ventajosa.

El pasado 19 de octubre el IES El Carmen (Cazalla de la Sierra) recibió en Madrid, en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el XV Premio Nacional de Educación para la Solidaridad Global «Vicente Ferrer». El IES El Carmen ha sido premiado junto con otros quince centros de toda España (tres andaluces) por proyectos relacionados con cuestiones de actualidad social, problemas acuciantes de nuestro tiempo como la convivencia y la diversidad, las guerras y la población refugiada, los derechos de las mujeres y las niñas, o la ecología y el cambio climático. El objetivo del premio es reconocer la labor docente que, más allá de los contenidos concretos de nuestras materias, es capaz de pensar transversal, interdisciplinar y globalmente una serie de cuestiones que atraviesan la vida actual, también la vida académica del alumnado, por lejanos que parezcan a veces, y que condicionan nuestro presente y futuro. Y, sobre todo, reconocer una labor que no piensa sólo en la formación, sino que piensa desde una visión transformadora y crítica de la educación. El IES El Carmen ha puesto su pequeño granito de arena en este proceso.

El proyecto Sembrando Entornos Alimentarios Sostenibles, apoyado en todo momento por la ONG Justicia Alimentaria, se ha centrado en el lema «piensa global, actúa local». El objetivo ha sido, tanto para el alumnado como para el profesorado, conocer y pensar cómo se produce, distribuye y consume aquello de lo que nos alimentamos, y cómo con pequeños cambios en nuestras costumbres podemos hacer grandes cambios a nivel global. El proyecto comenzó con el liderazgo de Irene Burgos, docente de Biología del instituto, que formó un grupo de trabajo para introducir estos elementos en nuestra práctica cotidiana con el soporte de Justicia Alimentaria. La idea central era desarrollar actividades en nuestras diferentes materias que tuvieran en cuenta inicialmente el papel de la alimentación en nuestras vidas, pero no sólo desde una perspectiva nutricional, sino desde una perspectiva global que tuviera presente cómo se produce esa comida, de dónde viene, cuáles son los engranajes económicos que sostienen el sistema mundial de alimentación, por qué unos se mueren de hambre mientras otros tiran comida, y qué podemos hacer para cambiar esa situación.

Para ello, los docentes tuvimos también que formarnos en la teoría y en la práctica, que después llevamos a las clases, con actividades como el podcast sobre cambio climático llevado a cabo por el alumnado de 1º de la ESO o las actividades sobre nutrición sostenible realizadas en 4º de la ESO y 1º del grado de Infantil durante el curso 24-25. Para el curso siguiente, las bases estaban puestas, y fue sobre todo el alumnado de 2º de la ESO quien profundizó en la producción, la distribución, el consumo, etc., de todo el sistema global de alimentación. Las actividades finales volvieron a las raíces, poniendo en contacto al alumnado con las abuelas del pueblo para conocer cómo cocinaban ellas (y todo lo que lo rodea), gracias a la colaboración de la Escuela de Adultos “Antonio Olivera”, y con mujeres productoras del ámbito rural para conocer sus historias y entender nuevas miradas y formas de estar en conexión con la tierra.

La idea fundamental de todo el proyecto no ha sido sólo transmitir al alumnado unos conocimientos sobre el estado global de la producción alimentaria y cómo afecta a nuestra vida, sino intentar promover cambios en su forma de relacionarse con el consumo alimentario. Para los docentes, lo más relevante ha sido la integración de ciertos elementos transversales en nuestra práctica cotidiana que enriquezcan nuestras clases, ampliando los horizontes más allá de los contenidos para dar espacio a problemas actuales acuciantes para la humanidad. No podemos pensar la historia y la geografía sin ver en los problemas del pasado las crisis presentes o las guerras por el control de los recursos. No podemos pensar la gestión del campo, de la ganadería y los montes sin fijarnos en las dinámicas internacionales del mercado y el desarrollo de la economía capitalista o el cambio climático. No podemos pensar cómo hablamos nuestra lengua u otra y cómo somos y nos comportamos sin tener presente las modas y las corrientes de los medios de comunicación, internet y las redes sociales. No podemos pensar la crianza de los miembros más jóvenes de nuestra sociedad sin concebir una alimentación saludable y una socialización basada en los derechos humanos. No podemos, en fin, enseñar y aprender sin conciencia.

De ahí que el premio otorgado no fuera de carácter crematístico, sino una experiencia educativa para los docentes, para conocer modelos pedagógicos y didácticos diferentes en un contexto complicado: Marruecos. Allí, los docentes invitados pudimos conocer una realidad similar a la nuestra pero con dificultades mucho mayores, con una discriminación brutal de las niñas en la educación y de la mujer en la sociedad, con un abandono escolar altísimo que expulsa a los niños a las calles, y con unas perspectivas de mejora de la vida bajísimas, condenando a la miseria a un porcentaje muy alto de la población. De ahí que las principales instituciones y proyectos visitados fueran de “segunda oportunidad”: escuelas de artes circenses, de agricultura y de jardinería que recogían a niños y niñas de las calles para formarlas gratuitamente y darles hogar y oficio; planes de integración de las niñas en la escuela formal para evitar el abandono o que las saquen demasiado jóvenes del colegio; o planes de ayuda a mujeres maltratadas para que salgan de la situación que viven y tengan una segunda oportunidad lejos de la violencia. Nos traemos una conciencia más amplia de los problemas, una forma diferente de trabajar, e ideas y proyectos para seguir llevando a cabo en nuestro centro.

Este premio nacional, que hemos recibido junto con otros 15 centros de toda España, es un acicate para seguir trabajando, y es un orgullo el esfuerzo de compañeros y compañeras que han puesto estos dos años para que actividades y proyectos hayan salido adelante. Y eso es lo que vimos durante todo el viaje: compañeros y compañeras unidos en una tarea común por cambiar el mundo a través de la educación. La entrega de premios en Madrid fue la culminación fraterna de este trabajo, arropados por sus centros y autoridades cercanas, como alcaldes y representantes de instituciones educativas. Excepto nosotras: a pesar haber sido invitados por la AECID, ningún representante del ayuntamiento de Cazalla de la Sierra ni de las autoridades educativas provinciales fue a la gala. Pero no importa porque no es el reconocimiento lo que se busca. Ya sea con apoyo institucional o sin él, es un trabajo colectivo que va a continuar.

La vuelta a las aulas en septiembre debería ser para la comunidad educativa un momento de ilusión, un retorno a la normalidad sembrando futuro para las nuevas generaciones. Sin embargo, el inicio de curso en Andalucía, que estrena cogobierno del PP con la extrema derecha, vuelve a poner de manifiesto carencias estructurales que dificultan la labor docente y la atención a nuestro alumnado.

Las elevadas ratios en las aulas, el abuso y la precariedad que viene arrastrando el profesorado interino, el déficit persistente de medios y recursos para la atención a la diversidad, la parsimonia en la adaptación de los centros a temperaturas extremas (pese a la Ley de Bioclimatización aprobada hace más de un lustro) y la asfixiante sobrecarga burocrática son solo algunas pinceladas sobre un panorama desgastante que sufren diariamente familias y docentes.

Esta dinámica repercute de manera directa en las condiciones laborales de las plantillas docentes, que acumulan una pérdida de poder adquisitivo estimada en un 14% durante los últimos ocho años. Dignificar la profesión docente requiere actualizar las retribuciones conforme al incremento del coste de la vida, mejorando asimismo los complementos salariales por destino en zonas tensionadas (cruciales en un momento como este de crisis habitacional y urgente necesidad de medidas valientes en materia de vivienda). Urge asimismo reducir la carga lectiva para un seguimiento individualizado, revisar el complemento de tutoría y mejorar las condiciones de trabajo del personal interino en aspectos clave como más opciones para la conciliación en la petición de destinos (zonificación) y la garantía de su estabilidad laboral vía planes excepcionales de refuerzo y aumento de las plantillas docentes.

La inclusión educativa no puede quedar supeditada a recursos temporales e insuficientes que dependen de fondos europeos

A todo ello se suma la necesidad de abordar con sensibilidad el envejecimiento de los claustros. Quince años después de los recortes de los años de la crisis financiera global, ya somos la mitad de la plantilla docente quienes nos vemos abocados a la jubilación con 67 años.

Desde USTEA y los STEs reclamamos la recuperación de la jubilación voluntaria a los 60 porque los retos educativos del futuro requieren de equipos docentes jóvenes de los que las bolsas de trabajo y las universidades están repletos. Y porque a largo plazo, el sistema es insostenible si no ofrecemos una dignificación de las condiciones laborales que haga de la docencia una profesión atractiva. Por ello, para cuidar a nuestros docentes más veteranos, desde USTEA reclamamos un plan de estabilización que garantice las vacantes al personal interino mayor de 55 años, aumentar los días de libre disposición, reducciones horarias adicionales para el profesorado mayor de 60 y reducciones de jornada voluntarias para el personal con menos de cinco años para la edad de jubilación ordinaria.

La inclusión educativa no puede quedar supeditada a recursos temporales e insuficientes que dependen de fondos europeos. En el contexto socioeconómico andaluz, donde las desigualdades crecen y nuestro alumnado corre el riesgo de quedarse atrás, urge garantizar un aumento de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación y PTIS con plazas estables en cada centro, así como poner un tope a las ratios por especialista. De igual modo, la Formación Profesional requiere una oferta pública amplia, recursos adecuados y una implantación de la modalidad dual que no sobrecargue a las plantillas ni genere desigualdades territoriales.

Las organizaciones sindicales y la comunidad educativa tenemos por delante el reto de levantar un escudo en defensa de la escuela pública: de la atención a la diversidad, de las condiciones de sus profesionales y de sus valores democráticos, coeducativos y multiculturales. Por eso este 11 de noviembre llamamos a la huelga y a la movilización recordando que, en esta legislatura, la escuela pública está en juego.

Hoy hace un mes que mi querido hijo Nacho se marchó. Fue asesinado por tres sicarios que «creyeron» que pertenecía a otra banda y que en su bandolera llevaba un arma.

Varios currículums, enseres personales y una pluma de adrenalina, que siempre lo acompañaba porque sufría una grave alergia alimentaria. Eso es lo que llevaba Nacho.

Buscaba un nuevo empleo mientras esperaba las listas de admisión de un grado medio. Siempre fue muy trabajador y tuvo varios empleos para ser más independiente.

Si algo tengo claro es que hay más gente buena que mala en el mundo en el que habitamos y que el odio no es el camino.

Poner el foco en el origen o en el color de piel de sus asesinos sería un tremendo error. Eso lo hacen las mentes simples, con miedo al diferente. Son unos asesinos y punto. No son personas de otros países que vienen a buscar una vida mejor. Son sicarios a los que la vida de los demás poco les importa y que matan por dinero.

He tenido la tentación de soltar toda mi rabia contra personas que, escondidas tras una pantalla, han realizado comentarios horribles, con una profunda maldad y un absoluto desconocimiento del gran chico que era mi pequeño, sin saber tampoco absolutamente nada acerca de la investigación policial. Pero, como he dicho antes, el odio no es el camino.

Se ha difundido un vídeo de mi hijo solo, asustado y herido de muerte. Es un síntoma de que parte de nuestra sociedad está podrida. Pido que todo aquel que encuentre esas imágenes en las redes sociales denuncie su difusión y no contribuya a seguir propagándolas.

En este sentido, agradezco al Consejo Audiovisual de Andalucía, al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, a la Asociación de la Prensa de Málaga, al Consejo Profesional de la RTVA y a la Defensora de la Audiencia de RTVE su contundencia contra la difusión de dicho vídeo en algunas cadenas televisivas y a mis queridos primos las denuncias realizadas.

Málaga está muriendo de éxito y uno de los problemas de la gestión de la ciudad es que la proliferación de pisos turísticos y la falta de control pueden facilitar que los sicarios de las mafias del narcotráfico encuentren lugares donde esconderse. Estoy convencida de que algo así podría haberse evitado con una gestión más responsable.

Se ha permitido una voraz especulación y una falta de control absoluta en el crecimiento de nuestra ciudad, sin ningún tipo de límites ni equilibrio.

Nacho ya era consciente de ello a su corta edad y comentábamos en ocasiones las dificultades a las que tendría que enfrentarse en el futuro para independizarse.

Ahora solo me queda sobrevivir, con la ayuda de profesionales, de mi familia y de mis amigos.

Quiero agradecer desde lo más profundo de mi ser a mis dos hermanas y a mi hermano, porque no me han soltado ni un momento en el vacío y el sufrimiento en el que me encuentro. A mi madre, a mi familia, amigos y vecinos.

También a la maravilla de amigas y amigos de Nacho, que han demostrado una generosidad y una bondad inmensas.

Mi más sincero agradecimiento a las unidades de la Policía que han realizado la investigación del caso con rapidez y que me han tratado con un cariño y una delicadeza exquisitos. A quienes ayudaron a mi hijo en el momento de los hechos. A la sanidad pública y, en concreto, a los sanitarios que lo atendieron e intentaron, hasta el último momento, que siguiera viviendo.

A mis compañeras y compañeros del banco, que sé que nos llevan en sus corazones; a Comisiones Obreras de Málaga, por seguir adelante con una reclamación que ya inició mi hijo en vida; al personal de PARCEMASA; al CAMM, donde estudió música y fue muy feliz; y a toda la buena gente de Málaga que se ha preocupado por mí y que ha rendido homenaje a mi pequeño gran Nacho.

Mi hijo era un niño noble, bueno, educado, cariñoso, listo, amante de los animales y de la música. Pero unos asesinos han truncado sus sueños.

Ha sido muy feliz en sus 20 años de vida y siempre ha estado rodeado de amor, el mismo amor que él devolvía con creces.

Oigo a diario su ciclomotor llegando a casa y pienso que es él entrando en el garaje. Pero ya nunca más será él.

Nuestro perrito Martín se ha instalado en su dormitorio y, desde que Nacho no está, ha acusado mucho más los achaques de su avanzada edad.

Hemos sido privilegiados en muchos aspectos y pienso mucho en las familias que han pasado por algo tan horrible como es la muerte de un hijo, pero que no han tenido medios ni apoyos que hicieran algo menos insoportable sobrevivir a este horror.

Lucharé para que se haga justicia, aunque en estos momentos no me consuele, porque nada lo devolverá a la vida.

Lo que ha ocurrido a mi hijo no puede ser tratado como un caso cualquiera. Hablamos de un chico de tan solo 20 años, asesinado por sicarios, sin tener absolutamente nada que ver con ese horrible mundo del crimen.

Por ello, exijo un análisis profundo de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Quiero saber por qué uno de los presuntos asesinos de mi hijo, que anteriormente habría sido detenido por una tentativa de homicidio, no ingresó en prisión. Exijo que se expliquen las circunstancias y las decisiones que hicieron posible esa situación.

Quiero saber cómo hemos llegado a crear una ciudad donde los asesinatos empiezan a estar a la orden del día. Pido y exijo responsabilidades, no solo a los asesinos de mi hijo, sino también a todos los poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias.

Pido encarecidamente que no se saque rédito político ni se fomente el morbo de lo sucedido, porque todo ello añade más dolor a mi sufrimiento. Pido también que no se aproveche esta terrible tragedia para fomentar el racismo ni el odio.

El narcotráfico y las mafias organizadas no van a desaparecer, se van transformando. Por ello, exijo a los responsables políticos, a las administraciones y al poder judicial que refuercen, dentro de sus respectivas competencias, todos los medios necesarios para hacer frente a esta situación.

Pero también apelo a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en relación con la especulación, el consumo de redes sociales, la televisión y la prensa sensacionalista.

Hagamos de nuestra ciudad un lugar más amable. Hagamos de nuestra ciudad un lugar donde convivir todas y todos en paz.

Laura.

Durante años tratamos la depuración como un trámite casi invisible. En una Andalucía castigada por la sequía, depurar mal deteriora ríos y acuíferos, frena la reutilización y pasa la factura a la ciudadanía. Depurar bien es seguridad hídrica y económica.

Ese principio choca con el recibo. Desde mayo de 2011, los hogares pagan un canon para financiar depuradoras y colectores. Al cerrar 2024 —último balance disponible—, la Cámara de Cuentas cifró en 678 millones de euros la desviación acumulada entre lo recaudado y lo ejecutado: el 47,5% de los cerca de 1.426 millones ingresados desde la puesta en marcha del canon.

También hay avances: en 2024 se ejecutaron 248,75 millones y la inversión comprometida alcanzó los 1.844,32 millones. Pero comprometer dinero no depura un metro cúbico; redactar un proyecto, tampoco. Incluso una obra terminada solo resuelve el problema cuando funciona y cumple.

Ese esfuerzo no borra la distancia entre recaudar y poner obras en servicio. En 2025 las cuotas subieron un 30%. El ciudadano paga; merece saber dónde va el dinero y cuándo terminan las obras. La Consejería debe publicar el balance de 2025.

La brecha no se queda en las cuentas: este verano volvió a alcanzar nuestras playas. No era la primera vez. Seis playas de Málaga cerraron en agosto por contaminación fecal tras lluvias; en Cádiz hubo cierres en cinco. Las causas fueron distintas, pero basta una bandera roja para vaciar terrazas y quebrar la confianza del visitante.

Está en juego una riqueza esencial. El turismo generó en 2025 más de 30.000 millones y sostuvo 482.000 empleos. El saneamiento la protege. En la costa hay viviendas sin alcantarillado, con fosas sépticas. Si fallan las redes o las fosas filtran agua sin tratar, el daño entra en las casas y en la economía.

Tras las cifras aparece un problema que no es solo de dinero, sino de gobernanza y lentitud administrativa

Tras las cifras aparece un problema que no es solo de dinero, sino de gobernanza y lentitud administrativa. La Sentencia 1180/2025 del Supremo lo aclara en Íllora. La Junta había declarado las obras de interés autonómico y asumido su ejecución. Tras años de espera, el tribunal eximió de sanción al Ayuntamiento por estado de necesidad: sin depuradora, la alternativa sería retener las aguas residuales en casa. No crea una exención general, pero impide que la Administración responsable incumpla y pase la sanción al consistorio.

La demora cuesta millones. España ha pagado cerca de 90 millones en multas europeas por no depurar. Solo Alhaurín el Grande supone unos 1,2 millones al año. Duele pensarlo: ese dinero no mejora un tratamiento, no sanea un cauce ni recupera una gota. Se consume en sanciones mientras la obra sigue pendiente.

A esa factura se suma una decisión desconcertante: el Decreto-ley 1/2026 permite destinar el canon a cauces, infraestructuras de regulación y caminos del dominio público hidráulico. Son obras necesarias, claro, pero el canon se cobra para sanear y depurar. Cambiar su destino exige explicaciones, trazabilidad y una garantía: no aplazar otra depuradora.

Proponemos una mesa técnica entre la Junta, las entidades locales y los operadores públicos para construir las depuradoras pendientes y gestionarlas bien

Frente a este panorama hay salida. Proponemos una mesa técnica entre la Junta, las entidades locales y los operadores públicos para construir las depuradoras pendientes y gestionarlas bien. No queremos repartir culpas; queremos desbloquear expedientes y garantizar personal, mantenimiento y controles.

La propuesta tiene antecedentes. En 2011 AEOPAS planteó movilizar 638 millones mediante operadores públicos para acelerar unas 300 actuaciones. Cuatrecasas avaló la fórmula. Había una vía; faltó recorrerla.

Recuperarla exige agilizar contratos y expropiaciones. Un proyecto puede consumir ocho años de trámites; algunos llevan más de veinte. También hay que auditar el dinero, explicar los retrasos y actualizar el balance hídrico. Demasiadas depuradoras siguen bajo sospecha comunitaria, con riesgos para la salud, el medio ambiente y el turismo.

La urgencia crece: Europa ya fija nuevos deberes. La Directiva (UE) 2024/3019 incorpora el control de microcontaminantes, impulsa la neutralidad energética y extiende la depuración a núcleos menores. España deberá incorporarla antes de agosto de 2027. Aún resolvemos lo antiguo y lo nuevo llama a la puerta.

Por eso resulta tremendo repetirlo. El éxito no está en la cinta que se corta ni en la cifra anunciada, sino en los vertidos que se evitan, los ecosistemas que respiran y el agua que vuelve a servir. Depurar cuesta, claro. Pero recaudar sin ejecutar, pagar multas, cerrar playas y desperdiciar agua cuesta mucho más. Ese es el coste de no depurar. Lo pagamos todos.

Luis Babiano es Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento AEOPAS

El equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla ha vetado la presentación en sus instalaciones de Feministas Frente al Fascismo, un espacio plural de reflexión y acción conjunta del movimiento feminista de Sevilla, en el que participan personas de la sociedad civil, incluyendo la propia academia.

Parece incomprensible y lamentable que una universidad pública ponga límites al debate y la reflexión crítica acerca de los problemas que afectan a la sociedad, los nuevos retos a que se enfrenta o los distintos marcos ideológicos que son pertinentes para explicarlos. La Universidad de Sevilla tiene una función social que no debe eludir, que está en su identidad y aparece definida en sus propios estatutos, incluyendo entre sus objetivos “el impulso de la libertad de pensamiento, la participación, la innovación y el espíritu crítico y riguroso, generando espacios de creación y difusión de pensamiento crítico”.

En sólo diez días, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, 39 en lo que va del año 2026, ocho en Andalucía. Estos hechos dramáticos son sólo la punta del iceberg de las desigualdades por razón de género y las violencias machistas que todavía existen en nuestra sociedad y de las que nuestra propia universidad ha tenido dolorosas muestras. Y, sin embargo, en estos momentos el avance de ideologías autoritarias hace peligrar las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, o la salvaguarda de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros derechos conquistados.

El feminismo no puede permanecer impasible ante el resurgimiento del fascismo, que conculca derechos y libertades allá donde gobierna. Lo que está en riesgo son los propios principios y valores democráticos, que la sociedad civil tiene el deber de defender. Nuestra universidad tampoco puede sustraerse de esta responsabilidad

El feminismo no puede permanecer impasible ante el resurgimiento del fascismo, que conculca derechos y libertades allá donde gobierna. Lo que está en riesgo son los propios principios y valores democráticos, que la sociedad civil tiene el deber de defender. Nuestra universidad tampoco puede sustraerse de esta responsabilidad, como institución pública que es y porque, además, tiene en la memoria los dramáticos efectos de su llegada al poder: represión, encarcelamiento, expulsión, asesinato y exilio de miembros de esta comunidad tras el golpe de estado del que se acaban de cumplir 90 años.

Es exigible de una universidad con más de 500 años de existencia que sea fiel a sus principios y valores, así como a su propia historia de lucha por las libertades democráticas cuando carecíamos de ellas. Debe pedir disculpas por una decisión equivocada y proclamar su apoyo al debate plural, su aliento al pensamiento crítico y su defensa de la equidad de género. Pero no sólo con palabras, sino también con hechos. Nos va la esencia como universidad pública en ello.

Acabamos de conocer el informe de fiscalización (JA 09/2025) de la Cámara de Cuentas de Andalucía del pasado 15 de septiembre, que trata sobre la sustitución del control previo por el control financiero permanente en diversos ámbitos del sector público de competencia de la Junta de Andalucía. El ámbito temporal de su fiscalización alcanza cinco ejercicios, de 2020 a 2024.

Antes de adentrarnos en su análisis y conclusiones es necesario recordar que el control interno es competencia de la Intervención General de la Junta de Andalucía y tiene el cometido principal de comprobar que el funcionamiento del sector público se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y buena gestión. Dichas comprobaciones pueden ser realizadas conforme a dos modalidades: a) el control previo, también conocida como fiscalización previa, anterior a contraer obligaciones económicas, el que es realizado ex ante y, en consecuencia, tiene carácter suspensivo, impidiendo realizar la actuación y b) el control financiero posterior, que es ex post y no tiene tal carácter suspensivo.

También debe decirse que la normativa vigente contempla determinados supuestos en los que el control previo puede ser sustituido por el financiero posterior, pero siempre mediando el correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno que debe incluir necesariamente la motivación que justifica tal decisión.

Pues bien, en estos cinco ejercicios la presidencia del señor Moreno Bonilla ha adoptado 22 acuerdos de sustitución del control previo por el financiero posterior, de los que 17 tenían como argumento principal la agilización de la tramitación de los expedientes y conseguir una mayor eficacia en la gestión, pero que han sido aprobados sin una delimitación temporal de su vigencia, ni una cuantificación global de los importes presupuestarios afectados, con unas motivaciones genéricas y no acompañándose de criterios o indicadores adecuados para valorar la idoneidad de la decisión adoptada.

Igualmente es conveniente advertir de antemano que dicha sustitución ha afectado a áreas de gestión especialmente sensibles, tales como son el SAS, determinados gastos de personal y líneas de ayudas y subvenciones de carácter educativo y social. Según el informe, la cuantía afectada en la fiscalización alcanza al menos los 38.000 millones de euros.

Dicho lo anterior es hora de exponerles sucintamente las principales conclusiones:

Es urgente ir más allá, saber qué hay detrás de tales incumplimientos, si se ha vulnerado o no la jurisprudencia existente en materia de fraccionamiento de contratos y la eventual aplicación del art. 404 del Código Penal

Cuando he terminado de leerlo debo confesarles que me he sentido afectado porque me ha reavivado los rescoldos que aún guardo de aquellos pronunciamientos judiciales que tuvieron como causa principal los ERE en Andalucía y que, siguiendo el argumento judicial expuesto en distintas sentencias dictadas por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, basaron sus fallos condenatorios en que el Consejo de Gobierno ideó un cambio para la Agencia IDEA (de entonces), similar al que ahora han adoptado, a sabiendas de que relajaba de manera premeditada el control previo. Que de haberse mantenido así habría podido evitar la importante fuga de fondos por una actuación ex ante de los interventores.

Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué hemos aprendido de aquello? ¿Nada?

Creo que esto no puede quedar ahí, es urgente ir más allá, saber qué hay detrás de tales incumplimientos, si se ha vulnerado o no la jurisprudencia existente en materia de fraccionamiento de contratos y la eventual aplicación del art. 404 del CP en cuanto al delito de prevaricación, de la posible malversación de caudales consecuencia del anterior, si se han dado supuestos de tráfico de influencias en la adjudicación de dichos contratos o concesión de las ayudas, o fraudes por falta de objetividad en los precios aplicados. En definitiva, hay que reclamar transparencia.

Por eso ahora toca pedir explicaciones a quienes gestionan de esta manera, porque son los mismos que entonces denunciaron la causa de los ERE y las ayudas sociolaborales y desde el ejercicio de la acusación particular consiguieron apuntalar el referido argumento en esas instancias judiciales. Porque entonces predicaban (criticando) y ahora no dan ejemplo (hacen lo mismo).

Mientras no las den estimo necesario apelar a la coherencia, en todos los órdenes, también en la política. Ya nos dijo San Francisco de Asís que «predicar con el ejemplo es la única forma de predicar», que el valor radica en actuar conforme a lo que uno piensa.

También vendría al caso aquel otro argumento de autoridad atribuido A. Einstein que nos dice que aquello de «dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera».

Hace cuatro años la Inteligencia Artificial (IA) era una desconocida para la mayor parte de los andaluces, a excepción de círculos muy determinados y pequeños. Desde entonces ha ido llenando portadas, noticieros, mensajes…y hoy está en muchas conversaciones, en muchas inquietudes y en casi todas nuestras mentes.

Durante lo que va de 2026 son además muy numerosas las personas y las instituciones que vienen advirtiendo sobre las oportunidades, pero también sobre las amenazas, del despliegue de la IA en todos los ámbitos de nuestras vidas. Desde el Papa a la OCDE, desde la ONU hasta los movimientos conservadores norteamericanos, y, paradójicamente, desde los propios creadores de los sistemas de IA (Altman o Amodei por ejemplo), se multiplican en las última semanas quienes llaman la atención sobre “peligros” de la IA. La mayor parte de esas observaciones suelen contener además llamadas a actuar:  desde “parar” la IA a fortalecer las soberanías digitales de la UE o de USA; desde desarrollar marcos normativos ad hoc hasta intervenir en su uso en la educación o entre los jóvenes…Medidas por lo general bastante pocos concretas.

En ese escenario lleno de ebullición, expectación, inquietud y hasta temor, la Junta de Andalucía ha creado este verano la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y, por decreto 203/2026 de 30 de julio, ha establecido su estructura.

Su creación provocó cierta expectación, como si Andalucía se animara, mediante lo dispuesto en ese decreto, a ser un agente activo en el diseño y en la búsqueda de soluciones para el aprovechamiento de las oportunidades y la neutralización de las amenazas que se le atribuye a la IA. Tareas no le deberán faltar donde intervenir para un mejor futuro: fomento de empresas especializadas en ese ámbito; impulso de conocimientos específicos para facilitar que personas y entidades andaluzas puedan liderar soluciones e implantaciones exitosas; adopción de pautas e iniciativas en el ámbito educativo para prevenir riesgos; regulación a favor de la protección de la privacidad, integración de soluciones IA en campos tan maltrechos como la salud, la educación, los cuidados, la justicia…

Pero cuando se abre el BOJA encontramos una sorpresa inesperada: la IA no aparece por ningún sitio en el cuerpo de esa flamante Consejería, salvo en su nombre (Viceconsejería, Secretarías Generales, Direcciones Generales… todas ellas sin atribuciones en esta materia); suena a incomprensible pero eso es lo que pone el Boletín Oficial de la Junta.

La Consejería relega todo cuanto tiene que ver con la IA –y cuando digo todo es todo- al campo competencial de la Agencia Digital de Andalucía, que reporta directamente a la persona titular de la Consejería

La Consejería relega todo cuanto tiene que ver con la IA –y cuando digo todo es todo- al campo competencial de la Agencia Digital de Andalucía, que reporta directamente a la persona titular de la Consejería. Y ¿qué problema hay en ello? Pues que esa Agencia, con naturaleza jurídica de Agencia Administrativa, es, por su misma naturaleza, un ente instrumental y, como ente instrumental carece de competencias para diseñar políticas, estrategias…en el ámbito de actuación que tiene señalado.

Así lo dice claramente la Ley 9/2007 de la Administración andaluza, que determina el campo de acción de este tipo de Agencias, en particular en su artº 65: 

1. Las agencias administrativas son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se atribuye, en ejecución de programas específicos de la actividad de una Consejería, la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas.

3. Las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de esta Ley….

Entonces, ¿cómo va a llevar a cabo esa dirección estratégica una Consejería que carece del menor equipo para formular esa estrategia? ¿Que requiere una sólida e indiscutida posición institucional al intervenir en materias que se extienden por todos los campos competenciales de la propia Junta? y ¿Qué puede significar este extraño modo de fijar la atención institucional pública sobre la IA?

Quizá pueda significar que el Gobierno andaluz no sabe de lo que está hablando cuando se refiere a una Agencia. Y se ha equivocado en esa atribución de funciones a una Agencia Administrativa, aquellos “chiringuitos” que tanto achacó el PP a la Junta del PSOE en la década pasada.

Las anómalas disfunciones que la pobre asignación competencial crea, malamente puede justificarse señalando que la ADA sabe lo que ha de hacer: llevar a cabo lo previsto en la Estrategia Andaluza de IA 2030. Esa Estrategia es una manifestación programática, aprobada en el ya lejano 2023

Puede ocurrir también, lo que no sería menos inquietante y muestra de una llamativa ignorancia, el que los autores de esas atribuciones competenciales vean la IA como en el pasado se veía el uso de ordenadores o la habilitación en competencias digitales (correo electrónico, ofimática…). Instrumentos y equipos cuyo uso debe ser alentado. Una grave ignorancia también.

Pero puede significar algo mucho más importante: la Junta no se ha dado cuenta de la extrema relevancia que tiene la IA en estos momentos, y la que va a tener a corto y medio plazo al menos, trastocando sociedades, instituciones, empleos, capacitaciones… Si así fuera el desenfoque competencial con que se resuelve la atención a la IA adquiere una trascendencia política que convendría subsanar con rapidez.

Porque las anómalas disfunciones que la pobre asignación competencial crea, malamente puede justificarse señalando que la ADA sabe lo que ha de hacer: llevar a cabo lo previsto en la Estrategia Andaluza de IA 2030. Esa Estrategia es una manifestación programática, aprobada en el ya lejano 2023, que en poco se distingue de la avalancha de documentos similares aprobados en esas fechas en otras regiones, y que hace referencia a un tiempo y a unas situaciones que nada tienen que ver con lo que hoy representa y expresa la IA. Si eso es lo único que ha de hacer la ADA, son muchos los huecos por cubrir, máxime cuando una Agencia Administrativa carece de competencias para imponer a otras Consejerías sus decisiones sobre las materias que a aquellas les corresponden.

Si se quiere que esa Consejería, tan ampulosamente bautizada, sea algo más que una caja de cartón piedra sin incidencia alguna en un ámbito tan crucial hoy como la IA, con incidencia en todos los campos de las políticas públicas y en la propia configuración de la administración andaluza, quizás fuera conveniente reconducir el rumbo de la Junta en ese asunto, atribuyendo las responsabilidades sobre las políticas en esa materia a niveles directivos más relevantes y, por supuesto, con conocimientos en tales materias.

Estimado consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, como sabe la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores tiene como misión defender y revitalizar el entorno rural, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible que proteja el patrimonio natural, social y cultural de los pueblos de Andalucía. Su visión se orienta a garantizar el futuro del medio rural para las próximas generaciones, demostrando que estos territorios son espacios vivos y absolutamente esenciales para el equilibrio ecológico y territorial de nuestra tierra.

Como también sabe, sus actividades se centran en el apoyo a la agricultura y la ganadería tradicionales y ecológicas, la defensa de la biodiversidad, la interlocución constante con las administraciones públicas para mejorar las políticas territoriales, y el impulso de iniciativas de emprendimiento e inserción sociolaboral que generen oportunidades reales y fijen población.

Con ello en consideración, nos dirigimos a usted para trasladarle nuestra profunda preocupación ante la delicada situación que atraviesan las universidades públicas andaluzas.

Gracias a que contamos con varias personas del ámbito universitario en nuestro patronato, y a través de los medios de comunicación, hemos seguido con gran inquietud las reiteradas demandas de la comunidad universitaria y sus rectores, quienes alertan sobre la necesidad urgente de un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice la calidad docente, la viabilidad de las infraestructuras y el impulso a la investigación. Un problema que ha sido tema central de nuestro patronato. El hecho de que estas inquietudes se produzcan a la vez que se apoya desde el Gobierno andaluz la puesta en marcha de un número significativo de universidades privadas, varias de ellas muy por debajo de uno requisitos mínimos de calidad y excelencia, resulta poco tranquilizador.

La universidad es un pilar indispensable para la vertebración y cohesión de nuestro territorio, como se ha demostrado reiteradamente

Dicho esto, consideramos que el futuro de nuestra universidad pública está íntimamente ligada a nuestra misión. La universidad no es un ente ajeno a nuestros pueblos; al contrario, es un pilar indispensable para la vertebración y cohesión de nuestro territorio, como se ha demostrado reiteradamente.

Una universidad pública fuerte, desplegada con un modelo territorial que permite la cercanía en todos los territorios de Andalucía, ha garantizado el principio de igualdad de oportunidades, permitiendo que los jóvenes de nuestras comarcas y zonas de interior puedan acceder a estudios superiores y labrarse un futuro sin verse forzados a abandonar Andalucía.

Asimismo, la revitalización de nuestro medio rural, la modernización y sostenibilidad de sus sectores productivos requieren del talento, la innovación y la investigación que solo pueden gestarse en unas universidades públicas bien dotadas, comprometidas con la transferencia del conocimiento.

Invertir en la universidad pública es invertir en el equilibrio territorial de Andalucía

El debilitamiento del sistema universitario público andaluz supondría, inevitablemente, un golpe directo al futuro del medio rural, fomentando la fuga de talento y agravando el vaciamiento y envejecimiento de nuestros pueblos.

Por todo ello, desde la Fundación Savia le instamos respetuosamente a redoblar los esfuerzos de diálogo con las instituciones académicas para consolidar un marco de financiación que responda a sus necesidades reales. Invertir en la universidad pública es invertir en el equilibrio territorial de Andalucía.

Nuestra misión y voluntad es dialogar y colaborar en aquellas iniciativas que permitan estrechar los lazos entre el conocimiento universitario y los grandes retos de la Andalucía rural. Nos gustaría mantener un encuentro con usted y su equipo para compartir estas inquietudes y ponernos a su disposición para todo aquello que pueda estar a nuestro alcance.

La infancia nunca ha estado tan protegida como hoy ni tan intervenida por los adultos. Durante generaciones, el error, la frustración, el dolor o la incertidumbre eran entendidas como parte natural del proceso de aprendizaje y pilares sobre los que se construía la personalidad. Sin embargo, en la última década han pasado a percibirse como experiencias a evitar o prevenir.

Esta deriva ha favorecido, en muchos casos, dinámicas de control excesivo y sobreprotección que terminan condicionando el entorno del menor en lugar de acompañar su proceso de crecimiento.

Psiquiatras, educadores y psicólogos alertan de las devastadoras consecuencias que ello está produciendo en el desarrollo psicosocial de los menores educados bajo el paraguas de la sobreprotección: desarrollo de personalidad narcisista, inseguridades extremas o autonomía disfuncional, lo que dificulta tomar decisiones, asumir responsabilidades y desenvolverse por sí mismos.

Tanto padres como madres con estilos educativos sobreprotectores tienden a prevenir el dolor de sus hijos a toda costa. Pero, en paralelo a este propósito, suele operar otro más silencioso: protegerse a sí mismos. Es decir, evitar el contacto con su propia vulnerabilidad emocional, activada cuando el hijo atraviesa situaciones de malestar.

En el marco educativo, los profesionales reciben atónitos y desbordados un aluvión de amenazas, solicitudes de diagnósticos y prescripciones de padres sobre el modo en el que tienen que enseñar a sus hijos, a pesar de que el contexto escolar provee al menor exactamente lo que necesita: un escenario controlado y gestionado por expertos en los que pueda aprender a gestionar, enfrentar y trabajar las emociones incómodas derivadas de los conflictos propios de su etapa madurativa. Algo inaudito

Reminiscencias de dolor, miedo, impotencia e inseguridad arraigadas en la propia infancia de los padres se reencarnan en la crianza de sus hijos, como si su “niño interior herido” tomara el control a la hora de educar. En ese estado, se pierde la perspectiva y se reacciona con gran intensidad, bajo la apariencia legitimadora del discurso de “los derechos y el bienestar del niño”.

Un proceso de alquimia infinita que transforma procesos naturales del ser humano en denuncias, reclamaciones, protocolos… En otras palabras, la búsqueda desesperada de un responsable que justifique el conflicto interno que evitan analizar. Nada revelador: la mente humana buscando desesperadamente razones que apacigüen el dolor que emana de la incertidumbre.

En el marco educativo, los profesionales reciben atónitos y desbordados un aluvión de amenazas, solicitudes de diagnósticos y prescripciones de padres sobre el modo en el que tienen que enseñar a sus hijos, a pesar de que el contexto escolar provee al menor exactamente lo que necesita: un escenario controlado y gestionado por expertos en los que pueda aprender a gestionar, enfrentar y trabajar las emociones incómodas derivadas de los conflictos propios de su etapa madurativa. Algo inaudito.

crecer implica desarrollar tolerancia a la frustración, fortaleza interna y capacidad de afrontar la dificultad. Son cualidades vitales para la vida adulta que deben cocerse a fuego lento en la infancia y adolescencia, aunque duela, aunque cueste, aunque dé pavor

Aceptar que un hijo no siempre estará bien –que experimentará frustración, conflictos, rechazo, malentendidos, expectativas incumplidas o, incluso, situaciones injustas provenientes de otros menores y adultos– forma parte del desarrollo natural de cualquier humano. A veces, se nos olvida que los menores son solo eso, humanos y no una hoja donde proyectar los deseos, frustraciones y necesidades no resueltas de sus progenitores.

En definitiva, muchos adultos no solo intentan impedir el sufrimiento de sus hijos, también el de ellos mismos. Desde esta perspectiva, la sobreprotección puede entenderse como una estrategia de control que busca reducir el malestar del menor y evitar que el adulto confronte emociones difíciles de sostener.

Y aquí aparece una cuestión esencial: crecer implica desarrollar tolerancia a la frustración, fortaleza interna y capacidad de afrontar la dificultad. Son cualidades vitales para la vida adulta que deben cocerse a fuego lento en la infancia y adolescencia, aunque duela, aunque cueste, aunque dé pavor.

Nuestros abuelos y padres también atravesaron ese proceso. La diferencia es que ellos tenían menos posibilidades de sortearlo. Su contexto les obligaba a endurecerse. Hoy, en cambio, existen más recursos, más mediaciones y también más formas de amortiguar la realidad que incomoda, la que no queremos afrontar. Y la crianza es uno de los lugares donde esto se hace más visible.

En nombre del amor y de la protección del menor, y con la intención sincera de darle lo mejor, a veces los padres pueden encarnar una forma de egoísmo socialmente legitimada. A veces, a quien verdaderamente se protege no es al hijo, sino a uno mismo.

Los resultados del último Informe PISA son un aviso educativo, pero también son un reflejo de cómo se está transformando la sociedad y de cómo esas transformaciones afectan a nuestra capacidad colectiva para sostener una democracia sólida. La caída en lectura, matemáticas y ciencias coincide con un entorno donde la tecnología —especialmente la inteligencia artificial— está inundando tanto a la sociedad como al propio proceso educativo, sustituyendo el esfuerzo y la capacidad de análisis por la inmediatez de la automatización. Cuando una sociedad deja de ejercitar el pensamiento crítico, pierde una de sus principales defensas frente a la desigualdad, la manipulación y el autoritarismo. Pocas alarmas están sonando teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un gravísimo problema para la salud democrática.

España firma su peor resultado histórico en lectura. La OCDE señala que los estudiantes ya no sostienen textos largos ni razonamientos complejos. Y esto, además de en las escuelas, también se observa en la vida cotidiana. Cada vez cuesta más que una explicación pausada, que requiere conectar ideas y entender causas, sea escuchada con atención. La complejidad incomoda, el matiz se percibe como innecesario y la frase rápida parece ser más que suficiente. Este clima cultural encaja con lo que PISA detecta: menos comprensión profunda y menos tolerancia a la complejidad. No tenemos que olvidar que una sociedad que deja de escuchar argumentos es una sociedad más vulnerable a quienes quieren imponer su relato sin diálogo.

El uso de la inteligencia artificial en la escuela agrava este deterioro. Los estudiantes que delegan en la IA tareas de análisis o resolución de problemas obtienen peores resultados académicos. La IA por tanto está generando un problema de autonomía cognitiva, un problema en la capacidad de pensar por uno mismo. Si la tecnología hace el trabajo, la ciudadanía pierde capacidad de análisis y contraste. En términos sociales, esto significa una población más expuesta a discursos simplificadores, a bulos y a narrativas que buscan dividir y polarizar.

Y a todo esto se añade que la desigualdad educativa actúa como un vector de riesgo. Allí donde las condiciones materiales y culturales son más frágiles, el impacto es mayor y sus consecuencias más profundas. La frustración derivada de esa desigualdad crónica alimenta la desconfianza institucional y la sensación de abandono. Es el terreno donde prosperan discursos que prometen orden, identidad y soluciones fáciles a problemas complejos.

Mientras tanto ocurre un hecho revelador. Resulta significativo que muchas élites tecnológicas envían a sus hijos a escuelas sin pantallas, donde se prioriza la lectura profunda, la creatividad y el trabajo manual. La sociedad en general se expone masivamente a dispositivos que erosionan la atención, mientras quienes diseñan esa tecnología protegen a sus hijos de ella. Muy ilustrativo.

Si consideramos el informe PISA como un termómetro social, la fiebre es más que evidente. Y una sociedad con fiebre es más permeable a quienes ofrecen certezas absolutas en tiempos de incertidumbre. La cuestión no es si la tecnología nos está llevando al autoritarismo —aunque posiblemente esté ayudando a ello— sino si seremos capaces de rehumanizar la educación, la cultura y sobre todo la convivencia, antes de que la deshumanización tecnológica abra la puerta a quienes siempre esperan al acecho.

Ceuta es invadida como por casualidad. Cincuenta/setenta mil personas se desplazan por las carreteras del norte de Marruecos sin que se las advierta, guiadas por un impulso “natural”, acaso del tipo que mueve a las aves que cruzan el estrecho de Gibraltar, o a los ñu del Serengeti hacia el río Mara.

Tratar de hacernos creer que eso es un movimiento espontáneo es un insulto a nuestra inteligencia. Y hacernos creer que es un impulso de “mafias” otro tanto, ya que una mafia, por definición, ha de ganar dinero con lo que hace, condición que aquí, simplemente, no se cumple. Ni en Marruecos ni en ningún lugar del mundo se mueven esos volúmenes de personas, en esos plazos (en torno a 10 días), por casualidad.

Y si no es un movimiento espontáneo, ni tampoco soportado por delicuescentes mafias, y si tampoco ha sido contenido por las fuerzas de seguridad marroquíes, muy bien informadas habitualmente de lo que sucede en su Norte, máxime cuando el destino de esos movimientos se halla a pocos kilómetros de uno de los palacios reales, ¿a qué se deben esos desplazamientos consentidos?

Sólo cabe una respuesta: son alentados. Y esa respuesta conduce ineludiblemente a un par de preguntas más, ¿por quién? y ¿por qué? Ya no estamos ni en los tiempos ni en los actores de la “marcha verde·. Ahora estamos en todo caso en los tiempos del ”hombre naranja“, que trata de moldear el mundo a su antojo, y en los tiempos de una guerra inacabable de Israel, y de la proliferación de anarcocapitalistas iliberales, sólo atentos a su ”yo“; todas las fichas del tablero del Mediterráneo y de la Unión Europea están expuestas a los oscuros movimientos con que esas personas tratan de imponer sus pretensiones.

Cuando dentro de un tiempo se sepan con detalle los canales por los que se ha convocado (y se siguen convocando aún) a esas multitudes, que se sabrán, como se supo el origen de los mensajes repletos de bulo que sembraban la alarma en torno a la DANA, y como se han sabido los orígenes de los bulos que animaron y animan a algunas de las iniciativas antiinmigración en Inglaterra, en Alemania o en la propia España, podrán validarse las hipótesis que inevitablemente se formulan ahora por tantos especialistas en geopolítica y seguridad y por tanto ciudadanos. Hipótesis que nos conducen a reconocer en los sucesos de estos días comportamientos propios de las guerras híbridas, encubiertas…animadas por países que no dan la cara, y que se activan desde hace años contras las democracias liberales y socialdemócratas. Un caso más, acaso extremo, a tener en cuenta cuando examinamos y construimos alianzas internacionales, de las acciones oscuras que son lanzadas para socavar y polarizar nuestras sociedades, en la confianza de que mediante ellas se neutralizarán las oposiciones a determinadas condiciones económicas, a determinadas iniciativas que amparan el crecimiento exponencial de las riquezas de contadas personas, que se nutren paradójicamente en parte del elevado aumento de la circulación de flujos en las redes sociales, provocados por esta crisis geopolítica, que no migratoria.

Convendrá no olvidar los hechos de estos días y estar atentos a cuando aparezcan los hilos que nos conduzcan a sus impulsores.

Entre tanto, y si no queremos facilitar el éxito de quienes calientan las redes, urge resolver las situaciones creadas a los residentes en la ciudad de Ceuta, y las situaciones también extremas que viven quienes movidos por esas mismas redes, aún permanecen en condiciones inhumanas en la ciudad. Para ello urge demostrar que la sociedad española es capaz de facilitar un trato digno a quienes se han visto atrapados en la trampa en que hoy se hallan.

Es probable que en las tensiones geopolíticas, y políticas, que se han de vivir los próximos meses, este tipo de situaciones, con modalidades iguales o parecidas, vuelvan a repetirse. Facilitar la transparencia que rodean estas circunstancias, asegurar la eficacia a la atención de las personas atrapadas en estos siniestros enredos y evitar polarizaciones inducidas en pro de supuestos principios políticos (siniestros a menudo, cuando no ausentes simplemente en la mayoría de las invocaciones), es una tarea crítica en estas semanas y en los meses venideros.

Málaga no se entiende hoy sin el turismo. En 2025 la Costa del Sol recibió 14,65 millones de visitantes y generó más de 21.800 millones de euros; detrás hay empleo, riqueza y uno de los grandes éxitos económicos de la provincia. Pero ese desarrollo produce también tensiones en el agua. La sequía reciente mostró hasta qué punto puede convertirse en un límite: hubo restricciones, reducciones de dotaciones y embalses que durante meses nos obligaron a mirar al cielo. Finalmente llovió, las reservas se recuperaron y empezamos a olvidarlo.

La planificación de la sequía ofrece un ejemplo revelador. Desde 2010, la Ley de Aguas de Andalucía obliga a los municipios o sistemas supramunicipales de más de 10.000 habitantes a disponer de planes de emergencia. Sin embargo, cuando la escasez volvió a golpear con fuerza en 2022, sistemas tan importantes como la Axarquía o la Costa del Sol Occidental seguían sin culminarlos. Después se ha avanzado, pero la lección permanece: el plan que necesitamos cuando el embalse está vacío es el que deberíamos haber preparado cuando todavía llueve. Gestionar el agua exige memoria institucional.

Este agosto, Málaga capital ha ofrecido otra imagen de esa vulnerabilidad. Seis playas tuvieron que cerrar al baño tras detectarse concentraciones elevadas de E. coli después de las lluvias del día 15. El Ayuntamiento explicó que la tormenta provocó alivios en distintos puntos de la red. Parte del saneamiento sigue siendo unitario y, cuando una precipitación intensa supera su capacidad hidráulica, los aliviaderos cumplen una función de seguridad, aunque puedan trasladar contaminación al medio receptor. Conviene ser precisos: este episodio corresponde a Málaga capital y no puede extrapolarse sin más al conjunto de la Costa del Sol. En julio, Marbella registró también una incidencia microbiológica puntual, resuelta pocos días después, sin que deba atribuirse automáticamente al saneamiento.

También conviene reconocer que EMASA no parte de cero. La empresa municipal viene ejecutando separación de redes, nuevos colectores y mejoras de aliviaderos, y prevé seguir aumentando la red separativa junto con tanques de tormenta y otras soluciones de retención. Adaptar una ciudad consolidada exige tiempo e inversión sostenida. El reto es mantener una política inversora estable y acompasada con el crecimiento.

La nueva Directiva europea sobre aguas residuales urbanas refuerza esa dirección. España deberá transponerla antes del 31 de julio de 2027 y las aglomeraciones de 100.000 habitantes equivalentes o más deberán disponer, antes de finalizar 2033, de planes integrados que aborden también los desbordamientos de aguas de tormenta. La norma exige reducirlos mediante prevención, almacenamiento, optimización de infraestructuras y soluciones verdes y azules. 2033 puede parecer lejano, pero para las infraestructuras hidráulicas es prácticamente mañana: diagnosticar, proyectar, autorizar, financiar y ejecutar consume años.

El saneamiento no depende de una única Administración ni termina en una depuradora. Hay redes municipales, aliviaderos, bombeos, sistemas supramunicipales, EDAR y puntos de vertido, con competencias y responsabilidades diferentes en cada tramo

El episodio de las playas sirve para abrir el foco. Málaga ha crecido durante décadas en población, urbanización, actividad económica y demanda de servicios. La pregunta es si sus infraestructuras de agua han crecido con ella. Un territorio sometido a fuertes puntas estacionales necesita dimensionar redes, bombeos, colectores y depuradoras atendiendo a habitantes equivalentes, caudales punta, cargas contaminantes y escenarios reales de crecimiento. Y necesita margen. Llevar permanentemente un sistema cerca de su límite reduce su resiliencia.

El último análisis de Ecologistas en Acción sobre las EDAR andaluzas permite medir mejor otra dimensión del problema. Málaga alcanza un 89,1% de población beneficiada por depuradoras construidas o en construcción, una cobertura elevada, aunque inferior a la media andaluza, situada en el 93,1%. Pero disponer de infraestructura no significa necesariamente que funcione conforme a las exigencias de calidad. De las 43 depuradoras malagueñas de más de 2.000 habitantes equivalentes con datos disponibles en REDIAM, solo 21 cumplen la normativa y 22 no. Málaga no llega así al 49% de conformidad y se sitúa en 2025 como la provincia andaluza con peor grado de cumplimiento. Desde 2013 ha perdido casi 23 puntos porcentuales de conformidad.

Detrás de estas cifras hay problemas distintos —carga orgánica, sólidos, nutrientes, reparación, adecuación o ampliación— y sería injusto reducirlos a una única causa. Pero algunos casos son reveladores en un territorio de enorme presión turística. La EDAR de La Víbora, que presta servicio a Marbella, Mijas y Ojén, trata alrededor de 105.000 metros cúbicos diarios, está dimensionada para unos 525.000 habitantes equivalentes y aparece por primera vez como no conforme en el análisis de 2025. En Frigiliana, el informe recuerda que la instalación había alcanzado el límite de su capacidad y que las actuaciones realizadas no han resuelto los incumplimientos. Son situaciones distintas, pero plantean la misma cuestión: cuánto margen dejamos a infraestructuras sometidas a fuertes variaciones estacionales y a territorios que continúan creciendo.

Aquí aparece también la gobernanza. El saneamiento no depende de una única Administración ni termina en una depuradora. Hay redes municipales, aliviaderos, bombeos, sistemas supramunicipales, EDAR y puntos de vertido, con competencias y responsabilidades diferentes en cada tramo. Se necesita, por tanto, planificación coordinada entre entidades locales, entes supramunicipales, comunidad autónoma y Estado, pero coordinación no significa diluir responsabilidades: cuando una Administración asume la ejecución de una infraestructura imprescindible, su retraso condiciona también la capacidad de las demás para cumplir sus propias obligaciones. Allí donde existe gestión privada o mixta, las administraciones deben conservar capacidad técnica para controlar y exigir inversiones; y donde la gestión es pública debemos exigirnos el mismo rigor y anticipación. Ningún contrato sustituye una política pública del agua.

Transformar estos sistemas exige inversión, pero también mantenerla en el tiempo y convertirla con anticipación en infraestructura efectiva. Suelos, evaluación ambiental, expropiaciones, autorizaciones, convenios, proyectos, licitación y construcción pueden consumir años. Precisamente porque conocemos esos plazos tenemos que empezar antes.

No podemos esperar a la próxima sequía, al siguiente vertido o a otra bandera roja para volver a acordarnos del agua. Málaga necesita inversión, planificación, capacidad de ejecución y cooperación institucional ahora, cuando todavía tenemos margen para anticiparnos

Málaga Norte resume esta realidad. Concebida como una gran infraestructura supramunicipal para cinco municipios, la solución prevista en la Vega de Mestanza quedó anulada judicialmente después de años de tramitación. La necesidad permanece y llegar tarde también cuesta dinero. El retraso en resolver el incumplimiento asociado a Alhaurín el Grande seguía suponiendo, según la última información oficial disponible, más de 634.000 euros de multa cada seis meses, después de acumular ya 17,5 millones de euros en sanciones. En 2010 se declararon además 47 actuaciones agrupadas de saneamiento y depuración de interés autonómico en Málaga, con alrededor de 390 millones de euros de inversión prevista, y más de quince años después el proceso aún no puede darse por concluido.

Por eso aparece inevitablemente el canon de mejora. A cierre de 2024, la diferencia entre los ingresos acumulados del canon y la inversión financiada con cargo a él alcanzaba 597,09 millones de euros, mientras la Cámara de Cuentas cifraba en 678,28 millones la desviación de financiación acumulada. En 2023 el canon quedó bonificado al 100%, dejando de recaudarse alrededor de 140 millones de euros mediante un tributo afectado a infraestructuras hidráulicas, y en 2026 se amplió temporalmente su destino para determinadas actuaciones vinculadas a daños por inundaciones.

Son decisiones que pueden tener razones atendibles. Pero es legítimo preguntarse si, mientras persiste un déficit histórico de saneamiento y depuración, no debemos preservar la capacidad inversora del propio sistema del agua. El problema no es solo cuánto se recauda, sino cuánto tarda ese dinero en convertirse en infraestructura y si somos capaces de anticiparnos. En materia de agua sigue siendo válida una idea sencilla: el dinero del agua debe volver al agua.

El debate no debería terminar en un intercambio de reproches. Necesitamos cooperación institucional exigente, prioridades transparentes y capacidad de ejecución. Los operadores, las organizaciones sociales y profesionales y la universidad debemos aportar conocimiento y colaborar en las soluciones. Ser un interlocutor crítico no significa situarse enfrente de quien toma las decisiones: significa señalar con rigor lo que no funciona, reconocer lo que sí se está haciendo y contribuir a que las soluciones lleguen antes.

Málaga ha sabido construir uno de los grandes destinos turísticos de Europa y ese éxito debe ser motivo de orgullo. Precisamente por ello necesita sistemas de agua urbana capaces de acompañarlo. Una sequía puede terminar cuando vuelve la lluvia, una playa puede reabrirse cuando mejora una analítica y una emergencia puede desaparecer de los titulares. Lo difícil de recuperar es el tiempo perdido.

No podemos seguir llegando tarde. No podemos esperar a la próxima sequía, al siguiente vertido o a otra bandera roja para volver a acordarnos del agua. Málaga necesita inversión, planificación, capacidad de ejecución y cooperación institucional ahora, cuando todavía tenemos margen para anticiparnos. Porque la verdadera resiliencia no consiste únicamente en responder bien a la siguiente crisis, sino en haber hecho antes el trabajo necesario para que sus consecuencias sean menores.

El pasado 14 de agosto, junto con Antonio Maíllo, portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, y Marcos Toti, coordinador provincial de IU Huelva, estuve en el teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real. Allí nos encontramos con un grupo de vecinos y vecinas del pueblo, ayudando a lo que hiciera falta para mejorar la vida del grupo de personas evacuadas por causa del incendio, fundamentalmente de Berrocal.

Esas personas estaban en aquel momento en sus localidades, porque les habían autorizado a ir durante unas horas para que se hicieran una idea de cómo había quedado el terreno después del paso del fuego, por todo el territorio de su espacio vital.

Pudimos hablar con una psicóloga, nacida en Zalamea, pero viviendo actualmente en Cataluña y que en verano vuelve a su pueblo. Este año, una parte de sus vacaciones, ha discurrido como voluntaria aportando todo lo que su conocimiento y su experiencia en situaciones parecidas tiene, para mejorar la estancia a esas personas, casi todas ellas mayores de 50 años, en un espacio que no estaba previsto para ser de acogida pero que se había convertido, en palabras de esta mujer, en un espacio de convivencia comunitaria.

El vestíbulo del teatro era la zona donde compartían la vida diaria y todo el recinto del patio de butacas y el escenario se había convertido en el espacio personal de cada grupo familiar. En esa parte del teatro tenían colchones, que habían sustituido a unas camillas de lona insufribles el día anterior a nuestra visita. El espacio no tenía acondicionamiento de aire en el vestíbulo y habían colocado un aparato enorme de aire acondicionado para que el lugar fuera mínimamente habitable.

Presenciamos cómo volvían al teatro las personas evacuadas. Llegaron silenciosamente y con cara de preocupación pero sin aspavientos. Una de ellas, padre del alcalde de Berrocal, traía un cubo lleno de tomates y de pimientos verdes y rojos, que no sabemos muy bien cómo se habían salvado de la quema. Estoy seguro que el picadillo de esos tomates y pimientos iban a recompensarlos de todas las necesidades que habían pasado durante esos días.

El incendio, sus causas y sus consecuencias

Zalamea se ha convertido en el testigo preocupado de una situación que ya años atrás se había presagiado. Un vecino de Berrocal, Juan Romero, prestigioso miembro de Ecologistas en Acción, lo había publicado casi un año antes. No se trata de ser profeta, ni siquiera tener dotes de adivino, se trata de conocimiento del terreno que habita, se trata de preocupación por tener una naturaleza al servicio del bien común y, sobre todo de mesura y decir pocas sandeces y tonterías como hemos tenido que escuchar por radio, televisión, redes sociales e internet, de boca de los miembros del gobierno de la Junta de Andalucía. Una de ellas la dijo Moreno Bonilla el viernes antes mencionado, en una declaración oficial, tras nueve días desaparecido de Niebla, lugar donde radicaba el Puesto de Mando Avanzado: “El eucalipto es un árbol que debemos erradicar de nuestros campos”. A estas fechas, tras ocho años de gobierno del PP en Andalucía, no distingue un campo de un monte.

Bueno es que reconozca algo que en ecología y en Andalucía sabemos desde hace muchos años: ese tipo de árbol es un problema mortal para nuestros montes. Se plantaron para surtir de madera a la fábrica de Celulosas (ENCE) de San Juan del Puerto y han sido abandonados, la mayoría por sus dueños por ser tierra infértil y seca sin remedio, como dice Juan Romero en el artículo mencionado más arriba, los eucaliptos convierten a las zonas sembradas en “bosques butaneros”.

Más claro imposible: los montes de abundantes bosques de eucaliptos se convierten en presa fácil del fuego. Son espacios con una cantidad enorme de combustible vegetal sobre terrenos desecados que convierten los montes en terrenos rellenos de matorrales y que en esta situación actual de cambio climático, son el perfecto caldo para los incendios explosivos que ha producido la catástrofe del incendio de Berrocal, que no de Niebla. Niebla apenas ha sentido la presencia del fuego, mientras que Berrocal ha sido el eje central, de estos días, de llamas incontroladas.

A todo este panorama hemos de añadir la torpeza y postura de superioridad que ha mostrado el consejero de Emergencias y su equipo. Los escasos recursos, tanto en bomberos como en medios aéreos que había puesto la Junta de Andalucía, con el añadido de un increíble desconocimiento del terreno, les llevó a retrasar día y medio la solicitud de presencia de la UME. Las declaraciones del consejero Antonio Sanz, inconexas y con medias verdades en los dos primeros días, tuvo como consecuencia que el fuego creciera hacia el norte, alejándose cada vez más de Niebla hasta convertir el centro del incendio a la localidad de Berrocal.

Es muy lamentable que no se solicitara a tiempo la presencia de la UME a sabiendas de que iba a ser necesaria, por aquello de no colaborar con el Gobierno central, aunque ahora el presidente Moreno Bonilla declare que la coordinación de todas los recursos ha impedido que el fuego continuara más días. ¿Le parece bien a Moreno Bonilla que el fuego haya durado diez días y haya calcinado casi 40.000 has? Esas cifras son las de un fracaso absoluto porque el lugar estaba marcado por las circunstancias de los incendios anteriores, el último de ellos el pasado año 2025.

¿Y ahora qué?

Tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, que nos decía que lo que se vaya a hacer ahora debe quedar muy claro y transparente para todos los afectados. Por un lado, los ayuntamientos deben actuar de manera coordinada con las acciones de las instituciones del estado, de la Junta y de la provincia y, por otro, hay que evitar que haya agravios comparativos. Han tenido la experiencia de años anteriores que los ayuntamientos han conveniado individualmente y eso ha tenido como consecuencia que muy poco haya cambiado después de los incendios precedentes. Es una advertencia importante.

En segundo lugar, es vital hacer una evaluación real de las tierras y enseres afectados, porque en un espacio tan grande hay diversidad de propiedades, desde la propiedad pequeña, personal o familiar que puedan ser residencia habitual o segunda residencia, hasta propiedades enormes de fincas abandonadas a su suerte, que en buena medida son la causa de la extensión del incendio, así como espacios públicos municipales, de la Junta o del Estado que conjuntamente deberían ser el motor de un cambio de modelo productivo más sostenible y equitativo. Las decisiones en este espacio son claves para conseguir la resiliencia necesaria para el territorio y las personas que lo habitan.

En tercer lugar hay que emprender un plan de empleo, como ha planteado el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, con la puesta en marcha de un grupo de trabajo que dé soluciones administrativas conjuntas. En este asunto es primordial que nada ni nadie quede atrás. Por eso el plan de empleo es fundamental, porque podría garantizar la posibilidad de seguir habitando el lugar, si los espacios se han quemado y en la mayoría de los casos estos son la base del trabajo de los pueblos y de las personas. No hacerlo obligará a la gente a marcharse de esas localidades. Y que se haga por acuerdos de colaboración entre las instituciones que están obligadas a actuar.

En tiempos de negación de emergencia climática es más valioso lo que se haga en común, porque quitará razones a aquellos que su único interés es proteger a las grandes corporaciones y a las empresas especulativas que ya estarán haciendo planes para quedarse con la mayor parte del pastel económico que se ponga a disposición. Hay ejemplos de esta manera de actuar en toda la provincia de Huelva, por ello es necesario conseguir este tipo de acuerdos.

Y, en cuarto lugar, que no debe ser el último, hay que intervenir en el territorio para cambiar las prácticas forestales dañinas para el bosque. Hay grupos, científicos y técnicos de mucha garantía que podrán hacer propuestas más concretas para que los bosques cumplan su misión original, recuperar de manera sostenible con especies adecuadas al lugar y poner en marcha proyectos industriales ligados a la sostenibilidad y a las energías renovables. Es una oportunidad que nos obliga a todas a volcarnos con las soluciones.

El asesinato de Franyel, una mujer trans venezolana de 35 años, presuntamente a manos del hombre que era su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), nos ha situado ante una realidad que creíamos que las instituciones españolas habían comenzado a superar hace mucho tiempo. La investigación, inicialmente abordada en el ámbito de la violencia sobre la mujer, terminó siendo derivada a la jurisdicción ordinaria porque en la documentación de Franyel continuaba figurando sexo masculino.

Desde la Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) entendimos que no podíamos aceptar que la respuesta ante el asesinato de una mujer quedara condicionada por una mención administrativa. Por ello hemos presentado escritos ante el órgano judicial que conoce de las actuaciones y ante la Fiscalía, solicitando que se valore la competencia del órgano especializado en Violencia sobre la Mujer.

También hemos trasladado el caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, porque lo que suceda con Franyel no es únicamente una cuestión procesal, afecta al alcance mismo de nuestro sistema público de protección frente a la violencia machista. A estas actuaciones hemos sumado ahora un escrito dirigido a Flor de Torres Porras, Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, y lo hemos hecho porque existe un antecedente jurídico de enorme importancia que procede, además, de la propia Fiscalía General del Estado.

Excluirla de esa protección por su situación documental supondría, en palabras de aquella resolución recogidas posteriormente por la Fiscalía General del Estado, “desconocer una realidad social”

La Circular 6/2011, de 2 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación con la violencia sobre la mujer, dedica expresamente un apartado a las mujeres trans. La Circular contempla incluso el supuesto de mujeres trans extranjeras que no hayan podido acceder a la rectificación registral y establece un criterio esencial: la ausencia de esa rectificación no puede determinar automáticamente que una mujer trans quede fuera de la consideración de víctima de violencia de género. Hay un dato especialmente significativo: para fundamentar ese criterio, la propia Fiscalía se apoya en un auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 3 de mayo de 2010.

El caso afectaba a una mujer trans extranjera que había denunciado al hombre con el que mantenía una relación sentimental y cuya documentación oficial no reflejaba su identidad como mujer. Se discutió qué órgano judicial debía conocer del asunto y la Audiencia Provincial determinó que correspondía al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Excluirla de esa protección por su situación documental supondría, en palabras de aquella resolución recogidas posteriormente por la Fiscalía General del Estado, “desconocer una realidad social”. Quince años después, en la misma provincia, volvemos a encontrarnos ante una cuestión que guarda una similitud difícil de ignorar.

Pero existe ahora un elemento añadido. La Ley 4/2023 reconoció en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar el sexo registral en sus países de origen a adecuar esa mención en los documentos expedidos en España, la propia ley dio al Gobierno un año para habilitar el procedimiento necesario. Ese plazo no se cumplió y el procedimiento que permitió hacer efectivo ese derecho en la documentación policial de las personas extranjeras no llegó hasta julio de 2026, más de tres años después de aprobada la ley. Por tanto, durante esos años las personas trans extranjeras se encontraron con un derecho reconocido legalmente que no podían ejercer de manera efectiva porque el Estado no había habilitado el procedimiento necesario para hacerlo.

Esa es la realidad que también debe formar parte del análisis del caso de Franyel. No puede utilizarse ahora la falta de adecuación documental como argumento para excluirla del ámbito de la violencia de género cuando, hasta fechas prácticamente inmediatas a su asesinato, el propio Estado no había hecho efectivo el mecanismo que debía permitir esa adecuación.

Lo que suceda con Franyel no es únicamente una cuestión procesal, afecta al alcance mismo de nuestro sistema público de protección frente a la violencia machista

Sería difícil encontrar una contradicción mayor, primero impedir en la práctica el ejercicio de un derecho por falta de desarrollo administrativo y después hacer recaer sobre la persona las consecuencias de no haber podido ejercerlo.

Todo esto es lo que hemos trasladado a Flor de Torres. Hemos pedido que se valore la aplicación al caso de Franyel de la Circular 6/2011 de la propia Fiscalía General del Estado, el precedente de la Audiencia Provincial de Málaga, la legislación actualmente vigente y la particular situación que durante años han soportado las mujeres trans extranjeras y hemos solicitado que, dentro de las competencias del Ministerio Fiscal, se valoren las actuaciones necesarias para que la causa sea conocida por el órgano especializado en Violencia sobre la Mujer.

Pero el caso de Franyel también nos obliga a mirar más allá de un procedimiento judicial concreto, porque aquí aparece una cuestión que quienes llevamos décadas en el activismo trans conocemos muy bien: las sociedades pueden cambiar más rápido que las estructuras que las administran. España ha cambiado enormemente en su relación con las personas trans, quienes venimos de una época en la que ser trans significaba prácticamente vivir en los márgenes sabemos medir ese cambio mejor que nadie.

Hoy nuestras vidas forman parte de la cotidianeidad de millones de personas, somos compañeras de trabajo, vecinas, madres, padres, hermanas, amigas, estamos en los centros educativos, en las empresas, en las universidades, en las asociaciones y en las instituciones, y existe una sociedad mucho más empática y respetuosa con las personas trans de lo que determinados discursos interesados quieren hacernos creer.

Claro que sigue existiendo transfobia y estamos viviendo una reacción organizada que pretende convertir nuestros derechos en un campo permanente de batalla política, pero sería un error permitir que ese ruido ocultara el enorme cambio cultural que se ha producido. La sociedad española sabe perfectamente que una mujer trans es una mujer trans sin necesidad de pedirle antes el DNI, esa normalidad social existe y es una conquista colectiva. El problema es que determinados engranajes institucionales todavía funcionan con categorías, procedimientos y automatismos construidos para otra sociedad y ahí está, a mi juicio, uno de los retos fundamentales de esta nueva etapa de la lucha trans.

Reconocer un derecho no basta, hay que garantizar las condiciones para poder ejercerlo

Durante décadas tuvimos que pelear para cambiar las leyes, ahora tenemos que conseguir que el cambio llegue hasta el último engranaje que las aplica, a los procedimientos administrativos, a la formación de quienes toman decisiones, a las bases de datos, a los protocolos policiales, a la práctica judicial y a todos esos lugares aparentemente pequeños donde un derecho puede convertirse en realidad o quedarse simplemente escrito en un boletín oficial.

No se trata de forzar las leyes para acomodarlas a una reivindicación política, es justamente lo contrario. El propio artículo 3 del Código Civil establece que las normas deben interpretarse atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y, fundamentalmente, a su espíritu y finalidad. Y la finalidad de una legislación contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a una violencia que se ejerce sobre ellas, no convertir una casilla administrativa en una frontera infranqueable para esa protección.

El caso de Franyel nos recuerda además algo que el movimiento trans lleva mucho tiempo diciendo: reconocer un derecho no basta, hay que garantizar las condiciones para poder ejercerlo. El artículo 50 estuvo escrito durante más de tres años mientras las personas a quienes iba dirigido seguían esperando el procedimiento que debía convertirlo en realidad. Esa distancia entre la ley y la vida es precisamente la que tenemos que cerrar.

Quizá esa sea la transformación que ahora necesitamos: ya no solamente conquistar derechos nuevos, sino revisar estructuras antiguas, conseguir que las políticas públicas incorporen de verdad una sociedad que es más diversa, más abierta y también más empática de lo que algunas instituciones todavía parecen preparadas para gestionar.

Franyel no puede convertirse únicamente en el nombre de una injusticia, su caso debe servir para corregir aquello que ha fallado y para que ninguna otra mujer trans migrante vuelva a encontrarse atrapada entre una realidad que todo el mundo puede ver y una burocracia que llega demasiado tarde.

Blas Infante luchó como nadie para que Andalucía tuviera su propio autogobierno. Eso le costó la vida. 90 años después de su cobarde asesinato, la ultraderecha que reniega de nuestra autonomía y mancha su nombre, gobierna en Andalucía. Moreno Bonilla deshonra este aniversario al haber acordado que un representante de Vox se siente en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por la que Infante dio su vida.

Cuando la ultraderecha interior y global amenazan a España y a la UE, a través de una oposición que no acepta que la izquierda pueda gobernar y ha ensamblado una coalición reaccionaria para deslegitimar al Gobierno desde el primer momento, y Trump, Netanyahu y los tecnoligarcas han ensayado a guerra híbrida desatada sobre Ceuta y Melilla, esta Junta de Andalucía se ha convertido en la terminal de la reacción en nuestra tierra.

El reciente pacto entre Moreno y Vox se basa en la negación del cambio climático mientras que los andaluces y andaluzas sufrimos un calor insoportable, que además potencia incendios devastadores que ya han costado 12 muertes este verano o niega la violencia machista a pesar de que en Andalucía se suceden los asesinatos y la violencia machista. Somos la comunidad autónoma donde más asesinatos machistas: se han registrado desde 2003, 290 mujeres asesinadas. El pasado año en Andalucía fueron asesinadas 15 mujeres y diez ya en lo que llevamos de 2026.

El pacto entre PP y Vox le da la espalda a la realidad de Andalucía que afronta una encrucijada de problemas que se retroalimentan. Seguimos en una desigualdad estructural, debida un modelo productivo dependiente que ha apostado todo por el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria y la innovación, que causa entre otras consecuencias un desempleo que persiste como una herida crónica.

Van a seguir privatizando y deteriorando la sanidad y la educación públicas, que arrastran déficits crónicos de inversión

Son indiferentes ante el brutal encarecimiento de la vivienda y de la alimentación que golpea a las familias trabajadoras y demuestra que la inflación se vive de forma desigual: el salario real medio ya no mide el bienestar cuando lo esencial concentra el presupuesto.

Siguen fomentando un turismo masivo que tensa los servicios públicos municipales y el mercado de la vivienda, al reconvertir miles de alojamientos en vivienda de uso turístico.

Niegan la crisis climática que castiga sobre todo a los barrios vulnerables con una gestión del urbanismo en las grandes ciudades andaluzas donde gobierna el PP que obvia la emergencia climática y se olvida de los barrios.

Van a seguir privatizando y deteriorando la sanidad y la educación públicas, que arrastran déficits crónicos de inversión.

Ignoran que las infraestructuras ferroviarias y de transporte reclaman un impulso decidido, al igual que la transición a energías renovables y la electrificación, en un contexto de precios volátiles del petróleo.

Rechazan las propuestas de mejora de la financiación autonómica y de la quita de deuda, solo por seguir confrontando con el Gobierno de coalición.

Por todo ello, Andalucía necesita un proyecto de país que ponga la vida digna en el centro.

Defendemos listas unitarias de toda la izquierda en el Senado, una cámara cuya actual fórmula de elección distorsiona gravemente la proporcionalidad

Hay que organizar desde ahora la oposición al Gobierno de Moreno Bonilla con mucha más contundencia, con la urgencia de estar preparados incluso para un adelanto electoral en Andalucía, construyendo una mayoría social progresista que se proyecte en una mayoría electoral.

Las elecciones generales y municipales en 2027 son cruciales para Andalucía y para la defensa de la democracia en España y en la Unión Europea. La izquierda tiene que echar el resto para ganarlas. Defendemos listas unitarias de toda la izquierda en el Senado, una cámara cuya actual fórmula de elección distorsiona gravemente la proporcionalidad.

Para ganar las elecciones necesitamos construir un potente movimiento político-social que proporcione espacios para ampliar la dimensión participativa y representativa de la ciudadanía, para la movilización del electorado progresista, construyendo una relación de confianza y cercanía con la gente corriente, aportando la esperanza de que juntas podemos mejorar, ofreciendo más seguridad frente a la situación actual de incertidumbre, desde la identificación de objetivos comunes adaptados a la sociedad actual.

Queremos impulsar que Por Andalucía sea una organización político-electoral estable, con entidad propia, que dé el salto desde la coalición a la convergencia con una estructura organizativa democrática y participativa.

Queremos una Andalucía por sí, con una autonomía no solo jurídica sino también estratégica, con un proyecto reformista para España y la Unión Europea

Reivindicamos que Por Andalucía sea una organización andaluza 100%, un sujeto andaluz que comparta un andalucismo democrático, ni chovinista ni excluyente, para el empoderamiento de Andalucía en un horizonte federal y que se integre como tal en la urgente coalición a nivel estatal de la izquierda alternativa.

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz aportamos una propuesta política que vaya más allá de las competencias autonómicas pero que son importantes para la vida de los andaluces y andaluzas porque donde acaban nuestras competencias, comienzan nuestras incumbencias.

Ese es nuestro homenaje a Blas Infante en este 90 aniversario de su asesinato. Siguiendo sus enseñanzas queremos una Andalucía por sí, con una autonomía no solo jurídica sino también estratégica, con un proyecto reformista para España y la Unión Europea desde la democracia y el federalismo, que contribuya a la transición ecológica universal para la justicia social.

Hay decisiones que definen a un Gobierno. Y hay decisiones que retratan a un presidente.

Juanma Moreno lleva años intentando convencer a los andaluces de que él es la derecha moderada. El dirigente que pone distancia con Vox. El político sensato que representa una derecha homologable, tranquila y alejada de los extremos.

Pero cuando le llega la hora de mantenerse en el gobierno, los hechos vuelven a desmontar el relato.

Moreno Bonilla ha decidido entregar a Vox las competencias relacionadas con la violencia de género. Y entre ellas, una pieza especialmente sensible: las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.

No estamos hablando de una competencia administrativa menor. Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia machista. De sus hijos e hijas. De profesionales que evalúan el daño físico y psicológico sufrido, las consecuencias de la violencia sobre los menores y el riesgo y la peligrosidad del agresor. De informes que pueden ser determinantes para que un juez adopte decisiones que afectan a la protección y seguridad de la víctima.

Y esto debería bastar para que cualquier presidente responsable tuviera muy claro que hay cosas con las que no se juega.

Fue la respuesta de una sociedad que decidió que la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas requiere una respuesta específica, especializada y coordinada

Estas unidades forman parte de un modelo de protección construido durante décadas. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, estableció un sistema especializado para afrontar esta violencia que Andalucía desarrolló con su propia Ley en 2007.

No fue una ocurrencia. No fue una moda. No fue una cuestión partidista.

Fue la respuesta de una sociedad que decidió que la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas requiere una respuesta específica, especializada y coordinada. Y ahora Juanma Moreno pone una parte de esa responsabilidad en manos de un partido que lleva años diciendo exactamente lo contrario.

Vox quiere derogar la Ley Integral contra la Violencia de Género. Vox ha defendido sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar. Vox ha cuestionado reiteradamente la existencia misma de una violencia específica contra las mujeres y ha atacado las políticas públicas que se han construido para combatirla. No es una interpretación del PSOE. No es una exageración. Es lo que Vox ha defendido públicamente y lleva en sus programas.

no es lo mismo que las políticas contra la violencia machista estén dirigidas por quien reconoce su especificidad y defiende su protección integral, que ponerlas bajo la responsabilidad de un partido como Vox

Por eso la pregunta que Juanma Moreno tiene que responder no es qué hará Vox con las unidades de valoración. La pregunta es mucho más sencilla: ¿por qué ha decidido poner esta responsabilidad en sus manos?

Moreno Bonilla sabía perfectamente lo que piensa Vox cuando le entregó Justicia. Lo sabía cuando negoció su apoyo. Lo sabía cuando repartió las responsabilidades de Gobierno. Y, aun así, lo hizo.

Después vendrán las excusas. Nos dirán que los profesionales seguirán trabajando. Que las leyes siguen vigentes. Que las unidades continuarán funcionando.

Pero nadie está discutiendo la profesionalidad de quienes trabajan en ellas. Estamos discutiendo quién tiene la responsabilidad política de dirigirlas y qué concepción de la violencia de género tiene ese Gobierno.

Andalucía no puede retroceder en la lucha contra la violencia de género. Necesita más recursos para las víctimas. Necesita reforzar las unidades de valoración

Porque no es lo mismo que las políticas contra la violencia machista estén dirigidas por quien reconoce su especificidad y defiende su protección integral, que ponerlas bajo la responsabilidad de un partido como Vox que quiere eliminar precisamente el marco legal que las sustenta.

Y esto es lo verdaderamente grave. Moreno Bonilla ha convertido la protección de las mujeres en una pieza más de su negociación política con Vox. Ha decidido que el precio de mantenerse en el poder puede pagarse con los derechos de las mujeres.

Andalucía no puede retroceder en la lucha contra la violencia de género. Necesita más recursos para las víctimas. Necesita reforzar las unidades de valoración. Necesita más profesionales y mejor coordinación entre juzgados, servicios sociales, fuerzas de seguridad y administraciones. Necesita instituciones que estén a la altura de las mujeres que acuden a ellas cuando más lo necesitan.

Y necesita, sobre todo, que nadie tenga dudas sobre una cuestión fundamental: la violencia de género existe. Tiene unas características concretas. Tiene unas causas concretas. Y por eso necesita políticas específicas.

Que Juanma las haya puesto en manos de quien niega esta necesidad, lo retrata definitivamente: no es un moderado, es un irresponsable.

Imputaciones, investigaciones judiciales, comisiones parlamentarias, filtraciones y acusaciones cruzadas forman parte de la actualidad política española. Mientras unos denuncian campañas de persecución política y otros exigen responsabilidades, la ciudadanía asiste a un escenario que vuelve a situar la confianza en los representantes públicos en el centro del debate.

Más allá de nombres propios, partidos y campañas de comunicación, estos episodios actúan como un recordatorio de una realidad que muestran las encuestas desde hace años: la profunda desconfianza que una parte importante de la ciudadanía siente hacia la clase política. Lejos de ser acontecimientos aislados, contribuyen a reforzar la percepción de que representantes y representados habitan mundos cada vez más distantes.

Con independencia de la fuente consultada, ya provenga de instituciones públicas o de empresas privadas de investigación, los estudios coinciden en reflejar una percepción persistentemente negativa de la ciudadanía hacia la política en general y hacia los políticos en particular.

Según la IV Encuesta sobre la Calidad de la Democracia en España, publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas el 6 de julio de 2026, el 75,3% de las personas encuestadas está “muy o bastante de acuerdo” con la afirmación de que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente. Asimismo, solo un 20,5% se declara “muy o bastante” satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, frente a un 56,9% que afirma estar “poco o nada” satisfecho.

Ante este diagnóstico, ya no bastan campañas de comunicación en Instagram y TikTok o estrategias orientadas a mejorar la imagen pública. La cuestión de fondo es otra: ¿está la clase política dispuesta a asumir que recuperar la confianza ciudadana exige mucho más que gestionar su reputación?

Como muestra el Gráfico 1, la desconfianza hacia los partidos políticos no constituye un fenómeno coyuntural, sino una tendencia consolidada a lo largo del tiempo. Desde 1996 a 2024, una amplia mayoría de la ciudadanía manifiesta tener “poca o ninguna confianza” en los partidos políticos, alcanzando valores superiores al 70% durante buena parte del periodo analizado. Aunque en 2024 se aprecia una ligera recuperación de la confianza respecto a los años anteriores, el predominio de la desconfianza continúa siendo muy acusado. Más que una fluctuación puntual de la opinión pública, estos datos reflejan un desafío estructural para la calidad de la democracia y para la relación entre representantes y representados.

Ante esta situación, es habitual escuchar diagnósticos rápidos. Se habla de apatía ciudadana, de desinterés por la política o de desencanto democrático. Sin embargo, quizá la pregunta más interesante no sea por qué la gente desconfía de los políticos, sino qué nos está diciendo esa desconfianza sobre la sociedad en la que vivimos.

La desconfianza no siempre es apatía

El malestar ciudadano no debe interpretarse únicamente como un problema. También puede entenderse como una señal de alerta. Cuando una parte importante de la población expresa desconfianza, cansancio, frustración o irritación hacia quienes la representan, está enviando un mensaje. Está diciendo que espera más de la política. Que no acepta determinados comportamientos. Y que no está dispuesta a dar por buenas ciertas explicaciones.

El libro Una mirada sociológica a la vida cotidiana, recientemente publicado por la editorial Síntesis, menciona que este hartazgo tiene una doble lectura. Por un lado, es preocupante porque erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Pero, por otro, revela que la ciudadanía sigue siendo crítica, exigente y capaz de cuestionar a quienes ejercen el poder.

Que la gente esté harta de la política no es necesariamente una mala noticia. Significa que sigue prestando atención. Que no traga con cualquier discurso. Que mantiene expectativas sobre quienes gobiernan y legislan. El verdadero problema aparece cuando esa frustración se cronifica y acaba convirtiéndose en resignación, cinismo o indiferencia.

La política que vemos y la política que existe

Cuando encendemos la televisión, abrimos una red social o leemos determinados titulares, la sensación es que la política española vive instalada en una confrontación permanente. Broncas parlamentarias, acusaciones cruzadas, declaraciones altisonantes y enfrentamientos que parecen no tener fin.

El libro La teatralización de la política en España (2024), propone una idea sugerente: gran parte del conflicto político que percibe la ciudadanía es, en realidad, una escenificación. La teatralización adopta formas muy diversas: insultos, descalificaciones, zascas, gestos exagerados, acusaciones personales o intervenciones diseñadas para convertirse en titulares y viralizarse en redes sociales. Todo ello forma parte de una lógica comunicativa que premia la visibilidad y la confrontación.

La paradoja es que, mientras la ciudadanía observa ese espectáculo, una parte importante de la actividad política transcurre por caminos mucho menos llamativos. Negociaciones, acuerdos, transacciones y votaciones compartidas que rara vez ocupan las portadas o los informativos.

Cuando el ruido ocupa todo el espacio, los acuerdos dejan de verse. Cuando el conflicto se convierte en espectáculo permanente, la ciudadanía acaba percibiendo que sus representantes están más preocupados por derrotar al adversario que por resolver problemas.

Por ello, la desafección política se alimenta de una combinación de factores: la percepción de que las instituciones no responden adecuadamente a determinadas demandas sociales, la creciente distancia entre ciudadanía y representantes, y la forma en que la política se comunica, se representa y se consume en la vida cotidiana.

Un malestar que va más allá de las urnas

Cuando esta percepción de distancia se prolonga en el tiempo, la desconfianza deja de afectar únicamente a la valoración de los representantes políticos. Poco a poco, comienza a condicionar la forma en que las personas se relacionan con la política, con las instituciones e incluso entre sí. Sus efectos trascienden el ámbito electoral y terminan proyectándose sobre la convivencia cotidiana.

No es casual que el informe Atlas de la Polarización 2025 mostrara que una parte importante de la población evita hablar de política para no discutir, abandona grupos de WhatsApp por cuestiones ideológicas o incluso rompe relaciones personales debido a diferencias políticas. Uno de cada cinco españoles vivió una discusión fuerte en las cenas de Nochebuena o Nochevieja del año anterior a la realización del informe.

La frustración colectiva puede convertirse entonces en un terreno fértil para propuestas que encuentran en el enfado una oportunidad política. Pero conviene no confundir las consecuencias con las causas. El problema principal no es que existan actores dispuestos a capitalizar el malestar. El problema es que existe un malestar previo que lleva años acumulándose.

Si la desconfianza responde a causas profundas y termina afectando al funcionamiento de la propia democracia, parece difícil pensar que pueda resolverse únicamente mediante campañas de comunicación o estrategias destinadas a mejorar la imagen pública de los representantes. La cuestión de fondo no es cómo parecer más cercanos, sino cómo volver a construir una relación de confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

La credibilidad se construye lentamente. Requiere coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, transparencia, rendición de cuentas y una capacidad real para responder a los problemas que preocupan a la población. También exige una forma de hacer política en la que el acuerdo no quede eclipsado ni por el espectáculo ni por la confrontación permanente sustituya al debate público.

Quizá expresiones como “los políticos van a lo suyo” nunca desaparezcan por completo. Pero una democracia de calidad no puede resignarse a que formen parte del lenguaje cotidiano. La política necesita comunicar mejor, sí. Pero, sobre todo, necesita volver a hacerse de una manera que merezca la confianza de la ciudadanía.

Los maltratadores no dejan de innovar, por eso el terrorismo contra las mujeres es un problema estructural, transversal, una cuestión de Estado. Lo he visto con mis ojos, incrédulos ante tanta miseria humana: un agresor condenado por delitos de violencia de género, que utiliza la rectificación registral relativa al sexo con la finalidad de neutralizar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Esta conducta constituye una prolongación de la violencia ya declarada judicialmente, donde el ordenamiento jurídico pasa a ser un mecanismo más de ejercicio de la violencia, también institucional.

El artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, reconoció a las personas trans mayores de edad (y menores en ciertos casos) y de nacionalidad española la posibilidad de modificar la asignación registral de su sexo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial previo.

Posteriormente la Ley 4/23, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, regula el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado.

Esta legislación avanzada es utilizada por algunos maltratadores, en este caso uno condenado por un Juzgado de lo Penal hace ocho años, y que ha perpetuado la violencia como modo de vida, que modifica su situación registral con el propósito de alterar la respuesta judicial frente a sus agresiones. Como consecuencia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº5 de Sevilla (ahora Plaza nº5 de la Sección de Violencia), supuestamente especializado, declara la incompetencia de estos juzgados para asumir la causa y adoptar las medidas interesadas tras denuncia interpuesta con posterioridad al cambio registral, ya que sería un asunto entre dos mujeres, y quedaría fuera de su ámbito de competencia.

Esta decisión la toma al amparo del artículo 46.2 de la Ley 4/23 que establece “La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición”. No ahonda más, no presta la diligencia debida, dejando desamparada a la víctima que acude buscando protección.

El debate no debe girar en torno a la identidad de género, ni al derecho de la personas trans a la rectificación registral, sino a la instrumentalización de la ley como mecanismo de dominación y de perpetuación de la misoginia

Por si fuera poco, omite la aplicación del artículo 46.3 que constituye una cláusula antifraude para casos de violencia de género al establecer que “La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

En este caso la mujer, reconocida como víctima de violencia de género por sentencia firme, queda desposeída de la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución española cuando el Juez permite al maltratador sustraerse a la jurisdicción especializada, perdiendo el acceso a un sistema procesal diseñado para su protección.

Interpretar que un cambio registral extingue la competencia especializada produce un deterioro de la protección de la víctima, difícilmente conciliable con las obligaciones del Estado derivadas del Convenio de Estambul y con la doctrina constitucional sobre la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿de qué tutela hablamos? ¿a qué protección nos encomendamos si la violencia institucional prolonga la ejercida por el terrorista doméstico?

Y luego está el fraude de ley. El artículo 6.4 del Código Civil impide obtener ventajas procesales mediante el uso instrumental de una norma, y es el poder judicial el obligado a impedir que esto ocurra. Si un agresor instrumentaliza una ley concebida para proteger derechos fundamentales con una finalidad fraudulenta, puede interpretarse dicha conducta como una manifestación más de la violencia de control y de la violencia institucional ejercida contra la víctima.

El debate no debe girar en torno a la identidad de género, ni al derecho de la personas trans a la rectificación registral, sino a la instrumentalización de la ley como mecanismo de dominación y de perpetuación de la misoginia. Pero la pregunta que debemos hacernos es si el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos suficientes para impedir que un maltratador condenado utilice ese derecho para seguir ejerciendo violencia. La respuesta es afirmativa, pero para ello harían falta juzgados determinados a hacer bien su trabajo. Y no están, ni se les espera.

Recientemente, en mi artículo “Sánchez Mejías no lo habría permitido”, reflexionaba a propósito de la inauguración del “Paseo de los Poetas” en la calle Tetuán de Sevilla, y subrayaba la necesidad de que se actuara con ecuanimidad y justicia, para no convertir ninguna presencia (por adecuada que sea) en el contrapunto de omisiones que, de inmediato, deberían repararse.

Hoy deseo completar aquellas líneas con otra posible ausencia que resultaría igualmente clamorosa: la de las extraordinarias mujeres poetas, artistas, pensadoras del momento cultural que situamos en torno al 27. Para que no tengamos que preguntarnos, cuando las placas comiencen a proliferar, dónde están las de aquellas mujeres que, codo a codo con sus compañeros de generación, fraguaron la modernidad literaria y artística de nuestra cultura .

Porque, aunque en la foto del Ateneo de diciembre de 1927 solo hay hombres, hay otras fotos igualmente significativas (como los homenajes a Lorca, Cernuda o Aleixandre) en las que la presencia de grandes creadoras es evidente e incuestionable. Y, sobre todo, ahí están sus importantes libros que las hacen merecedoras de figurar junto a los poetas de su generación.

Ya Gerardo Diego fue consciente de ello cuando, en la segunda edición (1934) de su emblemática antología Poesía española, dio un paso significativo -aunque claramente insuficiente- al incluir por primera vez a dos mujeres poetas -Josefina de la Torre y Ernestina de Champourcín- corrigiendo la ausencia inexplicable de voces femeninas en la primera edición de 1932.

Esta inclusión fue un tímido gesto de reconocimiento hacia la creación femenina de la generación, aunque dejó fuera a otras voces igualmente valiosas como Concha Méndez o Carmen Conde, por solo citar dos incuestionables. La propia Concha Méndez expresó en sus memorias el dolor de esa exclusión, recordando cómo muchos compañeros poetas las veían como “las mujeres de” sus maridos (Alberti, Altolaguirre, Domenchina, Oliver...), en lugar de como creadoras con voz propia. Y preparó en 1935 la Antología de poetisas del 27 que solo hemos conocido en edición facsímil, en 2018, gracias a Paloma Jiménez del Campo y Christina Linares. Las poetas incluidas en este proyecto original eran Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Concha Méndez, Pilar de Valderrama, Dolores Catarinéu y Cristina de Arteaga. Es una muestra la autoconciencia de grupo y la voluntad de estas escritoras por constituirse en parte del canon, sin depender de la mirada masculina.

El espacio público es el gran escenario de la comunicación social. Por ello, la señalética urbana, las placas conmemorativas, cumplen una función pedagógica fundamental. Sevilla, que aspira a ser un referente literario mundial, Capital del 27, debe proyectar una imagen de rigor histórico

Han tenido que pasar muchas décadas hasta el trabajo ejemplar de Pepa Merlo que, en 2010, ofrecía Peces en la tierra: Antología de mujeres poetas en torno a la Generación del 27, con una importante relación de veinte creadoras: Casilda de Antón del Olmet, Gloria de la Prada, Pilar de Valderrama, Lucía Sánchez Saornil, Rosa Chacel, Concha Méndez, María Luisa Muñoz de Buendía, Cristina de Arteaga, María Cegarra, Elisabeth Mulder, Ernestina de Champourcín, María Teresa Roca de Togores, Carmen Conde, Josefina de la Torre, Marina Romero, Josefina Romo Arregui, Dolores Catarinéu, Josefina Bolinaga, Esther López Valencia y Margarita Ferreras. A estas alturas del siglo XXI resulta incuestionable la importancia de estas poetas convenientemente rescatadas (también, por cierto, en Sevilla). Más recientemente Pepa Merlo ha ampliado la antología en el volumen Con un traje de luna. Diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX (2022).

En 2022 se publicaba en la colección Austral Mujeres del 27. Antología poética, preparada por el poeta y ensayista José Luis Ferris, autor de tres libros de referencia sobre mujeres del 27, que seguía la estela abierta por Pepa Merlo. Como indica la editorial, se trata de una “reveladora antología con el propósito de contribuir al rescate y la restitución de la vida y la obra de diecisiete poetas que protagonizaron la cultura del primer tercio del siglo XX; diecisiete autoras que formaron parte del tejido de esa época, que se desenvolvieron con naturalidad entre los compañeros de su generación y que, sin embargo, fueron borradas del tiempo, del recuerdo y del derecho a existir y a ser memoria”.

Si entendemos la literatura como un acto de comunicación radical y como un compromiso con la verdad y con la belleza, la ausencia de las mujeres creadoras en los hitos conmemorativos de Sevilla no es solo un olvido administrativo; es una distorsión del relato cultural. Reivindicar la presencia de estas escritoras no es una concesión a la corrección política, sino un ejercicio de ecuanimidad intelectual, ética y estética.

El espacio público es el gran escenario de la comunicación social. Por ello, la señalética urbana, las placas conmemorativas, cumplen una función pedagógica fundamental. Sevilla, que aspira a ser un referente literario mundial, Capital del 27, debe proyectar una imagen de rigor histórico. Incluir a estas mujeres en el “Paseo de los Poetas” es un acto de justicia y reparación; de enriquecimiento de la propia ciudad. También es necesario incorporar su presencia en el “Jardín de los poetas” junto a la Puerta de Jerez.

Leer y difundir a estas escritoras es, en última instancia, trabajar por la dignidad de la cultura compartida. Hagamos que Sevilla, madre de poetas desde hace siglos, reconozca a estas grandes mujeres con la misma generosidad con la que el tiempo ha preservado su obra, a pesar de todos los silencios impuestos. Solo entonces, la palabra estará verdaderamente habitada por la verdad, la bondad y la belleza.