Noviembre vuelve a abrir una nueva mensualidad para quienes perciben una prestación o un subsidio por desempleo. El ingreso, sin embargo, no siempre se refleja de manera idéntica en todas las cuentas, ya que entre la orden de pago y la disponibilidad efectiva del dinero intervienen varios pasos.

La situación de cada beneficiario también puede influir en la normalidad del cobro. No es lo mismo un expediente que continúa sin cambios que otro en el que se han modificado datos bancarios, se está revisando alguna circunstancia o existe una obligación pendiente relacionada con la prestación.

Por eso, para interpretar correctamente cualquier demora conviene separar dos cuestiones: por un lado, el calendario con el que trabaja la entidad financiera; por otro, el estado administrativo de la ayuda. La ausencia del ingreso en un momento concreto no permite saber por sí sola cuál de las dos razones está detrás del retraso.

Cuándo se cobra el paro en noviembre

El SEPE abona las prestaciones contributivas y los subsidios por desempleo entre los días 10 y 15 de cada mes, correspondientes al periodo anterior. Aun así, las entidades financieras pueden manejar referencias diferentes y adelantar el dinero, por lo que el momento en el que aparece en la cuenta no tiene por qué coincidir para todos los beneficiarios.

Banco Santander suele situar estos ingresos entre el segundo y el tercer día hábil del mes. En noviembre de 2026, esa pauta coloca la referencia entre el martes 3 y el miércoles 4, con la fecha de operación y valor trasladada al día siguiente. Más adelante se concentran el resto de previsiones. Bankinter y Unicaja manejan el lunes 9 de noviembre como jornada de abono, mientras que CaixaBank y BBVA sitúan el ingreso el martes 10.

Estas fechas sirven como orientación y pueden registrar ligeras diferencias en función de la operativa de cada entidad. Por eso, el hecho de que el dinero no aparezca a primera hora del día previsto no implica necesariamente que exista una incidencia con la prestación.

Qué explica que el ingreso no aparezca igual para todos

La prestación por desempleo es reconocida y gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal, pero el último tramo hasta que el importe queda disponible se realiza a través de la cuenta bancaria indicada por el beneficiario. Esa intervención introduce diferencias entre unas entidades y otras.

Hay bancos que optan por poner el dinero a disposición de sus clientes antes de que se complete el proceso ordinario. Este anticipo se realiza a partir de la información que reciben sobre los pagos y responde a una decisión propia de la entidad. No supone un aumento de la prestación ni altera su duración ni las condiciones con las que fue concedida.

Otros bancos siguen un ritmo distinto y reflejan el movimiento cuando la transferencia entra en sus propios ciclos de procesamiento. A esto se suman los horarios internos de actualización, que pueden hacer que el saldo cambie a distintas horas incluso durante una misma jornada.

Por ese motivo, comparar el momento de cobro con el de otra persona no siempre resulta útil para detectar una incidencia. Dos beneficiarios con prestaciones similares pueden recibir el dinero en momentos diferentes simplemente porque trabajan con entidades distintas o porque sus cuentas se actualizan en franjas horarias diferentes.

Qué revisar cuando el abono se retrasa

Si la cantidad no figura en la cuenta cuando se esperaba, lo primero es comprobar si la referencia utilizada corresponde realmente a la operativa del banco. Un ingreso que todavía no aparece durante las primeras horas puede terminar contabilizándose más adelante sin que exista ningún problema con el expediente.

Cuando el tiempo habitual ya se ha superado, la comprobación debe centrarse en la situación de la prestación. A través de los canales del SEPE es posible revisar si el pago continúa reconocido, si existe alguna suspensión o si el expediente presenta algún cambio que esté afectando a la transferencia.

También conviene valorar si se han producido modificaciones recientes. Un cambio de cuenta bancaria, una actualización de datos o una revisión administrativa pueden alterar temporalmente la tramitación. Del mismo modo, el mantenimiento de la ayuda exige cumplir con las obligaciones correspondientes, entre ellas las relacionadas con la demanda de empleo.

La diferencia clave está en identificar si se trata únicamente de un desfase bancario o de una cuestión administrativa. Mientras la prestación siga correctamente reconocida y no exista ninguna incidencia en el expediente, una demora en la aparición del dinero puede estar vinculada simplemente al proceso con el que se ejecuta y contabiliza el pago.

Noviembre vuelve a poner el foco en el Ingreso Mínimo Vital para quienes tienen reconocida esta prestación. Más allá de la cantidad que recibe cada beneficiario, uno de los aspectos que más dudas genera es el momento en el que el dinero termina apareciendo en la cuenta, especialmente porque no todos los bancos trabajan con las mismas referencias.

La prestación tampoco funciona igual en todos los expedientes. Hay personas que llevan meses cobrando con normalidad y otras que acaban de recibir una resolución favorable, de modo que los tiempos pueden variar dependiendo de la situación en la que se encuentre cada caso.

A esta diferencia se suma el calendario que aplican las entidades financieras. Algunas permiten disponer antes del dinero y otras siguen sus propios tiempos de procesamiento, por lo que durante noviembre de 2026 será necesario atender a la operativa de cada banco para saber cuándo podría quedar disponible la mensualidad.

Quién puede recibir el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital está pensado para personas y hogares cuyos recursos se sitúan por debajo de los límites establecidos. La ayuda no funciona con una cantidad única para todos, ya que tanto el acceso como el importe dependen de las circunstancias económicas y familiares de quien la solicita.

La valoración tiene en cuenta factores como los ingresos, el patrimonio y el número de personas que forman parte del hogar. Puede reconocerse tanto a una persona que vive sola como a una unidad de convivencia con varios integrantes. También deben cumplirse las condiciones relacionadas con la residencia exigidas para poder acceder a la prestación.

El importe que corresponde en cada caso se determina comparando los recursos disponibles con la renta garantizada asignada a ese hogar. La composición familiar influye directamente en ese cálculo y determinadas situaciones pueden dar derecho a cantidades adicionales, como ocurre en algunos hogares con menores, familias monoparentales o casos en los que existe discapacidad.

El derecho a seguir recibiendo la ayuda depende de que continúen reuniéndose los requisitos que permitieron su concesión. Por ese motivo, cualquier modificación que afecte a los ingresos, al domicilio o a las personas que forman parte de la unidad de convivencia debe comunicarse cuando pueda tener consecuencias sobre la prestación.

Cuándo se cobra el IMV en noviembre

El calendario previsto para noviembre de 2026 vuelve a repartir los abonos del Ingreso Mínimo Vital entre varias jornadas. La fecha concreta dependerá de la entidad en la que esté domiciliada la prestación, por lo que no todos los beneficiarios tendrán disponible el dinero al mismo tiempo.

Banco Santander contempla el ingreso durante la noche del lunes 23 de noviembre, aunque la operación y la fecha valor quedarían registradas el martes 24. Esa misma jornada es también la referencia marcada por CaixaBank para efectuar el pago a sus clientes.

BBVA mantendrá su pauta habitual y situará el abono el miércoles 25 de noviembre. Unicaja, en cambio, suele esperar hasta el último día hábil del mes, que en noviembre de 2026 corresponde al lunes 30.

Estas fechas funcionan como referencias y pueden experimentar pequeños ajustes ligados a la operativa interna de cada entidad. Además, el movimiento puede aparecer a diferentes horas, por lo que una demora dentro de la propia jornada prevista no implica necesariamente que exista una incidencia con la prestación.

Qué pasa con el primer ingreso después de aprobarse la ayuda

Recibir la confirmación de que el IMV ha sido concedido no significa necesariamente que la transferencia vaya a aparecer de inmediato. Los expedientes recién aprobados pueden incorporarse al sistema de pagos en un momento distinto al de quienes ya reciben la prestación desde meses anteriores.

Si la resolución llega cuando la tramitación de la nómina está avanzada, el primer abono puede quedar desplazado al siguiente ciclo. Este desfase responde a la incorporación administrativa del expediente y explica que la fecha de reconocimiento y el día en que el dinero queda disponible no siempre sean la misma.

La diferencia entre ambos momentos no implica que desaparezcan las cantidades que correspondan al beneficiario. El pago inicial puede incluir los importes generados desde la fecha en la que la prestación empieza a producir efectos económicos, conforme a lo reconocido en la resolución.

Después de esa primera transferencia, los pagos pasan a integrarse en la dinámica mensual habitual mientras se mantenga el derecho al IMV. Desde ese momento, la llegada del dinero seguirá también los tiempos aplicados por la entidad financiera en la que esté domiciliada la prestación.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado las bases reguladoras para conceder ayudas económicas destinadas a la adquisición de bicicletas eléctricas. La iniciativa busca potenciar la movilidad sostenible y contempla subvenciones directas para facilitar que la ciudadanía y las empresas accedan a vehículos no contaminantes. Con este plan, el consistorio pretende derribar la barrera económica que representa el coste inicial de estos vehículos, formalizando la aprobación inicial para hacer de la bici un pilar clave en la movilidad urbana.

El calendario trazado establece que las bases reguladoras recibirán su aprobación definitiva a finales del inminente mes de noviembre, entrando en vigor el 1 de diciembre. A partir de ese primer día, las compras de bicicletas eléctricas que realicen los ciudadanos interesados podrán optar a las subvenciones municipales. Desde el ayuntamiento han remarcado que anunciar la medida con antelación permite a los compradores planificar su adquisición. No obstante, las ayudas no se aplicarán como descuento directo en tienda, sino que se cobrarán posteriormente. Los ciudadanos deberán guardar la factura de compra para presentarla cuando se abra el proceso formal.

En cuanto a los solicitantes, el programa distingue entre personas físicas y entidades jurídicas que tengan su sede en el municipio barcelonés. Podrán beneficiarse de las subvenciones las personas físicas empadronadas o censadas en Barcelona al realizar la compra. Asimismo, las personas jurídicas con domicilio social registrado en el municipio, con foco en pymes y autónomos, tendrán acceso a la convocatoria. En el apartado de limitaciones, la normativa fija que cada ciudadano podrá percibir una única ayuda. Por su parte, las empresas y sociedades comerciales dispondrán de la facultad de subvencionar un máximo de hasta cinco bicicletas eléctricas dentro del programa municipal.

El sistema de subvenciones establece dos importes diferenciados según el tipo de vehículo y fija un límite máximo del 40% del precio sin IVA. Para las bicicletas eléctricas urbanas, la ayuda directa asciende a 400 euros, mientras que para las cargobikes alcanza los 800 euros. Para aprovechar el tope máximo de 400 euros en una urbana, la bicicleta debe costar unos 1.210 euros IVA incluido. En el caso de optar por un vehículo de importe inferior, como por ejemplo una bici de 600 euros, la ayuda concedida se calculará proporcionalmente, situándose en unos 198 euros. En las cargobikes se alcanzará la subvención máxima de 800 euros en modelos que cuesten desde 2.420 euros.

Para ser objeto de subvención, los vehículos deberán cumplir especificaciones técnicas y de equipamiento prefijadas por el Ayuntamiento de Barcelona. Es condición indispensable que la bicicleta sea completamente nueva, quedando excluidos los vehículos de segunda mano. En el apartado técnico, la bici debe contar con un motor de potencia máxima de 250 vatios, corte de asistencia a los 25 kilómetros por hora y motor activo solo al pedalear. Adicionalmente, el vehículo tiene que estar equipado obligatoriamente con timbre, luces y reflectantes. Finalmente, el comprador deberá inscribir obligatoriamente la bicicleta en un registro oficial.

Una gestión accesible

El procedimiento para solicitar el cobro de la subvención ha sido diseñado por el consistorio con el propósito de ser una gestión accesible para los solicitantes. La apertura de la primera convocatoria oficial para presentar las solicitudes está prevista durante el próximo año. Para optar a la ayuda, los usuarios tendrán que presentar la factura de compra emitida a partir del 1 de diciembre de este 2026 y acreditar el registro del vehículo. Las subvenciones se otorgarán por orden de presentación hasta agotar la partida presupuestaria anual asignada por las autoridades locales. La tramitación no supone un descuento directo en tienda, sino un reembolso posterior.

El compromiso económico del ayuntamiento contempla una partida de 4 millones de euros a ejecutar a lo largo de un periodo de cuatro años consecutivos. Este presupuesto se distribuirá a razón de un millón de euros anuales entre 2027 y 2030, estimando subvencionar unas 2.000 bicis urbanas y 200 cargobikes al año. Las autoridades prevén incorporar 8.000 nuevas bicicletas asistidas y 800 vehículos de carga a la ciudad. Esta medida se suma a otros programas, como las ayudas de 600 euros para sustituir ciclomotores de combustión por eléctricos. Con esta estrategia, el gobierno municipal pretende consolidar el uso de la bicicleta como transporte limpio.

El plazo para solicitar el Bono Cultural Joven 2026 está a punto de terminar. Las personas que cumplen 18 años durante este año tienen hasta este sábado, 31 de octubre, para solicitar los 400 euros que ofrece el Ministerio de Cultura. La ayuda está destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a distintas actividades y productos culturales.

El programa alcanza este año su quinta edición y ya ha despertado un notable interés. Según los datos facilitados por el Ministerio de Cultura, se han registrado 337.157 solicitudes en toda España. Andalucía encabeza la lista, con 67.091 peticiones, seguida de Catalunya, con 53.294, y la Comunidad de Madrid, con 52.596.

Quién puede solicitar el Bono Joven y cómo hacerlo

El requisito principal para acceder al Bono Cultural Joven es haber nacido en 2008, es decir, cumplir 18 años a lo largo de 2026. Los interesados pueden presentar la solicitud por internet, identificándose mediante el sistema Cl@ve, con registro básico o avanzado, o utilizando un certificado digital.

El trámite puede realizarlo el propio beneficiario o un adulto en su representación. En este último caso, es necesario adjuntar el formulario correspondiente firmado por el joven. La solicitud debe completarse antes de que finalice el plazo del 31 de octubre.

Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios reciben una tarjeta de prepago de 400 euros, disponible en formato virtual para el teléfono móvil o en formato físico. Esta tarjeta puede utilizarse en los establecimientos y entidades adheridos al programa, que actualmente suman 4.159 en toda España.

En qué se pueden gastar los 400 euros

El dinero del Bono Cultural Joven se reparte en tres categorías. Hasta 200 euros pueden destinarse a actividades culturales en directo, como conciertos, espectáculos, cine, teatro o visitas relacionadas con el patrimonio cultural.

Otros 100 euros están reservados para productos culturales en formato físico, entre ellos libros, revistas, videojuegos, discos de vinilo y CD. Los 100 euros restantes pueden utilizarse para consumo digital, como suscripciones a plataformas musicales y audiovisuales, libros electrónicos o prensa digital.

El programa también permite dedicar toda la ayuda a una única categoría cuando se trata de cursos y talleres de contenido cultural, como actividades de creación artística o aprendizaje musical. Los jóvenes disponen de un año para gastar el dinero desde que se les concede el bono.

El Bono Cultural Joven comenzó a funcionar en 2022 y ha ido aumentando su alcance con el paso de los años. En su primera edición, 277.607 jóvenes recibieron la ayuda, una cifra que ha ido creciendo hasta alcanzar los 363.054 beneficiarios en 2025. En total, el programa ha llegado a 1.298.764 personas durante sus cuatro primeras ediciones, según los datos del Ministerio de Cultura.

Un mensaje engañoso al teléfono, un enlace que redirige a una plataforma de pago falsa y la apariencia de estar realizando una operación con todas las garantías. Pero no es así y los delincuentes acaban robando tus claves y datos personales. Así funcionan muchas de las ciberestafas que circulan actualmente en nuestro país, con un final aterrador para la víctima: la transferencia y pérdida de una cantidad importante de dinero. 

En esos casos, ¿qué derechos tiene el cliente? ¿Puede reclamar el dinero que le acaban de sustraer? ¿Tiene derecho a recuperar el dinero? ¿El banco tiene obligación de devolverlo aunque haya sido un error del usuario? ¿Puede reclamar después la entidad el reembolso? Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclara cómo se debe proceder en estos casos. 

En su resolución, el TJUE establece que una negligencia grave cometida por un cliente no exime al proveedor de servicios de pago de su obligación de devolver inmediatamente el importe de una operación no autorizada. Así que sí, tiene que devolver el dinero que se ha perdido de forma inmediata. 

“No obstante, el proveedor de servicios de pago podrá reclamar posteriormente al cliente el reembolso de las pérdidas derivadas de una negligencia grave cometida por este último”, apunta el servicio de prensa del TJUE en un comunicado. El caso, que sienta jurisprudencia en el conjunto de la Unión Europea, se refiere a una clienta de un banco polaco, que fue víctima de un fraude mediante suplantación de identidad.

El estafador fingió estar interesado en la compra de un objeto puesto a la venta por la afectada en una plataforma de ventas en línea y le envió un enlace fraudulento que aparentaba proceder de dicha plataforma. Al pinchar en el enlace llegó a una página que parecía ser de su banco, introdujo sus claves y, con ellas, el estafador logró transferir a su cuenta un importe de unos 700 euros al cambio.

La clienta notificó al banco, pero la entidad se negó a devolver el importe de la operación de pago no autorizada, al considerar que era una negligencia grave por parte de la clienta. La mujer acudió a la justicia europea, que es la que finalmente se ha pronunciado. 

El TJUE responde afirmativamente a esa pregunta prejudicial y recuerda que, en caso de operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago está en principio obligado a devolver inmediatamente el importe de la operación. Además, la sentencia establece un plazo para la entidad bancaria: a más tardar, al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado la operación.

Reclamación del banco

El proveedor de servicios de pago, en este caso los bancos, están obligados a devolver inmediatamente el importe de la operación. Sin embargo, el TJUE abre la puerta a que la entidad pueda reclamar al cliente el reembolso de las pérdidas ocasionadas si demuestra que estas se deben a que, deliberadamente o por negligencia grave, incumplió las obligaciones que le incumben, como proteger la seguridad de sus credenciales de seguridad personalizadas.

El calendario fiscal de los contribuyentes afronta una de las fechas más relevantes con la llegada del segundo plazo del pago de la Renta del ejercicio 2025. Todos aquellos ciudadanos que optaron por fraccionar el importe a ingresar al presentar su liquidación deben abonar el 40% restante antes del próximo cinco de noviembre. Este vencimiento representa una cita ineludible para miles de hogares que fraccionaron su deuda en dos partes, habiendo satisfecho el 60% inicial en primavera. Sin embargo, la inminencia de esta fecha límite no solo moviliza a los contribuyentes, sino que ha reactivado las alarmas de ciberseguridad ante el despliegue de campañas masivas de fraude.

Ante el incremento sostenido de mensajes engañosos detectados en los últimos días, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una alerta para advertir sobre los riesgos de estas suplantaciones. La OCU señala que los estafadores utilizan el gancho del vencimiento del cinco de noviembre para enviar comunicaciones fraudulentas que simulan proceder de la Agencia Tributaria. Según detalla la propia organización de consumidores, estas trampas digitales buscan explotar la incertidumbre y el miedo a sanciones administrativas entre quienes tienen pendiente el pago del IRPF. El objetivo prioritario de las redes delictivas consiste en engañar al usuario para que acceda al enlace malicioso.

El modus operandi desplegado en esta campaña de fraude destaca por la variedad de pretextos utilizados para infundir urgencia y conseguir que el ciudadano actúe sin verificar la autenticidad del remitente. Entre los mensajes más habituales detectados por la OCU se encuentran aquellos que aseguran falsamente que el cargo bancario correspondiente a la segunda fracción ha sido rechazado por la entidad financiera. En otros casos, los ciberdelincuentes advierten sobre una supuesta incidencia grave en la domiciliación bancaria o amenazan directamente con la imposición inmediata de recargos y sanciones económicas. Independientemente de la variante empleada, todas las comunicaciones insisten en la urgencia de acceder al enlace web.

La Agencia Tributaria ha reaccionado ante el repunte de este tipo de ciberestafas mediante avisos oficiales destinados a proteger a los contribuyentes frente al conocido como smishing. La entidad pública recuerda tajantemente que jamás solicita información confidencial, datos bancarios, números de cuenta ni tarjetas de crédito a través de mensajes de texto SMS o correos electrónicos. Desde el organismo estatal se insiste en que las comunicaciones oficiales nunca contienen enlaces directos dirigidos al pago de deudas ni exigen la entrega de claves personales para resolver incidencias tributarias. Este tipo de fraude busca aprovechar la confianza de los ciudadanos para obtener sus datos bancarios.

Para tranquilidad de los contribuyentes que eligieron la opción de domiciliación bancaria para la segunda fracción al presentar su declaración, la Agencia Tributaria aclara que el procedimiento es totalmente automático. En estos casos, el importe correspondiente al 40% pendiente será cargado directamente en la cuenta corriente facilitada el mismo día cinco de noviembre. Por lo tanto, los ciudadanos que hayan domiciliado el pago no necesitan realizar ninguna gestión adicional, ni acceder a ningún portal web, ni confirmar nuevamente sus datos en plataforma alguna. Únicamente resulta necesario comprobar que la cuenta bancaria designada dispone de saldo suficiente para atender el cargo del recibo.

Qué hacer

Por su parte, aquellos contribuyentes que decidieron fraccionar el pago del IRPF pero no solicitaron la domiciliación bancaria de esta segunda cuota deben efectuar el ingreso de forma manual antes de que concluya el plazo legal del cinco de noviembre. La OCU recalca que esta gestión debe realizarse obligatoriamente mediante el Modelo 102 a través de los canales oficiales habilitados por la administración pública. Para ello, los interesados pueden formalizar el pago por vía electrónica ingresando directamente en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o acudiendo a entidades bancarias colaboradoras. Resulta fundamental que el usuario introduzca manualmente la dirección web oficial en su navegador habitual.

En el caso de recibir un SMS sospechoso relacionado con el pago de la Renta, las recomendaciones de la OCU y de las autoridades de ciberseguridad pasan por no responder, no hacer clic en los enlaces y eliminar la comunicación inmediatamente. Si existen dudas sobre el estado real de la liquidación del impuesto, se debe consultar el expediente personal entrando por medios propios en la Sede Electrónica oficial. Asimismo, si un ciudadano ha sido víctima del engaño y ha facilitado datos bancarios o contraseñas, es urgente que contacte de inmediato con su entidad financiera para bloquear las tarjetas o cuentas afectadas. También se deben guardar todas las evidencias del mensaje engañoso y denunciarlo.

El cobro de las pensiones vuelve a ganar importancia con la llegada de la segunda mitad de octubre. Aunque la mensualidad corresponde al mismo periodo para todos los beneficiarios, el día en el que el dinero aparece disponible en la cuenta puede variar según la entidad financiera. Cada banco aplica su propio calendario de adelantos y eso hace que existan diferencias de varios días entre unos clientes y otros.

En octubre de 2026, las previsiones sitúan los principales abonos entre el jueves 22 y el lunes 26. Dentro de ese margen se reparten las distintas entidades, de manera que algunos pensionistas podrán disponer del dinero antes del fin de semana, mientras que otros tendrán que esperar hasta los días posteriores. La referencia más útil será, por tanto, el banco en el que esté domiciliada la pensión y la fecha que acostumbre a manejar para este tipo de ingresos.

Que el dinero no llegue al mismo tiempo que a otros beneficiarios no significa necesariamente que exista un problema. Antes de considerar que se ha producido un retraso, conviene consultar el día previsto por la propia entidad y esperar a que termine de procesarse el movimiento. Si ese plazo ya ha pasado y la pensión continúa sin aparecer, entonces sí puede ser necesario comprobar tanto la cuenta bancaria como la situación del pago.

Cuándo paga cada banco la pensión en octubre

El calendario previsto para las pensiones de octubre de 2026 comienza el jueves 22. Ese día, Bankinter y Unicaja tienen previsto realizar el ingreso, por lo que sus clientes estarían entre los primeros en disponer de la mensualidad. Un día después, el viernes 23, llegará otro grupo importante: Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural manejan esa jornada como referencia.

Los pagos continuarán durante el fin de semana. CaixaBank sitúa el abono el sábado 24 de octubre, mientras que BBVA e ING tienen señalado el domingo 25. Que estas fechas coincidan con sábado y domingo muestra que los adelantos bancarios no se limitan necesariamente a jornadas laborables. Para cada pensionista, lo importante será atender al calendario de su entidad y no tomar como referencia el día en el que haya cobrado otra persona.

El último grupo incluido en estas previsiones efectuaría el ingreso el lunes 26 de octubre. Abanca y Laboral Kutxa manejan esa fecha, con lo que se completaría el periodo comprendido entre el jueves 22 y el lunes 26. De este modo, los abonos quedarían repartidos a lo largo de cinco días consecutivos según el calendario aplicado por cada banco, sin que esa diferencia altere la mensualidad que corresponde a cada beneficiario. La pensión es la misma en todos los casos; lo que cambia es el momento en el que cada banco la pone a disposición de sus clientes.

Estas fechas, en cualquier caso, deben entenderse como una referencia y pueden producirse pequeñas variaciones por cuestiones operativas. También puede cambiar la hora concreta a la que el movimiento se refleja en la cuenta. Por eso, que la pensión no figure a primera hora del día señalado no implica necesariamente que exista una incidencia. Del mismo modo, cobrar unas horas o incluso un día después que otro cliente de una entidad distinta tampoco permite concluir por sí solo que haya un retraso.

Qué comprobar si la pensión no aparece

Si llega el día previsto y el dinero todavía no figura en la cuenta, lo primero es comprobar que no se trate simplemente de una diferencia en los tiempos de procesamiento. Los adelantos no funcionan igual en todas las entidades y comparar el cobro con el de otros pensionistas no permite saber por sí solo si ha surgido un problema. La fecha realmente útil es la que maneja el banco donde está domiciliada la prestación.

Cuando la jornada indicada ya ha pasado y la cantidad sigue sin aparecer, puede ser recomendable contactar con el banco. La entidad podrá revisar si el movimiento continúa pendiente de contabilización, si se ha producido alguna demora o si existe algún inconveniente relacionado con la cuenta. Esta comprobación puede resultar especialmente útil cuando se han realizado cambios recientes en los datos bancarios o en la domiciliación de la pensión.

Si el banco no encuentra ninguna incidencia que explique la ausencia del abono, la consulta puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible comprobar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si los datos asociados al expediente están actualizados. Para facilitar la gestión, conviene disponer de la información personal necesaria, los datos de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También merece la pena revisar si existen avisos pendientes o modificaciones que todavía no se hayan incorporado correctamente. Lo importante es distinguir entre un desfase relacionado con el adelanto que aplica cada entidad y una incidencia real en la tramitación. Que la mensualidad no aparezca exactamente en el momento esperado no permite concluir automáticamente que exista un problema, especialmente cuando estas previsiones pueden sufrir pequeños ajustes y el ingreso puede reflejarse a distintas horas del día.

La Seguridad Social ha habilitado un nuevo servicio que permite a los ciudadanos consultar y acreditar su edad legal ordinaria de jubilación y la fecha exacta en la que la alcanzarán. El documento puede obtenerse de forma inmediata a través del portal Tu Seguridad Social, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. La herramienta, dada a conocer el pasado 30 de septiembre, resulta especialmente útil para quienes necesitan justificar estos datos ante su empresa u otra entidad para realizar trámites relacionados con el final de su vida laboral.

El informe recoge únicamente dos datos: la edad ordinaria de jubilación que corresponde a cada persona y el día en que la cumplirá. Hasta ahora, esta información podía obtenerse mediante el simulador de jubilación, aunque el documento generado también podía incluir otros detalles personales y económicos, como la vida laboral, la pensión estimada o las posibilidades de retrasar la retirada. El nuevo certificado evita compartir información adicional cuando solo es necesario demostrar cuándo se alcanza la edad legal para jubilarse.

Para calcular la fecha, el Instituto Nacional de la Seguridad Social utiliza los antecedentes que constan en sus bases de datos y aplica los mismos criterios que el simulador de pensiones. El cálculo presupone que todas las cotizaciones están ingresadas y que la situación laboral actual del interesado se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Cuando concurren circunstancias personales relacionadas con los hijos o una discapacidad que pueden modificar esa edad, es necesario incorporarlas mediante el simulador para obtener el informe correspondiente.

Cómo descargar el informe de edad legal de jubilación

Las personas cuya edad de jubilación pueda determinarse exclusivamente a partir de su trayectoria de cotización pueden obtener el documento desde la página principal de Tu Seguridad Social, dentro del apartado “Otras gestiones”. Allí deben seleccionar la opción “Informe de edad legal de jubilación”, que permite generar el certificado sin realizar una simulación completa de la futura pensión. Esta vía está prevista para quienes no necesitan incorporar circunstancias relacionadas con hijos o discapacidad.

Cuando existen factores personales que pueden modificar la edad ordinaria de jubilación, el procedimiento es diferente. En estos casos, es necesario acceder al simulador de pensión de jubilación e introducir la información correspondiente. Una vez completada la simulación, el usuario debe seleccionar “Informe edad legal de jubilación”, una opción situada junto al botón “Informe PDF”. De esta manera, el documento puede reflejar las circunstancias adicionales que influyen en la fecha calculada.

Qué identificación se necesita para obtenerlo

Para descargar el informe mediante cualquiera de las dos vías, es suficiente identificarse utilizando un código de verificación enviado por SMS. Para emplear este sistema, el número de teléfono móvil del interesado debe figurar previamente registrado en las bases de datos de la Seguridad Social, ya que la clave se remite a ese contacto. Quienes no tengan actualizado su número pueden consultar la guía oficial para mantener al día sus datos personales antes de utilizar este procedimiento.

La Seguridad Social también prevé ampliar las funcionalidades del servicio. Entre las mejoras anunciadas figura la posibilidad de acreditar la edad de jubilación cuando existen bonificaciones vinculadas a determinadas actividades profesionales. Además, está previsto desarrollar un documento específico para la jubilación parcial, con el que los trabajadores puedan demostrar ante sus empresas que reúnen la edad y las demás condiciones necesarias para acogerse a un plan de jubilación parcial. Estas prestaciones adicionales todavía se encuentran entre las ampliaciones previstas, por lo que no forman parte de las funcionalidades descritas para el nuevo informe.

La Seguridad Social ha detallado las distintas opciones disponibles en 2026 para compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con una actividad laboral o prolongar voluntariamente la vida profesional. Las modalidades de jubilación activa, parcial y flexible permiten mantener determinados ingresos del trabajo mientras se percibe una prestación, aunque sus requisitos y cuantías son diferentes. A estas alternativas se suma la jubilación demorada, dirigida a quienes prefieren retrasar el acceso a la pensión para mejorar sus condiciones económicas.

Una de las principales posibilidades es la jubilación activa, dirigida a quienes acceden a la pensión al menos un año después de alcanzar su edad ordinaria de jubilación. Para acogerse a ella es necesario haber acreditado el periodo mínimo de cotización exigido en la fecha en que se cumplió dicha edad, mientras que quienes se hayan jubilado anticipadamente quedan excluidos. Esta modalidad permite trabajar por cuenta propia o ajena, tanto a jornada completa como parcial, sin necesidad de abandonar previamente la actividad profesional.

La proporción de pensión compatible con el trabajo depende del tiempo que se haya retrasado la jubilación. Quienes demoren su retirada un año pueden cobrar el 45% de la prestación, porcentaje que aumenta al 55% después de dos años, al 65% tras tres y al 80% después de cuatro. A partir de cinco años de demora se permite percibir el 100%. Además, el porcentaje compatible aumenta cinco puntos por cada doce meses consecutivos de jubilación activa, hasta alcanzar el máximo establecido. Para determinados autónomos existen condiciones específicas que permiten cobrar el 75% de la pensión cuando el retraso ha sido de entre uno y tres años.

Jubilación parcial y flexible: dos formas de reducir la jornada

La jubilación parcial está destinada a trabajadores por cuenta ajena que desean reducir su jornada antes de retirarse definitivamente. Con carácter general, permite disminuir el tiempo de trabajo entre un 25% y un 75% y cobrar la parte de pensión correspondiente a esa reducción. En determinados supuestos puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y la empresa formalice simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, que deberá mantenerse al menos hasta dos años después de la finalización de la jubilación parcial. Cuando el anticipo supera los dos años, la reducción de jornada durante el primer año debe situarse entre el 20% y el 33%.

En cambio, la jubilación flexible está pensada para quienes ya cobran una pensión y deciden reincorporarse al mercado laboral. El Real Decreto 416/2026, en vigor desde el 28 de agosto, ha ampliado esta posibilidad a determinadas actividades por cuenta propia, siempre que el pensionista no hubiera estado dado de alta como autónomo durante los tres años anteriores a su jubilación. También permite trabajar por cuenta ajena con una jornada comprendida entre el 33% y el 80% de la correspondiente a un empleo a tiempo completo comparable.

En esta última modalidad, la pensión se reduce en función de la jornada realizada. Por ejemplo, trabajar el 60% de una jornada completa permite percibir, con carácter general, el 40% de la prestación. No obstante, quienes comiencen por primera vez una actividad a tiempo parcial después de seis meses de jubilación pueden beneficiarse de incrementos adicionales sobre el importe de la pensión compatible: del 25% si trabajan entre el 55% y el 80% de la jornada, o del 15% cuando la dedicación se sitúa entre el 33% y menos del 55%. Si la actividad es por cuenta propia, la pensión compatible equivale al 25%.

Retrasar la jubilación también permite aumentar los ingresos

Otra alternativa es la jubilación demorada, que consiste en continuar trabajando después de alcanzar la edad ordinaria sin comenzar todavía a cobrar la pensión. A diferencia de las modalidades anteriores, no permite percibir simultáneamente la prestación y el salario. La Seguridad Social contempla tres fórmulas de compensación: incrementar el importe de la futura pensión, recibir una cantidad mediante un pago único o combinar ambas opciones. La regulación vigente desde finales de agosto de 2026 ha introducido mejoras en el cálculo de la modalidad mixta y permite computar periodos semestrales a partir del segundo año de demora.

Las consecuencias al finalizar la actividad también varían según la modalidad elegida. Tanto en la jubilación activa como en la flexible se restablece el cobro íntegro de la pensión, pero las cotizaciones efectuadas durante estos periodos no mejoran, con carácter general, la prestación reconocida. En la flexible existe una excepción para determinados casos de jubilación anticipada involuntaria, en los que se recalcula la cuantía teniendo en cuenta los nuevos periodos cotizados. Por su parte, quienes opten por la jubilación parcial accederán a la pensión que les corresponda cuando se retiren definitivamente, de acuerdo con sus cotizaciones y las condiciones de cálculo aplicables.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) quiere recordar que los ciudadanos tienen derecho a recuperar la totalidad del dinero invertido en actividades deportivas, culturales o de ocio que resulten canceladas o aplazadas a causa de la convocatoria de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. La coincidencia de la cita con las urnas con eventos de gran magnitud obliga a reprogramar múltiples espectáculos que requieren dispositivos especiales de seguridad o la ocupación de espacios públicos, garantizando que el usuario afectado mantenga intactos sus derechos.

Desde el organismo de defensa del consumidor se explica que la convocatoria electoral constituye un supuesto legal de fuerza mayor, al tratarse de una situación sobrevenida, imprevisible e inevitable para organizadores y asistentes. No obstante, la existencia de esta causa no faculta a las entidades promotoras para retener los importes cobrados por prestaciones no ejecutadas en las condiciones pactadas. Si la actividad cambia de fecha u hora y el comprador no puede asistir, el contrato queda resuelto y debe restituirse la totalidad de la suma pagada al usuario.

Las repercusiones del adelanto electoral ya se aprecian en el calendario de numerosos acontecimientos a lo largo de toda la geografía nacional, destacando casos emblemáticos como la Medio Maratón de Sevilla, trasladada al 13 de diciembre. De igual modo, en Canarias se han modificado citas multitudinarias como la Carrera por la Vida en Tenerife o el festival gastronómico Saborea Lanzarote. Además, se estima que al menos diez grandes conciertos en capitales de provincia deberán reestructurar su celebración debido a los requerimientos logísticos y policiales que exige la jornada de votación en cada municipio.

El derecho al reintegro abarca la devolución íntegra de las sumas abonadas por los asistentes, lo que incluye tanto el precio nominal de las entradas, inscripciones o dorsales como las comisiones de gestión. La legislación sobre defensa de los consumidores considera abusiva cualquier cláusula contractual que pretenda penalizar al cliente o retener porcentajes cuando la modificación del servicio es decidida por la entidad organizadora. Aquellos usuarios que acepten voluntariamente la nueva fecha propuesta conservarán la validez del título adquirido previamente para el acceso.

El escenario presenta mayor complejidad cuando se analiza el impacto en las reservas complementarias de hotel o transporte contratados independientemente. La OCU precisa que la suspensión del espectáculo no conlleva la anulación automática de los pasajes ni de las estancias, dado que dichos proveedores pueden continuar prestando sus servicios con normalidad en las fechas acordadas. Por ello, aerolíneas, compañías ferroviarias y establecimientos turísticos no están obligados a realizar devoluciones de manera directa salvo que la tarifa suscrita lo contemple.

Sin embargo, el usuario puede exigir el resarcimiento de estos costes de viaje cuando logre acreditar una vinculación directa entre el evento suspendido y los servicios de traslado o hospedaje contratados. Esta posibilidad cobra fuerza en el caso de paquetes turísticos combinados o de tarifas promocionales para participantes o público del evento. Ante estos supuestos, resulta vital revisar las condiciones particulares de cada contrato, así como las coberturas en las pólizas de seguro de cancelación para determinar el alcance exacto de las indemnizaciones a reclamar.

Cómo reclamar

A fin de tramitar las solicitudes de reembolso con las mayores garantías de éxito, la OCU recomienda a todos los perjudicados guardar de manera sistemática toda la documentación. Es imprescindible conservar comprobantes de pago, entradas, billetes, reservas hoteleras y copia de cualquier comunicado oficial enviado por las promotoras. Las reclamaciones deben formalizarse siempre por escrito ante el canal de venta utilizado, indicando el número de pedido, la fecha original y el importe abonado, verificando que la devolución del dinero se efectúe mediante el mismo método de pago empleado en la transacción inicial.

En aquellos supuestos en los que las empresas organizadoras o las plataformas de venta se nieguen a efectuar la devolución o no ofrezcan una respuesta satisfactoria, los usuarios pueden acudir a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor o a la Dirección General de Consumo de cada comunidad autónoma. Asimismo, la OCU recuerda la posibilidad de recurrir al Sistema Arbitral de Consumo, un mecanismo público y gratuito que permite solucionar estos conflictos de forma vinculante y ágil sin necesidad de iniciar costosos procedimientos judiciales ante los tribunales de justicia de la jurisdicción ordinaria.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han alertado sobre una campaña de estafa digital que trata de suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT). Los ciberdelincuentes distribuyen mensajes SMS y correos electrónicos para engañar exigiendo el pago urgente de una supuesta multa pendiente. La trampa utiliza la autoridad del organismo y la amenaza de sanciones para sembrar pánico. Para lograr credibilidad, los atacantes replican el logotipo institucional, lo que hace que muchas personas accedan al enlace por temor a recargos. Las autoridades recuerdan que la DGT jamás notifica sanciones por estos canales.

El funcionamiento de este fraude combina ingeniería social con páginas web fraudulentas muy elaboradas. La estafa comienza al recibir un aviso sobre una multa cuyo importe aumenta si no se abona de inmediato. Los mensajes advierten que la sanción inicial de 100 euros subirá a 200 y alcanzará 400 en apenas 24 horas. Esta estrategia busca anular la capacidad crítica del receptor para evitar que verifique la autenticidad del mensaje. Al pulsar en el enlace, la víctima llega a un portal malicioso que imita la sede electrónica de la DGT. Una vez dentro, se exige ingresar el nombre y la matrícula para consultar el expediente falso.

Las modalidades incluyen tanto mensajes de texto conocidos como smishing o correos denominados en este caso phishing. En los correos identificados por las autoridades se emplean asuntos engañosos sobre expedientes en curso o recordatorios de recargos. Los SMS suelen mostrar siglas oficiales en el remitente e invitan a revisar el expediente. Al analizar la dirección del remitente, se observa que no pertenece al dominio oficial de la DGT. A pesar de incluir siglas institucionales en el enlace, la URL dirige a servidores maliciosos administrados por ciberdelincuentes. La apariencia profesional confunde a los usuarios, convirtiendo esta campaña en un peligro constante.

Tras acceder a la plataforma fraudulenta e introducir la matrícula, la página muestra una sanción inventada por exceso de velocidad. Para persuadir a la víctima de completar el pago, la web exige una cantidad reducida de 70 euros, una cifra suficientemente baja para no generar alarma. A continuación, el sistema redirige a una pasarela falsa donde se requiere la numeración de la tarjeta, fecha de caducidad y código de seguridad. Algunas versiones muestran pantallas de validación que solicitan claves SMS que nunca llegan. Si la víctima introduce sus credenciales bancarias en esta interfaz, los estafadores obtienen el control absoluto sobre sus fondos.

Detectar este tipo de fraudes resulta fundamental para proteger la privacidad de los conductores frente al ciberdelito. Entre las principales señales destaca la extrema urgencia transmitida, así como plazos desproporcionados exigidos bajo amenaza de severos recargos. Asimismo, la presencia de erratas tipográficas, fallos gramaticales o correos no corporativos debería encender las alarmas de cualquier ciudadano. Desde la DGT aclaran que las sanciones solo se notifican por correo postal, Dirección Electrónica Vial o edictos. Ninguna institución pública solicita datos financieros ni pagos instantáneos mediante enlaces enviados por mensajería.

Medidas a tomar

En caso de recibir un mensaje sospechoso en el móvil o en el correo, se recomienda mantener la calma y no interactuar. Bajo ninguna circunstancia se debe pulsar en los enlaces, descargar archivos ni rellenar formularios. La conducta adecuada consiste en realizar capturas de pantalla como evidencia, bloquear al remitente y eliminar la comunicación. Si existen dudas sobre infracciones reales, el ciudadano debe verificar la información accediendo independientemente a la web oficial de la DGT. Reportar estos incidentes al canal de ciberseguridad ayuda a frenar la propagación de nuevos ataques en el país.

Cuando una persona ha sido engañada y ha facilitado datos bancarios en la web falsa, debe activar un protocolo de emergencia inmediato. Es prioritario contactar con la entidad financiera para solicitar el bloqueo preventivo de la tarjeta y revisar movimientos recientes. Adicionalmente, se deben conservar las pruebas del fraude para presentar una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, conviene acudir a la línea de ayuda en ciberseguridad para recibir asesoramiento ante la suplantación de identidad. Los expertos aconsejan practicar egosurfing periódicamente para comprobar si los datos personales se han publicado.

El Tesoro Público afronta un mes de octubre decisivo para su calendario de emisiones de deuda pública con la celebración de nuevas subastas en el mercado primario. El organismo dependiente del Ministerio de Economía mantiene su estrategia de obtener financiación a corto, medio y largo plazo mediante letras y bonos. Las fechas marcadas son el 6 y el 13 de octubre, dos jornadas clave en las que se ofrecerán diferentes tramos de vencimiento adaptados a la demanda. Estas emisiones coinciden con un creciente interés de los inversores particulares en busca de rentabilidades atractivas.

La primera cita del mes tendrá lugar este próximo martes 6, jornada reservada para la subasta de letras del Tesoro a plazos de 6 y 12 meses. En esta operación, las letras a 6 meses vencerán el 9 de abril de 2027, mientras que los títulos a 12 meses fijan su amortización el 8 de octubre de 2027. La fecha oficial de emisión de los valores adjudicados ha quedado establecida para el viernes 9 de octubre de 2026. Los títulos ofertados en este primer tramo permiten asegurar una rentabilidad fija a corto plazo, contando con el respaldo directo y la máxima garantía que ofrece el Estado.

Respecto a la operativa para acudir a la subasta del 6 de octubre, el plazo para presentar peticiones de forma online finalizó el 29 de septiembre. Sin embargo, los inversores particulares que optan por la vía presencial en las sucursales del Banco de España disponen hasta mañana viernes para registrar sus ofertas. Asimismo, los suscriptores no pertenecientes al Mercado Primario debieron aportar un depósito previo obligatorio del 2% sobre el nominal solicitado. Esta garantía se ajusta tras la subasta, devolviendo el sobrante de forma automática al inversor sin aplicar comisión alguna.

Una semana más tarde, el martes 13, el Tesoro celebrará la segunda subasta de letras del mes, centrada en los plazos de 3 y 9 meses. En este evento financiero, las letras a 3 meses tendrán su amortización el 15 de enero de 2027, mientras que las letras a 9 meses vencerán el 9 de julio de 2027. La fecha de emisión formal para ambos productos se ha fijado para el viernes 16 de octubre. Esta segunda convocatoria ofrece alternativas líquidas de muy corto plazo para aquellos perfiles ahorradores que prefieren flexibilidad y una rápida rotación del capital invertido.

Los plazos administrativos de la subasta del 13 de octubre fijan el límite de peticiones telemáticas en la web del Tesoro para el martes 6. Asimismo, la tramitación presencial en las oficinas del Banco de España permanecerá abierta hasta el mediodía del jueves 8. En el reparto de la deuda, el Tesoro adjudica en primer lugar las ofertas no competitivas, en las que el inversor solicita una cantidad en euros aceptando el precio medio ponderado resultante. A continuación, se ordenan y cubren las ofertas competitivas de mayor a menor precio hasta alcanzar la cantidad deseada.

Junto a las letras a corto plazo, la programación del Tesoro Público incluye subastas de Bonos y Obligaciones del Estado previstas para el 1 y el 15 de octubre de 2026. A diferencia del papel a corto plazo, los bonos y obligaciones son títulos de renta fija emitidos a medio y largo plazo con vencimientos entre dos y treinta años. Estos activos abonan cupones periódicos anuales de interés sobre el nominal adjudicado y comparten la exigencia de una inversión mínima de mil euros. Los detalles relativos al cupón y vencimiento de cada emisión se publican previamente en el Boletín Oficial del Estado.

Gran interés

El sistema de inversión en letras y bonos se basa en un valor nominal estandarizado de mil euros por título, requiriendo solicitudes en múltiplos exactos de dicha cifra. Las letras del Tesoro se emiten al descuento, por lo que el precio desembolsado en la suscripción es inferior al valor nominal recuperado al vencimiento. De este modo, la ganancia bruta del inversor equivale a la diferencia exacta entre los mil euros reembolsados por el Estado al amortizar el título y el importe menor pagado al inicio. Este mecanismo transparente garantiza conocer de antemano el rendimiento final de la operación.

El interés del público minorista por las emisiones del Tesoro se mantiene en niveles récord, impulsado por rendimientos que rondan el 3% anual a un año. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de letras en manos de particulares alcanzó los 22.081 millones de euros tras sumar 822 millones en un solo mes. Esta cifra representa el 26% del total en circulación, consolidando a la deuda pública como el refugio preferido por los ahorradores frente a la inflación previa a la próxima reunión de tipos del Banco Central Europeo.

El pago de la prestación por desempleo vuelve a concentrar buena parte de las consultas con la llegada de octubre. Para quienes dependen de este ingreso, conocer de antemano la previsión de cobro resulta útil para organizar recibos, compras y otros gastos habituales del mes.

Aunque existe un procedimiento común para tramitar estas ayudas, el dinero no aparece al mismo tiempo en todas las cuentas. La entidad bancaria puede adelantar el abono o ajustarse a sus propios tiempos de procesamiento, lo que provoca diferencias de varios días entre unos beneficiarios y otros.

En octubre de 2026, las previsiones vuelven a repartir los ingresos entre distintas jornadas según el banco. A ello se suman posibles desfases en la actualización de los movimientos, por lo que también conviene saber cuándo una demora entra dentro de la operativa habitual y cuándo puede ser necesario revisar el estado de la prestación.

Cuándo se cobra el paro en octubre

Las fechas previstas para recibir la prestación por desempleo en octubre de 2026 vuelven a variar según la entidad bancaria. Algunos bancos mantienen el ingreso alrededor del día 10, mientras que otros anticipan varios días el dinero a sus clientes conforme a su operativa habitual.

Banco Santander suele efectuar estos abonos entre el segundo y el tercer día hábil de cada mes. Teniendo en cuenta el calendario de octubre, esa referencia situaría el ingreso entre el viernes 2 y el lunes 5. Sus clientes podrían, por tanto, encontrarse entre los primeros en disponer de la prestación. Bankinter y Unicaja manejan como referencia el viernes 9 de octubre. En el caso de Unicaja, esta fecha responde a su práctica habitual de realizar el pago de la prestación por desempleo el día 9 de cada mes. CaixaBank, por su parte, sitúa el abono el sábado 10.

Estas jornadas sirven como orientación sobre cuándo podría aparecer el dinero en cada cuenta. El momento exacto puede depender de los procesos internos de cada entidad, por lo que el ingreso no tiene por qué reflejarse a la misma hora para todos los clientes.

Por qué el ingreso del paro puede variar según la entidad

El SEPE reconoce la prestación por desempleo y emite la orden de pago, pero la llegada efectiva del dinero a la cuenta también depende del banco. Cada entidad gestiona sus transferencias con sus propios tiempos, de modo que dos personas con una ayuda similar pueden disponer del importe en jornadas diferentes sin que exista ninguna anomalía.

Algunos bancos optan por adelantar el dinero a sus clientes antes de que se complete el calendario ordinario. Para ello se apoyan en la información previa que reciben sobre las nóminas y anticipan la cantidad con recursos propios. Esta decisión afecta únicamente al momento en el que el importe queda disponible, no a la cuantía reconocida ni a la duración de la prestación.

Las entidades que no aplican este sistema esperan a que el pago siga su curso habitual. Cuando intervienen fines de semana o festivos, el ingreso puede desplazarse al siguiente día laborable. Estas diferencias forman parte de la operativa bancaria y no implican por sí mismas que el expediente se encuentre bloqueado o suspendido.

También puede variar la hora a la que aparece el movimiento. Los procesos internos de actualización, los ciclos de cierre y el tratamiento de las transferencias hacen que el saldo no se renueve al mismo tiempo en todos los bancos. Por eso, que la prestación no figure a primera hora no significa necesariamente que exista un problema.

Qué revisar si el dinero no aparece en la cuenta

Cuando el ingreso no se muestra durante la jornada prevista, conviene comprobar los movimientos de la cuenta a lo largo del día antes de interpretar la ausencia como un impago. En algunos casos, el abono se refleja más tarde debido al propio funcionamiento de la entidad financiera.

Si pasan las fechas habituales y el dinero continúa sin llegar, el siguiente paso es consultar el estado de la prestación a través del SEPE. Esta revisión permite comprobar si el pago sigue aprobado, si existe alguna suspensión o si se ha producido una incidencia relacionada con la información bancaria vinculada al expediente.

Determinados cambios pueden influir en la tramitación, como una modificación reciente de la cuenta de cobro, una revisión administrativa o no haber renovado la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente. En estos supuestos, el origen del problema puede estar en la gestión de la prestación y no en el banco.

Mantener actualizados los datos personales y bancarios y cumplir con las obligaciones asociadas a la ayuda reduce el riesgo de incidencias. En cualquier caso, conviene diferenciar entre un simple desfase en la contabilización del ingreso y una situación administrativa que esté impidiendo el pago.

El Ingreso Mínimo Vital afronta una nueva mensualidad en octubre con diferencias en las fechas previstas de cobro según la entidad bancaria. Para muchas personas y hogares, conocer con antelación cuándo puede llegar el dinero resulta útil para organizar los gastos habituales y prever el momento en el que la prestación estará disponible.

Además del calendario de pagos, conviene tener en cuenta que no todos los perceptores se encuentran en la misma situación. El acceso al IMV depende de una serie de requisitos económicos y familiares, mientras que quienes acaban de obtener una resolución favorable pueden seguir unos plazos distintos durante su primer ingreso.

La combinación entre las condiciones de acceso, el momento de concesión y la operativa de cada banco hace que el cobro no funcione de manera idéntica para todos los beneficiarios. Por eso, resulta útil distinguir entre quienes ya reciben la ayuda con normalidad y quienes están a la espera de incorporarse por primera vez al calendario mensual.

A quién está dirigido el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social pensada para reforzar los ingresos de personas y hogares que se encuentran por debajo de determinados niveles económicos. No establece una cantidad idéntica para todos los beneficiarios, ya que el importe final depende de la situación de cada unidad de convivencia y de los recursos de los que dispone.

Para reconocer el derecho a esta ayuda se tienen en cuenta distintos factores, entre ellos la renta, el patrimonio, el número de integrantes del hogar y la situación de residencia. Puede solicitarla tanto una persona que viva sola como una familia o unidad de convivencia con varios miembros. Además, con carácter general, se exige haber residido legalmente y de forma continuada en España durante al menos el año anterior, salvo las excepciones previstas.

La cuantía se obtiene comparando los ingresos disponibles con la renta garantizada que corresponda en cada caso. Determinadas circunstancias, como tener hijos menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad, pueden influir mediante complementos adicionales. El cobro se mantiene mientras sigan reuniéndose las condiciones exigidas, por lo que los cambios económicos, familiares o de residencia que puedan afectar a la prestación deben comunicarse.

Cuándo se cobra el IMV de octubre

El momento en el que la mensualidad del Ingreso Mínimo Vital aparece en la cuenta depende en buena medida de la entidad financiera. Algunos bancos permiten disponer del dinero antes que otros, de modo que el calendario puede repartirse entre varias jornadas aunque todos los pagos correspondan al mismo periodo.

Banco Santander se situaría entre las primeras entidades en efectuar el abono, con ingresos previstos entre el jueves 22 y la noche del viernes 23 de octubre. CaixaBank tendría como referencia el sábado 24, mientras que BBVA mantendría su fecha habitual del día 25, que este mes coincide con domingo. Unicaja seguiría una operativa diferente, ya que por norma general suele realizar el pago durante el último día hábil del mes. En octubre de 2026 esa fecha corresponde al viernes 30, puesto que el día 31 cae en sábado.

En cualquier caso, estas fechas deben entenderse como referencias y pueden sufrir algún ajuste por la gestión interna de cada banco. Además, el movimiento no tiene por qué reflejarse a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora durante la jornada prevista no implica necesariamente que exista una incidencia con la prestación.

Cómo funciona el primer ingreso del Ingreso Mínimo Vital

El comienzo del cobro del IMV no siempre sigue el mismo calendario que las mensualidades posteriores. En las solicitudes recién aprobadas, el momento en el que se recibe la primera transferencia depende de la fecha de resolución y de si el expediente entra a tiempo en el ciclo de pagos correspondiente.

Cuando la concesión se produce con el mes ya avanzado, el abono inicial puede trasladarse al siguiente periodo. Esto responde al proceso administrativo necesario para incorporar la prestación al sistema de pagos y no implica que el beneficiario pierda las cantidades que le correspondan desde que la ayuda empieza a generar efectos económicos.

Por eso, la fecha en la que se reconoce el derecho y el día en el que el dinero aparece en la cuenta pueden no coincidir. El primer ingreso puede reunir importes acumulados del periodo aprobado, según lo establecido en la resolución recibida.

Una vez efectuado ese abono inicial, la prestación pasa a seguir el calendario mensual habitual siempre que se mantengan los requisitos exigidos. A partir de entonces, el pago podrá ajustarse también a los posibles adelantos que aplique la entidad bancaria donde esté domiciliado.

El sector del transporte público de mercancías por carretera en España se enfrenta a una gran transformación administrativa debido a la obligatoriedad de digitalizar sus documentos de control. A partir del inminente 5 de octubre, las empresas dedicadas al traslado de carga en el ámbito nacional no podrán seguir utilizando el formato físico en papel. La medida, impulsada en la Ley de Movilidad Sostenible y desarrollada por el Ministerio de Transportes, impone el Documento electrónico de Control Administrativo para el transporte público interior.

Esta nueva exigencia legal no altera los contenidos de la norma que regula el documento de control, pero transforma su soporte. El archivo digital deberá ser un PDF generado desde aplicaciones informáticas estructuradas, quedando prohibido el escaneado de impresos manuscritos. Cada documento generado no podrá superar 5 megabytes y tendrá que incorporar un código QR legible desde dispositivos móviles. Dicho código deberá estar vinculado con una dirección web única desde la que la inspección podrá descargar el archivo correspondiente.

La responsabilidad de cumplimentar este certificado recae de manera solidaria sobre las figuras del cargador contractual y el transportista efectivo. La normativa explicita que el cargador responderá por la exactitud de los datos del envío, tales como el origen, el destino, la naturaleza de la carga y el peso de la mercancía. Por su parte, el transportista efectivo asumirá la responsabilidad sobre la ejecución material del viaje, incluyendo la matrícula del vehículo. La falta de emisión del documento antes de iniciar el trayecto supondrá una sanción.

El documento electrónico de control administrativo no requiere firma electrónica obligatoria para ser válido. Sin embargo, en caso de que las empresas decidan formalizar firmas voluntarias, estas deberán ajustarse a las especificaciones del reglamento comunitario europeo. Las opciones válidas suponen firmas electrónicas avanzadas o cualificadas, garantizando la identificación del firmante e integridad. De esta forma, si el documento experimenta cualquier alteración posterior, la firma quedará invalidada.

El ámbito de aplicación de este mandato digital abarca a los transportes públicos nacionales y a las operaciones de cabotaje realizadas en España. Por el contrario, quedan excluidos los transportes privados complementarios organizados por empresas cuya actividad principal no es la logística, aunque estas deberán portar documentación a bordo. Asimismo, los transportes internacionales regidos por el convenio CMR continuarán utilizando sus propios modelos sin que el eCMR sea imperativo en esta fecha. Existen también exenciones para mudanzas, grúas y paquetería.

Durante el desarrollo del viaje, la normativa contempla procedimientos para registrar incidencias o realizar cambios operativos en los datos del transporte. Si resulta necesario modificar elementos como el vehículo tractor o el conductor asignado, la empresa puede actualizar el archivo PDF original indicando los motivos del ajuste. Bajo esta modalidad, la dirección electrónica y el código QR de verificación se mantendrán inalterados para la inspección. Alternativamente, la plataforma podrá generar un nuevo archivo digital con su código QR, conservando el original.

La Administración pública ha simplificado los requisitos técnicos al eliminar la obligación de registrar previamente los dominios web donde se custodian los archivos. Las compañías de transporte no están obligadas a subir su documentación a una plataforma centralizada del Ministerio de Transportes, sino a mantenerla disponible. No obstante, los sistemas utilizados deberán garantizar la conservación de la información durante un plazo mínimo de un año, una arquitectura descentralizada que otorga autonomía a los operadores logísticos.

Regulación continental

Desde Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos, creen que esta normativa “vuelve a poner de manifiesto que la digitalización forma parte de la hoja de ruta de las administraciones y que las empresas deben abordarla de forma integrada. Hay que tener cuidado con no ir sumando herramientas independientes cada vez que aparece una nueva obligación -asegura Víctor Bernués, consultor ERP de la compañía-, sino conseguir que el software de gestión acompañe los cambios normativos y permita automatizar procesos que antes requerían intervención manual”.

La digitalización del documento de control constituye el primer paso de un plan de modernización que culminará con la implantación del marco europeo eFTI. Esta regulación continental permitirá la lectura e intercambio armonizado de datos logísticos entre empresas y autoridades de la Unión Europea mediante plataformas certificadas. Mientras se despliega dicha infraestructura técnica comunitaria, la solución nacional mediante PDFs estructurados con código QR garantiza una transición ordenada.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un nuevo paquete de medidas para afrontar la escalada de los precios energéticos, que continúan disparados siete meses después del inicio del conflicto en Irán. Una subida que impacta de lleno en los conductores que tienen que pasar cada semana por las gasolineras para llenar su depósito y comprueban que el precio no deja de aumentar. 

“Hoy aprobamos en Consejo de Ministros un tercer paquete de medidas para seguir protegiendo a hogares y sectores afectados por la guerra en Irán”, señala el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de sus redes sociales.

Para aliviar esta subida, el ejecutivo ha prorrogado las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo que vencían este mes de septiembre. Ahora se aplicarán, al menos, hasta finales de diciembre. 

Para mitigar el encarecimiento de los carburantes, el Gobierno sigue apostando por un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre. En cualquier caso, no se descarta que la cuantía vuelva a subir en noviembre y diciembre si el precio del petróleo sigue disparado. 

Nuevo descuento para diésel y gasolina

El borrador del Real Decreto-Ley adelantado por elDiario.es prevé un descuento de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre. Unas ayudas que irán a la baja, confiando en que el precio del petróleo no siga disparado, aunque no hay garantías de que eso ocurra ni de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo duradero.

De esta forma, el ejecutivo sigue apostando por una rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos, una medida que se ha venido aplicando en los últimos meses, también con diferentes descuentos. 

Los cálculos del Gobierno pasaban porque esa situación mejorase a lo largo del año. De hecho, para julio, agosto y septiembre se estimó una rebaja en el precio de gasolina sin plomo y el gasoil de 15, 10 y 5 céntimos por litro, respectivamente. Pero eso no ha ocurrido y los precios energéticos siguen disparados, lo que ha obligado a prorrogar estas medidas económicas. 

Además, dentro de estas medidas y descuentos previstos por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, se mantiene vigente la cláusula automática de reactivación, por la que se volvería a reducir 20 céntimos por litro si la inflación interanual de los carburantes supera el 15 %.

Desde este mes de septiembre, los operadores de telefonía móvil en España tienen la obligación legal de aplicar un bloqueo automático sobre todos los mensajes SMS, MMS y comunicaciones RCS comerciales cuyo remitente alfanumérico no aparezca inscrito en el Registro de Alias oficial. Esta iniciativa regulatoria, supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), representa el último despliegue del Plan Antiestafas del Gobierno para atajar los fraudes digitales de suplantación de identidad o smishing que afectan diariamente a miles de usuarios en todo el país.

Con la entrada en vigor de este mecanismo, las redes telefónicas españolas filtran de manera continua todo el tráfico de mensajería dirigido a números nacionales. A partir de ahora, cualquier entidad pública o privada —incluyendo bancos, aseguradoras, empresas de transporte, comercios y administraciones públicas— que pretenda remitir avisos utilizando su nombre comercial, marca registrada, denominación social o dominio web deberá haber completado previamente la correspondiente inscripción en la base de datos del regulador estatal para que sus notificaciones puedan ser efectivamente entregadas en los teléfonos móviles de los usuarios receptores.

El procedimiento técnico establece que las compañías operadoras deben consultar diariamente la base de datos pública gestionada por la CNMC para verificar la legitimidad de las cabeceras. Cuando un mensaje intente transmitirse utilizando un identificador alfanumérico que no coincida con la lista oficial de remitentes validados, la red lo interceptará y bloqueará de forma automatizada antes de su recepción. Además, el mecanismo exige garantizar una vinculación directa entre el titular legítimo de la marca y los proveedores de servicios de mensajería o agregadores autorizados para gestionar la transmisión técnica de los envíos comerciales.

Dentro de los protocolos de seguridad estipulados, los proveedores de mensajería habilitados quedan obligados a ejecutar medidas de bloqueo directo en origen siempre que detecten identificadores no registrados, intermediarios no autorizados o envíos que carezcan de la confirmación explícita del titular. De forma complementaria, las empresas operadoras deberán interceptar sistemáticamente todos los mensajes dirigidos a números españoles que procedan de empresas extranjeras no inscritas formalmente en España, estableciéndose como única excepción operativa aquellos supuestos en los que el usuario se encuentre en itinerancia o roaming.

El desarrollo normativo de este sistema se fundamenta en la Orden TDF/149/2025 y en diversas resoluciones de la CNMC. El Registro de Alias quedó constituido en marzo y, posteriormente, se anunció que la base de datos estaría operativa desde el 7 de junio. Sin embargo, la fecha límite para la aplicación del bloqueo se aplazó mediante la Orden Ministerial TDF/558/2026, publicada en el BOE, a petición de los operadores y del propio regulador para gestionar el elevado volumen de solicitudes registradas y testear adecuadamente la compleja integración de los sistemas en red.

Tras vencer esta moratoria técnica, la CNMC ha confirmado que no se otorgarán nuevas prórrogas a las compañías. Aquellas entidades que no hayan registrado sus alias no podrán enviar comunicaciones identificadas con su nombre, aunque conservan la opción de remitir SMS si prescinden de la cabecera comercial. Asimismo, los identificadores de nueva creación pueden tramitarse en cualquier momento a través de la Sede Electrónica del organismo. Como medida de transición, las solicitudes presentadas antes del 14 de septiembre contarán con autorización temporal de hasta tres meses mientras se resuelve su expediente en el registro.

La regulación de las cabeceras alfanuméricas supone un gran cambio en un ámbito informativo que hasta la fecha carecía de control normativo y permitía el uso libre de nombres comerciales por parte de terceros. Según los datos recopilados por las autoridades, el conjunto del Plan Antiestafas ha conseguido bloquear desde marzo un total de 48 millones de llamadas fraudulentas y más de 2,2 millones de SMS engañosos. Esta estrategia de protección digital se reforzará además en octubre, fecha en la que entrará en vigor la obligación para las empresas de utilizar únicamente el prefijo 400 en llamadas comerciales, bajo la misma amenaza de bloqueo en red.

La puesta en marcha de este control ha generado diversas reacciones entre los colectivos de protección al consumidor. La OCU ha valorado la iniciativa como un avance positivo aunque mostró cautela al recordar que medidas previas resultaron insuficientes con el paso del tiempo. Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado un esfuerzo decidido de inspección a las administraciones para perseguir los intentos de fraude bloqueados, mientras la CNMC insiste a pymes, autónomos y empresas en la necesidad de revisar notificaciones electrónicas y mantener actualizada la inscripción de sus marcas.

El cobro de las pensiones de septiembre vuelve a situar el calendario bancario entre las principales referencias para quienes reciben esta prestación. Para muchos hogares, conocer con cierta antelación cuándo llegará el ingreso permite organizar los gastos de las últimas semanas del mes, desde recibos pendientes hasta compras habituales relacionadas con la recuperación de la rutina después del verano.

El sistema ordinario establece que las pensiones se pagan a mes vencido. Esto significa que la mensualidad correspondiente a septiembre debería abonarse entre el primer día hábil y el cuarto día natural de octubre. Ese es el margen general previsto, aunque en la práctica una parte importante de los pensionistas no tendrá que esperar hasta entonces para disponer del dinero.

La razón está en la política que aplican numerosas entidades financieras, que acostumbran a anticipar el ingreso a sus clientes antes de que termine el propio mes. Como este adelanto no se produce de manera simultánea en todos los bancos, la pensión de septiembre llegará en distintas jornadas en función de dónde esté domiciliada. Las previsiones disponibles concentran la mayor parte de los pagos entre el 22 y el 25 de septiembre.

Cuándo paga cada banco la pensión en septiembre

El calendario previsto para septiembre de 2026 comienza el martes 22, cuando Bankinter y Unicaja tienen previsto efectuar el ingreso. Sus clientes se situarían así entre los primeros en disponer de la mensualidad, varios días antes de que finalice septiembre y también con antelación respecto al periodo ordinario establecido para los primeros días de octubre.

La siguiente fecha destacada será el jueves 24 de septiembre. CaixaBank y Banco Santander sitúan en esa jornada el pago previsto para sus clientes, por lo que quienes tengan domiciliada la pensión en alguna de estas entidades podrían encontrar el movimiento reflejado en sus cuentas a partir de ese día.

El viernes 25 concentrará buena parte del resto de los abonos. BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Cajamar, Kutxabank y ABANCA, entre otras entidades, manejan esa fecha como referencia. De esta manera, la mayoría de los pensionistas que reciben un adelanto bancario cobraría entre el martes 22 y el viernes 25 de septiembre.

Estas jornadas deben entenderse como previsiones y pueden registrar pequeñas variaciones por cuestiones relacionadas con la operativa de cada banco. Además, el adelanto aplicado por las entidades no modifica el funcionamiento general de las pensiones, que continúan abonándose a mes vencido. La diferencia es que determinados clientes pueden disponer del importe antes de que llegue el periodo ordinario comprendido entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes siguiente.

Qué revisar si la pensión no llega a la cuenta

Que la mensualidad no aparezca en la fecha esperada no significa automáticamente que exista un problema con la prestación. Antes de iniciar cualquier gestión, conviene comprobar qué jornada ha establecido la propia entidad financiera, ya que cada banco puede aplicar un calendario diferente. El hecho de que otros pensionistas ya hayan cobrado tampoco implica necesariamente que todos los ingresos deban haberse realizado al mismo tiempo.

Si la fecha prevista por el banco ya ha pasado y el dinero continúa sin aparecer, la primera consulta puede hacerse directamente con la entidad. Esta puede comprobar si la transferencia todavía está pendiente de contabilización, si ha surgido algún retraso puntual en el procesamiento o si existe una incidencia relacionada con la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando se han producido cambios recientes en la domiciliación o se han modificado los datos bancarios.

Cuando el banco no detecta ningún problema que explique la ausencia del ingreso, la comprobación puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención se puede consultar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si la información asociada al expediente se encuentra actualizada. Para facilitar la gestión, conviene disponer de los datos personales, la cuenta en la que debe recibirse la pensión y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También resulta recomendable revisar si existe algún aviso administrativo pendiente o alguna modificación que todavía no haya terminado de tramitarse. En cualquier caso, es importante diferenciar entre un retraso en el adelanto ofrecido voluntariamente por el banco y una incidencia real con la mensualidad. Ambos calendarios son distintos, por lo que no recibir el dinero en una de las fechas anticipadas no significa por sí solo que la pensión no vaya a abonarse dentro del plazo correspondiente.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

El cobro de las pensiones de septiembre vuelve a situar el calendario bancario entre las principales referencias para quienes reciben esta prestación. Para muchos hogares, conocer con cierta antelación cuándo llegará el ingreso permite organizar los gastos de las últimas semanas del mes, desde recibos pendientes hasta compras habituales relacionadas con la recuperación de la rutina después del verano.

El sistema ordinario establece que las pensiones se pagan a mes vencido. Esto significa que la mensualidad correspondiente a septiembre debería abonarse entre el primer día hábil y el cuarto día natural de octubre. Ese es el margen general previsto, aunque en la práctica una parte importante de los pensionistas no tendrá que esperar hasta entonces para disponer del dinero.

La razón está en la política que aplican numerosas entidades financieras, que acostumbran a anticipar el ingreso a sus clientes antes de que termine el propio mes. Como este adelanto no se produce de manera simultánea en todos los bancos, la pensión de septiembre llegará en distintas jornadas en función de dónde esté domiciliada. Las previsiones disponibles concentran la mayor parte de los pagos entre el 22 y el 25 de septiembre.

Cuándo paga cada banco la pensión en septiembre

El calendario previsto para septiembre de 2026 comienza el martes 22, cuando Bankinter y Unicaja tienen previsto efectuar el ingreso. Sus clientes se situarían así entre los primeros en disponer de la mensualidad, varios días antes de que finalice septiembre y también con antelación respecto al periodo ordinario establecido para los primeros días de octubre.

La siguiente fecha destacada será el jueves 24 de septiembre. CaixaBank y Banco Santander sitúan en esa jornada el pago previsto para sus clientes, por lo que quienes tengan domiciliada la pensión en alguna de estas entidades podrían encontrar el movimiento reflejado en sus cuentas a partir de ese día.

El viernes 25 concentrará buena parte del resto de los abonos. BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Cajamar, Kutxabank y ABANCA, entre otras entidades, manejan esa fecha como referencia. De esta manera, la mayoría de los pensionistas que reciben un adelanto bancario cobraría entre el martes 22 y el viernes 25 de septiembre.

Estas jornadas deben entenderse como previsiones y pueden registrar pequeñas variaciones por cuestiones relacionadas con la operativa de cada banco. Además, el adelanto aplicado por las entidades no modifica el funcionamiento general de las pensiones, que continúan abonándose a mes vencido. La diferencia es que determinados clientes pueden disponer del importe antes de que llegue el periodo ordinario comprendido entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes siguiente.

Qué revisar si la pensión no llega a la cuenta

Que la mensualidad no aparezca en la fecha esperada no significa automáticamente que exista un problema con la prestación. Antes de iniciar cualquier gestión, conviene comprobar qué jornada ha establecido la propia entidad financiera, ya que cada banco puede aplicar un calendario diferente. El hecho de que otros pensionistas ya hayan cobrado tampoco implica necesariamente que todos los ingresos deban haberse realizado al mismo tiempo.

Si la fecha prevista por el banco ya ha pasado y el dinero continúa sin aparecer, la primera consulta puede hacerse directamente con la entidad. Esta puede comprobar si la transferencia todavía está pendiente de contabilización, si ha surgido algún retraso puntual en el procesamiento o si existe una incidencia relacionada con la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando se han producido cambios recientes en la domiciliación o se han modificado los datos bancarios.

Cuando el banco no detecta ningún problema que explique la ausencia del ingreso, la comprobación puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención se puede consultar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si la información asociada al expediente se encuentra actualizada. Para facilitar la gestión, conviene disponer de los datos personales, la cuenta en la que debe recibirse la pensión y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También resulta recomendable revisar si existe algún aviso administrativo pendiente o alguna modificación que todavía no haya terminado de tramitarse. En cualquier caso, es importante diferenciar entre un retraso en el adelanto ofrecido voluntariamente por el banco y una incidencia real con la mensualidad. Ambos calendarios son distintos, por lo que no recibir el dinero en una de las fechas anticipadas no significa por sí solo que la pensión no vaya a abonarse dentro del plazo correspondiente.