El ingreso de la prestación por desempleo es una de las fechas que muchos beneficiarios miran cada mes con lupa. Aunque se trata de un pago periódico, no existe un día único en el que todo el mundo reciba el dinero. El calendario depende tanto de la organización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como de la forma en la que cada entidad bancaria gestiona los abonos.

La referencia general no cambia: el SEPE sitúa el pago dentro de un margen que va del día 10 al 15 de cada mes. Ese rango es el que marca el funcionamiento habitual, pero no impide que haya diferencias en la práctica. De hecho, es frecuente que el ingreso se adelante o se retrase ligeramente según el banco, lo que hace que los beneficiarios no cobren todos a la vez.

En mayo de 2026, además, el calendario añade un matiz que influye en esa distribución. El día 10 cae en domingo, lo que altera la dinámica habitual y lleva a las entidades a reorganizar sus fechas de abono. A partir de ahí, el cobro del paro se reparte en varios días, con situaciones distintas según el banco en el que esté domiciliada la prestación.

Fechas de cobro en mayo según cada banco

Con ese margen de referencia, las entidades financieras aplican sus propios plazos. En mayo, algunas vuelven a adelantar el pago respecto a los días habituales, mientras que la mayoría se mantiene dentro de la segunda semana del mes.

Banco Santander figura entre los que prevén ingresar antes la prestación, con pagos desde el 6 de mayo. Este comportamiento responde a su forma habitual de operar, en la que el abono se sitúa en los primeros días hábiles. CaixaBank también contempla un ingreso previo, el 10 de mayo, coincidiendo con el inicio del periodo en el que suelen concentrarse estos pagos.

El resto de bancos se mueve en fechas posteriores. Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Caja de Ingenieros y Unicaja sitúan el cobro a partir del 11 de mayo. Aun así, no todos funcionan exactamente igual: en algunos casos hay operativas internas que pueden anticipar la gestión, mientras que en otros el ingreso puede demorarse varios días, como ocurre en determinados supuestos en Unicaja, donde el abono puede llegar más avanzado el mes.

Cómo influyen los bancos en la fecha de ingreso del paro

La diferencia entre cobrar antes o después no depende solo del calendario, sino también de cómo actúa cada entidad. El SEPE fija un marco general y envía la información necesaria para realizar los pagos, pero deja margen a los bancos para decidir cuándo reflejan el ingreso en la cuenta del beneficiario.

Algunas entidades optan por adelantar el dinero. Lo hacen con recursos propios, basándose en la información que reciben con antelación sobre los pagos, lo que permite a sus clientes disponer de la prestación antes de las fechas habituales. Este adelanto no es obligatorio ni forma parte de ninguna norma, sino que responde a decisiones internas vinculadas al servicio que cada banco quiere ofrecer.

En otros casos, los bancos prefieren esperar a que el pago se haga efectivo antes de ingresarlo. Esto sitúa el cobro dentro del margen del día 10 al 15 o incluso algo más tarde, en función de los procesos internos. Estas diferencias no afectan al importe de la prestación ni a los derechos del beneficiario, pero sí cambian el momento en el que se puede utilizar ese dinero.

También influyen cuestiones operativas. La forma en la que cada entidad procesa las transferencias o organiza sus sistemas puede hacer que el ingreso se refleje antes o después dentro de ese margen. Por eso, aunque el calendario sea el mismo para todos, la experiencia de cobro no lo es. Mantener los datos actualizados en el SEPE y cumplir con las obligaciones administrativas sigue siendo clave para evitar retrasos que no dependen del banco.

El cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las citas mensuales más relevantes para los miles de hogares que dependen de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas. Al acercarse el final de mes, la atención se centra en el calendario de pagos, aunque la disponibilidad del dinero no es uniforme para todos los beneficiarios. La normativa de la Seguridad Social establece unos plazos de gestión, pero el momento real del ingreso varía según la entidad financiera donde se tenga domiciliada la ayuda.

Para conocer el estado de la prestación, el beneficiario puede utilizar el Simulador del Ingreso Mínimo Vital o consultar su expediente en la Sede Electrónica. El momento del cobro también puede verse afectado si existen cobros indebidos previos. La Seguridad Social puede reclamar reintegros de prestaciones percibidas erróneamente durante los últimos cuatro años. No obstante, en 2026 se mantiene la protección para familias con menores: no se exigirá el reintegro de cantidades que no superen el 65% de la cuantía de una pensión no contributiva.

Fechas de abono del ingreso mínimo vital 2026

El derecho a la prestación nace el primer día del mes siguiente a la solicitud, pero el pago efectivo de la nómina lo realiza la Seguridad Social a mes vencido. Oficialmente, la administración ordena los pagos el primer día hábil del mes. Sin embargo, dado que el 1 de mayo de 2026 cae en viernes y es festivo, el cobro oficial podría desplazarse al lunes 4.

La fecha de abono depende directamente de la política de cada banco. El sistema financiero español suele anticipar estas ayudas para que los fondos estén disponibles entre los días 24 y 26 de cada mes. Para la nómina correspondiente de mayo de 2026, las previsiones apuntan a que entidades como CaixaBank o Santander reflejen el ingreso el viernes 24 de abril. Otras como BBVA o Sabadell lo harían a lo largo del fin de semana o el lunes 27.

Durante la tramitación de las nóminas, la entidad gestora puede revisar de oficio los expedientes. Si se detectan cambios en la unidad de convivencia o discrepancias en las rentas anuales computables, la cuantía puede ser modificada o incluso suspendida. Un factor crítico en este periodo es la obligación de presentar la declaración del IRPF: incumplir esta norma durante dos ejercicios seguidos es causa directa de suspensión del derecho.

En definitiva, la fecha de cobro en mayo de 2026 será adelantada por la mayoría de la banca a la semana del 20 de abril. La rapidez en el ingreso está condicionada por la entidad bancaria, mientras que la continuidad de la ayuda depende de la residencia legal efectiva en España y la transparencia en la comunicación de ingresos y cambios patrimoniales a la Seguridad Social.

Requisitos y mantenimiento

El acceso a esta prestación no es universal; está condicionado al cumplimiento estricto de una serie de requisitos que deben mantenerse durante todo el tiempo que se perciba la ayuda. La Seguridad Social pone especial foco en tres pilares: la residencia, la edad y la vulnerabilidad económica.

Obligaciones y seguimiento

El mantenimiento del Ingreso Mínimo Vital no es automático ni permanente; está sujeto a una vigilancia continua por parte de la administración. Para garantizar la continuidad del cobro, el beneficiario debe cumplir con una serie de compromisos ineludibles:

Incidencias en el cobro

Si superado el plazo estimado por la entidad bancaria el abono no se ha hecho efectivo, el beneficiario debe iniciar un proceso de verificación para identificar si se trata de un error técnico o de una decisión administrativa.Para ello, existen tres vías principales de actuación:

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

Se acerca un nuevo paso en el camino de los pagos al hacer una compra, en este caso uno que transformará el comercio de proximidad y las grandes superficies. Y es que, a partir del próximo 18 de mayo, los más de treinta millones de usuarios de Bizum podrán utilizar este servicio para abonar sus compras físicas. Esta fecha supone el salto definitivo de una herramienta que nació para saldar pequeñas deudas entre particulares y amigos. Se rompe así la última gran barrera de entrada para un sistema que ya es imprescindible en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. El objetivo, por lo tanto, es que Bizum no se limite únicamente a cenas o regalos, sino que cubra la totalidad del gasto diario de los españoles.

La integración en el punto de venta físico permitirá reducir la brecha digital y unificar todos los movimientos financieros en una sola plataforma bancaria. Esta transición ha sido largamente esperada por un mercado que demanda mayor agilidad en las transacciones presenciales y menos dependencia de plásticos físicos. El funcionamiento técnico de este nuevo sistema se apoyará en la tecnología NFC, garantizando una experiencia de usuario idéntica a la de las tarjetas actuales. Los clientes solo tendrán que acercar su teléfono inteligente al datáfono del establecimiento para completar la operación de manera totalmente segura y sin contacto. 

Para facilitar este proceso en las compras, se han diseñado dos vías principales que se adaptan a las preferencias de cada perfil de consumidor financiero. La primera opción será operar directamente desde la propia aplicación de la entidad bancaria habitual donde el usuario tenga vinculado su perfil personal. La segunda alternativa es el uso de Bizum Pay, una nueva cartera digital o “wallet” creada específicamente para gestionar estos pagos cotidianos. Ambas modalidades buscan ofrecer una solución sencilla e intuitiva que no requiera el aprendizaje de procesos complejos por parte del comprador. La validación del dispositivo servirá habitualmente para autorizar los cargos, eliminando en muchos casos la necesidad de introducir un código PIN.

La llegada de Bizum a las tiendas físicas no se producirá de forma masiva y simultánea en todos los bancos, sino que seguirá un proceso escalonado. En la fase inicial del lanzamiento, prevista para el inminente mes de mayo, solo los clientes de tres conocidas entidades bancarias podrán disfrutar del servicio, que permitirán que sus usuarios sean los pioneros en experimentar este nuevo método de pago presencial. No obstante, se espera que el resto de las entidades financieras españolas se incorporen progresivamente a este sistema a lo largo de los meses. Las previsiones del sector apuntan a que a finales de 2026 la inmensa mayoría de los bancos nacionales habrán integrado ya esta funcionalidad. Los terminales de pago, gestionados mayoritariamente por redes como Redsys, están siendo actualizados para garantizar la compatibilidad con el nuevo protocolo de Bizum. 

Esta implantación gradual asegura que la infraestructura soporte correctamente el enorme volumen de operaciones que se espera recibir diariamente. Este movimiento estratégico trasciende la mera comodidad del usuario y en cierta manera responde a una tendencia dentro de la Unión Europea, que busca activamente reducir la excesiva dependencia que los consumidores y los comercios tienen actualmente de proveedores estadounidenses como Visa o Mastercard. Bizum se posiciona de este modo como una alternativa soberana de pago europeo capaz de competir directamente con los gigantes financieros internacionales. El cambio de paradigma es evidente al ofrecer una tercera vía de pago que rompe el duopolio histórico del dinero en efectivo y las tarjetas.

La simplicidad y la agilidad han sido los pilares fundamentales sobre los que se ha construido esta nueva experiencia de compra digital para el cliente. Los desarrolladores de Bizum son plenamente conscientes de que deben competir contra el hábito ya muy consolidado de pagar con tarjeta de crédito física. Por ello, la plataforma promete una experiencia “sin fricciones”, donde la rapidez sea el valor diferencial para captar la atención del usuario más exigente. Una de las innovaciones más destacadas que incorporará este sistema es la posibilidad de realizar pagos offline o fuera de línea. Esto permitirá que los usuarios puedan completar sus compras incluso en situaciones donde no haya cobertura móvil o exista un fallo de red. Esta característica otorga una capa adicional de seguridad y confianza, especialmente útil en situaciones de emergencia donde otros métodos podrían fallar. 

Los comercios, beneficiados

Los beneficios de esta integración tecnológica no se limitan únicamente al consumidor, sino que los comercios físicos encontrarán ventajas operativas muy significativas de inmediato. La principal diferencia respecto a los sistemas de tarjetas convencionales es que el importe de las ventas se abonará de forma instantánea en su cuenta. Esto mejora drásticamente la liquidez de los negocios, eliminando el decalaje temporal que suele existir. Además, se estima que las comisiones que deberán asumir los establecimientos serán previsiblemente menores a las de los sistemas tradicionales de pago. Las tarifas para los negocios podrían situarse en un rango de entre el 0,2% y el 0,3% por cada transacción realizada con éxito. Este ahorro en los costes de operación es un incentivo poderoso para que desde las pequeñas tiendas de barrio hasta las superficies adopten el sistema. 

El impacto de Bizum en los establecimientos físicos podría suponer el principio del fin para la hegemonía de las tarjetas de plástico tradicionales. Actualmente, el pago a través del teléfono móvil ya representa el 18% de las operaciones totales en el comercio minorista español actual. Esta cifra se ha triplicado desde el año 2022, evidenciando una tendencia imparable hacia la digitalización total de los monederos de los ciudadanos. No obstante, es previsible que las tarjetas tradicionales sigan conviviendo con este sistema durante un tiempo, especialmente en zonas con gran afluencia turística. Los viajeros extranjeros que visitan España seguirán dependiendo mayoritariamente de sus redes internacionales para abonar los gastos de sus estancias y compras. 

Con la campaña de la Declaración de la Renta de 2025 ya en marcha, son muchas las preguntas que suelen hacerse los contribuyentes para aprovechar todas las deducciones posibles. En este sentido, para realizar correctamente la presentación del IRPF, es vital conocer bien todos los plazos, los métodos que existen para hacer la declaración y toda la documentación que tenemos que preparar para no fallar y responder de manera correcta a todas nuestras obligaciones fiscales. Es importante informarse bien para evitar cometer errores y ser objeto de sanciones, por lo que tendremos que prestar especial atención a si ha habido cambio de normativas, conocer bien todas las deducciones y beneficios que podamos aprovechar y planificar con anticipación la presentación.

La campaña arrancó el 8 de abril para hacer la presentación del borrador online, y se alargará hasta el próximo 30 de junio. Si quieres hacerla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa se solicitar ya. Mientras que de forma presencial, y también mediante cita previa, puedes hacerla entre el 1 y el 30 de junio. La cita previa puedes pedirla a partir del 29 de mayo.

Con el calendario claro, otra de las consultas más habituales es a qué deducciones tenemos derecho. Por eso, es recomendable revisar las deducciones que tenemos, por ejemplo, por gastos de compra o alquiler de una vivienda, por hijos a cargo, actividades deportivas o gastos médicos. Si te preguntas si puedes desgravarte el seguro médico, la adquisición de gafas o el dentista la respuesta varía en función de algunas cuestiones como tu situación laboral o la comunidad en la que residas. La deducción no es general para todos los contribuyentes, hay matices y es importante conocerlos para no perder la deducción si tienes derecho a ella.

Seguro médico

En cuanto al seguro médico privado, los asalariados no tienen derecho a desgravarse este gasto a nivel estatal; pero si lo contrata y paga su empresa, sí que pueden obtener un beneficio fiscal.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia —tal y como se recoge en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo—, sí que pueden deducirse tanto su seguro privado como el de sus familiares directos. El límite se establece en un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia, que incluye al cónyuge y los hijos menores de 25 años. Si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad reconocida, ese límite se incrementa hasta los 1.500 euros. La deducción se puede obtener trimestralmente solicitándola con el modelo 130 o en la declaración de forma anual a través del modelo 100.

Deducciones autonómicas

Si resides en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valencia estás de enhorabuena, pues en estas comunidades sí que hay deducciones fiscales para los trabajadores por cuenta ajena. En Canarias te puedes desgravar hasta un 12 por ciento de los gastos que hayas tenido tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de enfermedades, embarazo, accidentes o salud dental. Ese mismo porcentaje es aplicable también a la inversión en aparatos, gafas si son graduadas o lentillas. El límite está establecido en 500 euros si tributas de forma individual y 700 si lo haces de forma conjunta y se amplía otros cien euros en caso de que el contribuyente sea mayor de los 65 años o si tiene una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento.

Ten en cuenta que si has realizado tus pagos en efectivo, no podrás deducírtelos: solo podrás beneficiarte de esta deducción si los has formalizado con un pago mediante tarjeta, cheque, ingreso en cuenta o transferencia y los puedas justificar debidamente. Todos estos gastos van a la casilla 940. Para poder beneficiarte de estas deducciones, no puedes superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta.

En el caso de Cantabria, la deducción es algo menor, de un 10 por ciento por los mismos conceptos que en Canarias. Los límites también son los mismos, 500 para declaración individual y 700 en declaración conjunta, más cien euros adicionales para los contribuyentes mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento. Se establece, sin embargo, que la deducción será posible “siempre y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Se­guridad Social o en su caso por la Mutua o entidad ase­guradora correspondiente del contribuyente”. Y no se contempla específicamente el gasto por aparatos, gafas graduadas o lentillas. Para beneficiarte de esta deducción, tendrás que registrar los gastos en la casilla 954.

Según recoge la Agencia Tributaria, los límites para poder beneficiarte de las deducciones “tiene que ser inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta”.

En la Comunitat Valenciana el sistema es distinto. En esta región te puedes deducir hasta cien euros “para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas raras”, según explican desde la Agencia Tributaria, así como el tratamiento y el cuidado de las personas con Alzhéimer o daño cerebral adquirido. En el caso de familias numerosas o monoparentales el límite asciende a 150 euros.

En el caso de los aparatos bucodentales no relacionados con cuestiones estéticas puedes deducirte hasta un 30 por ciento con un máximo de 150 euros o la atención. El mismo porcentaje se aplica a la compra de gafas graduadas o lentillas, te puedes desgravar también has cien euros, y “la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental, con un límite máximo de 150 euros”. Esos tres conceptos no son incompatibles entre sí.

En la Comunitat Valenciana también existen límites de ingresos para beneficiarte de estas deducciones, aunque se han ampliado en esta campaña a 60.000 euros si haces la declaración de forma individual, y 78.000 si la presentas de forma conjunta.

Qué documentación necesitas

Recuerda que los pagos has tenido que satisfacerlos mediante tarjeta bancaria, ingreso en cuenta o transferencia o cheque, y no en metálico. Además, necesitas un informe médico que justifique que ese gasto es compatible con los comprendidos en las deducciones. Y tienes que tener en cuenta que los tratamientos tienen que haber sido prestados por profesionales y centros debidamente registrados.

No olvides archivar bien tu póliza y las facturas de los gastos realizados durante los siguientes cuatro años, plazo que se reserva la Agencia Tributaria para realizar inspecciones.

El sistema tributario español sigue caminando hacia la transformación digital gracias, en parte, a la factura electrónica obligatoria. La Ley Crea y Crece establece las bases legales para este cambio, buscando reducir la morosidad y fomentar el crecimiento empresarial mediante procesos más transparentes. El borrador de la Orden Ministerial, publicado recientemente, define finalmente el marco técnico y los tiempos de ejecución para todos los profesionales. No se trata de un simple cambio de soporte, sino de una nueva forma de entender la relación administrativa entre las empresas. Este avance sitúa a la factura electrónica como el eje central de la eficiencia operativa y el control fiscal en el ámbito privado.

La fecha marcada en el calendario normativo para la entrada en vigor de esta orden es el 1 de octubre de 2026. A partir de ese momento, comienza el cómputo oficial de los plazos para que la obligatoriedad empiece a ser exigible según el volumen de negocio. Este inicio regulatorio permite a las organizaciones planificar su transición técnica con una referencia temporal clara y definitiva. La administración ha diseñado un despliegue progresivo para evitar el colapso de los sistemas y permitir una adaptación adecuada del tejido empresarial. Es el punto de partida para que los sistemas de gestión empiecen a procesar documentos bajo los nuevos estándares europeos de interoperabilidad.

Las empresas con una facturación anual superior a los 8 millones de euros serán las primeras en asumir el reto. Para este colectivo, la factura electrónica B2B será obligatoria a partir del 1 de octubre de 2027, un año después de la entrada en vigor. El cumplimiento implica que todas sus operaciones comerciales con otros profesionales deberán realizarse íntegramente de forma digital y estructurada. No se permitirá el uso de facturas en papel ni de simples documentos en formato PDF sin datos estructurados. Estas grandes corporaciones deberán tener sus sistemas ERP plenamente integrados para evitar sanciones, que pueden alcanzar los diez mil euros por incumplimiento.

Para el resto de los autónomos y pequeñas empresas con ingresos inferiores a 8 millones, el plazo es más extenso. Su obligatoriedad efectiva se sitúa el 1 de octubre de 2028, otorgándoles un margen de dos años para su total digitalización. Este escalonamiento responde a la necesidad de que los profesionales con menos recursos técnicos encuentren soluciones asequibles en el mercado. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán estar dentro del sistema al finalizar este periodo de transición de dos años. La normativa busca que incluso las microempresas se beneficien del ahorro de costes y la mejora en el seguimiento de sus cobros.

El ecosistema de facturación se articulará a través de una solución pública gestionada por la Agencia Tributaria y plataformas privadas. Los empresarios podrán elegir entre utilizar el formulario gratuito de la AEAT o contratar servicios de proveedores tecnológicos homologados. Aquellas entidades que opten por sistemas privados estarán obligadas a remitir una copia fiel de cada factura a la solución pública de forma simultánea. La plataforma pública actuará como un repositorio universal que garantizará que Hacienda tenga acceso permanente a la información de las transacciones. Esta dualidad asegura la libertad de elección tecnológica, manteniendo siempre el control administrativo necesario para combatir la morosidad.

En el plano estrictamente técnico, el estándar que regirá todas las comunicaciones será el modelo europeo EN16931 bajo la sintaxis UBL. Cada factura electrónica generada deberá incluir un código único de identificación basado en el NIF, número, serie y fecha de expedición. Se prohíbe la inclusión de ficheros embebidos en las copias fieles enviadas a la administración para garantizar la limpieza de los datos. La interoperabilidad gratuita entre las diferentes plataformas privadas es un requisito esencial que impone la ley para evitar barreras económicas. De esta forma, se asegura que cualquier factura pueda ser procesada automáticamente por el receptor, sin importar el software que este utilice.

Una de las mayores innovaciones del sistema es la obligación de comunicar los estados de las facturas en tiempo real. El destinatario de un servicio o producto deberá informar sobre la aceptación o rechazo comercial y la fecha del pago efectivo. Específicamente, se debe reportar la fecha de vencimiento y el momento exacto en que se completa el abono de la factura. Estas comunicaciones deben realizarse en un plazo máximo de cuatro días naturales desde que se produce el evento correspondiente. Esta trazabilidad absoluta permitirá al Observatorio de la Morosidad monitorizar el cumplimiento de los plazos de pago legales en todos los sectores.

Diferente a VeriFactu

“Se trata de ver una oportunidad en una obligación. Oportunidad de agilizar las tareas administrativas relacionadas con la facturación de y hacia nuestros proveedores. Todas las empresas estarán utilizando programas que se podrán hablar entre sí”, aseguran desde la consultora tecnológica Esofitec, que también insiste en recordar que lo que plantea la Ley Crea y Crece “no hay que confundirlo con otra normativa que también está en el horizonte, el sistema VeriFactu. Son diferentes, aunque ambas pasan por una solución tecnológica que, en realidad, es una gran oportunidad de profesionalización para las empresas”.

Concretamente, VeriFactu se centra en garantizar la integridad de los registros de facturación enviados a Hacienda para evitar el fraude. El calendario de Verifactu arrancará el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio del mismo año para autónomos. De esta manera, se ha configurado un inicio escalonado para que ambas obligaciones no coincidan exactamente en el tiempo y faciliten la adaptación. Mientras la factura B2B regula el intercambio entre partes, VeriFactu asegura que el software de emisión sea seguro y trazable. La adaptación a este nuevo entorno digital, insisten los expertos, requiere que las empresas revisen sus procesos y la calidad de sus datos actuales. Las implicaciones prácticas son profundas y afectan directamente al ciclo de facturación, desde la emisión hasta la conciliación bancaria final. No prepararse a tiempo podría conllevar no solo sanciones financieras, sino también dificultades operativas para contratar a otras empresas obligadas.

Sufrir un caso de ciberdelincuencia no siempre representa necesariamente el final del calvario para el afectado, sino el inicio de un nuevo riesgo. En muchos casos, este suceso es solo el preámbulo de una estafa secundaria conocida técnicamente como Recovery Room o sala de recuperación. Este método delictivo se ceba con personas que ya han sufrido un quebranto económico previo, buscando explotar su desesperación por recuperar lo perdido, de ahí que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) haya alertado del incremento de estos casos detectados recientemente en el entorno financiero. Los estafadores operan bajo una lógica perversa al convertir la vulnerabilidad emocional de la víctima en su principal herramienta de manipulación y engaño.

No se trata de un contacto fortuito, sino de un ataque dirigido que suele basarse en bases de datos obtenidas de estafas anteriores. En este escenario, la esperanza de recuperar los ahorros perdidos se transforma rápidamente en una nueva trampa económica de difícil salida. Es vital entender que esta práctica busca asestar un segundo golpe financiero a quienes ya se encuentran en una situación crítica y vulnerable.

El funcionamiento de este fraude se basa íntegramente en la falsa promesa de rescatar fondos que ya se consideraban definitivamente perdidos por el usuario. Los delincuentes aseguran poseer medios tecnológicos o legales muy avanzados para rastrear el dinero estafado en primer lugar. Según detalla el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los atacantes suelen presentarse falsamente como expertos auditores o incluso como abogados de gran prestigio. El contacto inicial con la potencial víctima se realiza de forma proactiva mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes privados en redes sociales. La narrativa construida por estos grupos criminales es extremadamente convincente, utilizando un lenguaje técnico que simula una solvencia profesional totalmente inexistente. 

Al dirigirse a víctimas de fraudes previos, los estafadores suelen conocer detalles específicos sobre el engaño original que sufrió el afectado en el pasado. Esta información privilegiada les permite generar una falsa pero potente sensación de confianza y legitimidad desde el primer momento de la charla. Sin embargo, el objetivo final es siempre el mismo: solicitar el pago de cantidades adicionales bajo conceptos que son totalmente inventados.

La OCU subraya con firmeza que ninguna entidad legítima o despacho de abogados serio solicita nunca pagos por adelantado para realizar estas gestiones. Los estafadores justifican estas peticiones de dinero alegando supuestos gastos administrativos, tasas legales de última hora o impuestos de salida pendientes. También es sumamente común que mencionen comisiones bancarias internacionales o costes específicos necesarios para el desbloqueo de los fondos recuperados. Todos estos argumentos carecen de cualquier tipo de base real y forman parte del guion diseñado para extraer el máximo capital posible. 

Una vez que la víctima realiza la transferencia solicitada, los delincuentes suelen desaparecer de forma inmediata rompiendo cualquier vía de contacto. En otras ocasiones, si detectan que el afectado aún posee recursos disponibles, inventan nuevas incidencias burocráticas para seguir pidiendo más fondos. Este ciclo de extorsión económica puede prolongarse mientras la víctima mantenga la esperanza de recuperar su inversión inicial. Es fundamental desconfiar sistemáticamente de cualquier persona que prometa resultados garantizados en la recuperación de estafas digitales complejas.

Para dotar al engaño de una apariencia altamente profesional, los grupos criminales utilizan identidades suplantadas de empresas reales y organismos oficiales. El INCIBE advierte que es habitual el uso fraudulento de logotipos reales, sellos institucionales falsificados y páginas web con un diseño muy sofisticado. Estas plataformas fraudulentas a menudo incluyen testimonios de éxito e historias de recuperación que son completamente ficticias y manipuladas. Los delincuentes también pueden llegar a hacerse pasar por representantes de las fuerzas de seguridad del estado o de agencias gubernamentales. Esta táctica busca intimidar a la víctima o hacerle creer de forma errónea que el proceso cuenta con un respaldo legal oficial. 

La presión psicológica sobre el usuario se intensifica mediante el uso de plazos cortos y una falsa sensación de extrema urgencia. Se advierte al ciudadano que la celeridad demandada es solo un método para forzar decisiones impulsivas y evitar que reflexione. La verificación independiente de la existencia de estas empresas es un paso crítico que nunca debe ser omitido por el consumidor. Existen variantes de esta estafa que van mucho más allá de la simple petición de dinero. En algunos casos, los atacantes solicitan a la víctima que instale software de acceso remoto en sus dispositivos personales bajo pretextos técnicos. El INCIBE señala que esta maniobra permite a los delincuentes observar contraseñas en tiempo real y vaciar las cuentas bancarias directamente. 

También es frecuente que pidan la creación de nuevas billeteras digitales con la excusa de recibir en ellas los supuestos fondos rescatados. En realidad, los estafadores mantienen el control total sobre estas carteras y se apropian de cualquier ingreso que se realice en ellas. Este tipo de intrusión maliciosa compromete no solo las finanzas, sino también toda la seguridad digital y la privacidad del usuario afectado. Los expertos recomiendan encarecidamente no permitir nunca el acceso de terceros desconocidos a ordenadores o teléfonos móviles personales. La protección de las claves privadas y las credenciales bancarias es siempre la última línea de defensa ante estos ataques.

Cortar y bloquear, lo primero

Ante la recepción de una oferta de este tipo, las recomendaciones de los especialistas son claras, directas y eminentemente preventivas para el usuario. En primer lugar, se debe proceder a cortar cualquier tipo de comunicación de forma inmediata con el remitente de la propuesta. No se debe facilitar bajo ningún concepto documentos personales, contraseñas bancarias ni realizar pagos por supuestas tasas o comisiones de gestión. Nunca se debe confiar ciegamente en los datos de contacto o enlaces proporcionados por la misma persona que ha iniciado el contacto. Es prudente bloquear los números de teléfono, los perfiles en redes sociales y marcar los correos electrónicos sospechosos como basura. Además, si se ha llegado a instalar algún programa sugerido por los estafadores, es estrictamente necesario revisar técnicamente el dispositivo. Por último, el cambio inmediato de todas las contraseñas expuestas y la activación de la doble autenticación son ahora pasos de seguridad obligatorios.

La colaboración ciudadana y el reporte activo de estos incidentes son elementos esenciales para combatir la actual impunidad de estas redes. El INCIBE pone a disposición de todos los ciudadanos su Línea de Ayuda en Ciberseguridad gratuita a través del número marcado como 017. Este servicio ofrece una orientación especializada y confidencial para gestionar correctamente situaciones de fraude, robo de datos o extorsión. Es fundamental recopilar todas las pruebas posibles del contacto, como capturas de pantalla de chats, correos recibidos y justificantes de pago. Esta documentación será de vital importancia al presentar la denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Denunciar permite a las autoridades rastrear los patrones delictivos y bloquear los recursos financieros que utilizan habitualmente los estafadores.

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 vuelve a situar a los contribuyentes ante un escenario en el que la revisión del borrador resulta determinante. Aunque la Agencia Tributaria facilita una base de datos cada vez más completa, no todos los beneficios fiscales se incorporan automáticamente. Esto obliga a comprobar con detalle cada apartado de la declaración para evitar errores y, sobre todo, para no dejar fuera deducciones que pueden reducir de forma significativa la cuota final.

En este contexto, el sistema fiscal mantiene una estructura compleja en la que conviven incentivos estatales con otros autonómicos, además de deducciones sujetas a requisitos muy concretos. La falta de información clara o la dificultad para interpretar la normativa provoca que muchos declarantes no apliquen correctamente todas las ventajas disponibles. Por ello, identificar las deducciones menos conocidas o que suelen pasar desapercibidas se convierte en un paso clave para ajustar la declaración a la situación real de cada contribuyente.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

El impuesto sobre la renta incluye un incentivo para quienes aportan capital a empresas de nueva creación o con pocos años de actividad. Esta medida permite aplicar una deducción en la cuota estatal por las cantidades invertidas en la suscripción de acciones o participaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

Desde 2023, el porcentaje aplicable alcanza el 50% de la inversión realizada, con un límite máximo de base de 100.000 euros anuales. Esto significa que el beneficio fiscal se calcula sobre el valor de adquisición de las participaciones, dentro de ese tope. No obstante, la deducción exige condiciones como mantener la inversión durante un periodo determinado o que la empresa cumpla criterios específicos.

Otro aspecto relevante es que este incentivo no se puede combinar con deducciones autonómicas similares sobre las mismas cantidades. Esta incompatibilidad obliga a elegir qué beneficio aplicar en cada caso. La falta de conocimiento de estas condiciones hace que muchos contribuyentes no incluyan esta deducción, pese a haber realizado inversiones que podrían dar derecho a ella.

Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

Las actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas cuentan con varias deducciones específicas en el IRPF. Estas medidas se aplican sobre las cantidades invertidas en obras que reduzcan la demanda energética o mejoren el rendimiento del inmueble, y se han configurado como incentivos temporales.

Existen tres modalidades diferenciadas. La primera permite deducir un 20% del gasto cuando las obras logran reducir la demanda de calefacción o refrigeración, con una base máxima de 5.000 euros. La segunda, orientada a disminuir el consumo de energía primaria no renovable, eleva el porcentaje hasta el 40%, con un límite de 7.500 euros. La tercera modalidad, centrada en la rehabilitación energética de edificios residenciales, alcanza el 60%, también con una base máxima de 5.000 euros.

Para acceder a estas deducciones es imprescindible contar con certificados de eficiencia energética que acrediten la mejora obtenida. Este requisito técnico, junto con los límites y condiciones establecidos, explica que algunos contribuyentes no lleguen a aplicarlas, incluso cuando han realizado obras que podrían encajar en estos supuestos.

Deducción por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga

La normativa también contempla incentivos fiscales para fomentar la movilidad eléctrica. En concreto, se han establecido deducciones temporales que permiten reducir la cuota por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga.

En el caso de la adquisición de un vehículo, el contribuyente puede deducirse el 15% del importe, siempre que se respeten los límites fijados. La base máxima se sitúa en 20.000 euros, incluyendo el precio, los gastos y los impuestos asociados, y el coste del vehículo no puede superar los 45.000 euros antes de aplicar el IVA.

Por otro lado, también se incluyen las inversiones destinadas a instalar infraestructuras de recarga en viviendas. Ambas medidas están sujetas a plazos concretos y a requisitos específicos, lo que hace necesario revisar cada caso. El desconocimiento de estas condiciones provoca que no siempre se reflejen en la declaración.

Deducciones por donativos

Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro constituyen uno de los beneficios fiscales más extendidos, aunque no todos los contribuyentes lo aplican correctamente. Este incentivo permite reducir la cuota en función de las cantidades aportadas a organizaciones acogidas al régimen fiscal correspondiente.

En términos generales, los primeros 250 euros donados permiten aplicar una deducción del 80%. A partir de esa cantidad, el porcentaje se reduce al 40%, siempre dentro de los límites establecidos. Además, el total deducible no puede superar el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Para beneficiarse de esta deducción es necesario contar con el certificado emitido por la entidad receptora. La falta de este documento o el desconocimiento de los porcentajes aplicables hace que algunas aportaciones no se incluyan en la declaración, pese a su impacto directo en el resultado.

Sistemas de previsión social

Las aportaciones a sistemas de previsión social, como los planes de pensiones, permiten reducir la base imponible del impuesto, lo que puede traducirse en un ahorro fiscal relevante. Este mecanismo no actúa como una deducción directa, pero sí disminuye la cantidad sobre la que se calcula el IRPF.

En el caso de los planes individuales, el límite de reducción se sitúa en 1.500 euros anuales, siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. A esto se suma la posibilidad de aplicar una reducción adicional por aportaciones a planes de empleo, que puede alcanzar hasta 8.500 euros.

Para trabajadores autónomos, el límite adicional es menor, con un máximo de 4.250 euros en determinados supuestos. A pesar de estos incentivos, no todos los contribuyentes aprovechan el margen disponible, lo que reduce el efecto fiscal del ahorro destinado a la jubilación.

Deducciones por alquiler o adquisición de vivienda habitual

En el ámbito de la vivienda existen dos deducciones principales que siguen generando dudas. Por un lado, la deducción por adquisición de vivienda habitual se mantiene únicamente para quienes compraron su vivienda antes de 2013 y continúan pagando el préstamo. Este régimen transitorio permite seguir aplicando el beneficio bajo las condiciones establecidas.

Por otro lado, la deducción por alquiler a nivel estatal se limita a contratos anteriores a 2015 y está sujeta a determinados niveles de renta. En estos casos, se puede deducir un porcentaje de las cantidades pagadas, siempre que se cumplan los requisitos de base imponible y límites fijados.

Además, las comunidades autónomas han desarrollado sus propias deducciones en materia de vivienda, lo que amplía las posibilidades de aplicación. A esto se añade que los propietarios que alquilan inmuebles destinados a vivienda habitual pueden aplicar reducciones sobre el rendimiento neto, que en algunos casos pueden alcanzar porcentajes elevados si se cumplen determinadas condiciones.

El ingreso de las pensiones vuelve a situarse en el tramo final del mes de abril, como viene siendo habitual en los últimos meses. Aunque el calendario oficial establece un margen más amplio para efectuar estos pagos, la mayoría de entidades financieras opta por adelantar el abono, lo que permite a los pensionistas disponer del dinero antes de que termine el mes.

Este adelanto no responde a una única fecha común a todas las entidades bancarias. Cada banco fija su propio día dentro de un periodo relativamente concentrado, lo que provoca que haya diferencias entre clientes en función de la entidad con la que operan. Esa diferencia, que puede ser de varios días, es una de las principales causas de duda entre quienes esperan el ingreso.

Para abril de 2026, las fechas ya están definidas y siguen esa misma lógica: pagos distribuidos entre mediados y finales de la última semana del mes, con algunos bancos adelantando más que otros. Conocer este calendario resulta clave para evitar incertidumbre y saber cuándo se recibirá la prestación.

Cuándo se cobran las pensiones en abril

El calendario arranca el miércoles 22 de abril, día en el que Bankinter tiene previsto realizar el ingreso a sus clientes. En esa misma jornada también se sitúa Unicaja, que adelanta el abono respecto a la mayoría de entidades. A partir de ahí, el grueso de los pagos se concentra en el viernes 24 de abril.

Ese día está fijado como referencia para CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural. Se trata de la fecha en la que más pensionistas recibirán el ingreso. El sábado 25 de abril será cuando BBVA e ING lleven a cabo el abono de las prestaciones, aunque al coincidir con fin de semana no se descarta que el ingreso pueda reflejarse el lunes 27 en algunos casos. En el caso de Kutxabank, el pago se sitúa en ese mismo entorno, con previsión de realizarse entre el 25 y el 27 de abril.

El calendario se cierra el lunes 27 de abril, cuando Abanca comenzará a ingresar las pensiones a sus clientes. De este modo, el conjunto de pagos queda distribuido en un margen de cinco días, en línea con lo que ocurre de forma habitual. En términos generales, todas las fechas se sitúan antes de que finalice el mes, aunque con diferencias claras entre entidades. Esta dispersión es la que explica que no todos los pensionistas cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de una misma prestación.

Qué hacer en caso de que no hayas recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no se ha producido en la fecha en la que normalmente se espera, lo más útil es empezar por situarlo dentro del calendario real de pagos de ese mes. Dado que las entidades no actúan todas a la vez, es posible que el abono aún esté dentro del plazo habitual aunque otros beneficiarios ya lo hayan recibido.

Otro aspecto a tener en cuenta es que estos adelantos no forman parte de una obligación fija. El sistema permite que las pensiones se abonen algo más tarde, por lo que pequeñas variaciones en el día de ingreso pueden darse sin que exista un problema real. Si pasan varios días y el saldo sigue sin actualizarse, lo razonable es consultar directamente con el banco. Las entidades pueden comprobar si el movimiento está en proceso o si se ha producido algún retraso puntual en la contabilización.

También es recomendable revisar la información asociada a la cuenta en la que se recibe la prestación. Cambios recientes o incidencias técnicas pueden influir en el momento en el que el dinero queda disponible. Cuando no se obtiene una aclaración suficiente o la demora se alarga más de lo habitual, el siguiente paso es dirigirse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible confirmar si el pago se ha emitido correctamente y descartar errores en la tramitación.

En la práctica, este tipo de situaciones suele resolverse en poco tiempo y sin necesidad de realizar gestiones complejas. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamación, conviene comprobar bien el calendario de la entidad y tener en cuenta el margen en el que se concentran los ingresos cada mes.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se desarrolla, como cada año, con un calendario organizado en varias fases que permiten a los contribuyentes elegir cómo presentar su declaración. El proceso arranca con la vía telemática, que concentra una parte importante de las gestiones, pero a medida que avanza el calendario se habilitan otros canales de asistencia. Entre ellos, la atención telefónica vuelve a ocupar un lugar relevante para quienes necesitan apoyo durante el trámite o prefieren no gestionarlo por su cuenta.

En este contexto, la Agencia Tributaria mantiene el servicio conocido como “Le Llamamos”, un sistema que permite confeccionar la declaración mediante una llamada con personal técnico. Este modelo requiere una planificación previa por parte del contribuyente, ya que solo se puede utilizar con cita previa y dentro de unos plazos concretos. La gestión de este servicio se realiza principalmente a través de la sede electrónica oficial, donde también se detallan los requisitos y condiciones para acceder a esta modalidad dentro de la campaña.

Cuándo se puede solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El servicio telefónico de la Agencia Tributaria tiene su propio calendario dentro de la campaña. Este sistema estará operativo desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, fecha en la que finaliza la campaña de la renta por cualquier vía. No obstante, el acceso a este servicio no es inmediato desde su inicio.

Para poder utilizarlo, es obligatorio reservar cita previa dentro de un plazo concreto. La solicitud podrá realizarse desde el 29 de abril y permanecerá abierta hasta el 29 de junio. Este margen establece el periodo en el que los contribuyentes pueden elegir día y hora para recibir la llamada de la Agencia Tributaria.

La diferencia entre el calendario de solicitud y el de atención implica que la cita debe pedirse con antelación. El sistema asigna las franjas disponibles en función de la demanda, por lo que la disponibilidad de horarios puede variar a medida que avanza la campaña. Esto hace que quienes estén interesados en este canal deban anticiparse para encontrar fechas que se ajusten a su disponibilidad.

El cierre definitivo de la campaña está previsto para el 30 de junio, lo que marca también el final del servicio telefónico. A partir de ese momento, ya no será posible presentar la declaración ni solicitar asistencia por este medio. Este límite afecta a todos los canales, incluidos el presencial y el telemático.

Dentro del mismo calendario, la Agencia Tributaria también contempla otras modalidades de atención. La asistencia en oficinas, por ejemplo, se activa más tarde: las citas pueden solicitarse desde el 29 de mayo y la atención presencial se presta entre el 1 y el 30 de junio. Aunque esta opción sigue disponible, el servicio telefónico se mantiene como una alternativa intermedia entre la gestión autónoma por internet y la atención en oficinas.

Cómo solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El proceso para reservar cita previa se gestiona principalmente a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En el apartado habilitado para este trámite, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE, Cl@ve, el número de referencia, el DNI electrónico o el certificado electrónico. También existe la posibilidad de realizar la solicitud por teléfono a través de los números habilitados para la campaña.

Una vez dentro del sistema, es necesario seleccionar el servicio correspondiente a la campaña de la renta y elegir la opción de confección de la declaración por vía telefónica. A continuación, el sistema muestra un calendario con las fechas disponibles, entre las que el usuario puede escoger la que mejor se ajuste a su situación.

Durante la reserva, se solicita un número de teléfono de contacto. Este dato es esencial, ya que será el canal utilizado por la Agencia Tributaria para realizar la llamada en el día y la franja horaria elegidos. La llamada se efectuará desde el número 913 335 333, por lo que se recomienda estar disponible en ese intervalo horario previamente seleccionado.

La gestión de la cita no termina con la reserva inicial. El sistema permite modificar o cancelar la cita por los mismos canales utilizados para solicitarla. En caso de no poder atender la llamada, la Agencia Tributaria indica que se debe anular la cita con al menos 24 horas de antelación. Si no se realiza este trámite, será necesario solicitar una nueva dentro del periodo disponible, siempre que queden huecos libres.

Documentación necesaria para presentar la declaración por teléfono

Para que la atención telefónica se desarrolle correctamente, es imprescindible preparar previamente toda la documentación necesaria. La Agencia Tributaria señala que deben estar presentes las personas titulares de la declaración en el momento de la llamada, ya que será necesario verificar la identidad. En caso de utilizar el sistema Cl@ve, se debe disponer del teléfono asociado al registro; si no, será necesario contar con el número de referencia.

Entre la documentación básica exigida se encuentran el DNI, así como copia del de otros contribuyentes incluidos en la declaración, el número IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de los inmuebles. Esta información es imprescindible para completar el trámite, y su ausencia impide que se pueda elaborar la declaración durante la llamada.

Además, la Agencia Tributaria indica que deben prepararse documentos adicionales en caso de haber percibido determinadas rentas que no figuren en los datos fiscales. Esto incluye ingresos por trabajo, rendimientos de capital, actividades económicas, operaciones con inmuebles o activos financieros, así como posibles deducciones autonómicas u otros beneficios fiscales. La falta de estos datos puede impedir la correcta elaboración de la declaración.

El servicio telefónico funciona en tiempo real, lo que significa que la declaración se confecciona durante la llamada con la información disponible en ese momento. Por este motivo, la preparación previa es un requisito clave para evitar incidencias y completar el proceso en una sola gestión.

La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, ya está en marcha desde el pasado 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio. Como ocurre cada año, este proceso vuelve a generar dudas entre los contribuyentes, especialmente en torno a qué gastos pueden incluirse en la declaración para intentar mejorar el resultado final. Más allá de los conceptos habituales, existen determinados desembolsos cotidianos que pueden tener encaje en el IRPF, aunque solo en situaciones muy concretas.

El momento de presentar la declaración suele venir acompañado de una revisión detallada de gastos con la intención de reducir la factura fiscal. En ese contexto, conceptos como el seguro del hogar, del coche o de salud aparecen con frecuencia entre las preguntas más habituales. Sin embargo, la normativa no permite su aplicación de forma generalizada y establece límites claros sobre quién puede incluirlos y en qué condiciones, lo que deja fuera a buena parte de los contribuyentes.

Además, cada campaña incorpora matices que obligan a prestar atención a los requisitos vigentes en cada ejercicio. La relación entre estos seguros y la actividad económica o determinadas situaciones personales, es lo que marca la diferencia a la hora de poder incluirlos en la declaración. Por eso, entender en qué casos se pueden aplicar y bajo qué condiciones resulta clave para evitar errores y ajustar correctamente la información presentada ante Hacienda.

Seguros de vivienda

El seguro del hogar solo tiene impacto en la declaración en situaciones muy concretas. Uno de los principales casos es el de la deducción por inversión en vivienda habitual, que se mantiene en vigor de forma transitoria para contribuyentes que adquirieron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. En estos supuestos, parte del seguro puede integrarse dentro del límite conjunto de la deducción, que alcanza un máximo anual de 1.356 euros.

Para que esta posibilidad se aplique, deben cumplirse varias condiciones al mismo tiempo: que la vivienda sea la residencia habitual, que la hipoteca esté vinculada a una compra anterior a 2013 y que el seguro esté asociado al préstamo hipotecario desde el momento de la firma o ligado a operaciones de construcción o adecuación del inmueble, siempre dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Fuera de este régimen, el seguro del hogar no tiene impacto para la mayoría de contribuyentes. Sin embargo, sí puede tenerlo en otros escenarios. En el caso de autónomos que trabajan desde su vivienda, es posible deducir una parte del seguro, pero únicamente en proporción a la superficie del inmueble utilizada para la actividad profesional.

También se contempla su inclusión cuando la vivienda está destinada al alquiler. En ese caso, el seguro se considera un gasto relacionado con la obtención de ingresos por arrendamiento, por lo que puede incorporarse como parte de los costes deducibles asociados al inmueble.

Seguros del coche

El seguro del vehículo está condicionado de forma estricta a su uso profesional. En términos generales, no es deducible para trabajadores asalariados, ya que se considera un gasto de carácter personal. La excepción se encuentra en los autónomos que utilizan el coche como parte directa de su actividad económica.

En estos casos, el vehículo debe estar afecto a la actividad, es decir, debe utilizarse de forma necesaria para el desarrollo del trabajo. Cuando se cumple esta condición, el seguro puede deducirse al 100%, siempre que el coche esté registrado como elemento vinculado a la actividad profesional.

Esta afectación no solo permite incluir el seguro, sino también otros gastos asociados como reparaciones, mantenimiento, peajes o ITV, siempre dentro del mismo criterio de uso profesional. Además, esta deducción se admite en actividades en las que el vehículo es imprescindible, como el transporte de mercancías, el traslado de clientes o el trabajo de agentes comerciales, entre otros supuestos.

Si el coche no está claramente vinculado a la actividad económica o tiene un uso mixto sin justificación suficiente, el seguro no puede incluirse en la declaración y se mantiene como un gasto personal sin deducción.

Seguros de salud

El seguro de salud tiene un tratamiento diferenciado respecto al resto de pólizas. En términos generales, no es deducible para trabajadores por cuenta ajena, salvo cuando forma parte de sistemas de retribución flexible gestionados a través de la empresa. En estos casos, la contratación debe realizarse mediante la compañía y no de forma individual por el trabajador.

Para los autónomos, en cambio, sí existe la posibilidad de incluir el seguro médico como gasto deducible, siempre que esté vinculado a su actividad y correctamente justificado mediante facturas. Esta deducción tiene además límites concretos: hasta 500 euros por persona asegurada, incluyendo al propio autónomo, su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar.

En situaciones de discapacidad, este límite puede ampliarse hasta los 1.500 euros. En todos los casos, el requisito principal es que el seguro esté correctamente integrado en la actividad económica o en el sistema de retribución correspondiente, ya que no se admite como gasto personal general.

La presente campaña de la Declaración de la Renta, iniciada oficialmente el pasado 8 de abril, representa un periodo crítico tanto para contribuyentes… como para los profesionales de la ciberdelincuencia que buscan lucrarse ilícitamente. Durante estas semanas de trámites fiscales, los ataques de phishing y smishing se multiplican aprovechando el volumen de comunicaciones oficiales y la urgencia de los ciudadanos por cumplir con sus obligaciones. Solo en la campaña anterior, instituciones como el INCIBE gestionaron decenas de miles de incidentes relacionados con fraudes online, confirmando que estas fechas son un señuelo recurrente. Los expertos advierten que la presión psicológica es el arma principal para que el usuario actúe rápido y sin cuestionar la veracidad del mensaje recibido. 

Desde organismos como INCIBE insisten en que es fundamental entender que el engaño puede comenzar con un simple correo electrónico que parece legítimo, pero que en realidad busca robar credenciales de acceso fiscales. Se trata de uno de los cebos más efectivos en la actualidad, un mail que simula una “nueva notificación electrónica”, utilizando un lenguaje administrativo muy convincente. Estos mensajes suelen incluir asuntos alarmistas sobre referencias de expedientes que invitan a una reacción inmediata para evitar supuestos problemas legales. Los ciberdelincuentes redirigen a las víctimas a páginas web clonadas que imitan con precisión milimétrica la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En estos entornos fraudulentos, los usuarios introducen datos sensibles como su DNI o claves de acceso, que pasan directamente a manos de los atacantes. 

La rapidez con la que se ejecutan estas campañas dificulta muchas veces la detección por parte de los filtros de seguridad convencionales de los usuarios. Por ello, se recomienda desconfiar de cualquier comunicación que no haya sido esperada o que no siga los cauces habituales de la administración pública. La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha elevado la sofisticación de estos ataques a niveles nunca vistos en campañas de años anteriores. Actualmente, los mensajes de fraude ya no contienen los errores gramaticales o de diseño que antes servían como señales de alerta evidentes. La IA permite crear interfaces idénticas a las oficiales y redactar textos con un tono profesional impecable, incluyendo incluso datos personalizados del contribuyente. Esto genera una falsa sensación de seguridad que facilita que incluso los usuarios más prevenidos puedan bajar la guardia ante una supuesta notificación.

Además, los ciberdelincuentes utilizan ahora ataques multicanal, coordinando correos electrónicos, SMS y llamadas telefónicas para construir una historia creíble y coherente. El objetivo final es siempre el mismo: obtener información confidencial o forzar un pago indebido bajo la apariencia de una gestión oficial necesaria. Pero afortunadamente existen señales de advertencia críticas que todo contribuyente debe aprender a identificar para proteger su información personal y bancaria durante este ejercicio fiscal. Entre ellas destaca el uso de un lenguaje alarmista que menciona bloqueos de expedientes, sanciones inminentes o embargos para provocar miedo en el receptor. También son frecuentes las promesas de reembolsos inmediatos de importes exactos, enviadas a través de enlaces acortados en mensajes de texto SMS. 

Desde Hacienda se recuerda de forma insistente que la Agencia Tributaria nunca solicita pagos urgentes ni datos bancarios a través de medios no seguros como el correo electrónico. Es vital revisar siempre el dominio del remitente, buscando variaciones sutiles que intentan imitar la dirección oficial agenciatributaria.gob.es de forma fraudulenta. Cualquier mensaje que incite a descargar archivos adjuntos, como supuestas facturas o PDFs de notificaciones, debe ser tratado con extrema precaución.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha alzado la voz para alertar a los ciudadanos sobre la proliferación de estos engaños estacionales. Según la OCU, los argumentos de los estafadores cambian periódicamente, pasando de requerimientos de pago a peticiones de documentación imprescindible para recibir una devolución. La organización insiste en que la primera pista de fraude es el propio mensaje, especialmente si promete una devolución de dinero totalmente inesperada. Recomiendan encarecidamente no hacer clic en los enlaces recibidos y, en su lugar, pasar el cursor por encima para verificar la dirección de destino real. Si la dirección web no coincide con los dominios oficiales del Estado, se debe eliminar el mensaje de inmediato sin interactuar con él. La OCU recalca que mantenerse alerta es la mejor defensa ya que, una vez introducidos los datos, el proceso de reclamación puede ser complejo.

Para operar con total seguridad, es imprescindible conocer cuáles son los únicos dominios y canales oficiales que utiliza la Agencia Tributaria en sus comunicaciones. Las direcciones web legítimas incluyen siempre dominios como sede.agenciatributaria.gob.es o variantes que finalizan estrictamente en aeat.es o agenciatributaria.es. Además, la administración utiliza sistemas de identificación robustos y oficiales como el certificado digital, el DNI electrónico o el sistema Cl@ve Móvil. Hacienda ha dejado claro que nunca utiliza servicios de mensajería instantánea ni solicita información económica personal a través de plataformas como Bizum. Por otro lado, las llamadas telefónicas de supuestos agentes solo se producen si el contribuyente ha solicitado previamente una cita para ser atendido. Cualquier llamada inesperada que solicite datos bancarios o presione para realizar un trámite en el momento debe considerarse un intento de fraude telefónico o vishing.

Rapidez y pruebas

Otros métodos de engaño incluyen la oferta de servicios de pago para gestionar citas previas que, en realidad, son trámites totalmente gratuitos. Páginas web fraudulentas se presentan como intermediarios para aprovechar la saturación del sistema y la urgencia de los usuarios por resolver su situación. Igualmente, la presencia de formularios excesivamente simples que solicitan la contraseña del correo electrónico es una señal inequívoca de que se trata de una estafa. Ningún organismo oficial pedirá jamás las claves de acceso a servicios personales de mensajería o redes sociales bajo ningún concepto. Los delincuentes también utilizan documentos adjuntos maliciosos que, al ser abiertos, instalan malware en el dispositivo de la víctima para monitorizar su actividad bancaria. 

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un documento, lo más seguro es acudir directamente a la sede electrónica para cotejarlo mediante el código seguro de verificación. En el caso de que un ciudadano sospeche que ha podido caer en la trampa o haya introducido datos en un enlace sospechoso, debe actuar con rapidez. Lo primero es recopilar todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, enlaces y mensajes recibidos, para facilitar una posterior denuncia. Es fundamental cambiar de inmediato las contraseñas comprometidas y contactar con la entidad bancaria para solicitar el bloqueo preventivo de tarjetas o cuentas. El incidente debe reportarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la propia Agencia Tributaria a través de sus canales de denuncias. Además, el INCIBE pone a disposición de los usuarios la Línea de Ayuda en Ciberseguridad (017) para recibir orientación experta sobre cómo proceder tras el ataque. La celeridad en estas acciones, insisten, es determinante para minimizar el impacto financiero y evitar que los delincuentes hagan un uso extensivo de la información robada. 

Cada año, al hacer la Declaración de la Renta, los contribuyentes deben revisar con detalle la información vinculada a sus inmuebles, un apartado que incluye tanto la vivienda habitual como segundas residencias o propiedades en alquiler. En este procedimiento, la Agencia Tributaria solicita una serie de datos que permiten identificar correctamente cada inmueble, y aunque en muchos casos parte de esa información ya aparece incorporada en el borrador, no siempre consta de forma completa o actualizada.

Dentro de esos datos, la referencia catastral es uno de los elementos que más dudas genera. Se trata de un identificador oficial que permite asociar cada inmueble a su registro correspondiente dentro del Catastro. Su función es facilitar la localización exacta de una vivienda o propiedad dentro del sistema administrativo, y su presencia se ha vuelto habitual en trámites fiscales, especialmente en la Declaración de la Renta y en otros procedimientos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

El incremento del uso de plataformas digitales ha simplificado la consulta de esta información, pero todavía es frecuente que los contribuyentes tengan que recurrir a documentos antiguos o a distintos canales para localizarla. En muchos casos, este código ya ha sido utilizado en declaraciones anteriores, aunque no siempre se conserva a mano.

Qué es la referencia catastral y para qué sirve

La referencia catastral es un código alfanumérico formado por 20 caracteres que identifica de manera única cada inmueble registrado en España. Este identificador lo asigna el Catastro, organismo dependiente de la Dirección General del Catastro, y permite diferenciar cada propiedad dentro de su base de datos oficial. No existen dos inmuebles con la misma referencia, lo que convierte este código en un elemento exclusivo para cada vivienda, oficina, garaje, finca o construcción.

Este número funciona como una especie de identificador del inmueble. A través de él, el sistema catastral asocia datos básicos de la propiedad, como su ubicación exacta, su uso, su superficie o determinadas características físicas. En algunos casos también permite consultar información adicional vinculada al inmueble dentro del registro, lo que lo convierte en una pieza habitual en trámites relacionados con la propiedad.

Su uso no se limita a la Declaración de la Renta. La referencia catastral aparece en distintos procedimientos administrativos vinculados a la vivienda, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, operaciones de compraventa, herencias o contratos de alquiler. En todos estos casos, sirve para identificar sin ambigüedades el bien inmueble al que se hace referencia.

En el ámbito del IRPF, su inclusión es obligatoria en determinados casos cuando se declara una vivienda o cuando el sistema lo requiere para completar los datos del inmueble. Si el contribuyente tiene varios bienes, este código permite distinguir cada uno de ellos de forma precisa dentro del formulario.

Cómo consultar la referencia catastral de una vivienda

Existen varias formas de localizar la referencia catastral sin necesidad de iniciar un trámite complejo. Una de las más habituales es revisar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, donde este código suele aparecer reflejado junto a los datos de la vivienda. Este documento es una de las fuentes más directas para acceder a esta información.

Otra vía frecuente es la documentación relacionada con la propiedad. En el caso de viviendas en propiedad, las escrituras de compraventa suelen incluir la referencia catastral dentro de la descripción del inmueble. También puede aparecer en contratos de alquiler, donde se incorpora como parte de los datos identificativos de la vivienda arrendada.

Si no se dispone de estos documentos, la consulta puede realizarse a través de la Sede Electrónica del Catastro. En esta plataforma es posible introducir la dirección del inmueble mediante la opción de búsqueda por calle y número. Una vez localizada la vivienda, el sistema muestra los datos asociados, entre ellos la referencia catastral y otras características básicas del inmueble, como su superficie o su uso. Este método es uno de los más utilizados porque permite acceder directamente a la información sin necesidad de documentación adicional, siempre que se conozca la dirección exacta del inmueble.

Otra alternativa es recurrir a Declaraciones de la Renta de años anteriores. En muchos casos, este dato ya fue incluido en ejercicios previos, por lo que puede recuperarse revisando la documentación presentada en campañas anteriores. Esto resulta útil especialmente cuando no se dispone de otros documentos físicos o digitales.

También es posible consultar la referencia catastral a través de los servicios de atención del Catastro, tanto de forma presencial como telefónica. Este canal se utiliza cuando no es posible localizar el código por medios habituales o cuando existen dudas sobre la correspondencia entre la dirección del inmueble y los datos registrados. En estos casos, suele ser necesario aportar información básica del inmueble para facilitar la búsqueda.

En la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presenta en 2026, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) disponen de diferentes mecanismos fiscales que permiten aliviar su carga tributaria, siempre que los gastos estén debidamente justificados y vinculados a la actividad económica. En un contexto de aumento de costes, estas deducciones se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la liquidez y la viabilidad de los negocios, aunque su aplicación requiere un conocimiento preciso de la normativa para evitar errores ante la administración tributaria.

En términos generales, tanto autónomos como sociedades pueden deducir gastos corrientes como suministros, alquileres o servicios profesionales, además de beneficiarse de incentivos ligados a la inversión, el empleo o la innovación. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos regímenes fiscales que condicionan el alcance de estas ventajas y su impacto real en la tributación.

En esta campaña, además, se mantienen determinados límites que afectan a la actividad económica. Entre ellos, los relativos al volumen de ingresos y operaciones, que siguen funcionando como referencia para distintas obligaciones fiscales: 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros, 125.000 euros cuando existen operaciones con obligación de facturar a otros empresarios y otros 250.000 euros en el volumen de compras.

Deducciones para autónomos

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la deducción de gastos sigue estando condicionada a su vinculación directa con la actividad económica. Solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con el desarrollo del negocio y que tengan impacto en la obtención de ingresos.

Para que un gasto sea aceptado, es necesario que esté respaldado por documentación válida. Esto implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial. Junto a ello, los gastos deben poder acreditarse y estar correctamente relacionados con la actividad, de forma que resulten coherentes con el trabajo desarrollado.

Entre los gastos más habituales se encuentra la cuota de autónomos, que puede deducirse íntegramente en el IRPF. También se mantiene la deducción del alquiler de locales cuando estos se destinan de forma exclusiva a la actividad, en cuyo caso el gasto puede deducirse al 100%.

Cuando el trabajo se realiza desde el domicilio habitual, los suministros como electricidad, agua, gas, internet o telefonía pueden deducirse aplicando un criterio específico. En estos casos, se toma el 30% de la proporción existente entre la superficie destinada a la actividad y el total de la vivienda, lo que determina la parte deducible del gasto.

También se incluyen como gastos deducibles los servicios profesionales externos, como asesorías, gestorías, servicios jurídicos o consultorías. A ello se suman otros costes habituales del día a día del negocio, como material de oficina, equipos informáticos, software, mobiliario o cualquier recurso necesario para el desarrollo de la actividad.

En el ámbito comercial, entran igualmente los gastos vinculados al marketing y la publicidad, como campañas digitales, anuncios en plataformas o la creación y mantenimiento de páginas web. En el caso de los vehículos, la deducción queda limitada a los supuestos en los que se pueda acreditar un uso exclusivamente profesional, de manera que los desplazamientos deben estar directamente relacionados con la actividad y se excluye cualquier utilización personal o no justificada.

Una de las novedades de este ejercicio es la incorporación de ajustes vinculados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Tras la implantación del sistema de cotización en función de ingresos, pueden producirse regularizaciones posteriores de cuotas. Estas variaciones podrán reflejarse en la declaración mediante nuevas casillas específicas, lo que permitirá incorporarlas como gasto o ingreso según corresponda.

En este ejercicio también se introduce una reducción del 30% sobre determinados rendimientos netos procedentes de actividades artísticas, científicas, literarias o escénicas cuando estos ingresos se obtienen de forma excepcional. Esta medida se aplica sobre un máximo de 150.000 euros anuales.

A ello se suma la actualización de los límites de otra reducción destinada a contribuyentes con ingresos más bajos. Podrán acogerse quienes tengan rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no dispongan de otras rentas superiores a 6.500 euros. En este caso, la reducción alcanza hasta 6.498 euros anuales para los tramos más bajos, mientras que en niveles intermedios se aplica una fórmula progresiva en función del rendimiento obtenido.

En estimación directa simplificada, se mantiene además la reducción del 5% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. Este beneficio no es compatible con otros incentivos específicos en determinados supuestos de dependencia económica. En estimación objetiva, por su parte, se conserva una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Deducciones para pymes

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de los ingresos para determinar el beneficio sobre el que se aplica el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos que garantizan su validez fiscal.

En primer lugar, los gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y contribuir al desarrollo del negocio. A esto se suma la obligación de contar con documentación justificativa adecuada, lo que implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial.

Además, los gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad de la empresa, lo que permite su seguimiento y control dentro del ejercicio fiscal correspondiente. También es necesario que se imputen en el periodo en el que realmente se producen, sin trasladarlos a otros ejercicios, ya que esto podría alterar el resultado fiscal.

Dentro de este marco, las pymes pueden deducir gastos habituales como suministros, alquileres de locales, servicios profesionales externos, inversiones en tecnología o software y otros costes asociados al funcionamiento diario del negocio. También se incluyen las amortizaciones de bienes de inversión, que permiten repartir el coste de determinados activos a lo largo de varios ejercicios.

Como cada año, la campaña de la Renta viene acompañada de deducciones autonómicas. Una de ellas es de especial interés para las familias madrileñas, relativa a la adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos. Ideada con el propósito de dar un respiro a aquellos contribuyentes que están empezando una nueva etapa en su vida familiar, esta medida pretende aliviar parte de la carga fiscal que asumen los contribuyentes que adquieren una vivienda tras la llegada de un hijo.

La deducción se rige bajo los artículos 13 y 18.2, relativos a las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 octubre. En total, las familias podrán deducirse hasta 1.546,50 euros.

Cómo solicitar la deducción por nacimiento o adopción

Para poder solicitar la deducción por adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos en Madrid, el contribuyente deberá presentar la siguiente documentación junto a su declaración de la renta:

Requisitos para la deducción por nacimiento o adopción

Con o sin cargas familiares, el momento de adquirir una vivienda es especialmente delicado para el contribuyente, pero castiga con especial fuerza a aquellos con hijos. Con esta deducción los declarantes pueden beneficiarse de una reducción significativa en su cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Para poder acogerse a esta deducción, es necesario cumplir cuatro requisitos:

Límite máximo de la deducción, cuantía y ámbito temporal de aplicación

El límite máximo anual de esta deducción asciende a los 1.546,50 euros, tanto en tributación individual como en tributación conjunta, siguiendo estas variables:

Pérdida del derecho a deducir

Existen una serie de circunstancias que pueden provocar la pérdida del derecho a acogerse a esta deducción:

También hay que tener en cuenta que esta deducción es incompatible, para las mismas inversiones, con la aplicación de la deducción autonómica “Por adquisición de vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblación”.

En la declaración de la renta, una parte importante del resultado final no depende únicamente del Estado, sino también de las comunidades autónomas. Estas pueden establecer deducciones propias dentro del IRPF que, en muchos casos, no se tienen en cuenta, pese a que pueden suponer un ahorro relevante: reducen la cantidad a pagar o incrementan la devolución según el caso. Se trata de un conjunto de beneficios fiscales que se aplican en situaciones muy diversas, especialmente vinculadas a la vivienda, y que abarcan desde el alquiler y la compra hasta la rehabilitación o el apoyo a determinados colectivos como jóvenes o familias.

Para poder acceder a estas ventajas es necesario cumplir un requisito clave: haber tenido la residencia fiscal en una misma comunidad durante la mayor parte del año, lo que en la práctica supone haber permanecido en ese territorio al menos 183 días durante el ejercicio. Solo entonces pueden aplicarse las deducciones autonómicas correspondientes. La campaña de la renta del ejercicio 2025 podrá presentarse entre el 8 de abril de 2026 y el 30 de junio, por lo que conviene tener presentes estas medidas antes de realizar la declaración.

A continuación, se recogen las deducciones aprobadas para el IRPF en cada comunidad autónoma para el ejercicio 2025:

Andalucía

Los contribuyentes que hayan desarrollado su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales autonómicas:

Aragón

En Aragón, quienes hayan fijado allí su residencia habitual durante 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones autonómicas:

Principado de Asturias

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en el Principado de Asturias podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Illes Balears

En las Illes Balears, los residentes habituales durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes medidas fiscales autonómicas:

Canarias

Quienes hayan residido en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio 2025 podrán aplicar estas deducciones autonómicas:

Cantabria

Los residentes en Cantabria durante 2025 tendrán acceso a estas deducciones autonómicas:

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, quienes hayan mantenido su residencia habitual durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales:

Castilla y León

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en Castilla y León podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Catalunya

En Catalunya, los contribuyentes residentes en 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones:

Extremadura

Quienes hayan tenido su residencia habitual en Extremadura durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones autonómicas:

Galicia

En Galicia, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a las siguientes deducciones:

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones fiscales:

Región de Murcia

En la Región de Murcia, los contribuyentes con residencia habitual durante 2025 podrán aplicar estas deducciones:

La Rioja

En La Rioja, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones autonómicas:

Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a estas deducciones:

Acaba de arrancar la campaña correspondiente al año 2025. Desde el 8 de abril los declarantes pueden consultar y confirmar su borrador a través de internet, un plazo que se extiende hasta el próximo 30 de junio. Aunque para algunos contribuyentes presentar la declaración de la renta es una opción, aquellos que reciban 22.000 euros brutos anuales de un pagador o 15.876 euros de dos o más pagadores deben formalizarla. Lo mismo ocurre con los trabajadores por cuenta propia, estén bajo el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. También deberán presentar la declaración los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Diseñado por la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, el IMV es una ayuda que busca garantizar un nivel mínimo de renta a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de una renta exenta, el grueso de sus beneficiarios no tendrán que incluirla en su declaración. Pero sí que están obligados a presentar la declaración correspondiente al IRPF, con independencia a la cuantía total que perciban estos usuarios. En caso de no formalizar la renta, el SEPE podría suspender de forma temporal el ingreso de esta prestación.

Para la mayoría de los contribuyentes que reciben el IMV, será una declaración fácil de presentar y sin ingresos que declarar. En el grueso de los casos, la cuota será a cero, el ciudadano no tendrá que pagar ni Hacienda le tendrá que devolver ningún importe.

Sí que deberán declararse las cuantías que superen los 12.600 euros, en otras palabras, el importe equivalente a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el caso de que se supere este umbral por recibir ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas de comunidades autónomas y ayuntamientos de naturaleza similar, solo se debe tributar por el exceso de esta cuantía.

Qué beneficiarios del IMV tienen que presentar la declaración

Tal y como establece la Agencia Tributaria, con el fin de mantener esta prestación deben presentar la declaración de la renta “las personas titulares del ingreso mínimo vital y todas las personas integrantes de la unidad de convivencia”.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, se entienden por unidad de convivencia la constituida por “todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente”. Todas ellos, con independencia de si reúnen requisitos que a priori podrían eximirles de presentar la declaración, deberán presentar la declaración de la renta si se encuentran en una unidad de convivencia que se beneficia del IMV.

Qué ocurre si los beneficiarios del IMV son menores

En el supuesto de la existencia de menores en la unidad de convivencia, estos también tendrán que presentar la declaración, de forma individual o conjunta con sus progenitores, aunque Hacienda recomienda esto último. Si los padres están casados, podrá presentarse la declaración del menor junto a la de la pareja. Si este no es el caso, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los hijos, y el otro declaración individual. En cualquiera de estos escenarios, se deberá consignar el NIF del menor a la hora de cumplimentar la declaración.

Existen casos en los que es preciso que el menor presente la declaración por separado, por ejemplo si recibe una renta. De ser asi puede autenticarse al menor en el servicio de RENTA WEB mediante dos métodos:

Requisitos para recibir el IMV

De no ser beneficiario del IMV, es contribuyente puede solicitarlo si cumple una serie de requisitos. Se trata de unas condiciones sencillas de comprobar a través del portal web para solicitar esta ayuda, puesto que cuenta con un simulador que comprueba si el candidato es apto. En general, las condiciones para poder optar al IMV son las siguientes:

Los alumnos que vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, pueden solicitar, hasta el próximo 18 de mayo, la beca para el curso 2026-27. Las ayudas cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros que beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas, según cálculos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

No todo el mundo puede solicitar las becas MEC 2026-27. Solo aquellos estudiantes que no superen una determinada renta o patrimonio familiar y que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico, además de matricularse en las enseñanzas universitarias y no universitarias comprendidas en la convocatoria. 

Si el alumno cumple con estos tres requisitos, deberá iniciar un proceso de solicitud de la beca a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. A partir de ahí, el departamento encabezado por Milagros Tolón evaluará cada solicitud y la resolverá, detallando la cuantía que finalmente se le ha asignado. 

Sin embargo, si el alumno no está de acuerdo con la resolución de su beca o con las cuantías que se le han asignado, puede presentar una reclamación dentro de los plazos establecidos. El ministerio distingue tres: alegaciones, recurso de reposición y recurso contencioso-administrativo.

Plazos para presentar una reclamación de la beca 

En el caso de las alegaciones, estas se hacen respecto a la resolución provisional de la beca. Se deben presentar en diez días hábiles (sin contar sábados, domingos ni festivos), desde el día siguiente a la fecha en que la que se consulta o descarga la notificación. Sin embargo, a veces, el ministerio da otro plazo diferente en la propia notificación, con lo que recomienda fijarse en esta. 

Por otra parte, está el recurso de reposición, que se hace respecto a la resolución definitiva de las becas de ayuda al estudio. Se puede presentar y se tiene de plazo un mes. La vía: la cumplimentación del documento y la presentación del mismo en la Unidad de Becas correspondiente. 

Por último, la última reclamación posible pasa por la imposición de un recurso contencioso-administrativo. Este está disponible siempre y cuando el recurso de reposición haya sido resuelto previamente. Además, se trata de un procedimiento judicial sometido a ciertas formalidades y costes. El plazo: dos meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución definitiva.