La llegada de agosto vuelve a situar la fecha de cobro de la prestación por desempleo entre las principales consultas de quienes reciben esta ayuda. Conocer con cierta antelación cuándo estará disponible el dinero resulta especialmente importante para organizar los gastos del hogar, atender recibos y afrontar otros pagos habituales durante un mes en el que muchas familias también modifican sus rutinas por las vacaciones.

El paro constituye una fuente de ingresos esencial para las personas que han perdido su empleo y cumplen los requisitos establecidos para acceder a esta protección. Su abono se mantiene mientras el beneficiario conserve el derecho reconocido y atienda las obligaciones asociadas, entre ellas renovar la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente y comunicar cualquier cambio que pueda afectar a su situación.

A pesar de que existe un procedimiento común para tramitar estas prestaciones, el dinero no siempre aparece en las cuentas durante las primeras jornadas del mes. Esta circunstancia suele generar dudas entre quienes consultan su saldo y todavía no encuentran reflejada la cantidad esperada, aunque en muchos casos se debe únicamente al funcionamiento habitual del proceso de pago.

En agosto de 2026 puede establecerse una referencia aproximada para el ingreso, pero la jornada concreta no será necesariamente idéntica para todos los perceptores. El calendario del mes y las distintas formas de gestionar los abonos permiten elaborar previsiones que ayudan a saber cuándo podría recibirse la prestación y a identificar si existe realmente alguna incidencia.

Fechas de cobro del paro en agosto según cada banco

El pago de las prestaciones por desempleo tendrá como fecha general de referencia el lunes 10 de agosto de 2026. Al coincidir el día 10 con una jornada laborable, el calendario no obliga a trasladar el ingreso. Sin embargo, el momento exacto en el que el dinero aparecerá en la cuenta dependerá de la política aplicada por cada entidad financiera.

El SEPE abona las prestaciones por mensualidades vencidas y realiza el ingreso en la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario. A partir de ahí, algunos bancos esperan a la fecha ordinaria, mientras que otros anticipan la cantidad una vez que reciben la información necesaria para tramitar el pago.

En el caso de Unicaja, la previsión es que la prestación quede disponible el domingo 9 de agosto, siempre que la entidad haya recibido previamente los datos requeridos para efectuar el abono. De este modo, sus clientes podrían disponer del dinero un día antes de la fecha general establecida. CaixaBank mantendría el lunes 10 de agosto como jornada prevista para realizar el ingreso. Una fecha similar se contempla para los clientes de BBVA, que podrían empezar a ver reflejada la prestación en sus cuentas a partir de ese mismo lunes.

Por qué la prestación no llega el mismo día a todas las cuentas

El SEPE se encarga de reconocer la prestación por desempleo y tramitar la orden correspondiente, pero la fecha en la que el importe queda disponible también está condicionada por la actuación de cada entidad financiera. Esta intervención explica que dos beneficiarios con el mismo tipo de ayuda puedan recibir el dinero en jornadas diferentes.

Determinados bancos anticipan el abono antes de que llegue la fecha habitual. Para ello utilizan la información sobre las nóminas que reciben previamente y ponen la cantidad a disposición de sus clientes con recursos propios. Se trata de una política comercial voluntaria, por lo que no modifica las condiciones de la prestación, su duración ni el importe reconocido.

Las entidades que no aplican este adelanto incorporan el dinero a las cuentas cuando la transferencia se procesa conforme al calendario ordinario. En esos casos, el ingreso puede aparecer en la fecha prevista o trasladarse al siguiente día laborable cuando coinciden fines de semana o festivos. Esta diferencia no supone necesariamente que exista una incidencia en el expediente.

La hora concreta en la que se actualiza el saldo tampoco es idéntica en todos los bancos. Los ciclos de procesamiento, los horarios internos y el funcionamiento de los sistemas informáticos pueden provocar que el movimiento se muestre por la mañana, por la tarde o incluso más adelante dentro de la misma jornada. Antes de comunicar un posible impago, conviene comprobar que la cuenta registrada es correcta y que se han cumplido obligaciones como mantener activa la demanda de empleo.

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en un apoyo económico relevante para las personas y familias cuyos recursos no alcanzan los niveles establecidos por la Seguridad Social. La prestación busca asegurar unos ingresos básicos, aunque tanto la cantidad reconocida como las condiciones de acceso dependen de la situación particular de cada solicitante, del número de integrantes del hogar, así como de los ingresos y el patrimonio disponibles.

De cara al mes de agosto, una de las cuestiones que más interés genera es la fecha en la que se recibirá la mensualidad. El día concreto puede variar según la entidad bancaria, ya que algunas adelantan el abono respecto al calendario ordinario. También existen diferencias en el caso de quienes acaban de obtener una resolución favorable, puesto que el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales.

En qué consiste el IMV y cuáles son sus beneficiarios

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social destinada a garantizar unos recursos básicos a personas y hogares que atraviesan dificultades económicas. Pueden acceder tanto quienes viven de manera independiente como las unidades de convivencia formadas por varios integrantes, siempre que su nivel de renta y patrimonio se encuentre por debajo de los límites establecidos.

La cantidad reconocida varía en cada expediente. Para determinarla, se compara el conjunto de ingresos de los beneficiarios con el umbral de renta garantizada asignado según el número de miembros y las características del hogar. La normativa también prevé incrementos en determinados supuestos, entre ellos la existencia de menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad.

La solicitud está abierta a ciudadanos españoles y extranjeros que residan legalmente en España y reúnan las condiciones exigidas. Con carácter general, se requiere haber permanecido en el país de forma legal y continuada durante el año anterior, aunque existen algunas excepciones. El derecho a cobrar la prestación se conserva mientras continúe la situación que permitió su concesión, por lo que cualquier modificación familiar, económica o residencial debe comunicarse a la Seguridad Social.

Cuándo se cobra el IMV de agosto

El día en el que el IMV aparece reflejado en la cuenta puede cambiar según la entidad en la que esté domiciliada la prestación. Aunque existe un calendario general para estos abonos, algunos bancos anticipan el dinero varios días y otros esperan hasta el cierre del mes para efectuar la transferencia.

Banco Santander se encuentra habitualmente entre las entidades que permiten disponer antes de la mensualidad, por lo que sus clientes podrían recibir el ingreso a partir del sábado 22 de agosto. CaixaBank tendría como fecha de referencia el lunes 24, mientras que BBVA mantendría su jornada habitual de pago, fijada en esta ocasión para el martes 25.

Unicaja sigue una operativa diferente y, por norma general, abona el IMV durante el último día hábil del mes. En agosto de 2026, esta fecha corresponde al lunes 31, de modo que sus beneficiarios tendrían que esperar algunos días más que los clientes de las entidades que aplican adelantos.

Estas previsiones pueden experimentar modificaciones debido a los procedimientos internos de cada banco o al tiempo necesario para procesar la transferencia. Además, el ingreso no siempre se refleja a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora dentro del propio día señalado no implica necesariamente que exista un problema con la prestación.

Cuándo llega el primer ingreso del IMV

El estreno en el cobro del IMV no siempre coincide con las fechas habituales de quienes ya reciben la prestación con regularidad. En los expedientes recién aprobados, el momento del abono depende de cuándo se comunica la resolución favorable y de si esta puede incorporarse a tiempo al proceso de pagos del mes en curso.

Si la concesión se formaliza una vez iniciado el mes, la transferencia puede quedar incluida en la siguiente nómina. Esta situación es más frecuente cuando la aprobación se produce cerca del cierre del periodo de pago, ya que la Administración necesita completar la tramitación antes de ordenar el ingreso.

El hecho de que el dinero llegue más tarde no supone necesariamente una reducción de la cantidad reconocida. El primer abono puede reunir las mensualidades o importes generados desde la fecha en la que la ayuda comienza a tener efectos económicos, de acuerdo con lo indicado en la resolución.

Por ello, conviene diferenciar el día desde el que nace el derecho a percibir el IMV de la fecha exacta en la que la entidad bancaria refleja la transferencia. Una vez efectuado este pago inicial, las siguientes mensualidades se incorporan al funcionamiento ordinario, siempre que continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para mantener la prestación.

La Unión Europea quiere implementar ya el primer marco jurídico integral del mundo destinado a regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Conocida técnicamente como el Reglamento (UE) 2024/1689, esta normativa pionera busca fomentar una tecnología fiable que respete siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Su enfoque no es punitivo por definición, sino que se basa en una clasificación de riesgos que adapta las exigencias legales al peligro potencial de cada sistema.

Desde los inicios de esta ley, el calendario de aplicación ha avanzado de forma escalonada para permitir que el tejido empresarial se adapte. Esta ley afecta a todos los actores de la cadena de valor, desde desarrolladores hasta simples usuarios profesionales. El eje de esta regulación reside en su estructura basada en cuatro niveles de riesgo que determinan las obligaciones específicas para cada herramienta tecnológica utilizada hoy día. En el escalón más alto se sitúan las prácticas inaceptables que suponen una amenaza clara para la seguridad o los derechos de las personas, quedando totalmente prohibidas. Por debajo encontramos los sistemas de alto riesgo, que abarcan áreas críticas como la salud, la educación o la gestión de infraestructuras esenciales. Para la mayoría de las empresas, los niveles de riesgo limitado o mínimo serán los más habituales en sus operaciones cotidianas de oficina. Esta distinción permite que aplicaciones sencillas como los filtros de correo no deseado sigan operando sin cargas burocráticas excesivamente pesadas.

Una de las fechas más críticas para las empresas que utilizan inteligencia artificial es precisamente este inminente 2 de agosto, momento en que la transparencia se vuelve obligatoria. A partir de esta fecha, las empresas deben garantizar que cualquier interacción con un sistema automatizado sea plenamente identificable para el usuario final o cliente. Esto implica que los asistentes virtuales y los populares chatbots de atención al cliente deberán revelar su naturaleza artificial desde el inicio del contacto establecido. No bastará con ocultar esta información en las condiciones de uso, sino que el aviso debe ser claro y accesible durante toda la conversación. El objetivo es preservar la confianza del público al asegurar que los humanos sepan siempre si están tratando con una máquina.

La obligación de etiquetado se extiende también a la creación y difusión de contenidos generados o manipulados artificialmente, como imágenes, audios y piezas de vídeo hiperrealistas. Los proveedores de sistemas generativos deben incorporar marcas de agua digitales o metadatos legibles por máquina que permitan detectar el origen sintético del archivo. Por su parte, las empresas que publiquen estos materiales en sus redes sociales tienen la responsabilidad legal de incluir avisos visibles y explícitos. Esta medida es especialmente rigurosa con los llamados deepfakes, donde la alteración del rostro o la voz de una persona podría inducir a engaño. El reglamento busca evitar la desinformación en un entorno digital donde la realidad y la ficción son ya difíciles de separar.

En el ámbito de la comunicación, la ley introduce reglas específicas para los textos publicados que informen sobre asuntos que resulten de interés público general. Si una empresa utiliza modelos de lenguaje para redactar noticias, crónicas financieras o análisis electorales de forma automatizada, deberá identificar claramente dicha autoría artificial. Existe una excepción importante para aquellos artículos que, aunque utilicen herramientas de apoyo, pasen por una edición humana real donde se asuma la responsabilidad editorial final. Esto permite que la inteligencia artificial siga siendo un asistente valioso para corregir ortografía o mejorar el estilo sin necesidad de etiquetas. Sin embargo, la publicación directa de reportes sin supervisión humana sí requerirá un marcado transparente ante la audiencia.

No todo el uso de la inteligencia artificial en la actividad diaria de una oficina estará sujeto a estas exigentes medidas de marcado o transparencia pública obligatoria. La normativa excluye específicamente las comunicaciones internas de la empresa, como la redacción de correos corporativos, manuales de formación o resúmenes de reuniones privadas. Igualmente, la generación de código fuente por equipos de desarrollo de software o la creación de eslóganes publicitarios y textos comerciales no requieren avisos legales. Estas excepciones están diseñadas para no entorpecer la eficiencia operativa interna ni penalizar la creatividad en el marketing digital de productos básicos. Las empresas pueden así integrar la tecnología en sus flujos de trabajo administrativos sin temor a incurrir en infracciones graves.

Sanciones considerables

Para navegar por este escenario regulatorio, muchas compañías están recurriendo a soluciones especializadas de gobernanza que permiten registrar y auditar cada sistema tecnológico empleado. Estas herramientas facilitan la clasificación de los riesgos asociados a cada departamento y definen las medidas de cumplimiento exactas que deben aplicarse según la finalidad. Además de la parte técnica, la ley exige a las empresas adoptar medidas de alfabetización para que su personal esté formado en el uso de estas herramientas. No se trata solo de cumplir con un trámite legal, sino de integrar una cultura de responsabilidad que evite resultados discriminatorios o errores técnicos.

Ignorar las nuevas directrices europeas conlleva sanciones considerables que podrían poner en peligro la viabilidad de muchas organizaciones en el mercado único. Las multas por incumplir las obligaciones de transparencia pueden alcanzar cifras astronómicas de hasta 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio. Para las infracciones más graves relacionadas con prácticas prohibidas, las sanciones se elevan incluso hasta los 35 millones de euros o el 7% anual. Más allá de la sanción económica, el daño reputacional de ser percibido como una empresa opaca o poco ética puede ser devastador para la marca.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que los teléfonos plegables parecían más un ejercicio de ingeniería que un producto realmente pensado para el gran público. Eran llamativos, pero también caros, voluminosos y rodeados de dudas sobre su resistencia y utilidad real.

Siete generaciones después, Samsung considera que esa etapa ha quedado atrás. La compañía surcoreana presentó en Madrid su nueva familia Galaxy Z con un mensaje claro: los plegables ya no son una rareza tecnológica, sino una gama con modelos pensados para perfiles de usuario muy distintos. Los nuevos Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra no buscan reinventar el concepto, sino perfeccionarlo.

La estrategia consiste en ofrecer tres experiencias diferenciadas: un modelo compacto pensado para la movilidad, otro orientado al consumo de contenidos y un tercero dirigido a quienes buscan convertir el móvil en una auténtica herramienta de productividad. Todo ello acompañado de una nueva generación de funciones de Galaxy AI y de los relojes Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9.

Los dispositivos fueron mostrados durante una presentación celebrada en las oficinas de Samsung en Madrid ante un reducido grupo de periodistas. Allí la compañía puso el foco en mejoras menos llamativas que un nuevo diseño, pero probablemente más importantes para el usuario: dispositivos más finos y ligeros, bisagras reforzadas, un pliegue menos visible y una inteligencia artificial más integrada en el uso diario.

Un Flip más inteligente

Samsung espera que el Galaxy Z Flip8 siga siendo el modelo más popular de la familia. Su formato compacto continúa siendo la puerta de entrada al universo de los plegables y, en esta generación, gana funciones sin perder su principal atractivo.

Con 180 gramos de peso y 6,1 milímetros de grosor cuando está desplegado, la compañía asegura que es el Flip más fino y ligero hasta la fecha. Incorpora el nuevo procesador Exynos 2600, pensado para mejorar el rendimiento y sacar mayor partido a Galaxy AI.

Durante la demostración, Samsung mostró cómo el diseño plegable permite utilizar las cámaras principales de 50 megapíxeles para hacerse selfies o apoyar el teléfono parcialmente abierto sobre una superficie para grabar vídeos o realizar videollamadas sin necesidad de trípode.

Entre las novedades destaca Auto Zoom, que detecta automáticamente a las personas presentes en la escena y reajusta el encuadre, así como Horizontal Lock, un sistema de estabilización heredado de la familia Galaxy S26 que mantiene el horizonte nivelado durante la grabación.

Otra mejora importante afecta a la FlexWindow, la pantalla exterior, que ahora permite responder mensajes, consultar información o utilizar determinadas aplicaciones sin necesidad de abrir el dispositivo.

Tres plegables para tres usuarios

Si el Flip8 representa la movilidad, los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra son la apuesta de Samsung por quienes buscan una experiencia más cercana a la de una tableta.

La principal novedad es precisamente el Fold8, un nuevo modelo intermedio pensado para quienes consideran demasiado pequeño el Flip o excesivamente orientado al trabajo el Ultra. Con 201 gramos de peso, es el Galaxy Fold más ligero hasta la fecha y apuesta por una pantalla interior en formato 4:3, especialmente pensada para leer, navegar, jugar o consumir contenido multimedia.

Por encima se sitúa el Galaxy Z Fold8 Ultra, el modelo más ambicioso de la gama. Samsung ha reducido su grosor hasta los 4,1 milímetros cuando está desplegado, manteniendo un peso de 215 gramos pese a incorporar una pantalla interior de ocho pulgadas.

Su principal atractivo continúa siendo la productividad. Durante la presentación, la compañía mostró cómo el dispositivo permite trabajar con hasta tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo, copiar textos e imágenes entre ellas y aprovechar el espacio adicional para consultar información mientras se redactan documentos o correos electrónicos.

El Ultra incorpora además una cámara principal de 200 megapíxeles y funciones avanzadas de fotografía y vídeo pensadas para la creación de contenidos.

Los tres dispositivos comparten una nueva estructura denominada Flex Titanium, que combina titanio y un rediseño de la bisagra para aumentar la resistencia del panel y hacer que el pliegue resulte mucho menos perceptible.

Galaxy AI gana peso

Más allá del hardware, buena parte de la presentación estuvo dedicada a Galaxy AI, que Samsung considera el auténtico elemento diferenciador de esta generación.

Entre las novedades figura My FanCam, una herramienta capaz de seguir automáticamente a una persona dentro de un vídeo y adaptar el encuadre, incluso transformándolo de horizontal a vertical para facilitar su publicación en redes sociales.

La inteligencia artificial también permite modificar fotografías mediante instrucciones escritas, eliminando objetos, añadiendo nuevos elementos o transformando completamente una escena.

Las funciones más orientadas a la productividad llegan de la mano de Samsung Notes, capaz de transcribir reuniones, identificar a los distintos interlocutores, resumir conversaciones, reorganizar el contenido o traducir automáticamente las notas a otros idiomas. A ello se suma Samsung DeX, que permite utilizar el teléfono como si fuera un ordenador al conectarlo a un monitor.

Samsung completó la presentación con los Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, que amplían las funciones relacionadas con la actividad física, el sueño y la salud y refuerzan la integración con el resto del ecosistema Galaxy.

Con esta nueva generación, Samsung parece haber dejado atrás la etapa en la que los plegables buscaban simplemente sorprender. Después de siete generaciones, la compañía da por consolidado el formato y centra ahora sus esfuerzos en ofrecer tres propuestas claramente diferenciadas. El reto ya no consiste en demostrar que un teléfono puede doblarse, sino en convencer de que ese diseño aporta ventajas reales en el día a día, ya sea para trabajar, consumir contenidos o, simplemente, llevar un móvil más compacto en el bolsillo.

El periodo estival suele asociarse a la desconexión y al descanso vacacional, pero para los departamentos de tecnología representa una etapa de máxima alerta. Los expertos en ciberseguridad advierten que los ataques informáticos a empresas experimentan un incremento aproximado del 30% durante estos meses de calor. Esta tendencia responde a una estrategia deliberada de los ciberdelincuentes, quienes aprovechan que las organizaciones operan con personal reducido y protocolos de vigilancia menos estrictos. No bajar la guardia resulta fundamental para garantizar la continuidad del negocio tras el regreso de las vacaciones.

Y es que la ciberdelincuencia no descansa cuando el resto de la sociedad se toma un respiro necesario, intensificando sus campañas de intrusión. Por ello, el nivel de protección debe ser una prioridad estratégica dentro del cumplimiento corporativo de cualquier empresa. Mantener la vigilancia activa es la única forma de evitar que un descanso merecido se transforme en una crisis reputacional. La vulnerabilidad de las compañías aumenta sobre todo debido a la combinación de plantillas bajo mínimos y una relajación general de las medidas preventivas. Durante el verano, muchos empleados trabajan de forma remota desde ubicaciones poco habituales, lo que multiplica los vectores de entrada para posibles intrusiones. Los atacantes son plenamente conscientes de que el departamento de informática puede estar vacío o con menos recursos técnicos disponibles.

Esta situación crea un entorno perfecto para que los intentos maliciosos tengan una mayor probabilidad de éxito que en otros meses del año. Es común que los protocolos de acceso se vuelvan más laxos para facilitar la operatividad de quienes cubren las ausencias. Además, la contratación de personal temporal para sustituciones añade un riesgo extra si no existe una formación de seguridad adecuada. Por tanto, la seguridad no debe verse como algo técnico, sino como un pilar organizacional fundamental. La concienciación debe ser el primer cortafuegos ante cualquier amenaza que busque explotar el factor humano.

Entre las amenazas más recurrentes en esta temporada, el phishing se posiciona como la técnica preferida debido a su alta efectividad. Se estima que los intentos de suplantación de identidad por correo electrónico aumentan significativamente, especialmente los dirigidos a individuos específicos. Los delincuentes utilizan ganchos relacionados con reservas de hoteles, billetes de avión y ofertas turísticas para engañar a los trabajadores desprevenidos. Además del fraude al consejero delegado y el robo de identidad, el ransomware sigue siendo una preocupación crítica para los expertos. Estos ataques buscan cifrar la información sensible de la empresa para exigir un rescate económico por su posterior liberación. La sofisticación de estos mensajes maliciosos hace que incluso el personal más experimentado pueda caer en la trampa.

Para mitigar estos riesgos, implementar la autenticación multifactor en todas las cuentas corporativas se considera una medida de primer orden. Este sistema añade una capa de verificación adicional que dificulta enormemente el acceso no autorizado a los recursos críticos. Asimismo, es imperativo realizar una actualización exhaustiva de todos los sistemas y software antes de iniciar el periodo de vacaciones. Los parches de seguridad corrigen vulnerabilidades conocidas que los hackers intentarán explotar si no están debidamente cerradas. La automatización de las copias de seguridad es otro pilar fundamental para asegurar la recuperación de datos ante un desastre.

El uso de conexiones remotas seguras es indispensable para aquellos trabajadores que mantienen su actividad laboral durante el periodo estival. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad recuerdan que “durante las vacaciones de verano se visitan aeropuertos, hoteles, etc. En casi todos estos lugares existe la posibilidad de conectarse a Internet a través de redes Wi-Fi públicas. Como no sabemos quién las gestiona, ni quién puede estar conectado, es preferible no conectarse a ellas. Antes de acceder a servicios online con usuario y contraseña, asegurarse de que la dirección empieza por ”https“, y mucho mejor emplear una ”VPN“.

Además, se debe ejercer un control estricto sobre los dispositivos móviles que se utilizan para fines laborales. Implementar políticas de cifrado, contraseñas robustas y la capacidad de borrado remoto es vital en caso de pérdida o robo. Limitar los accesos al personal estrictamente autorizado reduce significativamente el radio de impacto de una posible brecha. El principio de mínimo privilegio asegura que cada usuario solo acceda a lo que realmente necesita.

“La seguridad depende, sobre todo, de las personas”, afirma Jordi Alarcón, responsable de IT de Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos: “Nos relajamos, asumimos la carga de compañeros de vacaciones o seguimos revisando el correo corporativo desde el móvil, sin estar tan alerta, lo que facilita que acabemos haciendo clic en enlaces maliciosos. Por eso, si vas a teletrabajar desde un entorno no habitual, evita conectarte a wifis abiertas y mantén el Bluetooth o el AirDrop desactivados. Y, si eres responsable de ciberseguridad, aprovecha para revisar el protocolo de copias de seguridad y activar protocolos de ciberresiliencia.”

Cómo reaccionar

La formación del personal, incluyendo a los sustitutos temporales, constituye una de las mejores inversiones en materia de seguridad informática. Es crucial que los nuevos empleados conozcan los protocolos de la empresa y sepan identificar los ataques más comunes. No descargar aplicaciones de origen dudoso ni archivos adjuntos sospechosos son pautas básicas que deben reforzarse constantemente. La curiosidad por ofertas vacacionales o guías de viaje en formato PDF puede esconder virus informáticos altamente peligrosos. Además, se recomienda moderar la información que los empleados publican en sus perfiles personales de redes sociales. Compartir la ubicación en tiempo real o las fechas exactas del viaje puede dar pistas valiosas a los atacantes.

Contar con un plan de respuesta ante incidentes bien definido permite actuar con rapidez si ocurre una intrusión accidental. Todos los miembros de la organización deben saber a quién contactar y qué pasos iniciales seguir de forma inmediata. La detección temprana de comportamientos anómalos en los equipos puede evitar un desastre de mayor impacto reputacional. Antes de cerrar por vacaciones, realizar una búsqueda proactiva de brechas de seguridad ayuda a blindar el entorno digital. Por eso, en verano la ciberseguridad sigue siendo una necesidad imperativa para la supervivencia empresarial. Proteger la infraestructura tecnológica significa salvaguardar la confianza de los clientes y la reputación de la marca. Los ciberdelincuentes no se toman vacaciones y su actividad se intensifica precisamente cuando detectan una menor vigilancia.

Los más de diez millones de pensionistas que cobran una prestación contributiva de la Seguridad Social volverán a recibir este mes el ingreso antes de la fecha oficial en la mayoría de las entidades bancarias. Como ocurre habitualmente, los bancos adelantan el abono de las pensiones a sus clientes para facilitar su liquidez y fidelizar a quienes tienen domiciliada la prestación.

En julio de 2026 el calendario presenta una particularidad: el día 25, fecha en la que muchas entidades acostumbran a realizar el ingreso, cae en sábado. Esta circunstancia provoca que algunas entidades adelanten el pago al jueves 23 o al viernes 24 de julio, mientras que otras mantienen el ingreso el propio día 25 o lo retrasan al lunes 27.

¿Cuál es la fecha oficial de pago de las pensiones?

La normativa de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan a mes vencido, entre el primer día hábil y, como máximo, el cuarto día natural del mes siguiente. En el caso de la nómina correspondiente a julio, la fecha oficial de pago se sitúa, por tanto, entre los primeros días hábiles de agosto.

Sin embargo, desde hace años la práctica totalidad de las entidades financieras opta por anticipar el ingreso varios días. Para ello utilizan recursos propios, ya que conocen con antelación el importe que recibirán de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que les permite poner el dinero a disposición de sus clientes antes de la fecha oficial.

Este adelanto se ha consolidado como un servicio habitual y es uno de los aspectos que muchos pensionistas tienen en cuenta a la hora de elegir banco.

Calendario previsto de cobro en cada banco

Aunque las fechas pueden sufrir ligeras modificaciones por razones operativas, este es el calendario orientativo que manejan las principales entidades para el ingreso de las pensiones correspondientes a julio de 2026:

Las entidades que tradicionalmente más adelantan el ingreso vuelven a ser Bankinter y Unicaja, mientras que otras mantienen el pago el día 24. BBVA, ING y Kutxabank prevén realizar el abono el sábado 25, y Abanca lo efectuaría el lunes 27 al coincidir el fin de semana con la fecha habitual de pago.

¿Por qué cada banco paga un día distinto?

La Seguridad Social no fija una fecha concreta para que los bancos ingresen anticipadamente las pensiones. Cada entidad decide cuándo adelanta el dinero a sus clientes dentro de su política comercial.

En algunos casos, el adelanto depende de la recepción de los ficheros de pago por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social; en otros, responde a criterios internos o a la operativa de los fines de semana y festivos. Por ese motivo es habitual que existan diferencias de uno o varios días entre entidades y que el calendario cambie cuando el día 25 coincide con un sábado o un domingo, como ocurre este mes.

¿Quiénes cobran este ingreso?

Las fechas afectan a todas las pensiones contributivas abonadas por la Seguridad Social mediante domiciliación bancaria. Entre ellas figuran las pensiones de jubilación, las de viudedad, las de incapacidad permanente, las de orfandad o las pensiones en favor de familiares.

En todos los casos, el ingreso se realiza automáticamente en la cuenta donde el beneficiario tenga domiciliada la prestación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Qué ocurre si el dinero no aparece en la cuenta?

Aunque los bancos suelen cumplir con las fechas anunciadas, pueden producirse pequeños retrasos por incidencias técnicas o por la operativa interna de cada entidad.

Si llegada la fecha prevista el pensionista no ha recibido el ingreso, lo recomendable es comprobar primero el movimiento de la cuenta a lo largo del día, ya que algunas entidades realizan los abonos en diferentes franjas horarias. Si el dinero sigue sin aparecer, conviene contactar con el banco para confirmar que no existe ninguna incidencia antes de dirigirse a la Seguridad Social. En la inmensa mayoría de los casos, los retrasos responden a cuestiones operativas y quedan resueltos en pocas horas.

Un calendario que ya es habitual

El adelanto del pago de las pensiones comenzó a generalizarse durante los primeros meses de la pandemia y, desde entonces, se ha convertido en una práctica habitual del sistema financiero español.

Lo que en un principio fue una medida excepcional para garantizar liquidez a los pensionistas terminó consolidándose como un servicio permanente. Hoy prácticamente todas las grandes entidades adelantan el cobro respecto a la fecha oficial, aunque cada una mantiene su propio calendario.

Por ello, salvo cambios de última hora comunicados por los bancos, los pensionistas podrán empezar a recibir la nómina de julio desde el 23 de julio, mientras que la mayoría habrá cobrado antes de finalizar el día 25, pese a que la fecha oficial de abono por parte de la Seguridad Social se produzca ya en los primeros días de agosto.

Solicitar el subsidio por desempleo podría dejar de ser sinónimo de citas imposibles, llamadas eternas o papeleo interminable en las oficinas públicas. Desde esta semana, entran en vigor nuevos métodos de identificación oficial que prometen agilizar los trámites de manera definitiva: si necesitas solicitar tu ayuda o prestación por desempleo, solo necesitas tu móvil, una nueva vía de acceso con las que podrás realizar todo el proceso de forma cómoda y con total validez legal.

La Administración se moderniza así para ponerlo más fácil, permitiendo verificar la identidad de forma rápida, segura y sin moverte de casa, ya sea a través de una pantalla o con una llamada de teléfono. Este gesto de modernización no es una decisión casual, sino un paso regulado por ley que da cobertura jurídica a lo que muchos usuarios llevaban tiempo reclamando.

El marco legal de este cambio se recoge en la Resolución de 2 de junio de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de julio de 2026, y cuya entrada en vigor se produce al día siguiente de su publicación. Esta norma se apoya además en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la cual consagra el derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con la Administración.

Sin embargo, esta nueva resolución va un paso más allá al regular específicamente la habilitación de trámites y actuaciones a través de los canales telefónicos y telemáticos, dándoles exactamente la misma validez y los mismos efectos jurídicos que si te presentaras físicamente en una oficina de empleo. Según detalla el propio texto del BOE, los pilares y objetivos de esta reforma son muy claros:

Con esta cobertura normativa, el SEPE no solo actualiza sus herramientas digitales (cuya sede electrónica nació en 2011), sino que abre la puerta una relación más directa, flexible y segura, adaptando la gestión de las prestaciones por desempleo a las tecnologías y necesidades de nuestro tiempo.

La evolución digital del SEPE: las dos nuevas formas de identificarte

El SEPE ya contaba en su sede electrónica con herramientas muy útiles que se pueden gestionar directamente desde el móvil. Hasta ahora, era habitual utilizar el portal para usar su simulador virtual (con el que calcular la cuantía de la prestación que te corresponde), sellar el paro o incluso descargar el certificado del IRPF para la declaración de la Renta.

Sin embargo, el gran cuello de botella siempre surgía a la hora de formalizar una solicitud oficial de subsidio, un trámite que obligaba a disponer de un certificado digital avanzado, usar el DNI electrónico o, en su defecto, conseguir una cita presencial para firmar a mano en la oficina. Con la nueva resolución de 2026, el SEPE amplía el catálogo de gestiones no presenciales para que puedas resolver prácticamente todo el proceso desde casa y sin necesidad de ser un experto en informática.

A las vías de acceso tradicionales (el certificado digital, el DNIe y el sistema Cl@ve), el SEPE incorpora dos nuevos métodos de verificación muy sencillos para que cualquier persona pueda identificarse rápidamente por teléfono o internet:

Adiós al papel: así se firma la solicitud desde casa

El verdadero salto de gigante de esta reforma es la validación legal de la “firma a distancia”. Ya no tendrás que acudir a una oficina a plasmar tu firma manuscrita; ahora el consentimiento se expresa y se registra de manera digital mediante dos canales diferenciados:

Para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano y evitar cualquier intento de suplantación de identidad, todo el proceso telefónico quedará registrado mediante grabación de voz o una diligencia formal, incorporándose al expediente de forma que se garantice la trazabilidad y la validez legal del trámite.

¿Qué gestiones se pueden hacer con este sistema?

Este modelo simplificado de identificación y firma se aplica a todo el ecosistema de protección por desempleo. Esto incluye trámites clave como:

Dado que la implantación de estas facilidades será progresiva, el SEPE irá actualizando de forma continua el listado de trámites específicos que admiten estas nuevas vías de firma directamente en su Sede Electrónica.

Esta reforma supone una excelente noticia para quienes residen en zonas rurales alejadas de las oficinas de empleo, personas mayores con dificultades de desplazamiento o cualquier trabajador que no disponga de tiempo para acudir presencialmente.

Sin embargo, para que todo funcione como un reloj, hay un requisito indispensable: debes asegurarte de que el SEPE tenga actualizados tu número de teléfono móvil y tu dirección de correo electrónico actuales. Si estos datos no coinciden con los que conservan en su base de datos, no podrás recibir los códigos de verificación indispensables para firmar tus solicitudes y se bloqueará el trámite a distancia.

La Agencia Tributaria ha efectuado un cambio en el sistema de corrección de errores fiscales que afecta directamente a autónomos y pequeñas empresas. Con la entrada en vigor de la nueva autoliquidación rectificativa, Hacienda busca simplificar un trámite que históricamente resultaba lento y farragoso para los contribuyentes. Este cambio normativo se introdujo inicialmente mediante la Ley 13/2023 y ha culminado con la aprobación de los nuevos modelos de declaración. A partir de ahora, cualquier fallo detectado en la presentación del Impuesto sobre Sociedades deberá gestionarse bajo este mecanismo único y estandarizado.

Se trata de una medida que pretende reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el tejido empresarial. De esta forma, se inicia una etapa de modernización administrativa que obliga a los negocios a modificar sus rutinas de gestión. Los obligados tributarios deben estar atentos a estas novedades para evitar errores en las próximas liquidaciones fiscales. Durante décadas, el procedimiento para subsanar un error dependía de si el fallo perjudicaba a la empresa o a las arcas públicas. Si el negocio dejaba de ingresar dinero, debía presentar una complementaria, mientras que si pagaba de más, solicitaba una rectificación.

Esta dualidad administrativa obligaba a realizar una evaluación previa antes de poder comunicar cualquier tipo de modificación. Sin embargo, la nueva autoliquidación rectificativa unifica ambos trámites en un solo paso, eliminando la estrategia previa condicionada por el resultado. Hacienda ha decidido que todos los escenarios se solucionen exactamente igual, independientemente de quién resulte finalmente perjudicado por el error. Ya sea por olvidar un gasto deducible o por omitir un ingreso, la vía de actuación será ahora siempre la misma. Este cambio elimina una distinción con la que el tejido empresarial llevaba conviviendo prácticamente toda su vida laboral.

El despliegue de esta figura tributaria no se limita únicamente al Impuesto sobre Sociedades, sino que se ha extendido gradualmente a otras figuras impositivas. El proceso comenzó con el IVA a finales de 2024 y continuó con su implementación en la reciente campaña del IRPF de 2024. En el ámbito societario, la Orden HAC/657/2025 aprobó los modelos 200 y 220, adaptando el primero específicamente para este fin. Es fundamental destacar que esta herramienta se aplica a los períodos impositivos iniciados durante el ejercicio fiscal del año 2024. Las entidades que tributan en el régimen de consolidación fiscal también deben tener en cuenta estas importantes modificaciones normativas.

Aunque el modelo 220 mantiene ciertas casillas tradicionales, las entidades dependientes deben usar el modelo 200 para sus rectificaciones. La normativa propia de cada tributo es la que marca el momento exacto en el que esta vía resulta obligatoria. El Real Decreto 117/2024 fue el encargado de desarrollar reglamentariamente la aplicación de este sistema en cinco impuestos diferentes.

Para utilizar de manera efectiva este nuevo sistema, el contribuyente debe realizar una anotación expresa en el modelo de declaración. Concretamente, en la primera página del modelo 200 se han habilitado casillas específicas para dejar constancia de la rectificación. Resulta imprescindible consignar el número de justificante de la autoliquidación anterior que se pretende corregir o completar en ese momento. Además, el declarante tiene la obligación de indicar de forma clara cuál es el motivo que justifica la presentación de la nueva. Se distinguen principalmente dos causas: las rectificaciones generales y las derivadas de una discrepancia de criterio administrativo.

En el caso de discrepancia, se ha habilitado una casilla especial para detallar el importe de la corrección correspondiente. Es importante notar que el formulario actual no permite adjuntar documentación adicional o alegaciones extensas de forma directa. La autoliquidación rectificativa debe contener tanto los datos que se mantienen como los que son objeto de nueva inclusión.

La principal ventaja que defiende la Agencia Tributaria con este cambio es la agilidad en la tramitación de las posibles devoluciones. Antes, la solicitud de rectificación se gestionaba como un recurso, lo que implicaba plazos de resolución mucho más dilatados. Ahora, al ser el propio contribuyente quien realiza la corrección, el proceso se vuelve mucho más directo para ambas partes. Esta inmediatez beneficia especialmente a las pymes que necesitan recuperar saldos a su favor de forma rápida y sencilla. Hacienda argumenta que este mecanismo evita procedimientos farragosos y reduce la burocracia innecesaria en la gestión de los impuestos. La simplificación técnica permite que un descuido contable no se convierta en un problema administrativo de larga duración. Al unificar los criterios, se dota de una mayor seguridad jurídica al obligado tributario en su relación con la administración.

En definitiva, el objetivo es que la corrección de errores sea un trámite ordinario y no un proceso excepcional. A pesar de la generalidad del nuevo sistema, la normativa contempla una excepción muy específica para ciertos supuestos de rectificación. Las empresas podrán seguir utilizando el método tradicional de solicitud de rectificación en casos de discrepancia jurídica de rango superior. Esto ocurre cuando se alega una vulneración de la Constitución, del Derecho de la Unión Europea o de tratados internacionales. En estos escenarios de batalla legal, la pyme tiene la libertad de elegir entre el sistema nuevo o el antiguo.

Menos tiempos de espera

No obstante, esta flexibilidad desaparece si el motivo de la rectificación se mezcla con un error contable o material. Si existen fallos comunes junto a la discrepancia jurídica, Hacienda obliga a tramitar todo mediante la autoliquidación rectificativa. Por tanto, sigue siendo vital identificar correctamente el origen del error antes de iniciar cualquier tipo de trámite. Esta salvedad protege el derecho del contribuyente a discutir la interpretación de la norma en instancias superiores de justicia.

El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la capacidad de los negocios para adoptar las nuevas rutinas. Hacienda confía en que la reducción de los tiempos de espera mejore la satisfacción general de los obligados tributarios. Aunque el cambio puede generar dudas iniciales, la simplificación del procedimiento es una noticia positiva para la mayoría de autónomos. El sistema tributario avanza hacia una mayor transparencia y agilidad, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial dinámico. En conclusión, la rectificativa llega para quedarse como la vía preferente de comunicación de fallos ante la Agencia Tributaria.

Afrontar la jubilación con una mayor tranquilidad económica es el objetivo de cualquier trabajador que finaliza su etapa laboral. Sin embargo, lo que muchos futuros pensionistas desconocen es que haber tenido hijos a lo largo de su vida laboral puede traducirse en un ingreso extra mensual en su cuenta bancaria.

La Seguridad Social ofrece mecanismos específicos para premiar la aportación demográfica y compensar el perjuicio laboral que a menudo supone el cuidado de los hijos, permitiendo elevar notablemente la cuantía final de la prestación.

A pesar de ser un derecho consolidado, la normativa que regula estas ayudas genera en ocasiones un mar de dudas debido a los cambios legislativos recientes y a los requisitos específicos de acceso. No todos los complementos son iguales, ni se aplican de la misma forma para todo el mundo.

El Complemento para la Reducción de la Brecha de Género

Este beneficio económico llegó para sustituir al antiguo complemento por maternidad por aportación demográfica. Su objetivo principal es reparar el perjuicio que han sufrido la mayoría de las mujeres a lo largo de su carrera profesional por haber asumido de forma principal el cuidado de los hijos, un parón laboral que a la larga merma la cuantía de sus pensiones. Por este motivo, en su origen la ley exigía requisitos diferentes a hombres y mujeres.

Sin embargo, el escenario legal ha cambiado por completo tras una importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) del 15 de mayo de 2025. La justicia europea determinó que la ley española discriminaba al progenitor varón, por lo que dictaminó que este complemento debe aplicarse a los hombres exactamente en los mismos términos previstos para las mujeres. En la práctica, esto significa que a los padres ya no se les exige cumplir con requisitos adicionales de cotización ni demostrar lagunas laborales particulares; si han tenido hijos y causan una pensión, tienen las mismas facilidades de acceso.

Los beneficiarios directos son todas aquellas mujeres y hombres con uno o más hijos que accedan a una pensión contributiva de jubilación ordinaria o anticipada (quedando fuera únicamente la jubilación parcial), de incapacidad permanente o de viudedad, siempre que dicha pensión se haya originado a partir del 4 de febrero de 2021. No obstante, la ley estipula que cada hijo da derecho a un solo complemento, por lo que es incompatible que lo cobren ambos progenitores a la vez.

En el caso de que los dos lo soliciten, el derecho se le concederá automáticamente a aquel que tenga la suma de pensiones públicas de menor cuantía. Asimismo, existen causas de exclusión muy estrictas: no se reconocerá este dinero a quienes hayan sido privados de la patria potestad o cuenten con condenas por violencia de género o violencia ejercida contra sus propios hijos. Para conocer cómo funciona su cuantía, sus efectos económicos y los canales de tramitación, es útil resumir sus condiciones clave:

Por último, es fundamental aclarar qué ocurre con quienes ya percibían el antiguo complemento por maternidad antes del 4 de febrero de 2021. La legislación garantiza que estas personas mantendrán el cobro de dicha ayuda de forma transitoria. No obstante, ambos incentivos son completamente incompatibles entre sí, por lo que si el interesado causa una nueva pensión pública con derecho al complemento de brecha de género, deberá optar por uno de los dos. Además, si el otro progenitor solicita ahora el nuevo complemento y le corresponde por tener una cuantía de pensión inferior, el importe que se le reconozca a este último se deducirá directamente del antiguo complemento de maternidad que venía cobrando el primero.

Beneficios de cotización por cuidado de hijos o menores

Existe otra ventaja fundamental para los padres y madres que a menudo pasa desapercibida, pero que resulta de gran utilidad para mejorar la pensión. Está regulada en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. A diferencia del complemento de brecha de género, este mecanismo no añade un dinero extra directo a la mensualidad, sino que actúa sumando días de cotización ficticios a la vida laboral del trabajador para cubrir aquellos periodos en los que tuvo que dejar de trabajar o buscar empleo para dedicarse a la crianza de sus hijos.

Este beneficio reconoce como periodo cotizado a todos los efectos, con la única excepción de servir para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido por ley (cómputo de carencia), el tiempo en el que se haya interrumpido la cotización tras la extinción de un contrato de trabajo o tras finalizar el cobro de las prestaciones por desempleo.

Para poder acogerse a esta medida, es requisito indispensable que dicho parón laboral o el fin del paro hayan ocurrido en un momento muy concreto: entre los nueve meses anteriores al nacimiento del hijo (o los tres meses anteriores en caso de adopción o acogimiento permanente) y la finalización del sexto año posterior a esa situación. Para comprender los límites, la duración y la aplicación práctica de estos días de cotización regalados por la Seguridad Social, se deben tener en cuenta las siguientes reglas esenciales:

Días de cotización por parto

El tercer gran mecanismo que ofrece la normativa, y que suele confundirse a menudo con la bonificación por cuidado de menores, es el reconocimiento de días cotizados por parto. Este derecho viene regulado en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y consiste en una cotización asimilada que el Estado otorga para compensar el impacto laboral e inmediato del alumbramiento. Al tratarse de un beneficio ligado estrictamente a la situación biológica del nacimiento, se concede única y exclusivamente a las mujeres y se aplica de cara a las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente.

La gran ventaja de esta medida es que influye directamente en el bolsillo de la futura pensionista por una doble vía. Por un lado, a diferencia de los días por cuidado de hijos, estos periodos por parto sí computan para alcanzar el mínimo de 15 años exigidos para poder jubilarse. Por el otro, sirven para engrosar el número total de años cotizados en tu expediente. Cuantos más años acumulados presentes a la Seguridad Social, mayor será el porcentaje que se aplicará a tu base reguladora y, por lo tanto, más alta será la cuantía de tu pensión mensual.

La campaña de la Renta 2025 ha terminado oficialmente este pasado 30 de junio, dejando a miles de contribuyentes en una situación de irregularidad fiscal. A partir de ahora, cualquier presentación se considera fuera de plazo y activa automáticamente el régimen sancionador de la Agencia Tributaria. Hacienda dispone de diversos mecanismos para penalizar este retraso, que van desde recargos porcentuales hasta multas fijas, dependiendo de cada caso. El impacto económico varía sustancialmente según si el resultado de la autoliquidación es a ingresar o a devolver. Es fundamental entender que el tiempo es ahora el peor enemigo del ciudadano rezagado.

La Administración distingue entre quienes actúan por voluntad propia y quienes esperan un requerimiento oficial. Por ello, conocer las consecuencias financieras es el primer paso para minimizar el daño al bolsillo. No cumplir con esta obligación tributaria puede acarrear costes imprevistos que superan con creces la deuda original. La normativa española establece una diferencia clave entre la regularización voluntaria y la que se produce tras un requerimiento administrativo. Si decides presentar la declaración ahora sin haber recibido una notificación previa, las consecuencias serán notablemente más leves. En este escenario de buena fe, se aplican recargos por extemporaneidad que sustituyen a las sanciones más graves. 

Sin embargo, si es Hacienda quien detecta la omisión y envía una carta al respecto, se abre un proceso sancionador. En tales circunstancias, las multas dejan de ser pequeños porcentajes para convertirse en castigos financieros de gran calado. La rapidez en la respuesta del contribuyente es determinante para evitar que el expediente escale a mayores. Un simple descuido puede transformarse en una pesadilla fiscal si se decide esperar a que el fisco actúe. Por lo tanto, la mejor estrategia actual es realizar el trámite de forma inmediata tras el vencimiento.

Para las declaraciones con resultado a ingresar, se aplica un sistema de recargos mensuales que incentiva la presentación voluntaria de los ciudadanos. El recargo inicial es de tan solo un 1% si el trámite se completa durante el presente mes de julio. A esta cifra se le añade un 1% adicional por cada mes completo de retraso acumulado. De este modo, si la presentación se demora hasta agosto, la penalización sube al 2%, y en septiembre será del 3%. Este mecanismo busca que el contribuyente no dilate su deuda con el erario de manera indefinida. Aunque es una carga extra, resulta menos costosa que las sanciones derivadas de una infracción tributaria formal. El cálculo se efectúa sobre la base de la cantidad que el ciudadano debía haber ingresado inicialmente. Debes tener en cuenta que estos importes pagados por demora no son deducibles en futuros ejercicios fiscales.

Si el retraso supera los doce meses, la presión financiera sobre el contribuyente aumenta significativamente de forma inmediata y automática. En este punto, el recargo fijo se eleva hasta el 15% del total de la deuda que estaba pendiente de pago. Además, una vez sobrepasado el año de demora, comienzan a aplicarse los intereses de demora correspondientes por ley. Actualmente, este interés legal se sitúa en el 4,0625% anual, encareciendo el pago de forma progresiva. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de prescripción de cuatro años para reclamar estos cobros. Esto implica que el riesgo de ser detectado y sancionado persiste durante un periodo de tiempo muy prolongado. 

El escenario más peligroso ocurre cuando Hacienda envía el requerimiento oficial o la denominada “carta del miedo” al domicilio. Si la Administración detecta el incumplimiento antes que el ciudadano, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150%. La cuantía final dependerá de la gravedad de la falta y de si existe ocultación de datos relevantes. Si la deuda no supera los 3.000 euros y no hay dolo, la infracción se suele calificar como leve. Sin embargo, el uso de métodos fraudulentos dispara la sanción al rango de muy grave con costes máximos. Es posible reducir la multa un 30% si se acepta la sanción sin presentar alegaciones posteriores. También se puede obtener un descuento adicional del 40% por el pronto pago de la deuda notificada. Sin una reacción rápida, la factura final con el fisco puede llegar a triplicar la cantidad inicial.

Existe la creencia errónea de que, si la declaración sale a devolver, no existen multas por el retraso. No obstante, la obligación de declarar existe independientemente del resultado final de la autoliquidación presentada. Si el contribuyente presenta voluntariamente el trámite fuera de plazo, la multa fija es de 100 euros. Si media un requerimiento oficial por parte de Hacienda, esta sanción obligatoria asciende hasta los 200 euros. Este castigo se impone por el mero incumplimiento del deber administrativo de informar en el periodo establecido. En caso de que Hacienda deba devolver dinero, restará automáticamente la multa de dicho importe total. Así, incluso los ciudadanos con derecho a devolución pueden ver mermados sus ingresos por no ser puntuales. 

Diferentes penalizaciones

Muchos optan por el fraccionamiento de pago en dos plazos para aliviar la carga económica del impuesto. El primer pago del 60% se cobra el 1 de julio, mientras que el 40% restante se pospone hasta noviembre. Si no se dispone de fondos en la cuenta para el segundo pago, se activan recargos ejecutivos. Si el ingreso se hace voluntariamente antes del requerimiento, el recargo es del 5% sobre lo pendiente. Si Hacienda debe enviar una notificación para reclamar el pago, la penalización sube al 10% del total. En situaciones de impago persistente tras el requerimiento, el recargo de apremio puede alcanzar el 20%. A estas cifras se sumarán nuevamente los intereses de demora del 4,0625% sobre la cantidad no satisfecha. Mantener la vigilancia sobre los saldos bancarios en las fechas de cobro es crucial para evitar estos recargos. El sistema automatizado de cobros no admite demoras sin aplicar las penalizaciones legales.

Consultoras expertas en fiscalidad como Esofitec consideran que “antes de asumir que un error en la renta es irreversible, conviene revisar si aún se está a tiempo de una rectificativa”, asegura Óscar Mateo, T&A Business Unit Manager de Esofitec, quien considera que, “en muchos casos, lo que el contribuyente cree perdido en realidad se puede recuperar con la Agencia Tributaria”.

En definitiva, el fin de la campaña de la Renta 2025 marca el inicio de un período de riesgos financieros. Actuar con celeridad es la única herramienta eficaz para evitar que las penalizaciones escalen sin control. El apoyo de expertos o plataformas especializadas puede simplificar enormemente este trámite fuera de plazo. La Agencia Tributaria dispone de sistemas para localizar a los no declarantes en los próximos cuatro años. No presentar el documento a tiempo resulta siempre más caro que afrontar la cuota en el periodo voluntario. Los contribuyentes deben recordar que el coste de la demora crece cada mes que pasa sin regularizar.

El cobro de la prestación por desempleo volverá a tener como referencia el día 10 en julio de 2026. Esa es la fecha que establece el Servicio Público de Empleo Estatal para abonar estas ayudas cada mes, salvo cuando coincide con un festivo, en cuyo caso el ingreso se traslada al siguiente día hábil. En esta ocasión, el 10 de julio cae en viernes, por lo que el calendario oficial no prevé cambios ni ajustes en el pago.

Ahora bien, que el SEPE marque una fecha concreta no implica que todos los beneficiarios reciban el dinero al mismo tiempo. La prestación se canaliza a través de la entidad bancaria que cada persona tiene registrada, y cada banco aplica sus propios tiempos de gestión. Esto explica que algunos clientes puedan disponer del importe antes del día 10, mientras que otros lo vean reflejado ese mismo día o incluso en jornadas posteriores.

El abono de julio corresponde a la prestación generada durante el mes de junio, ya que el paro se paga a mes vencido. Para cobrar con normalidad, es necesario que la ayuda esté reconocida, que no existan suspensiones activas y que los datos bancarios estén correctamente actualizados. Además, la persona beneficiaria debe haber cumplido con sus obligaciones, como renovar la demanda de empleo dentro del plazo establecido.

Cuándo ingresan los bancos el paro de junio en julio

La fecha oficial de referencia para el pago de las prestaciones en julio de 2026 será el viernes 10. A partir de ahí, las entidades pueden reflejar el ingreso en momentos distintos, en función de su propia operativa. Las fechas disponibles deben entenderse como referencias bancarias, no como un calendario oficial único para todos los perceptores.

En el Banco Santander se producirá los primeros días hábiles del mes. La entidad señala que, en los últimos pagos, el ingreso vinculado al SEPE suele recibirse entre el segundo y el tercer día laborable. Con el calendario de julio de 2026, esa referencia situaría el abono en torno al jueves 2 o viernes 3 de julio, con fecha de operación y valor al día siguiente.

CaixaBank fija como referencia el viernes 10 de julio, coincidiendo con el día oficial de pago del SEPE. En este caso, el ingreso se ajustaría al calendario general previsto para las prestaciones por desempleo, aunque la hora concreta en la que aparezca disponible puede variar según la actualización de la cuenta. Unicaja, por su parte, sitúa normalmente el abono de la prestación el día 9 de cada mes. Si mantiene esa operativa en julio de 2026, sus clientes podrían recibir el dinero el jueves 9 de julio, un día antes de la fecha general marcada por el SEPE.

Cómo influyen los bancos en la fecha de ingreso del paro

Cobrar el paro unos días antes o después no depende solo del SEPE. Aunque este organismo fija la fecha oficial y ordena el pago, son los bancos quienes determinan cuándo el dinero se refleja realmente en la cuenta. Por eso no todos los beneficiarios lo reciben el mismo día.

Algunas entidades optan por adelantar el ingreso. Lo hacen basándose en la información previa que reciben sobre los pagos, lo que permite a ciertos clientes disponer del dinero antes del día 10. Este adelanto no afecta ni al derecho a la prestación ni a la cantidad, solo al momento en que el dinero está disponible.

Otros bancos, en cambio, prefieren ceñirse al calendario habitual. En estos casos, el ingreso suele verse en torno al día 10 o en el siguiente día hábil si coincide con festivos o fines de semana. No se trata de un retraso, sino de la operativa interna de cada entidad. Además, hay factores técnicos que también influyen: horarios de cierre, procesamiento de transferencias o actualización de saldos. Estos detalles pueden hacer que el dinero aparezca a distintas horas, incluso dentro del mismo día. Por eso, que no esté a primera hora no implica necesariamente un problema.

Qué hacer si no aparece el ingreso

Si el dinero no se ha abonado en la fecha prevista, lo primero es revisar los movimientos de la cuenta a lo largo del día, ya que en muchos casos el ingreso se actualiza más tarde. Si pasan los días habituales y sigue sin aparecer, conviene consultar el estado de la prestación en los canales del SEPE. Así se puede comprobar si el pago está aprobado, si hay alguna suspensión o si existe un problema con los datos bancarios.

También pueden producirse retrasos si se ha cambiado recientemente la cuenta, si el expediente está en revisión o si no se ha renovado la demanda de empleo a tiempo. En estas situaciones, el banco no puede resolver la incidencia, ya que depende de la gestión administrativa. En definitiva, es importante diferenciar entre un desfase en la operativa del banco y un problema con la prestación. En julio de 2026, la fecha oficial de referencia será el viernes 10, pero el día exacto en que el dinero esté disponible variará según la entidad y el estado del expediente.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colocarse entre las prestaciones que más dudas generan a final de mes, sobre todo entre quienes dependen de esta ayuda para cuadrar el alquiler, los recibos o los gastos del día a día. Aunque la Seguridad Social fija una fecha concreta para el pago, el dinero no se ingresa en todas las cuentas a la vez, ya que el momento exacto depende del funcionamiento interno de cada banco.

En el caso del IMV de julio de 2026, el calendario oficial sitúa los pagos entre el primer y el cuarto día hábil del mes. Aun así, como viene siendo habitual, algunas entidades deciden adelantar el ingreso a los últimos días del mes, de forma que sus clientes puedan contar antes con ese dinero. Este adelanto no implica un pago extra ni altera la cuantía de la prestación, sino que simplemente anticipa el acceso a un importe ya reconocido.

Por ello, conviene distinguir entre la fecha oficial que marca la Administración y el día en que cada entidad realiza el abono en cuenta. Esta diferencia explica que no todos los beneficiarios cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de la misma mensualidad, y hace que el calendario de cada banco sea una referencia útil para quienes organizan su economía doméstica en función de esta ayuda.

Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital y quién puede recibirlo

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica dirigida a personas o unidades de convivencia con ingresos limitados. Su objetivo es garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La cuantía no es fija, ya que se adapta a las circunstancias económicas y familiares de cada caso.

Puede solicitarlo tanto una persona que vive sola como un hogar con varios miembros. Para acceder, es necesario cumplir requisitos relacionados con los ingresos, el patrimonio, la composición familiar y la residencia en España. Entre las condiciones generales se incluye haber residido legalmente en el país durante al menos un año, salvo excepciones previstas en la normativa.

El importe se calcula en función de la diferencia entre los ingresos del hogar y la renta garantizada que le corresponde. Además, el sistema contempla situaciones específicas —como la presencia de menores, familias monoparentales o personas con discapacidad— que pueden dar lugar a complementos. La ayuda se mantiene mientras se sigan cumpliendo los requisitos, por lo que es obligatorio comunicar cualquier cambio relevante.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

La mensualidad correspondiente a julio de 2026 se abona, por norma general, en los primeros días hábiles de agosto. La Seguridad Social fija el pago entre el primer y el cuarto día hábil del mes, aunque muchas entidades bancarias optan por adelantarlo, permitiendo así que sus clientes tengan acceso al dinero antes de ese plazo.

En cuanto a las fechas previstas, el Banco Santander situaría el abono en la noche del 23 de julio, con fecha de operación y valor del día 24. CaixaBank tomaría como referencia el viernes 24 de julio, mientras que en BBVA el ingreso se produciría el día 25. Por su parte, Unicaja suele efectuar el pago el último día hábil del mes, que en julio de 2026 cae en viernes 31.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

El primer pago del Ingreso Mínimo Vital puede seguir un calendario distinto al de las mensualidades ordinarias. Las personas que acceden por primera vez a la prestación no siempre cobran en las mismas fechas que quienes ya la tienen reconocida desde meses anteriores. El momento del primer ingreso depende de cuándo se aprueba la solicitud y de cuándo entra esa resolución en el circuito de pagos.

Cuando la concesión llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que la primera transferencia se realice en el periodo siguiente. Si la aprobación se produce cuando el mes ya está avanzado, el abono inicial puede demorarse por razones administrativas. Esa demora no implica por sí misma que se pierdan las cantidades reconocidas, ya que el primer pago puede incluir importes acumulados desde la fecha en la que la prestación genera efectos económicos.

Por este motivo, quienes reciben una resolución favorable deben distinguir entre la fecha en la que se reconoce el derecho y el día en que el dinero aparece en la cuenta. La primera determina desde cuándo corresponde la ayuda; la segunda depende del proceso de pago y de la entidad financiera. Esa diferencia puede generar dudas, sobre todo en los expedientes nuevos, pero no significa necesariamente que exista una incidencia.

Una vez realizado el primer ingreso, si la prestación sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a efectuarse de forma mensual. A partir de ese momento, la persona beneficiaria entra en el calendario habitual: abono de la Seguridad Social en los primeros días hábiles del mes siguiente y posibles adelantos si el banco donde está domiciliado el IMV aplica esa práctica.

La campaña de la Renta 2025 llega a su fin este martes 30 de junio. Los contribuyentes obligados a presentar la declaración tienen hasta el cierre del día para completar el trámite dentro del plazo ordinario y evitar posibles consecuencias económicas por presentarla fuera de tiempo. A partir del día siguiente, seguirá siendo posible entregarla, pero ya se considerará fuera de plazo y la Agencia Tributaria podrá aplicar recargos, intereses o sanciones en función de cada situación concreta.

El importe que Hacienda puede reclamar no es igual en todos los casos. Depende, sobre todo, de si el resultado de la declaración es a pagar o a devolver, y de si el contribuyente regulariza su situación por iniciativa propia o lo hace tras recibir una notificación oficial. No presentar el IRPF dentro del calendario fijado puede implicar desde una multa fija hasta un porcentaje sobre la cantidad que se dejó de ingresar.

La clave está en el momento en el que se corrige el incumplimiento. Si la declaración se presenta fuera de plazo, pero antes de que Hacienda haga cualquier requerimiento, el impacto suele ser menor. En cambio, si es la Agencia Tributaria la que detecta la falta de presentación y envía una notificación, las sanciones pueden incrementarse de forma notable, especialmente cuando el resultado es a ingresar.

Las posibles sanciones por presentar la Renta fuera de plazo

Cuando la declaración sale a pagar y se entrega tarde de forma voluntaria, sin requerimiento previo, se aplica un recargo sobre la cantidad pendiente. Este recargo aumenta con el paso del tiempo. Durante los primeros meses, se calcula con un 1% por cada mes completo de retraso desde el fin de la campaña. Así, si se presenta en julio, el recargo será del 1% sobre la deuda; si se retrasa hasta septiembre, alcanzará el 3%.

Este sistema hace que aplazar el trámite encarezca progresivamente el importe final. Aunque finalmente se presente la declaración, la deuda puede aumentar si pasan los meses. Por eso, en cuanto se detecta el incumplimiento, regularizar la situación cuanto antes permite reducir el impacto económico y evitar que la cantidad siga creciendo.

El escenario cambia si ha pasado más de un año desde el final de la campaña. A partir de ese momento, el recargo sube al 15% y se añaden intereses de demora, que actualmente se sitúan en el 4,0625%. En estos casos, el importe final puede ser bastante más elevado que la deuda inicial, ya que no solo se aplica un recargo fijo, sino también intereses por el tiempo transcurrido.

La situación se complica si es Hacienda quien reclama la presentación mediante una comunicación oficial. Si el contribuyente estaba obligado a declarar, no lo hizo y el resultado es a pagar, la Agencia Tributaria puede exigir la deuda pendiente e iniciar un procedimiento sancionador. En estos supuestos, la multa puede partir del 50% de la cantidad no ingresada y llegar hasta el 150%, según las circunstancias.

Cuando la declaración sale a devolver o el resultado es cero, también puede haber penalización por incumplir el plazo. En estos casos no existe deuda con Hacienda, pero sí se ha incumplido la obligación formal de presentar la declaración en tiempo. Si se entrega de forma voluntaria antes de cualquier requerimiento, la sanción habitual es de 100 euros. Si es Hacienda quien exige la presentación, la multa puede ascender a 200 euros, aunque pueden aplicarse reducciones en determinados casos.

Qué son las cartas de requerimiento de Hacienda

Las cartas de requerimiento son las comunicaciones formales que la Agencia Tributaria envía a un contribuyente cuando necesita que presente una declaración, corrija una situación, aporte documentación o justifique determinados datos. Suelen estar vinculadas a posibles incidencias detectadas por la Administración al cruzar información o ante la ausencia de una declaración obligatoria.

No todas las comunicaciones tienen el mismo alcance. Hacienda también puede enviar avisos preventivos a contribuyentes que ya han presentado su declaración, pero han modificado datos respecto a la información fiscal disponible. En estos casos, el objetivo es que se revise si la declaración es correcta o si conviene presentar una complementaria.

Este tipo de avisos busca facilitar la corrección voluntaria de errores u omisiones antes de que sea necesaria una regularización posterior. Si se considera que la declaración es correcta y se pueden justificar los datos, no es necesario modificarla. En cambio, si se detecta un error, existe la posibilidad de corregirlo antes de que el problema avance.

Un requerimiento formal tiene más consecuencias. Cuando Hacienda solicita documentación o exige una actuación concreta, es necesario responder en el plazo indicado. Ignorar la notificación puede complicar el proceso y aumentar el riesgo de sanciones. Además, una vez recibido el requerimiento, la regularización ya no se considera espontánea. Por ello, presentar la declaración dentro de plazo permite evitar recargos, reduce el riesgo de sanciones y cierra el trámite dentro del calendario previsto.

El Tesoro Público español se prepara para afrontar un mes de julio cargado de actividad financiera con el objetivo de captar liquidez en los mercados. Tras cerrar las operaciones de junio, el organismo ya ha fijado en su calendario las fechas clave para la emisión de nuevos valores de deuda pública a corto plazo. En este contexto, los inversores particulares y grandes instituciones centran su mirada en las próximas subastas que tendrán lugar durante las dos primeras semanas del mes estival. Estas emisiones son especialmente seguidas por quienes buscan refugio en activos de bajo riesgo ante la volatilidad económica actual. 

El organismo emisor mantiene una transparencia absoluta en su planificación anual, permitiendo que los ciudadanos conozcan con antelación los días exactos de las operaciones. De hecho, ya se ha iniciado la cuenta atrás para que los interesados preparen sus peticiones de suscripción. La popularidad de estos instrumentos no ha dejado de crecer debido a la atractiva rentabilidad que vienen ofreciendo en los últimos tiempos. Es un momento crucial para aquellos que desean rentabilizar sus ahorros con la máxima seguridad que ofrece el Estado español.

La primera de las grandes citas en el calendario de julio está programada para el día 7, momento en que se subastarán dos tipos de valores. Se trata de las letras a seis y doce meses, que representan una de las opciones favoritas para el ahorro con vencimiento a medio plazo. Para participar en esta puja, el Tesoro establece fechas límite muy estrictas que los ahorradores deben tener presentes para no quedar fuera. En el caso de realizar la solicitud de forma telemática, el plazo máximo para presentar las peticiones online expira el 3 de julio. Quienes prefieran acudir de manera presencial a las sucursales del Banco de España tienen un margen similar, requiriendo siempre una cita previa. 

El valor nominal mínimo para entrar en esta subasta se mantiene en los 1.000 euros, permitiendo así el acceso a pequeños ahorradores. Es fundamental recordar que estas inversiones se realizan en tramos múltiplos de dicha cantidad, asegurando una estructura de deuda organizada. Estas letras a seis y doce meses suelen atraer el mayor volumen de capital en las subastas del Estado. Exactamente una semana después, el 14 de julio, el Tesoro Público volverá a abrir sus puertas para subastar los otros dos tipos de letras. En esta ocasión, el protagonismo recaerá sobre los títulos con vencimientos más breves e intermedios, concretamente las letras a tres y nueve meses. Esta segunda vuelta mensual completa el cuarteto de instrumentos de deuda a corto plazo que el Estado pone a disposición de los ciudadanos. 

Para esta subasta específica, los inversores disponen de un margen adicional, pudiendo presentar sus peticiones online hasta el día 10 de julio inclusive. Al igual que en la emisión anterior, el proceso garantiza que tanto minoristas como grandes fondos puedan competir en igualdad de condiciones técnicas. Las letras a tres meses son valoradas por su extrema liquidez, mientras que las de nueve meses ofrecen un equilibrio temporal muy demandado. El calendario oficial muestra que la emisión efectiva de estos títulos se producirá el 17 de julio, cerrando el ciclo. Resulta vital para el inversor coordinar sus fondos, ya que el pago de las adjudicaciones debe realizarse en las fechas señaladas.

El funcionamiento técnico de estos valores del Estado se basa en un sistema de emisión al descuento que resulta muy sencillo de comprender. A diferencia de otros productos financieros, las letras del Tesoro no pagan un cupón periódico o intereses anuales de forma explícita. La rentabilidad real para el comprador se genera a través de la diferencia entre el precio de compra y el valor de reembolso. Esto significa que el inversor adquiere cada letra por un importe inferior a su valor nominal de 1.000 euros en el momento inicial. Al llegar la fecha de vencimiento o amortización de la deuda, el Estado abona la totalidad de los 1.000 euros al titular. 

Es decir, si por ejemplo se adquiere un título por 970 euros, la ganancia bruta al finalizar el periodo será de 30 euros por unidad. Este método permite conocer de antemano la rentabilidad mínima que se obtendrá, aportando una gran seguridad al plan de ahorro. Para el cálculo preciso de estos rendimientos se aplican fórmulas financieras estandarizadas que consideran los días exactos hasta el vencimiento. El mercado secundario también permite negociar estos valores antes de que se cumpla su plazo de vencimiento final.

Al participar en una subasta, el inversor tiene la posibilidad de elegir entre realizar una oferta de carácter competitivo o no competitivo. En las ofertas no competitivas, el interesado simplemente indica la cantidad de dinero que desea invertir sin especificar un precio concreto. Bajo esta modalidad, el suscriptor acepta el precio medio ponderado que resulte de la subasta una vez que se hayan resuelto todas las pujas. Por el contrario, en las ofertas competitivas se debe indicar tanto el montante económico como el precio que se está dispuesto a pagar. El Tesoro Público emplea el sistema holandés combinado con el método de subasta convencional para determinar las adjudicaciones finales. Este proceso implica que las ofertas se clasifican de mayor a menor precio, aceptando aquellas que superan el mínimo fijado por el emisor. 

Las peticiones no competitivas son las primeras en ser atendidas por el organismo oficial, asegurando así su colocación prioritaria. Una vez cubierto el volumen previsto, se calcula el tipo de interés medio que regirá para el resto de los participantes. Este mecanismo busca optimizar el coste de la deuda para el Estado y ofrecer condiciones de mercado justas.

Vías para comprarlas

Existen diversas vías para tramitar la compra de estas cuatro letras del Estado, adaptándose a las necesidades de cada perfil de usuario. La opción más ágil actualmente es el servicio de compraventa de valores a través de la página web oficial del Tesoro Público. No obstante, este canal requiere que la suscripción se realice con al menos siete días de antelación respecto a la fecha de subasta. Concretamente, el plazo online se cierra a las 23:00 horas del séptimo día anterior para garantizar la correcta gestión de los fondos. Otra alternativa clásica es acudir físicamente a una de las sucursales del Banco de España distribuidas por todo el territorio nacional. Es indispensable concertar una cita previa y respetar el horario de atención, que suele ser de 8:30 a 14:00 horas. Además, las entidades bancarias privadas también actúan como intermediarios, facilitando el proceso a sus clientes a cambio de posibles comisiones. Para los inversores particulares que no son miembros del mercado primario, se exige a veces un depósito previo como garantía. 

En definitiva, las próximas subastas de julio representan una oportunidad clave para consolidar el ahorro en un producto con respaldo estatal. La tendencia alcista de los intereses en las letras del Tesoro, que han alcanzado niveles máximos desde 2024, justifica el interés masivo. Comparadas con los bonos y obligaciones a largo plazo, las letras ofrecen una flexibilidad temporal que se adapta mejor a la incertidumbre. El inversor conservador valora especialmente la garantía de recuperar su capital principal íntegro junto con la rentabilidad pactada en el proceso. Además, la sencillez del producto evita sorpresas desagradables ligadas a la volatilidad de los mercados de renta variable. 

El Banco Central Europeo (BCE) trabaja desde hace años en la creación del euro digital, una versión electrónica del dinero en efectivo con la que aspira a adaptar la moneda común a un entorno donde los pagos digitales ganan terreno a gran velocidad. Esta iniciativa, que no reemplazará al efectivo pero sí lo complementará, busca dar una respuesta pública, segura y gratuita a la transformación que vive el sistema de pagos, hoy dominado en parte por operadores privados no europeos.

La propuesta parte del reconocimiento de que el uso del efectivo está disminuyendo progresivamente, especialmente en algunos países del norte de la eurozona. Frente a la expansión de soluciones de pago digitales desarrolladas por grandes plataformas tecnológicas, el BCE pretende asegurar que el público mantenga acceso directo a una forma de dinero del banco central en la era digital. Al igual que las monedas y billetes actuales, el euro digital estaría respaldado por el BCE, lo que garantiza su valor y estabilidad.

Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, el proyecto ha entrado en una fase de preparación que podría extenderse varios años. Entre sus principales desafíos se encuentran el diseño técnico, la protección de la privacidad y la definición del papel que jugarán los intermediarios, como bancos comerciales y operadores de servicios de pago. Paralelamente, su puesta en marcha depende también del visto bueno legislativo, que deberá ser otorgado por las instituciones europeas tras analizar la propuesta del BCE.

Una nueva forma de dinero público

El euro digital se plantea como una forma de dinero público electrónico, accesible a todos los ciudadanos de la eurozona. A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, el dinero depositado en un monedero digital en euros estaría directamente garantizado por el banco central, eliminando el riesgo asociado a posibles quiebras bancarias. No se trata de una criptomoneda ni de un activo volátil: su valor será siempre equivalente al del euro físico.

En su diseño actual, el euro digital permitiría realizar pagos en tiendas físicas, en línea o entre particulares, utilizando un teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos.

Según detalla el Banco Central Europeo en su web oficial, también se prevé la posibilidad de pagos sin conexión a Internet, lo que garantizaría su uso incluso en entornos rurales o en momentos de caída de red. Además, su uso básico sería gratuito para los ciudadanos, y se contempla que las entidades financieras desarrollen servicios adicionales sobre esta infraestructura.

El Banco de España, a través de su portal Cliente Bancario, ha señalado que el euro digital no será un sustituto del efectivo ni un instrumento para controlar los hábitos de consumo.

Se espera que las operaciones realizadas con él respeten altos estándares de privacidad, si bien su diseño final deberá encontrar el equilibrio entre anonimato y prevención del fraude. Esta característica lo diferencia de otros medios de pago digitales privados, que pueden recopilar y explotar los datos de los usuarios.

¿Cómo funcionaría el euro digital?

El euro digital permitiría realizar pagos inmediatos y seguros tanto en comercios físicos como en plataformas en línea, así como entre particulares, sin importar el país de la zona euro ni el proveedor de servicios utilizado. Para usar esta nueva forma de dinero electrónico, el primer paso sería crear un monedero digital en euros a través de una entidad financiera o una oficina de correos.

Una vez abierto el monedero, los usuarios podrían cargar dinero desde una cuenta bancaria vinculada o incluso mediante la conversión de efectivo. A partir de ese momento, los pagos se efectuarían utilizando el saldo disponible en ese monedero, que también podría recibir ingresos en euros digitales que los usuarios podrían conservar hasta un límite establecido o transferir a su cuenta bancaria, ya sea de manera manual o automática.

El sistema garantizaría transacciones seguras y rápidas en cualquier situación, incluyendo la posibilidad de realizar pagos sin conexión a internet. En estos casos, solo las partes involucradas conocerían los detalles de la operación, lo que asegura un nivel de privacidad comparable al del dinero en efectivo. Estas características buscan combinar la seguridad y accesibilidad del dinero público con la flexibilidad que demandan los usuarios en un mundo cada vez más digital.

Los casi diez millones de pensionistas en España tienen muy presente la primera semana de julio. No es para menos, está previsto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abone la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Otros beneficiarios también tienen subrayado en su calendario la última semana de junio, en previsión de recibir antes el dinero gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias. Se trata de un año especial, en el que la paga extraordinaria vendrá con subida incluida. Muchos jubilados recibirán una cuantía superior en la paga extraordinaria. El motivo reside en que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7%, tal y como establece el Real Decreto 39/2026.

De acuerdo con el artículo 46 de Ley General de la Seguridad Social, el sistema de pensiones contempla 14 pagas anuales, doce correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias. De acuerdo con la norma, “estas últimas se devengarán en los meses de junio y noviembre”. No se trata de un complemento adicional al importe mensual, sino parte de una fracción del cálculo total de la pensión. Del mismo modo, el importe a recibir por los pensionistas es equivalente al recibido mes a mes. La peculiaridad de la paga extraordinaria reside en que se abona a mes vencido, por lo que los bancos deberán haber recibido la transferencia por parte de la Seguridad Social a principios de julio. En definitiva, queda poco más de un mes para que los pensionistas reciban su paga extra.

Los pensionistas que hayan comenzado a percibir la pensión después del periodo de devengo —que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo— no recibirán la totalidad de la paga extra de verano. En su lugar, recibirán el importe proporcional a lo cotizado. Si, por ejemplo, un usuario es pensionista desde el 31 de mayo, cobrará la mitad de la paga extra, puesto que solo habrá generado tres de los seis meses del periodo. En ese mismo escenario, un pensionista que percibe 1.600 euros recibirá solo 800 euros de paga extraordinaria de verano.

Por su parte, aquellos que empezaron a recibir la pensión después del 31 de mayo de 2026 tendrán que esperar al próximo año para cobrar la paga extraordinaria. Lo mismo ocurrirá con los que la hayan tenido suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad.

Por otro lado, existen pensiones en las que, en lugar de contar con paga extraordinaria, el importe está prorrateado. Es el caso de aquellas prestaciones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuándo se cobra la paga extra en cada entidad bancaria

No todos los bancos efectúan el ingreso de la paga extra el mismo día. Muchas entidades financieras adelantan el ingreso, por lo que el día de cobro depende de dónde tengan los pensionistas domiciliada su pensión. En general, los bancos que anticipan el ingreso lo suelen hacer entre los días 22 y 25 de junio:

Si antes del 3 de julio el pensionista no ha recibido la paga extraordinaria de verano, lo recomendable es que contacte con su banco y consulte si existe una orden de pago pendiente. En caso contrario y si no consta a la entidad financiera el abono, deberá presentar una reclamación ante la Seguridad Social mediante uno de estos dos cauces:

La campaña de la Renta 2025 está entrando en su recta final con cifras que demuestran una gran agilidad por parte de los ciudadanos. Según los datos más recientes facilitados por la Agencia Tributaria, 6 de cada 10 contribuyentes ya han cumplido con sus obligaciones fiscales ante Hacienda. Este porcentaje representa a más de quince millones de personas que han preferido no esperar al último momento para ajustar sus cuentas anuales. La mayoría de estos declarantes ya han recibido las devoluciones correspondientes, cerrando así un proceso que comenzó el pasado mes de abril.

Sin embargo, todavía queda un volumen significativo de población que debe realizar el trámite antes de que expiren los plazos legales establecidos. El ritmo de presentación es notablemente superior al del ejercicio anterior, consolidando una tendencia de anticipación digital constante. Para aquellos que aún no han dado el paso, es fundamental conocer las fechas clave que marcarán el cierre definitivo de este importante periodo impositivo.

El volumen total de declaraciones presentadas hasta la fecha asciende a 15.202.000, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Este crecimiento es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el proceso arrancó con seis días de retraso en comparación con el calendario del año pasado. Hacienda estima que, una vez finalice el periodo, se habrán tramitado más de 25.251.000 declaraciones en total. Este aumento global del 2,1% en la participación se atribuye directamente al impulso en la creación de empleo registrado a lo largo del año 2025. Los contribuyentes están haciendo uso masivo de las herramientas telemáticas, lo que ha permitido gestionar un flujo de información sin precedentes de manera eficiente.

De las declaraciones recibidas hasta ahora, la gran mayoría han resultado con derecho a devolución, siguiendo la tónica habitual de las campañas de IRPF. De hecho, la Agencia Tributaria ya ha devuelto 5.710 millones de euros a un total de 8.277.000 contribuyentes en estos dos meses iniciales. Esta cifra supone que el 75,5% de las solicitudes de devolución presentadas ya han sido abonadas efectivamente en las cuentas bancarias de los ciudadanos. El ritmo de pagos ha experimentado una evolución positiva del 4,1% interanual, alineándose con el incremento en el número de solicitudes recibidas. 

Por su parte, la propia Hacienda prevé ingresar unos 24.628 millones de euros, lo que representa un aumento considerable del 18,4% respecto al ejercicio anterior. En contraste, se espera que el importe total a devolver sea un 3,2% inferior, situándose en el entorno de los 13.271 millones de euros. Estos datos reflejan la solidez de la recaudación y la eficacia de los sistemas de procesamiento automático de los borradores. Para el contribuyente medio, la rapidez en la obtención del reembolso sigue siendo el principal incentivo para presentar la documentación durante las primeras semanas.

Pero es cierto que a estas alturas el calendario aprieta y los contribuyentes que aún no han presentado su declaración deben marcar dos fechas fundamentales en rojo para evitar posibles recargos o sanciones. El plazo general de presentación finalizará el próximo 30 de junio para todos los supuestos, ya sea con resultado a ingresar o a devolver. Sin embargo, existe una excepción crucial para quienes tengan que pagar y deseen hacerlo mediante domiciliación bancaria en su cuenta corriente. En este caso específico, la fecha límite se adelanta al 25 de junio, otorgando un margen menor para completar el trámite de forma automatizada. 

Es importante recordar que domiciliar el pago no significa un desembolso inmediato del dinero, sino que el cargo se efectuará el último día de campaña. Aquellos que presenten una declaración positiva después del día 25 deberán realizar el ingreso por otros medios antes de confirmar el envío. No agotar los plazos es la mejor estrategia para evitar incidencias técnicas de última hora que puedan surgir por saturación.

Atención personalizada

Para quienes prefieren una atención personalizada o tienen dudas complejas, la Agencia Tributaria ofrece diversas vías de asistencia. Desde el pasado 1 de junio, las oficinas físicas están abiertas para confeccionar declaraciones de forma presencial, sumándose así al canal telefónico. Es imprescindible solicitar cita previa para ambos servicios, un proceso que puede realizarse a través de la sede electrónica o de los teléfonos oficiales. El plazo para pedir estas citas finalizará el 29 de junio, solo un día antes del cierre definitivo de la campaña de Renta 2025. El plan “Le llamamos” sigue siendo la opción preferida de asistencia personalizada, con más de un millón de solicitudes registradas hasta el momento. Además, existe un plan especial de videoasistencia para pequeños municipios que no cuentan con delegaciones propias de la Agencia Tributaria. 

Como recomendación final para el 40% de los declarantes que aún están pendientes, los expertos sugieren no demorar más la revisión del borrador fiscal. Es vital comprobar que se están aprovechando todas las deducciones autonómicas vigentes para el ejercicio 2025, ya que Hacienda no siempre las aplica por defecto. En el caso de que la declaración salga a pagar, el pago puede fraccionarse en dos plazos: el 60% al presentarla y el 40% restante en noviembre. Asegurarse de tener saldo suficiente el día 30 de junio evitará problemas con las entidades bancarias y con la propia administración tributaria. La documentación necesaria debe estar preparada antes de iniciar el trámite, especialmente si se opta por la vía telefónica o la presencial. Con la campaña llegando a su fin, la previsión y el conocimiento de los plazos son las mejores herramientas para cerrar el año.

La campaña de la Renta 2025 ha llegado a su recta final. Han pasado dos meses desde la apertura del plazo para que los contribuyentes rindiesen cuentas con la Agencia Tributaria y, en estos momentos, queda menos de un mes para poder presentar la declaración. El próximo 30 de junio será el último día de la campana del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Aún queda margen, por lo que es tentador apurar los plazos a última hora, algo que puede ser arriesgado, especialmente para aquellos declarantes con un resultado positivo en su declaración.

El resultado de la declaración es la culminación del proceso de declaración de la renta que nos indica si el balance ha salido positivo (a pagar) o negativo (a devolver en nuestro favor). Esto se calcula aplicando la siguiente fórmula: casillas ([550] - [551] + [552] - [562] + [563] - [575] + [576] - [589] + [590] - [591] + [592]). Si el resultado es positivo, es necesario abonar este importe a la Agencia Tributaria. En el caso de que, por el contrario, salga negativo, Hacienda deberá ingresarnos esta cantidad.

En términos generales, la declaración suele salir a pagar porque Hacienda estima que el contribuyente ha pagado menos IRPF del que corresponde por sus ingresos totales. En consecuencia, hace una regularización y reclama el dinero. El cálculo del IRPF está sujeto a múltiples variables, puesto que afecta a numerosos tipos de ingresos:

El fenómeno más común que propicia que el IRPF salga a pagar es que no se han aplicado las tarifas que corresponden a la nómina que percibe el contribuyente. Otro error habitual es que el declarante no se sujete a deducciones a las que tiene derecho.

Fecha límite para presentar la declaración si el resultado es positivo

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero para aquellos que les sale la declaración a pagar deberán presentarla algo antes. Y es que, para el 25 de junio, los contribuyentes deberán tener el pago domiciliado.

Más tarde de esa fecha, existen estos plazos por los que Hacienda reclamará el importe de la regularización, en función de si el pago está o no fraccionado y la proporción que se domicilie. Es posible fraccionar el pago en dos plazos de proporción de 60/40. En otras palabras, existe un primer pago del 60% del importe total a pagar, y un segundo pago del 40%.

Para optar a un fraccionamiento, la declaración debe presentarse dentro del plazo establecido y no debe tratarse de una autoliquidación complementaria. Además, en el momento en el que se confirma la declaración debe efectuarse el ingreso del 60% del importe resultante de la misma:

Podrán optar a domiciliar su declaración aquellos contribuyentes que confirmen su borrador a través de la sede online de la Agencia Tributaria, por teléfono, o por la aplicación de Hacienda. También en el caso de que la autoliquidación se efectúe a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria.

La aerotermia se está consolidado como una de las inversiones más inteligentes para quienes buscan climatizar su hogar de forma sostenible y económica. Este sistema utiliza una bomba de calor para extraer energía térmica del aire exterior, proporcionando calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un alto rendimiento. Más allá del ahorro directo en las facturas mensuales, se han impulsado potentes incentivos fiscales para promover la eficiencia energética en las viviendas españolas.

De hecho y gracias a la normativa vigente, los contribuyentes pueden recuperar una parte significativa del desembolso total a través de su declaración de la renta. Instalar esta tecnología no solo reduce drásticamente las emisiones de CO2, sino que se traduce en un alivio fiscal inmediato. El marco legal actual permite a los propietarios deducirse hasta un 60% del coste total de la instalación. Este beneficio se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar el parque inmobiliario nacional. Es, sin duda, la herramienta de ahorro más potente disponible para transformar hoy mismo cualquier vivienda residencial.

Existen diversos tramos de deducción según el tipo de obra y la mejora energética que se alcance finalmente en el inmueble intervenido. El porcentaje más elevado, que alcanza el 60%, está reservado para viviendas unifamiliares o edificios residenciales completos. Para acceder a este beneficio máximo, es necesario acreditar una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%. También se concede esta desgravación si la vivienda logra obtener una calificación energética de tipo A o tipo B tras la obra. 

La base máxima acumulada sobre la que se aplica este porcentaje puede llegar hasta los quince mil euros en total. Esto supone que un propietario podría llegar a ahorrar hasta nueve mil euros reales en su factura fiscal tras completar la instalación. Si la inversión supera el límite anual de cinco mil euros, la ley permite repartir el excedente en los años siguientes. Esta planificación fiscal a medio plazo garantiza que no se pierda ni un solo euro de la bonificación generada inicialmente.

Un requisito indispensable para validar cualquier derecho a la deducción es la presentación de dos certificados de eficiencia energética obligatorios. El primero de ellos debe haber sido emitido antes del inicio de las obras para establecer el punto de partida del inmueble. El segundo certificado debe expedirse una vez finalizada la instalación de aerotermia para demostrar objetivamente la mejora conseguida. Este documento final debe estar registrado oficialmente antes del 1 de enero de 2028 para ser aceptado por Hacienda. La normativa exige que la bomba de calor instalada cuente con una eficiencia técnica certificada superior a dos con cinco puntos. Sin esta acreditación técnica específica, el sistema no sería considerado legalmente como una fuente de energía renovable deducible.

Además, el pago de la factura debe realizarse mediante métodos totalmente trazables como transferencias bancarias o tarjetas. Cualquier pago efectuado en efectivo invalida automáticamente la posibilidad de desgravar la inversión realizada en la vivienda habitual. Las obras de mejora energética que dan derecho a estos beneficios fiscales deben finalizarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2026. La deducción es aplicable tanto si la vivienda es la residencia habitual del contribuyente como si está destinada al alquiler. Sin embargo, la normativa es muy clara al excluir expresamente las segundas residencias de uso vacacional de estos incentivos. 

Tampoco se admiten deducciones para aquellas partes de la casa que estén afectas a actividades económicas o despachos profesionales. El inmueble debe estar situado en territorio español y las mejoras no deben cubrir zonas comunes ajenas a la eficiencia. Por ejemplo, quedan excluidos los anexos como garajes o piscinas, centrándose la ley estrictamente en el confort térmico interior. Es fundamental que el propietario sea quien sufrague los costes y que estos queden debidamente documentados con facturas legales. Este marco temporal y de uso busca priorizar la rehabilitación del parque de viviendas principales en todo el país.

Compatible con otras ayudas

Una de las grandes ventajas de la deducción por aerotermia en 2026 es el mecanismo conocido como ventaja del arrastre fiscal. Si la inversión total es elevada y la deducción resultante supera el límite máximo anual permitido, el contribuyente no pierde el exceso. La ley permite aplicar las cantidades restantes durante los cuatro ejercicios fiscales siguientes a la realización de la obra. Por ejemplo, en una instalación de dieciocho mil euros, se podría deducir el máximo anual permitido de forma recurrente. Esto permite alcanzar el ahorro acumulado de nueve mil euros de manera progresiva, aliviando la carga fiscal durante varios años. Gracias a este sistema, la rentabilidad económica de la aerotermia se maximiza independientemente de la renta anual del propietario. Es una medida diseñada para que las grandes inversiones en climatización eficiente sean accesibles para una mayoría de hogares. 

La deducción en el IRPF es totalmente compatible con otras ayudas públicas, como los fondos europeos Next Generation o las subvenciones locales. No obstante, existe una regla contable esencial: hay que restar el importe de la ayuda recibida del coste total de la factura. Por ejemplo, si una instalación cuesta diez mil euros y se recibe una ayuda de tres mil, la base deducible será de siete mil. Sobre esa cantidad resultante es sobre la que se aplicará el porcentaje de deducción que corresponda según el caso técnico. Además, muchos municipios ofrecen bonificaciones adicionales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pueden llegar al 50%. También es posible beneficiarse de la reducción en tasas urbanísticas y licencias de obra al tratarse de mejoras sostenibles. Los Certificados de Ahorro Energético suponen otra vía de ingresos extra al ser comprados por las comercializadoras eléctricas. Todo este ecosistema de ayudas reduce el coste neto de la aerotermia en más de un 80%. Invertir en aerotermia durante este año, por lo tanto, representa toda una oportunidad para mejorar el valor y la eficiencia de cualquier inmueble.

Verifactu ya tiene fecha y va a obligar a muchas empresas y autónomos a cambiar la forma en la que trabajan con sus facturas. No es un ajuste menor, porque afecta a algo que forma parte del día a día de cualquier negocio: el programa con el que se registran las ventas y se generan los documentos fiscales.

La medida se enmarca en el plan de Hacienda para tener un mayor control sobre la facturación y avanzar en la digitalización del sistema tributario. La idea es que cada factura deje un rastro claro, que no pueda modificarse después de emitirla sin dejar constancia y que la Agencia Tributaria tenga más margen para detectar irregularidades.

El cambio no llegará al mismo tiempo para todos, pero sí va a tocar a una parte muy amplia del tejido empresarial. Las empresas y los autónomos tendrán plazos distintos para adaptarse, así que la clave está en no dejarlo para el final y revisar con tiempo si el software que se usa cumple o no con lo que pide la norma.

Los plazos de entrada en vigor de Verifactu

Verifactu es el reglamento que define las condiciones que deben cumplir los programas de facturación de empresas y profesionales. Su alcance no se limita a las facturas completas, sino que también incluye las facturas simplificadas y los tickets que emiten muchos pequeños negocios. Lo que quiere la norma es que cada operación quede registrada de forma segura, con trazabilidad y sin posibilidad de que los datos se alteren después sin que quede constancia.

El calendario ya está cerrado tras el aplazamiento aprobado con el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre. La primera fecha clave es el 1 de enero de 2027, cuando la obligación entra para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, incluidas las sociedades patrimoniales. A partir de ahí, esas compañías deberán hacer sus facturas con programas adaptados a los requisitos del sistema.

La segunda fecha es el 1 de julio de 2027. En ese momento, la obligación se extiende al resto de obligados: autónomos en IRPF, comunidades de bienes y otros profesionales que emiten facturas habitualmente. Ese margen extra busca dar más tiempo a los pequeños negocios y a los trabajadores por cuenta propia para que puedan revisar sus sistemas sin ir a la última.

A lo largo de 2026, tanto empresas como autónomos pueden ir adelantando la transición. No hace falta esperar al último momento para cambiar el programa o para actualizar el que ya se tiene. Lo más sensato es mirar con tiempo si el software actual puede adaptarse o si es mejor buscar una solución nueva que ya esté preparada para cumplir con la norma.

Cómo saber si empresas y autónomos deben usar el nuevo sistema

Uno de los puntos claves es que el programa de facturación no puede estar limitado a hacer facturas y nada más. El sistema debe generar un registro por cada factura que se emita y conservarlo con garantías técnicas. Ese registro puede enviarse a Hacienda o dejarlo preparado para su envío cuando la Agencia Tributaria lo pida. En cualquier caso, la factura debe ir vinculada a un sistema que asegure que los datos no se pueden alterar después.

Para eso, el software tiene que tener controles que impidan borrar o modificar datos sin dejar rastro. También debe generar una huella digital única por cada factura y, en muchos casos, un código QR que permita verificar la información. Con estas medidas, Hacienda quiere que cada factura quede bien identificada y que no sea posible alterar la contabilidad de forma opaca.

Verifactu afecta, en la práctica, a cualquier negocio que usa un programa informático para facturar, salvo las excepciones concretas que prevé la normativa. Esto incluye a pymes, autónomos, sociedades y comunidades de bienes que facturan con sistemas electrónicos. No es algo pensado solo para grandes empresas, sino para buena parte de quienes emiten facturas en el día a día.

Para los autónomos, el cambio implica revisar si el programa actual cumple con los nuevos requisitos o si tendrá que ser sustituido. Para las empresas, la adaptación también lleva revisar procesos internos, proveedores tecnológicos y la forma en la que se generan y se conservan los registros. En ambos casos, el objetivo es que la facturación esté alineada con el sistema de control de la Agencia Tributaria.

Qué ocurre si no se utiliza Verifactu

El incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes. La normativa prevé sanciones para quienes usan software que no está adaptado, para quienes manipulan los registros o para quienes impiden que los datos se generen y se conserven correctamente. En los casos más graves, las multas pueden pasar de los 50.000 euros.

Y el riesgo no se queda en una sola infracción. Si la obligación no se cumple cuando llega la fecha, las sanciones pueden aplicarse por ejercicio o por periodo incumplido. Por eso, la adaptación no debería dejarse para el final, porque el problema no es solo técnico: también es fiscal y económico.

En paralelo, Hacienda quiere que este nuevo sistema sirva para mejorar el control automatizado de la facturación y reducir las opciones de fraude. Por eso la norma insiste tanto en la inalterabilidad de los datos, en la trazabilidad de cada operación y en la conservación segura de los registros. No es solo cambiar de software, sino trabajar con una forma distinta de registrar la actividad económica.

La recomendación, en este escenario, es anticiparse. Revisar el programa de facturación, consultar al proveedor si será compatible con Verifactu y resolver cambios con tiempo puede evitar problemas cuando la obligación sea definitiva. A partir de ahí, cada negocio tendrá que ajustar su operativa a un sistema que busca más control, más trazabilidad y menos margen para la alteración de facturas.