Guardar las nóminas durante años puede convertirse en una precaución importante de cara a la jubilación. Estos documentos permiten comprobar el salario percibido y las bases por las que se ha cotizado y pueden servir como respaldo si, al revisar el historial laboral, aparecen diferencias respecto a la información registrada por la Seguridad Social. Como medida práctica, se recomienda conservarlas durante al menos 10 años, aunque mantenerlas durante más tiempo puede resultar conveniente teniendo en cuenta los periodos utilizados para calcular la futura pensión.

La razón está en la información que contiene cada recibo salarial. Además del importe que finalmente recibe el trabajador, la nómina desglosa conceptos como el salario bruto y las bases de cotización. Comparar periódicamente esos datos con el informe de bases de cotización permite detectar posibles discrepancias antes de que hayan pasado años y estas puedan terminar repercutiendo en una prestación.

La legislación, sin embargo, no establece que el trabajador tenga que guardar sus nóminas durante un número determinado de años. El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores obliga a que el salario se liquide y pague documentalmente y establece que la empresa debe entregar un recibo individual que justifique ese pago, con las percepciones y deducciones correspondientes. No impone al empleado un periodo concreto durante el que deba conservarlo.

Los plazos legales que sí hay que tener en cuenta

Existen, no obstante, distintos plazos que explican por qué conviene no desprenderse rápidamente de esta documentación. Para reclamar cantidades económicas derivadas de la relación laboral, el artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores establece un plazo de un año, que comienza a contar desde el momento en que la acción puede ejercitarse. Una nómina puede ser relevante, por ejemplo, para acreditar cantidades que el trabajador considere pendientes.

En materia de Seguridad Social, el horizonte es distinto. El artículo 24 de la Ley General de la Seguridad Social determina que prescriben a los cuatro años tanto el derecho de la Administración para determinar deudas por cuotas como la acción para exigir su pago y para imponer sanciones por incumplimientos de las normas de Seguridad Social. El mismo precepto contempla además circunstancias que interrumpen esa prescripción, entre ellas determinadas actuaciones administrativas dirigidas a liquidar o recaudar la deuda.

También existe una obligación específica para las empresas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera infracción leve no conservar durante cuatro años la documentación que acredita determinadas obligaciones en materia de Seguridad Social, incluidos los documentos de cotización y los recibos justificativos del pago de salarios. Ese plazo empresarial, sin embargo, no debe confundirse con una obligación equivalente para el empleado.

Por qué la jubilación amplía el horizonte

La jubilación explica por qué puede resultar conveniente mantener un archivo personal durante mucho más tiempo. La Ley General de la Seguridad Social contempla una implantación gradual de la nueva fórmula para calcular la base reguladora. Desde el 1 de enero de 2026, se toman las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Este periodo irá aumentando progresivamente hasta que, desde 2037, se aplique íntegramente la fórmula que selecciona 348 meses consecutivos (29 años) y escoge las 324 bases de mayor importe.

Además, para las jubilaciones causadas después del 31 de diciembre de 2025 y antes del 31 de diciembre de 2040, la entidad gestora aplicará la regulación vigente el 1 de enero de 2023 cuando ese cálculo resulte más favorable que el correspondiente en la fecha de jubilación. Por eso, los 10 años deben entenderse como una recomendación práctica y no como un plazo impuesto al trabajador por la legislación: conservar documentación de periodos anteriores puede proporcionar respaldo si posteriormente se detectan diferencias entre los datos salariales y las bases de cotización registradas.

A partir de hoy martes 15 de septiembre ya se encuentra abierto el plazo oficial para solicitar las nuevas ayudas municipales de 600 euros destinadas a sustituir ciclomotores de combustión por modelos eléctricos en Barcelona. Esta convocatoria pública se dirige a personas físicas y empresas censadas en la capital catalana que hayan adquirido un vehículo eléctrico de categoría L1eB y desguazado uno térmico. Se trata de una línea de subvenciones que permanecerá activa hasta el 30 de septiembre de 2028 o hasta agotar los fondos anuales. La medida busca descarbonizar un segmento clave de la movilidad urbana que había quedado al margen de las ayudas a la renovación.

Para beneficiarse de la ayuda de 600 euros por vehículo nuevo, la normativa municipal establece como requisito indispensable entregar para su desguace un ciclomotor de combustión tradicional. Un aspecto fundamental de la medida es su carácter retroactivo, ya que podrán acogerse todas las operaciones de compra y desguace ejecutadas desde el 1 de marzo de este año. La aportación fija de 600 euros tiene como límite un máximo del 50% del precio del vehículo sin IVA, lo que representa entre un 16% y un 40% del coste total de un ciclomotor eléctrico en el mercado actual. Las solicitudes se otorgarán por orden de entrada hasta agotar el presupuesto de cada ejercicio.

Con el propósito de simplificar la tramitación administrativa para la ciudadanía, el consistorio barcelonés ha reducido la documentación requerida a únicamente dos comprobantes esenciales. Las personas que deseen tramitar la ayuda solo deberán aportar el justificante de compra del ciclomotor eléctrico nuevo y el certificado de desguace del vehículo térmico. Para facilitar el procedimiento, los depósitos de Barcelona de Serveis Municipals prestan el servicio de desguace de forma gratuita para los usuarios y entregan de forma inmediata el certificado oficial válido. El trámite puede realizarse íntegramente a través del portal informático municipal.

La puesta en marcha de este plan responde a un diagnóstico detallado sobre el parque rodante de dos ruedas en la capital catalana. Actualmente, Barcelona registra un censo de 32.000 ciclomotores, de los cuales unos 8.000 son eléctricos y 24.000 funcionan con motores de combustión interna. De estos últimos, los servicios municipales estiman que unos 18.000 circulan de forma habitual por la ciudad, generando aproximadamente 3.000 toneladas de dióxido de carbono cada año. Con este programa se pretende acelerar la sustitución progresiva de estos vehículos contaminantes por alternativas de cero emisiones, mejorando la calidad del aire y reduciendo el ruido.

La dotación destinada específicamente a esta línea de ayudas para el periodo 2026-2028 asciende a 5,2 millones de euros. No obstante, la iniciativa forma parte de una estrategia global más amplia proyectada hasta el año 2030, cuya inversión global alcanzará los 15 millones de euros. Con esta cifra se prevé financiar la renovación de hasta 24.000 ciclomotores de combustión e impulsar la instalación de 64 estaciones públicas de intercambio de baterías en la ciudad. Próximamente, el equipo de gobierno anunciará la aprobación de una convocatoria específica destinada a subvencionar la infraestructura técnica de recarga en estas estaciones para dar servicio diario.

Objetivo, 2030

Esta ambiciosa medida se enmarca formalmente dentro de un plan estratégico para luchar contra el cambio climático e impulsar una transición ecológica justa en Barcelona. El Pla Clima contempla una inversión acumulada de 1.800 millones de euros hasta 2030 en actuaciones de mitigación y adaptación. El objetivo final es alcanzar un parque de ciclomotores 100% eléctrico en 2030, poniendo la salud ciudadana en el centro y reduciendo más de un millón de toneladas de emisiones contaminantes en un horizonte de cinco años. La transición a la movilidad eléctrica no solo descarbonizaría el transporte ligero, sino que transformaría de forma sostenible el entorno urbano diario.

El plan municipal cuenta con el apoyo explícito de las entidades integradas en el Observatori de la Motocicleta, como Anesdor, Motoristes per Barcelona y la P(A)T, reafirmando el compromiso sectorial con la descarbonización. La creación paralela de la red de 64 estaciones de intercambio de baterías permitirá sustituir baterías agotadas por cargadas en pocos segundos, eliminando uno de los principales obstáculos percibidos por los usuarios para dar el salto a la movilidad eléctrica. Con esta visión integral, Barcelona trata de consolidar un modelo pionero que combina incentivos económicos e infraestructuras estratégicas para garantizar un cambio de paradigma efectivo.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Policía Nacional han alertado a la ciudadanía de la propagación de una peligrosa modalidad de ciberestafa a través de WhatsApp. Esta amenaza, calificada por expertos en ciberseguridad como un ataque de tipo zero-click, está generando un impacto social más elevado de lo habitual en España. A diferencia de los engaños tradicionales, donde los ciberdelincuentes necesitan convencer al usuario para que pulse un enlace malicioso, escanee un código QR o descargue un archivo adjunto infectado, esta técnica vulnera el perfil de la víctima sin requerir interacción alguna por su parte.

Y es que la peligrosidad radica en que el titular del teléfono sigue utilizando su cuenta con total normalidad, completamente ajeno al fraude que los atacantes están ejecutando de forma paralela a su propio nombre. El origen del problema técnico se encuentra en la explotación en cadena de dos fallos de seguridad que afectan directamente a dispositivos móviles desactualizados. Según los investigadores, las bandas criminales aprovechan una vulnerabilidad crítica presente en anteriores versiones de iOS, combinada con un fallo en la app de mensajería. Este escenario de riesgo se produce principalmente en teléfonos antiguos cuyo software no ha sido renovado por falta de espacio o por omitir las descargas de seguridad.

Los desarrolladores de la plataforma han lanzado parches que corrigen estas brechas, por lo que la exposición al ataque afecta de forma exclusiva a quienes mantienen terminales y aplicaciones en versiones obsoletas desprovistas del código de protección. Una vez que los ciberdelincuentes logran el acceso no autorizado al perfil, despliegan una cuidada estrategia de suplantación de identidad dirigida a los contactos más estrechos de la víctima. Utilizando la cuenta legítima del usuario, los atacantes entran en las conversaciones recientes con familiares o amigos para solicitarles transferencias económicas urgentes.

Los mensajes apelan al vínculo afectivo inventando situaciones de apuro, como la necesidad de abonar un envío contra reembolso o adquirir un móvil por una supuesta rotura del terminal habitual. Al recibir la comunicación desde el número y chat de siempre, las personas del entorno confían plenamente en la veracidad de la petición e ingresan importes elevados en cuentas señaladas por los estafadores sin llegar a sospechar en ningún momento del engaño.

La clave técnica que permite a los estafadores mantener el delito en la absoluta invisibilidad se basa en la sincronización de la cuenta a través de dispositivos vinculados. Los atacantes interactúan mediante la versión web de la plataforma y, tras enviar los textos fraudulentos, seleccionan de inmediato la opción de eliminar solo para mí. Como consecuencia de la sincronización entre el terminal del titular y el equipo del atacante, los mensajes enviados se borran instantáneamente de la pantalla de la víctima pero permanecen intactos en los chats de los destinatarios. De este modo, la persona suplantada no encuentra ningún rastro ni registro de las peticiones en su historial.

Las fuerzas de seguridad y el INCIBE han registrado múltiples casos documentados que demuestran el elevado alcance de este fraude desde sus primeras detecciones en Italia durante el año 2026. Un ejemplo esclarecedor es el de usuarios jóvenes y profesores universitarios cuyos padres y parejas recibieron solicitudes de pago por importes cercanos a los mil euros de manera totalmente inesperada. Las víctimas no llegaron en ningún momento a facilitar códigos SMS de confirmación ni claves PIN, lo que evidencia la eficacia del ataque directo al sistema. La efectividad psicológica reside en la absoluta confianza interpersonal que caracteriza a las conversaciones de WhatsApp, donde el receptor no intuye que tras el perfil habitual se encuentra una red criminal.

Cómo reaccionar

Ante cualquier sospecha de que la cuenta de mensajería ha sido comprometida por este método, las autoridades recomiendan activar de forma inmediata un protocolo estricto de contención de daños. El primer paso consiste en alertar cuanto antes a los contactos más cercanos utilizando medios alternativos, como llamadas de voz, SMS tradicionales o correo electrónico, para que no realicen ninguna transferencia bancaria. Posteriormente, es indispensable acceder a los ajustes de la aplicación para revisar la sección de dispositivos vinculados y cerrar cualquier sesión no reconocida. Asimismo, se aconseja desinstalar y volver a instalar la aplicación.

Para consolidar la protección del teléfono móvil y evitar futuros ciberataques, resulta imprescindible actualizar el sistema operativo iOS y la aplicación a su última versión disponible de manera urgente. Junto a la actualización de software, los especialistas insisten en la activación inmediata de la verificación en dos pasos desde la configuración de seguridad de la app. En el caso de que se haya materializado algún perjuicio económico, es necesario contactar de inmediato con la entidad bancaria para intentar la cancelación del pago y acudir a la Policía Nacional o Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia.

La vuelta al cole supone cada año un importante desembolso para las familias, pero una parte de esos gastos puede traducirse después en un ahorro en el IRPF. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que las comunidades autónomas cuentan con deducciones vinculadas a libros de texto, material escolar, guarderías, idiomas y otras actividades educativas, aunque las condiciones varían según el lugar de residencia. Los gastos realizados este año podrán deducirse, cuando corresponda, en la declaración de la Renta de 2026, que se presentará entre abril y junio de 2027.

Entre las ventajas más extendidas aparecen las relacionadas con los libros de texto y el material escolar. Canarias, Aragón, Asturias y Baleares permiten deducir el 100% de estos gastos, aunque con diferentes límites y topes de ingresos, mientras que Castilla-La Mancha contempla el 100% exclusivamente para la compra de libros. Extremadura establece una deducción de 15 euros por hijo, Murcia alcanza los 120 euros para material escolar y Madrid permite desgravar el 15% de determinados gastos de escolaridad.

De los libros a las clases de idiomas

Las deducciones pueden extenderse también a academias y actividades extraescolares. Aragón permite deducir el 25% por clases extraescolares, mientras que Andalucía contempla un 15% de las cantidades destinadas a enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o ambas materias. Baleares, Madrid y Murcia incorporan igualmente una deducción del 15% por el gasto en clases extraescolares de idiomas.

Las diferencias territoriales afectan asimismo a los gastos de guardería y escolarización privada de los menores de tres años. Gestha señala que este tipo de deducciones autonómicas son habituales, con distintos porcentajes, en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. La escolarización pública hasta los tres años se fue implantando de forma gratuita y progresiva desde el curso 2022-2023, mientras que los gastos en centros privados pueden complementar la deducción estatal por maternidad.

Hasta 1.000 euros adicionales por gastos de guardería

Al margen de las deducciones autonómicas existe un beneficio estatal para las familias con niños pequeños. La deducción por maternidad puede incrementarse hasta en 1.000 euros anuales cuando quien tenga derecho a ella haya pagado gastos de custodia de un hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Este incremento se suma a la deducción estatal por maternidad para quienes cumplan las condiciones que dan acceso a esta última.

Los datos de Gestha muestran, sin embargo, que su utilización es limitada. Según las estadísticas del IRPF de 2024, 796.576 declarantes utilizaron la deducción por maternidad, de los cuales 723.582 fueron madres. En cuanto al incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, fue aplicado por 437.645 declarantes, de los que 409.718 eran madres. En total se dedujeron 251,8 millones de euros por este concepto, con una cuantía media de 575 euros.

Guardar las facturas para poder aplicar la deducción

Los porcentajes anunciados no implican que todas las familias puedan recuperar automáticamente esas cantidades. Cada comunidad determina los límites máximos deducibles y los umbrales de base imponible que no deben superarse para acceder a sus beneficios fiscales. Por eso, dos contribuyentes con un gasto educativo similar pueden obtener resultados diferentes en función de su residencia y de las condiciones establecidas para cada deducción.

Gestha recomienda, además, conservar las facturas y justificantes de los gastos educativos que puedan generar derecho a deducción. Libros de texto, material escolar, uniformes, idiomas, actividades extraescolares o guarderías reciben un tratamiento distinto según el territorio y no basta con haber realizado el desembolso: el contribuyente debe cumplir los requisitos correspondientes y poder acreditar las cantidades satisfechas cuando llegue el momento de presentar la declaración.

A partir del recién iniciado mes de septiembre la Seguridad Social ha puesto en marcha una reforma que transforma la comunicación con los trabajadores: quienes soliciten o perciban una prestación por incapacidad temporal deberán relacionarse con el organismo por medios electrónicos. Esto supone que las comunicaciones tradicionales en papel desaparecen para este colectivo. Los destinatarios de estas notificaciones, por lo tanto, tendrán que estar muy pendientes a partir de ahora de sus ‘buzones’ digitales para no perder citas, requerimientos o plazos clave de obligado cumplimiento, agilizando así la gestión de los expedientes.

Con esta medida, la administración busca avanzar en la digitalización de los servicios públicos para simplificar los trámites de los ciudadanos. Esta modificación legal viene recogida de forma detallada en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. El nuevo marco regulatorio amplía significativamente la relación de personas físicas que tienen la obligación de utilizar la vía telemática para sus gestiones con la Seguridad Social. Hasta este momento, dicha obligatoriedad recaía principalmente sobre beneficiarios de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, o riesgos durante el embarazo.

Ahora, la lista incorpora plenamente a quienes se encuentren en procesos de incapacidad temporal, de incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes, afectando a un gran número de trabajadores en activo. El contenido de estas notificaciones electrónicas resulta trascendental para la situación jurídica y económica de cada uno de los trabajadores afectados. A través de este nuevo canal digital, los ciudadanos recibirán resoluciones administrativas de reconocimiento de la prestación, prórrogas de su situación de baja médica o la posible denegación del subsidio.

Asimismo, se enviarán de forma exclusiva por esta vía los requerimientos oficiales para aportar documentación necesaria, las citaciones para someterse a reconocimientos médicos obligatorios y cambios sobre el cobro de la baja. Es por esta razón que resulta indispensable que el usuario incorpore la nueva rutina de revisar de forma periódica su buzón de notificaciones en la plataforma digital. Para acceder a este buzón de notificaciones, las personas interesadas disponen de diversos canales oficiales proporcionados por la propia Administración General del Estado. Podrán consultar toda la información de interés de manera telemática entrando en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en la Dirección Electrónica Habilitada Única o a través de la aplicación móvil de Mi Carpeta Ciudadana.

En cualquiera de estas plataformas, el usuario deberá identificarse de forma electrónica mediante cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, asegurando la privacidad total y la validez legal. Estos sistemas de firma electrónica garantizan una entrada segura para que el beneficiario consulte de forma directa y personal el estado real de sus expedientes administrativos. Uno de los puntos clave de este nuevo procedimiento telemático reside en los plazos temporales fijados por la normativa para el acceso a la información. Una vez que la Seguridad Social pone a disposición de un trabajador una notificación electrónica en su sede virtual, se inicia un plazo de diez días naturales para su lectura. En el caso de que la persona no acceda a consultar el documento en ese periodo, la notificación se entenderá legalmente practicada y rechazada. Por lo tanto, no basta con esperar pasivamente un aviso, sino que es obligatoria la consulta activa.

Con el objetivo de evitar descuidos involuntarios en la recepción de estos trámites, la Seguridad Social ha implementado un servicio complementario de alertas. A través de este mecanismo de cortesía, el organismo remitirá un aviso informativo mediante un mensaje de texto corto al teléfono móvil o a la dirección de correo electrónico del usuario. Sin embargo, estas alertas son informativas y carecen de validez jurídica en el procedimiento. Aunque no se reciba el mensaje por un error técnico, el plazo de diez días naturales seguirá computando exactamente igual para el interesado. Por ello, se recomienda actualizar los datos de contacto y realizar revisiones constantes para evitar pérdidas de plazos importantes.

Varias excepciones

Aunque el objetivo de la administración pública es avanzar firmemente en la digitalización, la normativa prevé que el correo en papel tradicional continúe existiendo de forma excepcional. La Seguridad Social mantendrá el envío de cartas ordinarias en aquellos supuestos concretos donde carezca de los datos de contacto telemáticos del ciudadano o cuando la situación exija una intervención urgente. Del mismo modo, se utilizará el papel si el trámite incluye cheques o si es precisa la entrega presencial, facilitándose también apoyo público presencial en las oficinas de los CAISS.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fundamenta esta decisión digitalizadora señalando que los trabajadores en activo disponen en general de las capacidades y dispositivos electrónicos necesarios. Esta medida pretende optimizar la gestión pública, acortar los plazos administrativos y ofrecer una mayor seguridad jurídica al evitar posibles retrasos o pérdidas de las comunicaciones físicas tradicionales. La relevancia de este cambio es indudable si se tiene en cuenta que en España cerca de 1.200.000 trabajadores se encuentran de baja laboral diariamente en la actualidad, un volumen de personas que justifica plenamente la modernización integral de la gestión burocrática estatal.

El certificado digital se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para identificarse por internet y poder realizar trámites oficiales. Permite acreditar la identidad de su titular y firmar documentos o formularios electrónicos, de manera que muchas gestiones pueden resolverse sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Entre sus usos se encuentran trámites fiscales, consultas administrativas, solicitudes de subvenciones o actuaciones relacionadas con registros públicos.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre expide el Certificado Electrónico de Ciudadano, también conocido como certificado de persona física. Se trata de un documento digital que incorpora los datos identificativos de su titular y permite realizar operaciones a través de internet con garantías de identificación. Puede solicitarlo cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado, siempre que disponga de DNI o NIE. Su obtención es mayoritariamente gratuita, aunque uno de los métodos disponibles para acreditar la identidad sí tiene un coste adicional.

La FNMT ofrece varias formas de conseguirlo como archivo descargable en un ordenador o en un teléfono. Entre ellas se encuentran la identificación por vídeo, la acreditación presencial, el uso del DNI electrónico y el procedimiento específico mediante dispositivo móvil. Esta última opción permite iniciar la solicitud, completar la comprobación de identidad y descargar después el certificado desde la aplicación oficial, evitando desplazamientos cuando se utiliza alguna de las modalidades que pueden realizarse a distancia.

Cómo pedir el certificado digital desde el móvil

El primer paso es instalar la aplicación oficial de la FNMT, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android. Una vez abierta, hay que acceder a la opción destinada a solicitar el certificado digital. Desde ahí, la aplicación permite elegir entre tres sistemas diferentes para comprobar la identidad de la persona que realiza la petición: utilizar el DNI electrónico, acudir a una oficina de acreditación o completar una identificación por vídeo.

La opción con DNIe requiere que el documento esté en vigor y que el usuario conozca su PIN. El proceso se completa escaneando el DNI electrónico y realizando después la validación con esa clave personal. Si el titular no recuerda el PIN, puede obtener uno nuevo en los equipos habilitados para ello en dependencias de la Policía Nacional.

La segunda alternativa es presencial. En este caso, la propia aplicación muestra las oficinas en las que puede realizarse la acreditación. El usuario debe acudir a uno de esos puntos para confirmar su identidad antes de continuar con la descarga. Conviene consultar previamente las condiciones de atención, ya que algunas dependencias requieren cita previa para completar este paso.

Quienes prefieran realizar el procedimiento sin desplazarse y no utilicen el DNIe pueden recurrir a la vídeo identificación. Este servicio cuesta 2,99 euros más IVA y permite iniciar la comprobación desde casa. Una vez hecho el proceso, la revisión tarda aproximadamente 48 horas hábiles. Después, la persona recibe un correo electrónico en el que se informa de si la identificación ha sido aprobada o rechazada.

Las tres opciones tienen el mismo objetivo: comprobar la identidad del solicitante antes de emitir el documento electrónico. La diferencia está en la forma de hacerlo. El DNIe permite completar la gestión a distancia si se dispone del documento y del PIN, mientras que la vídeo identificación también evita la visita presencial, aunque tiene coste. La acreditación en oficina es gratuita, pero obliga a desplazarse y, en determinados casos, a reservar una cita.

Qué se puede hacer después y qué hay que tener en cuenta

Cuando la identidad ya ha sido validada, el certificado queda disponible dentro de la aplicación. Para localizarlo, hay que entrar en el apartado de certificados solicitados, desde donde puede descargarse directamente en el teléfono. A partir de ese momento, puede utilizarse en los servicios electrónicos que admitan esta forma de identificación y también para firmar documentos y formularios oficiales por internet.

El certificado permite realizar distintos trámites con administraciones públicas y algunas entidades privadas. Entre sus usos están presentar y liquidar impuestos, formular recursos o reclamaciones, consultar e inscribirse en el padrón municipal, revisar multas de circulación, realizar gestiones relacionadas con subvenciones, consultar la asignación de colegios electorales o cumplimentar determinados datos administrativos. Su utilidad concreta dependerá de que el servicio correspondiente acepte este sistema.

Para quienes necesiten hacer gestiones en línea relacionadas con el empleo, disponer del certificado en el móvil puede evitar parte de los desplazamientos asociados a la identificación electrónica. Aun así, tenerlo instalado no significa que cualquier trámite pueda completarse necesariamente desde el teléfono, ya que cada servicio puede establecer sus propios requisitos técnicos y de acceso.

También hay una condición que conviene conocer antes de iniciar una nueva solicitud desde la aplicación. Si el usuario ya dispone de un certificado de persona física expedido por la FNMT y solicita otro mediante el móvil, el anterior se revoca automáticamente. La nueva emisión sustituye, por tanto, al que estuviera vigente hasta ese momento.

El sistema unificado de Abono Único de transportes, disponible en nuestro país desde el pasado mes de enero, podrá ser utilizado en las redes de transporte que son competencia de las comunidades autónomas y ayuntamientos, según ha anunciado este martes el Ministerio de Transportes. El Abono Único fue implementado a comienzos de año para simplificar la experiencia de viaje y promover un acceso más sencillo a los diferentes servicios de transporte en todo el territorio nacional, al permitir a los viajeros combinarlo con otros títulos y abonos existentes.

Hasta ahora, sin embargo, este abono solo se podía utilizar en los servicios de transporte de titularidad estatal, por lo que el objetivo es que los viajeros puedan utilizar la misma tarifa incluso cuando utilizan servicios que son competencia de diferentes administraciones en un mismo trayecto. El sistema se basa en el reconocimiento mutuo de títulos de viaje entre las administraciones adheridas y los servicios estatales, según la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Transportes ha informado este martes que el Abono Único ha alcanzado los 4,5 millones de viajes en todo el territorio nacional desde su entrada en vigor en enero de este año. Del total, 2 millones se han realizado en autobús interregional (44,3 %), más de 2,1 millones en tren de media distancia (47,3 %) y 377.000 en Cercanías, incluyendo la red catalana de Rodalies (8,23 %).

Qué redes están cubiertas hasta ahora con el Abono Único

A falta de la adhesión de nuevos servicios autonómicos y locales, el Abono Único ya integra las concesiones de transporte regular por carretera, los servicios de Cercanías y Rodalies de Renfe, y varios trayectos de Media Distancia y AVANT (Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca, Alicante-Murcia y Avant Exprés Barcelona-Tortosa, a excepción del tramo Barcelona-Tarragona).

El título unificado no se puede utilizar para servicios de transporte de alta velocidad, de mercancías ni servicios comerciales o turísticos. En fases futuras podrían sumarse transporte marítimo o fluvial metropolitano, transporte por cable y transporte a la demanda en zonas rurales.

La orden publicada este martes en el BOE especifica que la adhesión será voluntaria para comunidades autónomas y entidades locales, las cuales podrán incorporarse mediante convenios donde se detallen los servicios disponibles, sus operadores, así como los títulos de viaje y otros aspectos financieros.

Qué es y cuánto cuesta el Abono Único

El Abono Único es un billete de transporte personal e intransferible, que permite a su titular realizar viajes ilimitados durante 30 días. Con él, los usuarios pueden desplazarse en trenes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y algunos servicios AVANT, así como en autobuses interregionales de titularidad estatal.

Esta característica lo convierte en una herramienta práctica para quienes necesitan movilidad frecuente y un ahorro frente a la compra de billetes individuales. El precio del abono es de 60 euros mensuales, aunque existe una modalidad especial para los jóvenes. Las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2000 pueden acceder al Abono Único joven por un precio reducido de 30 euros.

Además, las familias cuentan con beneficios adicionales, ya que se mantiene la gratuidad del transporte para menores de 15 años, conforme a las bonificaciones implementadas por el Ministerio desde junio de 2025. Esta medida asegura que los más jóvenes puedan viajar sin coste adicional, fomentando el uso del transporte y facilitando los desplazamientos familiares.

Cómo activar el Abono Único

Para activar el Abono Único, los usuarios pueden utilizar distintos canales de venta habilitados por los operadores adheridos, incluyendo taquillas, máquinas de venta en estaciones y terminales, y en páginas web oficiales. Al realizar la adquisición, cada abono se identifica con un localizador único, que permite asociar el título de transporte al usuario y validar los viajes que realice durante su periodo de vigencia.

En el caso del Abono Único joven, dirigido a personas menores de 26 años, es necesario completar un registro previo. Una vez registrado, el usuario recibe un código personal que deberá introducir al momento de comprar el abono a través de los canales habilitados. Esto garantiza que la tarifa especial se aplique correctamente.

Después de la compra, el titular del abono puede elegir la fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores a la adquisición. A partir de la fecha seleccionada, el Abono Único estará activo durante 30 días naturales, permitiendo viajes ilimitados en los servicios incluidos sin necesidad de adquirir billetes adicionales. Este sistema facilita la planificación de desplazamientos y asegura que el abono se ajuste a las necesidades de cada usuario.

Requisitos, condiciones y sanciones

Para utilizar correctamente el Abono Único, el titular debe llevar siempre su DNI o NIE, ya que el abono es personal e intransferible. Solo la persona registrada puede hacer uso del título, y cualquier intento de compartirlo con otros usuarios se considera un uso indebido que puede generar sanciones.

Aunque el abono permite viajes ilimitados, existen reglas específicas según el tipo de transporte. En los autobuses solo se permite una reserva por sentido y por día, salvo en trayectos cortos, donde algunas empresas autorizan hasta dos reservas por sentido en la misma jornada. En Renfe Media Distancia no se puede encadenar trenes consecutivos si entre las salidas hay menos de 180 minutos o menos del triple de la duración del primer trayecto, ni se pueden realizar más de cuatro viajes de ida o vuelta con reserva de plaza en un mismo día.

El uso incorrecto del abono incluye prestar el título o el código de descuento a otra persona, no anular reservas previamente realizadas, superar los límites de reservas permitidas o utilizar la modalidad joven sin cumplir los requisitos de edad y residencia. En los autobuses, las anulaciones deben hacerse con al menos 24 horas de antelación y en Media Distancia o AVANT, al menos 60 minutos antes de la salida programada.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones, que incluyen el bloqueo temporal del Abono Único o la anulación del código de descuento. El bloqueo implica la pérdida del derecho a devolución y la imposibilidad de adquirir un nuevo abono durante 60 días. Entre las causas de bloqueo se encuentran el uso del abono por un viajero distinto al titular y reservar sin viajar ni anular la reserva hasta tres veces siguiendo los plazos mínimos de antelación establecidos.

Septiembre llega con una nueva mensualidad de la prestación por desempleo para las personas que tienen reconocido este derecho. El ingreso forma parte del sistema de protección gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se mantiene mientras continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para conservar la ayuda.

La vuelta a la rutina tras el verano convierte este pago en una referencia importante para muchos hogares, especialmente en un periodo marcado por el regreso de numerosos gastos habituales. Saber qué días manejan las distintas entidades permite tener una orientación sobre el momento en el que podría estar disponible la cantidad correspondiente.

El calendario de septiembre de 2026 permite concretar varias previsiones según el banco en el que esté domiciliada la prestación. A partir de esas referencias, también resulta útil conocer por qué pueden producirse diferencias entre unas cuentas y otras y qué aspectos conviene revisar cuando el importe esperado no aparece.

Cuándo ingresan los bancos el paro en septiembre

Las fechas de cobro de la prestación por desempleo pueden variar durante septiembre en función de la entidad bancaria. Aunque algunos bancos concentran el ingreso en torno al día 10, otros lo anticipan varios días de acuerdo con su operativa habitual.

Banco Santander suele situar estos abonos entre el segundo y el tercer día hábil de cada mes. En septiembre de 2026, esa referencia correspondería al miércoles 2 o al jueves 3, por lo que sus clientes podrían disponer del dinero durante los primeros días del mes. Unicaja acostumbra a efectuar el pago de la prestación por desempleo el día 9, que en esta ocasión cae en miércoles. CaixaBank y Bankinter, por su parte, fijan como referencia el jueves 10 de septiembre para que el importe quede reflejado en las cuentas de sus beneficiarios.

El momento exacto en el que aparezca el dinero puede depender de los procesos internos de cada entidad. Por ello, incluso entre clientes de un mismo banco, el ingreso puede no mostrarse a la misma hora durante la jornada prevista.

Por qué el paro puede aparecer antes o después según el banco

El SEPE es el organismo encargado de reconocer la prestación por desempleo y ordenar su pago, pero eso no significa que todos los beneficiarios vean el ingreso reflejado en su cuenta al mismo tiempo. La fecha concreta depende también de la entidad financiera y de la forma en la que esta gestione las transferencias recibidas.

Algunos bancos deciden anticipar el dinero antes de que llegue el día habitual de cobro. Para hacerlo, utilizan la información que reciben previamente sobre las nóminas y adelantan el importe con sus propios fondos. Esta práctica responde a una decisión comercial de cada entidad y únicamente afecta al momento en el que el beneficiario puede disponer del dinero, sin modificar la cuantía, la duración ni las condiciones de la ayuda.

Las entidades que no ofrecen este anticipo esperan a que la transferencia siga su tramitación ordinaria. En esos casos, el abono puede producirse alrededor de la fecha establecida o desplazarse cuando intervienen fines de semana y festivos. Por este motivo, que dos personas con la misma prestación cobren en días distintos no implica necesariamente que una de ellas tenga algún problema con su expediente.

También pueden darse diferencias dentro de una misma jornada. Cada banco trabaja con sus propios ciclos de actualización y procesamiento, de manera que el ingreso puede aparecer a distintas horas. Los horarios internos, los sistemas informáticos o el momento en el que se ejecutan las órdenes explican que el saldo no siempre se actualice a primera hora del día previsto.

Qué comprobar si la prestación no aparece en la cuenta

Cuando el abono no se refleja en el momento esperado, conviene revisar primero los movimientos bancarios durante toda la jornada. En ocasiones, la transferencia se incorpora más tarde y la ausencia del dinero durante las primeras horas no significa que exista una incidencia con el pago.

Si transcurre el periodo habitual y la cantidad sigue sin aparecer, el siguiente paso es consultar la situación de la prestación a través de los canales del SEPE. Esta comprobación permite saber si el abono continúa aprobado, si se ha producido alguna suspensión o si existe algún problema relacionado con los datos asociados al expediente.

Hay determinadas circunstancias que también pueden alterar la llegada del dinero, como un cambio reciente de cuenta bancaria, una revisión administrativa o el incumplimiento de alguna obligación vinculada al mantenimiento de la prestación. Entre ellas se encuentra la renovación de la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente.

Por ello, es importante distinguir entre una diferencia provocada por la operativa bancaria y una incidencia administrativa. Mantener actualizados los datos personales y financieros, además de cumplir con las obligaciones exigidas, resulta necesario para que el pago pueda tramitarse con normalidad, independientemente del día concreto en el que cada entidad haga disponible el importe.

El Ingreso Mínimo Vital sigue siendo una de las principales prestaciones económicas dirigidas a los hogares con menos recursos. Su funcionamiento combina una serie de requisitos de acceso, una cuantía adaptada a cada caso y un sistema de pagos mensuales que puede variar según el momento en el que se reconoce la ayuda y la entidad bancaria en la que esté domiciliada.

Con la llegada de septiembre, una de las dudas habituales entre quienes ya tienen reconocido el IMV es saber cuándo recibirán la próxima mensualidad. Aunque existe un calendario general, algunos bancos adelantan el ingreso y permiten disponer del dinero antes que otros, por lo que no todos los beneficiarios ven reflejado el pago en su cuenta el mismo día.

A estas diferencias se añade la situación de quienes empiezan a cobrar la prestación por primera vez. En estos casos, el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales, dependiendo del momento en el que se haya aprobado la solicitud y de cuándo quede incorporada al ciclo de abonos correspondiente.

Quién puede acceder al Ingreso Mínimo Vital y cómo se determina la ayuda

El Ingreso Mínimo Vital forma parte de las prestaciones de la Seguridad Social y está dirigido a personas y familias que no alcanzan determinados niveles de ingresos. Su objetivo es garantizar una base económica mínima a los hogares con menos recursos, aunque la cantidad concedida no es la misma en todos los casos y depende de las circunstancias concretas de cada beneficiario.

Pueden acceder tanto personas que viven solas como unidades de convivencia formadas por varios miembros. Para recibirlo es necesario cumplir una serie de condiciones relacionadas con los ingresos disponibles, el patrimonio, la composición del hogar y la residencia. Como norma general, también se exige haber residido de forma legal y continuada en España durante al menos el año anterior, salvo en los casos que la normativa contempla como excepción.

Para calcular la cuantía se tiene en cuenta la diferencia entre los recursos del hogar y la renta garantizada que corresponda según sus características. Algunos perfiles, como los hogares con menores, las familias monoparentales o aquellos en los que hay personas con discapacidad, pueden tener derecho a complementos adicionales. La prestación se mantiene mientras sigan cumpliéndose las condiciones exigidas, por lo que cualquier cambio en la situación económica, familiar o de residencia debe comunicarse.

Cuándo se cobra el IMV de septiembre

La fecha en la que se recibe el Ingreso Mínimo Vital puede cambiar de una entidad bancaria a otra, ya que algunas adelantan el pago respecto al calendario ordinario. Por este motivo, los beneficiarios no siempre reciben la mensualidad en la misma jornada, aunque se trate de la misma prestación.

Banco Santander sitúa el pago del IMV entre el martes 22 y el jueves 24 de septiembre. CaixaBank, por su parte, tendría como referencia el jueves 24, mientras que BBVA mantendría su fecha habitual y realizaría el ingreso el viernes 25. En el caso de Unicaja, el funcionamiento suele ser distinto. Esta entidad acostumbra a abonar el IMV el último día hábil del mes, que en septiembre de 2026 corresponde al miércoles 30.

Estas fechas pueden variar en función de la gestión interna de cada banco y del procesamiento de los pagos. Por eso, que el dinero no aparezca a primera hora del día previsto no significa necesariamente que exista algún problema con la prestación.

Qué ocurre con el primer cobro del Ingreso Mínimo Vital

Quienes empiezan a recibir el Ingreso Mínimo Vital pueden encontrarse con unos plazos distintos a los de las personas que ya cobran la prestación de forma habitual. La fecha del primer pago depende del momento en el que se resuelva favorablemente la solicitud y de cuándo se incorpore al procedimiento de abonos correspondiente.

Si la aprobación llega cuando el mes ya está en marcha, es posible que el ingreso no se haga efectivo hasta la siguiente nómina. Esta situación puede producirse especialmente cuando la resolución llega cerca del cierre del periodo de tramitación, ya que el expediente debe quedar incluido en el proceso administrativo antes de que se ordene la transferencia.

Ese intervalo entre la concesión y la llegada del dinero a la cuenta no significa que se pierdan las cantidades reconocidas. El primer pago puede incluir los importes que correspondan desde la fecha en la que la prestación empieza a tener efectos económicos, según figure en la resolución recibida por el beneficiario.

A partir de ese primer abono, el IMV pasa a seguir su funcionamiento mensual habitual siempre que continúen cumpliéndose los requisitos. Desde entonces, el ingreso se ajusta al calendario ordinario de la prestación y, cuando corresponda, a los posibles adelantos que aplique la entidad bancaria en la que esté domiciliado el pago.

La Seguridad Social cambiará desde este martes, 1 de septiembre, la forma de comunicar determinadas actuaciones a algunos trabajadores y beneficiarios de prestaciones. La modificación amplía el uso de los canales electrónicos en varios procedimientos. A partir de esa fecha, quienes estén incluidos en los nuevos supuestos tendrán que prestar más atención a la Sede Electrónica para consultar las notificaciones relacionadas con sus expedientes.

La medida está recogida en la Orden ISM/541/2026 y supone un nuevo avance en el uso de las comunicaciones digitales dentro de la Seguridad Social. El cambio no afectará por igual a todos los ciudadanos ni hará obligatoria la vía telemática para cualquier persona que cobre una prestación. Su aplicación se limita a determinados trámites relacionados principalmente con situaciones de incapacidad.

Esto tampoco significa que las cartas vayan a desaparecer por completo. Aunque el canal electrónico pasará a ser el principal para los colectivos afectados, la normativa mantiene varios supuestos en los que la Administración podrá seguir utilizando medios no digitales. El cambio que entra en vigor en septiembre amplía, por tanto, el número de personas que deberán consultar sus comunicaciones por internet, pero conserva otras vías cuando se den determinadas circunstancias.

A quién afecta el cambio desde el 1 de septiembre

Uno de los grupos que se incorpora a esta obligación es el de las personas que hayan solicitado o estén cobrando una prestación por incapacidad temporal. Esto incluye a trabajadores que se encuentren de baja laboral y tengan abierto un procedimiento relacionado con esa situación. Las comunicaciones vinculadas a estos expedientes pasarán a realizarse principalmente por vía electrónica.

La modificación también afecta a las notificaciones relacionadas con una incapacidad permanente y con lesiones permanentes no incapacitantes. En estos casos, la obligación dependerá del procedimiento concreto al que haga referencia la comunicación. Esto no significa que cualquier pensionista tenga que recibir a partir de ahora todas sus notificaciones de manera digital.

El sistema electrónico ya incluye además a quienes solicitan o cobran prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor, así como a las personas que reciben ayudas relacionadas con el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. Estos colectivos seguirán sujetos al mismo régimen que tenían hasta ahora. El cambio no pone en marcha un sistema completamente nuevo, sino que amplía el número de personas físicas obligadas a utilizarlo en determinados procedimientos.

Cómo se recibirán las notificaciones y cuándo se mantendrá el papel

Las personas afectadas tendrán que consultar sus comunicaciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Cuando haya una nueva notificación disponible, el organismo enviará un aviso al correo electrónico o al teléfono móvil que el interesado haya facilitado previamente. Ese mensaje servirá para informar de que existe un documento pendiente de consulta.

Para acceder a su contenido será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas habilitados, como el certificado digital, el DNI electrónico o Cl@ve. La notificación se considerará recibida en el momento en el que el destinatario acceda y consulte el documento. Si no lo hace, empezará a contar un plazo máximo de diez días desde que la comunicación quede disponible.

Una vez transcurridos esos diez días sin que el interesado haya entrado al contenido, la notificación se entenderá rechazada. Esto obliga a quienes estén incluidos en este régimen a revisar sus canales electrónicos cuando tengan algún trámite abierto, ya que dejar de recibir una carta en casa no significa que el procedimiento administrativo se detenga.

Aun así, la Seguridad Social podrá seguir utilizando medios no electrónicos en determinados casos. Entre ellos se encuentran las situaciones en las que sea necesaria una entrega presencial para garantizar la eficacia de una actuación administrativa o cuando exista una urgencia que haga incompatible esperar al funcionamiento habitual del canal digital.

También podrá recurrirse a otra forma de comunicación cuando el organismo no disponga del número de teléfono móvil o del correo electrónico del interesado para enviarle el aviso correspondiente. Estas excepciones mantienen la posibilidad de utilizar el papel en situaciones concretas, aunque deje de ser la vía habitual para los nuevos colectivos que pasan a estar obligados a recibir las comunicaciones electrónicamente.

Quiénes no están obligados a recibir las notificaciones por vía electrónica

La reforma no convierte a todos los beneficiarios de la Seguridad Social en usuarios obligatorios de las notificaciones electrónicas. Ser pensionista, por sí solo, no implica quedar incluido en la nueva obligación. Quienes cobren una pensión de jubilación, viudedad u orfandad no pasarán a recibir todas sus comunicaciones exclusivamente por internet únicamente por percibir alguna de estas prestaciones.

Lo mismo ocurre con las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital o determinadas prestaciones familiares. Ser beneficiario de estas ayudas tampoco supone por sí mismo que todas las notificaciones tengan que pasar al canal digital a partir del 1 de septiembre.

La clave está en el tipo de procedimiento al que se refiera cada comunicación. La obligación se aplica únicamente a los supuestos concretos recogidos en la normativa y no a cualquier relación con la Seguridad Social. Por este motivo, una misma persona puede encontrarse dentro o fuera del sistema electrónico en función de la prestación o del expediente que tenga abierto.

Desde septiembre, el principal cambio para los trabajadores afectados será la necesidad de consultar de forma activa la Sede Electrónica cuando tengan una baja por incapacidad temporal o reciban comunicaciones relacionadas con una incapacidad permanente o con lesiones permanentes no incapacitantes. El correo postal seguirá utilizándose en determinadas circunstancias, pero dejará de ser la vía principal para estos procedimientos.

Septiembre arranca con cambios en los precios de los carburantes. La rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos se eleva a 20 céntimos por litro en el caso de gasóleo (diésel) desde este 1 de septiembre, frente a los cinco céntimos inicialmente previstos para ese mes, según ha confirmado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La decisión llega después de que el precio del gasóleo se haya incrementado un 15,7 % en el mes de julio, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que sirven de referencia para la reactivación de algunas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno.

La subida se sitúa por encima del umbral del 15 % previsto en el decreto ley de medidas para contener el impacto de la guerra en Oriente Próximo, un conflicto entre Estados Unidos e Irán que está lejos de resolverse. De hecho, en las últimas horas, ambos países han vuelto a intercambiar ataques y las posibilidades de una paz duradera no se vislumbran, pese a las promesas de Donald Trump.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recuerdan que el decreto ley aprobado tiene “un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso”. Y ese vuelve a ser el caso.

Descuentos de carburantes en septiembre

El gasóleo, también conocido como diésel, tendrá un descuento de veinte céntimos por litro este mes de septiembre, una ayuda que intenta compensar la subida en los precios por el conflicto en Oriente Próximo. En cambio, no habrá cambios ni mayores descuentos en el caso de la gasolina.

Los usuarios solo se beneficiarán de un descuento de cinco céntimos por litro, lo previsto inicialmente porque este combustible solo se encareció un 7,3 %, muy por debajo del umbral del 15 % fijado en el decreto del ejecutivo.

Reactivación de las medidas

El ministerio dirigido por Carlos Cuerpo insiste en que tanto el primer plan de respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación “están cumpliendo su objetivo principal: ”Amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares“. El departamento defiende que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses, por lo que ”el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60 % de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán“.

Se ha vuelto a detectar una masiva y peligrosa campaña de mensajes de texto fraudulentos que suplanta, de forma directa, a la Tesorería General de la Seguridad Social. Los ciberdelincuentes esta vez envían un SMS al teléfono móvil de los ciudadanos informándoles de que disponen de una supuesta actualización pendiente en el sistema. El mensaje insta de manera urgente a pulsar sobre un enlace de internet adjunto para gestionar dicho trámite administrativo de forma inmediata. Sin embargo, este enlace redirige a una página web falsa que suplanta la identidad de la propia Tesorería General.

Esta estafa ha sido identificada y calificada con un nivel de importancia alta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), así como por la Guardia Civil, que ha utilizado sus redes oficiales para alertar a la ciudadanía sobre este engaño que busca hacerse con datos confidenciales de los usuarios mediante enlaces maliciosos. Este tipo de ciberataque es conocido bajo la denominación técnica de smishing, una modalidad de fraude que se basa en el envío de mensajes de texto simulando ser una entidad legítima. El objetivo principal de estos mensajes es confundir a los receptores para robarles información privada o realizarles un cargo económico en sus cuentas de forma fraudulenta.

Por lo general, los ciberdelincuentes aprovechan la confianza que los usuarios depositan en las instituciones públicas o de servicios esenciales para hacerlos picar en el anzuelo de manera rápida. La Seguridad Social constituye uno de los cebos más utilizados por estas organizaciones cibernéticas, junto con otras entidades públicas de gran relevancia como la Agencia Tributaria, los ayuntamientos locales o los servicios postales de Correos, con el fin de maximizar el número de víctimas y obtener un mayor impacto económico ilícito. De esta forma, la víctima asume falsamente la autenticidad del remitente.

Una vez que el usuario hace clic en el enlace que acompaña al mensaje de texto, es redirigido a un sitio web fraudulento que copia con gran precisión el portal real. La página falsa imita a la perfección los logotipos de la Seguridad Social, las tipografías corporativas, los colores institucionales y la disposición visual para lograr una apariencia de absoluta verosimilitud ante el público. Con el propósito de dar mayor credibilidad al fraude y tranquilizar al usuario, el sitio web malicioso exige superar un supuesto control de seguridad. Este filtro falso consiste en una verificación para confirmar que la persona no es un robot, lo que imita las medidas habituales que se encuentran en entornos seguros y legítimos en internet, logrando así que la víctima disminuya su nivel de alerta y continúe con los pasos del trámite.

Asimismo, este tipo de mecanismos interactivos pretenden convencer al usuario de la legalidad de las operaciones antes de solicitar datos. En el interior de este portal web falso, se muestra una notificación que informa sobre la disponibilidad de una supuesta prestación económica que está pendiente de revisión. Concretamente, en los casos reportados por los afectados a organizaciones de consumidores como la OCU, se ofrece un total pendiente de cobro de 305 euros. Para supuestamente gestionar el abono y proceder al trámite, la página solicita de manera sucesiva el ingreso de datos personales como el nombre completo y el número del DNI. Una vez introducidos estos datos, el sistema fraudulento solicita de forma obligatoria los datos bancarios completos y el número de la tarjeta de crédito bajo el falso pretexto de realizar un ingreso directo de esa cantidad de dinero. El usuario no sospecha que está entregando sus claves en bandeja.

A pesar del cuidado diseño visual de la página web falsa, existen múltiples elementos técnicos que delatan el engaño si se realiza una observación atenta y analítica. Los enlaces de internet que circulan en esta campaña masiva utilizan diferentes direcciones que imitan dominios legítimos del Estado, pero que en realidad son completamente extraños. Entre los dominios fraudulentos detectados y denunciados por portales de verificación figuran ejemplos con errores ortográficos como portelsegscoial punto click, seg guion social guion gob punto us, portaliseg guion socolsegob punto click o portaeliseg guion socailbgob punto click. Estas direcciones sospechosas no guardan ninguna relación con la única dirección web oficial de la Seguridad Social.

La Seguridad Social ha recordado de manera tajante a todos los ciudadanos que bajo ninguna circunstancia solicita el pago de deudas ni la actualización de datos mediante enlaces recibidos por SMS. Para acceder de manera completamente segura a cualquier tipo de trámite de la Tesorería General y evitar cualquier engaño, es necesario utilizar únicamente las vías oficiales autorizadas. Los usuarios deben abrir de forma directa en sus navegadores la aplicación de Importass, el portal web oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien acceder a su área personal a través de la Sede Electrónica. Desde estas aplicaciones del Estado se pueden consultar de forma verídica todas las notificaciones pendientes sin correr el riesgo de sufrir una estafa financiera ni comprometer los datos de las tarjetas.

Rapidez y capturas

Para aquellas personas que hayan accedido al enlace y facilitado datos de carácter personal o bancario, se recomienda actuar de forma rápida siguiendo un protocolo de seguridad. El primer paso indispensable es ponerse en contacto inmediato con su entidad financiera para proceder al inmediato bloqueo de las tarjetas y evitar cargos económicos no autorizados. En segundo lugar, es muy importante reunir y guardar de manera ordenada todas las evidencias posibles del fraude informático, como capturas de pantalla, los mensajes recibidos y las direcciones web de los enlaces maliciosos. La rapidez en la reacción y el acopio de pruebas digitales resultan cruciales para minimizar el impacto del fraude y reclamar devoluciones bancarias.

Una vez recopiladas todas las evidencias necesarias sobre la estafa, el afectado debe presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, es aconsejable reportar el mensaje fraudulento al buzón de incidentes del INCIBE para alertar sobre la campaña activa y evitar que otras personas resulten estafadas. Como medida preventiva adicional, los expertos recomiendan practicar el egosurfing de manera periódica durante los meses posteriores al incidente para verificar que la información personal expuesta no esté siendo utilizada de forma indebida en la red.

La vuelta al cole en este curso escolar que arranca en pocos días se presenta como una de las más costosas de los últimos años. El desembolso medio por alumno podría superar la barrera de los 500 euros. Ante esta situación y según muchos expertos, uno de los errores financieros habituales es tratar el mes de septiembre como un gasto imprevisto y aislado en lugar de integrarlo en el presupuesto anual. Planificar con antelación los gastos de la vuelta al cole distribuyendo aportaciones en meses previos evita errores de financiación de última hora, lo que alivia la temida cuesta postvacacional.

Otro fallo frecuente es lanzarse a las tiendas sin antes revisar los armarios y cajones del propio hogar. Comprar cuadernos, pinturas o tijeras totalmente nuevos sin hacer un inventario previo del material en buen estado genera gastos innecesarios. Asimismo, a veces se desperdicia la gran oportunidad de que los hermanos más pequeños hereden uniformes, libros o estuches de los mayores. Esta vieja pero efectiva costumbre de heredar prendas y materiales escolares en buenas condiciones supone un ahorro directo y automático para el presupuesto familiar.

Llevar a los niños de compras para equipar la vuelta a las aulas suele ser, según muchos expertos en consumo, una trampa costosa. Los más pequeños son sumamente influenciables por la publicidad y se encaprichan fácilmente de artículos llamativos. Al acudir a los establecimientos sin ellos, los padres evitan estas compras compulsivas e innecesarias. En ocasiones también es más sencillo ceñirse a las marcas blancas, que resultan excelentes aliadas de la economía doméstica al ofrecer la misma utilidad que marcas más famosas.

El error de comprar en el primer establecimiento que se visita también priva a las familias de un ahorro sustancial. Comparar tarifas en internet y librerías físicas permite reducir el gasto en libros de texto hasta en un 25%. Igualmente, la falta de previsión a la hora de reservar los manuales con antelación impide aprovechar las promociones y descuentos por reserva anticipada que ofrecen los comercios online y las grandes superficies. Navegar por la red y realizar búsquedas virtuales facilita la comparación de los costes desde la comodidad de casa.

En la adquisición de uniformes se cometen errores como adquirir todas las prendas en el colegio. Comprar la ropa directamente en el centro educativo en lugar de tiendas externas puede encarecer la factura más de 40 euros. Para ahorrar, se deben adquirir en el colegio las prendas con logotipo y comprar los pantalones o polos básicos en tiendas genéricas. Además, no prever el crecimiento de los niños al comprar la ropa ajustada obliga a realizar nuevos desembolsos a mitad de curso por no elegir tallas con margen.

El empeño por estrenar absolutamente todo representa otra fuga de dinero totalmente evitable. Plataformas de economía circular registran cifras récord y permiten ahorrar hasta la mitad del presupuesto en libros y ropa . No recurrir a la segunda mano o al intercambio de material escolar entre particulares puede privar a los hogares de recuperar hasta 200 euros por alumno. Del mismo modo, ignorar los programas de préstamo voluntario y de libros gratuitos que promueven los colegios y comunidades autónomas supone renunciar a un alivio económico directo.

Desgravar gastos

No contemplar el formato digital para los libros de texto es otra oportunidad de ahorro que suele pasarse por alto. Una cesta escolar con libros de texto digitales cuesta menos que una con manuales tradicionales en papel, lo que puede recortar la factura por estudiante. Otro error común es comprar las lecturas obligatorias del curso en lugar de acudir a las bibliotecas públicas o de las asociaciones de familias para conseguirlas en préstamo temporal y gratuito.

Finalmente, caer en la tentación de comprar packs de material innecesario solo porque están de oferta es un error de consumo. Asimismo, muchas familias pierden dinero al no guardar las facturas de libros o uniformes, perdiendo el derecho a desgravar estos gastos en la siguiente declaración de la renta. Tampoco se suele investigar la existencia de becas autonómicas o municipales destinadas a transporte, comedor o material escolar. Consumir con sentido común, comparar y planificar son las herramientas definitivas para una vuelta al cole más barata.

El cobro de las pensiones vuelve a ser una de las cuestiones que muchos beneficiarios tienen en cuenta durante agosto. Aunque la Seguridad Social establece un calendario para abonar estas prestaciones, el día exacto en el que el dinero aparece en la cuenta puede cambiar según la entidad financiera. Lo habitual es que los bancos adelanten el ingreso respecto al plazo ordinario, de modo que buena parte de los pensionistas recibe la mensualidad antes de que empiece el mes siguiente. Ese adelanto no responde a una obligación general, sino a la política de cada entidad.

La normativa establece que las pensiones se pagan a mes vencido y que el importe debe estar disponible entre el primer día hábil del mes y, como máximo, el cuarto día natural. El Instituto Nacional de la Seguridad Social abona las cantidades a las entidades financieras dentro de ese periodo. A partir de ese momento, cada banco decide si adelanta el dinero a sus clientes y en qué fecha lo hace. Por eso, no todos los beneficiarios reciben el ingreso al mismo tiempo, aunque cobren una prestación perteneciente al mismo sistema.

Estas diferencias forman parte del funcionamiento habitual del pago de las pensiones. Los bancos suelen mantener una pauta parecida cada mes, aunque el calendario puede cambiar cuando coinciden fines de semana o festivos. También influyen la operativa interna de cada entidad y la recepción de los ficheros de pago. Las fechas anticipadas afectan a las pensiones contributivas domiciliadas en una cuenta bancaria y el ingreso se realiza de manera automática, sin que el beneficiario tenga que realizar ningún trámite adicional.

Cuándo paga cada banco la pensión en agosto

Unicaja tiene previsto adelantar la mensualidad el viernes 21 de agosto de 2026. Será la primera de las entidades incluidas en este calendario en poner el dinero a disposición de sus clientes. La fecha queda justo antes del fin de semana del 22 y 23, por lo que quienes tengan domiciliada allí su prestación podrán recibir el importe antes que los usuarios de otros bancos. Este adelanto no modifica el calendario de la Seguridad Social, sino que depende de la operativa propia de la entidad.

Banco Santander y CaixaBank sitúan el ingreso el lunes 24 de agosto. Las dos entidades concentran el pago después del fin de semana y un día antes que varios bancos incluidos en el listado. Que un pensionista reciba el dinero esa jornada mientras otro todavía no lo tenga disponible no significa que exista una incidencia. La fecha concreta depende del banco en el que esté domiciliada la prestación y de la política de adelanto que aplique cada entidad.

El martes 25 de agosto será la fecha de referencia para BBVA, Banco Sabadell, Abanca y Kutxabank. Las cuatro entidades coinciden ese día para realizar el abono anticipado de la mensualidad. De esta forma, las fechas previstas para agosto quedan repartidas entre el viernes 21, el lunes 24 y el martes 25. La Seguridad Social no fija una jornada concreta para estos adelantos, por lo que cada banco puede organizar el ingreso según sus propios criterios.

La diferencia de uno o varios días entre unas entidades y otras es habitual. La referencia para cada pensionista debe ser la fecha comunicada por su propio banco y no la correspondiente a otra compañía. En general, estos abonos suelen situarse entre los días 21 y 26 de cada mes, aunque esa pauta puede cambiar. Por este motivo, una variación respecto a meses anteriores no significa necesariamente que exista un problema con la prestación si el ingreso continúa dentro del calendario previsto.

Qué hacer si no has recibido el pago de la pensión

Si el ingreso no aparece cuando se esperaba, lo primero es comprobar si el banco ya ha llegado a la fecha prevista para realizarlo. No todas las entidades siguen el mismo calendario y que otros pensionistas hayan recibido ya la mensualidad no significa necesariamente que exista un retraso. También hay que tener en cuenta que el adelanto no es una obligación común para todos los bancos y que el pago ordinario puede efectuarse dentro del margen legal establecido para los primeros días del mes siguiente.

Cuando han pasado varios días desde la fecha prevista y el dinero sigue sin aparecer en la cuenta, la primera consulta debería hacerse con la entidad financiera. El banco puede comprobar si el movimiento está pendiente de contabilizarse, si se ha producido un retraso puntual o si existe alguna incidencia relacionada con la cuenta. Esta comprobación resulta especialmente útil cuando se han realizado cambios recientes en la domiciliación o modificaciones de datos que puedan afectar a la recepción de la prestación.

Si el banco no encuentra el ingreso o no puede explicar la demora, el siguiente paso es ponerse en contacto con la Seguridad Social. Sus canales de atención permiten comprobar si la prestación se ha emitido correctamente y si los datos bancarios asociados al expediente están actualizados. Para facilitar la consulta, conviene disponer de la documentación personal, los datos de la cuenta en la que se espera recibir el dinero y cualquier comunicación reciente relacionada con la pensión o con cambios administrativos.

También es recomendable revisar si existen avisos pendientes, modificaciones de domiciliación que no se hayan completado o incidencias con la cuenta bancaria. Tanto la entidad financiera como el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueden informar sobre el estado del pago y ayudar a localizar el origen del problema. Antes de considerar que existe una falta de abono, conviene diferenciar entre la fecha de adelanto aplicada por cada banco y el plazo ordinario de la Seguridad Social, ya que son calendarios distintos y el primero puede variar de una entidad a otra.

Cada vez más empresas abandonan el tradicional sistema de claves alfanuméricas para adoptar las denominadas passkeys como nuevo estándar de seguridad. Esta tecnología surge para solucionar el eslabón más débil de la ciberseguridad corporativa: las contraseñas que los empleados olvidan, reutilizan o comparten inadecuadamente. Las passkeys representan una revolución en la autenticación que ya están integrando algunos gigantes tecnológicos en sus plataformas. El cambio no es meramente estético, sino una respuesta directa a la creciente vulnerabilidad de los sistemas tradicionales frente a ataques masivos.

Actualmente, millones de trabajadores utilizan este método para acceder a sus herramientas diarias sin tener que memorizar complejos códigos de acceso. Es el inicio de una era sin contraseñas donde la comodidad y la protección avanzada convergen finalmente para el usuario. La adopción masiva está transformando la manera en que las organizaciones protegen sus activos digitales más críticos y confidenciales. El éxito de esta transición depende de entender que la seguridad informática ha cambiado para siempre gracias a esta solución.

Una passkey es fundamentalmente una credencial criptográfica diseñada para sustituir definitivamente a las contraseñas tradicionales en el entorno laboral. En lugar de teclear una clave, el trabajador confirma su identidad utilizando los mismos métodos que ya emplea para desbloquear su smartphone personal. Esto incluye el reconocimiento facial, la huella dactilar o un número PIN específico configurado previamente en su dispositivo de trabajo. Al eliminar la necesidad de memorizar caracteres complejos, se reduce drásticamente el error humano que suele comprometer la seguridad de la red.

El proceso de inicio de sesión se vuelve mucho más ágil, pasando de minutos de espera a apenas unos pocos segundos. Este método se basa en estándares globales para garantizar una interoperabilidad total entre diferentes sistemas y navegadores. Los dispositivos modernos ya están listos para implementar esta tecnología de forma nativa. Así, la biometría se convierte en la llave digital definitiva que abre las puertas de las aplicaciones y servicios corporativos.

El funcionamiento técnico de estas credenciales se asienta sobre un sistema robusto de criptografía asimétrica basado en dos claves distintas. Cuando un empleado crea una passkey, su dispositivo genera automáticamente una clave pública y otra clave privada que están interconectadas. La clave pública se almacena de forma segura en el servidor de la empresa o del servicio al que se desea acceder. Por el contrario, la clave privada nunca abandona el dispositivo del usuario y permanece protegida en componentes de hardware aislados. Durante el inicio de sesión, el servidor envía un desafío que solo puede resolverse mediante el uso de la clave privada local. Esta validación se realiza internamente en el equipo tras verificar la identidad del trabajador mediante su biometría o su código PIN.

Es importante destacar que el servicio externo nunca recibe la huella dactilar ni la imagen del rostro del usuario durante este proceso. Este aislamiento garantiza que la información sensible del empleado permanezca siempre bajo su control directo y fuera de servidores externos. Uno de los mayores atractivos de las passkeys empresariales es su resistencia absoluta frente a los ataques de phishing más convencionales. Una passkey está vinculada intrínsecamente al dominio específico para el que fue creada, impidiendo su uso en sitios web fraudulentos o imitaciones.

Aunque un ciberdelincuente logre engañar al trabajador para que acceda a una URL falsa, la credencial simplemente no funcionará allí. Además, al no existir un texto que memorizar, el empleado no puede entregar accidentalmente sus datos de acceso a terceros malintencionados. Por otro lado, este sistema elimina el riesgo asociado a las filtraciones masivas de bases de datos de contraseñas corporativas. Los servidores solo guardan claves públicas que resultan inútiles para un atacante sin acceso físico al dispositivo donde reside la clave privada. Esto neutraliza los ataques de fuerza bruta y el uso de credenciales robadas que circulan masivamente en la internet oscura. La seguridad ya no depende de la complejidad de una palabra, sino de la robustez de un algoritmo criptográfico avanzado.

La implementación de passkeys conlleva beneficios operativos significativos que van más allá de la mera protección de los datos de la empresa. El departamento de soporte técnico suele dedicar una gran parte de su tiempo a gestionar incidencias relacionadas con el olvido de claves. Al adoptar este nuevo método, las solicitudes de restablecimiento de contraseñas disminuyen drásticamente, liberando recursos valiosos para tareas de mayor impacto. La productividad de la plantilla también mejora, ya que el acceso a las herramientas de trabajo es mucho más rápido y fluido. El ahorro en costes administrativos y de soporte justifica por sí solo la inversión tecnológica necesaria para realizar esta importante transición. Además, las empresas pueden cumplir más fácilmente con las normativas europeas de protección de datos que exigen métodos de autenticación fuertes.

Dos modalidades

Y es que, como afirma Jordi Alarcón, responsable de IT de Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos, “cuando hablamos de contraseñas siempre existe la vulnerabilidad. Este sistema las elimina, ofrece más seguridad y hace el acceso más sencillo. Desde el punto de vista de un departamento de IT son un gran avance, ya que reduce el problema que suponen los errores humanos, el eslabón más débil en las estructuras de ciberseguridad”.

Dentro del ámbito empresarial, existen dos modalidades principales de passkeys que las empresas deben evaluar según sus políticas de seguridad internas. Las passkeys sincronizadas permiten utilizar la misma credencial en varios dispositivos autorizados a través de servicios en la nube de confianza. Esta opción ofrece una gran comodidad y flexibilidad para empleados que cambian constantemente entre su ordenador portátil, su tablet y su móvil. Sin embargo, para entornos con requisitos de seguridad extremos, existen las passkeys vinculadas estrictamente a un único dispositivo físico. Estas credenciales no pueden copiarse ni sincronizarse, actuando como guardianes de fortaleza que exigen el uso exclusivo de un hardware concreto. Muchas empresas optan por estas últimas para proteger accesos críticos a infraestructuras sensibles o datos financieros de alta confidencialidad.

La llegada de agosto vuelve a situar la fecha de cobro de la prestación por desempleo entre las principales consultas de quienes reciben esta ayuda. Conocer con cierta antelación cuándo estará disponible el dinero resulta especialmente importante para organizar los gastos del hogar, atender recibos y afrontar otros pagos habituales durante un mes en el que muchas familias también modifican sus rutinas por las vacaciones.

El paro constituye una fuente de ingresos esencial para las personas que han perdido su empleo y cumplen los requisitos establecidos para acceder a esta protección. Su abono se mantiene mientras el beneficiario conserve el derecho reconocido y atienda las obligaciones asociadas, entre ellas renovar la demanda de empleo dentro del plazo correspondiente y comunicar cualquier cambio que pueda afectar a su situación.

A pesar de que existe un procedimiento común para tramitar estas prestaciones, el dinero no siempre aparece en las cuentas durante las primeras jornadas del mes. Esta circunstancia suele generar dudas entre quienes consultan su saldo y todavía no encuentran reflejada la cantidad esperada, aunque en muchos casos se debe únicamente al funcionamiento habitual del proceso de pago.

En agosto de 2026 puede establecerse una referencia aproximada para el ingreso, pero la jornada concreta no será necesariamente idéntica para todos los perceptores. El calendario del mes y las distintas formas de gestionar los abonos permiten elaborar previsiones que ayudan a saber cuándo podría recibirse la prestación y a identificar si existe realmente alguna incidencia.

Fechas de cobro del paro en agosto según cada banco

El pago de las prestaciones por desempleo tendrá como fecha general de referencia el lunes 10 de agosto de 2026. Al coincidir el día 10 con una jornada laborable, el calendario no obliga a trasladar el ingreso. Sin embargo, el momento exacto en el que el dinero aparecerá en la cuenta dependerá de la política aplicada por cada entidad financiera.

El SEPE abona las prestaciones por mensualidades vencidas y realiza el ingreso en la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario. A partir de ahí, algunos bancos esperan a la fecha ordinaria, mientras que otros anticipan la cantidad una vez que reciben la información necesaria para tramitar el pago.

En el caso de Unicaja, la previsión es que la prestación quede disponible el domingo 9 de agosto, siempre que la entidad haya recibido previamente los datos requeridos para efectuar el abono. De este modo, sus clientes podrían disponer del dinero un día antes de la fecha general establecida. CaixaBank mantendría el lunes 10 de agosto como jornada prevista para realizar el ingreso. Una fecha similar se contempla para los clientes de BBVA, que podrían empezar a ver reflejada la prestación en sus cuentas a partir de ese mismo lunes.

Por qué la prestación no llega el mismo día a todas las cuentas

El SEPE se encarga de reconocer la prestación por desempleo y tramitar la orden correspondiente, pero la fecha en la que el importe queda disponible también está condicionada por la actuación de cada entidad financiera. Esta intervención explica que dos beneficiarios con el mismo tipo de ayuda puedan recibir el dinero en jornadas diferentes.

Determinados bancos anticipan el abono antes de que llegue la fecha habitual. Para ello utilizan la información sobre las nóminas que reciben previamente y ponen la cantidad a disposición de sus clientes con recursos propios. Se trata de una política comercial voluntaria, por lo que no modifica las condiciones de la prestación, su duración ni el importe reconocido.

Las entidades que no aplican este adelanto incorporan el dinero a las cuentas cuando la transferencia se procesa conforme al calendario ordinario. En esos casos, el ingreso puede aparecer en la fecha prevista o trasladarse al siguiente día laborable cuando coinciden fines de semana o festivos. Esta diferencia no supone necesariamente que exista una incidencia en el expediente.

La hora concreta en la que se actualiza el saldo tampoco es idéntica en todos los bancos. Los ciclos de procesamiento, los horarios internos y el funcionamiento de los sistemas informáticos pueden provocar que el movimiento se muestre por la mañana, por la tarde o incluso más adelante dentro de la misma jornada. Antes de comunicar un posible impago, conviene comprobar que la cuenta registrada es correcta y que se han cumplido obligaciones como mantener activa la demanda de empleo.

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en un apoyo económico relevante para las personas y familias cuyos recursos no alcanzan los niveles establecidos por la Seguridad Social. La prestación busca asegurar unos ingresos básicos, aunque tanto la cantidad reconocida como las condiciones de acceso dependen de la situación particular de cada solicitante, del número de integrantes del hogar, así como de los ingresos y el patrimonio disponibles.

De cara al mes de agosto, una de las cuestiones que más interés genera es la fecha en la que se recibirá la mensualidad. El día concreto puede variar según la entidad bancaria, ya que algunas adelantan el abono respecto al calendario ordinario. También existen diferencias en el caso de quienes acaban de obtener una resolución favorable, puesto que el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales.

En qué consiste el IMV y cuáles son sus beneficiarios

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social destinada a garantizar unos recursos básicos a personas y hogares que atraviesan dificultades económicas. Pueden acceder tanto quienes viven de manera independiente como las unidades de convivencia formadas por varios integrantes, siempre que su nivel de renta y patrimonio se encuentre por debajo de los límites establecidos.

La cantidad reconocida varía en cada expediente. Para determinarla, se compara el conjunto de ingresos de los beneficiarios con el umbral de renta garantizada asignado según el número de miembros y las características del hogar. La normativa también prevé incrementos en determinados supuestos, entre ellos la existencia de menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad.

La solicitud está abierta a ciudadanos españoles y extranjeros que residan legalmente en España y reúnan las condiciones exigidas. Con carácter general, se requiere haber permanecido en el país de forma legal y continuada durante el año anterior, aunque existen algunas excepciones. El derecho a cobrar la prestación se conserva mientras continúe la situación que permitió su concesión, por lo que cualquier modificación familiar, económica o residencial debe comunicarse a la Seguridad Social.

Cuándo se cobra el IMV de agosto

El día en el que el IMV aparece reflejado en la cuenta puede cambiar según la entidad en la que esté domiciliada la prestación. Aunque existe un calendario general para estos abonos, algunos bancos anticipan el dinero varios días y otros esperan hasta el cierre del mes para efectuar la transferencia.

Banco Santander se encuentra habitualmente entre las entidades que permiten disponer antes de la mensualidad, por lo que sus clientes podrían recibir el ingreso a partir del sábado 22 de agosto. CaixaBank tendría como fecha de referencia el lunes 24, mientras que BBVA mantendría su jornada habitual de pago, fijada en esta ocasión para el martes 25.

Unicaja sigue una operativa diferente y, por norma general, abona el IMV durante el último día hábil del mes. En agosto de 2026, esta fecha corresponde al lunes 31, de modo que sus beneficiarios tendrían que esperar algunos días más que los clientes de las entidades que aplican adelantos.

Estas previsiones pueden experimentar modificaciones debido a los procedimientos internos de cada banco o al tiempo necesario para procesar la transferencia. Además, el ingreso no siempre se refleja a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora dentro del propio día señalado no implica necesariamente que exista un problema con la prestación.

Cuándo llega el primer ingreso del IMV

El estreno en el cobro del IMV no siempre coincide con las fechas habituales de quienes ya reciben la prestación con regularidad. En los expedientes recién aprobados, el momento del abono depende de cuándo se comunica la resolución favorable y de si esta puede incorporarse a tiempo al proceso de pagos del mes en curso.

Si la concesión se formaliza una vez iniciado el mes, la transferencia puede quedar incluida en la siguiente nómina. Esta situación es más frecuente cuando la aprobación se produce cerca del cierre del periodo de pago, ya que la Administración necesita completar la tramitación antes de ordenar el ingreso.

El hecho de que el dinero llegue más tarde no supone necesariamente una reducción de la cantidad reconocida. El primer abono puede reunir las mensualidades o importes generados desde la fecha en la que la ayuda comienza a tener efectos económicos, de acuerdo con lo indicado en la resolución.

Por ello, conviene diferenciar el día desde el que nace el derecho a percibir el IMV de la fecha exacta en la que la entidad bancaria refleja la transferencia. Una vez efectuado este pago inicial, las siguientes mensualidades se incorporan al funcionamiento ordinario, siempre que continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para mantener la prestación.

La Unión Europea quiere implementar ya el primer marco jurídico integral del mundo destinado a regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Conocida técnicamente como el Reglamento (UE) 2024/1689, esta normativa pionera busca fomentar una tecnología fiable que respete siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Su enfoque no es punitivo por definición, sino que se basa en una clasificación de riesgos que adapta las exigencias legales al peligro potencial de cada sistema.

Desde los inicios de esta ley, el calendario de aplicación ha avanzado de forma escalonada para permitir que el tejido empresarial se adapte. Esta ley afecta a todos los actores de la cadena de valor, desde desarrolladores hasta simples usuarios profesionales. El eje de esta regulación reside en su estructura basada en cuatro niveles de riesgo que determinan las obligaciones específicas para cada herramienta tecnológica utilizada hoy día. En el escalón más alto se sitúan las prácticas inaceptables que suponen una amenaza clara para la seguridad o los derechos de las personas, quedando totalmente prohibidas. Por debajo encontramos los sistemas de alto riesgo, que abarcan áreas críticas como la salud, la educación o la gestión de infraestructuras esenciales. Para la mayoría de las empresas, los niveles de riesgo limitado o mínimo serán los más habituales en sus operaciones cotidianas de oficina. Esta distinción permite que aplicaciones sencillas como los filtros de correo no deseado sigan operando sin cargas burocráticas excesivamente pesadas.

Una de las fechas más críticas para las empresas que utilizan inteligencia artificial es precisamente este inminente 2 de agosto, momento en que la transparencia se vuelve obligatoria. A partir de esta fecha, las empresas deben garantizar que cualquier interacción con un sistema automatizado sea plenamente identificable para el usuario final o cliente. Esto implica que los asistentes virtuales y los populares chatbots de atención al cliente deberán revelar su naturaleza artificial desde el inicio del contacto establecido. No bastará con ocultar esta información en las condiciones de uso, sino que el aviso debe ser claro y accesible durante toda la conversación. El objetivo es preservar la confianza del público al asegurar que los humanos sepan siempre si están tratando con una máquina.

La obligación de etiquetado se extiende también a la creación y difusión de contenidos generados o manipulados artificialmente, como imágenes, audios y piezas de vídeo hiperrealistas. Los proveedores de sistemas generativos deben incorporar marcas de agua digitales o metadatos legibles por máquina que permitan detectar el origen sintético del archivo. Por su parte, las empresas que publiquen estos materiales en sus redes sociales tienen la responsabilidad legal de incluir avisos visibles y explícitos. Esta medida es especialmente rigurosa con los llamados deepfakes, donde la alteración del rostro o la voz de una persona podría inducir a engaño. El reglamento busca evitar la desinformación en un entorno digital donde la realidad y la ficción son ya difíciles de separar.

En el ámbito de la comunicación, la ley introduce reglas específicas para los textos publicados que informen sobre asuntos que resulten de interés público general. Si una empresa utiliza modelos de lenguaje para redactar noticias, crónicas financieras o análisis electorales de forma automatizada, deberá identificar claramente dicha autoría artificial. Existe una excepción importante para aquellos artículos que, aunque utilicen herramientas de apoyo, pasen por una edición humana real donde se asuma la responsabilidad editorial final. Esto permite que la inteligencia artificial siga siendo un asistente valioso para corregir ortografía o mejorar el estilo sin necesidad de etiquetas. Sin embargo, la publicación directa de reportes sin supervisión humana sí requerirá un marcado transparente ante la audiencia.

No todo el uso de la inteligencia artificial en la actividad diaria de una oficina estará sujeto a estas exigentes medidas de marcado o transparencia pública obligatoria. La normativa excluye específicamente las comunicaciones internas de la empresa, como la redacción de correos corporativos, manuales de formación o resúmenes de reuniones privadas. Igualmente, la generación de código fuente por equipos de desarrollo de software o la creación de eslóganes publicitarios y textos comerciales no requieren avisos legales. Estas excepciones están diseñadas para no entorpecer la eficiencia operativa interna ni penalizar la creatividad en el marketing digital de productos básicos. Las empresas pueden así integrar la tecnología en sus flujos de trabajo administrativos sin temor a incurrir en infracciones graves.

Sanciones considerables

Para navegar por este escenario regulatorio, muchas compañías están recurriendo a soluciones especializadas de gobernanza que permiten registrar y auditar cada sistema tecnológico empleado. Estas herramientas facilitan la clasificación de los riesgos asociados a cada departamento y definen las medidas de cumplimiento exactas que deben aplicarse según la finalidad. Además de la parte técnica, la ley exige a las empresas adoptar medidas de alfabetización para que su personal esté formado en el uso de estas herramientas. No se trata solo de cumplir con un trámite legal, sino de integrar una cultura de responsabilidad que evite resultados discriminatorios o errores técnicos.

Ignorar las nuevas directrices europeas conlleva sanciones considerables que podrían poner en peligro la viabilidad de muchas organizaciones en el mercado único. Las multas por incumplir las obligaciones de transparencia pueden alcanzar cifras astronómicas de hasta 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio. Para las infracciones más graves relacionadas con prácticas prohibidas, las sanciones se elevan incluso hasta los 35 millones de euros o el 7% anual. Más allá de la sanción económica, el daño reputacional de ser percibido como una empresa opaca o poco ética puede ser devastador para la marca.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que los teléfonos plegables parecían más un ejercicio de ingeniería que un producto realmente pensado para el gran público. Eran llamativos, pero también caros, voluminosos y rodeados de dudas sobre su resistencia y utilidad real.

Siete generaciones después, Samsung considera que esa etapa ha quedado atrás. La compañía surcoreana presentó en Madrid su nueva familia Galaxy Z con un mensaje claro: los plegables ya no son una rareza tecnológica, sino una gama con modelos pensados para perfiles de usuario muy distintos. Los nuevos Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra no buscan reinventar el concepto, sino perfeccionarlo.

La estrategia consiste en ofrecer tres experiencias diferenciadas: un modelo compacto pensado para la movilidad, otro orientado al consumo de contenidos y un tercero dirigido a quienes buscan convertir el móvil en una auténtica herramienta de productividad. Todo ello acompañado de una nueva generación de funciones de Galaxy AI y de los relojes Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9.

Los dispositivos fueron mostrados durante una presentación celebrada en las oficinas de Samsung en Madrid ante un reducido grupo de periodistas. Allí la compañía puso el foco en mejoras menos llamativas que un nuevo diseño, pero probablemente más importantes para el usuario: dispositivos más finos y ligeros, bisagras reforzadas, un pliegue menos visible y una inteligencia artificial más integrada en el uso diario.

Un Flip más inteligente

Samsung espera que el Galaxy Z Flip8 siga siendo el modelo más popular de la familia. Su formato compacto continúa siendo la puerta de entrada al universo de los plegables y, en esta generación, gana funciones sin perder su principal atractivo.

Con 180 gramos de peso y 6,1 milímetros de grosor cuando está desplegado, la compañía asegura que es el Flip más fino y ligero hasta la fecha. Incorpora el nuevo procesador Exynos 2600, pensado para mejorar el rendimiento y sacar mayor partido a Galaxy AI.

Durante la demostración, Samsung mostró cómo el diseño plegable permite utilizar las cámaras principales de 50 megapíxeles para hacerse selfies o apoyar el teléfono parcialmente abierto sobre una superficie para grabar vídeos o realizar videollamadas sin necesidad de trípode.

Entre las novedades destaca Auto Zoom, que detecta automáticamente a las personas presentes en la escena y reajusta el encuadre, así como Horizontal Lock, un sistema de estabilización heredado de la familia Galaxy S26 que mantiene el horizonte nivelado durante la grabación.

Otra mejora importante afecta a la FlexWindow, la pantalla exterior, que ahora permite responder mensajes, consultar información o utilizar determinadas aplicaciones sin necesidad de abrir el dispositivo.

Tres plegables para tres usuarios

Si el Flip8 representa la movilidad, los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra son la apuesta de Samsung por quienes buscan una experiencia más cercana a la de una tableta.

La principal novedad es precisamente el Fold8, un nuevo modelo intermedio pensado para quienes consideran demasiado pequeño el Flip o excesivamente orientado al trabajo el Ultra. Con 201 gramos de peso, es el Galaxy Fold más ligero hasta la fecha y apuesta por una pantalla interior en formato 4:3, especialmente pensada para leer, navegar, jugar o consumir contenido multimedia.

Por encima se sitúa el Galaxy Z Fold8 Ultra, el modelo más ambicioso de la gama. Samsung ha reducido su grosor hasta los 4,1 milímetros cuando está desplegado, manteniendo un peso de 215 gramos pese a incorporar una pantalla interior de ocho pulgadas.

Su principal atractivo continúa siendo la productividad. Durante la presentación, la compañía mostró cómo el dispositivo permite trabajar con hasta tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo, copiar textos e imágenes entre ellas y aprovechar el espacio adicional para consultar información mientras se redactan documentos o correos electrónicos.

El Ultra incorpora además una cámara principal de 200 megapíxeles y funciones avanzadas de fotografía y vídeo pensadas para la creación de contenidos.

Los tres dispositivos comparten una nueva estructura denominada Flex Titanium, que combina titanio y un rediseño de la bisagra para aumentar la resistencia del panel y hacer que el pliegue resulte mucho menos perceptible.

Galaxy AI gana peso

Más allá del hardware, buena parte de la presentación estuvo dedicada a Galaxy AI, que Samsung considera el auténtico elemento diferenciador de esta generación.

Entre las novedades figura My FanCam, una herramienta capaz de seguir automáticamente a una persona dentro de un vídeo y adaptar el encuadre, incluso transformándolo de horizontal a vertical para facilitar su publicación en redes sociales.

La inteligencia artificial también permite modificar fotografías mediante instrucciones escritas, eliminando objetos, añadiendo nuevos elementos o transformando completamente una escena.

Las funciones más orientadas a la productividad llegan de la mano de Samsung Notes, capaz de transcribir reuniones, identificar a los distintos interlocutores, resumir conversaciones, reorganizar el contenido o traducir automáticamente las notas a otros idiomas. A ello se suma Samsung DeX, que permite utilizar el teléfono como si fuera un ordenador al conectarlo a un monitor.

Samsung completó la presentación con los Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, que amplían las funciones relacionadas con la actividad física, el sueño y la salud y refuerzan la integración con el resto del ecosistema Galaxy.

Con esta nueva generación, Samsung parece haber dejado atrás la etapa en la que los plegables buscaban simplemente sorprender. Después de siete generaciones, la compañía da por consolidado el formato y centra ahora sus esfuerzos en ofrecer tres propuestas claramente diferenciadas. El reto ya no consiste en demostrar que un teléfono puede doblarse, sino en convencer de que ese diseño aporta ventajas reales en el día a día, ya sea para trabajar, consumir contenidos o, simplemente, llevar un móvil más compacto en el bolsillo.

El periodo estival suele asociarse a la desconexión y al descanso vacacional, pero para los departamentos de tecnología representa una etapa de máxima alerta. Los expertos en ciberseguridad advierten que los ataques informáticos a empresas experimentan un incremento aproximado del 30% durante estos meses de calor. Esta tendencia responde a una estrategia deliberada de los ciberdelincuentes, quienes aprovechan que las organizaciones operan con personal reducido y protocolos de vigilancia menos estrictos. No bajar la guardia resulta fundamental para garantizar la continuidad del negocio tras el regreso de las vacaciones.

Y es que la ciberdelincuencia no descansa cuando el resto de la sociedad se toma un respiro necesario, intensificando sus campañas de intrusión. Por ello, el nivel de protección debe ser una prioridad estratégica dentro del cumplimiento corporativo de cualquier empresa. Mantener la vigilancia activa es la única forma de evitar que un descanso merecido se transforme en una crisis reputacional. La vulnerabilidad de las compañías aumenta sobre todo debido a la combinación de plantillas bajo mínimos y una relajación general de las medidas preventivas. Durante el verano, muchos empleados trabajan de forma remota desde ubicaciones poco habituales, lo que multiplica los vectores de entrada para posibles intrusiones. Los atacantes son plenamente conscientes de que el departamento de informática puede estar vacío o con menos recursos técnicos disponibles.

Esta situación crea un entorno perfecto para que los intentos maliciosos tengan una mayor probabilidad de éxito que en otros meses del año. Es común que los protocolos de acceso se vuelvan más laxos para facilitar la operatividad de quienes cubren las ausencias. Además, la contratación de personal temporal para sustituciones añade un riesgo extra si no existe una formación de seguridad adecuada. Por tanto, la seguridad no debe verse como algo técnico, sino como un pilar organizacional fundamental. La concienciación debe ser el primer cortafuegos ante cualquier amenaza que busque explotar el factor humano.

Entre las amenazas más recurrentes en esta temporada, el phishing se posiciona como la técnica preferida debido a su alta efectividad. Se estima que los intentos de suplantación de identidad por correo electrónico aumentan significativamente, especialmente los dirigidos a individuos específicos. Los delincuentes utilizan ganchos relacionados con reservas de hoteles, billetes de avión y ofertas turísticas para engañar a los trabajadores desprevenidos. Además del fraude al consejero delegado y el robo de identidad, el ransomware sigue siendo una preocupación crítica para los expertos. Estos ataques buscan cifrar la información sensible de la empresa para exigir un rescate económico por su posterior liberación. La sofisticación de estos mensajes maliciosos hace que incluso el personal más experimentado pueda caer en la trampa.

Para mitigar estos riesgos, implementar la autenticación multifactor en todas las cuentas corporativas se considera una medida de primer orden. Este sistema añade una capa de verificación adicional que dificulta enormemente el acceso no autorizado a los recursos críticos. Asimismo, es imperativo realizar una actualización exhaustiva de todos los sistemas y software antes de iniciar el periodo de vacaciones. Los parches de seguridad corrigen vulnerabilidades conocidas que los hackers intentarán explotar si no están debidamente cerradas. La automatización de las copias de seguridad es otro pilar fundamental para asegurar la recuperación de datos ante un desastre.

El uso de conexiones remotas seguras es indispensable para aquellos trabajadores que mantienen su actividad laboral durante el periodo estival. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad recuerdan que “durante las vacaciones de verano se visitan aeropuertos, hoteles, etc. En casi todos estos lugares existe la posibilidad de conectarse a Internet a través de redes Wi-Fi públicas. Como no sabemos quién las gestiona, ni quién puede estar conectado, es preferible no conectarse a ellas. Antes de acceder a servicios online con usuario y contraseña, asegurarse de que la dirección empieza por ”https“, y mucho mejor emplear una ”VPN“.

Además, se debe ejercer un control estricto sobre los dispositivos móviles que se utilizan para fines laborales. Implementar políticas de cifrado, contraseñas robustas y la capacidad de borrado remoto es vital en caso de pérdida o robo. Limitar los accesos al personal estrictamente autorizado reduce significativamente el radio de impacto de una posible brecha. El principio de mínimo privilegio asegura que cada usuario solo acceda a lo que realmente necesita.

“La seguridad depende, sobre todo, de las personas”, afirma Jordi Alarcón, responsable de IT de Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos: “Nos relajamos, asumimos la carga de compañeros de vacaciones o seguimos revisando el correo corporativo desde el móvil, sin estar tan alerta, lo que facilita que acabemos haciendo clic en enlaces maliciosos. Por eso, si vas a teletrabajar desde un entorno no habitual, evita conectarte a wifis abiertas y mantén el Bluetooth o el AirDrop desactivados. Y, si eres responsable de ciberseguridad, aprovecha para revisar el protocolo de copias de seguridad y activar protocolos de ciberresiliencia.”

Cómo reaccionar

La formación del personal, incluyendo a los sustitutos temporales, constituye una de las mejores inversiones en materia de seguridad informática. Es crucial que los nuevos empleados conozcan los protocolos de la empresa y sepan identificar los ataques más comunes. No descargar aplicaciones de origen dudoso ni archivos adjuntos sospechosos son pautas básicas que deben reforzarse constantemente. La curiosidad por ofertas vacacionales o guías de viaje en formato PDF puede esconder virus informáticos altamente peligrosos. Además, se recomienda moderar la información que los empleados publican en sus perfiles personales de redes sociales. Compartir la ubicación en tiempo real o las fechas exactas del viaje puede dar pistas valiosas a los atacantes.

Contar con un plan de respuesta ante incidentes bien definido permite actuar con rapidez si ocurre una intrusión accidental. Todos los miembros de la organización deben saber a quién contactar y qué pasos iniciales seguir de forma inmediata. La detección temprana de comportamientos anómalos en los equipos puede evitar un desastre de mayor impacto reputacional. Antes de cerrar por vacaciones, realizar una búsqueda proactiva de brechas de seguridad ayuda a blindar el entorno digital. Por eso, en verano la ciberseguridad sigue siendo una necesidad imperativa para la supervivencia empresarial. Proteger la infraestructura tecnológica significa salvaguardar la confianza de los clientes y la reputación de la marca. Los ciberdelincuentes no se toman vacaciones y su actividad se intensifica precisamente cuando detectan una menor vigilancia.