La Comunitat Valenciana acogía a 31 de agosto de 2026 a un total de 1.152 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los registros de datos oficiales. Esta cifra representa una proporción de un menor por cada 5.000 habitantes en el territorio valenciano. De acuerdo con la capacidad ordinaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, bajo las directrices del Real Decreto-ley 2/2025 para la garantía del interés superior de la infancia ante contingencias migratorias extraordinarias, la red pública valenciana debería contar con 1.903 plazas estructurales. De este modo, la ocupación actual del sistema se sitúa en el 60% de su capacidad ordinaria, una cifra alejada de los relatos de sobresaturación del 180% argumentados por el Consell de Pérez Llorca.

La evolución del sistema refleja un crecimiento moderado en los últimos meses. A comienzos de 2025, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, la Comunitat Valenciana albergaba a 1.017 menores migrantes no acompañados. En el transcurso de un año y medio, el número de niños y niñas bajo tutela autonómica se ha incrementado únicamente en 135 personas.

Según fuentes del Ejecutivo central, estas cifras demuestran que la aplicación del mecanismo de acogida vinculante y solidaria aprobado el pasado año apenas ha tenido incidencia sobre la capacidad del sistema valenciano. Y añaden que para la financiación de estas plazas, el Gobierno de España entregó el pasado año a la Generalitat fondos extraordinarios por un importe de 7.414.575 euros, a los que se suma una asignación adicional de 2.601.726 euros en el presente ejercicio.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia defienden que la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta exige el compromiso activo de las comunidades autónomas, competentes en exclusiva en la protección de menores. Fuentes del departamento ministerial sostienen que la vía para articular el traslado es la firma de convenios bilaterales para la derivación de niños y niñas de las instalaciones ceutíes. “El caso de Navarra ha demostrado que, con voluntad política, es muy sencillo”, señalan desde el Ministerio, y recuerdan la obligación de dotar de manera correcta los sistemas públicos para disponer de las plazas fijadas en la capacidad ordinaria, evitar “informaciones falsas” a la opinión pública y dimensionar los recursos en lugar de aplicar reducciones fiscales a las rentas más altas.

Esta discrepancia en el baile de cifras se produce en un escenario de creciente tensión política entre ambas administraciones. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado este mismo viernes que no existe “ninguna comunicación oficial” por parte del Gobierno central y ha insistido en que las instalaciones públicas están “al 180 por ciento” de su capacidad, por lo que descarta la recepción de más menores. Consultada por elDiario.es la Conselleria de Servicios Sociales, responsable de la acogida de menores migrantes, se ha remitido a las palabras de Barrachina de este mismo viernes: “Nada que añadir”.

En los mismos términos se expresó hace unos días el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien reiteró su rechazo frontal al traslado desde Ceuta tras calificar la entrada de migrantes a finales de julio como una “invasión” y defender el retorno inmediato de los niños a sus países de origen bajo la premisa de que “los niños donde mejor están es con sus padres”.

Un informe sobre el entorno familiar y el “núcleo duro” político del president Juan Francisco Pérez Llorca, probablemente elaborado por un detective privado, lleva semanas agitando el ya de por sí tenso ambiente del PP valenciano de puertas para adentro. El documento completo, al que ha tenido acceso elDiario.es, consta de 36 páginas, además de otras cuatro de resumen ejecutivo. Se trata de un dosier —de carácter “confidencial” y de “uso interno y reservado” y “exclusivo del cliente”— preparado el pasado mes de junio por un profesional.

El análisis adjudica una serie de niveles de supuesto “riesgo”, tanto mediático como en materia de “recorrido penal”, sobre presuntas irregularidades en el entorno de Juan Francisco Pérez Llorca, además de la “prueba documental”.

Fuentes de la dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo niegan que haya llegado a la calle Génova ningún dosier sobre Pérez Llorca. Pero el informe existe y alguien ha solicitado a un detective o a un investigador similar que elabore el documento, que alude a seguimientos a políticos, empresarios y abogados del círculo del president de la Generalitat. Fuentes del Palau de la Generalitat tampoco han querido hacer ningún comentario sobre la existencia de este informe.

El dosier, que esta pasada semana circulaba por el Senado y que ha sido la comidilla en cenáculos políticos y periodísticos, relata detalladamente el inconveniente que, eventualmente, podría suponer para el PP la designación del actual jefe del Consell como candidato para revalidar el puesto en las próximas elecciones autonómicas de 2027. De momento, la dirección nacional mantiene la incógnita de quién será el cabeza de cartel para la Comunitat Valenciana.

“Expediente CKV-2026/01-EJ”

El autor del dosier, que lleva en su encabezamiento el código “Expediente CKV-2026/01-EJ”, repasa los datos de los registros mercantiles y de la propiedad, entre otros, de las empresas familiares de Pérez Llorca y de su “núcleo duro” político más cercano en el seno del PP y del Ejecutivo autonómico, evaluando los supuestos riesgos penales y mediáticos en caso de filtración.

Sin embargo, a excepción de algunos elementos vinculados al urbanismo del Ayuntamiento de Finestrat, donde Pérez Llorca fue concejal del ramo y alcalde, el dosier no aporta demasiadas novedades y parte ampliamente de informaciones publicadas por los medios de comunicación, fundamentalmente por este diario.

No obstante, se trata de un elemento de guerra sucia política en el PP susceptible de propiciar cierta desestabilización interna, azuzada por las batallas de las diferentes corrientes tras la dimisión de Mazón y que retrata el ambiente del partido. En cada apartado, el documento reseña supuestas “red flags” del president de cara a su nominación como candidato.

Terrenos de 20.000 metros cuadrados

El investigador ha rastreado en el Registro de la Propiedad las parcelas de la familia de Juan Francisco Pérez Llorca en Finestrat. Se trata de fincas inscritas tanto a nombre de personas físicas, del entorno directo del exalcalde, como de una empresa familiar, Rancallosa SL.

El “patrimonio rústico familiar” de Pérez Llorca en la localidad de la comarca de la Marina Baixa se cifra en el informe en un total de “20.319 metros cuadrados”, suma que este diario ha comprobado en el Registro de la Propiedad que se ajusta a la realidad.

El dosier destaca el decreto municipal, firmado por Juan Francisco Pérez Llorca poco antes de su nombramiento como president, de la consulta pública previa del Plan General Estructural (PGE) de Finestrat, que regula el urbanismo en la localidad en las próximas décadas y que sigue bloqueado actualmente. El informe también alude a una obra de reurbanización en la avenida de Benidorm del municipio de Finestrat.

Otro apartado se centra en el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, uno de los altos cargos más cercanos al jefe del Consell.

El “operativo de campo” para el “dispositivo de seguimiento”

Además, según se desprende del dosier, para su elaboración se hicieron supuestos “seguimientos” (en un “operativo de campo”) al abogado David Serra, un antiguo dirigente y diputado autonómico del PP condenado en el 'caso Gürtel', casado con la vicepresidenta segunda de las Corts, Magdalena González La Red, y amigo de Pérez Llorca. Serra ha declinado comentar el informe, pero ha expresado su sorpresa por haber sido supuestamente espiado. “Estoy fuera de la política”, ha manifestado.

El documento menciona la supuesta “presencia documentada” de Serra (cuyo bufete fue contratado para la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Finestrat) y de Miguel Ángel Ivorra, director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat, en la taberna La Raspa de València, “reunidos en distintas fechas con diferentes empresarios”.

El dosier también indica que, en el marco del “mismo dispositivo de seguimiento”, David Serra habría aparecido acompañado por un directivo de una conocida empresa contratista y por Pérez Llorca en el palco del Roig Arena, aunque sin especificar la fecha.

El “Despacho Solicitante” y los “escenarios de filtración”

El documento, dada su naturaleza, no especifica quién lo encargó ni cuánto costó. Sin embargo, en uno de los apartados alude a una “decisión expresa del Despacho Solicitante”. Tampoco va firmado por el analista que lo concibió, aunque al final indica tres conceptos: “Inteligencia. Forense. Investigación”.

El dosier también plantea los “escenarios de filtración del expediente”, ya sea a “un medio de comunicación”, su “uso por la oposición política” o la “entrega íntegra” a la Fiscalía Anticorrupción.

Cristina Rodríguez tiene su agenda telefónica llena de nombres importantes. De jefes de la empresa Conservación de Carreteras (concesionaria del Ministerio de Transportes), de asistentes de la ministra Yolanda Díaz, o del líder de Compromís Joan Baldoví. Ha visitado la Fiscalía de València en varias ocasiones, ha ido a declarar al juzgado de Catarroja que investiga la dana de València, ha enviado correos en francés a la matriz de una multinacional y ha presentado una querella en los juzgados de Requena. Tiene dos abogados.

Cristina, jubilada de 67 años, lleva dos años intentando saber cómo murió su hijo y por qué su empresa, una UTE (Unión Temporal de Empresas) de mantenimiento de carreteras y con una sala de control con cámaras en directo dentro de su sede, permitió que trabajara ese día y que hiciera horas extra, lo que le llevó a estar en el peor sitio en el peor momento: la carretera A-3, a la altura de Chiva, entre las seis y las ocho y media de la tarde del día 29 de octubre de 2024.

“La última vez que hablé con él eran las siete y media. Me dijo que no le esperáramos a cenar, que estaba en un atasco monumental”. Una hora más tarde, según recoge un acta de Inspección de Trabajo a la que ha tenido acceso elDiario.es, Luis Ángel Saiz llamó a un colega de su empresa –formada por las firmas Eiffage y Opain– y le dijo que estaba atascado en la autovía, llena de agua, y muy “agobiado”. No volvió a coger el teléfono. Al día siguiente, la empresa localizó el coche, pero no a Luis.

“Me dijeron que su prioridad era mi hijo, pero no lo encontraron pese a que estaba a 200 metros de la furgoneta”, cuenta Cristina desde su casa en un barrio nuevo de València, donde se ha mudado porque no soportaba vivir en la casa de las afueras que compartía con Luis, una vivienda que además tuvo que vender para pagar la hipoteca. Un grupo de amigos fueron a buscarlo dos días después de la riada y localizaron el cuerpo de este oficial de primera de 45 años, muy deportista, que llevaba 20 años revisando incidencias en puentes y carreteras y que murió en una de ellas.

Según recoge la querella que Cristina ha presentado ante un juzgado contra la empresa y sus responsables, Luis estaba desnudo y había un chaleco amarillo limpio colgado en un árbol cercano. Las pertenencias de trabajo no estaban y tampoco las placas de matrícula del vehículo, según apunta la denuncia. “Todo lo que me devolvió la policía fue su cartera con su DNI”, cuenta su madre.

“Lo que sé de su empresa es que me llamó al día siguiente de la dana una chica para preguntarme por él y decirme que había abandonado la furgoneta con un golpe y se había llevado sus cosas”. Cristina y su marido se aferraron a que estaba con vida. “Mi marido me decía que estuviera tranquila, que Luis conocía perfectamente las carreteras y que se habría refugiado en algún sitio”. Lo siguiente que recibió de esa empresa, como heredera de su hijo, fue una nómina que incluía cuatro horas extras, posiblemente las realizadas ese día, apunta la denuncia. También les han ingresado el dinero del seguro laboral, sin que les hayan llamado personalmente, asegura: “Lo que hemos recibido son 47.000 euros, que es lo que vale la vida de mi hijo”, lamenta. Ninguna de las dos empresas que conforman la UTE han respondido al correo con las preguntas de este medio sobre su gestión del caso.

Luis tenía horario de siete de la mañana a tres de la tarde (la alerta roja fue decretada por Aemet a las 7.36). El caos en la red viaria complicó el día a los trabajadores de mantenimiento, a los que la empresa explicó que eran “esenciales”, según dos testigos que declararon ante el inspector. Pese a las condiciones meteorológicas y la información de cámaras que tenía la empresa, el acta refleja que no hubo información especial ni medidas de prevención para los empleados. Tampoco para Luis que, después de acabar su jornada, hizo horas extra hasta las 17.50, cuando fichó de salida. En sus alegaciones, la UTE asegura que las horas extra las hizo de manera “voluntaria”, algo que niega tajantemente Cristina. El acta de inspección refleja que se “desconoce” la causa por la que Luis siguió prestando apoyo a su empresa más allá de su jornada laboral. Pero fue fatal, porque eso hizo que se encontrara en la A-3 a la altura de Chiva cuando llegó el tsunami fluvial, en lugar de estar ya en casa.

La Inspección de Trabajo concordó en abril de 2025 poner una sanción por infracción “muy grave” a la UTE Conservación Valenciana, así como a À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL, por poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores el día de la dana. La causa del riesgo era la dana, pero “la causa del suceso fue la imprevisión de la empresa, que no tomó en consideración el grave e inminente riesgo que corría el trabajador fallecido y no adoptó medida preventiva alguna”, decía esta instancia de la administración sobre el caso de Luis. Impuso una multa de 60.000 euros, que debía abonar a la caja común de la Generalitat Valenciana, competente en materia laboral.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año –justo en el primer aniversario de la dana–, la propia Generalitat (liderada todavía por Carlos Mazón) dejó sin efecto las sanciones. La Dirección General de Trabajo, tras escuchar las alegaciones de la empresa de Luis, entendió que no podía prever lo sucedido citando que “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueron inevitables”, dice la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Claro, porque hay un procedimiento sobre la dana en Catarroja en el que la Generalitat mantiene que no era previsible. No pueden reconocer en otro procedimiento que sí que lo era, porque eso les perjudicaría en la causa de las muertes”, interpreta Izaskun Rodríguez, abogada personada en la instrucción de Catarroja y prima de Luis.

La querella penal que Cristina puso en los juzgados de Requena (el lugar de trabajo de Luis) contra la empresa y sus dirigentes también ha sido sobreseída, aunque los abogados luchan por reabrirla. La jueza de esa causa (distinta a la causa genérica de la dana) toma en consideración que el fiscal que investigó el caso laboral consideró la situación catastrófica del 29 de octubre como “inevitable” y “sin que la ausencia de previsibilidad del empresario dé lugar a su culpabilidad en el ámbito penal”. El otro argumento que utilizó la magistrada para archivar el caso de Luis contra la UTE fue precisamente el expediente por el que la Generalitat deja sin efecto las sanciones por infracción que había puesto a la empresa la Inspección de Trabajo (dependiente del Ministerio de Trabajo).

A Cristina, tratada por depresión (al igual que el padre de Luis y sus dos hermanos), aún le queda un resquicio de esperanza para saber cómo y por qué murió su hijo: “No es por mala suerte, como me dijo un compañero de él, fue porque los mandaron a trabajar con alerta roja aunque veían la situación con las cámaras”. Su proceso penal en Requena podría reabrirse porque la Fiscalía está investigando al alto cargo que anuló las sanciones de la Inspección, por si hubiera cometido un delito de prevaricación, lo que ayudaría a su caso. “Yo quiero verdad, justicia y reparación, por ese orden, no me conformo con que se murió por una mala casualidad, porque ese día no debían haber trabajado, y menos hacer horas extra con la situación como estaba, porque esa empresa se dedica a eso, a la inspección de carreteras, no es una pescadería”.

La madre de Luis se despide en la puerta de su nueva, blanca y silenciosa casa, plagada de retratos de su hijo fallecido: “Cuando contactes con la empresa, pregúntales, por favor, qué harían ellos si se les muere un hijo, si se quedarían conformes o buscarían saber qué ha pasado y por qué le mandaron allí”.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y candidata socialista a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, ha transmitido su “absoluta condena” a las agresiones ocurridas en Tavernes de la Valldigna y ha confirmado que la Guardia Civil las investiga como delitos de odio.

A preguntas de los periodistas sobre los avances de la investigación de agresiones a un joven marroquí —cuyo vídeo fue difundido en redes sociales— y a un joven de origen senegalés —denunciada por una entidad local— Bernabé ha condenado también los discursos de odio de responsables políticos que, a su juicio, contribuyen “a normalizar la violencia en la calle”.

“La Guardia Civil está investigando este delito como delito de odio y en este momento, gracias a los vídeos que se están viendo, se trabaja en la identificación de todas las personas que participaron en ese delito”, ha explicado.

Bernabé ha transmitido su “condena a una situación que vemos a diario y es esa normalización de los discursos de odio que estamos viendo especialmente en responsables políticos”.

A su juicio, “esos discursos del odio, esa normalización del odio hacia el diferente genera también esa normalización de la violencia en la calle”.

“Cuando se insulta al presidente del Gobierno, a las personas que están en la vida pública, del insulto a la acción hay un paso, por lo tanto, mi condena absoluta no solo a las acciones sino también a los discursos que acaban siendo el germen de lo que después se convierte en violencia en la calles”.

La dirigente socialista ha recordado que en el Ayuntamiento de València, “hay una concejala en el gobierno de María José Catalá que está en pleno procesamiento por delitos de odio, por atacar a las personas migrantes”

El debate entre el descanso nocturno y el arraigo de las tradiciones locales tiene ya un veredicto en el municipio valenciano de La Granja de la Costera. Los vecinos de esta localidad acudieron el pasado lunes a las urnas para decidir el futuro del tañido de las campanas de su iglesia. El resultado de la consulta popular reflejó una postura clara: 84 votos a favor de mantener el toque durante las 24 horas del día frente a 20 papeletas partidarias de restringir el sonido únicamente al horario diurno.

El origen de esta polémica se remonta a casi un año atrás, cuando la llegada de un nuevo residente al municipio alteró la rutina sonora del pueblo. Este vecino trasladó su malestar al Ayuntamiento con el argumento de que el sonido continuo de las campanas le impedía conciliar el sueño. Para respaldar su reclamación, recurrió a la ordenanza municipal de ciudadanía y bienestar, aprobada en 2014, que fija un límite máximo de sonoridad para la franja nocturna de 35 decibelios. Las mediciones confirmaron que el impacto acústico del campanario superaba dichos márgenes urbanísticos.

Ante esta situación, el alcalde de la localidad, José Miguel Marín, tomó la decisión de suspender temporalmente el repique nocturno con el objetivo de garantizar el descanso del vecino y evitar fricciones en el municipio. “Vino a poner una queja y me recordó que hay una ordenanza que prohíbe ruidos. Lo midió y eran más; lo entendí y decidí quitar temporalmente el toque nocturno”, explica el primer edil en declaraciones a elDiario.es.

Sin embargo, el cese de este sonido, habitual en el paisaje acústico de La Granja de la Costera, generó un sentimiento de pérdida en parte de la población. Diversos residentes trasladaron a la alcaldía su deseo de recuperar una costumbre con décadas de historia en el municipio. Para resolver el choque entre la normativa de ruidos y la costumbre popular, el equipo de gobierno optó por convocar una votación vinculante dirigida a los 280 vecinos con derecho a voto registrados en el censo –el municipio tiene una población global próxima a los 350 habitantes–.

Tras un proceso, en el que participó poco más de un tercio de los vecinos con derecho al voto, el respaldo al toque ininterrumpido resultó mayoritario. “El pueblo está contento, porque quieren volver a las viejas costumbres”, declara el alcalde, al tiempo que celebra la ausencia de disputas vecinales durante el proceso.

El Ayuntamiento de La Granja de la Costera iniciará los trámites para modificar la ordenanza en el pleno municipal de la próxima semana, un paso imprescindible para dotar de encaje legal al restablecimiento del tañido nocturno de las campanas tan pronto como la norma entre en vigor.

La comparecencia de la consellera de Educación, Carmen Ortí, en las Corts Valencianes, tras un periodo de “113 días sin dar explicaciones parlamentarias sobre la gestión autonómica”, ha reavivado la confrontación por la política autonómica en materia de infraestructuras escolares. Representantes de diversos municipios afectados por la revocación de proyectos del Plan Edificant han acudido al Parlamento valenciano para exigir la retirada inmediata del recurso presentado por la Generalitat ante el Tribunal Supremo. Denuncian que el Ejecutivo autonómico recurre sus propios expedientes técnicos para eludir la ejecución y presupuestación de más de 70 millones de euros en instalaciones educativas cuya necesidad cuenta con el respaldo firme del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así, califican de “caso inaudito” la estrategia procesal del departamento que dirige Ortí, al que acusan de interponer recursos con la única finalidad de retrasar el inicio de las actuaciones durante al menos dos años. Según exponen los alcaldes y portavoces desplazados a sede parlamentaria, y que han estado acompañados por el diputado de Compromís Gerard Fullana, la Conselleria presionó en su momento a las corporaciones locales para forzar la renuncia voluntaria a las delegaciones de competencias bajo la amenaza de demandas judiciales. En las localidades donde se cedió a estas presiones, según explica Fullana, el nivel de ejecución presupuestaria tras tres años resulta nulo, “una situación que se agrava por la falta de consignación para nuevas infraestructuras no proyectadas con anterioridad a julio de 2023”. Ante la existencia de informes técnicos que acreditaban el carácter imprescindible de estas obras, Compromís estudia emprender acciones penales por presunta prevaricación al considerar que se dictaron resoluciones injustas a sabiendas.

De forma paralela a las críticas por la gestión del plan de construcciones, se ha registrado una propuesta formal para reestructurar el calendario lectivo de Educación Primaria con el fin de corregir los insuficientes resultados acreditados por el informe PISA. La iniciativa plantea revertir el incremento de horas asignadas a la asignatura de Religión en los primeros cursos del ciclo y trasladar esta materia fuera del horario ordinario de mañana. Con este esquema, la oferta confesional mantiene su encaje en el marco legal estatal mediante impartición vespertina, al tiempo que libera las franjas de mayor rendimiento cognitivo del alumnado para la impartición de materias clave como la comprensión lectora o el razonamiento matemático.

La fundamentación de la medida incide en la ineficiencia pedagógica del modelo actual, donde cerca del 75 % del estudiantado opta por no cursar Religión y debe permanecer en el aula bajo la asignatura no evaluable de Atención Educativa. La normativa vigente prohíbe explícitamente avanzar materia o impartir contenidos curriculares durante ese periodo para evitar discriminaciones hacia el resto del grupo, lo que supone, según ha explicado Fullana, un menoscabo del tiempo lectivo utilizable para el refuerzo de competencias básicas. La propuesta busca situar estas áreas troncales en el horario de máxima atención docente para paliar el deterioro en los indicadores de aprendizaje.

La comparecencia de la consellera ha evidenciado la fractura entre el Consell y la oposición, quienes consideran urgente rectificar el rumbo en materia de infraestructuras y planificación curricular. La exigencia de reanudar las obras del Plan Edificant sin el obstáculo de recursos judiciales se suma a la voluntad de priorizar el rendimiento académico en las aulas públicas, en una sesión que anticipa un endurecimiento de la fiscalización política y judicial sobre las decisiones del Ejecutivo valenciano en el ámbito educativo.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha comparecido este viernes ante la Comisión de Educación de las Corts Valencianes para hacer balance del inicio del curso escolar 2026-2027. La responsable autonómica ha puesto en valor el arranque de las aulas el pasado 9 de septiembre para un total de 808.688 alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. Para dar cobertura a este periodo lectivo, la Generalitat dispone de la mayor partida económica del departamento en la historia de la autonomía: 7.749 millones de euros, volumen que representa cerca de tres de cada diez euros de las cuentas autonómicas globales. Durante su discurso, Ortí ha defendido que el Ejecutivo persigue “situar al alumnado en el centro del sistema, con más recursos para docentes, centros y familias”, bajo la premisa de que “detrás de cada decisión hay un alumno que aprende, un docente que enseña y una familia que confía en el sistema educativo”.

En el plano laboral, la titular de Educación ha resaltado que el sistema educativo valenciano alcanza los 88.405 docentes tras la incorporación de 4.834 profesionales respecto al ejercicio anterior. Esta cifra se enmarca dentro del Pla Més Mestre, cuyo objetivo contempla la suma de 5.000 nuevos efectivos hasta 2029 —2.742 de ellos orientados a la rebaja de ratios—, la estabilización de 10.000 plazas estructurales y una asignación presupuestaria superior a los 469 millones de euros. Asimismo, Ortí ha recordado el inicio del abono de la subida retributiva de 75 euros este mes de septiembre, una mejora acordada con ANPE y CSIF que alcanzará los 200 euros mensuales en 2028 y que se consolida en el complemento específico. A ello se unen medidas organizativas como la implantación de seis días de libre disposición retribuidos y la asunción directa por parte de la Conselleria, mediante la plataforma GVborses, de la selección del personal no docente de atención educativa y de administración, tarea que desempeñaba hasta la fecha la Conselleria de Función Pública.

Respecto a la atención en las aulas, la Generalitat ha detallado un calendario propio de reducción de ratios con horizonte en el curso 2030-2031, con topes de 22 alumnos en Infantil y Primaria y de 25 en la ESO. En los municipios en riesgo de despoblación, la rebaja del mínimo a tres alumnos ha propiciado la apertura de 102 nuevas unidades. Por su parte, la inclusión suma 383 aulas UECO —48 más que el año previo— y la Formación Profesional marca un máximo histórico con 105.114 estudiantes matriculados en centros públicos. En el capítulo de infraestructuras, el Consell prevé la apertura de 28 nuevos colegios e institutos este curso dentro de un plan de 1.410 millones hasta 2029, al tiempo que destina 140 millones al Plan EduClima para la mejora térmica de las instalaciones.

No obstante, la sesión parlamentaria ha quedado empañada por la protesta unánime de las organizaciones sindicales y de las familias invitadas por los grupos de la oposición, a quienes se impidió el acceso al interior de la sala de comisiones. Representantes de STEPV, CCOO, UGT y la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya han denunciado que las plazas reservadas para el público resultaron ocupadas por altos cargos de la propia Conselleria de Educación. Las entidades han calificado la situación de “vergüenza” y han criticado el intento de la administración de invisibilizar la voz de la comunidad educativa en sede legislativa, viéndose obligadas a seguir la comparecencia a través de un canal de audio desde una sala anexa.

Desde el sindicato STEPV, Olga Sierra ha censurado que los asientos disponibles estuvieran “sospechosamente ocupados por altos cargos que no tenían nada mejor que hacer”, una indignación a la que se ha sumado Xelo Valls, de CCOO PV, tras lamentar la maniobra para neutralizar las invitaciones tramitadas por el PSPV. Por parte de UGT PV, Francisco Javier González ha tachado de “inadmisible” el trato dispensado a los agentes sociales en el contexto actual del sector, mientras que José Manuel Casermeiro, en representación de la Confederación Gonzalo Anaya, ha afeado al departamento autonómico una ocupación premeditada del espacio a pesar de que la comitiva de invitados la integraban únicamente cuatro personas.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un acuerdo entre la administración autonómica y las organizaciones sindicales de los bomberos forestales que moviliza más de 15,4 millones de euros para la mejora del salario y el refuerzo de plantilla de los trabajadores de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE).

El jefe del Consell ha destacado que el acuerdo alcanzado con los bomberos forestales de la Comunitat Valenciana “es mucho más que una firma: representa la política de los hechos, la política de convertir los compromisos en decisiones, las decisiones en recursos y los recursos en mejoras para quienes protegen nuestro territorio”.

Así se ha manifestado tras la firma del Acuerdo en materia retributiva y de negociación para el primer convenio colectivo de la SGISE, un documento que se ha materializado entre la entidad pública y los representantes de las organizaciones sindicales CGT, SPPLB, CCOO, UGT y EMAD.

Pérez Llorca ha explicado que el compromiso contempla la inversión por parte del Consell de más de 8,7 millones de euros para mejorar las condiciones retributivas de los bomberos forestales adscritos a los operativos de extinción de incendios, con incrementos que, según la categoría profesional, alcanzan hasta los 458 euros mensuales. Además, se suman 4 millones de euros para reforzar la plantilla con 64 nuevos puestos; en concreto, 42 bomberos forestales helitransportados y 22 puestos de estructura operativa. El texto también contempla la adecuación de la relación de puestos de trabajo de la SGISE y la posibilidad de crear plazas adicionales.

De igual modo, el acuerdo refleja un incremento retributivo de 300 euros mensuales para el personal administrativo.

El president ha señalado que esta firma supone “un paso decisivo” hacia el objetivo de aprobar el primer Convenio Colectivo de la SGISE, para cuya negociación se destinan otros 2,7 millones de euros. Pérez Llorca ha puesto en valor la labor de un colectivo “esencial para proteger nuestros montes, nuestro patrimonio natural y, sobre todo, la seguridad de nuestros ciudadanos”.

En este sentido, ha reafirmado la apuesta de la Generalitat de “seguir mejorando y reforzando este servicio, dotándolo de más medios, mejor equipamiento, más efectivos y mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías”.

Diálogo social para la consecución de pactos

El jefe del Consell ha remarcado su compromiso con “el diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos que siempre deben estar por encima de la confrontación”, al tiempo que ha defendido que “escuchándonos, buscando puntos de encuentro y trabajando desde la responsabilidad, podemos alcanzar acuerdos importantes para nuestra sociedad”.

En esta línea, destacan los pactos alcanzados en materia de mejora retributiva para los trabajadores de Justicia, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Generalitat Valenciana, así como las mejoras de las condiciones laborales acordadas con CESM-CV en Sanidad o la firma del convenio colectivo de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

En el área de Educación, sobresale el acuerdo con las organizaciones sindicales de la concertada para la aplicación de la jubilación parcial y la mejora horaria en los centros de FP y de Educación Especial. Asimismo, los docentes de la Comunitat Valenciana comenzarán a percibir el incremento salarial pactado en las mesas sectoriales con CSIF y ANPE a partir de este mes de septiembre.

El president ha concluido que “los acuerdos alcanzados este año son fruto de esa voluntad de diálogo y de una forma de hacer política basada en sumar y avanzar juntos. Por ello, mantenemos la mano tendida para construir mejoras que beneficien al conjunto de la sociedad valenciana”.

Rosa Tourís fue la única alto cargo del Consell de Carlos Mazón con amplia experiencia en materia de seguridad e infraestructuras críticas que participó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 232 fallecidos. Casi dos años después de la catástrofe, la mujer relató lo que vio, escuchó y dijo en aquella desastrosa reunión, en la que no se le hizo ni caso.

Tourís, capitana de la Guardia Civil con más de dos décadas de experiencia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una destacada formación académica, se conectó telemáticamente —y “de casualidad”— al Cecopi de la dana, una reunión caótica, “con mucho ruido” y “mucho desorden” y con “conexiones bastante malas” que ni siquiera empezó puntual, tal como describió ante la jueza de la dana durante la testifical del pasado 17 de septiembre, según indica el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Al poco de iniciarse la reunión (en todo caso en la primera media hora), la testigo escuchó las advertencias de los representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la delicadísima situación en la presa de Forata y pidió la palabra con la “manita” que se usa en las reuniones telemáticas para pedir turno antes de intervenir. Como no le hacían caso, abrió el micro y espetó: “Por favor, quiero hablar”. A pesar de que asistía al Cecopi de la dana como directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís, nombrada en el puesto apenas un par de meses antes, se presentó y aludió a su experiencia “en el ámbito de la seguridad”. “Además trabajé en el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas”, dijo en referencia a la institución de la que había sido jefa de servicio en su anterior destino. Como la CHJ no podía asegurar fehacientemente si la presa —una “infraestructura estratégica” por naturaleza— iba a aguantar (si soportaría “ese test de resistencia”), pudiendo provocar eventualmente “consecuencias más graves”, Tourís propuso “alarmar” a la población, según declaró ante la magistrada.

Pidió “alarmar” y no alertar (que “no es lo mismo”, según remachó). La capitana de la Guardia Civil explicó la diferencia de conceptos a uno de los abogados de las acusaciones:

—Desde el punto de vista técnico, yo que vengo del mundo de la seguridad, no es lo mismo alamar que alertar, se lo puedo asegurar. Perdone que le haga esta precisión: alertar, por supuesto, y alertar se había alertado, porque se habían enviado los avisos (...). Alarmar es cuando ya la situación, pues puede llevar [a algo mucho más grave] y, a lo mejor, haya que tomar medidas más de otro tipo.

Rosa Tourís figuraba como directora de Prevención de Incendios Forestales ante un escenario de dana, “pero aún así” intervino, según declaró ante la jueza. De hecho, ni siquiera había sido convocada personalmente a la reunión: fue el jefe de servicio de su departamento, el funcionario Mario Romero, quien la avisó y quien compartió con ella el enlace para conectarse. La única alto cargo del Ejecutivo de Mazón que dominaba el asunto aterrizó en el Cecopi “de casualidad” (la expresión que usó la testigo ante la magistrada).

“Consideré que debía de intervenir”

Ante el guirigay de la reunión y con una cierta desobediencia a las disciplinadas costumbres de cualquier guardia civil, la mujer expuso su idea: “Consideré que debía de intervenir, y pregunto y repregunto [a la CHJ], y digo que, efectivamente, desde mi opinión, desde mi humilde opinión, lógicamente, y bajo mi experiencia a lo largo de mi vida profesional, que son unos cuantos años ya, creía que se debería alarmar a la población”.

Alguno de los participantes en el Cecopi, presente en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, respondió: “Bueno alarmar no, alertar”. Sin embargo, Tourís no recordaba quién fue exactamente.

Tras su intervención y el escepticismo con el que fue recibida su sugerencia, “vuelve el bullicio”, el “follón” y “otra vez el debate acalorado” en el Cecopi, según rememoró ante la jueza. Sin embargo, unos minutos más tarde, Tourís volvió a la carga y preguntó al representante de la Aemet, José Ángel Núñez, que concretara la intensidad de la lluvia, porque a juicio de la capitana de la Guardia Civil, “si empeoraba” la situación, “habría que alarmar a la población sí o sí”.

—Y entonces ahí ya hay gente que se levanta, vuelve a haber otro debate, yo no sé si es la consellera [Salomé Pradas] la que dice: pues tenemos que confinar, pues si es necesario se confina a la población y tal. Y empieza la gente a salir, a coger los móviles, entrar, pues en fin...

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que trata de ajustar al máximo la cronología del día de autos y suele abundar en la ineptitud de aquel Cecopi, preguntó a la testigo:

—¿Ya no vuelve a hablar?

—Ya no vuelvo a hablar, señoría.

“Se cortaba el sonido y la imagen” del Cecopi

Rosa Tourís retrató durante su declaración testifical la inoperatividad de la reunión, cuya comunicación “a veces se cortaba” (o “a veces la pantalla estaba en negro”). En el caótico Cecopi, la consellera Pradas “daba la palabra”, según dijo Tourís. El secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (también ex guardia civil) intervino lo mínimo, tal como han acreditado varios testigos.

“De repente, pues se empezaba el debate acalorado, gente que se levantaba, que cogía un teléfono, se iba fuera, volvía y luego, pues se cortaba el sonido y se cortaba la imagen”, dijo ante la magistrada. Además, “a veces costaba seguir el hilo” y hubo “varios recesos”, apostilló.

Poco después de las 19.00, tras la pausa más larga de aquella tarde, la reunión se reanudó y se planteó la “posibilidad de un mensaje” y el análisis por parte de “técnicos” del Centro de Emergencias del texto y del “tipo de comunicación”. “Se leía el mensaje, se decía y esto y aquello (...). Pero luego se volvían a ir, volvían a venir”, declaró Tourís.

—¿Y escuchó usted, al final, qué mensaje se iba a enviar, qué texto, por qué? ¿Si era un mensaje, si eran dos, qué texto debían tener?

—Al final hay cosas que eso se debatía fuera y que no se llegó a escuchar.

—¿No sabe entonces por qué se hizo una propuesta, luego se hizo otra?

—No, eso sí que no, señoría.

El Centro de Emergencias de la Generalitat envió un primer Es-Alert (tardío y errado en su contenido, según la jueza instructora) a las 20.11, cuando ya había fallecidos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por las inundaciones.

Una perfecta desconocida en el Consell

La capitana de la Guardia Civil era una perfecta desconocida en el ámbito de la política valenciana hasta que, seis días después de la tragedia, fue comisionada para ejercer de portavoz del Cecopi y este diario publicó un perfil de la alto cargo.

Tourís, natural de Vilanova de Arousa, contaba con un currículum laboral y académico de primer nivel (con tres páginas de premios y distinciones), en contraste con varios cargos del Consell en materia de emergencias y seguridad.

Su papel en el Cecopi de la dana —a pesar de que, desafortunadamente, no tuvo demasiado éxito— así lo confirma.

“La dana de 2024 nos ha transformado de un país desarrollado en uno menos desarrollado”, ha asegurado Ramiro Martínez, de Evren (Evaluación de Recursos Naturales). Martínez ha intervenido en la tercera mesa de debate, titulada “¿Qué hemos aprendido? El urbanismo postdana en zonas inundables”, junto a Rut Moyano (Comités Locales de Reconstrucción-CLER), Rafael Armengot (Associació Valenciana de Meteorologia-Avamet) y Lorena Mulet (Per l'Horta). El encuentro, que ha contado con la representación de la sociedad civil, ha estado moderado por el director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, Sergi Pitarch. “Tenemos muchos más coches de los que había antes de la dana”, ha afirmado Martínez.

Moyano, quien ha reivindicado que se escuche a los colectivos ciudadanos, ha cuestionado la apuesta por el urbanismo en un entorno de riesgo como l'Horta Sud: “El agua siempre ha significado vida y ahora ha pasado a significar muerte; no se puede seguir construyendo a este ritmo en zonas inundables”. En este sentido, Mulet ha advertido que el Patricova está obsoleto: “Todos los proyectos que se han aprobado hasta ahora siguen en marcha y se promueven otros nuevos sin que nadie lo cuestione, a pesar de que se proyectan sobre huerta protegida”. “No entendemos que se mantenga una estrategia de ocupación de suelo agrícola”, ha lamentado la portavoz de Per l'Horta. A este respecto, Moyano ha añadido que esta presión urbanística afecta “no solo a viviendas, sino también a infraestructuras”.

Por su parte, Ramiro Martínez, quien participó en la elaboración del Patricova en 2003 y en su revisión de 2015, ha resaltado que dicho plan tenía como objetivo evitar la urbanización y la construcción en suelo con riesgo de riada: “Fue un buen plan pionero, pero llegó tarde”. En la actualidad, el documento se encuentra en fase de revisión tras el desastre natural, aunque el técnico sostiene que “no está obsoleto”. “En los círculos de expertos ya se habla de un antes y un después de lo sucedido en Valencia”, ha apuntado Martínez, para quien el problema principal durante la emergencia radicó en la falta de una alerta en el momento adecuado.

“¿Cómo se cuantifica la vida de 232 personas muertas? ¿Cómo se cuantifica la vida de las personas que hemos sufrido la dana?”, se ha preguntado Moyano en referencia al modelo de reconstrucción, sobre el que ha expresado sus recelos: “Sospechamos que va a ser un negocio para los de siempre”. “Estamos en tiempo de descuento porque los recursos del planeta son finitos”, ha aseverado la representante de los CLER, quien ha concluido con una premisa clara: “No sobramos nosotros, sobra el hormigón”.

Asimismo, Armengot ha destacado la labor de Avamet como un “ejemplo de éxito sorprendente”, único en España y en Europa, gracias a una red ciudadana que ofrece información meteorológica en 900 puntos cada cinco minutos gracias al trabajo de su voluntariado.

El jefe del dispositivo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que empujó a una profesora en huelga y que le provocó una fractura mandibular ha alegado este jueves ante la jueza que la “desplazó” en cumplimiento del protocolo, según ha repetido varias veces. El investigado, que solo ha contestado a las preguntas de la jueza, del fiscal y de su abogada, ha usado el término “desplazar” repetidamente, según fuentes conocedoras de la declaración consultadas por elDiario.es.

Por otro lado, el antidisturbios también se ha escudado en la ausencia de efectivos de la Policía Local en la zona para controlar el tráfico mientras los profesores en huelga se manifestaban el pasado 31 de mayo en el entorno de la Conselleria de Educación.

El policía ha reconocido que es el antidisturbios que aparece en el vídeo que retrata la agresión a la mujer, que sigue de baja. Por su parte, el representante del Ministerio Fiscal ha preguntado al investigado por la proporcionalidad en el uso de la fuerza y si no eran posibles otros medios menos expeditivos. Sin embargo, el policía se ha remitido al protocolo, aunque ha esgrimido que nunca pretendió lesionar a la mujer.

“El resultado es no pretendido”, ha manifestado el uniformado de la UIP en la línea del atestado policial. También ha sido interrogado por la actuación de otro agente grabado en el vídeo que, a poca distancia, acompaña a otra mujer fuera de la calzada sin necesidad de la menor violencia. El policía ha dicho que el otro agente no aplicó el protocolo.

Además, el investigado también ha asegurado que trató de auxiliar a la víctima tras el empujón, pero ha argüido que los manifestantes se lo impidieron y que fue insultado por los huelguistas.

El antidisturbios ha accedido por la puerta principal de la Ciudad de la Justicia para declarar ante la titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València. Sin embargo, a la salida del recinto ha logrado esquivar a la prensa, arropado por otro agente policial de paisano.

El Centre Cultural Rambleta acoge este jueves la jornada “Inundaciones intensas y cambio climático en un contexto metropolitano. Los casos del Túria, el Poyo y el Carraixet”, una cita que aborda estos aspectos desde la perspectiva concreta del territorio valenciano y con las lecciones que deja la trágica experiencia de la DANA del 29 de octubre de 2024, un episodio que arrasó gran parte de la provincia de Valencia con un balance de 232 personas fallecidas.

Bajo el título “El escenario del riesgo en el área metropolitana de València. ¿Está preparado el territorio para un episodio similar al del 29 de octubre de 2024?”, Iván Portugués, profesor de la Universitat de València y autor de una tesis sobre el Plan Sur, y Ana Camarasa, catedrática de Geografía de la misma institución, han intervenido como ponentes en la primera mesa de la tarde. Camarasa ha resaltado que la red de drenaje es idéntica en cualquier cuenca: “Cada vez que toquemos algo en el sistema, va a afectar a todo el sistema fluvial”. Asimismo, ha señalado las peculiaridades del entorno autonómico: “Esto no es el Ebro, es un sistema que reacciona en muy poco tiempo, en horas, y el tiempo que tenemos para reaccionar es fundamental; no tenemos tiempo, tenemos que tener un plan”.

“Un cauce seco no es un cauce muerto, sino que cada vez que llueve se convierte en un gran colector, y lo hemos ocupado”, ha advertido la catedrática, quien ha incidido en la relevancia estratégica de los avisos a la población, dado que “el agua que precipita, escurre e inunda”. A su juicio, los hechos registrados en el entorno del barranco del Poyo se podrían repetir en la cuenca del Carraixet, en la comarca de l'Horta Nord: “Si el tren de tormentas se hubiera anclado al sur de la Calderona, se podría haber producido lo mismo en el Carraixet, porque la geografía es muy parecida, aunque en esa zona la ocupación del territorio no es la misma, obviamente”.

En relación con la dinámica del agua durante el desastre, Camarasa ha explicado que se formó “un frente de ola marrón, cargado de sedimentos, que parecía responder a la apertura de una presa, aunque no hay embalses en el Poyo; donde sí que hay una presa es en el Magro”. La experta ha atribuido este fenómeno al funcionamiento torrencial de estos barrancos, “que no actúan como ríos en los que el agua sube de nivel de forma gradual, sino que la crecida se produce de golpe”.

Por su parte, Portugués, quien concibe el Plan Sur como “el primer gran bocado” a la huerta de València, ha afirmado que el cauce actual del Túria se ajusta a una geografía que no le es propia, fruto de un “reajuste forzoso” que modificó los cauces de los barrancos con un fuerte impacto en la vertebración del territorio. También ha comentado que la morfología de las ramblas desaconseja la ubicación de presas en las ramblas, porque por sus comportamientos trasladan muchos sedimientos y se colmatarían rápidamente.

De forma previa, Laura Tanco, comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha abierto la jornada con una reflexión sobre la gestión de emergencias: “Si queremos dominar a la naturaleza, primero hay que conocerla; es decir, en este caso, saber por qué se producen las inundaciones”. Tanco ha subrayado que el riesgo depende de tres factores —la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad— y ha llamado a poner el foco en la probabilidad de ocurrencia y en los daños potenciales sobre la población, “porque el riesgo cero no existe”. “Los efectos del cambio climático ya son muy visibles y tendremos que convivir con ellos, aunque los riesgos no dependen únicamente del clima”, ha concluido.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), Manuel Baeza, ha destacado que la independencia judicial es “la garantía que tiene todo ciudadano” y ha instado al resto de poderes del Estado a preservarla “evitando críticas desmedidas o descontextualizadas que puedan erosionar la confianza” en la Justicia.

“La crítica constructiva es siempre bienvenida; lo que no debemos aceptar es la deslegitimación injusta de la función jurisdiccional”, ha señalado Baeza durante su discurso en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, donde ha destacado que “defender un Poder Judicial independiente es defender el equilibrio entre los poderes y defender nuestro Estado de Derecho”.

En el acto celebrado en la Ciudad de la Justicia de València al que ha asistido, entre otras autoridades, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el presidente del TSJ-CV también ha dedicado unas palabras a las 232 víctimas mortales provocadas por la dana y ha señalado que, “de aquella tragedia, nació la idea del protocolo de gestión de situaciones de crisis”, un instrumento “vivo y sujeto a mejora continua” para que la justicia “sea un servicio esencial y fiable incluso en las circunstancias más adversas”.

Asimismo, ha agradecido la creación este año de 58 nuevas plazas judiciales para la Comunitat y ha advertido de que crear plazas “exige disponer de jueces y magistrados que puedan ocuparlas”, ya que -ha recordado- en los próximos años “se producirán numerosas jubilaciones”. 

Baeza también se ha detenido en su discurso en los datos de violencia de género de 2025, “una tragedia -ha subrayado- que sigue conmoviéndonos”, y ha recordado que este año ha sido “especialmente duro” en la Comunitat, donde cinco mujeres y dos menores han sido asesinados.

“Debemos trabajar desde la Administración de Justicia para dar respuesta a todas esas víctimas, pero es la sociedad, en su conjunto, la que está llamada a combatir esta lacra desde su origen y desde todas sus instituciones, a través de una educación basada en los valores de respeto e igualdad”, ha añadido.

Por otro lado, el presidente del TSJ-CV ha subrayado que durante 2025 tuvieron entrada en los órganos judiciales de la Comunitat “casi 790.000 nuevos asuntos y resolvimos cerca de 772.000” y ha remarcado que los más de 192.000 asuntos ingresados “representan un descenso interanual del 19 %”.

Tribunales de Instancia

El presidente del Alto Tribunal valenciano se ha referido a la implantación de los denominados Tribunales de Instancia y ha afirmado: “Estamos ante una transformación organizativa de enorme calado y su puesta en funcionamiento está resultando compleja”.

“Está generando problemas y disfunciones”, ha admitido, aunque ha apelado al “esfuerzo y la cooperación de todos” como única vía para consolidar el nuevo modelo, que debe ir acompañado del necesario avance hacia un “verdadero Expediente Judicial Electrónico”.

Asimismo, al inicio del acto, el secretario de Gobierno del TSJ-CV, Rafael Lara, también ha ensalzado el trabajo realizado para hacer posible esta implantación de los Tribunales de Instancia: “La Justicia no dispone de la posibilidad de detenerse mientras se transforma”, ha reivindicado.

Retos 

Por su parte, el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Ortiz, ha explicado que “continúa el aumento de los delitos contra la libertad sexual, así como en los delitos contra las personas” y ha resaltado que “sigue siendo preocupante el número de delitos cometidos por menores de edad, muchos de ellos por menores de 14 años y por ello ajenos a la sanción penal”, además de los delitos de odio, donde sigue “la tónica ascendente”.

Entre los principales desafíos de este nuevo año judicial, el fiscal superior ha destacado la modernización de la Administración de Justicia y ha añadido: “La digitalización, la interoperabilidad de los sistemas y la mejora de los medios materiales y personales constituyen objetivos ineludibles si queremos que la justicia esté a la altura de lo que la sociedad espera de ella”.

Asimismo, ha puntualizado que la modernización “no puede ser solo tecnológica” y ha alertado de que una justicia más eficiente “exige una adecuada dotación de recursos, una planificación realista, una coordinación institucional eficaz y una formación continua de todos los operadores jurídicos”.

La Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto al presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, y dos consejeros de la entidad de los delitos de falsedad por los que habían sido condenados en julio de 2024 en una causa relacionada con una trama de facturación falsa en las obras del estadio de La Cerámica realizadas en 2004 y 2005.

Los magistrados de la Audiencia Provincial han apoyado el recurso de apelación presentado por los procesados y finalmente han concluido que no conocían la referida trama de facturación falsa, que sí se produjo por parte de empresas externas.

Roig fue condenado a una pena de once meses y 28 días de prisión, junto a otras diez personas, en julio de 2024 por los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública, un pronunciamiento que ahora queda anulado.

Entonces se consideró probado la existencia de un fraude a la Hacienda por un total de 525.440 euros -187.840 euros del ejercicio fiscal 2004 y 336.600 por el de 2005- por cuotas de IVA soportado deducidos indebidamente tras un exceso de facturación de 1.174.00 euros en 2004 y de 2.110.000 euros en 2005 a través de “precios sobredimensionados” por trabajos que no correspondían a la realidad para eludir el pago del IVA correspondiente.

El pronunciamiento de la Audiencia pone en cuestión los hechos probados de la sentencia anterior, del tribunal de Instancia de Castellón número 1.

Los magistrados consideran acreditado que durante 2004 y 2005 se realizaron reformas en la Ciudad Deportiva y en el campo de El Madrigal (actualmente La Cerámica) por parte de la entidad Villarreal CF.

En concreto, una nueva grada y una gran remodelación del estadio contratados por el presidente de la entidad, Fernando Roig, con la entidad Estructuras, viviendas y carreteras (ECV) SA.

Se hizo “sin proyecto de ejecución por parte de la promotora, no constando firmadas las certificaciones de obras y no correspondiendo parte de la facturación recibida con los trabajos realmente ejecutados”.

Esta “facturación ficticia” fue emitida por ECV y provenía a su vez de una subcontratación a la mercantil Spain GES-PRO SL, cuyos administradores subcontrataron las obras de nuevo, en un tercer escalón en el proceso productivo y se emitieron facturas que no se correspondían con los trabajos realizados.

El Villarreal CF, “con el visto bueno de su presidente, Fernando Roig, y la firma de sus consejeros delegados, Manuel Sarrión Camañas y Miguel Pérez Ferrer, pagaban las facturas recibidas de la constructora EVC con pagarés que se ingresaban a ECV, la que a su vez emitía nuevos pagarés a Spain Gespro”.

Las cantidades pagadas a través de pagarés ascendieron en 2004 a 1,4 millones, “coincidentes con la facturación falsa” recibida por Spain GES-PRO y en 2005 los pagarés ascendieron a 2,5 millones.

El Villarreal CF, con el visto bueno de sus consejeros delegados y su presidente, “asumió la facturación ficticia recibida de EVC, ”sin constar que tuviera conocimiento de que no se correspondía a trabajos ejecutados“, concluye ahora la Audiencia Provincial.

Tampoco conocían los procesados “el exceso de facturación en relación con los trabajos realmente ejecutados, ni las maquinaciones y sistema de facturación ficticia ideado por los responsables de EVC y Span GES-PRO con los contratistas del tercer escalón del proceso productivo, ni las cantidades dejadas de ingresar en los correspondientes años fiscales 2004 y 2005”.

La sentencia señala que “no queda probado que el Villarreal CF tuviera conocimiento de que las facturas emitidas en EVC incurrían en falsedad en relación el IVA repercutido”.

Tampoco consta probado que el Villarreal CF “resultase beneficiaron tributariamente de las facturas, fechadas en 2004 y 2005 en relación con el IVA soportado de dichos ejercicios fiscales”.

La sentencia explica que, por el contrario, sí queda “probada la red de facturación falsa y las maquinaciones entre EVC, Spain GES-PRO y subcontratistas de tercer nivel”.

Tanto el delito contra la Hacienda Pública como el delito de falsedad documental son delitos dolosos, que exigen que el sujeto sepa que está defraudando (o colaborando en una defraudación) y quiera hacerlo, subrayan los magistrados de la Audiencia.

También se ha tenido en cuenta por parte de la Audiencia Provincial que el procedimiento ha permanecido paralizado por causa no imputable a los acusados en diversos momentos de su tramitación, tratándose de hechos de 2004 y 2005, cuya instrucción comenzó en 2009. Pese a la complejidad del pleito, han estimado que el tiempo de tramitación ha sido excesivo.

El lamentable caso del desahucio de Maricarmen, de 87 años, perpetrado este miércoles en Madrid ha generado un estallido de indignación social que se ha traducido en un sinfín de reacciones en las redes sociales, algunas de ellas no exentas de polémica.

Después de horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutó poco antes de las 13.00 horas gracias a un enorme despliegue policial que iba apartando activistas, uno a uno, del camino hasta el piso de la desahuciada. El caso dejó imágenes durísimas con la mujer sacada en una camilla sanitaria del edificio en el que llevaba toda su vida residiendo.

El Sindicato de Inquilinas denunció que el fondo Urbagestión había rechazado la última oferta formulada por la mediación para intentar detener el lanzamiento, por lo que el desahucio era irrevocable. Maricarmen esperaba una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros.

En relación con toda esta situación, el abogado Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP), afirmó este miércoles en su cuenta de X: “Tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros en una vivienda noble de un barrio burgués”.

Lo hizo en respuesta a otro tuitero que afirmó que “si subirle el alquiler a una persona de 87 años de 500 a 2600 euros no es violencia yo no sé qué es violencia”.

Preguntado por el tuit, Soriano ha comentado a esta redacción que le parece sorprendente que “el PSOE se dedique a tapar el acoso de Leire Díez a la jueza o todo lo de Ceuta” utilizando su escrito y ha aclarado: “Por supuesto que todos empatizamos con Maricarmen. Yo respondo a un señor que habla de violencia, pero la ley está para cumplirla. Tenemos un problema grave de vivienda y sorprende que el PSOE esté más preocupado de lo que yo publico que de buscar soluciones. La seguridad jurídica es una variable importante para que los pequeños propietarios no tengan miedo de sacar sus viviendas al mercado del alquiler y esto a su vez influye en que haya más o menos oferta y en los precios, es una parte del problema, junto a la política de vivienda desnortada del Gobierno”.

El despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, tiene como cliente a Business Decision and Advice, S.L., la promotora que construye alojamientos turísticos en los bajos de tres residenciales en el barrio de Benicalap, en València, y que ha generado denuncias de los vecinos que consideran que parte de los obras que están ejecutando, especialmente la apertura de ventanales en fachadas recayentes a zonas comunes, son ilegales.

El pasado 8 de septiembre se dieron a conocer los resultados del informe PISA 2025, que en la Comunitat Valenciana reflejan una situación de gravedad que exige análisis “rigurosos y alejados de la confrontación partidista”. Así lo sostiene la Secretaría de Política Educativa de Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO PV) en su informe de valoración, que constata un descenso “extraordinariamente intenso” del rendimiento escolar entre los años 2022 y 2025. A juicio del sindicato, resulta “irresponsable” negar la magnitud de esta caída. Asimismo, la organización considera un error la estrategia del Gobierno valenciano de utilizar los datos como arma política, ya que las métricas no responden a una trayectoria lineal de deterioro desde 2015.

El estudio analiza los condicionantes socioeconómicos que pesan sobre el alumnado y concluye que, si bien la vulnerabilidad no determina el éxito académico de forma inexorable, la segregación y la distribución desigual de la complejidad entre centros educativos deben situarse en el centro de cualquier diagnóstico. De igual modo, el documento señala que las diferencias de rendimiento entre la escuela pública y la privada obedecen en gran medida a la composición social de las aulas, al tiempo que rebate el mito de que la repetición de curso equivalga a exigencia o garantice un mayor aprendizaje. El sindicato defiende que el esfuerzo del estudiante exige entenderse como un proceso cognitivo acompañado de equidad, apoyo profesional e infraestructuras dignas, y reclama consolidar partidas presupuestarias estructurales frente al uso de programas temporales como el PROA+.

En relación con el debate sobre el uso de la tecnología y los entornos digitales, el informe subraya que las pantallas y la inteligencia artificial presentan riesgos reales cuando sustituyen la atención y el proceso de aprendizaje, aunque aclara que los datos no avalan una demonización indiscriminada de los medios tecnológicos. En este sentido, CCOO PV sitúa el fomento de la competencia lectora profunda como una prioridad. Asimismo, la central remarca que la Generalitat Valenciana dispone de amplias competencias de gestión para intervenir en las variables del sistema e insta a la administración autonómica a no escudarse en las decisiones estatales para eludir sus responsabilidades.

Por todo ello, la organización sindical rechaza la aplicación de “parches normativos” o “contrarreformas coyunturales” y reclama el diseño de una política educativa pensada para toda una generación: un acuerdo a largo plazo a semejanza de lo que sucede en países con excelentes resultados como Estonia. Este nuevo marco debe basarse en la adaptación de ratios, la estabilidad de las plantillas, la especialización profesional, el uso del valenciano como elemento de cohesión social y la transparencia en la evaluación. El objetivo final de la enseñanza pública no debe limitarse a escalar posiciones en las clasificaciones internacionales, sino a garantizar la formación de personas capaces de comprender, pensar, argumentar y decidir libremente en el seno de una sociedad democrática.

Caída sin precedentes en las métricas de PISA

El informe de CCOO PV lamenta que la Conselleria de Educación mantenga un discurso triunfalista sobre sus propios diagnósticos al tiempo que responsabiliza al Botànic de los resultados de PISA, obviando las advertencias que cada año realiza el Consell Escolar Valencià.

Las cifras reflejan un diagnóstico de alarma, con mínimos históricos en la Comunitat Valenciana: el alumnado obtiene apenas 424 puntos en lectura, 435 en matemáticas y 450 en ciencias, puntuaciones que sitúan a la autonomía significativamente por debajo de las medias de España, la UE y la OCDE.

El retroceso se hace más evidente en comparación con 2022 debido a pérdidas drásticas: -58,24 puntos en lectura, -38,10 en matemáticas y -32,69 en ciencias. Estos datos se producen sin un deterioro lineal previo, pues la serie histórica muestra una relativa estabilidad entre 2015 y 2022. La ruptura brusca se focaliza entre 2022 y 2025, un hecho que descarta una tendencia decadente acumulada desde 2015 y exige analizar las causas específicas de este trienio.

Análisis socioeconómico, segregación y redes escolares

El estudio advierte del doble impacto de la vulnerabilidad. A diferencia del patrón general estatal —donde el desplome afectó en mayor medida a las clases acomodadas—, en la Comunitat Valenciana el deterioro azota de forma especialmente severa a los sectores socioeconómicamente desfavorecidos.

Respecto a la brecha entre la red pública y la concertada, el documento sostiene que la ventaja en puntuación bruta de los centros privados y concertados desaparece al ajustar el índice socioeconómico (ISEC). Al controlar el perfil del alumnado y del centro, la escuela pública obtiene resultados idénticos o ligeramente superiores.

En cuanto a la segregación, el sindicato insiste en que la concentración desigual del alumnado vulnerable y de origen migrante en la red pública incrementa la complejidad de las aulas, por lo que exige un reparto equilibrado de la diversidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Factores metodológicos y de aprendizaje

CCOO PV cuestiona la eficacia de la repetición de curso. Los elevados índices de tasa repetidora en la autonomía (28,6%) “no mejoran los resultados ni equivalen a una mayor exigencia”, por lo que la central defiende la detección temprana y los refuerzos continuos antes de recurrir a esta medida.

Sobre el entorno digital y la inteligencia artificial, el estudio apunta que las distracciones con pantallas en el aula se relacionan directamente con pérdidas de rendimiento. Asimismo, alerta sobre el uso masivo de herramientas de IA generativa (empleadas por el 54% del alumnado) cuando sustituyen el esfuerzo mental y la comprensión profunda en lugar de apoyarlos.

Por otra parte, la central reclama concebir la lectura como una base transversal, dado que el desplome en comprensión lectora “no atañe solo a la asignatura de Lengua, sino que paraliza la capacidad de razonamiento matemático, científico y el pensamiento crítico”.

Condicionantes estructurales y recursos humanos

El informe recalca el impacto del déficit de personal en las aulas: “PISA señala que la escasez de profesorado y de personal de apoyo condiciona directamente el aprendizaje en los centros educativos”. Asimismo, el sindicato explica que la elevada complejidad de los colegios e institutos valencianos contrasta con el cálculo de ratios simples: “Las plantillas no pueden calcularse solo por el número de estudiantes; deben ponderarse según el nivel de vulnerabilidad y complejidad social de cada centro”. El documento también califica de insuficientes las dotaciones coyunturales: “Programas como el PROA+ (financiado por el Ministerio y Fondos Europeos) son parches útiles pero insuficientes si no se traducen en estructuras de personal y recursos estables”.

CCOO PV insiste en que la Generalitat ostenta plenas competencias en materia educativa, por lo que “no puede responsabilizar únicamente a normativas estatales o a ejecutivos anteriores; dispone de plenas facultades en plantillas, infraestructuras, admisión, formación e inspección”. De este modo, la organización rechaza la confrontación partidista y exige un consenso autonómico a largo plazo.

A modo de síntesis, el sindicato reclama vincular la exigencia académica a la equidad; adaptar las ratios a la complejidad de cada centro; crear la figura del bibliotecario escolar profesional; formar al profesorado en el uso crítico de la tecnología y la IA; y consolidar la inversión estructural en infraestructuras y estabilidad de las plantillas.

La coalición Compromís eleva al Síndic de Greuges y al Consell de l'Audiovisual Falta una batería de quejas sobre À Punt y la nueva dirección de la radiotelevisión pública valenciana. La coalición valencianista ha remitido escritos a la institución y a la autoridad audiovisual en el que denuncia que los medios de comunicación públicos están sufriendo “un proceso de degradación” desde que entró en vigor la estructura impulsada por la nueva ley de PP y Vox.

El grupo parlamentario estructura sus quejas, que documenta con informaciones de medios de comunicación, comunicados de trabajadores y mensajes en redes sociales, en tres ejes: el “desprecio” al valenciano, que se ha ido desplazando de la radio y la televisión, la “disminución drástica” del apoyo al sector audiovisual valenciano y el “sesgo partidista” de las informaciones. Las cartas remitidas a sendas instituciones inciden en el malestar de los trabajadores públicos y se plantean poco después de la última polémica por la compra de un programa íntegramente en castellano, sin vinculación territorial alguna a la Comunitat Valenciana y ya emitido en Telemadrid. La cadena lo suspendió un día después de su emisión.

En su escrito, recuerdan la normativa básica sobre lengua e identidad valenciana: el Estatut d'Autonomia, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (entidad estatutaria encargada de la normativa lingüística) o dictámenes del Consell Valencià de Cultura. Señalan además que la ley de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana recoge el impulso al sector audiovisual autonómico.

Además de la reducción del valenciano, la coalición denuncia que “se detecta una evidente degradación del estándar de la lengua, como ya han denunciado públicamente los lingüistas de la cadena”, un departamento que se ha ido reduciendo. Sobre el apoyo al sector audiovisual, recuerdan que hace más de un año y medio que À Punt no realiza una producción propia, pese a los buenos resultados de producciones o participación en films o series anteriores. Y sobre el sesgo informativo, recopila una serie de denuncias de trabajadores de la cadena, del Consell d'Informatius, o episodios sobradamente conocidos como la emisión de una corrida de toros durante una multitudinaria manifestación de víctimas de la dana, pese a que À Punt tenía equipos cubriendo la protesta.

Los valencianistas piden al Síndic de Greuges y al Consell de l'Audiovisual que se pronuncien sobre posibles incumplimientos de la empresa pública, así como de “la posible vulneración de los derechos de la ciudadanía y de los valores constitucionales y estatutarios”. Por todo lo expuesto, la diputada de Compromís Maria Josep Amigó, considera: “Es necesario que la cúpula de la televisión pública dimita. Es inadmisible que estén haciendo negocios con sus amiguetes y nuestro dinero de esa forma y que la manipulación y la censura campen de esta forma”.

La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), la empresa pública que gestiona À Punt Media, suscribió contratos por tres millones de euros en un año y medio a las productoras audiovisuales del grupo Séptima Media, del que acaba de salir uno de los fundadores de Trece TV. La empresa pública contrató con estas firmas los principales magazines de la parrilla y la asistencia técnica en otros espacios, además de varios productos de entretenimiento y divulgación. La cadena se enorgullece, según sus comunicados, de que su producción externa sea completamente valenciana.

Según consta en documentación remitida al Grupo Socialista en las Corts Valencianes, el director general de la cadena, Francisco Aura, realizó entre enero de 2025 y hasta mayo de 2026 tres contratos directos con Virtual Lemon, dos con Sheri Producciones (asociada a otras dos firmas ajenas al grupo) y dos con Emission Producciones Audiovisuales, con varias rectificaciones.

Los contratos con Virtual Lemon responden a adendas de acuerdos ya existentes con la anterior corporación audiovisual (la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació se extinguió y se creó la CACVSA con la ley de PP y Vox) y un contrato menor para una feria taurina, mientras que el resto de producciones, todos suscritos por Alejandro Samanes, uno de los fundadores de la televisión de los obispos a través de la firma UJUE Producciones. Según sus perfiles profesionales, Aura y Samanes compartieron dos años en la televisión conservadora. Samanes también formaba parte del grupo Séptima Media, que engloba a estas tres firmas, hasta que en julio creó otras productoras independientes, como ha venido informando elDiario.es. Una de ellas ya produce el nuevo espacio matinal de la televisión pública, Obert pel Matí, que sustituye a Connexió CV.

Como ya apuntó este diario, Virtual Lemon, empresa con experiencia en el sector, ganó el concurso de uno de los lotes para proveer de medios técnicos a À Punt. Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, desde 2022 se le abonan 1,3 millones de euros para los servicios de explotación para equipamiento de televisión. El contrato inicial se firma hasta mayo de 2025 y se prorroga hasta mayo del 2026, con 336.000 euros, IVA incluido. Además, se firma la adenda de un contrato de servicio de soporte técnico de exteriores para prorrogarlo otro año, por un importe de 188.500 euros. A la suma se añade un contrato menor de 2.400 euros para la asistencia del transporte en la señal para retransmitir las corridas de toros la Feria de Sevilla los días 16 y 23 de abril. Esos días, en la Plaza de la Maestranza, estaban Morante de la Puebla, Roca Rey, el alicantino José María Manzanares y la ganadería de Victoriano del Río, que participó en la Feria de Fallas.

Los acuerdos con las firmas Sheri Producciones y Emission los suscribe Ignacio Gálvez como apoderado de ambas. En el caso de Sheri Producciones, se le encargan dos proyectos en asociación con otras dos productoras. Uno es la producción de L'herencia invisible, una serie de divulgación de 10 capítulos en colaboración con Win Win Producciones, por 240.000 euros (sin IVA). Se estipula que Win Win facture el 90% y Sheri el 10% restante. Otro es una coproducción al 50% junto a Prime TV (Editorial Prensa Ibérica), para el magazine Està Passant, un espacio diario vespertino de dos horas del que contratan un máximo de 99 capítulos por 1,3 millones de euros más IVA, a razón de 13.000 euros el programa. Està Passant se estrenó en abril y sigue en emisión actualmente. La televisión pública presentará temporada el próximo jueves.

A Emission Producciones se le encarga el programa Connexió CV, el principal magazin matinal. Se trata de una producción asociada y el proceso dura entre octubre y noviembre de 2025 —desde que se aprueba por el órgano hasta que lo firma el director general—pero se resuelve a finales de diciembre del mismo año. El programa se estrenó el 8 de septiembre de 2025, pero, según la citada documentación, el director general aprueba el contrato con Emission el 6 de noviembre. A finales de diciembre, por “la modificación sustancial de los contenidos del programa y por razones organizativas”, À Punt decide resolver el contrato y abonar solo los programas realizados. En esta primera resolución se establece que se abonarán 73 programas de los 187 que se habían contratado, por un importe de 289.000 euros más IVA. Esta resolución se modifica posteriormente con otra, donde se matiza que la productora ha participado de 54 capítulos y, por tanto, se abonan 213.000 euros (a 3.900 el programa), sin contar el IVA. En este punto la documentación remitida resulta algo confusa: se firma una resolución del contrato de la primera temporada y después una adenda a la resolución para corregir errores, además de un documento encabezado con una fecha indica compromisos de fechas anteriores.

Apenas una semana después, el 2 de enero de 2026, se firma otro contrato con Emission para “Connexio CV temporada 2”. El magazin cambia de formato y se contrata un máximo de 131 programas, desde enero hasta el 19 de julio de 2026, por valor de 1,2 millones de euros, IVA incluido. Este magazin se realiza en las instalaciones de À Punt en Burjassot, con parte del equipo de la casa.

La documentación remitida solo recoge los contratos suscritos directamente por la Corporación con estas firmas, a preguntas parlamentarias de la diputada del PSPV Mercedes Caballero, entre el 1 de enero de 2025 y el 15 de mayo de 2026. Comprende pues un año y medio de operaciones, el primer ejercicio completo de Francisco Aura como director general del ente público. Como informó este diario, estas empresas también han participado de programas como Emergències (figura en la web de Séptima Media, aunque no se ha preguntado específicamente por la mercantil sino por las firmas dentro del grupo) y retransmisiones especiales como las Campanades.

El secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, sembró dudas en su declaración de este miércoles ante la jueza de la dana sobre el motivo que forzó a Carlos Mazón a desplazarse a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 232 fallecidos. Y, de paso, contradijo de plano un informe oficial de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sobre la inundación del Puesto de Mando de Metrovalencia, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo.

Sendra, según fuentes jurídicas conocedoras de la testifical, afirmó en una primera versión que el Puesto de Mando se inundó sobre las 20.20, mientras que el informe de FGV, publicado íntegro por elDiario.es, sitúa la avenida de agua y barro que arrasó las instalaciones a partir de las 19.35. En aquel preciso instante, Sendra mantenía una conversación telefónica con Mazón. El testigo aseguró que el jefe del Consell le preguntó por el estado de las carreteras al pretender acudir a Utiel, localidad para la que se había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) unas cuatro horas antes, mientras Mazón alargaba la comida con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

Luego, al ser repreguntado, Javier Sendra matizó que el “tsunami” que arrasó FGV lo hizo antes del Es-Alert de las 20.11. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, incidió en las contradicciones sobre la cronología en las que había incurrido y le recordó que tanto el cuartel de la Guardia Civil de Paiporta como la residencia de personas mayores de la localidad se inundaron bastante antes de lo que recordaba Sendra en el caso de FGV. Sin embargo, el testigo se mantuvo en sus trece.

A pesar de la cronología establecida por el informe de FGV, incorporado al procedimiento, el alto cargo sostuvo que, a la hora en que habló con el entonces president, la instalación de Metrovalencia “estaba perfecta”. La salida de Mazón en coche oficial hacia la reunión del Cecopi en el Centro de Emergencias de l'Eliana se precipitó tras la llamada con Javier Sendra.

Fuentes de la defensa del expresident aseguran que la conversación con Sendra “se sustanció en una pregunta sobre el estado de las carreteras en los accesos a Utiel y en la respuesta del secretario autonómico afirmando que tenía que comprobarlo porque en ese momento estaba en la sede de la FGV porque le habían reportado graves inundaciones en el metro que estaba gestionando desde ahí”. “En ningún escenario comentó que esa situación afectara a la sede de FGV, tal y como confirmó el testigo. Tanto es así que no fue hasta el días posteriores que el president supo que el señor Sendra casi pierde la vida intentando huir de la riada”, agregan las mismas fuentes.

El alto cargo permaneció conectado de manera telemática con su Ipad al Cecopi, en sustitución de la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, que no había podido asistir por el fallecimiento de un familiar directo. El secretario autonómico permaneció conectado a la reunión hasta las 18.35, hora en que acudió a las instalaciones de FGV tras haber sido alertado de los problemas en la línea 1 del Metro. Se trataba, según especificó, de su primera visita al Puesto de Mando de FGV, situado en las instalaciones de València Sud.

Sendra también dijo que, cuando estaba en el Puesto de Mando de FGV, desconocía que a las 19.07 un tren no pudo seguir su recorrido por la vía a la altura del barranco del Poyo al estar ya inundado el raíl.

Por otro lado, el testigo también dijo que, antes de desconectarse de la reunión del Cecopi, escuchó que la consellera Salomé Pradas “preguntó” por la posibilidad de alertar a la población. Sin embargo, fuentes cercanas a Pradas precisaron que Sendra aludió al hecho de que la consellera se refería en todo momento a un aviso a la población genérico, sin especificar el término técnico de Es-Alert.

Javier Sendra también manifestó que Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), propuso alertar a la población, pero que el responsable del organismo estatal habría dicho que ese aviso ya no era necesario una vez “bajó el suflé” del peligro en la presa de Forata, versión que contradice de plano las declaraciones de varios testigos relevantes de la causa.

Responsabilidad es la palabra principal en BIOPARC. Responsabilidad en todos los sentidos: con la sociedad como plataforma de divulgación y educación para promover la protección de la naturaleza; como actor en la conservación de la biodiversidad junto a la decisiva participación de la Fundación BIOPARC; y con el compromiso con el bienestar animal de todo un equipo profesional dedicado al cuidado de seres vivos. En este último ámbito, viviendo enormes alegrías, pero también afrontando momentos difíciles como la enfermedad y, en ocasiones, la pérdida de un animal, algo especialmente desolador para las personas que comparten con ellos su día a día. En esta ocasión, desde BIOPARC Valencia se quiere comunicar el fallecimiento de un animal profundamente querido, la rinoceronta Ami, a quien se ha practicado la eutanasia a los 7 años de edad, para evitar su sufrimiento. Queda el recuerdo de su excelente carácter y la relevancia de su presencia en la estructura del grupo con el éxito y esperanzador nacimiento del primer rinoceronte valenciano.

Dentro del Programa Europeo de Conservación del rinoceronte blanco sureño (Ceratotherium simum simum) que tiene como objetivo frenar la extinción de esta carismática especie, Ami vino a BIOPARC Valencia en 2023 procedente del Zoo de Kolmården (Suecia). Allí había tenido problemas dérmicos importantes que se habían resuelto lentamente antes de llegar al parque valenciano. La rinoceronta se adaptó rápidamente a sus nuevos recintos y se integró de inmediato en el grupo de rinocerontes. Era un animal de carácter sociable y amistoso tanto con el personal como con sus congéneres. Sin embargo, el personal de biología advirtió periodos de apatía y alteraciones en su comportamiento habitual. Pese a todos los esfuerzos veterinarios y los distintos tratamientos, los últimos resultados evidenciaron un notable empeoramiento. Durante el proceso se contó con el apoyo de especialistas en caballos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, ya que los rinocerontes están lejanamente emparentados con los caballos, y parte de su fisiología es muy similar al de los equinos por lo que pueden sufrir afecciones similares.

Los datos clínicos que tenemos ahora indican que sus patologías estaban posiblemente relacionadas con una enfermedad de base y fatal de la medula ósea que ha ido progresando poco a poco, y que explica la alteración significativa en los valores sanguíneos. De hecho, no generaba de forma adecuada ni glóbulos rojos ni plaquetas, las cuales llegaron a estar a cero. En los últimos dos meses su salud se deterioró con rapidez. Considerando su historial clínico, la evolución negativa, el criterio del equipo de cuidado animal y tras compartir la decisión con el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP), se decidió no prolongar la situación e impedir su padecimiento practicando la eutanasia.

Con el propósito de seguir aportando valor desde BIOPARC a la comunidad científica, se ha realizado la necropsia en colaboración con la unidad de patología de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Desde un punto de vista científico es un caso muy llamativo y raro, por lo que, pendientes del resto de resultados de anatomía patológica para conocer la causa de la enfermedad, las conclusiones del estudio formarán parte de los proyectos de investigación, tanto del parque como de la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA) de la que BIOPARC Valencia es miembro, ayudando en el futuro a otros animales gracias a la información clínica.

Ami ha contado con las mejores atenciones formando parte del grupo de rinocerontes con el macho Martin, las hembras Nombula y Kwanza y el pequeño Kairu, la primera cría nacida en noviembre de 2025. Igualmente ha disfrutado del particular recinto multiespecie que recrea la sabana y que compartía con las cebras de Hartmann (Equus zebra ssp. Hartmannae) y diferentes aves como marabús (Leptoptilos crumeniferus), pelícanos (Pelecanus onocrotalus), ibis sagrados (Threskiornis aethiopicus) y distintas anátidas (Anatidae). 

Bajo la amenaza de la caza furtiva por su codiciado cuerno, el rinoceronte necesita un compromiso colectivo para su preservación. Incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta entidad insta a considerar como una única población global las poblaciones tanto en su área de distribución natural como fuera de ella (denominadas in situ y ex situ respectivamente), de acuerdo con su plan estratégico “Un Solo Programa” (One Plan Approach). Con el fin de asegurar la supervivencia de la especie, junto a la acción directa en los hábitats silvestres, la cría controlada científicamente en los parques puede ser vital para reintroducirse en caso de un desastre en sus lugares de origen BIOPARC está altamente involucrado en ambas áreas, en el parque para conseguir conjuntamente una población “de reserva” genéticamente viable; y con la Fundación BIOPARC en este caso cooperando en el proyecto de Big Life Foundation en el ecosistema del Gran Amboseli, entre Kenia y Tanzania.

Con todo el dolor por la triste pérdida, solo queda el consuelo de haber hecho todo lo humanamente posible por Ami y seguir, todavía con más fuerza, protegiendo la naturaleza. Descanse en paz.