El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de ocho meses de prisión por un delito de infidelidad en la custodia de documentos impuesta a un inspector de la Policía Local de Torrevieja, actualmente jubilado, que logró anular una multa de tráfico a una conductora, encargada del servicio de Protección Civil en la misma localidad, sancionada tras haberse saltado una señal de stop en un cruce y casi estamparse con un coche patrulla con dos uniformados. El alto tribunal también avala la condena de siete meses y medio de cárcel impuesta a la mujer por un delito de tráfico de influencias. A ambos les aplica la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

La sentencia, dictada por la sección primera de la Sala de lo Penal del TS, desestima los recursos de la conductora y del inspector contra el fallo inicial, de 2022, de la Audiencia Provincial de Alicante. El apartado de hechos probados indicaba que la mujer, conduciendo el 30 de noviembre de 2012 un vehículo Peugeot 206 y tras saltarse un stop, estuvo “a punto de colisionar con el vehículo policial” de los agentes que acabaron sancionándola.

Antes de firmar el boletín de la multa de 200 euros —y con “cierta ironía y en tono burlesco”— la condenada espetó a los agentes: “Claro que te firmo la denuncia hijo, si no la voy a pagar, escribe lo que quieras que voy a llamar ahora mismo a mi amigo el inspector Vera”.

La Audiencia de Alicante consideraba que a la mujer y al inspector de la Policía Local de Torrevieja “les unía una relación de cercanía a consecuencia de sus respectivas profesiones” y que, “con ánimo de generar en él la intención de cometer una conducta delictiva”, la conductora “se puso en contacto” con el policía y “le pidió que interviniera o hiciera lo necesario para no tener que pagar la multa de tráfico que le había sido impuesta”.

A una de las agentes, Vera le dijo que “se olvidara de esa multa y que no volviera a preguntar más por ella”. El fallo también acreditaba que el inspector “había intervenido en otras ocasiones en la gestión de multas, obviando a sabiendas el procedimiento legalmente establecido para la tramitación de los expedientes sancionadores”.

El policía “extrajo, por si mismo o en colaboración con un tercero no identificado”, el boletín de denuncia de la carpeta que almacenaba las sanciones de tráfico (“o del lugar en que se pudiera encontrar en dependencias policiales”) para hacerla “desaparecer con la finalidad de que escapara al control de quién tenía encomendada su tramitación y de que, en definitiva, quedara archivada, como así aconteció”.

Tanto el inspector Vera como dos agentes de la Policía Local torrevejense fueron absueltos de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y descubrimiento y revelación de secretos, al no haberse acreditado que el primero se prevaleciera de su superioridad jerárquica para ordenar a sus subordinados que no se tramitara la multa.

Un “conjunto de indicios” sólidos

El TS, por su parte, ve “suficientemente acreditados” los indicios contra el inspector y la conductora. Además, la multa “no se llegó a imponer ni tramitar”, esgrime.

La sentencia admite el “conjunto de indicios y alguna prueba directa” invocados por la sección undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, para acreditar los hechos objeto de acusación.

“A partir de estos datos y de la existencia de una relación de confianza reconocida por ambos acusados se puede inferir racionalmente que la advertencia realizada por la recurrente a los agentes de que el inspector no tramitaría la denuncia tenía plena justificación y sentido y que éste, influenciado por la recurrente, por sí o a través de terceros, consiguió extraer el boletín de denuncia de la carpeta en que estaba archivado para impedir su tramitación”, afirma el TS.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión por la parte ya juzgada del caso Koldo, ha pedido al juez que le investiga, Ismael Moreno, que anule el registro de su casa practicado el pasado 5 de noviembre, al considerar que se vulneraron sus derechos por, entre otras cosas, no estar presente. 

Ábalos ha presentado un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE y en el que su abogado, Marino Turiel, defiende que se han vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a un proceso con todas las garantías y el derecho de defensa, al tiempo que considera el registro falto de motivación y de proporcionalidad. 

Ha recalcado el exministro que no se le notificó el auto que abrió una pieza separada y no presenció el registro, donde sí estuvo su pareja, Andrea de la Torre, quien fue detenida y puesta en libertad como investigada.

Su letrado pide que se anule también la incautación de dispositivos electrónicos y que cautelarmente los agentes de la UCO no puedan analizar ni volcar su contenido, al menos hasta que el juez responda a este incidente de nulidad. Si finalmente se hace un volcado, pide que se le cite y se haga en presencia de un letrado de la administración de Justicia. 

Durante el registro de la casa de Ábalos en Valencia se incautaron once dispositivos electrónicos, según su letrado “sin identificar a su titular”, incluido un ordenador en el dormitorio de un menor, que el exministro subraya que es “ajeno por completo a la investigación” y pide devolver a su dueño. 

Esta parte también reprocha que en el registro solo estuviera presente Andrea de la Torre, detenida como autora de un presunto blanqueo por fondos que supuestamente habría recibido y cuyo destinatario sería Ábalos, y sostiene que no estuvo asistida por abogado mientras se practicaba. 

Así, en la vivienda estaba “una investigada cuyos intereses defensivos pueden ser contrapuestos” a los de Ábalos, según recalca su abogado, que renunció a serlo también de la pareja del exministro. 

De acuerdo al relato de esta parte, a De la Torre, cuando aún estaba sin abogado, le pidieron las claves de sus cuentas. Ella se negó, pero la sola petición supondría, según el escrito, una vulneración del derecho a no declarar y a la asistencia letrada. 

Los agentes de la Guardia Civil también entraron en un local en la planta baja de la vivienda y según Ábalos lo hicieron sin autorización judicial, y, en consecuencia, sin cobertura legal, por lo que quieren que sean anulados también los efectos intervenidos. 

Además, el letrado de Ábalos no ve suficiente motivación para esta registro, puesto que el mismo domicilio fue ya registrado en junio de 2025 y cuando Ábalos lleva ya casi un año en prisión “debe constar qué razón concreta permitía esperar hallar en noviembre de 2026, en esa vivienda, elementos relativos a hechos de 2023 y 2024”. 

Ábalos, en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo, sigue investigado por el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en concreto en la pieza que analiza posibles mordidas en contratos públicos otorgados durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes.

El candidato al Congreso por València del PSPV-PSOE, Arcadi España, ha defendido hoy el nuevo modelo de financiación de 3.669 millones de euros más para la Comunitat Valenciana frente “al silencio, las ceros cifras y la falta de modelo del Partido Popular”. Así se ha manifestado este domingo en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto en Lliria durante las que ha denunciado la ausencia de cifras y de un modelo concreto en el programa del Partido Popular sobre financiación autonómica: “Hemos visto el programa del Partido Popular. No hay ni una sola cifra. No tienen un modelo y, por lo tanto, poco tienen que aportar”.

En este sentido, el dirigente socialista ha defendido la propuesta socialista, que contempla 3.669 millones de euros adicionales para la Comunitat Valenciana, una cantidad que supera incluso lo que había solicitado el propio presidente de la Generalitat, al tiempo que ha reprochado al PP que haya rechazado una quita de más de 11.000 millones de euros de la deuda valenciana. Además, ha subrayado que “no puedes entender cómo te ofrecen 3.669 millones de euros y dices que no, que te quiten 11.000 millones de euros de tu pasivo y digas que no» y ha apuntado que este rechazo evidencia ”la debilidad absoluta del presidente de la Generalitat, que está sometido a lo que le digan Feijóo y la calle Génova, y la falta de proyecto político“.

Los referentes del PP

Por otro lado, Arcadi España ha lamentado que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana tenga como referentes políticos al ala más radical del PP nacional, con Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar y Mariano Rajoy, y ha remarcado que “deberían hacérselo mirar los del Partido Popular de la Comunitat Valenciana cuando sus referentes son el ala más radical del Partido Popular de España”.

Con ello, ha cuestionado que Ayuso, a quien ha acusado de privatizar la sanidad y de limitarse a insultar al presidente del Gobierno, sea un referente para los populares valencianos. Asimismo, ha recordado que Rajoy fue el presidente que más subió los impuestos en nuestro país y ha vinculado a Aznar con la guerra de Irak, las mentiras del 11-M y su admiración por Milei y su motosierra.

Las políticas del Gobierno de España

Asimismo, el candidato socialista al Congreso de los Diputados ha defendido las políticas del Gobierno de España en materia de pensiones, vivienda y salarios. Sobre las pensiones, ha destacado que la pensión media ha subido un 44 % y que se revaloriza todos los años conforme al IPC, una medida que beneficia a más de nueve millones de ciudadanos. En contraposición, ha criticado las posiciones del PP y Vox, a los que ha acusado de apostar por la privatización o de cuestionar la sostenibilidad del sistema. “Decir que el sistema ha petado es una falta de respeto y una alarma innecesaria a los millones de pensionistas que necesitan esa pensión”, ha señalado.

En materia de vivienda, España ha defendido que es necesario intervenir y regular el mercado para garantizar el acceso a este derecho, especialmente entre los jóvenes y las personas vulnerables. En este sentido, ha puesto en valor las medidas de protección frente a los desahucios y los incentivos fiscales aprobados para los pequeños propietarios que reduzcan los precios del alquiler, así como las deducciones para los inquilinos en el IRPF.

Finalmente, respecto al salario mínimo interprofesional, España ha contrapuesto el incremento del 66 % aplicado por el Gobierno de España, que además no tributa, con la subida del 14 % que atribuye al Partido Popular. El dirigente socialista ha criticado que ahora los populares condicionen cualquier avance al visto bueno de los empresarios.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a, en caso de resultar elegido presidente del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica “que corrija el agravio” que en ese sentido sufre la Comunitat Valenciana.

Así lo ha sostenido Feijóo este domingo en un vídeo en el que se ha dirigido a todos los valencianos para trasladarles sus compromisos de cara al 29-N, una fecha en la que, según ha señalado, los ciudadanos de Valencia, Alicante y Castellón tienen la oportunidad de “cambiar España y elegir un Gobierno que resuelva problemas históricos de esta tierra”.

En el vídeo, que comienza con una imagen de la senyera y que cuenta con una duración total de un minuto y diecisiete segundos, el presidente de los populares aparece de pie y vestido con traje pero sin corbata desgranando sus propuestas para esta comunidad mientras se proyectan a su espalda numerosas imágenes de la misma.

Con subtítulos para mayor comprensión del mensaje, la grabación finaliza con una imagen de la bandera de España y el logo y lema de la campaña electoral de la formación: “el cambio necesario”.

Además de situar como prioridad la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, el líder del PP también se ha comprometido a aprobar el Plan Valencia, dotado “con 12.000 millones de euros para ejecutar las inversiones que necesita la Comunitat”, así como a impulsar una bajada de impuestos para trabajadores, familias, autónomos y jóvenes.

Del mismo modo, ha defendido un Pacto Nacional del Agua que permita construir infraestructuras frente a sequías e inundaciones y garantice el agua necesaria para el campo, junto a nuevas medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

“El cambio en España le vendrá muy bien a la Comunitat Valenciana”, ha afirmado Feijóo, que ha pedido el apoyo de todos los valencianos para hacerlo posible y votar “el cambio necesario”.

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Ferran Puchades ha interpuesto una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude para que investigue la situación del portavoz de Vox, José Gosálbez, y determine si la actividad privada de asesoramiento jurídico que desarrolla es compatible con su cargo de concejal con dedicación exclusiva.

Compromís pide también que investigue si Gosálbez ha intervenido como edil en expedientes, deliberaciones, votaciones o decisiones municipales relacionadas con su actividad profesional privada, ya que su asesoramiento “está vinculado al ámbito urbanístico y forma parte de la comisión informativa municipal con competencias en urbanismo”.

Puchades denunció hace un año en el pleno municipal que Gosálbez estaba prestando servicios de asesoramiento jurídico al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de València sin haber hecho constar el contrato en su declaración de bienes y actividades y sin que se pudiera comprobar si cumplía las condiciones de compatibilidad.

Según ha informado Compromís en un comunicado este domingo, el portavoz de Vox tiene autorizada la compatibilidad para desarrollar una actividad privada, siempre que ésta tenga carácter marginal en lo que respecta a las funciones, el horario y la retribución.

Por eso, Compromís reclamó que se hiciera público el contrato y se pudiera comprobar que la actividad desarrollada por el concejal cumplía estos requisitos, pero la respuesta fue “negar el acceso a la documentación y apelar a un supuesto secreto profesional”, ha explicado.

Puchades acudió posteriormente al Síndic de Greuges para reclamar el acceso a la información y este señaló que “es fundamental acreditar que se trata de una actividad marginal que no supone ninguna incompatibilidad legal relacionada con la dedicación exclusiva como concejal”, y recomendó al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para permitir el acceso al contrato.

“A pesar de esta recomendación, ni el gobierno de María José Catalá ni el propio Gosálbez han facilitado la documentación reclamada”, lamenta Compromís, que lamenta que un año después el Ayuntamiento “sigue impidiendo que se pueda comprobar si el concejal cumple las condiciones” que el pleno estableció para autorizarle la actividad privada.

Para Puchades, “el Ayuntamiento no puede convertirse en una madriguera de políticos que utilizan la institución para esconder sus actividades privadas”, las cuales “pueden ser lícitas si cumplen los requisitos legales, pero eso solo lo podremos saber si hay transparencia y acceso a la información”.

“Ya tenemos a la alcaldesa cobrando una retribución que no conocemos y haciendo unos horarios que nadie conoce para ejercer de profesora universitaria, y ahora tenemos al concejal Gosálbez haciendo de alumno aventajado de Catalá, haciendo negocios desde su despacho público y mientras ejerce el cargo con dedicación exclusiva”, ha lamentado Puchades.

Además, se ha preguntado “qué es lo que tiene Gosálbez tanto interés en ocultar” para “burlar la norma, ignorar las recomendaciones del Síndic de Greuges e impedir el acceso a la documentación”.

Cada vez que te dan cita para dentro de tres meses o la gestión de las mamografías de tu comunidad autónoma pone en riesgo tu vida, están privatizando tu derecho a la salud. Sin rueda de prensa, sin grandes anuncios y sin que nadie haya pronunciado la palabra «privatización». Es mucho más sutil y perverso, porque acaba dando por bueno un silogismo aparentemente impecable: lo público no funciona; lo privado sí; por tanto, lo privado es mejor.

Pero falta una premisa: ¿Realmente lo público no funciona? ¿o hemos decidido que deje de funcionar? Porque si es lo segundo, ya no estamos ante un problema de ineficacia del sistema, estamos ante una decisión política de calado. Primero deterioras el servicio, después conviertes la desesperación del paciente en demanda privada, y finalmente utilizas esa huida como prueba de que la gente prefiere lo privado. Podría parecer una jugada perfecta, salvo por un pequeño detalle: cuando eliges entre pagar o esperar, en realidad no estás eligiendo, te están obligando. 

Creo que las elecciones del 29N van, sobre todo, de eso. 

En la Comunitat Valenciana, entre junio de 2025 y junio de 2026 la lista quirúrgica pasó de 68.638 a 78.306 pacientes. Eso son 9.668 pacientes más en un año. Más de 24.000 valencianos llevan ya más de seis meses esperando. Esperando para dejar de tener dolor, para saber si lo que tienen es grave o no, mirando el calendario y haciendo esa cuenta que cada vez hacemos más: ¿Y si me lo pago?

Los servicios públicos determinan mucho más nuestra calidad de vida que cualquier otra política, y, sin embargo, el Partido Popular y Vox, que se llenan la boca de patriotismo, cargan contra ellos y ahí donde gobiernan, los relegan a un segundo plano frente a las inversiones privadas, tal y como ya pasa en la Comunitat Valenciana. Es significativo que, en apenas cinco años, más de 250.000 personas hayan contratado un seguro sanitario. Podemos llamarlo crecimiento del mercado, pero también podemos preguntarnos cuántas de esas pólizas se decidieron por esas tres palabras aparentemente inocentes que todos hemos pronunciado alguna vez: por si acaso.

Por si acaso tardan mucho. 

Por si acaso necesito una prueba.

Por si acaso algún día pasa algo.

La realidad es que, afortunadamente, en los últimos 40 años hemos construido un sistema en el que cuando entras enfermo en un hospital da exactamente igual cuánto dinero tienes en el banco, porque allí no hay palco VIP. Tu tarjeta sanitaria vale lo mismo que la del señor que tiene tres pisos en el centro, y lo mismo que la de quien hace cuentas el día 25 para llegar a final de mes. Y esto es el Estado del Bienestar del que disfrutamos en España y que ahora mismo está más en riesgo que nunca. Porque para desmontarlo ni siquiera hace falta privatizar un hospital. Hay métodos bastante más retorcidos como no cubrir las plantillas, dejar crecer las listas de espera y convertir el acceso a determinadas pruebas en una carrera de obstáculos. Y esperar. Y al final sucede lo previsible: quien tiene 150 euros paga una consulta privada. Quien puede permitirse un seguro, lo contrata. Y quien no puede, espera. Espera y espera.

A eso la derecha lo llama libertad de elección. Yo prefiero llamarlo “privatización por agotamiento”: deteriorar lo público hasta conseguir que incluso quien cree profundamente en ello termine pagando porque teme que el sistema no llegue a tiempo. Y aquí la conversación deja de ser sanitaria para convertirse en política, porque un Estado se mide mucho más por lo que ocurre un martes cualquiera que por la solemnidad de las leyes que publica. Se mide por cómo responde cuando tu madre empieza a perder autonomía, cuando tu hijo necesita atención psicológica o cuando te encuentras un bulto y necesitas saber cuanto antes si debes preocuparte.

Todo eso estará dentro de la urna en las próximas elecciones.

Por eso, cuando volvamos a votar, quizá convenga mirar un poco más allá de los eslóganes y hacernos una pregunta bastante sencilla: Cuando las cosas vengan mal, cuando enfermemos, envejezcamos o necesitemos ayuda ¿en qué tipo de país queremos vivir y qué Gobierno nos lo garantiza? Yo quiero uno en el que siga pesando mucho más mi tarjeta sanitaria que mi tarjeta de crédito. Y eso solo nos lo va a garantizar, el Partido Socialista Obrero Español.

La residencia de mayores Emera Mas Camarena de Bétera tiene capacidad para atender a 98 usuarios, distribuidos en 42 habitaciones dobles y ocho individuales a lo largo de sus más de 2.300 metros construidos. Sin embargo, según denuncia Jorge Laparra, el centro no cuenta con licencia de actividades, ya que los permisos están a su nombre desde hace más de una década y él no los ha cedido ni traspasado a la empresa que gestiona la residencia.

En abril de 2023, Laparra, poseedor de la licencia de actividades desde 2012 a nombre de Soliá Mas Camarena S.L. —empresa heredera de Cuidalia S.L., que gestionaba la residencia cuando el inmueble era propiedad de la familia Laparra—, solicitó al Ayuntamiento de Bétera la paralización de la actividad al argumentar que la actual gestora (Emera, en nombre de Wsenior Asistencia Integral 3, S.L.) carece del preceptivo permiso municipal.

Según explica Laparra en declaraciones a elDiario.es y en diferentes comunicaciones remitidas tanto al Ayuntamiento de Bétera como a la Conselleria de Servicios Sociales, e incluso en una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, a pesar de las diferentes transmisiones que se han realizado en los últimos años sobre el inmueble —objeto de una ejecución hipotecaria hace una década—, la licencia en ningún momento ha cambiado de manos. Es más, el denunciante sostiene que la última transmisión patrimonial carece de validez jurídica, ya que se basó en un contrato de arrendamiento “vencido en 2018, tal y como consta en un documento público”.

Por su parte, Wsenior sostiene en los diferentes escritos remitidos al Ayuntamiento de Bétera que la adquisición se produjo en 2019 y que el contrato de compraventa incluía también los permisos, ya que las licencias de actividad son transmisibles por negocio privado entre particulares de forma objetiva y ligada al uso del local, argumentando además que el cambio de titular fue comunicado al Consistorio.

Advertencia de cierre judicial

Tras el requerimiento de Laparra, los técnicos municipales del Ayuntamiento de Bétera constataron que la licencia de actividades estaba a nombre de Soliá Mas Camarena, de forma que Wsenior estaba operando “de facto” sin figurar debidamente como titular legitimada, y dieron a las partes en diciembre del pasado año tres meses para alcanzar un acuerdo, con la advertencia de que procederían a cerrar la instalación en marzo si este hecho no se producía.

Sin embargo, el Consistorio declaró la caducidad del expediente y suspendió de forma cautelar el procedimiento administrativo tras no alcanzarse ningún acuerdo y argumentar la empresa gestora de la residencia que había presentado una demanda civil contra Laparra con el objetivo de dilucidar la cuestión en la vía judicial -Laparra relata que él no ha recibido ninguna comunicación ni citación por parte del juzgado a raíz de esta demanda-. Esta decisión, según el escrito municipal consultado por elDiario.es, busca evitar resoluciones contradictorias y posibles perjuicios o reclamaciones patrimoniales de difícil reparación, manteniendo provisionalmente la actividad abierta para salvaguardar el bienestar de los residentes hasta que no se pronuncien los tribunales.

Laparra denuncia la “pasividad o inactividad” del Consistorio de Bétera por permitir el funcionamiento continuado del centro sin licencia, y ha llegado a presentar las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil y el juzgado al advertir del “grave riesgo” que supone para los residentes, “un centenar de personas en situación de vulnerabilidad”, que el centro opere en situación “irregular”.

“Si mañana pasa algo, yo no quiero ser responsable por no hacer todo lo posible”, asegura Laparra, quien insta a Emera a que tramite una nueva licencia de actividades, “para lo cual debería paralizar la actividad durante seis meses y presentar un nuevo proyecto”, o bien a que le venda el inmueble: “Yo estoy dispuesto a adquirir la residencia; tengo un inversor e incluso hemos llegado a hacerles una oferta formal”.

La residencia dispone de “todas las autorizaciones preceptivas”

La empresa gestora de la residencia para personas mayores Mas Camarena de Bétera, Wsenior Asistencia Integral 3, S.L., consultada por elDiario.es, ha desmentido que el centro opere sin licencia de actividad. La empresa recalca que la residencia dispone de “todas las licencias y autorizaciones preceptivas a nivel municipal, autonómico y sectorial en materia de sanidad, seguridad y servicios sociales”, lo que aseguran avala la plena regularidad de su funcionamiento.

Asimismo, la sociedad aclara que las reclamaciones formuladas por terceros ante el Ayuntamiento y la Guardia Civil se dirigen contra antiguos poseedores y se centran en disputas contractuales privadas sobre los derechos de la licencia, y no en su inexistencia. Ante esta controversia de carácter civil, Wsenior confirma ha interpuesto una demanda ante el Juzgado de Llíria. Cuestionados en diversas ocasiones, el Ayuntamiento de Bétera ha rehusado explicar a elDiario.es el posicionamiento municipal ante este conflicto.

Igual que hay quien ve Caras de Bélmez en cualquier mancha de humedad; yo encuentro metáforas allá donde voy. Cuales cacas de perro, me cruzo una cada dos pasos. Esta semana, además, ha sido pródiga en ellas, pero yo me quedo con una: un pogromo de policías rociando con gas pimienta a un indigente que vive en la puta calle, el día de la huelga por la vivienda. Poesía pura. Si eso lo pones en una novela, sale Cervantes de la tumba y te invita a farlopa. 

La verdadera esencia de una intervención de los uniformados tan escorada a la derecha —¿recuerdos del futuro que se nos viene encima?— ilumina otro suceso ocurrido días antes en los juzgados de la muy madrileña Plaza de Castilla. De allí, diez jóvenes orgullosos de su herencia indoeuropea y muy fans de la ampliación de la Unión Europea que Alemania lideró en 1939, salieron rumbo a su casa a altas horas de la noche tras un día aciago. Los pobres detenidos, miembros de Núcleo Nacional, tuvieron que perder un día declarando, cuales simples raperos, por planear atentados en España. Pero si ya no se puede ni planear tranquilamente un atentado contra la sede de un partido de izquierda, apaga y vámonos. Es la cultura de la cancelación que denuncia Juan Soto Ivars y que la progredumbre se empeña en negar.

La operación policial en siete ciudades contra Núcleo Nacional se saldó con 14 detenciones, a razón de dos nazis por urbe. Solo cuatro durmieron en prisión. Menos da una piedra. Por si a alguien le falla la memoria, NN para los amigos fue reconocida legalmente por el Ministerio del Interior en agosto de 2024, porque a nadie se le ocurrió que un grupo que tiene una foto de Hitler presidiendo su sede pueda suponer algún problema. En la redada cayó el (presunto) cantante y (acreditado) repartidor de hostias Alberto Pugilato, a quien de nada le sirvió esconderse tras un bonsái.

También pilló Isabel Peralta, la de ‘una mierda así de alta’, que tenía armas y municiones para aburrir en casa. Me la imagino preocupada en la cama —abrazada al gusiluz, Mein Kampf en la mesita de noche—, sabiendo cómo se las gasta la justicia española. Cual espada de Damocles, le atormentaba el recuerdo de cuando la Guardia Civil destruyó todo el arsenal del valenciano Frente Antisistema en un lamentable error —no hay otra explicación—. Luego, todos sus miembros quedaron absueltos y, algunos, hasta indemnizados, pero el dolor de perder tu lanzagranadas o tu daga nazi no se cura con dinero.

Al final, lo de NN quedó en susto, y la sangre no llegó al río (aunque es cuestión de tiempo). Guante de seda para estos estos jóvenes deportistas que hicieron un stage en Ucrania para recibir entrenamiento militar de manos de la Brigada Azov. Extraña pues que el jueves por la tarde, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón decidiera tratarlos como simples raperos ordenó cerrar sus sedes y suspender sus cuentas.

Tanto remilgo cuando se trata de terrorismo ultra solo puede explicarse por la casualidad. Pero esta brilló por su ausencia con Raúl y Alfonso, los dos titiriteros que dieron con sus huesos en la cárcel y sus nombres, en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), gracias a la labor del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Tras tres días en el talego, les dejaron irse, pero no muy lejos: debían comparecer a diario en un juzgado, no fuera que los muy ladinos quisieran sustraerse a la acción de una justicia que —cual votante de Alvise— no es de derechas ni de izquierdas. Puede parecer que hay dos varas de medir, que una cosa es representar en un teatro de barrio La Bruja y don Cristóbal y otra, planear atentados. Pero no: los extremos se tocan.

Investigar a Núcleo Nacional no debe ser fácil. Si seguimos sin saber casi nada de la trama civil del reajuste ministerial propuesto por Tejero en febrero de 1981, tampoco cabe hacerse ilusiones de que vayan a buscar al hombre (o mujer) detrás de la cortina, no vaya a ser que se sepa quién financia su sede en Madrid (el Nido, un dog whistle de manual) cuyo coste aproximado es de entre 3.000 y 4.000 euros por metro cuadrado, y estamos hablando de un pequeño zulo de más de 500.

Núcleo Nacional no da para un ejército, mucho menos para un golpe de Estado, como el que sueñan sus miembros mientras se tocan

Lo que va a pasar se intuye. Poco ruido y menos nueces. Chavales que camelan, que decía el Fary. Si alguien alberga dudas —bendita inocencia— le remito a Traer la guerra a casa, de Kathleen Belew, primorosamente editado por Capitán Swing (no saben hacerlo de otra forma) para entender lo que de verdad hay en juego. Núcleo Nacional no da para un ejército, mucho menos para un golpe de Estado, como el que sueñan sus miembros mientras se tocan. La idea es que alguno de sus miembros decida hacer algo por su cuenta. Blanco y cristiano, lobo solitario; no comen jamón, han sido los moros. Así, si un día llega un Timothy McVeigh y se lleva un edificio oficial por delante (con su guardería y todo) podremos hacernos pajas mentales sobre adónde vamos como sociedad, para no asumir que la violencia no es una excreción del sistema, sino su peor versión. Y no nos engañemos, que estos nazis no han salido de la nada.

Compromís–Front Valencià ha celebrado este sábado en Castelló su acto central de campaña en las comarcas del norte para las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación aspira a hacerse con uno de los cinco diputados en el Congreso que se reparte la provincia de Castelló. La alianza de izquierdas ha abogado por poner límites a la especulación en la vivienda y garantizar una vida digna a la clase trabajadora, y ha destacado el “triple beneficio” de votarles: frenar a la extrema derecha, defender los intereses de Castellón y llevar a Madrid políticas valientes en vivienda, transporte y servicios públicos 

En la cita se ha reivindicado la necesidad de impulsar “políticas valientes de izquierdas” que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora y den respuesta a las necesidades de las comarcas castellonenses, ha informado la formación en una nota de prensa.

El acto, presentado por la diputada autonómica y representante de Compromís en la ciudad de Castelló Verònica Ruiz, ha contado con las intervenciones de Lara Manyes (Esquerra Unida), Núria Calduch (Esquerra Republicana del País Valencià) Alberto Ibáñez y Àgueda Micó (Compromís), el candidato al Congreso por Castelló Ignasi Garcia (Compromís) y el síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví.

Durante su intervención, Garcia ha situado el acceso a la vivienda entre las principales prioridades de la candidatura y ha defendido que las instituciones deben garantizar que tener un trabajo permita desarrollar un proyecto de vida digno. “No puede ser que las personas que trabajamos no podamos acceder a una vivienda digna. No puede ser que el alquiler se lleve buena parte de la nómina y que comprar una casa sea inasumible para tantas familias”, ha afirmado.

El candidato ha reivindicado medidas para impedir que los fondos buitre sigan acaparando viviendas, limitar las compras especulativas e impulsar los contratos de alquiler indefinidos para dar estabilidad a las familias. Ha vinculado estas propuestas con las reivindicaciones de la huelga del miércoles, “en la que se reclamó una respuesta política a las dificultades de acceso a la vivienda y a la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

Por su parte, Joan Baldoví ha destacado que votar a Compromís–Front Valencià tiene un “triple beneficio” para la ciudadanía: “Es un voto que no falla porque sirve para frenar a la extrema derecha, pero también para hacer políticas valientes y no arrastrar los pies, como ha ocurrido con el tema de la vivienda. Y, además, defendemos los intereses de la gente de las comarcas de Castelló porque somos la voz del pueblo valenciano con una candidatura cien por cien valenciana”, ha manifestado.

El síndic de Compromís ha concretado las reivindicaciones de la coalición para Castelló en la mejora de los servicios de Cercanías, las conexiones entre el interior y la costa y la defensa del tejido productivo, especialmente de la industria cerámica. “Somos los únicos que defenderemos en Madrid la mejora de las comunicaciones en Castelló y que defendemos como corresponde nuestro tejido productivo, como la cerámica. Somos los únicos que damos voz a lo que afecta a la gente de aquí”, ha sostenido.

Según la coalición, el acto celebrado hoy ha servido para poner en valor el acuerdo entre las distintas fuerzas de la izquierda valenciana que integran Compromís–Front Valencià, y ha considerado que esta unidad permite afrontar las elecciones con “una alternativa conjunta para evitar un gobierno de derecha y extrema derecha en el Estado y exigir que las políticas del próximo ejecutivo sean realmente progresistas”.

El acto ha concluido con un llamamiento a la movilización electoral y el compromiso de la candidatura encabezada por Ignasi Garcia de trasladar al Congreso las reivindicaciones de las comarcas de Castelló.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha llamado a convertir la defensa de los servicios públicos y de los derechos sociales en una gran movilización electoral el próximo 29 de noviembre. “Vamos a una remontada épica, vamos a ganar y vamos a gobernar”, ha proclamado en un acto celebrado este sábado en el que ha apelado directamente a docentes y familias que han defendido la educación pública, a quienes se movilizan por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, a las personas que han acompañado a las víctimas de la dana y a quienes reclaman una sanidad pública de calidad. “Somos más y somos mejores”, ha afirmado.

Morant ha advertido de que la Comunitat Valenciana no puede permitirse otros cuatro años de políticas del PP y Vox y ha reivindicado la movilización de quienes han salido a la calle para defender sus derechos. En este sentido, ha reclamado que los hospitales públicos vuelvan a abrir sus quirófanos por las tardes para atender a los pacientes y ha contrapuesto el modelo de los gobiernos socialistas, que recuperaron para la gestión pública los hospitales de Alzira, Dénia y Torrevieja, con la decisión del actual Consell de renovar la concesión del hospital de Elx-Crevillent. “La sanidad pública es del pueblo valenciano y no un negocio”, ha defendido.

La dirigente socialista ha vinculado este debate con el modelo de privatización impulsado por el PP en la Comunitat Valenciana y que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido en una de sus principales señas de identidad. En este punto, ha agradecido la presencia en el acto de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, cuya experiencia permite conocer las consecuencias de las políticas de Ayuso. Morant ha advertido de que Ayuso es precisamente el referente político de María José Catalá y ha alertado de que el modelo de recortes, privatización y negocio con los servicios públicos que representa la derecha madrileña amenaza también a los valencianos.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha dedicado una parte central de su intervención a la gestión de la dana y a la responsabilidad política del PP. “El Ventorro es una categoría política”, ha afirmado, para denunciar que lo ocurrido aquel día no fue únicamente la ausencia de Carlos Mazón durante las horas decisivas, sino también la actuación de un Consell que no estuvo a la altura de la emergencia y que después se dedicó a construir un relato para ocultar sus errores. Morant ha recordado los testimonios de las víctimas y familiares que relataron en el Congreso cómo perdieron a sus seres queridos y ha reprochado al PP que ni siquiera fuera capaz de acompañarlas y aplaudirlas. “No tienen corazón. Y no tienen derecho a seguir gobernando el corazón de los valencianos y las valencianas”, ha señalado.

Morant también ha cuestionado que el PP no pueda exhibir con orgullo a sus anteriores presidentes de la Generalitat y ha contrapuesto esa herencia a la etapa de gobierno del expresident Ximo Puig, presente en el acto.

Morant ha señalado a Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Carlos Mazón como exponentes de un pasado del que los populares parecen renegar y ha lanzado una pregunta a los asistentes: “Si se avergüenzan de lo que son en la Comunitat Valenciana, ¿cómo piensan que alguien les va a votar el 29N?”.

La dirigente socialista ha llamado asimismo a defender los derechos de las mujeres frente a una derecha que, ha denunciado, pretende hacer retroceder décadas de avances. “No se puede gobernar en contra de las mujeres”, ha afirmado, antes de advertir de que no permitirá que se cuestionen derechos conquistados como la igualdad, la libertad sexual y reproductiva o la conciliación. “No volverán los notables hijos del franquismo. No pasarán, no volverán a gobernar”, ha proclamado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha alertado de las consecuencias del modelo de Isabel Díaz Ayuso y ha defendido que existe una mayoría social que quiere una España con futuro para todos. Espinar ha reivindicado la política municipalista como la mejor escuela para conocer las necesidades de la ciudadanía y ha advertido de que la derecha pretende desmantelar el Estado del bienestar y debilitar la educación, la sanidad, las pensiones y los mecanismos de protección social.

La secretaria de Igualdad del PSOE, y cabeza de lista por Valencia al Congreso, Pilar Bernabé, ha señalado que la decisión de María José Catalá de situar a Ayuso como referente político constituye “un síntoma” y, sobre todo, “una amenaza” para València. Bernabé ha contrapuesto el modelo de recortes y privatización de ambas dirigentes a las políticas socialistas y ha denunciado la gestión municipal de la vivienda, con suelo público destinado a promociones cuyos precios quedan fuera del alcance de buena parte de la ciudadanía. “¿Cómo vamos a pagar pisos a 390.000 euros?”, ha preguntado, antes de advertir de que cada vez más vecinos se ven obligados a marcharse de la ciudad porque no pueden permitirse vivir en ella.

Bernabé también ha cargado contra la actuación del PP durante la dana y ha preguntado quién puede votar a quienes abandonaron a la ciudadanía y no avisaron a tiempo a la población. La dirigente socialista ha reivindicado el papel de las mujeres en la política y ha defendido que no se puede permitir que “sean cuatro tíos los que decidan” sobre la vida, el cuerpo, la conciliación o la jornada laboral de las mujeres.

El candidato socialista al Senado por València Jordi Mayor ha defendido la candidatura conjunta de las fuerzas progresistas como una herramienta para acabar con el bloqueo del PP en la Cámara Alta y conseguir que los territorios, especialmente la Comunitat Valenciana, tengan voz en Madrid. “No venimos a cambiar una mayoría absoluta del PP por una del PSOE, venimos a cambiar la indignidad por la decencia”, ha afirmado. Mayor ha pedido el voto para una candidatura que, ha explicado, busca poner fin al uso partidista del Senado y garantizar que las necesidades del territorio valenciano sean escuchadas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó el pasado 10 de noviembre el programa electoral del PP (documento completo al final de la información) que recoge un apartado dedicado a la respuesta frente a las catástrofes.

Bajo el título “El Gobierno llegará el primero cuando haya una emergencia”, el documento incluye claros guiños a la dana del 29 de octubre de 2024 y, si bien trata de cuestionar la respuesta del Gobierno, también se contradice con votaciones recientes en las Corts y evidencia la lenta reacción de la Generalitat aquel día en el que murieron 234 personas.

En primer lugar, una de las medidas incluidas en la propuesta número 51 es activar “un fondo de prevención y recuperación para financiar alojamiento, reparación de viviendas y reapertura de negocios y explotaciones, cofinanciado con las Comunidades Autónomas”.

Sin embargo, tan solo una semana antes de que el pasado 19 de octubre la dana Adam golpeara con fuerza poblaciones del litoral localizadas principalmente entre Gandia, Oliva y Pego, con registros que llegaron alcanzaron casi los 700 litros por metro cuadrado, el PP y Vox rechazaron en las Corts una proposición prácticamente idéntica presentada por el PSPV, a petición de las víctimas de la riada de 2024.

En concreto, populares y ultras votaron en contra de varias propuestas del PSPV y de Compromís para mejorar la Ley 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias en materia de formación a la ciudadanía, de respuesta a la postemergencia y de coordinación con los servicios sociales. 

La propuesta de los socialistas contemplaba la creación de un Fondo Valenciano de Resiliencia, financiado con el 2% del presupuesto de la conselleria con competencias en emergencias y protección civil.

Así, mediante una disposición adicional única, proponían que el fondo tuviera “por finalidad financiar actuaciones dirigidas a favorecer el restablecimiento de la normalidad y la recuperación de las zonas afectadas, promoviendo que dicha recuperación incorpore medidas de adaptación, prevención y reducción del riesgo que permitan disminuir su vulnerabilidad e incrementar su resiliencia frente a futuras emergencias”.

Al respecto, en su respuesta desfavorable, el Consell argumentó que ya dispone de recursos presupuestarios relevantes destinados a la prevención, protección civil, formación, innovación y gestión de emergencias.

Por otra parte, en el apartado 48 del programa, el PP se compromete a mejorar “la detección de riesgos y los sistemas de aviso para que la población reciba a tiempo mensajes claros, accesibles y con instrucciones sobre cómo protegerse”, después de que la Generalitat Valenciana enviara el Es-Alert de la dana de 2024 llegara casi 13 horas después del aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso se activó a las 7.33 horas y el mensaje de alerta a la población se envió a las 20.11 horas. Un mensaje que, según la jueza de Catarroja, fue “errado en su contenido”.

“El Gobierno llegará el primero cuando haya una emergencia”

El programa del PP dedica cuatro compromisos (del 47 al 51) a la prevención, la gestión de las emergencias y la reconstrucción posterior. Las propuestas se centran en reforzar la intervención del Gobierno central, crear un mando único para las emergencias de alcance nacional y mejorar los sistemas de prevención y respuesta.

El compromiso 49 afirma que “el Gobierno central actuará desde el primer momento, sin esperar a que se lo pidan” en alusión a la frase de Sánchez tras la dana cuando dijo que la Generalitat Valenciana tenía todos los recursos del Estado a su disposición y que aun así, “si necesita más recursos, que los pida”. Desde la derecha se manipuló esta afirmación y se trasladó que había dicho que “si necesitan más ayuda, que la pidan”.

En cuanto al contenido del compromiso, el PP plantea reformar el Sistema Nacional de Protección Civil, constituir un Mecanismo Nacional de Respuesta; crear un mando único de protección civil y emergencias, con competencias, capacidades, recursos y medios para planificar y dirigir las emergencias de alcance nacional y coordinar todos los medios del Estado.

“Cuando la gravedad de la situación lo exija, el Gobierno podrá integrar bajo una misma dirección a los servicios de protección civil y sanitarios, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y los operadores de infraestructuras. Facilitaremos la incorporación de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario para responder a situaciones de especial gravedad. La coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales será permanente a través de la Conferencia Sectorial de Emergencias y Protección Civil”, finaliza la propuesta.

En medio de la polémica desatada por las irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas del residencial Les Naus de Alicante a cargos y personas afines del PP, un caso que ya se investiga en el juzgado, elDiario.es destapó que la mujer del alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala (PP), disponía, al menos hasta el pasado mes de febrero, de una vivienda protegida que adquirió en 2006 en la que nunca había vivido y que tenía alquilada en otra urbanización con zonas comunes y piscina denominada Los Lirios.

La fórmula jurídica para poder hacerse con esta casa fue aprobada por el PP a inicios del presente siglo y permitió a los compradores beneficiarse de un negocio redondo. En esta promoción había un total de 12 viviendas protegidas que la promotora podía vender a terceros, previa autorización de la Generalitat Valenciana, que a su vez debían destinarla de forma obligatoria a alquiler con los parámetros establecidos por la administración. De esas 12, una se la quedó la mujer del alcalde y otra su excuñada, como también avanzó esta redacción. La identidad de los otros 10 propietarios de momento se desconoce.

Esto es precisamente lo que el pasado 9 de marzo preguntaron la diputada del PSPV, María José Salvador, y su compañero de partido, el también diputado Benjamín Mompó. En concreto, preguntaron por escrito a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, por las autorizaciones concedidas por la Generalitat Valenciana entre los años 2002 y 2005 para enajenar viviendas, así como la identidad de los beneficiarios.

Nueve meses después y tras una segunda pregunta planteada por escrito el pasado 10 de junio, sigue sin haber respuesta. Por este motivo, Salvador ha recurrido a un mecanismo extraordinario previsto en el reglamento de las Corts para requerir por tercera vez la información, en concreto, “qué viviendas de protección pública en alquiler han estado enajenadas conforme al artículo 25.3 de decreto 92/2002 de 30 de mayo del Gobierno valenciano sobre actuaciones en materia de vivienda”.

En concreto, la diputada socialista ha invocado el artículo 12.3 del reglamento del parlamento valenciano por el cual “si el Consell no cumple lo que disponen los apartados anteriores [dar respuesta a las preguntas planteadas], el diputado o diputada solicitante podrá formular una pregunta oral ante la comisión competente que se incluirá en el orden del día de la primera sesión que se convoque. Si, a juicio del grupo parlamentario al que pertenece quien lo ha pedido, las razones no son fundamentadas, en el plazo de cinco días, puede presentar una proposición no de ley ante la comisión correspondiente que tendrá que ser incluida en el orden del día de una sesión a realizar en el plazo de quince días desde su publicación”.

Según Salvador, “el presidente del Consell, Pérez Llorca, tiene que explicar por qué no entregan la documentación solicitada” y recordó que el grupo socialista ha pedido “la documentación a la Conselleria de Vivienda para saber todas las viviendas que se adquirieron en este régimen pertenecientes al plan de vivienda 2002-2005 para conocer de primera mano el expediente de la vivienda de la mujer de Barcala y de otros si hubiera”.

La socialista ha denunciado que “el PP y Pérez Llorca ocultan deliberadamente esta información” por lo que ha explicado que han presentado “una pregunta oral que tendrá prioritaria tramitación en la comisión de obras públicas, en virtud del artículo 12.3 del reglamento que permite de manera excepcional y cuando no se entrega la documentación pedir cuentas a través de preguntas orales en comisión y que Camarero explique por qué oculta información”.

Detalles de la operación

La promotora de la promoción de VPO Los Lirios de Alicante, donde al menos hasta febrero tenía su inmueble la mujer del alcalde y su excuñada hasta que esta última la vendió, fue Antares Inmoinvest SA, una conocida empresa alicantina que en la actualidad sigue presentándose a la gestión de viviendas protegidas.

En el caso de Sagrario Martín, mujer del primer edil, se quedó un piso de 90 metros cuadrados, una plaza de garaje y un trastero, además de la parte proporcional de las zonas comunes, donde hay una piscina, mediante la subrogación de un préstamo con Caja Madrid por valor de 68.489,73 euros. Unas condiciones que no debieron ser muy diferentes a las que obtuvo la exmujer de Carlos Barcala, hermano del alcalde.

A cambio de este precio ventajoso, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar, y según el decreto en el que se amparaban estas viviendas, se debía mantener la vivienda en alquiler durante un plazo de entre 10 y 25 años a un precio tasado. Después, y según la misma norma, “en el supuesto de que el inquilino no comprase la vivienda, el arrendador podrá optar por continuar con la explotación de la misma en régimen de arrendamiento o venderla, previa autorización del cambio de uso por parte de los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, coincidiendo con la terminación del plazo del contrato de arrendamiento o de alguna de sus prórrogas”. Sagrario Martín pudo acogerse al plazo de 10 años de limitación del precio del alquiler y a buen seguro también la excuñada del alcalde, ya que de lo contrario no se hubiera cumplido el plazo legal para poder ponerla en venta.

De esta manera, mientras se cobra el alquiler se va pagando la hipoteca subrogada y una vez liquidada y liberado el inmueble de la protección, se puede alquilar o vender en el mercado de renta libre. El procedimiento que se siguió para elaborar listas de posibles adjudicatarios para estas viviendas y para su adjudicación es una incógnita, más allá de lo señalado por Barcala cuando se hizo público el caso de su mujer: “La compradora se entera porque el plan parcial de Benisaudet fue una actuación en la que el entonces Instituto Valenciano de Vivienda promovió suelo para varios edificios de viviendas protegidas y fue muy conocido en todo Alicante”, explicó Barcala.

“Desde el 87 en operaciones especiales”. Así describía su currículum Carlos S. G., neonazi vinculado a Núcleo Nacional en València, en una llamada con Jesús R. interceptada por la Brigada de Información de la Policía Nacional. En esa llamada, según indica el sumario al que ha tenido acceso elDiario.es, Carlos S. G. asegura a su interlocutor que “si hay que echar manos a las armas se las echa” y repasa su trayectoria en Kosovo, donde “contactó con una empresa militar privada polaca”.

El neonazi, en la llamada efectuada el pasado 7 de mayo, también aseguraba que estaba “en el bajo” y que iba a “tirar con pistola y con rifle”. El pinchazo telefónico, autorizado por la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón, que centraliza la investigación por los presuntos delitos de odio y de asociación ilícita, sirve a los investigadores para apuntalar el manejo de armas por parte de la organización neonazi desarticulada.

“Esta llamada resulta especialmente significativa, no sólo por su contenido, sino que al realizar las gestiones oportunas, se pudo comprobar que Carlos S. G. carece de licencia de armas, por lo que la pistola y el rifle al que hace referencia las posee de forma ilegal”, afirma un informe policial. Lo cual, agregan los investigadores, confirmaría que los integrantes de Núcleo Nacional disponen de armas adquiridas en el “mercado negro o importadas de zonas en conflicto donde su adquisición es muy fácil”.

La Brigada de Información ha acreditado, con pinchazos telefónicos, que Núcleo Nacional contaba con una delegación en la provincia de Valencia, cuya sede en la calle de Gómez Ferrer de Torrent aún no se había inaugurado y que tenía prevista albergar una tienda de ropa de la que se iba a encargar Ignacio P. L. La delegación valenciana, siempre según las escuchas telefónicas, estaría compuesta por dos centenares de afiliados y liderada por Nerea M. G. como “máxima responsable”.

El sumario reseña la visita a Ucrania de varios neonazis españoles el pasado agosto: Iván R. O., José Manuel V. M., Roberto C. A., Aitor R. A. y Rafael B. S. Este último, de 22 años y nacido en Elda (Alicante), fue identificado por los investigadores en imágenes tomadas en Ucrania y colgadas en las redes sociales de Núcleo Nacional.

En un vídeo de 42 segundos de algún tipo de entrenamiento militar en Ucrania, colgado en una cuenta de Instagram que no pertenecía al grupo, a pesar de que los dos varones que aparecen con chalecos antibalas y portando material militar tienen los rostros pixelados, la Policía ha identificado “perfectamente” a Rafael B. S. (en un momento dado de la grabación se aprecia su cara).

El sumario indica que los neonazis españoles contactaron con el destacamento de Operaciones Especiales Azov, una formación militar de la misma cuerda ideológica e “incorporada oficialmente a la Guardia Nacional de Ucrania”.

Entrenamientos a menores

La Brigada de Información de la Policía Nacional sostiene que la formación y el entrenamiento de los neonazis de Núcleo Nacional “no solamente se basa en el manejo de armas y conocimiento de tácticas militares”, también “abarca distintas disciplinas de lucha, principalmente boxeo”.

De hecho, la cuenta de Instagram de Núcleo Nacional en Alicante divulgaba vídeos de entrenamientos en un gimnasio en el que aparece un menor de edad.

Sin embargo, el informe policial considera que la organización neonazi contaba con una “pre-delegación” en Alicante, con 56 afiliados y con Javier C. E. como “máximo responsable” y Alejandro A. N. como uno de sus delegados.

 La Policía Nacional han detenido este viernes en la provincia de Castellón a otro supuesto miembro del llamado movimiento 'Blocus Vlc', un menor de 16 años al que se le imputan los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

La detención se ha llevado a cabo sobre las ocho y cuarto de esta mañana un lugar no especificado de la provincia de Castellón y se espera que en las próximas horas sea puesto a disposición de Fiscalía de Menores, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El menor ha sido plenamente identificado como uno de los participantes en el chat 'Blocus Vlc', donde presuntamente llevaba a cabo labores de coordinación junto a otros participantes, haciendo llamamientos a cometer incendios y cortar las calles para poder saquear los establecimientos del centro de València.

Se trata de la cuarta detención llevada a cabo por la Policía Nacional en Valencia en las últimas semanas, en el marco de las investigaciones en torno al grupo 'Blocus Vlc', cuyos miembros instigaban a otros a cometer saqueos y actos de pillaje en comercios de la zona centro de la ciudad de València la tarde del sábado 31 de octubre.

El 28 de octubre ya se arrestó a un menor de 17 años, presunto creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc' en aplicaciones de mensajería instantánea, sobre quien la Fiscalía de Menores decretó su ingreso en un centro de menores.

Dos días después, el viernes 30 de octubre, la Policía Nacional detuvo a un joven de 18 años en la localidad valenciana de Alfafar por su participación activa en las mismas y tras su puesta a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión provisional.

Al día siguiente, en la tarde del 31 de octubre, se detuvo a un menor de 16 años en las inmediaciones de la plaza de toros de València, lugar elegido por los miembros de dicho grupo para provocar actos vandálicos, de pillaje y saqueos durante esa tarde, que llevaba guantes y prendas para tapar su rostro, así como un teléfono móvil que le fue intervenido.

A estos tres detenidos se suma ahora este nuevo arresto y continúan las investigaciones, según las mismas fuentes.

Bronca en las Corts Valencianes a cuenta de la inusitada urgencia del PP y de Vox por aprobar la Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, quizás el proyecto legal más importante puesto que implica importantes cambios en la ordenación urbanística, en la tramitación de los nuevos desarrollos y en las zonas en las que se podrá urbanizar o en las que no. Entre otras cosas, permitirá determinados usos turísticos en suelo no urbanizable y revalorizará los suelos rústicos.

La junta de síndics convocada para este viernes, tras el intento fallido por parte populares y ultra de reunirse este jueves tras el pleno, ha vuelto a evidenciar las prisas de ambas formaciones por aprobar la normativa, quizás incluso este mismo mes. La idea era poner fecha a la comisión de Medio Ambiente para aprobar las enmiendas parciales registradas este jueves (más de 300), último trámite antes de aprobar la ley, lo que no ha sido posible puesto que la diputada de Compromís, Paula Espinosa, que debe firmar el trámite como secretaria de la mesa, estaba ausente por indisposición. La junta de síndics se reunirá de nuevo el próximo martes 17 de noviembre, cuando se prevé convocar definitivamente la mencionada comisión, siempre y cuando Espinosa rubrique el mencionado trámite.

La derecha y la extrema derecha mantienen así su hoja de ruta para lograr aprobar a la carrera la nueva legislación urbanística que será de aplicación en la Comunitat Valenciana, un texto en el que las patronales de los promotores reconocieron recientemente haber participado “activamente”. Sin ir más lejos, la mesa de las Corts, con mayoría del PP y de Vox, decidió tramitar la normativa por la vía de urgencia, por lo tanto con menos participación y transparencia.

Tras la junta de síndics, los representantes del PSPV y de Compromís denunciaron las anomalías que se están cometiendo para forzar la aprobación de la ley este mismo mes, al tiempo que se preguntaron qué intereses urbanísticos hay detrás de estas prisas.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha hecho hincapié en la “excepcionalidad” de todo lo relativo a la Ley del Suelo y ha calificado la situación vivida en el parlamento valenciano de “atropello democrático”. Además, ha preguntado al PP “por qué tantas prisas” tiene y “para quién se aprueba” esta norma que es, a su juicio, “puramente especulativa”. “La urgencia lleva a falta de controles y la falta de controles lleva a corrupción”, ha advertido.

El síndic socialista ha hecho hincapié en que llevaba “dos años en un cajón” pero el Consell la ha recuperado ahora, en el tramo final de la legislatura, y el PP desde las Corts ha “acelerado los trámites” y “acortado los plazos” de manera “anómala”. “No había ocurrido nunca”, ha sostenido Muñoz, que ha cuestionado la “agilidad inaudita” de los 'populares' con esta ley, que cuenta con informes “devastadores” de organismos como el Consell Jurídic Consultiu. “Hasta el propio Ayuntamiento de València, gobernado por el PP, ha planteado alegaciones”, ha indicado Muñoz, que también ha mencionado los “reparos” de la Abogacía de la Generalitat.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha acusado al PP de practicar “persecución” a la secretaria de la mesa de la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, Paula Espinosa, diputada de la coalición, que es quien debe firmar el primer trámite relativo a la organización de las enmiendas parciales sobre la Ley del Suelo para que pueda convocarse la sesión de debate. Una situación que ha calificado de “anómala”.

Navarro ha esgrimido que su compañera Espinosa no puede “hacer la ordenación” de las enmiendas parciales --se han registrado unas 300 entre los distintos grupos-- en un plazo “inferior a 24 horas” y ha reprochado al PP que no le facilite tiempo para “hacer su trabajo”. Dicho esto, ha preguntado a los 'populares' a qué se debe la “extraordinaria urgencia” que tienen para aprobar la Ley del Suelo, así como “quién está detrás” de dicha norma.

La también candidata de la coalición valencianista al Senado ha defendido que Compromís quiere “proteger el territorio” y ha acusado al PP de “atropellar” el reglamento, puesto que no han pasado “ni 24 horas” desde la finalización del pleno que debatió su enmienda a la totalidad. Ha sostenido que lo que ocurre con esta norma “no es normal” y no se había producido “nunca”. “Hay una urgencia que el PP y Vox no quieren revelar”, ha deslizado, entre críticas a los promotores urbanísticos por asegurar que esta ley “ha sido redactada en su despacho”.

El PP critica a Compromís por retrasar el proceso

El síndic del PP, Nando Pastor, ha insistido con “absoluta contundencia” en que, si una ley “no puede esperar”, esa es la del suelo, porque supondrá “un auténtico revulsivo” para los valencianos que tienen problemas de acceso a la vivienda, al tiempo que ha acusado a la izquierda de “deslealtad” y de ser “sucios y rastreros” por “obstaculizar” la tramitación parlamentaria. En todo caso, fuentes 'populares' transmiten que confían en aprobar la norma antes de Navidad.

Pastor ha asegurado que los 'populares' asisten “atónitos y en directo” a un intento “sin precedentes” en las Corts de “obstaculización” de la tramitación de la Ley del Suelo por parte de Compromís, algo que demuestra, a su juicio, “deslealtad parlamentaria” y un comportamiento “inaudito, impresentable, vergonzoso”. “Es juego sucio al más puro estilo Compromís, con el beneplácito y el aplauso del PSPV”, ha concretado.

La Generalitat anunció el 29 de diciembre del pasado año la apertura del plazo para la caza controlada de jabalíes y para la retirada y gestión de las piezas abatidas en condiciones de trazabilidad y bioseguridad, con el objetivo de reducir la densidad poblacional de esta especie como medida preventiva ante la amenaza que supone la Peste Porcina Africana (PPA).

De este modo, tal y como prevé el Decreto Ley 13/2025, de 19 de diciembre, se aprobó una ayuda de 40 euros por cada ejemplar de jabalí cazado y retirado del medio natural en las condiciones de seguridad y trazabilidad contenidas en el decreto ley a los titulares de cotos de caza. Según la normativa, generarán derecho al cobro los ejemplares abatidos entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de septiembre de 2026, para lo que se abrió un plazo del 16 al 30 de septiembre para solicitar dichas ayudas. 

Casi un año después, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este jueves una transferencia de crédito en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, por un importe de 140.760 euros para hacer frente a los pagos. Teniendo en cuanta que la ayuda era de 40 euros por jabalí, abarcará hasta 3.500 ejemplares. Cuando se anunció la iniciativa, hace casi un año, se estableció un presupuesto global de 2 millones de euros.

El vicepresidente tercero y conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, informó el pasado mes de septiembre de que finalmente se habían capturado 5.337 ejemplares en el conjunto de la Comunitat Valenciana. De ellos, 3.192 corresponden a actuaciones realizadas con la colaboración de los cazadores, un colectivo que el vicepresidente ha denunciado que “ha estado demonizado durante años”. Así pues, en principio el crédito será suficiente para cubrir las capturas.

Tal y como informó la mencionada conselleria, podían ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de espacios cinegéticos autorizados y los adjudicatarios de zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana, principalmente sociedades y clubes de cazadores, entidades privadas y ayuntamientos que gestionan más del 80% del territorio valenciano susceptible de albergar poblaciones de jabalí. 

En concreto, se ha actuado en 353 cotos y zonas de caza de la provincia de Alicante, en 209 de Castellón y en 438 de Valencia.

Por otra parte, el mencionado decreto ley contempla también la puesta en marcha de un servicio complementario de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja, jaula o capturadero, que se pueden instalar en lugares en los que la caza no resulte una solución satisfactoria como método de control de la población, aproximadamente el 20% restante del territorio.

Según los datos ofrecidos por Mus, 2.145 jabalís fueron capturados mediante jaulas, 1.047 en Valencia, 659 en Alicante y 439 en Castellón. El dispositivo de jaulas ha permitido retirar hasta principios de septiembre 490 ejemplares en la zona de Xàbia-Dénia, 256 en La Plana, 256 en La Valldigna y 245 en La Safor..

La iniciativa permite también avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el fin de disponer de información más sólida y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunitat Valenciana. 

El decreto ley también prevé la puesta en marcha de una Unidad Logística de coordinación y recogida de piezas abatidas y de monitorización de la población de jabalí.

En total el decreto ley, cuya puesta en marcha ha requerido una coordinación estrecha entre departamentos y equipos técnicos especializados, contempla una dotación global de 6 millones de euros para luchar contra la peste porcina africana, que en estos momentos constituye una de las amenazas sanitarias más serias para la producción porcina a nivel mundial y europeo. 

En el caso de la Comunitat Valenciana, el porcino es la primera producción ganadera de la región en términos económicos y representa aproximadamente el 35 % del valor de la producción animal. 

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha culminado una de sus investigaciones sobre contratos de emergencias adjudicados por la Generalitat (sin relación con los licitados por la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024). Antifraude emplaza al Ejecutivo autonómico de Juan Francisco Pérez Llorca a “reforzar los mecanismos de prevención y declaración de conflictos de interés en la contratación de emergencia”.

A consecuencia de la política de opacidad del actual director de la AVA, Eduardo Beut, los informes de las resoluciones finales de investigación se publican resumidos y anonimizando incluso la entidad pública investigada (aunque se puede deducir, por el objeto de la licitación, que se trata de contratos de emergencia adjudicados por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana).

Antifraude también insta a la Generalitat a establecer un procedimiento interno para “identificar y documentar” posibles situaciones de conflicto de interés de las “personas que intervienen en la propuesta, en la selección del adjudicatario, dirección y control de la ejecución, determinando los supuestos en los que resulte procedente formalizar una declaración específica”.

También plantea como “criterio general” la consulta “a más de un operador” a la hora de adjudicar los contratos de emergencia (a dedo por naturaleza). Eso sí, siempre que “las circunstancias temporales y materiales de la emergencia lo permitan”, apostilla el informe.

Una medida para “reforzar la trazabilidad”

El hecho de tantear a más de una empresa durante el proceso de licitación de los contratos de emergencia supone una “medida adecuada para reforzar la trazabilidad de la selección y favorecer la eficacia y la concurrencia”.

Por el contrario, “cuando solo se consulte a un operador, deberán incorporarse al expediente las razones objetivas que justifican su elección y la imposibilidad o inconveniencia de efectuar consultas adicionales”, agrega Antifraude.

A pesar de que en los nueve expedientes analizados por la AVA se acredita la existencia de necesidades relacionadas con la seguridad ferroviaria, la continuación del servicio o la conservación de infraestructuras esenciales, no en todos resulta “homogéneo” el “grado de precisión, sistematización y suficiencia de la motivación”.

Antifraude detectó en algunos expedientes “limitaciones para comprobar la intensidad e inmediatez del riesgo y la necesidad de acudir específicamente a la tramitación de emergencia”.

El Consell de Juan Francisco Pérez Llorca ha inyectado 700.000 euros a la construcción de una tirolina para unir los municipios de Polop y de La Nucia, ambos situados en la comarca de la Marina Baixa y gobernados por alcaldes del PP de la cuerda del president. El proyecto pretende, según la vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia del Ejecutivo autonómico valenciano, “poner en valor el patrimonio natural del municipio para fomentar el atractivo turístico”, construyendo una plataforma y una tirolina de doble sentido entre ambos términos municipales, con una longitud aproximada de 300 metros en un sentido y 310 metros en el inverso, “incluyendo las actuaciones de urbanización, acondicionamiento, seguridad y puesta en valor del entorno, necesarias para su implantación”.

Las obras, según una resolución del pasado 28 de octubre, han sido adjudicadas por el Ayuntamiento de La Nucia (en un procedimiento abierto simplificado) a la constructora Becsa, que también se encargó del proyecto urbanístico de La Serreta en La Nucia, presupuestado en 54 millones de euros.

El Consell destaca la “finalidad de interés público vinculada al desarrollo territorial, económico y turístico” del singular proyecto, según afirma la resolución del pasado 4 de noviembre publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

“La memoria aportada describe una infraestructura destinada a potenciar el turismo activo y sostenible mediante la creación de un nuevo recurso turístico singular que conectará los municipios de La Nucia y Polop, aprovechando las condiciones naturales del territorio y fomentando un uso compatible y respetuoso con el entorno”, apostilla la resolución.

Las obras, según han anunciado José Luis Susmozas, alcalde de Polop, y Bernabé Cano, primer edil de La Nucia, comienzan este mes, con la previsión de que la tirolina entre en funcionamiento el verano de 2027. A los 700.000 euros subvencionados por la Generalitat, se suman 74.000 euros que aporta el Ayuntamiento de La Nucia, cuyo alcalde cuenta con varios miembros de su familia en el Ejecutivo de Pérez Llorca.

Su hermana, Marián Cano, es consellera de Industria y Turismo y su hija, Ángela Cano, directora general en la Conselleria de Presidencia. Bernabé Cano también acompañó al president en su polémico viaje para ver la final del Mundial de fútbol en Estados Unidos.

Por otro lado, los consistorios de Finestrat y de Polop también han compartido asesoría jurídica del mismo bufete propiedad del exdiputado del PP David Serra, en sendos contratos adjudicados por Juan Francisco Pérez Llorca y por José Luis Susmozas.

Un “proyecto estratégico”, según Bernabé Cano

Se trata de alcaldes de la cuerda de Pérez Llorca, antiguo alcalde de Finestrat, municipio vecino de la comarca de la Marina Baixa. “Estamos muy contentos porque se ponga en marcha ya, gracia a esta importante subvención de la Generalitat Valenciana”, dijo José Luis Susmozas durante la presentación de la tirolina celebrada el pasado 11 de noviembre, a la que también asistió la concejala de Urbanismo de Polop, Rosa Berenguer.

Por su parte, Bernabé Cano agradeció el “esfuerzo económico” de la Generalitat para apostar por un “proyecto estratégico para la Comunitat Valenciana, que revitalizará el turismo de interior en la Marina Baixa”

El expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, solicitó expresamente el cobro de la ayuda que se otorga a los diputados valencianos por kilometraje para compensar los gastos de desplazamiento de su residencia a las diferentes sesiones de las Corts Valencianes.

Según la documentación recabada por elDiario.es, tras su dimisión como jefe del Consell y al mantenerse como diputado raso en las Corts, entre otras cosas, para no perder el aforamiento que le otorga cierta protección en la causa de la dana, solicitó el mencionado complemento a sabiendas de que, acogiéndose al estatuto del expresidente, iba a disponer de coche oficial con chófer.

Precisamente, el tener un coche oficial a disposición es el motivo por el que ningún conseller de la Generalitat Valenciana, más allá de que en este mandato no sean diputados, ha solicitado el cobro de esta dieta. Tampoco la percibe el actual presidente, Juan Francisco Pérez Llorca, quien sí que la cobraba como diputado y portavoz del grupo popular. Sin embargo, al ser elegido jefe del Consell, renunció a ella. El propio Mazón renunció también al kilometraje en su etapa al frente de la Generalitat, a pesar de ser también diputado, por disponer del coche oficial.

El formulario por el que Mazón marcó la casilla para solicitar esta paga dice: “Declaro que no recibo ninguna retribución ni pensión pública incompatible, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1/1987 de 31 de marzo Electoral Valenciana y solicito el abono de las retribuciones e indemnizaciones por kilometraje que como diputado o diputada me correspondan, comprometiéndome a indicar a los servicios de la cámara los casos en que no proceda el abono de dicha indemnización”.

Para el PSPV, los casos en que no proceda el abono son todos, ya que consideran una irregularidad que se le esté cubriendo los desplazamientos con el coche oficial y que al mismo tiempo se le abone una dieta por kilometraje por la que entre enero y agosto de este año ha percibido 1.933 euros.

El síndic de los socialistas en las Corts, José Muñoz, ha elevado un escrito a la Mesa del parlamento valenciano con mayoría del PP y de Vox por medio de la que exige que requieran a Mazón la devolución de esta cuantía y, en caso de no hacerlo, descontarlo de su próxima nómina como representante de la cámara autonómica. La respuesta de la Mesa ha sido requerir un informe jurídico para determinar si realmente existe una irregularidad en esta circunstancia que justifique la devolución del importe.

Muñoz considera que es una situación “absolutamente irregular y, como mínimo, carente de la necesaria ética y ejemplaridad que han de mostrar los representantes del pueblo valenciano”.

“Es la misma situación que los miembros del Consell que son diputados, a los que Les Corts tampoco paga el kilometraje”, subrayan desde el PSPV, y añaden que “antes de noviembre de 2025”, cuando Mazón era 'president' y diputado, “tampoco figuraba en ese listado de perceptores del kilometraje”.

En el escrito también recuerdan que Mazón, como expresidente, nombró a un nuevo conductor a su servicio a mediados del pasado febrero, por lo que consideran que “no incurre en ningún gasto susceptible de ser indemnizado como consecuencia de sus desplazamientos a Les Corts cuando ha tenido a bien hacer acto de presencia en el hemiciclo”.

Por último, advierten que, si persiste esta situación, “la Generalitat estaría pagando por duplicado por las asistencias del diputado Carlos Mazón que, no obstante, no se ha prodigado en las sesiones plenarias, ni en tiempos de presencia en el hemiciclo ni tampoco en aportaciones a los debates mediante eventuales intervenciones, que han sido cero en su condición de diputado”.

La jueza de la dana investiga la reunión fallida convocada el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 234 fallecidos, por el Centro de Emergencias de la Generalitat con los alcaldes de las localidades potencialmente afectadas por la presa de Forata.

La magistrada, según se desprende de una providencia dictada este jueves, ha recibido de Emergencias un oficio sobre las grabaciones de llamadas a municipios situados aguas debajo de Forata, en relación con el desembalse de la infraestructura hidrológica y la convocatoria de la reunión telemática con los alcaldes de esas localidades.

Sin embargo, la instructora ha requerido al Centro de Emergencias de la Generalitat para que, en el plazo de tres días, “concreten la hora de cada llamada efectuada (atendida o no), así como el Ayuntamiento o Policía Local a quien se realizó la llamada”.

La reunión convocada en paralelo al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrado en plena catástrofe, nunca se produjo, dejando así plantados a los alcaldes, tal como reveló este diario una semana después de la tragedia. Los testigos de Emergencias alegaron que hubo problemas técnicos.

Por otra lado, la jueza ha reiterado en un auto dictado este jueves que los alcaldes de los municipios afectados por la catástrofe, que no ostentaban la “posición de garante” ante la emergencia. La resolución tumba de nuevo las diligencias propuestas por una de las acusaciones particulares personadas en la causa relativas al Ayuntamiento de Algemesí, concretamente la declaración testifical del comisario jefe de la Policía Local del municipio de la comarca de la Ribera Alta.

Una mera “referencia genérica”

La magistrada descarta que la argumentación del informe policial aportado a la causa tras la declaración del alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, sea “imprecisa o incompleta”. “La referencia genérica a la letalidad de la inundación en el centro urbano de Algemesí resulta insuficiente al objeto de acordar la testifical”, afirma el auto.

La instructora recuerda que “la atribución de responsabilidad penal a los alcaldes en los fallecimientos investigados se ha efectuado en cuatro ocasiones”, en relación con los primeros ediles de Utiel, Catarroja, Algemesí y Aldaia. En el caso de los dos primeros “de manera formal” y en los dos últimos mediante la solicitud de práctica de diligencias de investigación alegando la posible imprudencia o negligencia en que habría incurrido el alcalde o la “autoridad municipal”.

La jueza considera que “no es adminisible” la apertura de “investigaciones prospectivas”, tal como ha avalado reiteradamente la Audiencia Provincial de Valencia, “desgajándose del marco normativo, de la posición de garante y de los fallecimientos concretos que se pretende investigar”. “Lo anterior”, apostilla, “es siempre un presupuesto ineludible en el caso de las acusaciones particulares”.

El auto coincide con la postura de un reciente escrito del fiscal de la causa, quien reprochó a ambos investigados —la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso— que no adoptaran medidas para “evitar” o “disminuir” los fallecimientos.