La consellera de Educación, la popular Carmen Ortí, ha remitido una carta a las familias de los alumnos de los centros públicos a tan solo unos días de que comience la huelga indefinida convocada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF —con el respaldo de ANPE— el próximo lunes. En la misiva, explica que están trabajando para “garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado”.

En el documento, sostienen que han fijado como prioridad que los estudiantes de segundo de Bachillerato “no se vean perjudicados en sus pruebas de acceso a la universidad, lo que comprometería su futuro profesional”. Así, relatan que los servicios mínimos planteados garantizan que todo el alumnado sea evaluado: “Ningún estudiante ni familia puede ser cautivo de un conflicto sindical”, una frase que, a juicio de los sindicatos, supone una “apelación emocional y demagógica”.

Ortí relata que, con el objetivo de “construir un sistema público educativo de calidad”, la Generalitat destina “8.000 millones de euros anuales a educación”. Esta es una cifra que los sindicatos consideran “global” y que “no prueba mejoras concretas para los profesores”. Además, la Conselleria insiste en que han aumentado en 8.000 los docentes desde el comienzo del curso 2023-2024 hasta alcanzar los 78.000 maestros y profesores, “la plantilla más numerosa de la historia”; una cantidad sobre la que los sindicatos se preguntan si incluye a la escuela concertada y si se refiere a la plantilla estructural o añade los refuerzos.

La titular de Educación presume de que hay “más colegios”, ya que “solo en 2025” se han ejecutado 160 millones de euros en obras del Plan Edificant. También afirma que se han reducido en un 60% los casos de violencia y acoso escolar gracias a la política de “tolerancia cero”, la autoridad otorgada a los profesores y los protocolos contra el ciberacoso; un dato que la parte sindical critica por carecer de “metodología o período comparado”.

Otro aspecto al que se refiere es la apuesta por la salud mental del Gobierno valenciano, con la creación de 22 unidades de detección precoz con 56 psicólogos clínicos en exclusividad para los centros educativos. Asimismo, destaca la contratación de 700 docentes de apoyo y 82 nuevas unidades específicas en centros ordinarios para que “ningún alumno se quede atrás”. Sostiene que se han simplificado los procesos administrativos y la burocracia para que los profesores “tengan más tiempo para enseñar”, una afirmación que los representantes de los docentes consideran “discutible”,

La consellera de Educación subraya que su manera de gobernar se centra en “el diálogo para llegar a acuerdos”. “Llevamos toda la legislatura demostrándolo con hechos y con inversiones reales”, afirma, y se muestra dispuesta a negociar “de manera leal, transparente y con voluntad de acuerdo”. Al mismo tiempo, reseña que la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato “no es negociable, porque los estudiantes no pueden ver dificultado su acceso a la universidad por un conflicto que no han generado”. Para los docentes, esto supone una contradicción, pues consideran que “se habla de diálogo, pero se cierra la puerta a negociar”.

Los representantes de los profesores advierten también que la Generalitat no puede utilizar canales y cargos públicos para hacer propaganda de gestión, desacreditar un conflicto o presionar contra el ejercicio del derecho de huelga, “y encima utilizando datos faltos o tergiversados”

Por último, insiste en que el Consell continuará “escuchando, cumpliendo y negociando”. Por su parte, el Sindicat d'Estudiants califica la carta de “auténtico despropósito” y muestra su “absoluto rechazo” a este tipo de comunicación que, afirman, tiene como “único objetivo” enfrentar al profesorado con el alumnado y las familias: “Es una clara acción de boicot a una huelga convocada por la falta de voluntad de este gobierno”.

La jueza de la dana ha establecido que la “absoluta indecisión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, “ante una situación que lejos de mejorar iba empeorando”, propició que el Es-Alert no se enviara “con tres horas de antelación” a pesar de que se podía perfectamente haber alertado así de pronto. Si bien el mensaje automático a los móviles se envió finalmente a las 20.11 —fue “tardío” y con un mensaje “erróneo”, según la magistrada—, un testigo muy relevante (el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez) confirmó, incluso documentalmente, que la “posibilidad de alertar a la población” estaba encima de la mesa desde prácticamente el inicio de la reunión del Cecopi. Así lo detalla la jueza Nuria Ruiz Tobarra en un auto dictado este jueves, en el que recuerda que la propuesta de Suárez ya planteaba la lúcida recomendación a la población de que “con carácter inmediato” se accediera a zonas altas.

La resolución rechaza el careo, propuesto por una de las acusaciones particulares, entre la exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa, y Jorge Suárez, al haber quedado acreditado durante la instrucción la cronología contrastada de los hechos. Y se erige en un detallado balance de la investigación de la magistrada de Catarroja, que apuntala la desastrosa gestión por parte de la Generalitat ante la dana.

La jueza recuerda que la propuesta inicial del subdirector de Emergencias no fue “del agrado” de José Miguel Basset, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, “ni se asume” por parte de Pradas, quien tras una hora de reunión suspendió el Cecopi para “pensar las diferentes opciones”.

La jueza considera que los “motivos técnicos como causa del retraso”, alegados tanto por Pradas como por varios de los testigos de la causa, “eran en realidad inexistentes”. “El lanzamiento de un mensaje de alerta no chocaba con dificultades de tal naturaleza”, afirma el auto.

De hecho, la magistrada recuerda que, en el caso del Es-Alert de las 20.11, el funcionario de Emergencias Miguel Molla, “con gran eficiencia”, apenas tardó dos minutos y 36 segundos en validar el mensaje para que llegara a los móviles de la población de la provincia de Valencia.

“Múltiples canales” para alertar a la población

Además, reitera la instructora, las alertas a la población “hubieran podido efectuarse a través de múltiples canales”, más allá de la herramienta concreta del Es-Alert. Aun así, remacha, “no concurría ningún impedimento en el envío del Es-Alert”.

El Cecopi, según la instructora, tenía margen de maniobra: “Había tiempo, poco, pero había”. Sin embargo, la “parálisis en la toma de decisiones” impidió una respuesta mínimamente eficaz ante la emergencia de la dana. A estas alturas de la instrucción, además, “no pueden quedar dudas” sobre quién asumía la decisión de enviar el mensaje, tal como ha avalado por unanimidad la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

También cuestiona que el trasnochado mensaje de las 20.11 se enviara exclusivamente por la situación en la presa de Forata, ya que a esa hora, en el seno del Cecopi, “ya se sabía la situación del barranco del Poyo”, tal como manifestaron en sede judicial tanto Suárez como Salvador Romo, comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participó en la reunión en el Centro de Emergencias de l'Eliana.

De hecho, el mensaje previsto por la presa, inmersa en una situación potencialmente catastrófica, “nunca” se llegó a enviar, “ni aguas abajo de Forata ni a ninguna otra zona”.

Romo, según recuerda el auto, declaró el pasado 5 de marzo que uno de los militares de la UME sobre el terreno le avisó sobre las 18.45 de que no podía pasar de Riba-roja del Túria “porque el barranco estaba muy desbordado”, dato que comunicó a Suárez. También aludió a los “vídeos sobre el barranco del Poyo” que circulaban entre “todos los que se encontraban en la sala del Cecopi”.

Las “dudas jurídicas” de Pradas

Por otro lado, las llamadas al 112 “se contaban por miles” y la rambla del Poyo “era uno de los lugares afectados”, agrega el auto. Sin embargo, Pradas expresó “dudas jurídicas” sobre el contenido del mensaje y se transformó en un texto más suavizado y alejado de un posible escenario de confinamiento (ya no recomendaba permanecer en los domicilios, que a la consellera le parecía demasiado “imperativo”, sino evitar los desplazamientos). Y ello, a pesar de que, tal como confirmó Suárez a viva voz en el Cecopi ante las dudas sobre la viabilidad jurídica, la consellera era la directora del Plan de Inundaciones y, por tanto, “sí que podía adoptar dicha medida”.

La jueza destaca el mensaje de voz enviado por Pradas a José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete del president Carlos Mazón, en el que la consellera anunciaba que se iba a enviar un segundo Es-Alert que recomendaba alejarse de barrancos o ramblas y permanecer en altura. El jefe de gabinete del president, destaca la magistrada, contestó que la posibilidad de un confinamiento para toda la provincia de Valencia era una “barbaridad” y sugería (según Cuenca) u ordenaba (según lo entendió Pradas) “que se quitara eso de la cabeza”.

La comparación de un confinamiento de emergencia ante la dana (para “evitar que la población pereciera ahogada”) con el que duró “meses” a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, tal como se evocaba, “no resultaba lógica”.

“La alegada concurrencia de motivos jurídicos que podían dilatar la procedencia de un aviso a la población mostraría un desconocimiento de las propias competencias en la gestión de la emergencia, y lo que era más preocupante, mostraría que disquisiciones jurídicas sin asidero legal suponían posponer un mensaje que ninguna violación causaba, no solo de derechos fundamentales, sino de ningún otro derecho de los receptores”, afirma la jueza Ruiz Tobarra.

Las llamadas fuera de la sala del Cecopi

El auto también alude al hecho, confirmado por varios testigos (incluido Jorge Suárez), de que Pradas y su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, siempre llamaban por teléfono a terceras personas saliendo de la sala del Cecopi.

“Se ignora con quién consultó la señora Salomé Pradas”, reconoce la jueza.

Aunque a nadie se le escapa, y así consta en un informe notarial aportado por la propia exconsellera e incorporado a la causa (y publicado íntegramente por elDiario.es), que Pradas llamó en varios momentos clave a su superior jerárquico, el entonces president Carlos Mazón, quien alargó aquella tarde la comida y sobremesa en un reservado del restaurante El Ventorro con la comunicadora Maribel Vilaplana.

Eventual careo de Pradas con Mompó y Martín Moratilla

La jueza desliza que la averiguación de esas llamadas fuera de la sala del Cecopi podría ser plausible con un hipotético careo entre los dos investigados, aunque recuerda que “tendrían derecho a no declarar y a no decir verdad”. E incluso con un careo entre Pradas y Argüeso y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el entonces director general de Emergencias, Emilio Martín Moratilla, que presenciaron algunas de esas llamadas telefónicas.

“Es evidente”, señala el auto, que existía una “relación más estrecha” y “de más confianza” entre los dos investigados con Mompó o Martín Moratilla que con el funcionario Jorge Suárez. A modo de ejemplo, la magistrada instructora recuerda que la “acertada” propuesta inicial de Suárez de texto del Es-Alert “no se asumió” por parte de Salomé Pradas, quien “insistía en que todos tenían que estar de acuerdo”.

Tanto en el primer Es-Alert de las 20.11 como en el segundo, enviado poco antes de las 21.00, fue Salomé Pradas quien dio las “instrucciones”. Incluso impuso “correcciones lingüísticas” al texto en su versión en valenciano, junto con Vicente Mompó.

Tras las correcciones (con cambios como el normativo “tipus” por el incorrecto “tipo” o, en la misma línea, de acentos), Pradas “hizo una foto a la pantalla del ordenador” con el borrador y dijo: “Adelante”. “Lo mismo sucede”, explica la instructora, con el segundo mensaje Es-Alert: la consellera les ordenó a los técnicos que “antes de que se envíe” quería verlo.

“Numerosos fallecimientos” antes del Es-Alert

En definitiva, el mensaje “se envió tarde” y con un texto “tan genérico” de mera precaución, según la expresión de Pradas, que “realmente no alertaba del peligro que corría la población de toda la provincia de Valencia, especialmente en las zonas donde no llovía”, tal y como han refrendado dos de las peritos principales que han declarado en el marco del procedimiento: la geógrafa Ana Camarasa y la meteoróloga Victòria Rosselló.

Nuria Ruiz Tobarra reprocha que, entre las 19.00 y las 20.00 (antes del envío del Es-Alert), “se produjeron numerosos fallecimientos o había personas que estaban intentando salvarse”, tal como han acreditado cientos de familiares de las víctimas en sus declaraciones como perjudicados.

La jueza recuerda el caso concreto de un fallecido en un garaje de Paiporta. Los testigos que presenciaron su muerte (y aportaron al sumario de la causa su “estremecedor relato”) trataron de ayudarlo con la “impotencia” de no poder salvarlo y presenciando así la “agonía” del hombre, que “incluía despedirse de sus familiares ante la creencia de que no saldrían vivos de ese garaje”.

Por otro lado, el segundo Es-Alert, aunque “más acertado en su contenido”, también fue “tardío” para las poblaciones de la comarca de l´Horta Sud, así como para Algemesí o Guadassuar. Además, tampoco se envió a la zona de Sot de Chera, donde fallecieron dos personas por el desbordamiento de la presa de Buseo, de titularidad autonómica.

El Gobierno de España invertirá 17,6 millones de euros en la mejora del sistema sanitario valenciano con la incorporación de Inteligencia Artificial y análisis avanzado de datos. Así lo ha anunciado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la clausura de la jornada “Innovación para la renovación 2026”, organizada por elDiario.es Comunitat Valenciana y Placemarket Europe, que se ha celebrado este jueves en Paiporta.

La ministra ha explicado que proteger el futuro de la sociedad pasa por proteger los servicios públicos: “La educación pública, la universidad pública, la ciencia pública o la sanidad pública”. En este sentido, ha afirmado que “el uso de estas tecnologías punteras permitirá una sanidad pública más humana, más próxima y mejor preparada para cuidar de todas y de todos”.

Morant ha resaltado que, con la implementación de estas herramientas, los facultativos “podrán dedicar más tiempo a escuchar a los pacientes, a mirarles a los ojos y no solo a través de una pantalla”. Además, ha insistido en que los hospitales podrán compartir imágenes médicas “de forma más ágil y segura, así como también se mejorará la coordinación entre centros”. Los diagnósticos, ha señalado, “podrán ser más rápidos y precisos; se mejorará el seguimiento y la teleatención a pacientes crónicos; y también servirá para aumentar el respaldo a niñas y niños con enfermedades raras y a sus familias”.

Se trata de un programa impulsado por los ministerios de Sanidad y para la Transformación Digital (a través de Red.es), con financiación europea por medio de los fondos Feder, que extenderá los servicios digitales inteligentes en todo el Sistema Nacional de Salud a través de convenios con las comunidades autónomas, “también aquí, en la Comunitat Valenciana”.

“Invertimos en la salud de las valencianas y los valencianos, construimos futuro y tenéis el compromiso del Gobierno de España de que completaremos la reconstrucción valenciana juntos y juntas”, ha concluido Morant.

La Plataforma d’Escoles Infantils 0-3 de la Comunitat Valenciana se ha concentrado este jueves frente a las Corts, en una jornada de huelga en la que reclaman medidas como reducción de ratios, mayores recursos educativos y “unos salarios dignos”.

“Después del maltrato institucional que estamos sufriendo durante muchos años, hemos conseguido hacer una huelga estatal para pedir una reducción de ratios, es insostenible el número de alumnos por aula que hay para una sola educadora”, ha denunciado Sabrina Pérez, portavoz de la Plataforma en Defensa 0-3 Comunitat Valenciana, ante los medios de comunicación.

Con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, CGT, Intersindical, CNT y CSO, los educadores infantiles han salido a las calles de València para exigir “salarios dignos” y mayores recursos para que los niños con necesidades educativas especiales puedan tener “una inclusión real en el aula”.

“Queremos un calendario escolar igual que el resto de etapas educativas; no somos una guardería, somos una escuela infantil, somos una etapa educativa como cualquier otra”, ha manifestado Pérez, quien ha subrayado que tienen “mucha democracia y mucha carga física y emocional”.

“Toda esta gente que está aquí es la muestra del cansancio que tenemos, estamos agotadas, somos la voz de la infancia y se están vulnerando sus derechos”, ha reclamado la portavoz.

La Plataforma d’Escoles Infantils 0-3 no ha hablado de “un número concreto de ratios”, sino que han pedido que “se iguale” al resto de países de la Unión Europea.

La Conselleria de Educación ha informado de que, sobre las 12.00, el seguimiento de la huelga en los centros públicos valencianos era de un 0,09 %, mientras que los convocantes todavía no han facilitado sus datos.

Esta tarde, los educadores infantiles se reunirán a las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento de València, la plaza de les Aules de Castellón y la plaza de la Muntanyeta de Alicante para continuar con sus reivindicaciones.

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, le escribió al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, en plena inundación de la localidad a consecuencia de la dana. “Fuerza amigo. Me dicen que están a tope. Si necesitas cualquier cosa, llámame”, le dijo en un mensaje de WhatsApp enviado poco antes de las 15.00, cuando la localidad estaba ya completamente inundada y el entonces president iniciaba su larga comida y posterior sobremesa en un reservado del restaurante El Ventorro con la comunicadora Maribel Vilaplana.

Así consta en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, entregado por Gabaldón a la jueza de la dana coincidiendo con su declaración testifical de este jueves.

El informe tan solo incluye las llamadas salientes de su teléfono corporativo. Para acceder a las llamadas entrantes, según ha explicado el testigo ante la magistrada, la compañía telefónica de su terminal corporativo solicita que se le requiera mediante una orden judicial. Gabaldón ha autorizado a la jueza instructora a pedir las llamadas, con las que se podrá comprobar si Carlos Mazón le telefoneó el día de la dana, tal como mantenía el expresident de la Generalitat.

El informe reseña las numerosas llamadas salientes del móvil de Gabaldón a la entonces consellera Salomé Pradas; al jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset; al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell; al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez; al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La delegada del Gobierno: “Salen para allá”

Bernabé, según revelan los mensajes de WhatsApp, activó el día de la dana a un grupo de élite de la Guardia Civil para ayudar a “evacuar gente” en Utiel, tal como informó al alcalde de la localidad, completamente inundada a consecuencia del desbordamiento del río Magro. Se trata de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), una unidad de reserva del instituto armado, con componentes uniformados de negro, dedicada a la respuesta ante situaciones de alto riesgo. Bernabé le dijo a Gabaldón: “Salen para allá”.

Poco antes de ese mensaje, la delegada del Gobierno, había informado al primer edil que ya se había activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El alcalde popular, que había anulado las clases desde primera hora por iniciativa propia, en un gesto elogiado por la jueza instructora de la causa de la dana, pidió a Bernabé que “algún mando” dirigiera “en distancia” a las autoridades municipales para poder “hacer algún rescate” con “camiones o tractores”. “Sería crucial”, afirmaba Ricardo Gabaldón, quien insistía en que era “urgente” acudir a las zonas afectadas de la localidad.

Pilar Bernabé contestó que era “muy importante” que hablara “directamente” con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. De hecho, la delegada del Gobierno compartió con su interlocutor el número de teléfono de Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias. “La dirección de la emergencia es del 112”, explicaba Bernabé, en referencia al departamento autonómico de Emergencias.

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez Jurado, también escribió un mensaje de WhatsApp a Gabaldón: “Espero que no haya ninguna desgracia personal y se quede todo en material. Cualquier cosa que necesites, ya sabes”.

La Unió de Periodistes Valencians celebrará esta tarde, a las 19.30 horas, en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, el acto de entrega de los Premios Llibertat d’Expressió 2026, que este año reconocen a la periodista estadounidense Hannah Natanson, a la periodista y escritora Cristina Fallarás y a las profesionales de À Punt Elena Tamarit, Amparo Peiró, Alba Montoya y Menchu Illán, que han ejercido la cláusula de conciencia.

Durante la rueda de prensa previa al acto, el presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Vicent Marco, ha advertido del deterioro de la libertad de prensa a escala internacional y del aumento de las presiones políticas, económicas e ideológicas sobre los profesionales de la información.

“Hoy reivindicamos una idea fundamental: que sin libertad de expresión no hay periodismo digno, y sin periodismo libre no hay democracia real”, ha señalado Marco, que también ha denunciado “la deslegitimación constante del periodismo, los ataques a las redacciones y la persecución de profesionales” como una estrategia creciente de los movimientos autoritarios.

El presidente de la Unió ha hecho referencia al asesinato de centenares de periodistas en Gaza y Líbano y ha reclamado “parar esta barbarie”, al tiempo que ha alertado de los intentos de convertir a la prensa en “enemigo público” en diversos países.

Sobre À Punt, Vicent Marco ha denunciado “la utilización partidista de los medios públicos valencianos” y ha advertido que “los medios públicos solo tienen sentido si están al servicio de toda la ciudadanía, garantizando pluralidad, independencia y respeto por la lengua propia”.

Marco también ha alertado de “la degradación de los mecanismos de control e independencia” dentro de la radiotelevisión pública valenciana y ha asegurado que algunas prácticas actuales “recuerdan etapas que pensábamos superadas de la antigua Canal 9”.

Reconocimiento al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes

Una de las galardonadas de este año es la periodista de The Washington Post Hannah Natanson, reconocida por su trabajo de investigación sobre irregularidades y abusos de poder en Estados Unidos.

Natanson no ha podido asistir al acto, pero ha enviado un mensaje en el que reivindica el valor del trabajo periodístico colectivo y la importancia de proteger las fuentes informativas. La periodista ha destacado que detrás de su trabajo hay “1.201 fuentes federales confidenciales, 202 historias y más de 30.000 correos electrónicos”, así como la colaboración de más de 130 periodistas.

En su mensaje, ha remarcado que la confianza de las fuentes “es el mayor honor” que puede recibir una periodista y ha reafirmado su compromiso con la defensa de la verdad y del periodismo independiente.

Vicent Marco ha explicado que la situación de Natanson evidencia hasta qué punto “todavía hay periodistas que deben protegerse para contar la verdad, incluso en países que se presentan como referentes de libertad”.

Cristina Fallarás denuncia el acoso contra las periodistas

Cristina Fallarás ha agradecido el reconocimiento “a los compañeros y compañeras” y ha denunciado la creciente violencia contra las mujeres periodistas.

Fallarás ha relatado episodios de amenazas, persecución y acoso vinculados a su actividad profesional y a su posicionamiento público contra los discursos de odio y el fascismo. La periodista ha explicado que fue señalada públicamente por el partido de extrema derecha VOX, hecho que derivó en campañas de denuncia y acoso contra ella: “Resulta inaudito que un partido político exponga a una periodista para lucrarse fomentando el odio contra ella”, ha afirmado.

Durante su intervención, ha relatado cómo las amenazas llegaron hasta la puerta de su casa, con pintadas intimidatorias en el portal y actos vandálicos frente a su vivienda mientras su hija menor se encontraba dentro. Según ha explicado, esta situación la ha obligado a mudarse hasta cuatro veces, con importantes consecuencias emocionales y económicas.

Fallarás también ha denunciado el “doble maltrato” que ha sufrido: por un lado, el coste personal y económico derivado de la persecución y, por otro, las dificultades profesionales por convertirse en “una periodista incómoda”.

La periodista ha recordado que su caso fue incluido por Amnistía Internacional como un ejemplo de vulneración de libertad en España y de desprotección de los profesionales de la información.

En respuesta a preguntas de los periodistas sobre autocensura y credibilidad informativa, Fallarás ha afirmado que “el peor enemigo de la verdad es el silencio, incluso más que la mentira, porque la mentira todavía se puede combatir”. También ha advertido que España “tiene una larga tradición de silencios”, en referencia a cuestiones como la violencia contra las mujeres, los republicanos asesinados o la represión franquista.

Además ha advertido de que la falta de respuesta institucional ante estas prácticas puede provocar su normalización: “Ahora con mi caso, que ha sido el primero, no se ha hecho nada, pero volverá a suceder y acabará normalizándose”.

Las profesionales de À Punt reivindican la independencia del servicio público

Las profesionales de À Punt Elena Tamarit, Amparo Peiró y Alba Montoya, presentes en la rueda de prensa, han asegurado que reciben el premio “con gratitud, pero también con una emoción agridulce”, porque su decisión de ejercer la cláusula de conciencia responde a una situación que consideran incompatible con los principios del servicio público.

Las periodistas han denunciado “una transformación profunda del modelo de radiotelevisión pública”, con el debilitamiento de los mecanismos de control y participación, la pérdida de independencia editorial y la reducción del papel del valenciano como lengua vertebradora del medio.

También han alertado de la desaparición de espacios vinculados a la memoria democrática, la cultura y el análisis, así como del aumento de contenidos orientados a “modelos más superficiales y más inclinados al espectáculo que a la información de calidad”.

Durante la rueda de prensa han defendido el papel del Consell d’Informatius de À Punt, que consideran “recurrentemente menospreciado” por parte de la dirección, y han remarcado la importancia de los profesionales que continúan trabajando dentro de la cadena “intentando cambiar las cosas desde dentro pese a las dificultades y la presión”.

Las galardonadas han reivindicado la necesidad de normalizar que los periodistas “pueden plantar cara a las injerencias y a los jefes autoritarios” y han asegurado que la situación actual está generando mucho sufrimiento entre parte de la plantilla.

En respuesta a preguntas sobre autocensura, Elena Tamarit ha afirmado que “la autocensura es la gran enfermedad de la profesión” y ha advertido que todavía es “mucho más terrible cuando se ejerce desde un medio de comunicación público”.

Gala y retransmisión en directo

La gala de los Premis Llibertat d’Expressió 2026 estará presentada por la periodista Clara Castelló y se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la Unió de Periodistes Valencians. Al finalizar el acto se ofrecerá un vino de honor para las personas asistentes.

Francisco Camps, con 44 años de militancia a sus espaldas en las filas de la derecha valenciana, sigue con su campaña para convertirse en candidato del PP en las próximas elecciones. Oficialmente, no aclara a cuáles: si a las autonómicas o a las municipales. Con la encuesta en la mano, asegura que arrasaría —al menos entre los votantes de las derechas— en cualquiera de los dos terrenos. Camps actúa, según ha dicho este jueves con perspectiva kantiana, con el “imperativo categórico” de la “realidad absoluta” por bandera, que defiende con números en la mano salidos de una encuesta que ha pagado él personalmente, según ha afirmado.

La encuesta lo sitúa como el eventual candidato preferido de los votantes del PP y de Vox, cuatro puntos y medio por encima del actual jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca. La encuesta de NC Report, efectuada entre el pasado 15 de abril y el 6 de mayo con una muestra de 2.100 entrevistas, también coloca a Camps como el político con mayor grado de conocimiento entre los votantes de las derechas (95,9%), frente a Pérez Llorca (89,2%) y María José Catalá (84,2%), actual alcaldesa de València, la plaza que aspira a conquistar el expresident.

Por otro lado, también ha revelado que cuenta con 300 avales de militantes del PP valenciano con la cuota del partido abonada al día. Camps reclama desde hace meses, tanto a Génova como a la gestora autonómica, la celebración de un congreso.

El expresident se ha referido a las polémicas vallas publicitarias de Pérez Llorca (situadas al lado de anuncios institucionales de la Generalitat) interpretando su colocación como una suerte de proclamación encubierta (y al margen de los estatutos internos de la formación) de la candidatura del actual jefe del Consell. “Ha decidido formalizarlo públicamente”, ha dicho en referencia a las vallas.

“La gestora ha iniciado el periodo precongresual”, ha remachado. También ha destacado, a modo de dardo interno, que cuenta con “muchos” avales tanto en la provincia de Alicante como, singularmente, en la Marina Baixa, feudos de la actual dirigencia del PP valenciano y, específicamente, en el caso de la citada comarca, de Pérez Llorca, que ha sido alcalde de Finestrat.

El actual president, sucesor de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat, no se ha puesto “de momento” en contacto con Camps, según ha confirmado. “No he tenido invitación formal ni oficiosa del president de la Generalitat”, ha indicado.

El exjefe del Consell ha deslizado que él no filtra las encuestas, como hace la dirección de su partido con las suyas, sino que va de cara y las presenta en público. También ha reconocido que se guarda algunos datos de la encuesta (Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, ni siquiera aparece).

“Igualdad de armas” en el frente interno

Camps ha expresado su “lealtad absoluta al Gobierno de Pérez Llorca”, aunque también ha exigido “igualdad de armas” en el frente interno. El expresident asegura que el congreso de los populares valencianos se celebrará sí o sí y no contempla un escenario diferente, según ha repetido varias veces en la rueda de prensa celebrada con ocasión de la presentación de la encuesta, en la que ha comparecido junto con su jefa de campaña, Inés Peiró.

“Pese a llevar tantos años fuera de actividad pública, las encuestas siguen diciendo que soy una persona conocida y apreciada por los espectros sociológicos y demoscópicos electorales del centro derecha”, ha manifestado Camps, visiblemente satisfecho.

El exjefe del Consell ya ha celebrado tres centenares de actos con militantes a lo largo del territorio valenciano. “Cada dos días estoy reunido con grupos de militantes de toda la Comunidad Valenciana”, ha dicho.

Los almuerzos y tardeos los paga cada asistente

Preguntado por la financiación de la campaña interna, Camps ha asegurado que él mismo paga de su bolsillo las encuestas y cada asistente aporta el precio individual del almuerzo o de “una cosa que llaman los jóvenes el tardeo”.

Francisco Camps ha evocado ampliamente su visión sociológica de la derecha española desde los años ochenta y la pérdida actual por parte del PP de la ambición por cosechar las mayorías absolutas de sus tiempos como candidato. Un terreno que se come hoy en día Vox, tanto electoral como discursivamente.

Camps, en su habitual tono nostálgico, ha reivindicado repetidamente sus victorias electorales y su ciclo como president, amargamente finiquitado con el estallido del 'caso Gürtel' y su posterior dimisión.

Incluso ha alertado de “balanceo sociológico” de “cierta gravedad” para el PP en caso de que, en ciertas provincias, el proceso de trasvase de votos entre las derechas coloque a Vox por encima de los populares en número de escaños en determinados espacios geográficos.

“El único” que conoce la ciudad de València

El expresident, que aspiraba en cierto momento a ser candidato a alcalde de València por el PP (“una cosa extraordinaria”), ha asegurado que la batalla municipal, con Mónica Oltra como candidata de Compromís, y Pilar Bernabé del PSPV-PSOE, resulta, a su juicio, “muy potente”.

Camps se ha autoproclamado como “el único” frente a los “hipotéticos candidatos” confirmados que conoce la ciudad en profundidad. De hecho, ha detallado extensamente su vinculación con la urbe en los más diversos aspectos, tanto en relación con el València CF, club del que es aficionado de cuarta generación, como con los eventos culturales y folclóricos, entre otros.

El preferido de los votantes de derechas, especialmente de Vox

De hecho, la encuesta pregunta a los votantes del PP y de Vox por el mejor candidato de los populares en caso de que Oltra lo fuera por Compromís y el torero Vicente Barrera por la extrema derecha. Un 51,5% considera, según la encuesta, que el candidato óptimo sería Camps, frente a apenas un 36,2% que avala a María José Catalá.

Por partidos, un 49,4% de los votantes del PP prefiere a Camps (frente a un 40,7% que apuesta por Catalá), según la encuesta. En el caso de los votantes de Vox, la preferencia por Camps se dispara hasta el 57,6%, frente al 23,5% que se inclina por la actual alcaldesa.

Francisco Camps se ve como un “producto prototípico de la ciudad de València” y asegura que conoce “cada rincón” o “fecha” relevante después de “tantos años dando vueltas”, además de “lo que ocurre” y “lo que se mueve” en la capital del Turia. “Esta ciudad me apasiona”, ha dicho a modo de resumen.

Aunque la preferencia de Camps se ha centrado en la batalla municipal por la alcaldía de la tercera ciudad de España, la encuesta también pregunta a los votantes del PP y de Vox quién sería el mejor candidato a la Generalitat Valenciana. Un 49,1% apuesta por Camps y un 42,6% lo hace por Pérez Llorca.

La jueza de la dana ha rechazado en un auto dictado este jueves la diligencia de careo, propuesta por una de las acusaciones particulares, entre la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, y el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.

La instructora argumenta que el careo tiene un carácter excepcional, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha de acordarse cuando no se puedan utilizar otros medios en la acreditación de los hechos, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En este caso, la magistrada considera que las cuestiones que a juicio de la acusación particular solicitante debía aclarar el careo (relativas al retraso en el envío del Es-Alert a la población) ya han sido objeto de numerosas diligencias de investigación que se han practicado en el marco de la instrucción y no pueden sustituir a éstas.

“En definitiva, la diligencia de careo pretendida no puede atender a la finalidad interesada y ha de desestimarse”, concluye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, al tiempo que recuerda que la exconsellera investigada puede solicitar declarar voluntariamente “cuantas veces quiera en el procedimiento”, si rechaza las aseveraciones que efectuó como testigo el subdirector general de Emergencias.

Este jueves se ha celebrado la mesa sobre burocracia en la que han participado la consellera de Educación, Carmen Ortí; el secretario autonómico, Daniel McEvoy; y el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, además de los sindicatos STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE, que secundan la convocatoria de huelga indefinida en la educación pública valenciana no universitaria a partir del próximo lunes 11 de mayo. Sin embargo, ante las propuestas presentadas por el Gobierno valenciano, UGT, CCOO y STEPV han abandonado la mesa: “La situación es insostenible y un chantaje”.

Según informan fuentes sindicales, el secretario autonómico ha explicado que los servicios mínimos planteados en la tarde del miércoles —y que los sindicatos consideraban también inasumibles por lo que respecta a segundo de Bachillerato— se consideran “definitivos”, mientras que la consellera ha confirmado la inclusión de las infraestructuras educativas en el calendario de negociación. Además, ha apuntado inicialmente que la propuesta salarial pretende equiparar los sueldos de los profesores valencianos, “los peor pagados de España, con pérdida de poder adquisitivo desde 2007”, con “los más altos” del Estado, una declaración de intenciones recibida “con cautela” a la espera de que se concretaran las cifras.

Sin embargo, la propuesta planteada por el director general de Personal Docente supone una subida anual de 1.050 euros para el profesorado, lo que equivale a 75 euros al mes a aplicar en dos o tres años a partir del 1 de enero de 2027. Para los representantes de los docentes, esto resulta “claramente insuficiente”, por lo que ha sido rechazada por todos los sindicatos presentes al considerar que “no se acerca ni mínimamente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años”. Asimismo, el hecho de que Ortí haya advertido que no negociarán si no se aceptan los servicios mínimos ha provocado el abandono de la reunión por parte de UGT, CCOO y STEPV.

El comité de huelga rechaza la amenaza, “que pretende aparentar que la Conselleria se preocupa por el alumnado, mientras los sindicatos y el profesorado quieren hacerles mal”. “Si la Conselleria se preocupa realmente por el alumnado, debería negociar todas las propuestas porque son precisamente para atender en condiciones a nuestro alumnado”, han afirmado, tras detallar que reclaman bajadas de ratios, reducción de la burocracia “que nos desvía de la docencia”, mejora de infraestructuras, recuperación de los recortes en plantillas, mejora de la enseñanza en valenciano y una mejora retributiva. Reivindican “unas condiciones de trabajo dignas para poder ofrecer una educación de calidad”.

Por ello, han insistido en que no aceptan “ni toleramos amenazas o condicionantes que impliquen enfrentamientos con nuestro alumnado”. El comité de huelga ha convocado una asamblea el viernes y ha animado al profesorado a participar masivamente en la huelga indefinida que comienza el lunes.

En declaraciones a EFE, el presidente de CSIF Educación Comunitat Valenciana, José Seco, considera esta subida salarial como “poco ambiciosa”, ya que no soluciona el problema de que el profesorado valenciano sea el “peor pagado de toda España”. “Como primer gesto está bien, pero hemos partido de un mínimo muy básico”, ha afirmado Seco, quien ha indicado que el CSIF va a seguir pidiendo una subida salarial mayor y negociando otros puntos fundamentales. “Es el primer paso y hasta ahora no habíamos tenido un valor, pero entendemos que es insuficiente”, ha señalado el representante del CSIF.

La consellera insistía en que, para el Consell, “es muy importante que todos estos temas estén supeditados a que el derecho del alumnado que se va a presentar a la PAU esté asegurado”. Según Ortí, parte de estos estudiantes ya sufrieron las consecuencias de la DANA y no pueden permitir que vayan en “inferioridad de condiciones” en una prueba que definirá su futuro.

Previamente, el president Pérez Llorca ha puesto este miércoles como “condición” para negociar que se respete el derecho de los alumnos a ser “evaluados objetivamente”. Durante la sesión de control en las Corts, el jefe del Consell ha sentenciado: “Si chantajean con eso, no habrá negociación por parte de la Generalitat”. Pérez Llorca ha afirmado que no van a “tolerar que se utilice a los niños como chantaje”.

Polémica en la sesión de control de las Corts Valencianes de este jueves a cuenta del proceso de regularización de inmigrantes. El PSPV ha denunciado que la Generalitat ha emitido una orden interna a determinados centros de salud para boicotearlo negando certificados sanitarios y ha anunciado que llevará el caso ante Fiscalía.

Así lo ha afirmado el síndic socialista en las Corts, José Muñoz, quien ha mostrado el pantallazo de un correo electrónico firmado por el director general de Atención Primaria en el que insta a que no se emitan certificados desde la sanidad pública a las personas inmigrantes que quieren regularizar su situación en España. Según Muñoz, se remitió el 27 de abril.

El pantallazo del correo, con el asunto “circular interna-regulación masiva”, advierte de que “los justificantes o certificados que se puedan emitir desde los sistemas de información sanitaria de la Conselleria de Sanidad como pueden ser el certificado de alta en SIP o el registro de asistencias no tienen validez legal a efectos de esta regularización” y añade: “Desde el mostrador de los Centros de Salud se debe informar a los usuarios que soliciten este tipo de documentos de su ausencia de validez legal y por tanto, la necesidad de obtener justificación de su permanencia en España por otros medios”.

Tras la denuncia del PSPV, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha atendido a los medios en las Corts y ha explicado que ese documento es “un borrador aclaratorio sobre algunas dudas que había sobre los documentos a otorgar”. Así, ha explicado que se trata de una respuesta que se remitió como borrador al departamento del hospital Clínico de Valencia en contestación a algunas dudas que se habían planteado sobre el proceso.

Gómez ha mostrado el documento oficial definitivo remitido posteriormente a todos los centros de salud de la Comunitat Valenciana firmado este miércoles 6 de mayo, una semana después del supuesto borrador, por el director general Carlos Momparler. Este documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, afirma que “el paciente tiene el derecho inalienable a acceder a su historia clínica y obtener copia de los datos contenidos en ella, amparado por la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente” y añade: “Desde los centros de Atención Primaria se facilitará a los solicitantes la información disponible en la historia clínica. En caso de que necesiten ampliar dicha información, siempre y cuando en los centros de Atención Primaria no se disponga de la misma, se remitirá a los usuarios a los SAIP de sus departamentos para la solicitud. Los Centros de Salud cuentan con personal de trabajo social para ayudar, asesorar y acompañar a los usuarios en la tramitación de la documentación para dar respuesta al Decreto 316/2006 indicado”.

Gómez ha asegurado que “no se está boicoteando el proceso de regularización en absoluto, en la conselleria se defiende la sanidad que es una profesión vocacional para ayudar. Se dará la documentación que se pida como dice el documento oficial”.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha comentado que los hechos son de tal gravedad que “si es verdad como así parece que esa primera instrucción llegó a los funcionarios el presidente debería cesar al conseller de Sanidad y depurar todas las responsabilidades, no se puede hacer desde las instituciones públicas una apelaciónn a que se incumpla la ley por mucho que tengan esa connivencia con Vox”.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha aportado a la jueza de la dana un listado de llamadas salientes de su teléfono corporativo correspondientes al 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Gabaldón, según fuentes consultadas por elDiario.es conocedoras de su testifical, ha explicado este jueves que se trata de su teléfono corporativo de la Diputación de Valencia (institución de la que es diputado provincial) y que la compañía le comunicó que únicamente puede facilitar las llamadas entrantes a su terminal con una orden judicial.

El primer edil ha autorizado a que se requiera el listado. Gabaldón solo recordaba las llamadas que hizo él aquella jornada y desconoce, por tanto, si Carlos Mazón le telefoneó, tal como mantuvo el entonces president de la Generalitat. Sin embargo, en la lista de llamadas que Mazón aportó a la comisión de investigación de las Corts Valencianes en ningún caso aparecía el alcalde de Utiel, del PP. Cuando se le ha preguntado al primer edil a la entrada a su testifical si Mazón le llamó, ha contestado: “Recuerdo las llamadas que hice yo”.

Ricardo Gabaldón, el primer alcalde que declara como testigo en el marco de la causa de la dana, ha relatado una cronología de aquel día, en el que estaba activada desde primera hora de la mañana la alerta naranja. Tras contactar con los directores de los centros educativos, con otros concejales y con otros alcaldes de la zona (ha citado a la primera edil de Requena), decidió suspender las clases, especialmente por el eventual peligro en el transporte escolar, advertido por la propia empresa de autobuses. “No vino nadie a los centros escolares”, ha afirmado.

La acertada decisión de Gabaldón, elogiada por la jueza en algún que otro auto por su “antelación muy superior” en contraste con la lenta actuación de la Generalitat, fue decisiva: “Si no llegamos a cerrar el instituto hubieran muerto alumnos y padres y abuelos que hubieran ido a por ellos. Esa medida nos ayudó a tomar otras por instinto”.

El alcalde de Utiel ha explicado que “a veces” se ha desbordado el río Magro, aunque el Plan de Inundaciones contempla unos 89 centímetros y “no los tres metros que subió”. “No era imaginable”, ha apostillado. “Movilizamos a quien pudimos, los concejales también, nos jugamos la vida”, ha asegurado el testigo.

Ni la víspera de la dana ni los días anteriores recibió comunicación institucional alguna de lo que podía pasar. “Cuando cambia la alerta a roja a media mañana la trasladamos a la población por radio y redes sociales”, ha manifestado.

Un municipio inundado “en cuestión de minutos”

El testigo se pasó toda la mañana entre el ayuntamiento y el río. Sobre las 11.00, el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, anuló una reunión programada con Gabaldón en València ante la activación de la alerta roja. Media hora más tarde, se convocó el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal, la versión a escala del municipio del Cecopi) y, a tenor del Plan de Inundaciones, la Policía Local cortó los accesos a túneles, puentes y polígonos. El vehículo de una patrulla fue arrastrado por el agua y los uniformados se salvaron prácticamente de milagro.

La convocatoria del Cecopal, según ha explicado, vino motivada por las noticias (ha citado al diario Levante-EMV) de que el río Magro estaba a punto de desbordarse en Utiel.

Gabaldón también llamó a Emergencias de la Generalitat, a la entonces consellera Salomé Pradas, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset: “A todo aquel que creíamos que nos podía ayudar. Yo solicitaba ante todo la activación de la UME. La consellera me atendió todas las llamadas así como la delegada del Gobierno”, ha dicho.

Más adelante, “se desbordó todo el cauce y se inundó todo Utiel en cuestión de minutos”. La Policía Local recibió “de sopetón” más de 200 llamadas pidiendo auxilio, según ha explicado el alcalde. “Las previsiones eran de 60 litros y luego fueron unos 300 litros, además de que desemboca en el valle una serie de ríos y barrancos. Todo el agua confluía allí. Ahora sé por qué se le llama la rambla a la rambla”, ha afirmado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

Un panorama “desolador”

La situación en la localidad fue extremadamente crítica, tal como relató el propio alcalde en una intervención desesperada en el informativo del mediodía de À Punt, la televisión autonómica valenciana. Todos los barrios de Utiel quedaron aislados, especialmente los más alejados. En el barrio de La Fuente, uno de los más afectados por la inundación, hubo seis fallecidos.

La luz y las comunicaciones cayeron, aunque el teléfono del alcalde siguió funcionando, según ha explicado en la sala. “Dijeron que venían helicópteros pero al poco me dijo [Basset] que era imposible”, ha declarado. Finalmente, uno de los helicópteros del Consorcio Provincial de Bomberos pudo efectuar rescates. El consistorio, por su parte, puso a disposición de los rescatados dos centros de atención.

Ya por la noche, bajó el nivel del agua y sobre las 21.30 pudieron observar el panorama “desolador”. “Entonces llegó la segunda avenida de agua y nos refugiamos en un segundo piso de un restaurante. A las 3.00 o las 4.00 de la mañana fuimos al centro social con los rescatados. Hasta las 6.00 de la mañana”.

Un “día larguísimo”, según ha resumido el testigo.

El avión ambulancia que trajo desde Cabo Verde a Gran Canaria a los dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius con síntomas de haberse contagiado en el brote de hantavirus ha repostado en Valencia, ya solo con sus tripulantes a bordo, para seguir vuelo a Róterdam (Países Bajos).

Los dos pacientes han abandonado esta madrugada el aeropuerto de Gran Canaria con destino a Países Bajos en una segunda aeronave, debido a los problemas que sufría la suya.

Según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad, esas dos personas han sido transbordadas de un avión medicalizado a otro siguiendo los protocolos y en coordinación con las autoridades.

El aparato que los trajo desde Cabo Verde a Gran Canaria despegó después solo con sus tripulantes a bordo con destino a Valencia, donde repostó para seguir vuelo a Róterdam.

La escala de estos dos pacientes en Canarias no estaba prevista. El plan de vuelo de su avión era dirigirse a Ámsterdam desde Praia (Cabo Verde), previa parada en Marrakech para repostar combustible.

Sin embargo, pasadas las 16.00 horas del miércoles el aparato fue desviado a Gran Canaria, porque Marruecos no le autorizaba aterrizar en su territorio para la escala que pretendía hacer.

Ya en Gran Canaria, la tripulación reportó una avería eléctrica en el sistema de soporte de uno de los pacientes que necesitaba reparar, lo que demoró horas su salida, que debería hacerse producido poco después de las 17.00 horas.

La Delegación del Gobierno en Canarias precisó ayer que toda la operación se autorizó bajo la condición de que nadie se subiera ni bajara del avión mientras este permanecía en la pista.

El Gobierno de Canarias se ofreció a facilitar una burbuja de aislamiento sanitario para que el avión pudiera retomar su plan de vuelo, pero el Ministerio de Sanidad no aceptó esa solución.

Finalmente, la tripulación y los dos pacientes tuvieron que esperar a que llegara otro avión desde el norte de Europa para hacerse cargo del traslado en las condiciones de seguridad exigidas.

Mientras tanto, el crucero neerlandés MV Hondius sigue su navegación hacia Canarias con 144 personas a bordo, tras haber abandonado el miércoles su fondeo frente a Praia, la capital de Cabo Verde, país que no le permitió atracar en sus puertos.

Está previsto que llegue a Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, el fin de semana. Su última hora de llegada declarada en el plan de navegación es a las 12.00 horas del domingo 10 de mayo

La Generalitat Valenciana ha reconocido ante la jueza de la dana que retiró la práctica totalidad de sus efectivos de los bomberos forestales en plena catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Así consta en un informe oficial incorporado a la causa, adelantado por El País y al que también ha tenido acceso este diario. El documento de la empresa pública Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE), firmado por el director técnico operativo, el ingeniero Manuel Villanueva, explica que el servicio de bomberos forestales es de “naturaleza autonómica”. Su “dirección y encuadre operativo”, agrega, corresponde a la Generalitat Valenciana.

La jornada de la dana, la SGISE contaba con 25 unidades terrestres operativas y dos unidades helitransportadas. Sin embargo, solo dos de esas unidades prolongaron sus servicios hasta la madrugada del día siguiente. Las unidades de Requena, que se retiró a la base a las 5.00, y de Chelva, refugiada a las 2.00 en el parque de bomberos de Requena al no poder regresar a su base “por tener los accesos cortados”, fueron las únicas que prolongaron sus servicios, tras haber efectuado ambas rescates en Utiel.

El resto de unidades, situadas en otros puntos de la provincia de Valencia más o menos alejados de la zona de la catástrofe de la dana, se retiraron entre las 19.15 y las 19.30. Todas ellas (Ontinyent, Xàtiva, Font de la Figuera, Rótova, Castelló de Rugat, Pedralba, Yátova Sinarcas y Los Isidros) “sin intervención” alguna ante la emergencia. La unidad de Villagordo realizó un servicio de salvamento y rescate en Utiel (fue movilizada a las 16.35 y se retiró a las 19.15).

Un “sistema” diseñado para asegurar la “coordinación operativa”

El personal de los bomberos forestales está dotado, según indica el informe, con un “equipo de meteorología adversa” (considerado como equipo de protección individual). También cuenta con varios equipos para el vadeo distribuidos por zonas operativas, así como de un remolque especial por cada provincia para el trabajo en inundaciones, dotado con electrobombas y generadores eléctricos.

La movilización operativa de los efectivos se realiza mediante protocolos y canales establecidos con los consorcios provinciales de bomberos. El “sistema” está diseñado para asegurar la “coordinación operativa con el resto de los recursos movilizados (bomberos de los consorcios provinciales, medios aéreos, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sanitarios y otros organismos intervinientes)”, detalla el informe.

“Este modelo de movilización busca una gestión integrada y coordinada de las emergencias, especialmente relevante en incidentes de carácter complejo o multirriesgo, garantizando la coherencia del mando y de las comunicaciones”, apostilla.

“Situaciones de grave riesgo colectivo”

La SGISE también asegura que los forestales, según el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat, participa en el “seguimiento de caudales, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables”. A pesar de ello, los efectivos no fueron movilizados en la dana para esta tarea clave (se trata de una de las líneas de investigación de la jueza de Catarroja que instruye la causa).

Además, están integrados en el Plan Territorial Autonómico de Emergencias, interviniendo en “emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos tales como inundaciones, temporales de viento, episodios de nieve, servicios de salvamento y rescate, y otras situaciones de grave riesgo colectivo”. Y actúan “bajo la dirección operativa del plan correspondiente, en coordinación con los consorcios provinciales de bomberos y el resto de los organismos implicados”.

Relevantes miembros de la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València sabían perfectamente días antes de la 'operación Spider' que iban a ser detenidos. Así se desprende del informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, que analiza los chats encriptados de la aplicación Zangi intervenidos al investigado Josafat M. M., considerado como un intermediario con una “posición de liderazgo” en la presunta red que mantenía contacto con los proveedores de origen de la cocaína.

El informe otorga una “especial relevancia” a un diálogo entre Josafat M. M., detenido por su presunta implicación en dos alijos de grandes cantidades de coca, y Julián L. R., un “líder del aparato logístico” de la presunta organización desarticulada. “Bro el lunes martes hacen barrida guapa me lo están diciendo”, alertó Julián L. R., que usaba en Zangi el 'nick' de 'Paca', a Josafat M. M. (apodado 'Kamal'). “Dicen k hay 60 en la lista negra”, apostilló en la misma conversación.

Los investigados usaban varias aplicaciones supuestamente seguras al mismo tiempo, por lo que las conversaciones analizadas por la UDYCO eran fragmentarias. La aplicación encriptada Zangi, de origen armenio y con “cifrado de grado militar”, se utiliza para la “transmisión de información sensible por parte de traficantes de droga”, según explica el informe.

Numerosas abreviaturas y faltas de ortografía, así como jerga interna del mundo del narcotráfico, aderezan todos los intercambios entre los investigados.

En un segundo diálogo, 'Paca' sostenía que se trataba de agentes de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional de Alicante. “Esos son de Alicante, de Benidorm”, contestó Kamal.

—'Paca': Menudos perros tío la ke están liando. La madre k los parió. Y encima súper inoportunos.

—'Kamal': Esos son unos hijos de puta corructos.

—'Paca': Todos bro.

—'Kamal': Esos si vienen son porque ai un sapo.

Con “sapo” se referían a un supuesto confidente policial, según aclara el informe. En la misma conversación, Julián L. R. dio instrucciones a Josafat M. M. para que, en caso de detención, se hiciera con sus “cosillas”, las vendiera y repartiera los beneficios con la pareja del primero.

Tres sospechosos de “chivatos”

La UDYCO explica que 'Paca' se quejaba del carácter inoportuno de la operación policial al llevar fondeado tres días un buque cuya llegada al Puerto iba a coincidir con las detenciones y del que pretendía “sacar la lata [contenedor]”.

Ambos también especulaban sobre quién habría podido ser “uno de los chivatos” y citaban a tres candidatos del submundo del narcotráfico local, de los cuales el informe policial detalla los nombres, apellidos y apodos.

Lo que no sabían fehacientemente los presuntos narcos (aunque tenían sus sospechas) era que varios agentes encubiertos de la Policía Nacional se habían infiltrado en la presunta red criminal, investigando durante meses su estructura y modo de trabajo.

La “mítica caída” de SKY

“Ojoalá me ekivoke y vengan por wl tema de skai o alguna movida de esas”, afirmaba 'Paca' en referencia a la aplicación SKY ECC, desencriptada por las autoridades policiales europeas y eje de una causa de narcotráfico en la que figuran varios de los investigados en la 'operación Spider'. La “mítica caída” de SKY, según el informe policial, “supuso un punto de inflexión en las comunicaciones entre los miembros de las organizaciones criminales”.

En el registro de su domicilio, Josafat M. M. reconoció que los terminales telefónicos intervenidos eran suyos y facilitó el pin para que los agentes los pusieran en modo avión. El presunto narco, detalla el informe, borraba todas las conversaciones en Zangi, por lo que se expresaba “impunemente” sobre operaciones de narcotráfico “a gran escala”, con la “absoluta confianza” de que, en caso de ser requisado su teléfono por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no hallarían nada.

Sin embargo, el Grupo Técnico de la Brigada Provincial de Policía Judicial consiguió recuperar “información de gran interés para la investigación”, gracias al sistema de volcado utilizado para la extracción forense. Su “larga lista” de contactos permitía a Josafat M. M. “abrir líneas para cerrar operaciones de narcotráfico” en el Puerto de València, según los investigadores.

“Todo demasiado trankilo”

Los presuntos narcos hablaban en clave, aunque sin demasiados reparos, convencidos de que sus comunicaciones eran seguras: se enviaban fotos de la cocaína empaquetada, con sus respectivos logotipos, Josafat M. M. “hace alarde” de su amplia experiencia en el mundo del narcotráfico e incluso Julián L. R. presumía ante su interlocutor de que se había “coronado” (que había conseguido extraer “satisfactoriamente” un alijo de coca, según la jerga interna que desglosa el informe).

La referencia a la exitosa operación, afirma la UDYCO, alude a un alijo de 820 kilos de cocaína recuperado del Puerto. Sin embargo, al no haber podido recuperar 80 kilos de la ilícita remesa, que quedaron abandonados junto con un GPS, los dos presuntos narcos permanecían a la expectativa de posibles arrestos del equipo de extracción de la coca. “Todo demasiado trankilo tio no se si es bueno o malo”, escribía una 'Paca' inquieta.

“Ojos abiertos y culo cerrado”

Aunque los investigadores no han podido establecer las fechas exactas de las conversaciones, por las referencias a hechos relevantes han reconstruido una suerte de aproximación cronológica de los intercambios en Zangi. El jefe logístico y el enlace con los proveedores, según el informe policial, se inquietaron días antes de la 'operación Spider' (desencadenada el 23 de septiembre de 2025) por los soplos que les llegaban de que la Policía les pisaba los talones. También indicaban cifras de los supuestos efectivos policiales que se iban a desplegar sobre el terreno: “Más que en la guerra”.

'Paca' preveía en una de las conversaciones antes de su arresto que estaría en prisión “como mucho 4 o 5 meses preventivo”. “Asaver k sapo tenéis en cima”, contestó su interlocutor. Ambos acordaron cambiar de “máquina” (teléfono) y mantener las “casas limpias” ante posibles arrestos: “Ojos abiertos y culo cerrado”, sugería 'Paca'.

En un diálogo anterior, alertó a 'Kamal' de que “uno k es madero” le había informado a un “colega” común de que un presunto narco, identificado en Zangi como 'Mesi', presunto importador de cocaína desde Panamá, estaría en peligro. Era una falsa alarma, según confirmó finalmente 'Kamal'. “Vale bro si lo ves dile k ojos abiertos y culo cerrados”, contestó 'Paca' con su habitual máxima de seguridad.

Los policías “son de Madrid” y “llevan aquí un mes”

En uno de los pocos diálogos que la Policía logra situar cronológicamente (el 11 de septiembre de 2025), otro usuario de Zangi no identificado le expuso a 'Kamal' que un “amigo” le había advertido de que “en dos semanas baja un grupo para levantar gente”. “No sé si será por algunas cajas [contenedores] abiertas con algunas mochilas dentro, será por sky o por alguna mierda”, apostilla el informante anónimo, que desconocía si los agentes eran “verdes” (Guardia Civil) o “azules” (Policía Nacional).

En las últimas conversaciones que figuran en el informe de la UDYCO, previas a las detenciones, Josafat M. M. dice que “uno” le ha contado que los agentes “son de Madrid” y “llevan aquí un mes”, alojados en un hotel de una localidad de la provincia de Valencia. Su “socio”, decía el presunto narco, había detectado a “dos tíos raros” sospechosos de ser policías (uno “calvo de unos 55 años” y otro joven y “pijito”) a los que había visto en “dos sitios diferentes”.

Julián L. R. también había sido informado de que iban a haber “60 detenidos” (finalmente fueron 81 arrestos, incluyendo a tres presuntos miembros del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas). “La madre ke los parió”, apostilló el presunto responsable logístico de los envíos de coca días antes de ser él mismo uno de los detenidos.

“Hemos mejorado la convocatoria con una ampliación de crédito más ágil y aumentamos las ayudas del alquiler adaptándolas a la realidad del mercado. Estamos llegando a más personas. En 2024 por primera vez todo el que cumplía los requisitos tuvo ayudas, 9.000 familias, y ese es nuestro objetivo en 2025, que ninguno se quede atrás, por eso el Consell del PP hará frente a esas ayudas, ninguna familia se quedará atrás y estas personas recibirán la ayuda en cuanto la ampliación de crédito sea efectiva”.

La diputada del PP en las Corts, Mari Carmen Contelles, se pronunció así en el pleno de las Corts en respuesta a una moción planteada por el PSPV en la que proponía, entre otras cuestiones, “ampliar de manera inmediata la dotación presupuestaria destinada a las ayudas al alquiler, con el objetivo de garantizar que todas las personas que cumplen los requisitos sean beneficiarias”.

En su respuesta, Contelles viene a reconocer que cuatro meses después de que se resolviera la convocatoria de ayudas del ejercicio 2025, cerca de 3.000 familias que se quedaron sin la asignación por falta de fondos pese a cumplir las condiciones siguen a día de hoy sin cobrar porque aún no se ha ejecutado la prometida ampliación de crédito.

Por este motivo, la propuesta de los socialistas que defendió el diputado Benjamín Mompó insta también al Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca a “establecer mecanismos automáticos de ampliación de presupuesto en futuras convocatorias cuando el número de solicitudes que cumplen los requisitos supero la dotación inicial”, a mejorar “la planificación y previsión presupuestaria en materia de vivienda, adecuando los recursos a la demanda real y creciendo de la ciudadanía, así como a ”informar con transparencia sobre el número de solicitudes presentadas, concedidas y denegadas, así como sobre las causas de exclusión“.

Y es que, la resolución publicada en el Diaria Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 18 de diciembre aprobó la concedieron ayudas para el pago de alquiler por importe de 23,7 millones de euros de los cuales 18,3 millones son a cargo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y 5,3 millones a cargo de la Generalitat, para atender las ayudas correspondientes a 9.762 solicitudes.

Sin embargo, la misma resolución desestimó “2.969 solicitudes de las personas o unidades de convivencia debido al agotamiento de la financiación con que está dotada la línea presupuestaria prevista en los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025 para atender este programa de ayudas”.

Ya en aquel momento desde la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero garantizaron una ampliación de crédito para atender a todos los demandantes de la ayuda que cumplen con los requisitos y señalaron que es habitual que se incorporen recursos a posteriori para cubrir a todos los solicitantes con derecho a percibir la subvención. Sin embargo, como reconoció este miércoles Contelles, la ampliación de crédito aún no se ha ejecutado.

Vivienda garantiza una convocatoria “en las próximas semanas”

Fuentes de la Conselleria de Vivivienda han asegurado a preguntas de elDiario.es sobre el calendario de ampliación de crédito que manejan que “se está trabajando en una convocatoria adicional, que saldrá en las próximas semanas, para dar respuesta a las 3000 solicitudes que quedaron sin atender por agotamiento del crédito”.

Con todo, desde el departamento de Camarero han explicado que es habitual que se abran líneas extraordinarias cuando la demanda supera la financiación habilitada y han recordado que en 2020, año de la pandemia, “el Botánico dejó sin ayudas al alquiler a más de 3.500 familias que cumplían los requisitos, por de falta de crédito”.

También en 2022, han asegurado, “se quedaron fuera más de 2.500 familias por agotamiento de crédito, pero es que además, de las que había concedido, no pagó a 1.300, que tuvo que pagar este Consell cuando llegó a partir de mayo de 2023”.

De esta forma han argumentado que “no hay plazo, ni, a tenor de lo sucedido en la legislatura anterior, parece que tampoco tenían obligación de conceder ayudas a todo el que cumpliera los requisitos”. Además han destacado que “en la convocatoria de 2024, este Consell logró un hito histórico porque por primera vez ninguna persona que cumplía los requisitos se quedó sin ayuda por agotamiento de crédito, ya que se realizó una ampliación de crédito para cubrir todas”.

Este jueves hay una nueva oportunidad para desbloquear la huelga indefinida en Educación convocada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF —y a la que este mismo miércoles se ha sumado ANPE, la quinta organización con presencia en la mesa de negociación con la Conselleria de Educación— a partir del próximo lunes 11 de mayo.

A pesar de que los representantes de la Generalitat no acudieron a la cita que tenían en el Tribunal de Arbitraje Laboral para abordar el tema de los servicios mínimos después de que los sindicatos no aceptaran ninguna de las propuestas realizadas por Educación, la consellera Carmen Ortí presentará este jueves, en la mesa sobre burocracia, una propuesta a los representantes de los docentes relativa a “todos los temas” que estos vienen reivindicando —la actualización de salarios, la bajada de ratios en las aulas, la mejora de plantillas, la reducción de la burocracia y unas infraestructuras educativas “dignas”—, tal y como anunciaba el president Pérez Llorca, quien en declaraciones a los medios se mostraba “seguro” de llegar a un “entendimiento”.

Los representantes sindicales, que se han concentrado este miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat, donde han sido recibidos por el subsecretario de Presidencia, Álvaro Cuadrado, exigían que la Conselleria presentara una propuesta “real” con un calendario “serio” de negociación para desconvocar el paro indefinido: “Si quiere, mañana mismo se desconvoca la huelga”.

El president ha apuntado que “siempre hay que dialogar y, por supuesto, la Generalitat lo va a hacer”, al tiempo que añadía que, además de respetar el derecho de huelga de los docentes, “hay que garantizar las evaluaciones de los chicos, especialmente de los alumnos de Bachillerato”, un tema que ha explicado debe ser una “condición” para hablar. “Siempre hay buenas intenciones”, ha subrayado, para añadir que todas las partes deben poner de su parte para alcanzar un acuerdo.

Esta reunión tendrá lugar después de que la Conselleria enviara el miércoles por la tarde una tercera alternativa de servicios mínimos para segundo de Bachillerato en la que considera que son aquellos “imprescindibles para la evaluación ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la Ebau”, que los sindicatos también creen “abusiva” y “todavía más restrictiva” que la anterior.

Calendario de movilizaciones

En el caso de que las negociaciones con Ortí no lleguen a buen puerto, los sindicatos ya tienen preparado un calendario de movilizaciones que comenzaría el mismo lunes 11 de mayo con la presencia de piquetes informativos a las puertas de los centros de Secundaria (a las 8 horas) y de los colegios de Infantil y Primaria (a las 9 horas). A las 12 horas se convocarán manifestaciones en las ciudades de València —desde la plaza de San Agustín—, Castelló —plaça de les Aules—, Alicante —las escaleras del IES Jorge Juan— y Elche —plaça dels Algeps—.

El 12 de mayo, durante la mañana, se colgarán carteles sobre la huelga en la calle y por la tarde tendrán lugar encierros en los centros educativos en los que se organizarán diversas actividades, además de situar puntos de información en diferentes colegios e institutos, calles, plazas y mercados.

El 13 de mayo hay previstas concentraciones a las 12 horas en la plaza de Manises, a las puertas del Palau de la Generalitat, en València; a las puertas de la delegación del Consell en las Casa de les Bruixes de Alicante; y en la sede de delegación del Consell en las Casa de los Caracoles de Castelló.

El 14 de mayo se han programado concentraciones a las 12 horas a las puertas de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar, en la capital valenciana; en la Dirección Territorial de Educación, en la calle Carratalá de Alicante; y en la Dirección Territorial, en la avenida del Mar de Castelló. La semana finalizará con una manifestación el viernes 15 de mayo en la ciudad de València, desde la plaza de San Agustín, y una asamblea unitaria a partir de las 18 horas.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles en relación a la huelga de docentes convocada a partir del próximo lunes que la consellera de Educación, Carmen Ortí, “hará mañana una propuesta para tratar todos los temas que están reivindicando”.

“Hay que respetar el derecho de huelga de los profesores, por supuesto, pero también el de los alumnos, especialmente los de Bachillerato, a que tengan sus evaluaciones, y esto ha de ser también una condición para hablar”, ha señalado Pérez Llorca tras asistir a la entrega de los XVI Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano.

“Yo creo que tiene que haber entendimiento, tiene que haber una propuesta por parte de la Generalitat, también por parte de los maestros, y sobre todo una garantía de que ningún alumno tenga ningún problema a la hora de ser evaluado. Hay que combinar todo esto y estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento”, ha agregado el president.

“Cuando se empieza un diálogo, todos tenemos que poner de nuestra mano para llegar a un acuerdo. Les puedo garantizar que siempre hay buenas intenciones en este Gobierno”, ha agregado.

El PP y Vox han mostrado este miércoles en el pleno de Les Corts Valencianes su oposición a la petición socialista de crear una comisión de investigación sobre los cribados de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana, a la que Compromís ha mostrado su apoyo.

Como informó elDiario.es, la Conselleria de Sanidad publicó recientemente la memoria de gestión del ejercicio 2024 que arroja datos preocupantes en lo que al plan de cribado de cáncer de mama se refiere. Si bien es cierto que hay que tener en cuenta que fue el año de la dana del 29 de octubre, con la afección que este desastre puedo tener en las zonas afectadas durante los meses de noviembre y diciembre, no es menos cierto que así y todo los datos de participación son incluso peores que en los años de pandemia.

En concreto, los datos del año 2024 en cuanto a participación son los más bajos de la última década. El programa abarca a mujeres de entre 45 a 69 años, y en 2022 se amplió la cifra de la llamada “población diana” a las mujeres de hasta 74 años. La confianza en el sistema es fundamental para que acudan a la cita. En concreto, participaron 230.268 mujeres, lo que supone un 65,52% de las que fueron invitadas, cinco puntos por debajo del 70%, porcentaje que se fija como objetivo mínimo.

En el año 2023, la tasa de participación fue del 67%, en 2022 del 70% y en 2021 del 68,7%. En el año 2020 en el que irrumpió la pandemia, participaron 156.869 mujeres, un 70,8% de las que fueron invitadas. Entre 2015 y 2019 la tasa de participación osciló entre el 73,4% y el 70, 3%.

La diputada socialista, Yaissel Sánchez, denunció además en el pleno que “el sistema de información EOLAS utilizado para el seguimiento y gestión del programa de cribado ha mostrado limitaciones y fallos recurrentes en su funcionamiento”, motivo por ha exigido la puesta en marcha de una comisión de investigación en Les Corts para conocer “toda la verdad” sobre los cribados del cáncer de mama en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la representante del PSPV ha afirmado que “defender la sanidad pública no es negar los problemas como está haciendo el PP es afrontarlos y lamentablemente esto no es un fallo puntual es un patrón” y ha subrayado que “creen que haciendo desaparecer datos el problema desaparece”.

Sánchez ha explicado que en 2024 se hicieron 12.292 mamografías menos que en el año anterior y la participación en este programa ha caído “hasta un 65 %, el peor dato en diez años”, y ha afirmado que hay “90.000 mujeres valencianas que no saben si pueden tener un cáncer de mama”.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha mostrado el apoyo a esta propuesta y a todo lo que suponga investigar la sanidad pública valenciana y “sacar a la luz las vergüenzas de un PP que está más interesado en que algunos hagan negocio que en dar un verdadero servicio” a los pacientes, y en este caso concreto a las mujeres valencianas.

Al respecto, fuentes de Sanidad han recordado a preguntas de elDiario.es que el sistema de gestión del plan de cribado de cáncer de mama está en la fase final de su renovación. El departamento que dirige Marciano Gómez ya anunció en octubre del pasado año que antes del verano de 2026 quedaría automatizado todo el proceso de citación y seguimiento, con el objetivo de enviar automáticamente las invitaciones a las mujeres y detectar de forma programada cualquier incidencia.

El PP defiende la gestión y Vox dice que los datos son “inaceptables”

El síndic del PP, Nando Pastor, ha ironizado sobre “la valentía” del PSPV de pedir esta comisión cuando el Botànic “dejó nada menos que a 177.000 valencianas fuera del cribado” y la líder del PSPV, la ministra Diana Morant, tiene “un lío de tres pares de narices” en el CNIO, con “un agujero de corrupción de 25 millones de euros”.

“Es para hacérselo mirar”, ha aseverado el síndic del PP, quien ha considerado que es una mezcla “de cinismo y de hipocresía” que los socialistas pidan una comisión de investigación por un partido cuya líder no ha explicado dónde están los 25 millones de euros de la lucha contra el cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha considerado que comisiones de investigación debe haber “las mínimas, las justas”, pues no se trata de que “nadie se saque un sobresueldo”, y la diputada de Vox Ana Vega ha señalado que no van a participar “en maniobras políticas destinadas a distraer la atención de los ciudadanos de lo que está ocurriendo”.

Vega ha destacado que “90.000 mujeres no fueron llamadas a los cribados de cáncer durante 2024”, lo cual “es inaceptable” y han pedido una auditoría del sistema autonómico del salud para detectar cualquier fallo en los cribados del cáncer, y ha aseverado que el Botànic dejo en ocho años “abandonadas a más de 351.000 mujeres valencianas”.

La jueza ha citado como testigo-perito a Adrià Revert, presidente de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) en el marco del análisis de la “previsibilidad”, del “anuncio de la dana con días de antelación” y la “comunicación a los organismos públicos”, según indica un auto dictado este miércoles por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. La instructora estima así “pertinente” la diligencia propuesta por el sindicato CGT, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa.

La resolución destaca que À Punt, la televisión autonómica valenciana en la que trabaja Revert como meteorólogo, “preparó un extenso despliegue con cinco días de antelación al 29 de octubre de 2024”, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

El auto también alude a la testifical de la jefa de Meteorología de la cadena pública, Victòria Rosselló, quien destacó en su testifical del pasado 15 de abril que los datos que proporciona Avamet (de los que se alimenta también el Centro de Emergencias de la Generalitat) “eran de acceso abierto” y se podían consultar “por cualquier persona”.

La jueza también acuerda el volcado íntegro de los datos en bruto y validados de “todas” las estaciones de Avamet, correspondientes al día de la dana, así como el histórico de publicaciones y los mapas generados.

También pide “datos específicos y detallados” de las estaciones de Avamet en localidades clave de la dana, como Chiva, Turía, Godelleta, Montserrat, Buñol, Cheste y Loriguilla, así como aquellas correspondientes a las cuencas de los barrancos de Poyo, Gallego y Horteta. Además, requiere un informe técnico sobre la validación posterior de los registros de lluvias.

La magistrada pide asimismo la copia del comunicado oficial emitido por Avamet, en el que “la propia asociación afirmaba que sus datos serían de gran utilidad para la investigación de lo ocurrido”, según indica el auto.

Comunicaciones con la CHJ o Emergencias

Por otro lado, la instructora solicita “todas las comunicaciones, incluyendo correos electrónicos, mensajes o informes) eventualmente mantenidas entre Avamet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Aemet o el Centro de Emergencias de l'Eliana.

A éste último organismo, dependiente de la Generalitat, el auto oficia para que informe sobre si se disponía de “acceso operativo” a los datos de Avamet, si consta que algún técnico consultara dicha información y quién se encargaba del seguimiento de las fuentes de información meteorológicas de acceso público en el marco de la gestión de la emergencia.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros por un delito cometido con ocasión de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución (delito de odio) al camarero de un pub de Benidorm que se dirigió a dos clientes de forma humillante y con intención de menospreciarles por su orientación sexual.

La Sala la ha impuesto también otra multa de 1.080 euros como autor de dos delitos de lesiones, ya que el condenado golpeó a las víctimas cuando éstas trataron de abandonar el local. Además, deberá indemnizar a cada uno de los perjudicados con 440 euros por las lesiones y los daños morales que sufrieron a consecuencia de los hechos.

El camarero, que trabajaba en un pub de Benidorm especializado en espectáculos musicales en directo, se acercó la noche del 30 de octubre de 2022 a la mesa en la que estaba las víctimas y les preguntó “oye, ¿sois maricones?”, según declara probado el tribunal en la sentencia.

Posteriormente, cuando los perjudicados intentaron abandonar el local, el condenado, movido por sus prejuicios hacia su orientación sexual y con la finalidad de menospreciarles y ofender su dignidad, dijo, delante del resto de clientes, “ya se van los mariquitas”, mientras realizaba un gesto de burla.

A continuación, ya en la puerta del establecimiento, le propinó un fuerte puñetazo a una de las víctimas, que cayó al suelo, donde continuó dándole patadas. El otro perjudicado trató de mediar para que parara la agresión y entonces el camarero le dio un cabezazo en la sien. Ambas víctimas necesitaron asistencia sanitaria tras la agresión.

La sentencia, dictada después de que el condenado y la acusación pública alcanzaran un acuerdo de conformidad respecto de los hechos y la pena, ha sido declarada firme.