Encontrar en el sur de Tenerife tramos de costa sin explotar no es tarea fácil. La localidad de Punta Blanca, en el municipio de Guía de Isora, es uno de los pocos reductos que hasta ahora ha sorteado la presión del turismo de masas. Sin embargo, dos proyectos han puesto en alerta a más de 30 colectivos sociales, ecologistas y deportivos de la isla, que advierten de que, disfrazadas de “greenwashing” o postureo ambiental, las dos iniciativas aspiran a crear “un parque temático privado” que ocupe la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, “uno de los espacios marinos más importantes de Canarias” incluida en la Red Natura 2000. 

El pasado 26 de marzo, el Gobierno de Canarias sacó a exposición pública la autorización solicitada por la empresa Underwater Gardens International S.L. para colocar arrecifes artificiales y estaciones de monitoreo oceanográfico en Punta Blanca, sobre 11.691,45 metros cuadrados del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). 

En la misma zona, el Cabildo de Tenerife declaró de interés insular en 2022 otro proyecto de Underwater Garden descrito como un “parque regenerativo” para ofrecer a “turistas y residentes experiencias únicas de conexión con el mar y la naturaleza”. Según la documentación del proyecto, las instalaciones atraerían a unos 3.000 visitantes diarios.

La plataforma Salvar Punta Blanca, integrada por 34 colectivos distintos, han presentado alegaciones y han solicitado a la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias que no autorice la ocupación de zona costera protegida. También han exigido que se declare la nulidad de este trámite de información pública, porque el documento sometido a exposición “omite deliberadamente la identidad de los técnicos que lo suscriben”. En su lugar, aparecen varios recuadros de color negro. 

El documento critica que la falta de datos impide verificar “si los autores del proyecto poseen la titulación habilitante exigida por la normativa aplicable para redactar proyectos que afectan al dominio público marítimo-terrestre y a espacios de la Red Natura 2000”. Además, denuncian que la opacidad “vulnera el principio de participación pública efectiva”. 

Alterar el fondo marino

Los ecologistas mantienen que la instalación de arrecifes artificiales en este enclave alteraría un fondo marino arenoso con alto valor ecológico y hábitat de especies protegidas como el angelote o la tortuga verde. Un arrecife artificial es una estructura creada por el ser humano, colocada en el fondo marino y que imita las características de uno natural, con el fin de regenerar ecosistemas dañados. 

La actuación de Underwater Gardens contempla la instalación de 86 módulos de arrecifes artificiales, uno flotante y tres estaciones de monitorización a una distancia de la costa de entre 400 y 1.300 metros. La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Horizon Ocean Citizen y se desarrollará también en Dinamarca, Noruega e Israel. 

En el proyecto básico, los promotores argumentan que es necesario intervenir en esta zona por su mal estado de conservación y porque muestra “claros signos de empobrecimiento de hábitats, bajos índices de biodiversidad y biomasa, ausencia de complejidad ecológica y alta presión antrópica”. 

Para Salvar Punta Blanca, “no se puede hablar de regenerar sin trabajar antes las causas de la pérdida de especies y hábitats”. “Mucho menos si el proyecto aumenta algunos de esos impactos, como la antropización derivada de la actividad turística que tiene el parque temático en su conjunto”, recoge el documento de alegaciones al que ha tenido acceso este periódico. 

Sobre la eficacia de los arrecifes artificiales para regenerar ecosistemas, las alegaciones citan diferentes estudios científicos que concluyen que estos dispositivos no garantizan un aumento real de la biomasa íctica, entendida como la cantidad total de peces presentes en un ecosistema, sino que pueden atraer y concentrar individuos procedentes de áreas circundantes. Así, advierten que esto puede “intensificar la presión sobre poblaciones ya vulnerables, agravando la sobrepesca y comprometiendo la sostenibilidad de los recursos marinos a medio y largo plazo”. 

Preguntado por este periódico, el coordinador científico del proyecto Ocean Citizen, Sergio Rossi, defiende que el objetivo es ''avanzar en el conocimiento sobre cómo regenerar sistemas marinos de forma eficaz, medible y basada en eficiencia científica''. Además, insiste en que es una ''oportunidad'' para que Tenerife se posicione ''como un nodo de referencia científica en regeneración marina dentro de Europa, atrayendo ciencia, colaboración internacional y conocimiento aplicado''. 

El coordinador científico dice que en la isla se está desarrollando un ''experimento en condiciones reales'' que permite testar distintas opciones ''como el uso de sustratos que simulan condiciones óptimas para la colonización, el trasplante de especies que puedan adaptarse al cambio climático y la monitorización ambiental''.

En esta línea, las alegaciones firmadas por 34 colectivos lamentan que no se incluya en el proyecto básico una Evaluación de Impacto Ambiental con estudio de afecciones a Red Natura 2000 aunque los trabajos incluyan introducir estructuras artificiales en el medio marino y el trasplante de especies protegidas.

Un ''peligroso precedente''

En los últimos años, la población de Tenerife ha salido a las calles para exigir el fin del turismo de masas, la destrucción de los espacios naturales y la sobreexplotación del territorio. La isla ha sido escenario de decenas de movilizaciones contra proyectos como las villas turísticas de Cuna del Alma, el Circuito del Motor o Underwater Gardens. Esta última campaña cuenta con más de 62.000 firmas en la plataforma WeMoveEurope. “Este territorio no es un recurso esperando ser explotado: es patrimonio natural colectivo que merece ser protegido, no transformado en atracción turística”, han declarado desde Salvar Punta Blanca. 

Para los colectivos, que el Gobierno de Canarias autorice este proyecto “sentaría un precedente administrativo que legitimaría” presentar infraestructuras de ocio y explotación turística como proyectos de restauración ecológica “de carácter científico-temporal”. En las alegaciones presentadas, la plataforma denuncia que, obteniendo la autorización de Costas, se “soslayan los requisitos exigibles a una concesión ordinaria, una evaluación de impacto ambiental completa y una evaluación adecuada de afecciones a Red Natura 2000”.

El parque en tierra 

Los colectivos extienden su preocupación al parque regenerativo proyectado sobre 17.000 hectáreas e impulsado por Underwater Garden. Aunque el proyecto sometido a exposición pública se centra en la ocupación de la costa, Salvar Punta Blanca alerta de que “no son dos proyectos independientes”, sino “dos patas de un mismo proyecto empresarial” tramitadas ante administraciones públicas diferentes “evitando que sean evaluadas conjuntamente”. 

Sobre esto, Sergio Rossi dice que la autorización solicitada para ocupar zona costera protegida “no puede interpretarse como una primera fase constructiva del parque regenerativo”. “La relación entre ambos debe entenderse en términos científicos y metodológicos, no como una ejecución encubierta de una fase del parque”, responde a preguntas de este periódico.

Asimismo, añade que Ocean Citizen y Underwater Gardens Park Tenerife “comparten una misma visión de fondo: avanzar hacia modelos de regeneración marina basados en ciencia, monitorización y sostenibilidad”, pero insiste en que son “proyectos distintos, con diferente alcance, finalidad y naturaleza administrativa”. 

En septiembre de 2025, ATAN y Salvar Punta Blanca expresaron en una nota de prensa su “profunda preocupación por el uso indebido del nombre y los recursos” del proyecto Ocean Citizen para “legitimar el macroproyecto turístico Underwater Gardens en Tenerife”, ya que, apuntaban, el proyecto científico avalaba la parte turística. ''La estrategia es clara: usar el prestigio académico de Ocean Citizen como coartada para vender un proyecto turístico privado que traerá consigo más consumo de territorio'', criticaron.

El proyecto en tierra fue declarado de interés insular hace cuatro años por el Cabildo. Entonces, gobernado por el PSOE, justificó que se trataba de una iniciativa estratégica para recuperar el turismo perdido en la pandemia y diversificar el sector. En la documentación utilizada entonces, Underwater Gardens se presenta como un “producto innovador” que posibilita la diversificación y diferenciación de la oferta que solo puede equipararse “en cuanto a facturación y superficie” a dos grandes infraestructuras privadas de Tenerife: “Loro Parque y Siam Park”, según recoge el propio documento.

La empresa encargada del ciclo del agua en la capital de Tenerife se enfrenta a una demanda masiva de sus trabajadores. Más de 30 empleados han exigido anular la modificación de las condiciones laborales aprobada en 2012, mediante la que se congelaron los salarios y se transformó el plan de pensiones, entre otras medidas. La demanda, presentada ante el Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife y consultada por este periódico, señala que las razones económicas y productivas que alegó la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) en su momento ''jamás existieron'', y sostiene que detrás de esta decisión se oculta el pago indebido de 33 millones de euros a la multinacional Sacyr, autorizado por Coalición Canaria.

El 12 de diciembre de 2012, la representación legal de Emmasa y la de los trabajadores firmaron una modificación sustancial de condiciones de trabajo. En el documento, al que ha tenido acceso esta redacción, se pactaron una serie de puntos que “ha producido un grave perjuicio sobre las condiciones económicas y laborales de los trabajadores, deteriorando su calidad de vida, pérdida de poder adquisitivo y condiciones de jubilación futuras”, tal y como recoge la demanda. 

Uno de los acuerdos fue la congelación salarial de todas las retribuciones que percibiera la plantilla hasta el 31 de diciembre de 2015. Por otra parte, aprobaron modificar el Plan de Pensiones y la suspensión temporal de las aportaciones empresariales, así como la suspensión de los efectos económicos de algunas condiciones más beneficiosas que disfrutaba parte de la plantilla, como el premio de vinculación por llevar 25 años en la empresa, los incrementos por 15 años de antigüedad en la categoría ''asimilación por formación'' y las promociones automáticas por paso del tiempo. 

En 2012, en declaraciones recogidas por los medios de comunicación, la compañía justificó que los costes laborales, el incremento del precio del agua y de la energía, así como la caída del consumo habían obligado a Emmasa a imponerse una ''rigurosa política de austeridad, ahorro y contención del gasto'', y aseguraron que estas medidas permitirían a la compañía ahorrarse alrededor de un millón de euros al año.

Pago de 33 millones a Sacyr

Siete años antes, el Ayuntamiento había decidido privatizar la gestión del ciclo integral del agua y sacar a concurso el servicio público. En 2007, este fue adjudicado por 25 años a la multinacional Sacyr, que ofreció un canon diez veces más alto de lo exigido en el pliego: 59 millones de euros. Así, Sacyr pasó a tener 212 de las 224 acciones de Emmasa. Las demás, correspondientes a la parte pública de la empresa, las tiene la corporación municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, hacerse con la gestión del agua de la ciudad costó a Sacyr la mitad del dinero pagado, porque Emmasa aprobó devolver a la multinacional el canon abonado a razón de 2,3 millones de euros al año. Estas devoluciones estuvieron autorizadas por el gobierno de la capital, cuando estaba al frente de la Alcaldía Miguel Zerolo, que entró después en prisión por el pelotazo de Las Teresitas. 

En 2020, la socialista Patricia Hernández se convirtió en alcaldesa de la ciudad después de 26 años de gobierno de CC. Entonces, el grupo de gobierno paralizó los pagos a Sacyr, que había recuperado ya 33,6 millones de euros de los 59 que pagó. Los servicios jurídicos y la Intervención del municipio constataron que estas operaciones no tenían base legal y convertían a Emmasa en un ''regalo'' a la multinacional. 

El Consejo Consultivo de Canarias dio la razón en 2021 al gobierno de Hernández y emitió un dictamen con el que avaló la devolución por parte de Sacyr del dinero recibido. El Consejo resolvió que la multinacional no ostentaba un derecho frente a Emmasa a recuperar los 59 millones abonados al Ayuntamiento como parte del precio, pero sí a obtener de la corporación municipal, al finalizar el contrato, la devolución del importe correspondiente al valor nominal de las acciones. 

La demanda de los trabajadores, presentada también contra los sindicatos USO y UGT, insiste en que pagar ''ilícitamente'' 2,3 millones de euros anuales a Sacyr generó un ''déficit artificial y prolongado en las cuentas de la entidad'', ''generando una apariencia de pérdidas o insuficiencia de recursos que no respondía a la realidad''. ''Si desde la vigencia del contrato no se hubiera detraído de las cuentas de Emmasa la cantidad de 33,6 millones de euros entre los años 2007 y 2020, no hubiera existido causa para proceder a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo'', concluye el texto.

Sobre la suspensión del plan de pensiones, la demanda subraya que provoca “un daño directo a la estabilidad económica futura de los trabajadores” e incrementa la incertidumbre sobre su sostenibilidad financiera a largo plazo.

El documento subraya que este desfalco salió a la luz pública una década después de la firma del acuerdo que modificó las condiciones de trabajo, evitando que los trabajadores tuvieran ''posibilidad real, jurídica y humana'' de impugnar el pacto al ''ignorar por completo la existencia de la detracción económica ilícita que se venía produciendo'' de las cuentas de Emmasa por parte del socio mayoritario, Sacyr. 

La devolución del canon a Sacyr está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ha incoado diligencias previas. Fue en 2021 cuando el grupo municipal de Unidas Podemos llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que los hechos podían ser constitutivos de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y prevaricación.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado por bueno un reportaje sobre el Carnaval de 2025 para pagarle 5.000 euros a la web Edatv por promocionar el Carnaval de la ciudad en 2026. Así se constata en el expediente administrativo que dio lugar a contratar a ese pseudomedio de la ultraderecha, propiedad del agitador Javier Negre, tanto en el informe justificativo del gasto -entregado a la oposición- como en la providencia firmada por el concejal de Fiestas, Javier Caballero, que dio lugar a la contratación de la campaña.

El reportaje, por llamarlo de algún modo, fechado el 17 de febrero de 2025, consta de ocho fotografías y nueve párrafos, a lo largo de los cuales se relata cómo fue el Carnaval del año anterior, con aspectos tales como la reorganización en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife (que el pseudomedio llama centro de Ferias y Congresos), o los artistas que intervinieron en aquella edición, entre otros Wilfrido Vargas.

Lo malo es que en el enunciado de la providencia por la que se contrata la campaña publicitaria a Edatv Consulting se especifica claramente que es “para el Carnaval 2026”, aunque en el segundo párrafo se incluye una frase inquietante: “Cabe señalar, que el objeto del contrato no se ha configurado para evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado 118.1 LCSP”, artículo que está referido a la definición de contratos menores.

Las irregularidades en esta contratación no paran de aflorar. En esa providencia, firmada por el concejal Caballero, que es presidente de la entidad pública empresarial Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, se llega a incluir ese reportaje fechado el año anterior como uno de los elementos de la campaña . Así se recoge en lo que se da en llamar “especificaciones técnicas de la prestación”. El primer elemento a aportar por el contratista es precisamente “un reportaje branded content [contenido patrocinado], sobre la gran oferta de ocio del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025, que se publicará en edatv.news, con los materiales facilitados por el anunciante”. Es decir, el propio Ayuntamiento admite en su contratación que el proveedor cobre por promocionar el Carnaval 2026 por un reportaje de 2025 publicado en 2025.

Pero es que en el “informe justificativo” que emite el pasado 15 de abril la gerencia de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife incluye ese reportaje de 2025 como parte de “la campaña publicitaria del Carnaval 2026”. Lo firma la gerente de esa entidad pública empresarial, Patricia Castillo Martín.

Las otras dos acciones que certifica Castillo Martín como elementos promocionales del Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife son un reportaje sobre las tareas de limpieza llevadas a cabo en la ciudad al término de esa fiesta. De hecho está fechada el 24 de febrero de 2026, dos días después de acabado el Carnaval. Difícilmente se puede promocionar algo dos días después de su clausura. Y cobrar 5.000 euros por ello.

Para rematar las irregularidades de esta contratación, la tercera pieza publicitaria que certifica la gerente de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife como integrantes de la campaña de promoción del Carnaval de la ciudad en 2026 es un vídeo de 02.06 minutos de duración en el que se incluyen diversas imágenes propias de la fiesta como comparsas bailando por las calles, así como entrevistas a algunas personas que participaron en las mismas. Lo malo es que se emitió hace ahora siete semanas, según sus propios créditos, lo que significa que fue a principios de marzo, cuando la sardina del Carnaval 2026, el que se pretendía promocionar con esta campaña, llevaba más de quince días enterrada.

El diputado nacionalista y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, ha calificado este jueves de “error estratégico grave” que la Consejería de Turismo no haya considerado al turismo de cruceros dentro de sus líneas, y ha pedido que intensifique su apoyo en este ámbito porque es “una deuda pendiente”.

El parlamentario ha planteado en comisión parlamentaria la necesidad de analizar el crecimiento del turismo de cruceros en Canarias y valorar si responde, en parte, al desvío de rutas desde Oriente Medio debido a la inestabilidad geopolítica.

Bermúdez ha destacado el peso creciente de este segmento turístico en el Archipiélago y, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, uno de los principales puertos del Atlántico medio que recibió en 2025 cerca de 950.000 cruceristas y, en los tres primeros meses de este año, más de 477.000, de los que un 60% son en puerto base.

Uno de los principales valores de Canarias como destino es la seguridad en un sentido amplio —física, sanitaria, alimentaria y de infraestructuras—, lo que favorece su posición frente a otros destinos en un contexto internacional incierto. Y por ello Bermúdez ha señalado que la inestabilidad en Oriente Medio está llevando a grandes navieras a replantear sus rutas, lo que podría beneficiar a Canarias como destino alternativo.

“Si Canarias está absorbiendo esa demanda no es solo porque otros destinos fallen, sino porque contamos con una base sólida: infraestructura portuaria competitiva, conectividad, experiencia turística y una posición estratégica que nos permite operar como 'hub' en invierno”, ha afirmado.

El diputado ha defendido la necesidad de anticiparse a este escenario mediante una adecuada planificación y coordinación con las autoridades portuarias, especialmente para gestionar picos de actividad y maximizar el impacto en la economía local.

“Lo importante no es solo que lleguen más barcos, sino que ese flujo genere valor en tierra, impulse el comercio local y mejore el empleo”, ha señalado.

La consejera de Turismo, Jéssica de León, del Partido Popular, ha afirmado que es complicado el equilibrio entre las competencias de las autoridades portuarias y las políticas de promoción del Gobierno, si bien se está empezando a romper esa dinámica y se está “creando por fin una sinergia entre Turismo de Canarias y los puertos” en el ámbito de los cruceros.

Al respecto, ha señalado que Canarias tiene dos fortalezas, la seguridad y el 'bunkering', lo que representa una oportunidad para fidelizar a las navieras como destino apetecible también en la temporada de verano.

La Consejería prevé un aumento en el número de solicitudes de atraque en invierno, lo que es la tendencia habitual, y aún es pronto para determinar si el conflicto en Oriente Medio va a implicar un incremento similar para la temporada estival de 2027, ha añadido.

No obstante la consejera ha enfatizado que este segmento turístico brinda además la oportunidad de “despertar” a otras cadenas de valor, como el suministro y la atención a buques en puerto, incluida la reparación naval.

Por ello se ha contactado con las autoridades portuarias para recabar más datos, pues las navieras lo que buscan es ofrecer experiencias más sostenibles y reducidas a los viajeros al desembarcar, además de las compras, como puede ser la visita a bodegas y queserías, y Turismo trabaja para conectar en este ámbito la actividad de los cruceros con el sector primario.

El Cabildo de Tenerife aguardará a las cuatro sentencias que debe emitir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para decidir qué hace con el circuito del motor tras conocerse el primer fallo del alto tribunal, que confirmó que la declaración de impacto ambiental del proyecto está caducada.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha señalado en rueda de prensa que solo ha habido “un primer pronunciamiento” del TSJC, cuyo “alcance” están analizando los servicios jurídicos, y ha insistido en que es “la primera de cuatro” sentencias que ha de emitir.

“Por un principio de prudencia”, ha añadido Dávila, será entonces cuando se determine, en base al criterio de los servicios jurídicos, qué hará el Cabildo: si recurrir ante una instancia superior o elaborar una nueva declaración de impacto ambiental.

Cree la presidenta del Cabildo de Tenerife que las tres sentencias que faltan “serán inminentes” y que “en un corto espacio de tiempo” se tomará una decisión al respecto.

La organización Global Sumud Canarias ha convocado para este viernes 24 de abril una marcha nocturna en apoyo al pueblo palestino que recorrerá el casco histórico de La Laguna a partir de las 21.00 horas.

La movilización partirá desde la Plaza del Adelantado y avanzará por la calle de La Carrera hasta la iglesia de La Concepción, donde está previsto un acto simbólico. La convocatoria se enmarca en una serie de acciones internacionales que buscan “volver a poner el foco en Palestina” y denunciar la situación actual en Gaza, coincidiendo con la salida de la denominada Global Sumud Flotilla, que navega rumbo al enclave.

Desde la organización hacen un llamamiento a la participación ciudadana en esta vigilia nocturna, invitando a las personas asistentes a acudir con velas o luces como gesto simbólico. “Cada luz representa la esperanza de un pueblo”, señalan en la convocatoria difundida en redes.

Global Sumud Canarias subraya que el objetivo de la marcha es “compartir, denunciar y crear conciencia”, así como trasladar un mensaje de apoyo a la población palestina. La iniciativa se suma a otras movilizaciones que se han desarrollado en las islas en los últimos meses en solidaridad con Palestina.

La protesta tendrá carácter pacífico y pretende visibilizar, según sus promotores, la necesidad de mantener la atención internacional sobre el conflicto.

La primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Circuito del Motor de Tenerife confirma que su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está caducada. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Cabildo sobre uno de los cuatro proyectos en los que se ha dividido esta obra, que prevé ocupar en total 650.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Granadilla y que cuenta con una inversión inicial de 51 millones de euros de dinero público.

El TSJC da la razón a ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) y confirma la nulidad del Proyecto de Explanaciones e Instalaciones para Graderíos Desmontables del Circuito. La sentencia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, concluye que las obras no se ejecutaron de forma real ni efectiva dentro de los plazos legales.

La declaración de impacto ambiental fue aprobada en 2011 con la condición de que esta caducaría si los trabajos no comenzaban a realizarse en un plazo de cinco años. El Cabildo de Tenerife defiende que las obras se iniciaron el 23 de agosto de 2016, pocos días antes de que se cumplieran los tiempos establecidos. Sin embargo, según consta en la sentencia, la documentación del procedimiento muestra que ''si bien el acta de replanteo establecía que se iniciarían las obras al día siguiente, nunca se realizaron''.

En este sentido, la sentencia de primera instancia recurrida por el Cabildo establecía que ''no puede ser admisible'' que una DIA publicada en 2011 siga vigente doce años después ''por el simple hecho de que durante un corto periodo de tiempo se hayan realizado actuaciones en el terreno''. Este fallo enfatizó en que era necesaria una declaración ambiental actualizada ''más acorde con las nuevas exigencias ambientales''.

Este es uno de los cuatro procedimientos que se siguen en este Tribunal en relación al Circuito del Motor y que se corresponden a los recursos de apelación interpuestos por el Cabildo (contra tres sentencias desfavorables) y de ATAN (contra una sentencia desfavorable).

Las sentencias que están aún pendientes de resolverse en segunda instancia se refieren al Proyecto modificado del acceso norte al Complejo Deportivo Centro Insular del Motor de Tenerife, al Proyecto de adaptación del Parque Internacional de Motor de Tenerife al plan de defensas contra avenidas, y al Proyecto modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife.

Desde ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) insisten en que la ejecución de este proyecto, ''además del daño ambiental que está ocasionando'', representa para las arcas públicas del Cabildo insular un ''desembolso millonario''. ''Todo ello en medio de la crisis medioambiental que padece esta isla, con una terrible regresión de sus valores naturales, de pérdida de calidad ambiental alarmante, producto de las políticas públicas y privadas promovidas o amparadas, entre otras administraciones, por la institución insular'', aseveran.

La idiosincrasia política canaria siempre ha sido bastante particular. Ya lo resaltó en La Palma el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una de sus visitas al volcán de Cumbre Vieja, cuando calificó de “rara” la realidad de partidos y pactos que abundan, al comprobar cómo por entonces el PSOE y el Partido Popular en la Isla Bonita compartían gobiernos como los del Cabildo o la capital en detrimento de Coalición Canaria, lo que se volteó tras mayo de 2023. En los 88 municipios isleños, ha habido desde 1979 mayorías, acuerdos y particularidades muy variadas y llamativas, con infinidad de formaciones y siglas, mucho peso de partidos de todo el Estado en numerosos ayuntamientos, fuerzas regionales, insulares o locales de gran arraigo en otros y estabilidad o cambios bruscos en muchas elecciones. 

En el Norte de Tenerife (comarca con quince municipios), llama la atención, entre otras realidades, el gran contraste ideológico, partidista y, por tanto, social que se da entre dos localidades: Santa Úrsula y Buenavista. Si la primera siempre se ha caracterizado por el aplastante peso de fuerzas conservadoras, de la derecha local, insularista y luego regionalista (con raíces franquistas: AISU-CC), así como la española (concentrada en el PP, sobre todo desde 2011, cuando se dio el único cambio de gobierno local), Buenavista casi siempre ha sido un referente de la izquierda, con alcaldes de este signo desde 1983 (PSOE hasta 2019, Sí Se Puede de 2019 hasta 2023, y de nuevo PSOE desde entonces). Lo más curioso en el caso de este municipio del Noroeste es que, en el presente mandato, sus once ediles son de centro izquierda o de la izquierda alternativa que representa Sí Se Puede (SSP), sin ningún representante de CC o PP (Vox no se presentó ni, de momento, se le espera en 2027).

En realidad, este enorme contraste político no tiene parangón ni en Tenerife ni en gran parte de las comarcas canarias en lo que va de este casi medio siglo de democracia, lo que dice mucho de las diferencias, la historia e idiosincrasia de dos municipios, de por sí, también distintos por múltiples factores, pero a los que apenas separa una media hora en coche.

Diferencia poblacional y la clave de ser un “municipio dormitorio”

Para empezar, hay una importante diferencia poblacional, ya que Santa Úrsula triplica el número de residentes a Buenavista (unos 15.000 frente a unos 4.700), aunque curiosamente tiene sólo un tercio de superficie respecto a su antítesis política: 22,59 kilómetros cuadrados frente a 67,42. Sin duda, esto se explica por la ubicación de ambas localidades y por el gran peso de los espacios protegidos en Buenavista, con zonas como Madre del Agua, Punta Teno, Teno Alto, Masca o Los Carrizales como parajes referentes sin casi población.

Santa Úrsula se sitúa entre la zona de Acentejo (La Matanza y La Victoria, con los municipios previos de El Sauzal y Tacoronte si uno se va adentrando en el Norte) y el Valle de La Orotava (con el Puerto de la Cruz, Los Realejos y la Villa que le da nombre). En los años de la democracia, y aunque comparte con Buenavista un peso importante de la agricultura (aunque mucha más orientada a la vid, frente a las grandes extensiones de plataneras y frutas tropicales de la localidad del Noroeste, que goza de bastante más sol frente a la habitual Panza de Burro del Valle), fue ganando cada vez más población de fuera y asentó ese apellido de “municipio dormitorio” que se ganaron también localidades como Los Realejos.

En este otro municipio, de hecho, también gobierna la derecha (PP) con mayorías absolutas desde 2011, en contraste con el fuerte peso que tuvo el PSOE de 1979 a 2003, con, eso sí, dos mandatos con alcalde de CC (Oswaldo Amaro, primero en pacto con los conservadores, de 2003 a 2007, y con los socialistas de 2007 a 2011, lo que consolidó al actual vicepresidente regional, Manuel Domínguez, como alcaldable por entenderse que se gobernó en su contra y para frenar su subida de dos a seis ediles en 2007).

El gran crecimiento poblacional de Santa Úrsula se refleja en que, en 1981, contaba con unos 8.000 habitantes, cifra que veinte años después apenas había subido a unos 10.800, pero que desde 2021 se asentó en torno a los 15.000. Por el contrario, y en evidente contraste, el padrón actual de Buenavista es el mismo (en torno a 4.800 habitantes) que el de 1981, registrándose un incremento en 1991 (hasta los 5.600), pero volviendo a bajar después hasta esos 4.800. Encima, Buenavista sí tiene costa habitable y visitable (playa de La Arena y campo de golf incluido), en contraste con el casi imposible litoral de Santa Úrsula, muy acantilado con la excepción para el baño del Charco del Negro, cerca de la orotavense playa de El Ancón. 

Un alcalde franquista que marcó el sino político santaursulero

En el caso de Santa Úrsula, en su evolución e idiosincrasia política tuvo mucho peso, sin duda, la figura de su alcalde franquista desde 1965. A Fernando Luis le daban pavor los medios de comunicación y apenas aparecía o hacía declaraciones, pero su respetada figura le permitió continuar en el cargo llegada la democracia y consolidar mayorías absolutas desde 1979. Lo hizo primero (con 11 de 13 ediles y otros 2 para AP: derecha y derecha pura, vaya) bajo el paraguas de la UCD de Suárez (como Manuel Hermoso en Santa Cruz o Paulino Rivero en El Sauzal) y, desde 1983, ya al amparo de las siglas de un partido independiente y localista (AISU), en línea con AIO, en La Orotava, aunque éste necesitó a la izquierda para gobernar desde 1979 hasta 1987 y se convirtió en ATI en ese 83.

AISU sigue gestionando hoy (con el médico Juan Acosta, de La Corujera, parte alta muy proclive a esta formación). Eso sí, AISU siempre ha estado en la órbita de ATI, AIC y, desde 1995, CC, si bien le pone un guion a las siglas y, en más de una ocasión, esconde CC en la propaganda municipal para resaltar el carácter propio, local e idiosincrático de la marca AISU.          

En 1983, AISU logra 8 ediles de 13 y, en la gran ola del PSOE estatal tras octubre del 82, los socialistas consiguen su mejor resultado en Santa Úrsula: cuatro ediles, por uno de la AP de Fraga. Fue el mandato con más ediles de centro izquierda o izquierda. De hecho, desde entonces lo máximo que ha logrado el PSOE han sido dos actas. En 1987, el gran año de ATI en Tenerife (arrebatándole el Cabildo al socialista José Segura con Adán Martín) Fernando Luis sube a 10 ediles, el PSOE baja a 2 y AP, de nuevo obtiene un edil.

En 1991, esa preponderancia de alguien que, al fin y al cabo, venía de la dictadura, toca su punto más álgido, al obtener 12 de los 13 concejales, por uno solo del PSOE, mientras que, en 1995, Luis desciende a 10 (aunque sigue arrasando), el PSOE mantiene su acta, entra ICAN con uno y vuelve a AP (ya PP) con otro. Cuatro años después, AISU sigue a lo suyo y hasta sube un representante (11 de 13), mientras el PSOE obtiene 2 y, en 2003, se produce el histórico relevo en la candidatura de AISU, al que sustituye Ricardo García, otro vecino de La Corujera. En estas elecciones, el panorama se hace más variopinto que nunca y AISU reedita la mayoría absoluta, pero baja a 9, el PP sube a dos, el PSOE baja a uno y entra con fuerza Unión Democrática Independiente de Santa Úrsula (4, la población había elevado ya los concejales a 17). 

UDIS fue una escisión de AISU que no compartía la candidatura de García y, además, entró Alternativa Popular Canaria, con uno. No obstante, y como se ve, la izquierda seguía siendo, y así ha continuado, más bien testimonial. Es verdad que siempre ha existido la discusión sobre si AISU tiene dos almas: la conservadora y la más social, que ha ocupado el espacio que podía haber sido con más fuerza para el PSOE o fuerzas progresistas. De hecho, el gobierno actual cuanta con concejales y concejalas que, con algunas de sus políticas, bien podrían ser concebidas como propias de la izquierda y hasta el propio alcalde fue tentado (y dudó) en 2023 sobre si se unía a NC-Bloque Canarista, aunque AISU jamás se ha acercado a posturas de izquierda de manera oficial, siempre ha compartido carteles con CC y Juan Acosta ha protagonizado algunas posturas sobre el fenómeno migratorio con claro sesgo del peor PP o Vox, seguramente por miedo a perder apoyos a la derecha. 

En 2007, AISU se afianza y sube uno (hasta los 10 ediles), mientras UDIS se desinfla y ya no entra más (2), el PP gana uno (3), el PSOE sigue con una única acta y surge Alternativa por Santa Úrsula (1). Ergo, un panorama aún muy conservador que se agudiza en 2011, aunque con un cambio histórico. El PP de Milagros Pérez León hace una oposición muy activa, se mueve casa a casa en una gran precampaña y campaña, y logra empatar a 8 ediles con una AISU de García que, por primera vez, perdía la mayoría absoluta. Fue el momento más importante del PSOE local, cuyo único edil, Víctor Hernández, se convirtió en llave de gobierno. En un pleno de una tensión y expectación brutal, Hernández se decantó por el PP (sí, otro pacto PSOE-PP, esos que no entiende Pedro Sánchez) y AISU se fue a la oposición por primera y única vez. Eso sí, con el tiempo, tanto Pérez como Hernández fueron condenados a 8 años de inhabilitación para cargo público por contrataciones irregulares.

Desde 2015, AISU vuelve al poder local con Juan Acosta, aunque en su primer mandato lo hizo sin mayoría absoluta (8). El PP de Pérez perdió uno (7), el PSOE mantuvo su acta y entró también Alternativa Democrática de Santa Úrsula-NC-Frente Amplio. El gran año de Acosta fue 2019, al subir a 13, el PP baja a 3 y el PSOE sigue con el suyo, mientras que, en 2023, AISU baja uno, que se lleva Vox (su discurso antimigración caló en ciertos sectores, pero minoritarios) y el PP y PSOE lograron los mismos. 

Buenavista, arraigo obrero y republicano, y cuaje de la izquierda desde 1983

En claro contraste, Buenavista siempre tuvo un gran arraigo de izquierdas, republicano, sindicalista y hasta anarquista, que se remonta a, incluso, el siglo XIX, aunque especialmente en la II República. No obstante, cuando se recupera la democracia, UCD gana las elecciones locales y Francisco García se convierte en alcalde. Sin embargo, esto cambia radicalmente en 1983. Al calor de la ola nacional, el joven profesor local Aurelio Abreu (23 años entonces) logra la mayoría absoluta y lo reedita hasta los comicios de 2007. 

En 2008, cede el testigo a su número dos, Gaspar Lorenzo, con la vista puesta en el Cabildo (donde cogobernó con Ricardo Melchior y Carlos Alonso, de CC, de 2011 a 2019). Lorenzo, sin embargo, pierde ante Antonio Fortes (Sí Se Puede) en 2011, con un ayuntamiento claramente de izquierdas. En 2015, Eva García recupera el poder con un pacto con la única edil de CC, mientras que Sí Se Puede se queda en la oposición con 5, mientras que, en 2019, la situación se voltea y CC da de nuevo la alcaldía a Sí Se Puede, con un PSOE vencedor, pero sin mayoría absoluta. Esto, sin embargo, cambia en 2023, cuando Eva García vuelve a la alcaldía recuperando la mayoría absoluta para el PSOE (7 de 11), frente a los 4 de Sí Se Puede. El pacto con Fortes le pesa a CC, que se queda sin acta y, desde hace varios mandatos, el PP no entra, como sí logró en mandatos de los 80 y 90.

Sin duda, el municipio más de izquierdas ahora en Tenerife que contrasta por completo con Santa Úrsula, del otro signo. Las dos Españas, las dos Canarias, separadas apenas por media hora en coche.      

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado oficialmente el facsímil exacto de Descripción de las Islas Canarias, la obra monumental que el ingeniero renacentista Leonardo Torriani elaboró entre 1588 y 1592 por encargo del rey Felipe II. Esta reproducción artesanal, realizada con absoluta fidelidad al manuscrito original conservado en la Universidad de Coimbra, incluye más de 60 ilustraciones excepcionales: mapas insulares, perfiles costeros, planos urbanos como el pionero de La Laguna en traza renacentista, escenas etnográficas, fortificaciones y trajes tradicionales. Se trata de la primera representación científica, urbana y territorial del Archipiélago, uniendo ingeniería, cartografía, arte y observación naturalista para capturar la geografía, sociedad y defensas canarias del siglo XVI.

Colaboración histórica con Coimbra

La fragilidad del original impide su viaje, pero esta réplica, impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural con motivo del 25º aniversario de La Laguna como Patrimonio Mundial, acerca el legado a la ciudadanía y fortalece los lazos con Coimbra, evocando figuras como José de Anchieta. El alcalde Luis Yeray Gutiérrez la describió como “un puente entre siglos, un gesto de recuperación de nuestra memoria fundacional y un símbolo del compromiso con la conservación del patrimonio”.

João Luís de Jesus Fernandes, subdirector de la Facultad de Letras de Coimbra, celebró el “honor” de esta colaboración que proyecta futuras iniciativas académicas.

Voces expertas en la presentación

El concejal Adolfo Cordobés resaltó su valor como “testimonio extraordinario del pasado del Archipiélago”, herramienta para investigación, divulgación y educación. Katarzyna Zych, conservadora de Papyri Ars, detalló el proceso artesanal página a página, respetando ilustraciones, anotaciones, marcas del tiempo y daños por xilófagos (insectos roedores de madera) para una réplica científica exacta. Néstor Verona, historiador y coordinador, enfatizó: “Torriani no solo dibujó mapas: construyó la primera mirada científica sobre Canarias, configurando su identidad urbana, defensiva y cultural”.

El próximo 15 de mayo se inaugurará la exposición en la Casa Anchieta, y se planean giras por ciudades como Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Teguise o Garachico para compartir este patrimonio con todo Canarias.

El Cabildo de Tenerife gasta unos 4.000 euros de media al día para vender su gestión de los espacios naturales, promocionar la tasa del Teide (que solo afecta a dos de los 41 senderos del Parque Nacional) o colocar en medios de comunicación el proyecto Constelación Canaria de Satélites.

En total, 359.105 euros en publicidad institucional en lo que va de año repartidos entre 42 adjudicatarios a lo que hay que sumar el polémico Día de Tenerife, para el que se anunció inicialmente un desembolso de 48.000 euros que luego la Corporación liderada por Rosa Dávila, de Coalición Canaria (CC), elevó a 70.000.

“Anunciar no es actuar. Ustedes anuncian mucho, pero actúan poco”, le reprochó el consejero Aarón Afonso (PSOE) a Dávila. “Y esa ha sido la tónica de estos tres años de mandato. Porque defender lo público en el Teide es un tema menor, pero ir a hacerse un publirreportaje sobre cómo se construyen las guaguas de dos pisos que llegan a Tenerife… eso es portada en todos los periódicos a nivel nacional”.

El dispendio del Cabildo tinerfeño puede dividirse en 23 tipos de campaña diferentes. La de mayor inversión hasta ahora es la que tiene que ver con el medio ambiente y los espacios naturales. La Corporación de Dávila ha destinado 54.000 euros a divulgar las medidas de prevención y seguridad en estos lugares o informar sobre su “gestión responsable” del territorio pese a las numerosas críticas de grupos ecologistas y sociales.

En segunda posición, con 48.000 euros, se sitúa la promoción de la tasa del Teide, denominada como “ecotasa” por la Administración insular a pesar de que solo se aplica en dos de los 41 senderos del Parque Nacional, los de Telesforo Bravo y Montaña Blanca, afectando a menos del 5% de los visitantes. “No es una ecotasa. Es maquillaje político. La masificación sigue, pero el relato ya está vendido”, ha señalado la organización ATAN en redes sociales.

La tercera partida, con 45.900 euros, tiene que ver con la difusión de renovación de la flota de TITSA, la empresa encargada del transporte público por carretera en la isla. Este gasto incluye un contrato de hasta 14.000 euros para la producción de piezas documentales sobre las nuevas guaguas de dos pisos incorporadas recientemente.

Entre otros desembolsos también destacan los 23.500 euros para promocionar el proyecto Constelación Canaria de Satélites, los 15.000 euros destinados al patrocinio del acto de inauguración del Hotel Taoro (el primer gran hotel de lujo de España), que reabrió sus puertas este curso tras medio siglo cerrado, o los también 15.000 euros para la elaboración de vídeos sobre la construcción de un telepuerto de comunicaciones satelitales.

El principal medio del Cabildo de Tenerife para publicar sus campañas es el periódico El Día, con 42.249 euros. Le siguen la agencia Arco Comunicación, con 28.600 euros, y Santiago Iglesias Arozena, con 26.000 euros. Sorprenden los 16.000 euros destinados a la empresa Unidad Editorial, editora del periódico nacional El Mundo, para divulgar sobre la tasa del Teide, así como actuaciones en materia de transformación, seguridad y sostenibilidad.

El PSOE de Tenerife ha denunciado el “gasto obsceno en propaganda” por parte de la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), mientras la vida se encarece como consecuencia de la crisis internacional. “No se puede pedir más esfuerzo a las familias mientras el Cabildo mira hacia otro lado ante la subida del coste de la vida y dedica cantidades obscenas a propaganda y autobombo”, ha señalado su secretaria general, Tamara Raya.

“Lo que no puede haber es silencio institucional ante los problemas reales y barra libre para la propaganda”, ha agregado Raya.

Para el PSOE de Tenerife, el “modelo de Rosa Dávila” es el de “propaganda para ella, pero ninguna respuesta real para la gente que peor lo está pasando”. Y pone como ejemplos decisiones “tan frívolas como destinar más de 72.000 euros al llamado Día de Tenerife o pagar 1.300 euros del bolsillo de la ciudadanía para que salga en un podcast”.

La formación socialista ha anunciado que ha forzado la celebración de un pleno extraordinario en el Cabildo insular para abordar las medidas que “debe” adoptar la Corporación insular ante la subida de precios, empezando en su opinión por la supresión del céntimo por litro aprobado este año.

San Cristóbal de La Laguna se transformará el próximo 2 de mayo en un gran escenario de juego con la celebración de Ingreso a la Escuela de Magia de La Laguna, el primer Street Escape de Tenerife inspirado en el imaginario de la magia contemporánea.

Impulsada por la empresa Ngaro Games – La Casa de los Enigmas, la iniciativa propone a los participantes asumir el papel de aspirantes a una escuela de magia ficticia y superar un examen de acceso a través de un recorrido interactivo por el casco histórico de la ciudad.

La actividad combina narrativa, ocio y cultura en un formato sin montaje ni alteración del espacio urbano. Equipos de jugadores deberán resolver una serie de pruebas vinculadas al patrimonio histórico y arquitectónico lagunero -desde la interpretación de símbolos o placas hasta la observación de detalles monumentales—-con la ayuda de una plataforma digital que desbloquea vídeos, retos e inventario de objetos.

La elección del 2 de mayo no es casual: la fecha hace un guiño al universo mágico contemporáneo, aludiendo al “gran examen final” que celebran los seguidores de este tipo de historias. “Queremos que la gente descubra La Laguna de otra manera: no como espectadores, sino como jugadores que miran con atención, conectan pistas y viven la ciudad como un tablero narrativo”, explican desde Ngaro Games.

Con esta propuesta, La Laguna refuerza su papel como espacio de innovación en ocio cultural, integrando el patrimonio histórico con las dinámicas del juego urbano y la narrativa inmersiva.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un nuevo episodio de actividad sísmica bajo Las Cañadas del Teide, en Tenerife, donde ha contabilizado desde el pasado viernes 131 eventos de naturaleza híbrida en forma de pulsos, con pequeña energía, acompañados por señales de baja frecuencia.

De esa cantidad total de terremotos, el IGN ha localizado de forma manual 31 eventos, cuyas magnitudes oscilan entre los 0,4 y 1,6 mbLg, a profundidades comprendidas entre los 5 y los 18 kilómetros.

El primer evento fue registrado el 3 de abril a las 22.47 horas y la actividad ha continuado de forma intermitente con eventos hasta el momento, detallan las fuentes del IGN, que recalcan que esta actividad no presenta un patrón repetitivo en forma de enjambres como la actividad observada desde febrero.

Además, ninguno de estos últimos eventos ha sido sentido por la población. El IGN detalla que este tipo de actividad compuesta por eventos sísmicos híbridos acompañados de señales de largo periodo (eventos LP) no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

Recuerda, por lo demás, que como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual los parámetros más destacados.

Con lo que se puede realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.

Por último, puntualiza que debido a la baja amplitud de las señales analizadas, los datos del número de eventos así como el rango de sus magnitudes aún son provisionales, y avanza que cuando se realice un análisis aún más pormenorizado la cifra de eventos podría aumentar.

El colectivo de arqueología social Imastanen denuncia, en declaraciones a Canarias Ahora, la destrucción de dos bienes patrimoniales incluidos en el catálogo municipal del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, por un proyecto industrial de placas fotovoltaicas. Se trata de la casa y la era de Los Molinos, que, según remarca el grupo, han quedado ''totalmente destrozados''.

Los miembros del colectivo critican que, más allá del proyecto en sí, el consistorio no haya hecho nada por proteger estos bienes históricos y etnográficos locales que la propia corporación local incluye entre los valores a preservar por su relevancia y que, por tanto, haya priorizado al máximo la iniciativa empresaria privada en un paraje que, significativamente, se conoce como Los Molinos.

Ante lo sucedido, la entidad presentó una denuncia ante el área de Patrimonio Cultural del Cabildo de Tenerife y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias, documentos en los que exigen ''una inspección inmediata, la asunción de responsabilidades y la paralización de cualquier actividad que suponga seguir borrando rastro de nuestro pasado. No permitiremos que el silencio sea cómplice de la desaparición de nuestra historia'', remarcan.

A su juicio, se trata de “un nuevo y gravísimo atentado contra el patrimonio arqueológico de Tenerife”, en este caso transmitido por un vecino a los integrantes de Imastanen. Lo ocurrido resulta “irreversible” porque los bienes “han sido reducidos a escombros bajo las palas del proyecto industrial Yaco”. 

Según remarcan, la casa Los Molinos era “una vivienda de arquitectura popular canaria, construida con muros de piedra seca y con una antigüedad anterior al siglo XX. Un inmueble que, pese a su estado de conservación, mantenía su estructura de planta rectangular dividida en cinco espacios, testimonio de nuestro pasado”. Por su parte, “la era de Los Molinos” era “una infraestructura de transformación agrícola esencial para entender la cultura del cereal en el sur de Tenerife, que contaba con un diámetro de 20 metros y conservaba su muro de cerramiento original”.

Para el grupo que lidera Sixto García, “resulta inadmisible y doloroso preguntarse cómo es posible que bienes que cuentan con ficha de protección y registro oficial acaben siendo arrasados por la prevalencia del interés privado”.

El colectivo se queja de que se haya ''ignorado sistemáticamente la presencia de estos valores etnográficos en un terreno de 145.415 metros cuadrados, lo que demuestra una ausencia alarmante de vigilancia por parte del Ayuntamiento de Granadilla''. ''¿Cómo es posible que bienes protegidos y catalogados desaparezcan bajo la maquinaria pesada sin que ninguna alerta administrativa salte a tiempo?'', se preguntan.

En este sentido, recuerdan que, ''en el ejercicio de sus competencias, los ayuntamientos están llamados a ser guardianes de su territorio, y, sin embargo, están permitiendo actuaciones que, en muchos casos, carecen de los permisos adecuados para intervenir sobre el legado protegido o incumplen directamente la normativa de patrimonio cultural''.

''La extracción de piedra y el desmantelamiento de estas estructuras se están realizando, presuntamente, sin la supervisión arqueológica que la ley exige. En la zona afectada, además, existía una gran cantidad de material arqueológico en superficie que, sin embargo, no estaba catalogado'', dicen.

Avisos previos al Ayuntamiento

''A pesar de su importancia y de estar georreferenciados con precisión, las palas mecánicas han arrasado con muros y estructuras de piedra seca para dar paso a la instalación de más de 9.000 módulos fotovoltaicos. Pese a haberse comenzado a picar y extraer piedra en el lugar, en la zona no figura ninguna señalización de lo que allí se está llevando a cabo. En su momento, avisamos a la Policía Local, que elaboró un informe que, a su vez, fue trasladado a la oficina técnica del ayuntamiento, teniendo por tanto este último constancia de los movimientos de tierra en marcha, sin que se nos haya notificado más información al respecto hasta la fecha. Se desconoce quién está ejecutando la primera fase de las obras y qué fin está teniendo el material geológico extraído'', se quejan.

Según subrayan, resulta muy preocupante ''la pasividad de las instituciones y que este modus operandi continúe prevaleciendo sobre el legado cultural del pueblo canario, sacrificando nuestra identidad en favor de infraestructuras privadas. El patrimonio no es una carga ni un obstáculo para el progreso; supone el hilo conductor de nuestra historia. La destrucción de estos muros de piedra seca y de estas eras no es sólo una pérdida material, sino un expolio a la memoria colectiva de Granadilla y de toda Canarias. Estamos asistiendo a un proceso en el que el beneficio económico de empresas privadas se impone sistemáticamente al legado cultural del pueblo canario''.

La aparición de carabelas portuguesas ha obligado a izar la bandera amarilla por fauna en tres playas de Santa Cruz de Tenerife. El Centro de Coordinación Operativa municipal (Cecopal) del Ayuntamiento ha recomendado a la población extremar la precaución: ''No las toques, ni siquiera si aparecen muertas, ya que pueden seguir provocando picaduras''.

Las playas donde ha aparecido esta especie son Valleseco, Las Gaviotas y Playa Chica. El Cecopal también ha recomendado seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y salvamento.

''Evita el baño si observas ejemplares en el agua o en la orilla'', indican.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena de un año de prisión y el pago de 1.200 euros más intereses impuesta a una empleada de hogar por un delito de hurto con la agravante de abuso de confianza, por la sustracción de joyas del domicilio en el que trabajaba.

Según la sentencia, la acusada, de 50 años, se aprovechó a finales de febrero de 2023 de que tenía libre acceso a la vivienda, situada en el barrio de Las Delicias de Santa Cruz de Tenerife, para apoderarse sin hacer uso de la fuerza de distintas piezas de joyería que posteriormente vendió.

En concreto, las joyas sumaban 41 gramos de oro, repartidos en dos lotes, por los que recibió 520 euros por el primero y 680 euros por el segundo, cantidades que coinciden con el valor tasado en la joyería donde fueron vendidas.

La sustracción fue denunciada por la hija de la propietaria de las joyas, después de que su padre —dueño de la vivienda— hubiera fallecido.

Tras una primera condena dictada por un Juzgado de lo Penal, la procesada presentó recurso ante la Audiencia Provincial, que ha confirmado íntegramente la resolución inicial.

En segunda instancia, la acusada alegó que las joyas le habían sido entregadas por el propietario antes de morir y sostuvo como prueba que este nunca la denunció, que las piezas estaban guardadas en una caja fuerte y que las vendió sin ocultar su identidad, aportando su documento nacional de identidad.

También afirmó que otra empleada del hogar podía confirmar su versión, aunque durante el juicio no se acreditó dicho extremo, por lo que el tribunal rechazó el recurso.

La Audiencia considera que la acusada no cuestiona las pruebas aportadas, sino su suficiencia para acreditar su culpabilidad, y recuerda que consta acreditada la venta de las joyas el 28 de febrero de 2023, así como fotografías de las piezas en la joyería.

La mujer mantuvo que había alcanzado un acuerdo privado con el propietario debido a su precaria situación económica y a la enfermedad de su hijo, que requería atención médica.

Sin embargo, la hija del fallecido declaró que fue su padre quien le advirtió de la desaparición de las joyas, lo que le causó gran inquietud, y que otra empleada confirmó que no se encontraban en el lugar habitual de custodia, hechos que posteriormente se corroboraron con la venta de las piezas.

Un motorista, de 27 años, ha resultado herido de carácter moderado en una colisión con un turismo a su paso por El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.38 horas de este sábado, en la TF-28, en el término municipal de El Rosario, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el motorista presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo de tórax de carácter moderado.

Seguidamente el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.

El Cabildo Insular de Tenerife ha promovido un acuerdo institucional orientado a fortalecer las medidas preventivas, la coordinación entre administraciones y la preparación de la población ante el riesgo volcánico en la isla.

La iniciativa está incluida en el desarrollo de la Ley de Volcanes de Canarias, aprobada por unanimidad en 2025, que establece un nuevo marco para la gestión de emergencias volcánicas, con la priorización de la anticipación, la seguridad jurídica y la protección de las personas afectadas, indica una nota del Cabildo.

El acuerdo recoge las recomendaciones trasladadas por colectivos de afectados por la erupción del Tajogaite en La Palma, quienes, desde su experiencia, insisten en la importancia de actuar con previsión, transparencia y coordinación institucional ante la evolución de la actividad volcánica en Tenerife.

Entre las principales medidas, el Cabildo insta al Gobierno de Canarias a avanzar en el desarrollo efectivo de la Ley de Volcanes y a garantizar una comunicación clara, periódica y accesible sobre la evolución de la actividad volcánica, en coordinación con el PEVOLCA.

El acuerdo contempla también el impulso de un convenio de cooperación entre el Cabildo, la Federación Canaria de Municipios y los ayuntamientos, para revisar y armonizar los planes municipales de protección civil.

El Cabildo, a través del INVOLCAN, continuará desarrollando acciones formativas dirigidas a la población en materia de autoprotección y evacuación, así como la realización de simulacros en municipios con mayor riesgo volcánico.

Asimismo, se impulsarán campañas para mejorar la seguridad jurídica de los inmuebles y fomentar la cultura aseguradora, así como la incorporación de profesionales de distintos ámbitos para garantizar una respuesta integral ante situaciones de emergencia.

El Cabildo subraya que este acuerdo se apoya en las lecciones aprendidas tras la erupción volcánica de 2021 en La Palma, con el objetivo de anticiparse a posibles escenarios y minimizar su impacto en la población y el territorio.

El Cabildo de Tenerife ha reabierto al tráfico la carretera TF-42 a su paso por Garachico, después del desprendimiento de un muro de un bancal ocasionado por las intensas lluvias asociadas a la borrasca Therese.

Desde primera hora de este viernes, el personal del área de Carreteras ha trabajado de forma ininterrumpida para asegurar el talud, retirando las piedras que amenazaban con caer sobre la vía y garantizando así la seguridad de los usuarios, según ha informado este viernes el Cabildo tinerfeño en una nota.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha destacado el esfuerzo realizado para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y ha agradecido expresamente al alcalde de Garachico, José Heriberto González Rodríguez, y al personal del Ayuntamiento y su Policía Local por su implicación.

La coordinación con la Guardia Civil de Tráfico también ha sido importante en la gestión “de esta grave incidencia”, ha añadido el consejero, quien ha subrayado además la complejidad de los trabajos realizados, pues “no ha sido fácil resolver esta situación sobrevenida”.

La reapertura de la vía permite restablecer la circulación en este importante eje del norte de Tenerife, garantizando nuevamente la movilidad y la seguridad en la zona.

El Cabildo de Tenerife, a través de un acuerdo entre el equipo de gobierno y el PSOE, va a abonar 240.000 euros a Adepac para poder afrontar los gastos de atención a los más de 300 animales que se encuentran en el refugio de Ravelo. La protectora había echado el cierre al no poder costear su labor por la falta de subvenciones de la corporación insular.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha subrayado que “este es un logro importante para el bienestar animal en la isla y una muestra de que la presión social y el compromiso institucional pueden ir de la mano para dar respuestas eficaces”.

Por su parte, el consejero socialista Javier Parrilla ha recordado que no se trataba “de un debate administrativo, sino ante una situación límite que afectaba a trabajadores, voluntarios y, sobre todo, a seres vivos que dependen de una respuesta inmediata”. Así, tras el “no inicial” de CC, PP y Vox, ha valorado que se “ha impuesto el sentido común”.

Parrilla ha subrayado, no obstante, que “desde el 1 de enero lo está pagando todo la asociación, eso suponen 115.000 euros, y el Cabildo debe garantizar que Adepac pueda acudir a la convocatoria y complementar esta cantidad por esa vía”.

Los socialistas insisten en que esta subvención debe servir como medida inmediata para estabilizar el funcionamiento del refugio, al tiempo que reclaman al Cabildo que avance en la ejecución de las obras pendientes en las instalaciones, paralizadas desde 2022, y necesarias para dotarlas de condiciones adecuadas.

Desde el PSOE de Tenerife se felicita a Adepac por su labor y por este avance, que consideran “un logro del conjunto de la sociedad tinerfeña”, y se reafirma el compromiso de seguir defendiendo el bienestar animal “como una cuestión de responsabilidad pública, ética y de salud”.

El grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, no ha aclarado este viernes las razones por las que permitió la presencia de un influenciador en una reunión del Centro Coordinador de Emergencias de Tenerife (Cecopin) durante la gestión de la borrasca Therese, asunto por el que ha preguntado en el pleno insular el consejero del PSOE Javier Rodríguez.

En ausencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y sin que tomara la palabra la consejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, ha sido el director insular de emergencias, Iván Martín, el encargado de responder al consejero socialista.

Iván Martín ha replicado que “lo que importa a la ciudadanía” es la gestión, la cual en su opinión ha sido “un ejemplo sólido de coordinación preventiva, operativa y de aplicación rigurosa del plan de emergencia insular”.

“Utilizar una situación concreta en la que he reconocido públicamente mi responsabilidad intentando sacar rédito político” es “deleznable”, ha dicho Iván Martín al consejero del PSOE, quien le había preguntado quién autorizó el acceso del influenciador, con qué criterio y cuál es la justificación técnica para ello.

En su turno, Javier Rodríguez lamentó que sea el director insular el que responda a su pregunta, porque demuestra que “tenemos una consejera que está desacreditada y también parece desactivada”, en referencia a Blanca Pérez, la cual “no asume la responsabilidad que le corresponde”.

Rosa Dávila y Blanca Pérez deberían saber que el Cecopin “no es un escenario, no es un plató y no es un lugar para generar contenido digital”, dijo. Rodríguez indicó que el Plan de Emergencia de Tenerife tiene un apartado que establece que la información que se difunde de la emergencia depende directamente de la presidenta del Cabildo.

“Únicamente el gabinete de información, a través de un único portavoz y con soporte en los medios de comunicación social y medios propios, está autorizado a transmitir tanto a la población como a los medios de comunicación los datos relativos a la situación de emergencia, garantizando con ello la unidad de la información y que esta sea fidedigna y contrastada”, ha sostenido Javier Rodríguez.

Para el consejero socialista, “no se puede pervertir de una forma tan burda” el Plan de Emergencias por “las personas que deberían ser los primeros garantes de su cumplimiento”.

“Lo ocurrido en el Cecopin no se puede solucionar con disculpas vagas ni con la derivación de responsabilidades, porque cuando uno está en política se pueden delegar las funciones, pero no la responsabilidad”, afirmó