Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) afronta esta recta final de la legislatura como la última en la que ocupará un escaño en el Parlamento de Cantabria, donde tiene acta desde las primeras elecciones autonómicas de 1983. “Yo ya no me presento a nada. Ni de suplente. Es un fin de ciclo biológico. En enero hago 84 años. ¡Ya está bien!”, exclama. Y esta vez sí parece la definitiva. Dará un paso atrás, aunque todavía mantendrá las riendas del partido que puso en pie y que catapultó hasta la Presidencia de Cantabria, ya que tiene previsto continuar “temporalmente” como secretario general del PRC. “Tengo como compromiso el tutelar el partido hasta las elecciones para que no haya ningún tipo de división”, admite el dirigente regionalista, que teme que las primarias que se celebraron para elegir a su relevo como cabeza de lista pasen factura interna sin una figura incontestable como la suya a los mandos.

Pese a que augura unos buenos resultados electorales para su sucesora, Paula Fernández Viaña, y pone en valor a figuras emergentes como el candidato regionalista en Santander, Felipe Piña, al que ve como próximo alcalde de la ciudad, descarta un regreso próximo del PRC al poder en Peña Herbosa. “El próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Van a ser el señor Abascal y el señor Feijóo quienes decidan”, admite el expresidente autonómico. En este momento, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, se muestra “muy preocupado” por los posibles retrocesos democráticos en el país si finalmente la extrema derecha llega al Consejo de Ministros. “Feijóo va a ser un presidente con las manos atadas por Vox”, adelanta. Y sobre uno de los temas candentes de la campaña como es la vivienda, que provocó además la convocatoria anticipada, lo tiene claro: “Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir”.

En un mes se celebrarán las elecciones generales tras el anticipo electoral convocado por Pedro Sánchez y los votantes de Cantabria no tendrán disponible la papeleta del PRC cuando acudan a las urnas. ¿Por qué se ha hecho una renuncia así en un momento como este?

Estas son unas elecciones absolutamente polarizadas como yo no he conocido nunca. La posibilidad de sacar un diputado es muy improbable. Y en el caso de que se sacara, ibas a estar en un Congreso en el que, a diferencia de otras veces en las que hemos tenido representación y el voto podía ser decisivo a la hora de reivindicar para Cantabria, como se hizo en la época de José María Mazón, ahora vaticino que va a haber una mayoría superamplia de Partido Popular y Vox. Eso hace que la presencia de un diputado ahí no tenga trascendencia de cara a la reivindicación de temas para Cantabria. También hemos valorado el hecho de que hay unas elecciones el próximo mes de mayo, y con un mal resultado en las elecciones generales, eso pueda lastrar las aspiraciones de nuestros candidatos municipales y no digamos nada de nuestra candidata a la Presidencia de Cantabria. Hay otro dato que es importante: al no haber concurrido a las últimas elecciones tampoco, no tenemos espacios públicos ni posibilidad de que lleguen las papeletas a todos los domicilios, lo cual nos complica aún más la opción de obtener ese diputado. Con los meses que faltan después de las elecciones generales, creo que estamos en condiciones de reactivar a toda la militancia. La decisión se ha tomado de una forma muy democrática, haciendo consultas a los comités locales y comarcales, y después llevándolo a la Ejecutiva, donde por muy amplia mayoría se decidió no concurrir a estas elecciones. 

Sin embargo, no ha sido una decisión unánime. Este mismo año, en una entrevista en elDiario.es, su candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, fue muy contundente al respecto: “Fue un error que el PRC no se presentara a las elecciones generales en 2023. No puede volver a ocurrir, no podemos dejar huérfanos a nuestros votantes”. ¿Cómo ha sido ese debate interno?

Los argumentos para no concurrir te los acabo de explicar, y los que defendían que sí debíamos presentarnos también son muy respetables, por supuesto. En una elección en la que no tienes la papeleta del PRC se deja huérfanos a miles de militantes y de posibles votantes, no cabe duda. Es un problema que tenemos que intentar por todos los medios reparar en el tiempo que queda de aquí a las elecciones. Debemos explicar a los ciudadanos por qué no hemos ido. Hay una lógica que dice que un partido tiene que ir siempre a unas elecciones, pero cuando las posibilidades son las que son y la situación es de esta confrontación electoral que no tiene nada que ver con ninguna que yo haya conocido hasta la fecha, porque va a ser una campaña terrible, las opciones se diluyen para un partido como el nuestro, que no está en esa dicotomía frontal de izquierda y derecha. Ha habido un debate amplio, sí. Y en la Ejecutiva se tomó la decisión con un resultado de 39-14. Algunos alcaldes sí que eran partidarios de ir, pero hemos actuado de una manera democrática, como es habitual en este partido, donde todas las decisiones se basan en la opinión de los militantes, como fue el caso del proceso que sirvió para dar el relevo en la candidatura que encabezará la lista electoral autonómica en mayo. Se sigue un procedimiento escrupuloso y todo el mundo lo ha acatado, como no puede ser de otra manera.

La libertad de voto, evidentemente, siempre existe, pero en algunas ocasiones los partidos que no se presentan dan indicaciones o señalan la dirección a seguir a sus militantes y simpatizantes. ¿Se va a pronunciar Miguel Ángel Revilla en este sentido antes de las elecciones generales del 29N?

No, no, no. Libertad absoluta, como siempre. No vamos, luego los militantes actuarán en conciencia según su manera de pensar, no puede ser de otra forma. No vamos a dar ninguna indicación de ningún tipo.

Parece muy claro que estas elecciones generales se plantean como un plebiscito sobre Pedro Sánchez. ¿Cómo valora el desempeño de su Gobierno a lo largo de esta legislatura?

Yo tenía una impresión, pero lo que ha ocurrido esta semana en Toledo trastoca bastante las perspectivas. Mi sensación era que el PSOE iba a ganar las elecciones, probablemente. Eso pensaba hasta hace unos días. Es curioso que hay acontecimientos en campañas electorales que cambian de manera decisiva el voto de los ciudadanos. No sé cómo puede afectar esto, pero de alguna manera afectará. Recuerdo el atentado del 11M durante una campaña en la que Mariano Rajoy aventajaba en cuatro puntos a José Luis Rodríguez Zapatero, y cómo la mala gestión que se hizo de la explicación de aquellos hechos provocó un vuelco y que Zapatero ganase por casi cuatro puntos. Yo sí tenía la idea de que el PSOE podía ser el partido más votado, con cerca del 30%, punto arriba o abajo, porque la subida de Vox es imparable y creo que va a superar el 20%. No me parece que la derecha, entre PP y Vox, lleguen al 50%, pero van a estar ahí, en esos números. Lo que está claro es que va a haber un Gobierno presidido por Feijóo y con una Vicepresidencia que será para Abascal. Eso es lo que viene. 

¿Y cree que al PP le puede pasar alguna factura ir tan claramente de la mano de Vox a estas elecciones?

Creo que hay que reseñar que, aunque va a ser el próximo presidente del Gobierno, el liderazgo de Feijóo no se ha consolidado. En unas circunstancias como las que ha pasado Pedro Sánchez en estos últimos cuatro años, donde no ha presentado presupuestos, donde incumplió lo que dijo a los ciudadanos de que no iba a aprobar una amnistía, la dana, los accidentes ferroviarios y con los más incondicionales soportes que tenía de compañeros, uno en la cárcel y otro procesado, su hermano, su mujer… Así se las ponían a Fernando VII. Que Feijóo vaya a tener peor resultado que en las pasadas elecciones significa que su liderazgo está bastante tocado. Por un lado, porque se ha posicionado muy próximo a las teorías de Vox. Muy próximo. Se percibe un volantazo hacia las posiciones de Vox no solo en aceptar sus planteamientos, sino también en el lenguaje. Yo no reconozco al Feijóo que conocí cuando era presidente de la Xunta de Galicia y con el que tengo una buena relación. Hablamos de vez en cuando y se lo he dicho: está posicionado muy próximo a Vox y eso hace que el votante más centrado del PP le deje de votar. O que ya puestos a extremismos, se vaya más al extremo y elija a Vox. Por otro lado, está muy presionado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es una Vox de libro. De libro. Está en el PP, pero mantiene postulados incluso más radicales que Vox en temas fundamentales. Estas dos cosas han desdibujado a Feijóo, que podría haber sido un candidato moderado, de centro-derecha del corte de otros presidentes que tenemos en Europa, como es el caso de Alemania, que gobierna con los socialdemócratas. Ha tomado una deriva hacia la derecha que lo ha desdibujado como líder. El gran problema que va a tener cuando forme Gobierno es que se va a encontrar con un partido que va a sacar muchísimos votos, que va a pasar probablemente de los 70 diputados, y que van a hacer valer esa fuerza para darle la Presidencia. Feijóo va a aceptar la Presidencia a cualquier condición. Como si hubiera necesitado los votos de Junts, con todo lo que ha dicho de ellos, se lo hubiese tragado también. Es su última oportunidad, tiene que ser ahora o nunca. Pasó en el caso de Sánchez, que fue capaz de articular una mayoría tan dispar que siempre dije que iba a salir mal. Se ha traducido en una legislatura en la que sus propios socios han sido desleales la mayoría, más allá de los problemas internos del PSOE. Feijóo va a ser un presidente con las manos atadas por Vox y eso me preocupa.

¿Y qué le preocupa más de la probable llegada de la extrema derecha al Gobierno de España? ¿Cuál cree que puede ser el mayor peligro en ese sentido?

Me preocupan temas fundamentales que han asentado el bienestar de este país: la sanidad pública, la educación pública y las pensiones. Y fundamentalmente, esto último: las pensiones. ¿Qué van a decir en campaña electoral si hay más de 10 millones de votantes que son pensionistas? Van a decir que no se tocan, pero hay declaraciones previas y todos sabemos que Vox eso lo tiene clarísimo. El señor Figaredo ya ha hablado de un modelo mixto. Apuestan por una fórmula que ya se aplica en otros países como Estados Unidos donde los ciudadanos van a tener que hacer algún complemento a un seguro privado para tener su pensión. Y ahí ya sabemos que hay entidades financieras y fondos de inversión que vienen presionando a los partidos de derechas para entrar en esa dinámica, igual que en la sanidad, que ya tiene un volumen de atención que ha ido creciendo en los últimos años. En cuanto gobiernen PP y Vox va a incrementarse esa participación privada en la sanidad. Y en el tema de la educación, prácticamente lo mismo. No apuestan por una educación mixta como la que conocemos y consideramos lógica. Es llamativo cómo en los últimos años han proliferado de manera extraordinaria las universidades privadas. Lo que va a venir será una mayor participación de lo privado en la educación. Esos son los tres temas que me hacen estar muy preocupado del Gobierno que vamos a tener. Básicamente, la manera en la que Vox va a condicionar a Feijóo en estas materias. No hablemos ya en asuntos como la inmigración o de derechos que se han venido conquistando con el tiempo, que tienen que ver con la eutanasia, con la libertad de elección de género y cantidad de medidas muy progresistas que se han ido tomando. Igual que está en riesgo la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque ya vemos cómo actúan con los periodistas que no les gustan o con los medios de comunicación públicos, que quieren entrar con la motosierra. También sobre el salario mínimo, donde el PP está en la línea de la CEOE de que no se suba, lo que va a afectar a mucha gente. No va a ser un Gobierno del PP. Va a estar muy condicionado por Vox, que va a aceptar todas las reivindicaciones de Vox, como han hecho en todas las comunidades autónomas donde gobiernan juntos. Esa es la preocupación que yo tengo y que traslado a los ciudadanos. Lo que viene no me gusta nada, pero el cambio de ciclo está marcado. 

Está resultando llamativa la batalla por el Senado, que tradicionalmente ha sido una Cámara muy poco competida electoralmente. Ahí sí que se detectan claramente dos bloques antagónicos, con listas conjuntas, renuncias en circunscripciones y decisiones más estratégicas que políticas. Parece que detrás de todo está el futuro control de un órgano como el Tribunal Constitucional, entre otras cosas. ¿Qué le parece?

Tengo que ser consecuente con lo que he dicho toda mi vida: yo no iría al Senado ni obligado con una pistola. El Senado es una cámara inútil, pero ojo, porque tiene alguna competencia terrible. Es una cámara de segunda lectura, no puede echar abajo unos presupuestos, es un cementerio de elefantes, donde los partidos políticos colocan a la gente que se queda descolgada. Están muy bien pagados, tienen sus oficinas, sus empleados, para no hacer nada. Es un chollo. El que no tiene otra cosa, acepta si no tiene escrúpulos. Esta legislatura ha servido para ser un tribunal, para intentar juzgar a unos y a otros, en comisiones de investigación absurdas, pero no se ha demostrado allí nada sustancial. Lo que pasa es que, una cámara inútil como el Senado sí puede nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, y ahí está la gran batalla. Es algo que he venido denunciando, cómo los partidos políticos manejan las instituciones judiciales. Es algo increíble. Algo que todos sabemos. Ahora mismo, la composición del Tribunal Constitucional es un freno para las decisiones del Tribunal Supremo, que está dominado por la derecha. Se ha visto recientemente en algunas resoluciones, como la de la amnistía. Eso es lo que les falta al PP y a Vox para tener a unos jueces nombrados por ellos mismos en el Constitucional. Esto es muy preocupante. La experiencia nos dice que las votaciones en estos órganos judiciales reproducen las mayorías de quienes les han nombrado. Esto es una preocupación que hay que sumar a todo lo que he dicho antes. 

La democracia descansa sobre el poder judicial. Si no es independiente, no hay democracia

Que estemos hablando de esto, ¿no supone ya un retroceso democrático en sí mismo en nuestro país?

Esa preocupación se refleja constantemente en las encuestas. Una amplia mayoría de los ciudadanos consideran que las instituciones judiciales están politizadas. Todos sabemos de antemano lo que se va a votar si una materia se aborda en el Supremo o en el Constitucional. Es algo que responde a la inquietud que tenemos los ciudadanos: que la justicia está condicionada por las decisiones políticas. Y eso es terrible, porque la democracia descansa sobre el poder judicial. Si no es independiente, no hay democracia. 

El anticipo electoral se produjo tras el rechazo a los decretos de vivienda que llevó al Congreso el Gobierno de Pedro Sánchez y las movilizaciones que tuvieron lugar en la calle por la situación de la vivienda en España. ¿Cuál debe ser la receta para abordar esta crisis cada día más profunda?

Tal y como está el panorama en España, que es el más enfrentado que he visto en mi vida, es muy complicado. Cualquier cosa que proponga un partido, por razonable que sea, el otro va a decir que no. Esta es la realidad. Respecto a la vivienda, que en estos ocho últimos años no se ha hecho nada, y en los ocho años anteriores de Mariano Rajoy tampoco, yo recuerdo la época en la que fui consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Gobierno de Cantabria y que coincidió en el tiempo con un señor muy sabio y que no me explico que nunca haya sido presidente de España, que es Josep Borrell, que puso en marcha un plan de vivienda que firmamos aquí en Santander, y que me permitió a mí entregar en ocho años 3.500 viviendas públicas. No se ha vuelto a hacer algo así. Ahora mismo en España estamos condenando a tres o cuatro millones de jóvenes a que nunca puedan tener una casa. Imagínate lo que es eso para un país. Ni en alquiler, ni en propiedad. He recuperado mi nómina de 1970. Yo ganaba 14.000 pesetas y un piso en Santander de 80 metros útiles valía 140.000 pesetas. Con el sueldo de un año se compraba un piso. Hoy, un joven, y tengo la experiencia en casa, que gane 1.600 euros y tenga que vivir en otra ciudad, en Madrid o Barcelona, tiene que alquilar una habitación que le cuesta 800 o 900 euros más gastos. Esa persona está condenada a no tener futuro. La juventud no tiene futuro, no se puede ir de casa de sus padres. Y si se va, es para subsistir, pero jamás para tener un horizonte como el que teníamos en mi época. En España, las administraciones deberían ceder suelo gratis para hacer viviendas de protección oficial para personas que lo necesitan y que no puedan vender por lo menos en 30 años. Que no se pueda especular. Otro acuerdo que se puede tomar es quitarle el IVA. Y el impuesto municipal. Haciendo todo eso, se pueden construir viviendas públicas por 100.000 euros, que ya es un precio razonable. Con las nuevas ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno, eso ya permitiría a un joven meterse en una hipoteca que pueda pagar y tener un piso. Pero si tiene que pagar 250.000 euros… es imposible. Sobran solares en España para hacerlo. Faltan ganas de ponerse de acuerdo.

Pero las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y en todo ese proceso que relata intervienen diferentes administraciones…

Eso es. Las competencias están transferidas y exigen poner de acuerdo a administraciones que muy probablemente son de diferente color político. Tienes que poner de acuerdo al Gobierno de España, a las comunidades, a los ayuntamientos… Hay que poner a todos de acuerdo para hacer casas a tutiplén para personas que lo necesiten, con una serie de condicionantes. Se podrían construir un millón en cuatro años. Pero no se puede porque los partidos no se ponen de acuerdo. Si lo propone el PSOE, va a votar en contra el PP. Y si lo propone el PP, va a votar en contra el PSOE. Este es el drama que estamos viviendo en España, que no hay manera de llegar a un acuerdo en algo tan fundamental. Todo el mundo sabe que la explosión social que hay ahora mismo en España es la vivienda.

Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir

De todas formas, construir vivienda no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Está hablando de cuatro años, de una legislatura completa, en el mejor de los casos y con todas las administraciones alineadas, por lo que no daría una respuesta inmediata a un problema que es acuciante. Sin embargo, también hay datos de las miles de viviendas vacías que no están en uso y que sirven como inversión o como segundas residencias y viviendas vacacionales. ¿No sería más rápido empezar por ahí? ¿No es más ágil legislar en ese sentido?

Sí, también. Pero es una respuesta más limitada. Si hacen falta un millón de viviendas, cuanto antes empieces más pronto estarán disponibles. Las cosas que se ponen en marcha tardan en acabarse, pero si no se empieza… no acaban nunca. ¿Vamos a seguir otra legislatura con el mismo problema? Es una explosión. Los jóvenes están indignados. No tienen futuro. Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir.

Aquí en Cantabria estamos viendo una liberalización del suelo rústico para construir vivienda casi en cualquier parte y el impulso a algunos megaproyectos privados como el que se plantea en la zona norte de Santander que generan un importante rechazo social. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que es un camino acertado?

Ya estamos viendo lo que se pretende hacer aquí. Megaproyectos que son pelotazos. Utilizan la figura del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) que se diseñó para otra cosa. Aquí en Santander se plantea arrasar una zona con 9.000 viviendas, una torre de 30 alturas… eso es un disparate absoluto. Espero que si eso llega a los tribunales, un juez diga que un PSIR se hace por un interés general. Eso es lo que hicimos en el polígono de La Pasiega o en Reinosa para construir un hospital. Eso sí, para eso están. No para dar un pelotazo con un complejo hotelero, una piscina de olas, tiendas y no sé cuántas cosas más. A mí me dicen que allí se van a construir 6.000 viviendas de protección oficial y me parece bien. Si son todas protegidas y dan respuesta a un problema que tenemos. Pero no es eso. Es un proyecto para hacer ricos a muchos, con pisos caros que van a comprar gente de Madrid o Barcelona y van a estar vacíos medio año. ¿Quién va a comprar aquí pisos por 500.000 euros? Nadie. Solo servirá para dar un pelotazo.

El urbanismo está siendo uno de los caballos de batalla de esta legislatura, incluso con movilizaciones sociales como la que se ha celebrado este mismo fin de semana. ¿Cree que puede ir a más?

No podemos destrozar Cantabria. Los mayores problemas que yo tuve, que soporté manifestaciones en contra, fue cuando hicimos el Plan de Ordenación del Litoral, el POL. Lo hizo mi consejero Vicente Mediavilla y protege toda la costa, pero si ahora vienen estos señores y ahí, que no se puede hacer nada porque es un suelo rústico, quieren construir y masificar Cantabria, volvemos a la casilla de salida. Además, como Cantabria se ha convertido en un polo de atracción para toda España, por el clima, por las condiciones sociales, esto es una región paradisíaca. El que tiene dinero sabe que esa vivienda, aunque no la habite, en un año se va a revalorizar un 15%, así que volvemos a la época del ladrillo. Así no se soluciona el problema de la vivienda. Eso es un pelotazo urbanístico y es lo que me preocupa de este Gobierno del PP en Cantabria, que está en una deriva que es muy sospechosa. Pero habrá una gran contestación, porque la gente está pidiendo una región que se desarrolle, pero que sea equilibrada y que esto no se convierta en un Benidorm o en una zona de segundas residencias. Vamos a tener una posición muy firme contra todos estos pelotazos que se quieren dar.

Precisamente el turismo parece que empieza a tener muchos detractores como modelo económico de desarrollo para Cantabria, por las dificultades que genera para los habitantes de la comunidad en aspectos como el acceso a la vivienda. Usted que siempre fue un abanderado del eslogan 'Cantabria Infinita', ¿cree que hay que poner límites y buscar fórmulas para minimizar este impacto?

Eso ya está, se acabó. Hay que poner límites. Cuando yo hablaba de Cantabria era porque no la conocía nadie, porque teníamos que desarrollarnos. Eso nos ha permitido tener un aeropuerto con treinta y pico vuelos, tener la Autovía de la Meseta, mejorar nuestras infraestructuras. Era necesario. Ahora mismo yo digo que hasta aquí hemos llegado. Hay que ordenar Cantabria y evitar que se nos vaya de las manos. 

Ustedes se abstuvieron en la investidura de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a cambio de que Vox no entrara en el Gobierno. A la vista de los resultados, ¿cree que fue una decisión correcta o piensa que le puede acabar penalizando electoralmente al PRC?

Lo hicimos en conciencia. Creo que se puede ver la diferencia de talante en la oposición. Yo estuve 16 años como presidente y ya saben la leña que me han dado siempre a mí. Ojalá hubiera sido presidente con una oposición como la que está haciendo el PRC, con una actitud como la que estoy teniendo yo. No se ha agradecido nada. Son unos ingratos. Todavía ahora que intuyen que no habrá presupuestos porque lo han incumplido casi todo se permiten decir que somos un partido “sucio”. Ese es el agradecimiento que se tiene con un partido que, a cambio de nada, les ha permitido gobernar con tranquilidad, cosa que yo no he tenido en mis legislaturas como presidente nunca. 

Ojalá hubiera sido presidente con una oposición como la que está haciendo el PRC, con una actitud como la que estoy teniendo yo. No se ha agradecido nada. Son unos ingratos

No solamente apoyaron la investidura. También han sacado adelante tres presupuestos del PP a lo largo de la legislatura y varias de las leyes fundamentales de este Gobierno. Y ustedes mismos dicen que se han incumplido la inmensa mayoría de los acuerdos con el PP…

¡Pero lo hemos hecho en conciencia! Queríamos evitar la entrada de Vox en el Gobierno. Y es verdad que no ha servido para nada, porque estamos abocados a un Gobierno PP-Vox en la próxima legislatura.

¿Cree que no hay otra alternativa?

¡Si ya está hecho! Si les van a aprobar los presupuestos ahora… Por la vía de la abstención o por lo que haga falta, porque va a llegar la orden de Madrid y ya está. Estos partidos no deciden aquí. Abascal va a dar la orden y se acabó.

¿El PRC se siente engañado por el Gobierno de Buruaga?

Nos sentimos dolidos por la ingratitud de quien no sabe reconocer el gesto que ha tenido este partido, único en España, coherente con lo que yo vengo predicando siempre: que en temas importantes hay que llegar a acuerdos. Y que si se puede evitar un mal mayor, cada partido tendría que hacerlo, aunque le pueda perjudicar electoralmente. No se puede pensar solo en tus siglas, sino en el interés general. Nosotros hemos permitido sacar adelante tres presupuestos y que pudieran seguir gobernando. Al menos hemos conseguido que no tumbaran proyectos importantes que pusimos en marcha nosotros. Fuera de eso no veo nada, solo cosas raras. No han parado proyectos de envergadura para Cantabria. Si hemos salvado eso, habrá merecido la pena. Pero no puedo dejar de estar dolido. Yo no valgo para esto. No valgo. A mí si alguien me hace un favor se lo agradezco. Ni me mencionan. Ni eso. Y luego viene gente como Miguel Tellado a insultarme. ¿A cuento de qué? Si ya no pinto nada, olvídame, que ya no voy a ser rival vuestro. Es mala gente, son gente faltona…

Es casi una tradición que le pregunte por su sucesión al frente del partido. ¿Por qué ha decidido finalmente quedarse como secretario general del PRC y apostar por una bicefalia?

Voy a seguir temporalmente. La previsión es que a final de año, después de que conozcamos el resultado electoral, puedan producirse cambios. Se eligió una candidata electoral con un método novedoso, en el que yo no intervine para nada ni me pronuncié a favor de nadie. Yo era el presidente y podría haber elegido a mi sucesor, pero no lo hice. También te digo que si no se hubiera muerto Rafa de la Sierra, lógicamente la transición estaba cantada. Pero aquí hubo hasta cuatro candidatos y nadie sabe a quién voté yo. Ahí apareció un voto en blanco, no sé de quién será… Yo no quise influir en nada. Se hicieron unas primarias para que se pronunciaran los militantes. Hubo cuatro candidatos. Y esto deja siempre alguna secuela, nos guste o no. La deja en todos los partidos. El que no gana… Podría haberse producido un cisma y no estaba dispuesto. Mi figura es respetada todavía en el partido y se me tiene en cuenta. Yo tengo como compromiso el tutelar el partido hasta las elecciones para que no haya ningún tipo de división y vayamos unidos. Todos debemos arrimar el hombro para sacar el mejor resultado para Paula [Fernández Viaña]. Yo he decidido esto, en contra de mis intereses, porque me iba a jubilar. A pesar de mi edad, tengo muchas expectativas, muchos planes, quiero escribir más libros, todo el mundo me llama y voy a muchos sitios, pero mi obligación es no dejar este partido con riesgo de fracturas. Este será mi papel como secretario general. Pasadas las elecciones, a final del año 2027, a ver cómo estoy físicamente... Tengo algún problema que me están tratando. Lo lógico es que a final del año que viene y con un resultado electoral que dura para cuatro años quede todo encarrilado. Pero yo tenía que quedarme ahora por responsabilidad. 

¿No va a ir en las listas? ¿Ni de manera simbólica?

No, no, no. Yo ya no me presento a nada. Ni de suplente. Ahora, con la convocatoria de las elecciones generales, me decían que tenía que ir yo… ¿Yo? De eso nada. Es un fin de ciclo biológico. En enero hago 84 años. Ya está bien. 

¿Cuál debe ser la aspiración del PRC en las próximas elecciones autonómicas en Cantabria? 

Como mínimo, el objetivo tiene que ser mantener el resultado anterior… ¡Que yo tenía las elecciones ganadas en el mes de febrero! Ahí tengo la encuesta. Bajábamos dos diputados, pero con 12 yo era presidente. Destaparon la trama de ese funcionario corrupto y eso nos llevó por delante. La campaña fue feroz. “La corrupción acorrala a Revilla”, decían. A Revilla, que no ha robado nunca, que su imagen es la de la honradez, la austeridad, la de ser un tío normal… ¡Joder! ¿Revilla corrupto? Nos tocan la línea de flotación. Fueron unos meses horrorosos. En el Parlamento, la oposición del PP fue feroz. Sabiendo que en 3.000 folios de la investigación no existe ni una mención a un cargo político. Fue un funcionario, que tiene que vigilarlos a nosotros, el que se corrompió con tres empresarios. Eso puede ocurrir y es indetectable porque es él el que firma el visto bueno a las obras. Es el jefe de servicio el que tiene la potestad de dar las certificaciones. Así funciona la Administración… Yo no puedo entender cómo se resolvió este asunto, con los empresarios prácticamente limpios y el funcionario que va a salir a la calle en cuatro días, ya lo verás…

¿Y se plantearían entrar en un hipotético Gobierno del PP si dan los números o dan por hecho que es improbable porque el pacto con Vox está hecho?

El próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Ni el PP ni Vox tienen capacidad ninguna de decidir aquí: van a ser el señor Abascal y el señor Feijóo quienes decidan. Como comprenderás, no van a consentir que exista un pacto en todas las comunidades autónomas y en el Gobierno central y que Cantabria sea una isla. Estos señores de aquí no pintan nada. Y los señores de Vox son del PP. Yo les he conocido a todos ahí. Son los mismos. Y Abascal era del PP. Si son ellos, que como en un momento determinado no tenían plaza, crearon un partido. Pero no hay grandes diferencias…

El próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Ni el PP ni Vox tienen capacidad ninguna de decidir aquí: van a ser el señor Abascal y el señor Feijóo quienes decidan

¿Cómo puede afectar al regionalismo la competencia electoral de una nueva formación política como Cantabristas, que también apela a la identidad cántabra y a la defensa del territorio como ejes de su propuesta? 

No lo sé, la verdad. Nosotros tenemos una gran fuerza municipal. Tenemos 35 alcaldes. Vamos a tener un extraordinario resultado en Santander, ya te lo adelanto. Ahí no me equivoco, tengo datos. Hay grandes posibilidades de que Felipe Piña sea alcalde. Por primera vez en la historia de Santander puede haber un alcalde del PRC.

¿Y vincula esa posibilidad al salto de Gema Igual a la política nacional como candidata al Senado en las elecciones generales? ¿La alcaldesa tiene los mismos datos que usted?

[Ríe] Es muy probable. Posiblemente los tiene, sí. Felipe Piña está muy fuerte. Sal con él a la calle en Santander… Está haciendo lo mismo que hice yo en Cantabria antes de ser presidente. Barrio a barrio, recorriendo la ciudad. Yo, pueblo a pueblo. De Aldano a Villaverde de Trucíos. Palparlo todo, cada bache, cada carretera. Hablar con todo el mundo. Eso está haciendo él en Santander. Entra en las casas a preguntar, a escuchar los problemas de los vecinos. Recorre los barrios. Todo el mundo está con Piña, que además es un tío muy preparado. Es un líder. Y es una suerte tener a Piña en el PRC. Un ingeniero de Caminos, joven, con ganas…

Un alcalde del PRC en Santander se convertiría directamente en un serio aspirante a la sucesión de Miguel Ángel Revilla…

[Ríe]. Bueno, no lo sé. Pero no cabe duda que Piña tiene cualidades para cualquier cosa. Está muy preparado y es muy amigo mío, lo conozco muy bien. Fui de los que me mojé y le convencí para que fuera candidato. Tenía su vida resuelta y dio el paso. Lo ha cogido con un entusiasmo que le va a llevar muy lejos. No me equivoco si digo que va a ser un pelotazo lo que va a dar. Si ganamos en Santander y conservamos Torrelavega, no es poca cosa… Y vamos a tener un muy buen resultado en Castro Urdiales, la tercera ciudad por población, donde tenemos 600 afiliados nada menos. 

¿Y hay riesgo de fugas? ¿Alcaldes que den el salto a otros partidos?

No, no. Ni lo hubo en la época en la que gobernó Ignacio Diego, que iban a por todos, que llamaron a todos, ni lo habrá ahora. No se va nadie. El partido está firme. Y esa es la labor que yo tengo: que el partido esté firme para apoyar con todas nuestras energías a Paula. Tenemos un balance histórico irrepetible: ni un condenado por corrupción en nuestras filas. Y hemos estado 24 años en el Gobierno. Creo que puede haber un buen resultado y veo buen ambiente, la verdad.

Una última pregunta más personal. Hacía alusión antes a su compañero Rafael de la Sierra, y este año ha fallecido también otro dirigente histórico del PRC como Javier López Marcano, que estuvo siempre junto a usted. ¿Cómo ha superado esas pérdidas?

¡Joder! [Se emociona]. Me entra una angustia… Siento una especie de soledad… Han sido tantas horas compartidas, tantas historias, tantas batallas que hemos librado… Estoy hablando de Santi Revolvo, de José María Cos, de aquellos que estaban ya cuando éramos pocos... y me estoy quedando solo. Hay muy pocos de mi edad. Es una sensación de soledad… Pero soy optimista. Creo que tendremos un buen resultado, a pesar de que está complicado y la polarización que existe entre los grandes partidos. La gente va a saber diferenciar entre las elecciones de mayo y el gallinero que tenemos montado en las generales.

El Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos ha convocado una manifestación este sábado bajo el lema 'El genocidio nunca cesó. La lucha continúa hasta la descolonización de Palestina', con el respaldo de una treintena de colectivos sociales, organizaciones políticas y sindicatos de Cantabria.

La marcha ha partido a las 12.00 horas de la Plaza Numancia con destino a la Delegación del Gobierno, donde se ha realizado un acto simbólico de respaldo a la población palestina.

El acto responde al llamamiento de la Red de Solidaridad contra la Colonización y la Ocupación de Palestina (RESCOP), que ha mantenido presencia en las calles y plazas de varias localidades del Estado español, al igual que en distintas ciudades a nivel mundial durante todo el mes de octubre.

La manifestación pretende exigir al Gobierno central medidas concretas para poner fin al comercio de armas y la ruptura de relaciones con Israel y exigir a las empresas que dejen de mantener relaciones económicas con este Estado.

Durante la marcha, el portavoz de la movilización, Najaty Jabary, ha explicado que la protesta pretende denunciar que, según los convocantes, la violencia contra la población palestina continúa pese a los acuerdos de alto el fuego. «El motivo es muy simple, es denunciar el genocidio que lleva a cabo Israel desde hace tres años», ha señalado ante los medios. Jabary ha cuestionado que el alto el fuego haya supuesto el cese efectivo de las muertes y ha asegurado que durante el último año se han seguido produciendo más de un millar de víctimas mortales.

El portavoz ha puesto especial atención en las condiciones de vida de las personas desplazadas, muchas de ellas refugiadas en tiendas de campaña y sin acceso a unas condiciones mínimas de seguridad. «Todos los días hay tres o cuatro personas que se mueren en Gaza. Gente que no tiene dónde ir, gente que está en tiendas de campaña», ha afirmado. Jabary también ha criticado la respuesta de los países europeos ante la situación y ha reclamado una mayor implicación de las instituciones para poner fin a la violencia y exigir responsabilidades.

Preguntado por la situación política de Israel y las posibilidades de un cambio de Gobierno, ha aludido a la representación de los partidos árabes en el Parlamento israelí, cuyos diputados, según ha indicado, podrían desempeñar un papel relevante si la oposición decidiera alcanzar acuerdos con ellos para construir una mayoría alternativa a Benjamin Netanyahu.

Carolina Herraiz, secretaria del Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, ha intervenido en el acto estableciendo un paralelismo entre las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista para las mujeres españolas y la situación que viven actualmente las palestinas, especialmente en la Franja de Gaza. En su intervención, ha recordado que el 31 de octubre es una fecha dedicada al recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, y ha defendido que la memoria histórica no debe limitarse a mirar hacia el pasado, sino que también debe servir para interpretar y denunciar las injusticias del presente.

Herraiz ha centrado buena parte de su discurso en la violencia ejercida contra las mujeres y en las responsabilidades que asumen para mantener a sus familias en contextos de guerra. Así, ha recordado que durante la Guerra Civil y la dictadura miles de españolas sufrieron formas específicas de represión y tuvieron que sacar adelante sus hogares en condiciones de hambre, miedo y silencio.

«Durante nuestra guerra y dictadura miles de mujeres sufrieron una represión específica, levantando hogares rotos en medio del hambre y el silencio. Hoy en Gaza ellas sostienen el cielo para que no aplaste a sus hijos», ha manifestado.

La representante del Ágora ha hecho referencia también a las mujeres palestinas que encabezan hogares y que se enfrentan a enormes dificultades para conseguir agua, alimentos y refugio mientras intentan proteger a sus hijos. En este contexto, ha señalado que las mujeres y la infancia representan, según las cifras citadas en su intervención, el 70% de las víctimas mortales en el conflicto.

Paralelamente, Interpueblos ha desarrollado actividades complementarias en Reinosa, donde, hasta el 29 de octubre, se puede ver la exposición fotográfica 'Para contar mi historia', comisariada por Pablo Llorca, que arranca en 1948, el año de la Nakba, y llega hasta la actualidad, así como la proyección del documental 'Espacio menguante'.

El Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria ha reclamado “una mejora inmediata” en la gestión del sistema ferroviario español para garantizar la seguridad de las personas y “la recuperación de la confianza en este sistema de transporte” tras el accidente “de extrema gravedad” de Urda.

La entidad ha informado que, “convencidos de las capacidades técnicas y profesionales con las que cuenta nuestro país”, el Colegio de Ingenieros de Caminos ha constituido el Comité de Seguimiento del Accidente de Urda para que, de manera urgente, “se adopten las medidas correctoras necesarias”.

A su juicio, “no se puede permitir que se repitan los dos trágicos accidentes ferroviarios que se han producido este año”.

En un comunicado, el Colegio cántabro considera necesario “aumentar la eficacia, orientación, planificación y dirección de las inversiones y la ejecución de actuaciones de mantenimiento”.

Además, estima prioritario que las licitaciones de obras de construcción y mantenimiento “no se hagan exclusivamente bajo un modelo de subasta, donde prevalece el precio”. Por contra, considera “fundamental que se incluyan criterios técnicos en las licitaciones”.

En su criterio, “con la información disponible y con la prudencia necesaria”, el accidente se ha podido producir “por una concatenación de fallos técnicos que degradaron el sistema LZB unido a errores humanos”.

En este sentido, ha asegurado que el LZB es un sistema de señalización “eficaz y plenamente válido después de más de 30 años de servicio, siempre que su mantenimiento sea el adecuado para mantener sus prestaciones”.

Cree que no es habitual que el sistema LZB falle, “aunque es posible” y ha manifestado que ese posible fallo, “podría haber generado la toma posterior de decisiones en el centro de operaciones de Atocha, por lo que es necesario, también, reforzar el proceso de mantenimiento de sistemas de enclavamiento como el de Urda”.

Por otro lado, ha incidido en la necesidad de “revisar a fondo” las condiciones de trabajo y la experiencia requerida a los controladores de tráfico ferroviario, así como garantizar “un eficaz relevo generacional, en instalaciones de gran responsabilidad como son los centros de regulación de circulación”.

Para finalizar, y en relación a la sustitución del sistema LZB en la línea AVE Madrid-Sevilla, el Colegio ha aseverado que “no es necesario interrumpir la circulación ferroviaria cuando los sistemas que se están cambiando son compatibles y sustituibles, como es el caso de el LZB y el ETCS que llevan el proceso de sustitución desde hace algún tiempo y cuyas pruebas de funcionamiento del nuevo sistema se están realizando en horario nocturno”.

El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, declarará el próximo jueves, 5 de noviembre, junto a José María Mazón, que fue consejero de Obras Públicas en su Gobierno, tras querellarse ambos contra José Luis Vallines (PP) por un presunto delito de calumnia en una entrevista en un periódico regional en la que se pronunció sobre la trama de Carreteras.

Los regionalistas están citados a las 12.30 horas ante el titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, según el auto dictado por el magistrado en el que admite a trámite la querella y al que ha tenido acceso Europa Press, y que señala que Vallines tendrá que declarar como investigado el día 12 a las 12.00 horas.

Ambos regionalistas se han querellado contra el 'popular', que fue presidente del partido hasta 1995, por sus manifestaciones en un medio de comunicación en octubre de 2025, cuando aseguró que “Revilla sabía lo que estaba pasando con el funcionario de obras públicas”, condenado a siete años de cárcel por amañar contratos tras el pacto alcanzado un mes antes por las partes.

“Es imposible que existiera esa trama sin su conocimiento”, remachó Vallines, para quien en un caso de “corrupción importante” como este “tiene que darse la participación de los dos: un político y un funcionario. En solitario no pueden hacer nada”. “Es imposible que existiera esa trama sin que lo sepan y lo toleren. No me cabe ninguna duda que sabían lo que pasaba porque los propios afectados se iban a quejar”, abundó en otro momento de la entrevista.

La representante legal de Revilla y Mazón -que fue diputado nacional del PRC- subraya en el escrito remitido al juzgado que cuando el querellado realizó dichas declaraciones “ya era público y notorio que ningún responsable político había sido acusado o condenado” en el proceso seguido por este caso.

Según su abogada, las “irrespetuosas e infundadas” manifestaciones vertidas por el querellado “faltan a la verdad y resultan calumniosas”, ya que implican atribuir al expresidente y exconsejero la comisión de un delito de cohecho o de fraude en la contratación (en calidad de autores, partícipes o cómplices, ya sea por acción, omisión o ignorancia deliberada).

A juicio de esta letrada, dichas palabras “exceden del ámbito de la libertad de expresión y han atentado de forma grave contra su honor”, ya que resultan “gravemente lesivas para la imagen pública” de Revilla y Mazón, pues “tratan de manchar su nombre, sus principios, su honradez” y “toda su trayectoria pública”.

La defensa del monitor de Villaescusa acusado de grabar a 51 jugadoras de fútbol en el vestuario del campo de la localidad de La Concha y que se enfrenta a un total de 148 años de prisión que pide para él el fiscal no ha llegado a un acuerdo con las acusaciones en el plazo de un mes dado por la jueza encargada del caso en la audiencia preliminar, en la que tampoco hubo conformidad, por lo que será enjuiciado el próximo mayo, como estaba previsto si no se alcanzaba el pacto.

En concreto, la vista oral se desarrollará los días 5, 6, 7, 12 y 13 de ese mes en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas de Santander, tal y como se señaló en la vistilla. El plazo de 30 días ofrecido entonces por la magistrada finalizó esta semana y las partes no se han puesto de acuerdo, entre otros motivos porque el Ayuntamiento -posible responsable civil- ni la aseguradora han elevado las indemnizaciones a cada víctima.

La audiencia preliminar se celebró el pasado 28 de septiembre en la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander y se descartó la conformidad entre la quincena de representantes legales, aunque se concretaron las pruebas que pide cada parte. Entre otras cuestiones, se acordó que el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández Carral, declare como posible responsable civil y no como testigo, y que se identificara al concejal de Deportes del municipio cuando sucedieron los hechos, entre abril y agosto de 2024, para que fuera citado al plenario.

También se acordó que el representante legal de una entidad que colaboraba entonces en la gestión de las escuelas deportivas municipales y actividades de tiempo libre en el municipio declare igualmente como posible responsable civil y no como testigo.

Por lo demás, la jueza admitió el grueso de la prueba interesada por el ministerio fiscal y el resto de las partes, que incluye las declaraciones de víctimas, agentes de la Guardia Civil -como testigos y peritos-, psicólogas, trabajadoras sociales o forenses, entre otros.

Además de las penas de cárcel que suman los citados 148 años, la Fiscalía también reclama al procesado cerca de 269.000 euros de multa por grabar con su teléfono móvil a medio centenar de deportistas -mayores y menores de edad- en el vestuario de La Concha de Villaescusa, su inhabilitación para trabajar como monitor o entrenador deportivo, así como para cualquier profesión o cargo que implique relación habitual con menores durante el tiempo de condena. Y también que se le prohíba el acceso a instalaciones deportivas del Ayuntamiento, así como a residir en el municipio durante cinco años por cada uno de los delitos.

En concepto de responsabilidad civil, interesa indemnizaciones para las afectadas por el daño moral y secuelas sufridas que van de 1.000 a 5.000 euros y suman 78.000, siendo responsables subsidiarios el Ayuntamiento y la empresa en la que trabajaba el encausado, y con responsabilidad directa y solidaria de tres aseguradoras.

Mientras, las siete acusaciones particulares, que defienden a las afectadas que han deseado personarse en la causa, solicitan penas de hasta 271 años de prisión y 10.800 euros de multa.

El juez instructor, el titular del entonces Juzgado número 4 de Santander, decretó la apertura de juicio oral por 18 delitos contra la intimidad sobre mayores de edad, otros tantos sobre menores, 14 más continuados contra mayores de edad y uno continuado contra una menor. La continuidad delictiva se ha aplicado en aquellos casos en los que el investigado presuntamente grabó a la misma persona en varias ocasiones.

El monitor fue sorprendido mientras grababa en los vestuarios del campo de fútbol de La Concha de Villaescusa vídeos a las jugadoras del equipo visitante, el Club Deportivo Oceja (Santillana del Mar), que se percataron de que había un agujero en el techo y un terminal.

Encontraron en su teléfono grabaciones de las deportistas, tanto locales como visitantes, mientras se duchaban o se cambiaban de ropa después de entrenamientos y partidos.

El monitor fue detenido el 31 de agosto de 2024 y puesto en libertad el 3 de septiembre, tras acogerse a su derecho a no declarar.

El implicado ya fue denunciado en su día por abuso sexual a una menor, de 5 años, durante el ejercicio de sus funciones como monitor deportivo, aunque fue absuelto tras el juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria. Después, el Tribunal Supremo confirmó la absolución por falta de pruebas.

El hombre trabajaba desde hacía más de una década en el club deportivo Villaescusa como utillero, aunque también había desempeñado otras funciones, como entrenador de segunda.

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acogerá este sábado, 31 de octubre, la primera jornada organizada por URA bajo el título “Futuro del sector primario en el norte de España”, un encuentro que reunirá a profesionales del campo de Asturias, Cantabria y Galicia para abordar la situación y los retos del sector.

La programación comenzará a las 11.45 horas con un acto de reconocimiento a las cooperativas ASA, VALCOR y CAMPOASTUR por su vinculación y contribución al sector agropecuario asturiano, especialmente durante los momentos difíciles afrontados por los ganaderos.

A las 12.30 horas tendrá lugar una mesa redonda con la participación del pastor de Ribadesella Esteban Martínez Fonseca; la ganadera cántabra Marta, de Val de Mazo; el ganadero gallego Roberto López Rivas, de Agromuralla, y el pastor y quesero de Onís Nel Cañedo Saavedra. El debate estará moderado por el periodista de Agrogestiona Rafa González.

La jornada pretende servir como espacio de encuentro y reflexión sobre el presente y el futuro del sector primario en el norte de España.

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha criticado que los Presupuestos Generales para 2027, registrados este viernes en el Parlamento por el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), son “electoralistas, faltos de ambición y vacíos de políticas eficaces” y han sido elaborados “para no ser aprobados”.

En un comunicado, la regionalista ha apuntado que cuando un Gobierno está en minoría, “debe sentarse a negociar antes de elaborar los presupuestos si quiere asegurar su aprobación”, pero el PP “ha vuelto a elegir lo contrario” y ha presentado unas cuentas “cerradas para las que solo busca la adhesión, una actitud inadmisible y que solo puede conducir a la paralización de Cantabria”.

Así, ha lamentado que su primera valoración es “muy negativa”, puesto que llega al Parlamento “con la misma actitud prepotente que provocó la devolución del presupuesto de 2026 y obligó al Gobierno a negociar cuatro meses después”.

Respecto a su contenido, ha opinado que el documento incluye “más propaganda electoral que soluciones a los problemas de Cantabria” y ha considerado “contradictorio e inaceptable” que, con un incremento total superior a los 211 millones de euros, las inversiones retrocedan un 14,3 por ciento, con 77,38 millones menos, mientras el gasto corriente aumenta en 257,39 millones.

“Con más dinero que nunca, la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, dedica menos recursos a impulsar el futuro de Cantabria y reduce la capacidad para transformar la economía, mejorar los servicios públicos y asegurar oportunidades en todos los municipios”, ha apostillado.

Aunque ha reconocido que la finalización de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) influye en esa evolución, Fernández Viaña ha criticado que el Gobierno no haya previsto alternativas para compensar la pérdida de alrededor de 100 millones de financiación europea destinada a sectores estratégicos.

Asimismo, ha cuestionado que los incrementos en áreas como Sanidad y Educación se destinen fundamentalmente a cubrir gastos de personal, “sin avanzar en mejoras necesarias para los cántabros”.

Aunque el PRC respalda la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, los docentes y, en general, los empleados públicos, Fernández Viaña ha exigido a la presidenta que explique cómo se traducirá ese esfuerzo económico en una mejor atención a los ciudadanos, porque “más dinero en manos de quien ya ha demostrado que no sabe gestionarlo no garantiza por sí solo mejores servicios públicos”.

También ha expresado su preocupación por “la falta de impulso” a los sectores económicos estratégicos, especialmente la industria, la innovación y el empleo, ante el “retroceso” previsto en el programa de innovación industrial y la congelación del presupuesto del Servicio Cántabro de Empleo.

Igualmente, ha señalado la caída en más de un 12 por ciento en el presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, “un retroceso que se suma a la preocupante falta de dirección política estable y los continuos cambios de altos cargos”.

Por lo que se refiere a la política fiscal, ha vuelto a considerar “insuficiente” la deflactación del 5% anunciada por la presidenta, frente al incremento del 25,14% previsto en las partidas de ingresos por IRPF, que pasan de 846,88 a 1.059,82 millones.

“Los cántabros van a aportar muchos más recursos a las arcas públicas, pero Buruaga se resiste a devolverles una parte suficiente de ese esfuerzo para aliviar el aumento del coste de la vida”, ha lamentado.

Por todo ello, la candidata ha considerado que este presupuesto es “una pantomima, que no responde a las necesidades de Cantabria y solo demuestra el agotamiento de un Gobierno que piensa más en las próximas elecciones que en el futuro de la Comunidad Autónoma”.

El Gobierno de Cantabria ha certificado ya casi el 100 por cien de la anualidad prevista este 2026 en el proyecto de mejora integral de la carretera del puerto de Lunada, por importe de 1,69 millones.

Pero dada la situación meteorológica y el buen tiempo que está haciendo, el Ejecutivo va a aprovechar para “meter más dinero” en la obra, del montante previsto el próximo ejercicio, y adelantar así la ejecución de los trabajos. La idea es que a final de año esté realizado casi el 80% del proyecto, por unos 2,3 millones euros.

La actuación en la carretera CA-643 entre San Roque de Riomiera y el puerto de Lunada arrancó el pasado mes de mayo con un presupuesto global de 3,4 millones que permitirán reforzar la seguridad vial a lo largo de 12 kilómetros de esta vía de montaña, en el tramo comprendido entre la localidad de La Concha y el Portillo de Lunada.

Entonces, el objetivo del Gobierno regional es que las obras puedan estar terminadas a lo largo de 2027. El proyecto responde al compromiso adquirido tras el accidente registrado en marzo de 2025 en esta carretera en el que fallecieron cuatro jóvenes madrileños.

En concreto, los trabajos contemplan la ampliación de la calzada hasta alcanzar los cinco metros de anchura en gran parte del recorrido, la construcción de nuevo drenaje longitudinal, la ejecución de varios muros de escollera, la renovación del firme y la instalación de balizas de nieve a ambos lados de la calzada; así como nueva señalización horizontal y barreras de seguridad en toda la carretera, desmontables en las zonas expuestas a aludes.

Una mujer que se enfrenta a cuatro años de prisión que pide para ella Fiscalía de Cantabria por apropiarse de 151.300 euros que extrajo de las cuentas de su tía anciana, de 85 años y que vivía sola, será juzgada el 20 de enero de 2027 a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

La vista oral se celebrará en esa fecha después de concluir sin acuerdo la audiencia preliminar desarrollada esta semana en la la misma Sala.

Según el escrito del ministerio público, la acusada era la encargada de gestionar las cuentas de la víctima: figuraba como autorizada y disponía de los medios para realizar operaciones a través de banca online.

Así las cosas, “sin autorización, ni consentimiento, ni conocimiento” de la octogenaria y “con la intención preconcebida de obtener un beneficio económico ilícito a costa del patrimonio ajeno”, la implicada realizó alrededor de 250 transferencias desde cuentas de su tía a otras suyas por un importe total de 151.290 euros.

La acusación particular añade en su escrito que fueron otros dos sobrinos los que, a raíz de un agravamiento de la situación económica de la mujer, que inicialmente contaba con 293.300 euros, consultaron los movimientos de dinero y constataron “la existencia de numerosas salidas de dinero que no se correspondían ni con los gastos ni con el estilo de vida de su tía, lo que fue verificado por esta”.

Según la acusación, la enjuiciada reconoció los hechos ante su tía y se comprometió a devolverle el dinero, pero después trasladó su domicilio a otra provincia y desde entonces no ha vuelto a tener noticias de ella.

Para la Fiscalía, es autora de un delito continuado de apropiación indebida, merecedor de cuatro años de prisión y 2.700 euros de multa. Pide, además, que indemnice a su tía en la cantidad sustraída. La acusación particular, por su parte, eleva la petición de pena a cuatro años y cinco meses de prisión, 3.000 euros de multa y una indemnización por el valor de la cantidad apropiada indebidamente.

Más de ocho mil personas, entre proclamas, panderetas, coplas y caricaturas del consejero Roberto Media, han plantado cara a la especulación urbanística en el pueblo cántabro de Villaverde de Pontones en una manifestación contra el proyecto privado para construir una piscina de olas de surf que tramita el Gobierno de Cantabria a través de un PSIR, la figura urbanística que permitirá recalificar y expropiar suelo rústico para levantar el complejo deportivo y turístico.

El Ejecutivo del PP justifica la operación por el interés general. “No puede existir interés general si existe rechazo general”, ha proclamado Paulu Lobete, secretario general de Cantabristas -la formación política que ha organizado la convocatoria junto a los vecinos y que, antes de empezar, ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario.

“Nadie ha pedido una piscina de olas artificiales en Villaverde de Pontones, nadie quiere más proyectos como este que atraen masificación turística”, ha respondido al Gobierno de Cantabria. “Esto es un basta, y un punto de inflexión frente a una iniciativa contraria a los intereses de Cantabria”, ha remachado.

La manifestación salió desde el cruce del centro del pueblo, donde se había instalado un escenario. Allí estaban convocados los medios de comunicación por los organizadores para escuchar una declaración de Cantabristas, acabada la cual se acercaron a los micrófonos el alcalde del pueblo, Raúl Ruiz, -a quien los vecinos forzaron hace dos días a ponerse de su lado y en contra del PSIR- y la candidata a la presidencia de Cantabria, Paula Fernández. Cuando los regionalistas empezaron a hablar recibieron una sonora pitada por parte de los manifestantes. Después, desplegaron una pancarta del Ayuntamiento y de la Junta Vecinal con el lema 'No al proyecto Olucas' encabezando la manifestación. Finalmente, la protesta echó a andar con la pancarta de la organización en primera línea: 'Cantabria se defiende, no al PSIR Olucas', sin ningún nombre de partidos, instituciones o colectivos.

Los vecinos de Villaverde de Pontones han recibido una abrumadora ola de solidaridad ciudadana contra el complejo turístico y deportivo privado a siete kilómetros de las playas de Somo y Loredo, que necesitaría 30.000 metros cúbicos de agua cuando el municipio que sufre restricciones en verano. Una pareja se ha sumado a la marcha reivindicativa desde Llanes - “vemos lo que está pasando con el turismo en Cantabria y hay que defenderse”, dicen- otros grupos de amigos y familiares desde el País Vasco que corean con contagiado entusiasmo: 'El que quiera Olucas, que se vaya a La Maruca“.

La manifestación se ha convertido, sobre todo, en el epicentro del rechazo de los ciudadanos cántabros hacia todos los PSIR que está impulsando el Gobierno de Cantabria y que han herido profundamente a varias zonas del territorio cántabro, con la presencia de los colectivos de vecinos afectados por el PSIR de Real de Piasca, en su mayoría vecinos de Rucandial; los de Laredo, Astillero y los de Las Excavadas de Torrelavega. Todos ellos se han unido contra la política urbanística de la presidenta Buruaga y el consejero Media. “Están solos con el promotor de este proyecto en su capricho imposible”, ha manifestado Lobete, que les ha acusado de estar promoviendo una iniciativa que es “un esperpento” y “lo contrario a lo que Cantabria necesita”.

“No se puede tramitar un PSIR sin tener el dinero para la inversión y sin tener la titularidad de los terrenos” -ha reprochado Gloria, la representante de los afectados- “Esta figura se está usando de manera arbitraria por este Gobierno para echar a la gente de sus pueblos”. “No puede ser que a promotores privados les den las herramientas para echarnos de aquí”, ha subrayado.

Para la Asociación de Afectados por el PSIR 'Olucas Surf Center' ha sido “una jornada histórica”. “Ha sido la voz de un pueblo y de una comarca que se niegan a que su suelo se convierta en objeto de especulación”, consideran. Dicen que la manifestación de este sábado “no es el final”, sino el punto de partida de una lucha que continuará “por todas las vías legales, sociales e institucionales”.

La Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR 'Bosques de Santander' ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la situación de “indefensión, opacidad y vulneración de derechos constitucionales” que, a su juicio, están sufriendo las familias tras el anuncio del “macroproyecto” residencial promovido por la empresa Real de Piasca.

En un comunicado, el colectivo vecinal ha lamentado la estrategia de “desinformación” llevada a cabo por las administraciones, tras mantener reuniones con el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y los representantes de la promotora, puesto que, según ha asegurado, la respuesta obtenida ha sido “el silencio documental”.

“Ninguna de las partes ha facilitado planos ni especificaciones técnicas bajo el pretexto de que el proyecto se encuentra en fase de redacción y no ha sido registrado”, ha subrayado.

En este sentido, los afectados han considerado “inadmisible” que un plan que prevé levantar hasta 7.850 viviendas se difunda “masivamente” a los medios de comunicación mientras formalmente se oculta a los propietarios legítimos del suelo.

En su escrito al Defensor del Pueblo, la asociación se ha adherido explícitamente a los fundamentos técnicos expuestos por el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, Román San Emeterio, que, según ha informado el colectivo, “criticó abiertamente el uso del mecanismo del PSIR para un monocultivo residencial privado”.

Ante ello, los vecinos han denunciado que esta fórmula hurta las competencias urbanísticas municipales, evita la necesaria redacción de un nuevo Plan General (PGOU) y anula la participación ciudadana.

“La sombra del proyecto ya está provocando graves perjuicios económicos y morales en barrios históricos y consolidados como Rucandial, San Román, La Llanilla, La Candia, Ojaiz, Lluja y Bezana”, han criticado los vecinos.

Así, la asociación ha señalado que se ha producido una devaluación patrimonial “inmediata” y un “bloqueo inmobiliario de facto”, ya que el temor a las expropiaciones paraliza cualquier reforma, inversión o transmisión de las viviendas.

A esto, según ha explicado, se suma “el grave impacto psicológico y la ansiedad crónica” que sufren las familias ante la amenaza de perder sus hogares y su arraigo de toda una vida.

Por todo ello, los vecinos han solicitado la intervención “urgente” del Defensor del Pueblo para que obligue al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander a entregar de inmediato toda la documentación existente y a paralizar cautelarmente cualquier tramitación de este PSIR, garantizando que el desarrollo de la ciudad respete la propiedad privada y se canalice a través de las vías democráticas ordinarias.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), provocó cierto desconcierto cuando anunció el pasado mes de junio, con toda solemnidad desde la tribuna del Parlamento y en pleno Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, la construcción de una piscina gigante de olas artificiales para hacer surf a siete kilómetros de las playas de Somo y Loredo, referentes de la práctica de este deporte.

Para ello, el Gobierno de Cantabria tendrá que recalificar 100.000 metros cuadrados de terreno rústico –sobre un yacimiento paleolítico protegido– y expropiará algunas parcelas si sus propietarios no llegan a un acuerdo con el promotor privado de este macrocomplejo hotelero, que solo tiene el 70% del suelo que necesita. Seis parcelas, según calculan los vecinos y afectados directos.

El debate de fondo es la necesidad de un proyecto de este tipo, en una comunidad con más de 200 kilómetros de costa y 80 playas, algunas de ellas referentes en la práctica del surf. De hecho, Cantabria cuenta con cuatro reservas naturales de surf: Ribamontán al Mar, Suances, Noja y San Vicente de la Barquera.

La operación urbanística impulsa un proyecto privado que, en realidad, es un resort de lujo, un complejo turístico y deportivo con un gran lago –que necesita cada año el agua equivalente a 10 piscinas olímpicas–, alojamientos, restaurante, bar, tienda, terrazas y aparcamiento. Todo eso se mete en mitad de un pueblo de 470 habitantes, Villaverde de Pontones, sin agua suficiente ni accesos adecuados, más allá de un estrecho vial que atraviesa el barrio Trapa, perjudicado por el proyecto que ha puesto en pie de guerra a los vecinos.

La piscina de surf ocupa menos de la cuarta parte del proyecto total, con una extensión equivalente a más de diez campos de fútbol. “Es un negocio para unos pocos”, denuncian los vecinos que han constituido una asociación de afectados.

Cuatro meses después, la iniciativa ya ha sido catalogada de “interés público” por el Gobierno del PP entre los recelos de los vecinos y de muchos colectivos, que han organizado una concentración de protesta este sábado 31 de octubre, y que no entienden cómo una instalación turística privada con acceso de pago puede ser considerada así. “La comunidad surfera no equivale a interés regional”, rebaten. Además, consideran que Cantabria ya es un referente de surf “con olas reconocidas internacionalmente”, apuntan. “Debe justificarse qué valor público añade una instalación artificial”.

Lo cierto es que como la normativa municipal no permite la operación urbanística, el Gobierno ya ha aprobado inicialmente el PSIR (Plan Singular de Interés Regional), una figura administrativa que le permitirá recalificar el suelo y que deja al Ayuntamiento de Ribamontán al Monte al margen de la operación.

El proyecto 'Olucas' supone la expropiación de terrenos privados en el barrio Trapa de Villaverde de Pontones, en Ribamontán al Monte, porque el promotor no tiene la propiedad de todas las parcelas sobre las que se construirá el complejo turístico-deportivo. Los afectados –que defienden el patrimonio rural, paisajístico y cultural– argumentan que no necesitan una piscina artificial para atraer visitantes. “Necesitamos conservar lo que nos hace únicos”, proclaman los carteles difundidos por los vecinos contra el PSIR del Gobierno de Cantabria, que exigen que alguien explique por qué el proyecto necesita una tramitación urbanística excepcional respecto al planteamiento ordinario municipal.

La movilización de los vecinos confluye en una manifestación en contra del proyecto, convocada por la formación política Cantabristas, este mismo sábado a las doce de la mañana en Villaverde de Pontones, bajo el lema 'Cantabria se defiende'. La protesta –que hará un recorrido por los terrenos afectados– planta cara al macrocomplejo turístico de olas artificiales, a la especulación urbanística, a la masificación turística y a la destrucción del territorio.

“El Olucas Surf Center es un caso más de cómo la especulación y la turistificación quieren convertir Cantabria en un resort turístico, pasando por encima de quienes vivimos aquí todo el año”, cuestionan desde Cantabristas.

Consumo de agua

Uno de los aspectos más polémicos es el consumo de agua, en un municipio donde este verano ha habido restricciones de agua en uno de sus pueblos, Liermo. Según el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), no hay que preocuparse porque “será como llenar dos piscinas convencionales”, dijo en sede parlamentaria. La realidad es que necesita cada año el agua equivalente a 10 piscinas olímpicas, según los propios informes consultados por elDiario.es.

La información aportada por la promotora confirma que el lago requerirá de unos 30.000 metros cúbicos de agua y precisa que esta operación se necesita hacer una vez al año “para mantener el nivel de agua estable” y “compensar la evaporación”. “Lo que corresponde a una llenada durante todo un año”, matiza el documento. “Es necesario conocer la demanda anual total y su origen”, añaden los vecinos.

La segunda cuestión son los accesos al complejo turístico que tendrán que hacerse a través del pueblo, por el estrecho vial que atraviesa el barrio Trapa y que resulta insuficiente para canalizar a la puerta de las viviendas el tráfico de vehículos que pronostican las expectativas: 200.000 visitantes al año. Lo que, en opinión del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, implica construir otro acceso independiente “que evite el paso del tráfico generado por el mismo por el núcleo de Villaverde de Pontones”.

'Olucas' se realizará en un municipio con una fuerte movilización social contra el proyecto de instalación de la macroplanta de tratamiento de purines y otros residuos para su transformación en biometano y biofertilizante orgánico, promovido por la empresa Verdalia Bioenergy en el pueblo de Praves, en Hazas de Cesto, con una inversión de 25 millones de euros.

La promotora busca financiación

El promotor califica la iniciativa urbanística como un “modelo de desarrollo basado en la diversificación de usos y actividades, con distintas líneas de negocio complementarias”: piscina, restaurantes, tienda para alquiler y venta de material deportivo, zona para impartir formación, recepción y vestuarios, zona de eventos, un “graderío natural”, aparcamiento público y privado, escenario al aire libre y alojamiento tipo 'glamping' (acampada con 'glamour') tipo bungalows. En el proyecto se definen como cabañas para entre dos y seis huéspedes.

El proyecto privado se registró oficialmente media hora antes de que comenzase el Debate de Orientación Política de finales de junio en el Parlamento de Cantabria, donde la presidenta María José Saénz de Buruaga lo anunció oficialmente. 

La promotora de la piscina de surf, Olucas Cantabria Sociedad de Responsabilidad Limitada, se constituyó hace poco más de un año, en mayo de 2025. La sociedad, que figura a nombre de Ignacio Martínez-Peñalver como socio único, se constituyó con el capital social mínimo de 3.000 euros e hizo una ampliación de 85.000 euros una semana antes de hacerse público el proyecto.

Respecto a la financiación del proyecto de la piscina de surf en Villverde de Pontones, el propio documento que registró oficialmente admite que se está buscando los 43 millones de euros que necesita, y reconoce que se están manteniendo contactos “con inversores privados de primer nivel” con experiencia en el sector turístico, inmobiliario y de ocio, si la movilización política y social no consigue evitarlo.

El Obispado instalará una carpa con capacidad para 600 personas en la plaza de Alfonso XIII de Santander para seguir la retransmisión de la ceremonia de beatificación de 80 religiosos considerados mártires de la Guerra Civil por la Iglesia Católica.

Un acto que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en la Catedral de la ciudad que, junto a la cripta de El Cristo, se ha reservado para los familiares de los beatos.

La causa está encabezada por Francisco González de Córdova, párroco de Santa María del Puerto, en Santoña, encarcelado en el buque prisión Alfonso Pérez. Junto a él serán beatificados 67 sacerdotes diocesanos, tres religiosos carmelitas, tres seminaristas y siete laicos, entre ellos cinco miembros de Acción Católica, un juez de Primera Instancia y un maestro católico.

El Papa reconoció su 'martirio' el pasado mes de mayo, en un decreto que reconoce que fueron “asesinados por odio a la fe” entre 1936 y 1937. El proceso lo inició el obispo santanderino José Vilaplana y lo terminó su sucesor, Manuel Sánchez Monge.

La ceremonia de beatificación del sacerdote Francisco González de Córdova y 79 compañeros 'mártires' comenzará a las 11.00 horas y estará presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en representación del Papa León XIV. La misa será emitida en directo por TRECE televisión.

El Gobierno de Cantabria (PP) ha mostrado su desacuerdo con el balance realizado por PRC sobre el grado de cumplimiento del pacto presupuestario de 2026, en el que se considera incumplidas por ahora casi el 70% de las actuaciones acordadas. “Las cifras no son esas”, ha asegurado el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, que cree que “ahora no tocan esas pantomimas”.

A preguntas de la prensa, ha señalado que en la reunión mantenida esta semana por la comisión de seguimiento del pacto, le dio la “sensación” de que los tres independientes designados por el PRC -el catedrático José Villaverde, María Terán y Fernando Saldaña- acudieron ya con el informe “ya hecho”.

Agüeros, que fue uno de los miembros designados por el PP para esta comisión, ha explicado que el encuentro celebrado el martes fue “súper cordial”. En el mismo, se puso a los representantes del PRC ejemplos de cuestiones que, para el Gobierno, no son incumplimientos o al menos “no imputables” al Ejecutivo y en su informe esto “no lo han tenido en cuenta”.

Como ejemplo, el consejero ha puesto una inversión en Luena para el agua, que el alcalde, el regionalista José Ángel Ruiz, ha rechazado.

“Primera pregunta ¿Esa actuación está cumplida, sí o no? No, no está hecha la inversión. Segundo: ¿ese incumplimiento es imputable al Gobierno o no si es el propio alcalde el que no quiere la obra?”, ha cuestionado.

También se ha referido a la partida de 53.000 euros pactada con el PRC para la actividad del Consejo Económico y Social que fue incluida en el presupuesto.

Sin embargo, “no se pasa ningún gasto, es decir no se ha gastado nada, y lo consideran como un incumplimiento”. “¿Nosotros no hemos cumplido pintando los 53.000 euros en la partida, ¿sí o no? Si no se nos pasa gasto y no se ha gastado, eso es un incumplimiento?”, ha aseverado.

Por otra parte, ha explicado que otra actuación pactada con los regionalistas es relativa a una depuradora en Viaña (Cabuérniga), que tiene el proyecto “preparado para licitar pero faltan unos permisos”. “¿Eso es un incumplimiento, si el Ayuntamiento de turno no te pasa los permisos”, ha continuado.

En cuanto a los 5 millones para incentivos industriales para Campoo y el Besaya, el consejero ha asegurado “que no hay demandas de ayudas” y cree que “hay que buscar otra fórmula mas atractiva a las empresas” para que se instalen allí.

Agüeros ha asegurado que está dispuesto a sentarse con “alguien que tenga poder para interpretar las partidas presupuestarias” y repasar “una por una”. “Ya les digo yo que las cifras (de incumplimientos) no son esas”, ha aseverado.

Además, ha apuntado que aún quedan dos meses de ejecución presupuestaria de unas cuentas que entró en vigor en mayo y “va a haber mucha mejora en esas cifras” de cumplimientos.

Agüeros ha realizado estas afirmaciones, cuestionado por los medios de comunicación, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el proyecto de Presupuestos para 2027 tras haberlo registrado en la Cámara para iniciar su tramitación.

Según el balance de cumplimiento presentado por el PRC el jueves, de las 131 actuaciones pactadas, solo 43 están cumplidas, lo que supone el 32,8%, y 88 pendientes aún (70 incumplidas y 18 en trámite), que significa el 67,2% del total.

La Policía Nacional ha detenido en Torrelavega a un hombre por, presuntamente, grabar a una mujer en el baño de un establecimiento hostelero de Santander.

Los hechos tuvieron lugar la noche del sábado 17 de octubre. Sobre la 1.00 horas del día siguiente, la Policía recibió la llamada de un hombre que explicó que, horas antes, cuando su esposa se encontraba en el baño de un establecimiento del centro de Santander, había sido grabada con un teléfono móvil a través de la rejilla de la ventana.

Posteriormente, ese mediodía, la víctima acudió a la Comisaría de Delicias, en Valladolid, para presentar una denuncia por esos hechos.

Además de lo aportado por su marido, la mujer señaló que cuando observó que una mano sujetaba un teléfono móvil al otro lado de la rejilla de la ventana del baño, con la cámara orientada hacia el interior, cogió un palito aromático de un ambientador y lo utilizó para golpear con él en la mano de la persona que sujetaba el teléfono, lo que provocó que lo retirase, y se lo comunicó al personal del establecimiento.

Por otro lado, el 20 de octubre, un responsable del citado local acudió a una comisaría de Santander para denunciar los hechos ocurridos el sábado anterior y precisó que la ventana del baño da a una zona de almacén del negocio.

El análisis de las denuncias y las diligencias realizadas por los investigadores permitieron identificar al denunciado.

Finalmente, en la mañana del 27 de octubre, los agentes localizaron al investigado en Torrelavega, donde fue detenido como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Tras declarar en dependencias policiales, el detenido fue puesto en libertad, aunque se le advirtió que debe comparecer ante el requerimiento judicial.

Concluida la investigación policial, el atestado fue remitido a la autoridad judicial.

El Grupo Parlamentario Regionalista ha solicitado la comparecencia de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), en el Pleno del 9 de noviembre para que explique el “macroproyecto” urbanístico 'Bosques de Santander', que su Gobierno pretende impulsar mediante un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) en suelo rústico de especial protección y que afecta al barrio santanderino de Rucandial y zonas de Bezana y Camargo.

Así lo ha anunciado este viernes la candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, quien espera que la presidenta acuda a la Cámara, “dé la cara y explique las razones de su apoyo a esta macrooperación inmobiliaria, que abarca incluso terrenos afectados por el Plan de Ordenación del Litoral (POL)”.

La iniciativa regionalista fue trasladada este jueves a la asociación constituida por los vecinos de Rucandial para oponerse al proyecto, con la que Fernández Viaña mantuvo un encuentro al que también acudieron el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y el candidato a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña.Durante la reunión, los regionalistas reafirmaron su apoyo a la oposición vecinal a un proyecto que supone “la desaparición de varias viviendas y una transformación desmesurada” del barrio santanderino, han afirmado.

Según ha explicado Fernández Viaña, la solicitud de comparecencia de la presidenta responde al compromiso con los afectados y a la necesidad de explicaciones sobre su decisión de utilizar un PSIR para promover una actuación urbanística que, a su juicio, “responde a intereses inmobiliarios privados y no a los objetivos de interés general que justifican esta figura urbanística”.

En este sentido, la regionalista no sólo cuestiona el PSIR que el Gobierno de Sáenz de Buruaga quiere desarrollar en Rucandial sino también el previsto en Ribamontán al Monte para construir “un macrocomplejo turístico con piscina de olas, igualmente en suelo rústico”.

Por ello, el PRC participará en la movilización prevista para este sábado en apoyo a la reivindicación del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte para que la Consejería de Fomento “frene la tramitación del PSIR de Olucas Surf Center y escuche a los vecinos afectados”.

“No podemos permitir que el Gobierno del PP venda el suelo rustico de Cantabria al mejor postor y utilice una figura concebida para impulsar proyectos de interés general como vía rápida para favorecer negocios especulativos privados, pasando por encima de los ayuntamientos y de los vecinos afectados”, ha concluido la candidata del PRC.

La investigación en torno al colapso mortal de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, que el pasado mes de marzo provocó la muerte de seis jóvenes estudiantes y heridas graves a otra chica, continuará tras la declaración, este viernes y como testigos, de dos responsables de Dragados, la empresa contratista que ejecutó las obras de la senda litoral, incluidos los puentes de madera como el siniestrado, proyecto que “no se terminó”.

Así lo ha manifestado ante la magistrada que instruye la causa el jefe de grupo de la mercantil que trabajó junto al jefe de obra -y que sería su superior jerárquico- durante su comparecencia en sede judicial, que ha comenzado a las 9.30 horas y se ha prolongado durante unos treinta minutos. A continuación, ha declarado, por el mismo espacio de tiempo, la responsable de calidad de Dragados.

Aunque la jueza también quería tomar declaración esta jornada a la persona vinculada a Fronda -empresa que diseñó y fabricó las pasarelas- que se encargó de su construcción, incluida la que se rompió y cedió, y se cursó para ello la correspondiente citación, se ha comunicado que esta persona ha fallecido, según han trasladado a Europa Press fuentes personadas, que han precisado que sería un autónomo y no trabajador propio de la mercantil, de ahí que alguna parte haya avanzado que va a volver a pedir la relación de todos los operarios que tiene.

Tras tomar declaración a los citados responsables de Dragados, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander continuará la investigación y practicará nuevas diligencias. Así, prevé llamar a alguna persona más (estaría pendiente también el testimonio de la única superviviente del accidente), aunque las pesquisas están muy avanzadas y podrían concluir a finales de este año o principios del próximo, según ha podido saber esta agencia.

Aunque está pendiente de que la Audiencia Provincial de Cantabria resuelva un recurso, el mismo no es suspensivo para que la magistrada dicte auto de procedimiento abreviado, por el que se cierra la fase de instrucción. Dicho recurso, de la Abogacía del Estado, en representación de la Demarcación de Costas en Cantabria, y uno de los tres funcionarios de este organismo investigados, fue interpuesto contra el auto que reafirmó que Costas era la responsable del mantenimiento de la pasarela.

En cuanto a los testigos que han declarado este viernes, el jefe de grupo de Dragados ha manifestado que tenía “cierto conocimiento” de la obra de la senda costera, pero no “muy cercano”, por lo que no ha ofrecido detalles, como tampoco lo ha hecho la responsable de calidad, que ha dicho desconocer diversas cuestiones y “no ha aclarado nada” de lo planteado, tal y como han trasladado fuentes conocedoras de ambos testimonios.

La magistrada citó a ambos a raíz de las anteriores diligencias practicadas, como la declaración del representante legal de Dragados -como investigado-, a raíz de la diferencia apreciada por peritos entre el diseño elaborado por Fronda y la ejecución llevada a cabo por Dragados.

Este hombre aseguró que la pasarela de El Bocal, construida en 2024, se hizo conforme a lo establecido por Fronda, que se encargó también del diseño y fabricación de las dos piezas de las que finalmente constó (en vez de una), y negó que esto afectara a la “seguridad” de la estructura. También rechazó “ningún tipo de abaratamiento” en su construcción, tanto por parte de su empresa como del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende Costas, que encargó el proyecto y las obras.

Siete investigados y tres posibles responsables civiles

Desde que inició la instrucción, a raíz del accidente del 3 de marzo, la magistrada ha iniciado la acción penal frente a siete personas: la gestora del 112 que recibió la víspera la llamada de un vecino que alertaba del estado de la pasarela; la agente de la Policía Local de Santander que recogió el aviso de la anterior; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de madera y el representante de la contratista que construyó la infraestructura.

Además, la magistrada ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas y a Dragados también.

El escenario de la Sala Argenta del Palacio de Festivales reunirá este sábado 31 a Los Sabandeños y los cántabros de Jueves de Boleros en una nueva edición del Festival Santander de Boleros.

La cita brindará la oportunidad de escuchar al grupo canario, la formación “referente” de este estilo musical en “un encuentro único”. Así lo ha asegurado la responsable de programación del Palacio, Isabel Ibarra, que ha presentado el evento acompañada de Fernando de Carlos y Jesús Castrillo, integrantes de Jueves de Boleros.

Ibarra ha afirmado que “será un placer” disfrutar una vez más de este Festival que “llenará de vida y emoción el escenario del Palacio de Festivales, rindiendo homenaje a la tradición musical del bolero y su proyección hacia nuevas formas de expresión”.

A lo largo del evento, el público podrá escuchar melodías tan populares como 'Guantanamera' o 'Lágrimas negras' a cargo de Los Sabandeños o 'Cuando salí de Cuba', que interpretará Jueves de Boleros. Esta última formación también incorporará a su repertorio temas como 'Un beso y una flor', 'Amante a la antigua' y versionará dos canciones de Joaquín Sabina, 'Y nos dieron la diez' y 'Noches de boda'.

En ambas actuaciones se rendirá homenaje a “los miles de españoles que un día cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor”.

Esa emigración estuvo presente en puertos como los de Santander, Tenerife, Verecruz y Santiago de Cuba, que se convirtieron en puntos de encuentro e intercambio de “las vivencias y sentimientos” que impregnan los boleros, una “música de ida y vuelta”, ha señalado Castrillo.

“Queremos hacer un viaje musical, una película en la que el público que venga se imagine que se va a montar en un barco. La primera parada serán Los Sabandeños y después, Jueves de Boleros”, ha explicado.

“Esperemos que al público le guste; hay que tener la mente abierta porque nos hemos permitido algunas licencias, pero yo creo que están muy bien ensambladas para hacer que pase unas horas muy agradables”, ha indicado.

Además, ha expresado “orgullo” porque el festival haya cumplido 15 ediciones acompañado de la “máxima expectación”.

Su organización corre a cargo de la Consejería de Cultura y el Palacio de Festivales y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y de las autoridades portuarias de Santander y Santa Cruz de Tenerife, entre otras entidades.

Las entradas se han agotado, salvo el 10% que la ley obliga a poner a la venta el día de la celebración de cada espectáculo.

El concejal de Izquierda Unida en Santander, Keruin Martínez, ha reclamado a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que exija al Gobierno de Cantabria la paralización del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) 'Bosques de Santander' promovido por Real de Piasca que afecta al barrio de Rucandial.

Martínez ha mantenido un encuentro con los vecinos afectados para ponerse a su disposición frente a una iniciativa “que amenaza sus hogares”, según ha trasladado la formación en un comunicado. En este sentido, durante la reunión, el edil ha manifestado que la regidora “no puede decir que está con los vecinos mientras respalda un proyecto que amenaza sus hogares”.

El edil ha instado a Igual a actuar con “valentía” y adoptar la postura de otros alcaldes que se han posicionado del lado vecinal frente a figuras similares, como el caso del PSIR de Olucas en Villaverde de Pontones.

Asimismo, Martínez ha señalado al Partido Popular, al frente del Ejecutivo autonómico y local, al reprochar que la denominación comercial de 'Bosques de Santander' busca encubrir lo que considera “una apisonadora contra el entorno vecinal”.

A su juicio, el anuncio autonómico responde “a una maniobra electoralista” en materia de vivienda sobre un plan “gestado durante más de dos décadas” con la participación del actual director de Urbanismo y anterior responsable municipal del área, Víctor Gil.

El representante municipal ha censurado la actuación de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y del consejero de Fomento, Roberto Media, a quienes ha calificado de “mayordomos útiles de los intereses de una empresa privada por encima de cualquier interés público”.

Martínez también ha cuestionado el compromiso real de construir una ciudad de la justicia o Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la zona. Sobre este aspecto, ha recalcado que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno disponen de solares vacíos y suelo para edificar vivienda “sin poner en riesgo los hogares”, tal como defiende su formación en los plenos municipales.

También ha advertido de que la tramitación coincide con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, “anulado precisamente por plantear un crecimiento desmesurado”.

Por estos motivos, el concejal ha pedido a los vecinos que mantengan la unidad, aunque se les prometa que algunas viviendas quedarán fuera del PSIR. “Salvar unas casas sobre el papel no resuelve el problema si después quedan rodeadas por el desarrollo, aisladas y sometidas a la presión de una transformación que avanza a su alrededor”, ha advertido, y ha comprado la situación con la experimentada en Hermanos Calderón.

La asociación Héroes de la República y la Libertad ha reclamado un mayor desarrollo reglamentario y una dotación presupuestaria suficiente en medios económicos y humanos para la Ley de Memoria Democrática, con motivo del Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo que se conmemora cada 31 de octubre.

La entidad memorialista ha trasladado estas exigencias en un comunicado donde ha señalado que las administraciones central, autonómica y local todavía mantienen una “deuda democrática” con los damnificados por el golpe militar de 1936, la guerra y la posterior dictadura de casi 40 años.

En concreto, el colectivo ha demandado la puesta en marcha de un plan “exhaustivo” para la localización y exhumación de fosas comunes, además del impulso del banco de muestras de ADN destinado a la identificación de restos.

En este ámbito, la organización ha censurado la inacción institucional ante los indicios existentes sobre unas 150 fosas comunes detectadas en Cantabria desde 2010, un “abandono” que ha calificado como “una forma de maltrato hacia las víctimas” que continúan “en cunetas, barrancos y cementerios a la espera de ser recuperadas y entregadas a sus familiares”.

Asimismo, la entidad ha solicitado la aplicación rigurosa del régimen sancionador hacia quienes reivindican el franquismo, sus hechos o a sus dirigentes.

En su escrito, la asociación ha criticado la postura de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y de los sectores “que sienten nostalgia del franquismo”, a quienes ha responsabilizado de “promover derogaciones de normativas autonómicas en materia de memoria democrática e interponer continuos obstáculos judiciales y burocráticos para frenar su cumplimiento”.

La organización ha recordado a los miles de menores enviados al exilio durante el conflicto para evitar los bombardeos, a los bebés sustraídos durante el régimen franquista, a los combatientes de la resistencia armada y a los deportados cántabros y españoles a campos de exterminio nazis, a la vez que ha denunciado la “complicidad de la jerarquía de la Iglesia católica” con la dictadura.

En el inicio del documento, el colectivo ha expresado sus condolencias y solidaridad con las personas afectadas y los allegados de quienes han fallecido en el accidente ferroviario de Toledo.