Los últimos días de la primavera han estimulado la generosidad en el reparto de dinero público. El Gobierno de Cantabria ha hecho coincidir en dos semanas el anuncio de ayudas -a las que cada vez acceden familias con rentas más altas- subvenciones y acuerdos que reparten dinero a diferentes colectivos. Ayudas para autónomos, para hipotecas, para contratar trabajadores, dinero para el Plan de Empleo Joven y más margen económico para acceder a ayudas a la natalidad y las becas de comedores escolares

Esta semana se ha firmado un Plan de Empleo Joven dotado con 80 millones de euros para los próximos dos años. Treinta de ellos para formación y reciclaje profesional y otros tantos para lo que ha bautizado como 'oportunidades laborales', dirigido a incentivar la contratación, la creación de empleo y el mantenimiento de puestos de trabajo. El acuerdo se ha firmado con los agentes sociales dos semanas después de que el Consejo de gobierno del 4 de junio autorizase las subvenciones a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Casi medio millón de euros a cada uno “por su participación institucional” y para la realización de actividades sindicales. En la misma reunión se aprobó la misma cantidad para la patronal CEOE.

En paralelo, se han anunciado ayudas para los autónomos cántabros que a partir de ahora cobrarán una ayuda de hasta 750 euros por estar de baja. 12 euros al día durante los primeros dos meses de baja para “aliviar” la carga económica que supone mantener el pago de las cotizaciones sociales. Al día siguiente se conocía que el Gobierno de Cantabria avalará a partir del próximo mes de julio el 20% de las hipotecas a los menores de 45 años que compren su primera vivienda para residencia habitual. Podrán adquirirla tanto de obra nueva como de segunda mano y con un precio límite de 300.000 euros.

Unos días antes, el Gobierno de Cantabria amplió el umbral para acceder a las ayudas a la natalidad y a las becas de comedor en los colegios. La consejera de Inclusión Social ya lo había adelantado hace unos meses, pero el Gobierno lo aprobó esta semana.

No es la primera vez que sucede. El Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga ya incrementó esa cantidad en 2025, cuando pasó de 42.000 a 50.000 euros. Ahora el límite para percibir la ayuda se eleva hasta las familias con 70.000 euros.

Así, la ayuda de 400 euros pasará a corresponder a rentas superiores a 44.000 euros y hasta 70.000 euros; la de 600 euros, a rentas superiores a 24.000 euros y hasta 44.000 euros; y la de 900 euros, a rentas de hasta 24.000 euros.

Respecto a las becas de los comedores escolares, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha explicado que se incorporará el criterio de renta per cápita en familias con dos o más hijos, lo que permitirá que aproximadamente un 15% más de hogares accedan a becas y alcanzar más beneficiarios.

Lo último ha sido la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria de Cantabria de subvenciones de 8.500 euros por contratar a personas en riesgo de exclusión social. El contrato tendrá que ser a jornada completa durante un año y también se recibirá la ayuda los años segundo y tercero.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado este jueves, en la Casa de Cantabria en Madrid, junto al gestor del Coso de Cuatro Caminos, José María Garzón, de la empresa Lances de Futuro, los carteles de la Feria de Santiago 2026. Tras esto, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha denunciado que “lejos de actuar con la prudencia institucional que exige una situación de esta gravedad”, el Ayuntamiento de Santander promociona la feria, permitiendo la venta de entradas y abonos “como si la resolución judicial que declara nulo el contrato no existiera”.

Esta presentación en Madrid ha tenido lugar tras la información conocida el pasado martes de que el consejo de administración de la empresa municipal Plaza de Toros de Santander aprobase por unanimidad interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) relativo a la prórroga del contrato con Lances de Futuro para la Feria de Santiago, la cual anuló.

Además, la empresa anunció que solicitaría medidas cautelares para que la resolución del TARC quede en suspenso hasta que el TSJC dicte sentencia, con el fin de preservar el normal desarrollo de la Feria de Santiago 2026.

“Nos encontramos ante un escenario que plantea serias dudas sobre la cobertura jurídica de las actuaciones que se están desarrollando y sobre las posibles responsabilidades que pudieran derivarse para el Ayuntamiento y para los ciudadanos que están adquiriendo entradas para un evento afectado por un procedimiento judicial todavía abierto”, ha cuestionado Fernández.

Por ello, el grupo socialista ha registrado una batería de preguntas para su debate en el próximo Pleno con el objetivo de conocer cuál es la posición del equipo de Gobierno, y si la declaración judicial de nulidad del contrato tiene algún efecto práctico sobre la organización de la Feria de Santiago 2026.

Además, el PSOE quiere saber cuál es el soporte jurídico concreto que permite al Consistorio seguir promocionando el evento y comercializando entradas mientras la nulidad del contrato permanece vigente. Mientras tanto, en un comunicado, la gestora de la plaza ha recordado que la feria volverá a estar compuesta por seis corridas de toros, una de rejones y una novillada, y que se celebrará del 18 al 25 de julio.

La agenda del Ayuntamiento es que el abono arranque el sábado, 18 de julio, con una novillada con picadores en la que se lidiarán reses de Montealto para Álvaro Serrano, Julio Norte e Ignacio Garibay. Un día después llegará la corrida de rejones con toros de Benítez Cubero-Pallarés para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. El lunes, 20 de julio, Diego Silveti, Román y Samuel Navalón se enfrentarán a toros de La Quinta. El día 21 será el turno de la ganadería de El Parralejo para Talavante, Borja Jiménez y David de Miranda. Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández lidiarán el miércoles 22 toros del Puerto de San Lorenzo-La Ventana del Puerto.

La feria continuaría el 23 de julio con una corrida de Victorino Martín para El Cid, que triunfó en Santander el año pasado, Manuel Escribano y Tomás Rufo. El 24 de julio tendrá lugar la alternativa de Tomás Bastos, que compartirá cartel con Roca Rey, que actuará de padrino, y Pablo Aguado ante toros de Juan Manuel Criado. Finalmente, la Corrida de Beneficencia se celebrará el sábado, 25 de julio, con toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Marco Pérez y Aarón Palacio.

Una veintena de trabajadores de la empresa Oxital han anunciado una huelga indefinida de basuras a partir de este lunes, 22 de junio, y que afectará a 18 municipios del occidente de Cantabria, entre los que figuran Cabezón de la Sal, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ruiloba, Cabuérniga o Mazcuerras, entre otros.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, Jesús de Cos, responsable del sector en la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria, que ha explicado que la huelga se ha convocado ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo de la empresa en la zona afectada, que abarca desde Casar de Periedo (Cabezón de la Sal) hasta el Desfiladero de la Hermida, en su límite con Potes.

La parte sindical reclama mejoras retributivas y laborales (jornada, vacaciones, descansos...) que, por ahora, según De Cos, no están teniendo respuesta por parte de Oxital, a la que la empresa pública MARE, dependiente del Gobierno de Cantabria, adjudicó la recogida de basuras en esta zona.

De Cos ha indicado que este contrato con Oxital ya ha agotado todas las prórrogas posibles y desde MARE “se han dormido en los laureles” a la hora de elaborar los pliegos del siguiente, lo que a su vez está afectando a la negociación del convenio colectivo. El sindicalista ha explicado que le consta que Oxital ha dado traslado a MARE de las reivindicaciones de los trabajadores pero “el Gobierno de Cantabria está en otras historias”.

Salarios desfasados

Además, De Cos ha señalado que el hecho de que no estén siendo aprobados nuevos convenios colectivos en las empresas que prestan servicios de basuras de distintos ayuntamientos hace que los pliegos que están siendo elaborados plantean tablas salariales desfasadas, con salarios de años anteriores sin recoger ni siquiera subidas del IPC.

Además, ha censurado que los contratos salen a licitación en un precio y luego acaban siendo adjudicados con rebajas de hasta un 20%, que acaban afectando a las condiciones de los trabajadores.

“No vamos a pasar ni una”, ha advertido De Cos, que ha alertado que situaciones como la que se está viviendo en la zona occidental podrían replicarse en otros municipios de la región, como Suances o Laredo, donde también se va a negociar los nuevos convenios.

Vuelta a la huelga en Bezana

Por otra parte, el pasado 15 de junio se inició en Santa Cruz de Bezana una huelga indefinida de basuras por la negativa de la adjudicataria del servicio -la empresa Agricultores de Valencia- a mejorar en el nuevo convenio las condiciones salariales de la plantilla (de 13 trabajadores) que lleva “demasiado tiempo” con ellos “congelados”, según CCOO.

La huelga se suspendió el miércoles por la reunión que mantuvo la representación sindical con responsables del Ayuntamiento y de la adjudicataria para intentar poner fin a la convocatoria. Sin embargo, el encuentro, “tras varias horas de negociación y debate, concluyó sin avances reseñables”, por lo que la huelga se ha retomado este jueves, ha indicado CCOO.

“Se están haciendo los servicios mínimos en colegios y residencias pero la huelga continúa en todos los términos”, ha indicado. El sindicato ha asegurado que existía un “compromiso del Ayuntamiento de que iba a haber subidas importantes tras una etapa liderada por otro sindicato donde se optó por la congelación salarial”.

“La plantilla tuvo la buena voluntad de aguantar para salvar los pliegos del concurso pero con el compromiso y el preacuerdo adquirido de que en 2026 se iba a cumplir lo acordado. Pero, ahora que estamos en 2026, vemos que no es así”, ha señalado De Cos. El sindicalista ha asegurado que la plantilla “está convencida de seguir luchando por la mejora de sus derechos laborales y, fundamentalmente, de unos salarios que han tenido congelados demasiado tiempo”.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado que se puedan compatibilizar la Renta Social Básica con los ingresos laborales de forma temporal para “convertir esta prestación en una herramienta útil para favorecer la incorporación al trabajo”.

La medida había sido anunciada hace casi un año por la presidenta Buruaga durante el Debate de Orientación Política en el Parlamento de Cantabria. Ahora, por fin se ha autorizado en la reunión del Consejo de Gobierno. Para ello, se ha aprobado un proyecto de ley que a su vez modifica la Ley de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales.

La modificación legal -informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado- permitirá cobrar la Renta Social Básica mientras se trabaja. La propuesta establece un sistema de compatibilidad progresiva, de forma que durante los primeros seis meses solo se computará el 25% del salario o rendimiento neto mensual a la hora de calcular la prestación. Si la actividad laboral continúa, en un segundo tramo de hasta seis meses adicionales se computará el 50%.

La finalidad de esta medida, según el Ejecutivo cántabro, es que la incorporación al empleo se produzca de forma gradual “sin que la persona pierda de golpe el apoyo económico del sistema”.

En su día, Buruaga explicó que se pretende que la Renta Social Básica deje de ser “solo un salvavidas” para convertirse “en una palanca real de inclusión”.

Actualmente, cuando hay ingresos procedentes del trabajo (por cuenta propia o ajena) se puede perder el derecho a cobrar la prestación. Lo cual -como se argumentó desde la Consejería de Inclusión Social- “podría tener un efecto desincentivador del empleo, contrario a los principios de activación e inserción social que constituyen los objetivos del sistema”.

Requisitos

La Renta Social Básica es una prestación económica para las personas que se encuentren en situación de riesgo o exclusión por carencia de recursos. Los requisitos para acceder a esta ayuda es que la persona, durante un año antes de la solicitud, acredite que no tiene recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas, estar empadronado en Cantabria, ser mayor de 23 años y menor de 65, o encontrarse en situación de orfandad absoluta, que tengan a su cargo a personas menores de edad o en situación de dependencia. También deberán estar inscritos como demandantes de empleo.

La prestación garantiza cobrar el 80% del IPREM para una sola persona, que se incrementa un 25% en el caso de que la unidad de convivencia la integre una segunda persona y un 10% sobre la cantidad resultante en el tramo anterior por cada persona más a partir de la tercera. En cualquier caso, el importe máximo no podría superar el 125% del IPREM, un indicador público de renta que para 2026 está establecido en 600 euros.

Hasta ahora la cantidad mensual se otorga en su integridad cuando la persona carezca de recursos y, en caso contrario, se restan de dicha cuantía. Es decir, que se paga menos dinero, solo la diferencia.

Adif, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega han firmado el convenio para el soterramiento de las vías de Torrelavega, que cuenta con un presupuesto de casi 139 millones de euros, con la previsión de que las obras comiencen el año que viene y sea una realidad en torno a 2030.

El convenio ha sido rubricado este jueves por el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, en la Delegación del Gobierno, en Santander, y al acto han asistido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el delegado, Pedro Casares.

El presidente de Adif ha avanzado que la previsión es que las obras se liciten antes de que finalice el año para que puedan comenzar en 2027 y la integración de las vías de Torrelavega sea una realidad “cuanto antes”.

Por su parte, Buruaga ha indicado que el convenio recoge costes “realistas” para poder cumplir con plazos “muy ambiciosos”. Y es que, si todo discurre conforme a la previsto, ha anunciado que el proyecto del soterramiento se podrá terminar “en el entorno del 2030” y concluir las obras de urbanización en 2033.

Todos ellos han coincidido en destacar que este convenio, que tendrá una vigencia inicial de diez años, es fruto del acuerdo entre las tres administraciones para hacer realidad una reivindicación “histórica” de la ciudad, en beneficio de los vecinos, quienes ganarán en “calidad de vida”.

Asimismo, han señalado que la integración ferroviaria marcará “un antes y un después” para Torrelavega, dado que la transformará en una ciudad “más segura, habitable y saludable”, y supondrá una “oportunidad” de desarrollo económico y social.

El presupuesto de todas las actuaciones incluidas en este acuerdo se estima en 138,86 millones de euros, de los que Adif aporta el 50%, el Gobierno de Cantabria el 30% y el 20% restante el Ayuntamiento de Torrelavega.

Nueva estación subterránea y un edificio de viajeros

El proyecto de integración del ferrocarril en Torrelavega comprende una longitud de 1,8 kilómetros de la línea de ancho métrico a su paso por el municipio, entre los pasos a nivel del Paseo Niño y de la calle Pablo Garnica, siendo la supresión de estos pasos a nivel el principal beneficio ferroviario y urbanístico. Además, se construye una nueva estación subterránea y un edificio de viajeros en superficie, sobre el soterramiento.

El proyecto se completa con un nuevo aparcamiento, también subterráneo y adosado al soterramiento, la transformación urbanística de los nuevos espacios que la actuación genere para la ciudad y su integración en el entorno.

El nuevo convenio permitirá integrar todas las actuaciones que no pudieron completarse dentro de los plazos del convenio anterior (finalizado en diciembre de 2025) y que incluyen la redacción del proyecto de urbanización del entorno del nuevo edificio de viajeros, accesos y reordenación de viales necesarios (45.000 metros cuadrados) y la ejecución de las obras correspondientes al soterramiento, nuevo edificio de viajeros, aparcamiento de la estación y obras de urbanización.

La compañía aérea Volotea comenzará a operar el trayecto Santander-Madrid los viernes y domingos por la tarde a partir del 6 de noviembre. Así lo han avanzado, en rueda de prensa, el consejero de Fomento, Roberto Media, el de Turismo, Luis Martínez Abad, y el director general de Estrategia de la aerolínea, Gabriel Schmilovich.

Los vuelos partirán de Madrid a las 17.25 horas, con llegada a las 18.30, y de Santander a las 19.05 horas, aterrizando en la capital de España a las 20.10. El avión será un AirBus A320, para 180 personas, y los vuelos, que se mantendrán durante todo el año 2027, saldrán a la venta este jueves con un precio mínimo de 19 euros.

Media ha señalado que esta nueva conexión permitirá mejorar y potenciar la actividad del aeropuerto, además de dar respuesta “a una de las principales demandas planteadas por los usuarios durante los últimos años”. El consejero ha destacado que esta incorporación contribuirá a consolidar la conexión con Madrid, la ruta con mayor tráfico de pasajeros de la terminal cántabra, y a conseguir que exista competencia en este mercado.

En este sentido, ha explicado que Volotea se convertirá en la segunda compañía que vuele a la capital desde Santander, ya que actualmente esta conexión dispone de tres vuelos diarios por sentido operados por Air Nostrum/Iberia, con un total de 21 frecuencias semanales en cada dirección.

Media ha insistido en la importancia de esta ruta que el pasado año registró 191.061 pasajeros, lo que se traduce en el 18,16% del tráfico total del Aeropuerto Seve Ballesteros. “Nuestro objetivo al llegar al Gobierno era seguir impulsando el aeropuerto y terminar la legislatura con más rutas y pasajeros que cuando llegamos”, ha afirmado Media.

Por su parte, Martínez Abad ha asegurado que este anuncio abre a la región “una gran ventana de oportunidades” para conectar Cantabria con el resto del mundo, facilitando conexiones aéreas con otros destinos más allá de la capital de España.

Schmilovich ha informado de que en apenas un año Volotea ha duplicado su oferta desde Santander, pasando de tres a seis rutas y alcanzando “un crecimiento histórico” para la compañía en la región.

Con la apertura de esta ruta, Volotea se convierte ya en la segunda compañía por número de conexiones en Cantabria, con rutas durante todo el año a Sevilla, Málaga, Valencia, Granada y Madrid y durante el verano a Menorca.

El portavoz Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha vuelto a solicitar que el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, sea declarado oficialmente como festivo local en el calendario de la capital cántabra para el año 2027.

En un comunicado, el regionalista ha subrayado que esta celebración tiene “un gran arraigo histórico y cultural” en Santander, especialmente entre los vecinos vinculados al mar y en zonas tan tradicionales como el Barrio Pesquero.

Por este motivo, el Grupo Regionalista lleva varios años proponiendo de manera consecutiva que el 16 de julio sea integrado y reconocido como festivo local.

Piña ha precisado que esta petición se realiza con “total respeto a las demás tradiciones de Santander”, como los Santos Mártires, la Virgen del Mar o Santiago Apóstol. Sin embargo, ha explicado que de cara al próximo año se da la circunstancia de que el 25 de julio, Santiago, cae en domingo, mientras que el 16 de julio será laborable.

En su opinión, declarar la Virgen del Carmen como festivo local aportaría un “beneficio directo para la conciliación y el descanso de la mayoría de los trabajadores de la ciudad”. Por ello, ha presentado un ruego para el próximo Pleno en el que pide fijar de manera definitiva como festivo local para 2027 el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.

Cantabria no ha aportado a la Comisión Técnica de la Ley de Memoria Democrática datos cualitativos sobre las indemnizaciones que va a pagar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. En este sentido, el Ministerio recuerda que “la falta de información (...) no implica necesariamente inexistencia de actuaciones, sino ausencia de datos disponibles o remitidos a esta comisión”.

Por su parte, Cataluña es la comunidad que más dinero destina a las indemnizaciones para la reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. En total, esta región ha destinado más de 52,7 millones de euros para complementar las indemnizaciones otorgadas por el Estado a las personas represaliadas por causas políticas.

Según el informe publicado este jueves por la Comisión Técnica de la Ley de Memoria Democrática, Cataluña ha repartido los más de 52,7 millones de euros a 22.512 personas, de las que 546 son mujeres y 21.966 hombres a través de dos decretos que desarrollan la Ley 46/1997 de amnistía.

En segundo lugar se sitúa Andalucía, que ha destinado más de 9,4 millones de euros para hacer frente a las compensaciones para un total de 2.522 víctimas. Sobre el total, al menos 128 indemnizaciones corresponden a mujeres represaliadas por razones de género durante la dictadura franquista, en aspectos como el honor, la intimidad y la propia imagen, a las que se le concedieron 241.000 euros.

Asturias, tercera autonomía con mayores cuantías según el documento publicado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha entregado 3,4 millones de euros a raíz de las 983 indemnizaciones aprobadas entre los años 2000 y 2001.

Esta autonomía, además, reconoce que la información facilitada a la cartera que encabeza Ángel Víctor Torres es “parcial” porque “podría haber en principio datos de otros años, pero no se han logrado localizar”.

Por su parte, Castilla-La Mancha ha otorgado más de 3,2 millones de euros para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura entre los años 2002-2003 y 2004-2008.

La Comunidad Foral de Navarra ha entregado unos 495.000 euros a través de 153 indemnizaciones aprobadas. Además, esta región ha denegado también unas 129 solicitudes.

Finalmente, las Islas Canarias han proporcionado unos 324.000 euros a las víctimas en 61 indemnizaciones concedidas a personas del colectivo LGTBI que fueron perseguidas o socialmente discriminadas durante el franquismo y además, cumplen una serie de requisitos adicionales como ser mayores de 55 años o estar en situación de ausencia de recursos económicos disponibles.

El archipiélago canario también reconoce otras indemnizaciones también a raíz de la Ley 46/1977, pero el Ministerio “desconoce” la cuantía “por no haber sido facilitada por la Comunidad Autónoma”.

El informe del Ministerio de Política Territorial también desglosa los decretos utilizados para otorgar indemnizaciones en Aragón, País Vasco, Extremadura, las Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, estas autonomías no han aportado información cualitativa al respecto por lo que el documento no informa sobre las cantidades que las víctimas de estas comunidades autónomas han recibido.

Por otro lado, el informe explica que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han indicado que no tienen ninguna iniciativa de reparación económica de las víctimas y que la comunidad autónoma de Galicia no ha facilitado sus datos ni ha sido posible para el Ministerio recopilarlos.

El Gobierno de Cantabria propone una modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que permitiría ampliar en más de un 35 por ciento -en más de 137.000 metros cuadrados- la superficie inicial prevista del nuevo polígono Federico Cobo, que se desarrollará al sur de Morero, y otra en la ley del suelo para posibilitar el edificio multiusos que será la sede del PCTCAN en Torrelavega.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el consejero de Industria, Eduardo Arasti, que ha explicado que para agilizar ambas modificaciones se pretenden introducir, vía enmienda, en la ley de vivienda que se está tramitando en el Parlamento regional, al ser “la primera en la que es posible” llevarlo a cabo.

El consejero ha expuesto estas cuestiones a los alcaldes afectados, que han valorado positivamente estos planteamientos del Ejecutivo autonómico, ha indicado.

Incluso ha hablado de ello con el Grupo Parlamentario Regionalista, aunque aún no le ha mostrado su parecer (sí el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que es diputado, sobre el edificio multiusos).

Arasti ha defendido que se trata de modificaciones “sencillas” con las que se conseguirían “objetivos muy importantes”.

Así, en el polígono Federico Cobo se posibilitaría un aumento “muy importante” de la superficie incluida en el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de este proyecto, así como reducir su tramitación, lo que permitirá “optimizar el desarrollo de nuevo suelo industrial en una zona estratégicamente situada y donde la demanda es muy elevada” y hacerlo, además, “en el menor tiempo posible para satisfacer cuanto antes la necesidad de desarrollar las infraestructuras básicas que nuestro tejido empresarial precisa”.

Además, la modificación daría lugar a una delimitación del PSIR “más racional” y “óptima”. Y en relación a la otra modificación planteada, la del artículo 61 de la ley del suelo, permitiría desarrollar el Edificio Multiusos, que se ubicaría en el Campus de la Universidad de Cantabria en Torrelavega.

Si se lleva a cabo dicho cambio legislativo, el edificio podría acoger usos que, de lo contrario, no podría albergar.

El edificio, que supondría una inversión de 11 millones de euros, acogería talleres de experimentación, espacio coworking, incubadora de empresas de reciente creación, espacio para empresas de mayor tamaño, salón de actos y aulas de formación.

Se ubicaría en una parcela de más de 3.800 m2 cedida gratuitamente al Gobierno regional por el Ayuntamiento de Torrelavega.

Arasti ha señalado que en los presupuestos de Cantabria de este año hay consignados 860.000 euros para la redacción del proyecto y la licencia de obra. “Si esta solución se lleva a cabo pronto, podríamos este año licitar la redacción del proyecto”, ha afirmado el consejero.

Otra forma de posibilitar el edificio con los usos que se plantean sería a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega, que es “inviable” .

El hombre acusado de agredir sexualmente y de manera continuada a la hija menor, de once años de edad, de quien fue su pareja ha aceptado trece años y medio de cárcel este jueves en el juicio contra él, en el que ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con las penas consensuadas entre las partes.

Antes de la vista oral, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, el fiscal solicitaba doce años de prisión, pero la acusación particular interesaba 18, y al final ha sido condenado a trece años y medio por un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años.

Además, se le ha impuesto la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante 23 años y medio, y durante 18 y medio no podrá trabajar con menores y se le privará además de la patria potestad, según han informado a Europa Press las partes al término de la sesión, que se ha celebrado a puerta cerrada.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público, la abogada de la acusación particular y el letrado de la defensa se han mostrado conforme con que el procesado indemnice a la víctima con la cantidad de 30.000 euros (el fiscal pedía 20.000 por la lesión psicológica que padece y los daños morales causados y la madre de la menor reclamaba 43.300 euros).

Según los hechos recogidos en el escrito del fiscal, el implicado residía en la vivienda de su pareja con ella y sus hijas. Fruto de esa convivencia, pasó a tener una relación “estrecha” con las hijas, fundamentalmente con la que tenía once años, para quien se constituyó como “un referente paterno”.

Así las cosas, cuando la niña y el procesado estaban en el salón, viendo la televisión y aprovechando que la madre se había ido a dormir, el hombre, “con ánimo libidinoso, comenzó a realizar tocamientos a la menor en sus genitales por encima de la ropa”.

Y en otras ocasiones y en idénticas circunstancias, le realizó tocamientos por debajo de la ropa interior, incluso introduciendo sus dedos en la vagina y lamiendo sus genitales. También conminó a la menor a que le masturbara, eyaculando después.

Los hechos continuaron sucediendo “casi de forma diaria” hasta que en una ocasión la madre de la menor le descubrió y le hizo abandonar el domicilio.

El juez que instruye las diligencias por el apuñalamiento mortal del pasado sábado en Santander, en el que falleció un joven, ha enviado a la cárcel al tercer detenido por estos hechos, que se personó de forma voluntaria el lunes en comisaría, y ha dejado en libertad a un cuarto arrestado por la Policía Nacional.

Los agentes también detuvieron a los dos primeros presuntos implicados en la pelea, después de los hechos y en la zona de ocio nocturno de la ciudad donde sucedieron, y ambos quedaron igualmente en libertad por decisión de otra magistrada que no halló indicios suficientes de autoría.

Fuentes próximas al caso han informado a Europa Press de la situación de los dos últimos arrestados tras comparecer esta mañana ante el titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Tras prestar declaración, con los preceptivos informes forenses y oídas las partes, el instructor ha acordado prisión provisional para el tercer sospechoso y libertad para el cuarto.

En concreto, ha enviado al centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, al hombre que el lunes acudió a comisaría y quedó arrestado hasta pasar a disposición judicial por estos hechos. Sucedieron de madrugada en la zona de bares de la capital cántabra, donde fueron detenidos los dos primeros sospechosos.

Ambos quedaron en libertad después de comparecer el lunes ante la jueza que estaba ese día de guardia, la titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que adoptó la decisión porque en ese momento de la investigación no existían elementos suficientes para atribuirles la autoría. Ante esto, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión preventiva y la magistrada no acordó esta medida, pero sí que ambos comparezcan semanalmente ante el tribunal, que no dispongan de su pasaporte y que no salgan de España.

Delito de homicidio

La jueza abrió diligencias por un delito de homicidio, por la muerte del joven, natural de Colombia, tras la pelea que tuvo lugar sobre las 4.25 horas del 13 de junio en la zona de bares de la capital cántabra, en el entorno de la calle Gándara.

El chico agredido murió desangrado, tras sufrir una herida en el tórax compatible con arma blanca. Los agentes le localizaron en las inmediaciones de un local nocturno, tumbado en el suelo y sangrando abundantemente. Y aunque avisaron de urgencia a los servicios sanitarios y llegaron poco después, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria y la asamblea del Centro Social Okupado (CSOA) La Lechuza han organizado un vermuteo formativo que tendrá lugar este sábado, 20 de junio. Tendrá lugar, de 12.00 a 22.00 horas, en el CSOA, ubicado en Monte, y contará con la participación del Sindicatu de Vivienda de Asturies, que dinamizará la jornacda con una charla interactiva sobre la situación de la vivienda en el Estado.

La programación contempla un taller de formación conjunto en torno a la vivienda, el vermuteo con comida vegana compartida para recaudar fondos para el Sindicato, música en directo de los grupos North Coast y Maneura, y rifas. La aportación económica será libre y voluntaria, con la ya conocida lógica de la taquilla inversa.

La asamblea del Sindicato de Vivienda ha señalado en una nota de prensa que la formación política, el intercambio de saberes y de herramientas con colectivos de otros territorios vecinos y disfrutar “no solo es esencial para luchar colectivamente por un derecho básico como es el de la vivienda, además es bonito”.

La Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha convocado ayudas que suman 340.000 euros dirigidas a las entidades locales para equipamiento, compra de fondos bibliográficos y promoción de la lectura en sus bibliotecas y archivos.

Estas ayudas se articulan en tres órdenes publicadas este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Concretamente, las ayudas para la dotación y equipamiento de edificios destinados a usos bibliotecarios y archivísticos ascienden a un máximo de 140.000 euros y se otorgarán por concurrencia competitiva.

En cuanto a la puntuación en el caso de los archivos, se valorará la adecuación de las instalaciones a las funciones propias de estos centros En este apartado se analizarán los depósitos, zonas de trabajo, zonas de usuarios y equipamiento.

Además, se tendrá en cuenta haber colaborado con el Gobierno de Cantabria en la elaboración del Censo de Centros de Archivo; disponer de personal encargado del archivo, y la población del municipio (obtendrán más puntos aquellos con menos habitantes).

En cuanto a las bibliotecas, se valorará la cumplimentación de las estadísticas anuales en el formato homologado desde el Ministerio de Cultura; que pertenezcan al Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Cantabria, haciendo un uso efectivo del programa de gestión automatizado de la Red; los gastos de inversión per cápita destinados a la biblioteca pública de cada solicitante, y la población del municipio (con el mismo criterio que en el caso de los archivos).

Por otra parte, podrán ser beneficiarias de las ayudas para la promoción de la promoción de la lectura y uso de los servicios bibliotecarios (60.000 euros) y para la adquisición de fondos bibliográfico (140.000 euros) las entidades locales que dispongan de una biblioteca de su titularidad que permitan la consulta de las principales obras de referencia y el préstamo individual de libros.

El plazo de presentación de las solicitudes para estas subvenciones será de quince días hábiles, contados desde este viernes, 19 de junio.

El Partido Popular de Torrelavega ha denunciado este jueves que el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) está permitiendo que el Teatro Municipal Concha Espina “se caiga por dentro” y ha reclamado un plan de inversiones para atajar esta situación.

En rueda de prensa, el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, ha criticado las “lamentables condiciones en las que PRC-PSOE tienen una infraestructura cultural tan importante para la ciudad”.

Según Vargas, son conocidas por los usuarios las “deficiencias” en la zona pública, con butacas rotas, falta de reposabrazos o la ausencia de calefacción en los meses de invierno. Además de que las dependencias internas como los pasillos, almacenes o camerinos “son espacios insalubres”, ha afirmado.

“La falta de mantenimiento e inversiones de PRC-PSOE en el teatro no tiene precedentes. Están permitiendo que se caiga la principal infraestructura cultural de Torrelavega y están dejando por los suelos la imagen de la ciudad al permitir que artistas utilicen camerinos que deberían de estar precintados. Están llevando el teatro al colapso”, ha enfatizado Vargas.

Así, el portavoz ha enumerado algunas deficiencias graves como la falta de ventilación con un nivel de humedad en salas “irrespirable”, la falta de limpieza y mantenimiento básico, salas inutilizadas por caída de techos, techos rotos, duchas enroñecidas, puertas sin manecilla, lavabos sueltos o grifos sin agua, entre otras.

En este sentido, ha reconocido las dificultades que ha tenido su grupo para poder visitar las estancias internas del teatro porque “la humedad acumulada lo hace irrespirable” y ha opinado que “lo peor” de esta situación es “la falta de gestión de regionalistas y socialistas”, que, pese a conocer el estado en el que se encuentra, “se han limitado a destinar 1.000 euros para una caldera que, por cierto, no da ni para empezar”.

Ante esta situación, el portavoz ha advertido que “es imperdonable que por la desidia de PRC-PSOE se pueda perder el teatro” y pedirá en el próximo Pleno a regionalistas y socialistas un plan de inversiones para “revertir la situación de recortes que se viene arrastrando esta infraestructura desde hace años”.

La colección 'Cuadernos de San Rafael', del Parlamento de Cantabria, ha incorporado la intervención del guitarrista, investigador y docente, Alejando Ceballos, sobre el músico cántabro Nicolás Alfonso.

En un comunicado, el Parlamento ha recordado que esta iniciativa editorial recopila las conferencias más relevantes celebradas en la institución.

En esta ocasión, la publicación recoge la intervención del guitarrista, investigador y docente Alejando Ceballos titulada 'De Santander a Bruselas: el guitarrista y profesor Nicolás Alfonso', la cual se impartió el 8 de mayo de 2025 con motivo del Día de Europa.

La conferencia estuvo dedicada a la figura de Nicolás Alfonso (1913-2001), un músico cántabro cuya trayectoria profesional alcanzó “una notable proyección internacional”, especialmente en Bélgica.

Durante el acto, Ceballos abordó la vida y legado artístico del guitarrista combinando la exposición histórica y musicológica con la interpretación de varias de sus composiciones.

Según el Parlamento autonómico, Alejandro Ceballos, que es profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Torrelavega, está considerado como “uno de los intérpretes más destacados de su generación”.

Además, es autor del libro “Nicolás Alfonso, vida y obra de un guitarrista cántabro en Bélgica”, presentado en 2021 en el Brussels International Guitar Festival.

La colección 'Cuadernos de San Rafael' son publicaciones que tratan de generar una documentación estable y accesible sobre temas de interés cántabros, abarcando diversas áreas de conocimiento y la experiencia.

La Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA) inaugurará hoy la segunda edición de su muestra de arte LGTBIQA+, cuyo tema central es la juventud diversa y orgullosa.

La exposición estará abierta desde este jueves, 18 de junio, al 21 y del 25 al 28 en Espacio En Blanco en Santander.

La cita ha invitado a artistas de la comunidad autónoma a crear y reflexionar en torno a las experiencias de la juventud dentro del colectivo; la construcción de la identidad y el orgullo; las nuevas formas de expresión, resistencia y comunidad, y las narrativas contemporáneas desde miradas jóvenes y diversas.

Pasaje Seguro (PS) y Las Calles Contra el Fascismo (LCCF) se concentrarán este sábado, 20 de junio, a las 12.00 horas en la calle Burgos de Santander, junto al kiosko de la ONCE, con motivo del Día de las Personas Refugiadas, para apoyar el proceso de regularización de las personas migrantes sin papeles y rechazar las políticas migratorias “criminales” que está aprobando la Unión Europea (UE).

Los dos grupos ciudadanos desarrollarán actividades de reparto de información y la lectura de historias de vida y migración de personas, así como de un manifiesto, han indicado en una nota de prensa conjunta.

Según han destacado, “a día de hoy más de 900.00 personas han registrado debidamente la solicitud de regularización y más de 360.000 han obtenido la autorización provisional que les permite trabajar legalmente y acceder a las prestaciones a las que les da derecho la residencia”.

Esto les proporcionará “una mayor inclusión y justicia social en lo referente a sus derechos laborales, casos de explotación laboral, trata de personas, exclusión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad o el no acceso a servicios sociales”, han subrayado.

Sin embargo, el colectivo ha denunciado que, al mismo tiempo, “nos enfrentamos a políticas de exclusión y racismo a nivel regional”, dados los acuerdos PP-Vox de “prioridad nacional”; así como al “endurecimiento de las leyes migratorias a nivel europeo”, con el reciente acuerdo que “permitirá la creación de centros de detención y deportación para personas migrantes, similares a prisiones, fuera del territorio de la Unión Europea”.

“Los intentos de generar odio y de dividir a personas, que viven y trabajan juntas, por su origen es uno de los grandes riesgos que amenazan nuestra convivencia”, han sostenido las organizaciones, para quien esto es “la trampa del fascismo que lleva a la guerra”.

Así, Pasaje Seguro y Las Calles Contra el Fascismo defienden una sociedad “más libre y igualitaria, es la que acoge a diferentes bajo una misma ley y con derechos sociales y de ciudadanía comunes”.

Para el colectivo, el proceso de regularización es “un avance” en este sentido. “Ningún ser humano es ilegal y porque todas las personas merecen los mismos derechos todos los días”, ha sentenciado.

El Grupo Socialista defenderá el lunes en el Pleno del Parlamento, el último del periodo de sesiones, su plan de choque en Atención Primaria para evitar el cierre de consultorios que se viene produciendo cada verano y frente a la política sanitaria del Gobierno del PP, que considera “un auténtico fracaso”.

Lo hará a través de una proposición no de ley con diferentes medidas “en varios frentes” y orientadas a atraer y retener a los médicos en zonas rurales, como ofrecer complementos salariales específicos para plazas de difícil cobertura, contratos de larga duración o compromiso de continuidad laboral tras el periodo estival.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha explicado que el grupo llevará esta iniciativa a la Cámara tras tres años en los que los populares “no han invertido en fortalecer la sanidad pública”, y después de la misiva que el consejero de Salud, César Pascual, ha remitido a los alcaldes para anunciarles que 80 centros se quedarán sin equipo médico en algún momento del verano.

“La carta que el consejero ha mandado a los alcaldes de Cantabria para decirles que este verano sus vecinos se quedarán sin médico en su consultorio es una broma de mal gusto de la que encima se siente orgulloso, y no hace más que evidenciar que no está velando por la salud de los cántabros”, ha denunciado Iglesias.

El portavoz ha lamentado que la Consejería haya optado por esta vía cuando “no ha buscado soluciones y no ha intentado nada” para cubrir la ausencia de facultativos. “Solo una carta”, ha apostillado el socialista, que considera un “sinsentido” que la única alternativa sea poner autobuses y taxis para que sean los pacientes quienes se desplacen a otros consultorios abiertos, en lugar de mover a los médicos.

Contratos de hasta tres años y posibilidad de plaza fija

En este contexto, el plan de choque del PSOE se basa en ofrecer a estos profesionales buenas condiciones y un “motivo real” para quedarse en los pueblos, como un mejor salario, una vivienda y estabilidad laboral.

Entre sus medidas, los socialistas piden declarar zonas de difícil cobertura asociadas a contratos de hasta tres años y posibilidad de plaza fija, o destinar a incentivar a los propios médicos el dinero que ahora se gasta el Gobierno en transportar a otros consultorios a pacientes cuyos centros están sin profesionales.

Otras de las peticiones son que, cuando un médico lleve más de un mes de baja, se sustituya “sin demoras y excusas”; o que mientras no haya sustituto, al menos haya un facultativo un día a la semana en cada consultorio rural, priorizando a quienes no pueden desplazarse por edad o enfermedad. También piden agilizar las oposiciones y los concursos para que los profesionales tengan estabilidad y los pacientes siempre tengan el mismo médico.

Con estas medidas, los socialistas pretenden hacer frente a la “política de brazos caídos” del PP con la sanidad pública. A su juicio, “lo que quieren es exactamente que funcione mal, que la gente desconfíe y que al final no le quede más remedio que irse a lo privado”.

Por ello, tras recalcar que “nunca en la historia de Cantabria habíamos vivido veranos enteros con los consultorios de nuestros pueblos cerrados”, Mario Iglesias ha pedido al consejero que, “si no quiere dar soluciones, abandone su cargo y dé paso a quien sí quiera trabajar”, porque “la Cantabria rural merece un gobierno que luche por ella”.

Los sindicatos de la Policía Local de Cantabria APLB-USO, CC.OO, CSIF y SIEP han rechazado el borrador de las futuras normas marco del Cuerpo en la Mesa de Coordinación de Policías Locales.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han explicado que esta decisión no responde a una “postura de bloqueo” sino al “convencimiento” de que el texto presentado por el Gobierno de Cantabria supone “una oportunidad perdida para avanzar en la coordinación, homogeneización y mejora de las condiciones profesionales de las policías locales de nuestra comunidad autónoma”.

Tras más de año y medio de trabajo, reuniones y negociación, durante el que se elaboró un borrador consensuado con el anterior Gobierno, los sindicatos esperaban que el texto definitivo incorporase las mejoras que eran objeto de debate desde el inicio del proceso, pero “nos encontramos con un documento que elimina o diluye cuestiones esenciales para el futuro de la Policía Local en Cantabria”.

Riesgos laborales y complemento de destino

“Especial preocupación” les produce la negativa a reconocer expresamente la toxicidad y la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos inherentes a la función policial desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales y protección de la salud.

En este sentido, han concretado que las intervenciones en accidentes de tráfico, incendios, emergencias, situaciones con presencia de sustancias peligrosas, contacto con fluidos biológicos o actuaciones con personas en situaciones de especial vulnerabilidad exponen a los agentes a riesgos “que merecen ser reconocidos y contemplados dentro de una norma moderna y adaptada a la realidad del servicio”.

Asimismo, consideran “incomprensible” que una norma cuya finalidad principal debería ser coordinar y homogeneizar criterios en toda Cantabria “renuncie a abordar cuestiones tan importantes como la homogeneización del complemento de destino de las policías locales de la comunidad autónoma”.

Los representantes sindicales también han expresado su preocupación por la aparición de informes y objeciones “de última hora” que alteran acuerdos previamente trabajados durante meses. “Tenemos la sensación de que determinadas presiones procedentes de algunos ayuntamientos han condicionado de manera decisiva el resultado final del texto”, han comentado. A su juicio, resulta “especialmente preocupante que los intereses particulares de determinadas administraciones locales parezcan imponerse sobre el interés general de la coordinación policial en Cantabria”.

Por todo ello, han rechazado el borrador “pues ni tan siquiera el Gobierno de Cantabria ha querido realizar la votación tal y como recoge el régimen de funcionamiento de dicha Comisión”.

“Seguiremos defendiendo una norma marco moderna, valiente y útil, que reconozca la realidad de la profesión, proteja la salud de los agentes, garantice criterios homogéneos en toda la comunidad autónoma y responda verdaderamente a la finalidad para la que fue concebida: coordinar y mejorar las policías locales de Cantabria”, han concluido.

La plantilla de Prysmian, la fábrica de cable de Maliaño (Camargo), vuelve este jueves 18 de junio a la huelga tras rechazar la propuesta planteada por la dirección para poner fin al conflicto iniciado hace más de un mes y medio ante el “bloqueo” de la negociación del nuevo convenio colectivo y “el empeño de la empresa de congelar los salarios”.

Así, tras la votación de ayer, en la que el 56% de la plantilla dijo “no” a la oferta de la empresa, con una participación que superó el 93,5% de un censo total de 139 personas, la fábrica ha amanecido hoy de nuevo cerrada y sin actividad productiva, ha informado el comité de empresa en nota de prensa.

Según ha explicado, tras la última reunión en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), la empresa puso sobre la mesa una propuesta que, aunque “se acercaba a las pretensiones de la representación sindical, aún mantenía diferencias que impedían cerrar un acuerdo”.

Fue entonces cuando el comité de empresa decidió someter a votación la propuesta porque “la empresa amenazó con retirar esa última oferta que el comité previamente había rechazado y el resultado ha refrendado al comité”.

La representación sindical ha destacado que en el caso del personal especialista y no cualificado, es decir, de producción, este rechazo ha alcanzado el 67%, de un total de 106 votos, mientras que, por el contrario, el personal de oficinas se ha mostrado conforme con el acuerdo en un 95%, de un total de 24 votos.

“Está claro que quienes están aquí día a día secundando las movilizaciones y al pie de cañón refrendan nuestra postura de luchar por lo que consideramos justo”, ha subrayado el comité, que ha asegurado que no están pidiendo “nada desorbitado”, simplemente “mantener el poder adquisitivo, y eso solo será posible si hay incrementos salariales acordes”.

De esta forma, con esta votación los sindicalistas entienden que la plantilla quiere que sigan negociando. “Nos habíamos acercado mucho, pero la empresa no quiere avanzar para poder firmar el acuerdo”, ha apuntado el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO).

Así, está previsto que este jueves se celebren nuevas asambleas en la puerta de la fábrica para informar y analizar la votación de ayer, a la espera de nuevos movimientos de la empresa y de convocatorias de reunión para seguir negociando.

En este punto, el comité ha avanzado que no descarta un nuevo calendario de movilizaciones si no se producen avances.