La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.

La Policía Nacional ha detenido a un individuo por un presunto caso de violencia de género, al retener en contra de su voluntad a una mujer de 38 años que constaba como desaparecida en Murcia. Además de este individuo, se ha procedido al arresto de tres personas más como presuntos encubridores.

El delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que hay una investigación abierta en estos momentos y que previsiblemente este viernes pasarán a disposición judicial los cuatro detenidos.

La mujer llevaba en paradero desconocido desde abril de 2024. Tras meses retenida y sufriendo agresiones constantes que le provocaron la pérdida de visión en un ojo, logró escapar de su pareja y solicitar auxilio en un centro de salud, según informa La Opinión.

Lo que inicialmente se barajó como una posible desaparición voluntaria en abril de 2024 no lo era. Según el relato de la mujer, permaneció meses cautiva en una vivienda de San José de la Vega, una pedanía de la capital. Su pareja la mantuvo raptada y sometida a continuas vejaciones.

Los hechos se precipitarion el pasado martes. Aprovechando que su captor dormía, la víctima usó una escalera para saltar la valla de la vivienda y correr hacia el Centro de Salud del Infante. Allí, el personal sanitario quedó conmocionado por su estado: presentaba hematomas, cortes de navaja y una brecha en la cabeza.

Tras activar el protocolo policial, la mujer relató un historial de torturas que incluía violaciones y palizas con palos. Después de recibir atención médica en el hospital, fue trasladada a una casa de acogida.

Ayer miércoles, bajo supervisión del Juzgado de Guardia de Murcia, se llevó a cabo un exhaustivo registro en la vivienda de la huerta donde la víctima permaneció cautiva. En el inmueble, los investigadores incautaron armas blancas y de fuego, así como diversas sustancias estupefacientes.

Además, se hallaron los mismos objetos que la mujer describió en su denuncia, utilizados presuntamente para mantenerla amordazada y maniatada. El operativo culminó con el arresto de un hombre y una mujer, vecinos del agresor, por su presunta complicidad al ocultar el secuestro y no alertar a las autoridades.

Debido a la naturaleza de los delitos de violencia sexual implicados, la investigación ha sido asumida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Esta unidad especializada se encarga ahora de gestionar el caso y brindar protección a la víctima.

La Región de Murcia ha activado esta tarde el Plan de Emergencia Exterior ante el incendio declarado en las instalaciones de Repsol en el polígono industrial de Escombreras, en Cartagena, han informado fuentes de la Comunidad Autónoma.

Además, según ha informado en su cuenta de X el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha enviado un mensaje ES-alert a la población de Alumbres, Escombreras y Portmán por la nube de humo generada por el incendio.

“Se recomienda refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas y alejarse de la zona en caso de ir en coche”, señala López Miras.

El suceso, que no ha causado heridos, según el 112, se ha producido a las 17:50 horas en la “unidad de topping 3 del complejo industrial de Cartagena”, ha señalado una fuente de Repsol, que ha indicado que “en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, la compañía puso en marcha sus planes de emergencia”.

Mientras buena parte del calendario festivo urbano se concentra en grandes eventos y programaciones cada vez más homogéneas, el barrio de Santa Eulalia de Murcia vuelve a demostrar en 2026 que hay otra forma de celebrar. Más lenta, más vecinal y más resistente. Las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria y San Blas, consideradas las más antiguas de Murcia, regresan del 25 de enero al 8 de febrero con un programa que mezcla tradición religiosa, actividades culturales y vida de barrio.

Santa Eulalia no es solo una parroquia, es uno de los núcleos fundacionales de la ciudad. Sus fiestas funcionan como un termómetro: cuando llegan, el barrio se reactiva, se ocupa el espacio público y se refuerzan las conexiones vecinales.

El programa arranca el domingo 25 de enero con la inauguración de la caseta de la Comisión de Fiestas, situada junto a la iglesia, un espacio que durante dos semanas actúa como punto de encuentro. A mediodía llega el pregón, que este año corre a cargo de Joaquín Bernal Ganga, historiador del arte, en un gesto que subraya la importancia del patrimonio cultural del barrio.

Tras la misa solemne, acompañada por la Peña Huertana El Zarangollo, la jornada se traslada a la plaza de la Candelaria con una paella popular elaborada por el restaurante El Tirol.

Pensar el barrio desde la cultura

Lejos de limitarse a un programa litúrgico, las fiestas de Santa Eulalia incorporan desde hace años una dimensión cultural estable. El XVI Ciclo de Historia, Arte y Arqueología 'La Trinidad', que se celebra los días 26 y 27 de enero en el Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM), es uno de los ejemplos más claros.

El lunes, el director del MUBAM, Juan García Sandoval, analiza la dimensión simbólica y artística de la iglesia de Santa Eulalia. El martes, el doctor Lorenzo Tomás Gabarrón aborda la figura del arquitecto José Antonio Rodríguez Martínez. Dos conferencias que conectan el presente del barrio con su historia material y ayudan a contextualizar el patrimonio.

El miércoles 28 de enero pone el foco en la educación y la divulgación. Por la tarde, la iglesia acoge un taller infantil dedicado a explicar a los más pequeños el sentido de las fiestas de la Candelaria y San Blas. Ese mismo día, el MUBAM es escenario de la proyección del documental El mar de ellas y un coloquio posterior con investigadoras universitarias, en una actividad organizada por la Asociación de Comerciantes del barrio.

La implicación del comercio local en el programa no es anecdótica. En Santa Eulalia, las fiestas funcionan también como una herramienta de dinamización económica y de reivindicación del comercio de proximidad como parte esencial del tejido urbano.

Reconocimientos y cuidados

El jueves 29 de enero está dedicado a los mayores del barrio. En el Centro de Mayores de Santa Eulalia se entregan las distinciones Candelaria 2026 y Tío Blas 2026, seguidas de una tarde de música y merienda.

El viernes 30 continúa esa lógica intergeneracional. Por la tarde se celebra una fiesta infantil en la plaza de la Candelaria, mientras que al anochecer se organiza una visita guiada por el barrio y la entrega de la distinción Eulalio 2026 a la Muy Ilustre Tuna de Economía y Empresa de Murcia, en un acto impulsado también por la Asociación de Comerciantes.

Historia, música y calle

El sábado 31 de enero recupera uno de los momentos más singulares del programa: el desfile conmemorativo de la Toma de Murcia por Jaime I, que recorre el centro histórico y regresa a Santa Eulalia. Se trata de una recreación simbólica que conecta el barrio con la historia de la ciudad.

Al mediodía, la plaza de la Candelaria se convierte en escenario de un aperitivo musical con actuaciones en directo.

El domingo 1 de febrero combina celebración religiosa y acción solidaria. Tras la misa solemnizada por la Rondalla La Parranda de la Casa de Canarias, la plaza del pintor José Falgas acoge un cocido solidario a favor de la Asociación ELA Región de Murcia.

La Candelaria y San Blas, el eje central

Los días 2 y 3 de febrero concentran el núcleo simbólico de las fiestas. La bendición de las candelas, la presentación de los niños y la solemne procesión con las imágenes de la Virgen de la Candelaria, San Blas y San José recorren las calles del barrio en uno de los rituales más antiguos de la ciudad.

San Blas, patrón de las afecciones de garganta, vuelve a reunir a asociaciones sanitarias, fieles y representantes institucionales en la renovación del voto del Ayuntamiento de Murcia.

La organización recuerda que durante todas las fiestas, en la caseta situada junto a la puerta principal de la iglesia, se podrán adquirir los tradicionales rollos bendecidos de San Blas, además de sanblases, medallas y otros recuerdos vinculados a la celebración.

Lejos de cerrarse con los días grandes, el programa se extiende durante la primera semana de febrero con teatro benéfico en el Teatro Romea y convivencia y actividades comunitarias. El domingo 8 de febrero, la procesión-romería de Santa Eulalia pone el punto final.

El programa completo de las fiestas, con horarios detallados y localización de cada actividad, puede consultarse a través de la parroquia de Santa Eulalia y de la Asociación de Comerciantes del barrio.

La mayoría de los actos son de acceso libre y gratuito, y se desarrollan en espacios habituales del barrio como la iglesia, el Museo de Bellas Artes, la plaza de la Candelaria o el Teatro Romea, lo que facilita la participación tanto de vecinos como de personas que se acerquen desde otros puntos de la ciudad.

Con la llegada de un nuevo año, consultar el calendario se convierte casi en un gesto automático para muchas personas. Más allá de la curiosidad por saber en qué día cae nuestro cumpleaños, revisar las fechas clave del año —como festivos laborales o escolares, así como la posiblidad de que haya un puente— resulta fundamental para organizarse con antelación.

Tener una visión global del calendario ayuda tanto en el ámbito personal como en el profesional: permite planificar escapadas, periodos de descanso, eventos familiares o incluso marcar objetivos y distribuir mejor el tiempo libre.

En la Región de Murcia, el año 2026 contará con un total de 14 días festivos oficiales, una información clave para quienes quieren organizar viajes, celebraciones, reuniones familiares o simplemente reservar momentos de ocio y desconexión. Conocer estas fechas con antelación facilita una mejor gestión del tiempo y del presupuesto, evitando improvisaciones de última hora.

Además, estos días festivos marcan pausas en la actividad habitual de centros de trabajo, colegios y administraciones públicas, por lo que resultan especialmente útiles para reorganizar tareas y aprovechar mejor los días laborables. La mayoría de los festivos del próximo año caerán entre semana.

En definitiva, contar con un calendario laboral claro y bien planificado se convierte en una herramienta esencial para afrontar el año con mayor previsión y tranquilidad.

Festivos en Murcia 2026

Murcia contará en 2026 con 14 días festivos reconocidos oficialmente

Festivos locales en la Región de Murcia

Esto es una recopilación de todos los festivos de las localidades de Murcia

Abanilla

Abarán

Águilas

Albudeite

Alcantarilla

Aledo

Alguazas

Alhama de Murcia

Archena

Beniel

Blanca

Bullas

Calasparra

Campos del Río

Caravaca de la Cruz

Cartagena

Cehegín

Ceutí

Cieza

Fortuna

Fuente Álamo

Jumilla

La Unión

Las Torres de Cotillas

Librilla

Lorca

Lorquí

Los Alcázares

Mazarrón

Molina de Segura

Moratalla

Mula

Murcia

Ojós

Pliego

Puerto Lumbrera

Ricote

San Javier

San Pedro del Pinatar

Santomera

Torre-Pacheco

Totana

Ulea

Villanueva del Río Segura

Yecla

“El exilio nos ha marcado la vida a todos los que pertenecemos a esta generación tan extraña, a los nacidos en el Magreb sin que ninguno de nosotros supiera qué era el exilio ni por qué nuestros padres vivían tan lejos de España. Es un dolor a veces imperceptible que atraviesa a cientos de familias. Yo también soy exiliada, aunque naciera varios años después de la Guerra Civil. Siempre he dicho que soy un poco de ninguna parte, una unidad compuesta por tres países, Marruecos, donde nací y crecí, Francia, donde hice mi vida adulta, y España. Mi padre nunca quiso volver a saber nada de España. Quiso pasar página, olvidarse de todo lo que había sufrido. Pero este país, del que él fue expulsado a patadas cuando tenía 23 años, está en mis entrañas. Por eso he venido a vivir aquí: para decirles a todos los que quisieron matarlo que aquí estamos sus descendientes”.

En la casa de Cristine Hernández, en Santiago de la Ribera, los álbumes de fotos en blanco y negro apilados en las estanterías hablan por sí solos: ropas finas y sucias de polvo, tierra seca, sudor en la piel, un sol incisivo, un hombre joven y delgado que posa en la puerta de una ambulancia muy antigua, en pleno desierto. La noche del 30 de marzo de 1939, dos días después de haber huido para siempre de España desde Alicante a bordo del buque Stanbrook junto a otros 3.000 desconocidos, ese hombre, un médico extremeño llamado Arturo Hernández, observa recostado sobre la cubierta la silueta de Orán, en la prometedora Argelia francesa. En dos días de travesía por el Mediterráneo nadie ha pronunciado su nombre. Ninguna de esas personas, perseguidas todas por el franquismo, es consciente de que ese viaje que al principio no saben o no quieren llamar exilio será una pesadilla que dejará huella en todas las generaciones que vengan detrás.

Quién puede o se atreve a irse de un día para otro de su propio país, a romper con todo, con la vida que uno ha tenido siempre, con tal de no ser asesinado. Arturo Hernández cree, ingenuamente, que en Argelia nadie podrá averiguar su pasado, ni la razón por la que ha tenido que escapar a toda prisa, ni que su nombre figura ya escrito a máquina en una lista de futuros fusilados. Piensa que allí podrá estar a salvo y recuperar la libertad que después de tres años de guerra ya no sabe imaginar. “Pero se equivoca. Y solo tarda unas pocas horas en darse cuenta”, afirma Cristine, su hija, que ahora tiene 72 años.

Exiliados y prisioneros

La historiadora Victoria Fernández cifra en unas 12.000 las personas que abandonaron España rumbo al exilio en el norte de África, la mayor parte desde Cartagena y Alicante. Todas ellas fueron tratadas allí por las autoridades francesas como delincuentes. Primero fueron detenidas. Después, transportadas como ganado a decenas de campos de concentración. Aquel calvario duró cuatro años, hasta que en 1943 las tropas aliadas devolvieron la legalidad y los derechos humanos. La pregunta de por qué se trató así a los exiliados españoles sigue sobrevolando al cabo de tantísimo tiempo una de las diásporas más desconocidas de la historia reciente de España.

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Elche

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Murcia

Cartagena

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Kasserine

Melilla

2

1

Se dedica a curar a sus compañeros en cautiverio

Meheri-Zebbeus

Rabat

ARGELIA

1

Gabès

Hadjerat

Bou Arfa

3

4

MARRUECOS

TÚNEZ

Kenadsa

5

2

Colomb-Béchar

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Una vez libre, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 / "DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Cartagena

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Melilla

Kasserine

2

1

Meheri-Zebbeus

1

ARGELIA

Gabès

Bou Arfa

3

4

TÚNEZ

5

Colomb-Béchar

2

Kenadsa

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Una vez libre, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 /

"DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

La respuesta, para la investigadora Eliane Ortega, nieta de Gerardo Bernabéu, exiliado desde Alicante a Argelia y nacida en Orán en los años cincuenta, es simple. “En España se hizo correr la mentira de que todos los republicanos eran comunistas. Los franceses tuvieron miedo ante la horda de supuestos comunistas que llegaba a su país. Se creyeron un auténtico bulo. Para evitar el peligro, los encerraron y los sometieron a trabajos forzados, torturas y palizas”. Ortega lleva más de dos décadas tratando de averiguar lo que vivieron los españoles en el Magreb en aquellos años.

Solo 24 horas después de llegar a Orán, Arturo Hernández se convierte en un prisionero anónimo. Recorre dentro de cajas de camiones abarrotadas de exiliados la inmensidad desértica de un país mucho más grande que España. Primero lo llevan a la prisión de Morand. Allí los franceses eligen su destino: será médico en los campos de Colomb-Béchar (Argelia) y Bou Arfa (Marruecos). En ambos los republicanos, cuenta Ortega, construyeron tendidos ferroviarios bajo un calor asfixiante con apenas un litro de agua al día para beber y lavarse.

Hernández muere en 1991 en Annecy, Francia, sin volver a vivir nunca en España. Tras la liberación de los campos consigue trabajo en el hospital marroquí de Uchda. En esa ciudad forma su familia. Su historia, el testimonio de su hija, son un espejo del vendaval de desgracia y desarraigo que persiguió a los españoles que cruzaron el mar para no ser encarcelados o ejecutados por Franco.

4.000 expedientes de la diáspora 

Durante su investigación, Eliane Ortega ha recopilado 4.000 expedientes de prisioneros españoles en los campos de concentración norteafricanos. Comenzó a bucear en archivos argelinos tras leer el diario de su abuelo, en el que narra paso a paso el espanto. Gente común que sufrió sin compasión el hambre, la infección, la debilidad muscular, la tortura, el esfuerzo físico extremo, el frío, el calor, la muerte. “Había campos que eran como cárceles; había explotaciones agrícolas y minas tóxicas; había campos donde se construían las vías del tren o carreteras o puentes en pelotones de 250 trabajadores; había otros concebidos directamente para matar, en los que se pegaban palizas o se enterraban prisioneros vivos”, enumera.

“Hay muchas personas –prosigue Ortega– sepultadas en estos tres países sin que sus familias lo sepan. No se puede conocer con exactitud cuánta gente murió porque no se hacían listas de defunciones. El objetivo de las autoridades era tapar lo máximo posible aquella barbaridad”.

Ortega es hija del exilio. En Orán tuvo una niñez y una adolescencia apacibles en las que evitó las penurias de la posguerra española. “Toda mi familia tiene la condición tan desagradable de ser exiliada. Es una herida abierta, muy dolorosa, que una lleva dentro. Te obligan material, sentimental, política y económicamente a dejarlo todo atrás, a cancelar tus raíces, a cambio de sobrevivir. Duele y no se puede camuflar, por mucho que pase el tiempo”, dice.

Morir en el olvido

A muchos refugiados españoles, ni siquiera después de la muerte se les acabó el exilio. Manuel López Pinal, radiotelegrafista de la Armada republicana que escapó el 5 de marzo de 1939 de Cartagena con la flota naval, compuesta por 12 buques, un submarino y 4.093 personas, murió de tifus en agosto de ese mismo año debido a las condiciones del primer campo de concentración al que lo llevaron, una mina de fosfato en Meheri-Zebbeus, en la zona central de Túnez. Murió sin saber si alguien le recordaría, si sus padres o su novia llegarían a enterarse alguna vez de su desgracia.

El rastro de alguien que muere en un campo de concentración desaparece. A día de hoy, su sobrino, Xosé Manuel López, no ha logrado encontrar sus restos, que yacen enterrados en la negrura de alguna fosa común. Lo único que conserva de él es un simple certificado de defunción del hospital más cercano al campo. “Lo recluyeron en una mina rodeada por alambre de espino, vigilada a todas horas por soldados senegaleses armados. Lo hacían dormir sobre paja llena de piojos. El agua era insalubre. Era todo tan extremo que pronto comenzaron a proliferar las enfermedades. Mi tío fue víctima de fiebres tifoideas. Hubo decenas de muertos como él”, relata.

Xosé Manuel y su familia entera perdió a Manuel López Pinal a los 27 años y desde entonces lo dan por desaparecido. “No hemos podido ni pasar el duelo. Lo hemos buscado por todas partes. Queríamos llevarle flores, sentarnos un rato a su lado, hacer nuestro propio luto. El exilio es una marca indeleble de mi infancia y de mi vida. Es convivir con la idea o la carga de que hay algo que no está resuelto. Cuando hablamos de España y de descendientes de exiliados no hablamos del pasado, porque para nosotros sigue siendo el presente”.

Sobrevivir al campo de la muerte

En la misma flota naval de la que formaba parte Manuel López Pinal, y un mes antes de que Arturo Hernández pasara a ser designado médico de los campos, curando a sus compatriotas sin apenas medios, Juan Alcaraz, miembro de la CNT, huyó de Cartagena a los 18 años en el Miguel de Cervantes, el último barco militar que escapa del puerto cuando las tropas franquistas rodean la ciudad por los costados. Fue de los pocos civiles que logró internarse entre los marinos. También hubo, apunta Victoria Fernández, 20 mujeres y sus hijos pequeños. Fueron alojadas en un antiguo manicomio medio derruido de Bizerta.

“Que mi padre consiguiera una plaza en la flota fue 'una suerte'. Y digo esta última palabra entre comillas, porque él nunca se imaginó lo que iba a vivir. En España dos de sus hermanos mayores fueron detenidos y pasaron cuatro años en la cárcel. Pero mi padre, que era muy joven y no tenía ataduras, se fue sin avisar a nadie. Él creía que iba a la Francia de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero se había escapado de un infierno para meterse en otro mucho peor”, dice Jeannine Alcaraz, una de las hijas de Juan, de 79 años. Enseña una foto de su padre en uno de los campos, la mirada ya algo fatigada, incluso perdida.

Pasó primero, en Túnez, por Meheri-Zebbeus, de donde salió ileso, y por Gabès, campo ubicado a las puertas del Sáhara que el historiador tunecino Béchir Yazidi califica “de castigo”. Los franceses utilizaban vagones de trenes destinados a caballos para transportar a los detenidos españoles. En Gabès picaban piedra soportando temperaturas de más de 50 grados durante el día y bajo cero por la noche. Para las autoridades francesas, profundiza Yazidi, los exiliados no eran personas: eran despojos, figuras humanas sin identidad ni derechos.

Del desierto, Juan Alcaraz fue llevado a Argelia. Primero al campo de Khenchela, en las montañas del nordeste del país, y luego al de Kenadza, al oeste. Allí, explica Jeannine, conoció el verdadero miedo. “Mi padre, con su ímpetu de juventud, era de los que más protestaba contra las injusticias que todos estaban viviendo. Para intentar callarlo lo sometieron a torturas, como la tumba. Le obligaron a cavar un hueco en la tierra y a permanecer acurrucado en él durante siete días, sin poder moverse, alimentado de agua y pan duro”.

A Juan Alcaraz lo trasladaron después a Hadjerat. Ese nombre aún resuena con fuerza en la memoria y los apuntes de Eliane Ortega. Era conocido como el campo de la muerte. “Los altos mandos les prometían a los presos que no iban a salir vivos de allí. Les obligaban a ver cómo reventaban a latigazos a los demás”, explica la investigadora. El joven logró sobrevivir. No se sabe cómo. Nunca mencionó a su familia ni una sola palabra de todo ese periplo. El silencio es un factor común en cada exiliado que después intenta recuperar una vida ya trastocada para siempre. 

Juan Alcaraz fue camarero de bares y maître de hoteles de Orán y Francia el resto de su vida. Se mudó a Aviñón en 1964 tras la independencia argelina. No regresó a España hasta 1976, cuando Franco ya había muerto. Tenía hermanos pequeños a los que dejó en Cartagena siendo unos niños y no había vuelto a ver desde el 39. Murió en 2011, a los 91 años.

Reencuentro 11 años después

El exilio también podía engullir el porvenir de una familia entera varios años después de su comienzo. El teniente de navío Bonifacio Caparrós, cuyo hijo mayor, del mismo nombre, tiene hoy 85 años y vive en Cartagena, murió exiliado en Túnez en 1955 a los 43 años sin volver a pisar España. Estuvo cuatro años apresado en los campos de Meheri-Zebbeus y Kasserine y enfermó allí del corazón.

Caparrós eludió un seguro asesinato marchándose a bordo del acorazado Almirante Valdés. Su hijo Bonifacio, ahora parado junto al mar en el puerto de Cartagena, nació un mes después de que su padre huyera. Creció sin saber quién era ni dónde estaba. Las cartas que éste intentaba mandar a su mujer cuando estaba preso fueron censuradas por el régimen. Logró comunicarse con ellos después de la liberación, en 1943. Se quedó a vivir en Túnez capital. Encontró un empleo en un barco mercante y ahorró todo lo que pudo para traer a su familia consigo.

Durante ese tiempo, su mujer sirvió como criada a un coronel franquista. Era una parte de la humillación que el franquismo, cuenta Caparrós, hizo pasar a mujeres de los marinos huidos. En 1950 se habían cumplido 11 años desde su exilio, pero al fin lograron reencontrarse los tres en Túnez.  “Nos dimos un abrazo eterno nada más vernos. Acababa de conocer a mi padre. Estar allí era como haber ingresado en otro mundo de libertad. Recuerdo los desayunos de la pensión donde vivimos al principio, el olor del café, la consistencia del pan blanco, el sabor de la leche, del pescado o de la carne. Fue algo más sorprendente para mí, porque yo no conocía otra cosa. Fue sin duda la etapa más feliz de nuestra vida”, cuenta.

El bienestar duró pocos años. “Después de todo lo que pasó, del tiempo que tardó en reunirse con mi madre y conmigo, se puso mucho peor del corazón y murió”.

Bonifacio Caparrós fue enterrado en el cementerio de El Kram, en la capital. La familia regresó a España en 1962, tras la independencia de Túnez. El recién instaurado gobierno trasladó sus restos en el año 1970 sin dar ninguna información al respecto.

“Le destrozaron la vida por defender la democracia”

“El exilio es una cosa que te cambia el mundo, que ha impactado en la forma en que cada uno de nosotros, mis hermanos, que nacieron en Túnez, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, nos hemos ido abriendo camino en la vida. Toda la familia ha crecido con la pregunta de ‘dónde estará el abuelo’”, narra Bonifacio Caparrós. Esa pregunta, por fin, en el verano de 2023, encontró respuesta.

Cuando llegó a la tumba de su padre después de décadas de búsqueda, ya no una tumba, como él recordaba, sino una fosa común abandonada en la esquina de otro cementerio de la capital, Caparrós estaba nervioso. Dice que, al verla, sintió un alivio inmenso. Compró un ramo de flores en una tienda cercana al cementerio. Había traído de España una tela con los colores de la bandera republicana. La colocó junto a la placa de hormigón de la fosa en la que no hay inscrito ningún nombre.

“Sentí que tenía que dejar la bandera ahí con él. A mi padre le destrozaron la vida por defender esa bandera, esa legalidad democrática”, concluye. En el horizonte del puerto de Cartagena, un puerto bastante más luminoso que aquel de 1939, hay buques acorazados de guerra. Es imposible apreciarlo, porque lo borra la curvatura del mundo y la distancia, pero a lo lejos, a tan solo 200 kilómetros, está el Magreb de los migrantes: el Magreb de aquel exilio español.

Un hombre de 67 años de edad ha muerto este sábado por la tarde en el interior de una mina abandonada de Cartagena, según ha informado el 1-1-2 en una nota de prensa. La víctima habría sufrido un accidente tras bajar a su interior en busca de minerales.

El aviso se produjo el sábado por la mañana, pasadas las 12 horas, cuando una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias solicitó ayuda para el hombre, que había sufrido un accidente en la mina Haití, situada en la diputación cartagenera de El Beal. La víctima se encontraba a una profundidad aproximada de 300 metros y se había golpeado con una piedra de gran tamaño.

El personal sanitario del 061 confirmó el fallecimiento del excursionista horas después. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil recuperó el cuerpo con la ayuda de Bomberos de Cartagena pasadas las 21 horas.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias.

Una jueza ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para un cirujano plástico acusado de violar a una mujer mientras estaba anestesiada en una clínica de Murcia. Dos enfermeras grabaron los hechos y los denunciaron ante la Policía este jueves, según adelanta La Opinión de Murcia.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando el arrestado iba a realizar en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta una operación de pecho a una paciente de Molina de Segura. Con la mujer ya anestesiada, las dos sanitarias observaron que el cirujano hacía movimientos extraños que les parecieron de carácter sexual, por lo que grabaron la escena en vídeo con el móvil.

Más tarde, según informa el periódico murciano, ambas informaron de lo sucedido al hospital y después a la Policía, desde donde el asunto se dirigió a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Región de Murcia. Dado que se conocía la identidad del sospechoso, los agentes iniciaron una búsqueda y lo localizaron en casa de su madre, en Alicante.

El cirujano fue arrestado y pasó tres días detenido antes de comparecer ante la magistrada responsable del Juzgado N.º 4 de Molina de Segura, donde no quiso declarar. La jueza ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al tratarse del presunto autor de un delito de agresión sexual.

Desde la Consejería de Sanidad murciana afirman no haber recibido ninguna notificación sobre este asunto. Por su parte, desde el centro hospitalario explican que el facultativo no trabaja allí, sino que alquiló un quirófano para la intervención, una práctica habitual. El cirujano ya había operado en esa clínica alguna vez, así como en otras de la Comunitat Valenciana.

elDiario.es Región de Murcia, junto a la Delegación del Gobierno, ha organizado este jueves la jornada 'La memoria de las mujeres tras los muros. 50 años de libertad', con motivo del medio siglo transcurrido tras la muerte de Franco. Durante toda la tarde se ha debatido y puesto en valor la figura de las mujeres represaliadas durante la dictadura franquista, especialmente las que estuvieron encerradas en la Cárcel Vieja de Murcia.

“Hoy estamos aqui para recordar a aquellas mujeres hijas de su tiempo cuyo recuerdo nos trae la carga del silencio, de ocultar su drama”, ha dicho el delegado del Gobierno, Francisco Lucas Ayala, quien ha destacado que “el Gobierno de España asume su responsabilidad para reconocer el sacrificio de estas mujeres que asentaron los cimientos democráticos experimentados en estos cincuenta años”. En palabras del delegado, “queremos convertir ese silencio en clamor, con el compromiso de seguir defendiendo la democracia, que cuidaremos en su memoria y que defenderemos de los nuevos esquiladores” de estos tiempos.

“La Guerra Civil la ganaron los golpistas, que construyeron el relato y quedó grabado a fuego durante la dictadura franquista; y aunque ha habido avances en los últimos años, sobre todo desde la Ley de Memoria Histórica de 2007 impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, todavía quedan muchas historias por contar”, ha destacado Elisa Reche, directora de elDiario.es Región de Murcia, durante la inauguración del acto que ha arrancado a las 18.30 en el salón de actos de la Delegación del Gobierno en la capital murciana.

Este encuentro coincide, además, con la reciente celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha marcada por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la denuncia de todas las violencias machistas. Con este acto se ha querido hacer una revisión de la represión que sufrieron miles de mujeres durante el franquismo —tanto institucional como física, simbólica, económica y social— y que constituyó también una forma de violencia de género histórica.

El acto, que se ha podido seguir por streaming a través de la cuenta de YouTube de elDiario.es Murcia y que ha contado con intérpretes de Lengua de Signos, ha reunido a voces del ámbito cultural, académico, memorialista y familiar que han trabajado por rescatar estas historias. La tarde se ha estrenado con la participación del colectivo Physical Collage, que ha preparado la intervención 'Archivos de una huida Nº5: 50 años de España en libertad', y en la que han actuado Elena Galindo, Carmen Liza y Claudia Maró. Archivos de una huida es una red de investigación y creación multidisciplinar de carácter site-specific. Esta intervención performativa forma parte de una serie de piezas escénicas de pequeño formato que exploran distintos episodios vinculados a la Memoria Histórica.

Canto a la libertad

“En el colegio no nos enseñaron la historia de la Guerra Civil y la tuvimos que descubrir nosotras para traerla a los escenarios”, ha dicho Elena Galindo, quien ha destacado que ahora “podemos hablar del hambre, las masacres o el miedo, y esta pieza es un canto para recordar juntos estos cincuenta años de derechos a elegir nuestra ideología o a reunirnos libremente; hemos heredado esta dolorosa historia para cuidar lo más preciado, nuestra libertad”. Galindo ha señalado que en lugares “donde no interesa la Memoria Democrática” ha sido complicado programar la obra. “No hemos conseguido llegar a Andalucía, por ejemplo”.

Tras esta intervención ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado María Dolores Martín-Consuegra Martín-Fontecha, una de las directoras de 'Sacar a la luz. La memoria de las rapadas', documental con el que se ha cerrado la jornada, junto con Mercedes Nicolás, portavoz de la Federación de Memoria Histórica de la Región de Murcia; Elena Mateo Galindo, directora y dramaturga de la obra 'Nacional 340' sobre La Desbandá; Vicente Medrano, autor de ‘Consejos de guerra a mujeres. Condenadas en la Región de Murcia (1939-1944)’, y Gabriel Martínez Navarro, sobrino de Ángeles Martínez Gómez, internada en la prisión provincial de Murcia entre julio de 1939 y enero de 1942. Ángeles llegó a la Cárcel Vieja con solo 10 días junto a su madre, Segunda Gómez Sánchez, acusada de adhesión a la rebelión y condenada a tres años prisión.

Gabriel Martínez Navarro ha relatado que su familiar fue acusada, según figura el sumario, de asalto en un domicilio a punta de pistola: “Algo imposible, su peligro radicaba en que sabía leer y escribir, enseñaba a las vecinas, y eso es lo que la hacía peligrosa”.

“Estamos revisando los archivos para dar voz a las mujeres que pasaron por las celdas de la prisión provincial de Murcia, mujeres que sufrieron una represión diferente a la de los hombres en muchos casos y queríamos saber más porque no hay todavía muchos trabajos sobre la mujer en la Cárcel Vieja”, ha apuntado Mercedes Nicolás, quien ha recordado que el edificio fue declarado este pasado junio Lugar de Memoria Democrática.

Vicente Medrano ha puesto las cifras: “De las 45.000 personas represaliadas en la Región, 1.355 fueron mujeres, y en Murcia hubo 771 fusilados”. Según Medrano, “las mujeres sufrieron dos tipos diferentes de represión, una directa en donde se les juzgaba en el consejo de guerra y otra indirecta por pertenecer a un núcleo familiar del bando republicano”.

Para poner el broche a la jornada se ha proyectado el documental 'Sacar a la luz. La memoria de las rapadas', dirigido por Gema y Mónica del Rey Jordá y María Dolores Martín-Consuegra Martín-Fontecha. Un trabajo en el que las autoras recogen los testimonios de mujeres que fueron rapadas durante el franquismo como castigo social y político. Esta investigación audiovisual dignifica la memoria de todas esas mujeres a través de la pantalla.

María Dolores Martín-Consuegra Martín-Fontecha ha recordado que su inspiración fue la historia de las mujeres de su pueblo: “Me enteré de que en aquella época, de manera violenta, les cortaban el pelo y les dejaban un pequeño lacito haciéndolas desfilar por las calles; la voz de las víctimas era una realidad no prevista en este sistema democrático, lo corregía, y pensé que tenían que ser escuchadas”.

'Fake vs Memoria: quién gana la historia'

Para completar el ciclo, el miércoles 10 de diciembre elDiario.es Región de Murcia y la Delegación del Gobierno, ha organizado también la actividad 'Fake vs Memoria: quién gana la historia', que tendrá lugar en el café El Soldadito de Plomo, de Cartagena, de 19.00 a 20.30 horas.

La jornada tendrá como objetivo desmontar bulos y abordar la desinformación alrededor de la Memoria Histórica; las falsedades vinculadas al franquismo, la transición y el papel de las mujeres en la historia reciente. El acto estará articulado por la influencer Ángeles Taro, divulgadora sobre historia y memoria femenina. Y participarán también Josefa Pérez García, miembro de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, y el profesor de Geografía e Historia del IES Carthago Spartaria, Alejandro Curtis.

Elisa Reche, directora de la edición local de elDiario.es, será la encargada de presentar la jornada, en la que también se dará a conocer entre el público asistente el cómic 'Desmontando a Franco'.

La Guardia Civil se encuentra investigando la muerte de una mujer de 19 años cuyo cuerpo sin vida ha sido encontrado en una vivienda del municipio de Librilla, en Murcia. Según ha podido saber este periódico, el sospechoso, de 27 años, habría matado a su novia mientras esta dormía en un piso de la localidad murciana. Ambos eran de nacionalidad española.

Después del presunto crimen, el hombre consumió una gran cantidad de pastillas, supuestamente intentando acabar con su vida, pero decidió ir al hospital. Una patrulla de la Guardia Civil de Alhama de Murcia se dirigió al piso de Librilla, donde halló a la joven fallecida.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha hecho público su “más sentido pésame” a la familia y amigos de la víctima. Y ha señalado que “si se confirma el asesinato machista, sería la segunda víctima por violencia de género este año en la Región de Murcia y la número 32 en España”. La primera víctima del año por violencia machista en la Región de Murcia fue una mujer presuntamente acuchillada por su pareja en la pedanía cartagenera de El Algar.

La mujer no constaba registrada en el sistema VioGén de seguimiento integral de los casos de violencia de género, dependiente del Ministerio del Interior. Según han confirmado fuentes oficiales, entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.

La Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete acordó este miércoles en una reunión el plan de trabajo de la organización para los próximos meses, que contempla concentraciones en Cartagena, Murcia, Cieza y Hellín, así como la petición de mantener una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El organismo, creada por la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur), aglutina a más de medio centenar de representantes de administraciones públicas regionales, partidos políticos, ayuntamientos, instituciones, universidades, organizaciones sociales, sindicales y empresariales de Castilla-La Mancha, Andalucía y la Región de Murcia.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Grados del Edificio CIM de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y contó con la asistencia de una veintena de representantes de la Comisión, tanto de manera presencial como telemática, según informaron fuentes de Consumur en un comunicado.

Como principal actuación se fijó la posibilidad de que en septiembre del 2026 se lleve a cabo una manifestación interregional, quedando condicionada a los avances que pudieran producirse con el Gobierno de la Nación.

Además, se dio a conocer el informe de las gestiones realizadas por la organización desde la última reunión, el pasado junio, destacando la labor de difusión de la Comisión a través de reuniones institucionales en el marco de las tres comunidades afectadas --Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia--, entre otras.

Seguidamente se informó sobre los miembros que conforman la Comisión y el número de cartas aval al informe elaborado que se han recibido hasta la fecha y que serán remitidas próximamente al ministro Óscar Puente.

Un punto destacado en la reunión fue la presentación del proyecto de comunicación, cuyo principal objetivo es acercar a la ciudadanía las reivindicaciones de la Comisión, intensificando la presencia en redes sociales y medios de comunicación. Además, se seguirá trabajando en la ampliación del número de adhesiones a la Comisión.

Para el presidente de Consumur, Roberto Barceló, durante el encuentro “se han aprobado una serie de actuaciones con la finalidad de intensificar la relación con la ciudadanía de un modo pedagógico para darles a entender la importancia que la línea Cartagena-Albacete tiene en la vertebración de las regiones afectadas (Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia) a nivel económico social”.

“En estos momentos existe un desapego por la falta de información y conocimiento que los ciudadanos tienen. Si se quiere acelerar el proceso de que esta línea se reabra lo antes posible es necesaria la colaboración de los mismos. Por ello, además de que esta comisión va a continuar con su labor de relaciones institucionales a fin de adherir el máximo número de éstas a la finalidad que se persigue, se va a emprender una serie de iniciativas buscando la mayor difusión entre la ciudadanía al mismo tiempo que su participación”, afirmó.

En la pedanía murciana de El Mirador (San Javier) los estragos de la riada que atravesó sus calles la noche del pasado 10 de octubre son visibles y diversos. Las líneas blancas de la carretera se confunden todavía con el barro seco. El muro de la casa de una familia que tuvo que ser evacuada aquella madrugada está destrozado. Un vecino camina a paso lento por la acera, cargando en cada mano una garrafa de ocho litros rebosante de agua, y las coloca en el zaguán de una casa donde una mujer, Carmen, barre el suelo con cierto aire de fatiga. Enseña los restos del recogedor antes de tirarlos al cubo de la basura: tierra roja y arcillosa, piedras, cañas. De lejos viene un fuerte olor a abono que procede de los campos de cultivo que rodean el pueblo, muchos dispuestos a orillas de la desbordada rambla de Cobatillas, cercando su cauce, debilitándolo ante la lluvia torrencial.

“Toda esta mierda vino del campo. El agua pasó muy rápida por todas las calles. Daba miedo verlo. Parecía que ese río marrón se lo iba a llevar todo por delante. Entró en casas y comercios. Pero lo que no esperábamos, porque nunca antes había pasado, es que lo peor llegara horas después, cuando todo se calmó”, dice, y mete dentro de la casa las garrafas que le ha dejado su vecino.

Los habitantes de El Mirador llevan ya sin agua potable, este martes, un total de once días. El corte afecta a unas 100.000 personas en la ribera norte del Mar Menor, desde San Javier y San Pedro del Pinatar a Los Alcázares, pasando por diversas pedanías del Campo de Cartagena pertenecientes a Murcia y a Torre Pacheco. La incidencia, larguísima, viene propiciada por la inundación con agua de escorrentía repleta de barro de la almenara de un canal de abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). Los trabajos de limpieza del tramo afectado, de unos 20 kilómetros de tuberías subterráneas, precisan fuentes de la MCT a este diario, concluyeron “en la madrugada del domingo 19 de octubre”. El Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado esta mañana que la normalidad se recuperará, al fin, “el miércoles o el jueves”.

Por el momento, en Los Alcázares y San Javier se permitió a partir de este pasado fin de semana usar el agua del grifo para higiene personal y tareas de limpieza. En El Mirador, considerada la zona cero de la dana, los vecinos solo pueden llenar la cisterna del váter. La MCT está enviando periódicamente a los laboratorios de la Consejería de Salud de la Región de Murcia el agua de los depósitos desinfectados para que ésta la analice y la decrete apta para consumo humano. 

“Nos dicen que tenemos que esperar, que pronto se solucionará, pero no nos cuentan nada más. Llevo 40 años viviendo en esta casa y no recuerdo nada igual. Me levanto todas las mañanas con la esperanza de leer en el móvil que ya tenemos agua. Pero eso no sucede. Lavamos la ropa a mano, como se hacía en estos pueblos antiguamente. Nos traen garrafas o vamos nosotros a llenarlas a las cubas, y nos duchamos con barreños de agua calentada en una olla. Jamás pensamos que esto fuese a durar tanto. Lo único que pido es poder darme una buena ducha”, explica Carmen.

“Cuando se ocupa el espacio natural del agua”

Alrededor de su casa, ubicada a un paso centro de El Mirador, se despliega un abanico infinito de tierras y fincas de cultivo del Campo de Cartagena, atravesadas, siempre, por el Trasvase Tajo-Segura, la infraestructura hormigonada que las abastece de agua de riego y que, junto a la rambla de Cobatillas, también fue desbordada con las tormentas del 10 de octubre. Hubo una conexión en ambos desbordamientos: la rambla, llena de agua, sedimentos y arrastres, se atascó en la intersección que tiene con el trasvase, justo en el punto que debe cruzarlo por debajo y seguir su curso hasta el Mar Menor. Acabó colmatándolo.

Un operario de la empresa municipal de aguas de San Javier revisa una conducción ubicada en un tramo de carretera que discurre junto al trasvase. Afloja la llave de paso de la boca y brota de ella un chorro leve. Dice que, desde el 10 de octubre, lo único que ha hecho ha sido doblar turnos y participar en las labores de descontaminación de los depósitos. Que este tramo de la rambla de Cobatillas fue la clave del siniestro, que se inundó todo y el agua se volvió incontrolable. Mira hacia el horizonte de cultivos. En medio de todos ellos está la almenara de la MCT donde la escorrentía se infiltró con una voracidad que nadie esperaba. “Cuando se ocupa el espacio natural del agua, ésta se busca otros sitios. Y al final pasa lo que pasa”, denuncia.

Cultivar en plena rambla

Pedro Conesa, otro vecino próximo a El Mirador, ya se había imaginado, con toda la lluvia que estaba cayendo aquella noche, que el nivel del cauce de Cobatillas, en esa intersección con el trasvase, iba a crecer hasta colapsar. Por ella llegaron a circular, en picos máximos, según estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), hasta 1.300 metros por segundo de agua. Las estaciones meteorológicas registraron precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado en la zona. Lo que históricamente había sido, relata Conesa, en ese tramo, una rambla abierta y natural, con espacio suficiente para que el agua discurriera con holgura, con el paso de los años fue comprimiéndose cada vez más, perdiendo terreno en favor de numerosas explotaciones agrícolas.

En 2021, explica, la puesta en marcha de una plantación de limoneros fue la gota que colmó el vaso. El lecho de Cobatillas había pasado de tener una anchura libre a una de poco más de 20 metros. “Por aquí ha pasado la rambla de toda la vida y nunca ha habido problemas. Pero ahora el agua de escorrentía tiene mucho menos espacio para circular por culpa del estrechamiento del cauce. Se han generado inundaciones en zonas que antes no eran inundables. La CHS no ha hecho su trabajo para evitar este desastre. La crecida fue tal que el agua, en vez de seguir hacia delante, fue en todas direcciones, y regresó también hacia atrás, hasta llegar al depósito, que en más de 40 años desde que se instaló es la primera vez que se anega”.

La almenara afectada de la MCT está en medio de los campos, sin más protección que un muro de obra no demasiado alto. La instalación se ha quedado obsoleta, teniendo en cuenta cómo se ha transformado drásticamente el territorio del entorno. Fuentes de la propia Mancomunidad achacan la incidencia a “la modificación en los últimos años de las parcelas existentes por encima del canal, que provocaron una concentración de agua de lluvia en un flujo que inundó la instalación”. “El episodio acontecido, unido a las modificaciones del terreno, no dejan otra opción que desplazar la almenara. Ya estamos trabajando en ello”, avanzan.

La ocupación del dominio público-hidráulico

El investigador en conservación de suelos y agua del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Víctor Castillo, advierte en declaraciones a este periódico que “las transformaciones del territorio y la intensificación de fincas agrarias en torno a ramblas pueden provocar que ante un evento extremo de lluvias se generen más escorrentías que arrastran más sedimentos porque se artificializa el paisaje”. “Los cultivos”, prosigue, “han ido ocupando el terreno natural de los cauces”.

“Si se disminuye la capacidad de evacuación de una rambla por estrechamiento al colocar otros usos del suelo a los costados, esto provoca que cuando el agua llegue un cierto caudal, el cauce va a acabar desbordando. La ocupación de zonas de dominio público-hidráulico incrementa, por tanto, los efectos de las lluvias extremas”, explica Castillo. 

“El tipo de cultivo en las parcelas también tiene su influencia”, continúa el investigador. “En el regadío, la clave reside en que el agua que cae en la tierra se intente evacuar lo antes posible porque, si se acumulase, resultaría perjudicial para los alimentos. De esta forma, las ramblas se acaban llenando mucho más. Hay un impacto claro en la transformación del suelo, sea por uso agrario, por la creación de caminos o por cualquier otra cosa. Todo ello modifica la hidrología natural del Campo de Cartagena y aumenta, sobre todo, la capacidad erosiva de los flujos”.

Los Alcázares vuelve a la normalidad

Una situación similar a la vivida en El Mirador sucedió en la dana a lo largo de buena parte de la comarca. El desbordamiento de otras ramblas como la de la Maraña sumió a Los Alcázares en una noche de máxima tensión aquel 10 de octubre. Las crecidas comenzaron a anegar las calles, aunque finalmente, para alivio de los vecinos, el agua no levantó más de unos pocos palmos del suelo.

Matilde pasea este martes junto a la rambla urbana de la pescadería. Allí los alcantarillados siguen vomitando barro hacia la orilla del Mar Menor. El municipio ha recuperado el suministro potable completo este martes a las 14 horas, al igual que San Javier. El domingo los vecinos ya pudieron ducharse, lavarse las manos y limpiar la casa con agua de sus propios grifos.

“Yo veo tercermundista toda esta situación”, explica Matilde. “Y no lo digo por llevar tanto tiempo teniendo que venir a recoger agua en garrafas del camión de abastecimiento, sino por la falta de información. No hemos sabido cuáles han sido las causas reales del corte. Pasamos más de una semana sin poder ducharnos o duchándonos en el polideportivo, días enteros sin poder limpiar, sin nada. Y once sin agua potable”.

Junto al Ayuntamiento, un bar informa a los clientes con carteles de papel escritos con rotulador azul que trabajan con agua embotellada. Dice Juan Pedro, su dueño, que los primeros días la gente no entraba ni a tomarse ni un café por miedo a estar ingiriendo agua contaminada.

En Los Alcázares, San Javier y Torre Pacheco, los consistorios han puesto en marcha servicios de información, asistencia y gestión de ayudas a los damnificados por los cortes. Cientos de personas han reclamado ya a la MCT que asuma los gastos que la incidencia está teniendo en su economía doméstica. En San Pedro del Pinatar, las autoridades sanitarias han declarado en la mañana del martes “la aptitud total” para el consumo humano del agua servida por la Mancomunidad, incluyendo la utilización para el consumo directo del grifo o la preparación de alimentos.

La ausencia absoluta de agua potable, nunca vista en la comarca, ha puesto en evidencia, explica Víctor Castillo, la debilidad manifiesta del territorio del Campo de Cartagena, a consecuencia de reducir ramblas para aprovechar al máximo la llanura y explotar el uso agrícola del suelo. “Hay que darles espacio a los cauces. Si se ocupa el terreno por donde discurre el agua, cada cierto tiempo habrá inundaciones, se llenará el caudal de sedimentos y arrastres, y volverá a suceder lo mismo”, concluye. 

Fuentes del Ejecutivo murciano consultadas ponen el foco del problema en la construcción proyectada por el Gobierno central, pero todavía no licitada, de diques de laminación en la zona de la rambla de Cobatillas. Por su parte, la ordenación del territorio de la cuenca vertiente del Mar Menor, competencia exclusiva del Gobierno autonómico e imperada por la ley de la laguna de 2020, acumula ya más de dos años de retraso. Aún no tiene fecha prevista.

La noche parecía tranquila en el Campo de Cartagena, después de que a las siete de la tarde la AEMET haya rebajado la alerta roja para establecer la naranja, cuando las lluvias han comenzado a remitir en la zona central del Mar Menor y en la ciudad de Cartagena. Pero, al filo de las nueve de la noche, en Los Alcázares se han activado de pronto las alarmas y se ha reavivado, de nuevo entre los vecinos, la pesadilla de las tres inundaciones que vivieron a finales del año 2019 y principios de 2020.

El alcalde de la localidad, Mario Cervera, ha publicado un mensaje en Facebook, vestido con la casaca de Emergencias del municipio, parado junto a la rambla, bajo una abundante lluvia. “Aunque estemos en alerta naranja debemos seguir implementando las medidas que habíamos previsto en la alerta roja. Acabo de llegar de las zonas altas del municipio y las ramblas tienen unos niveles de caudal importante. Suplico a todos los vecinos que residen en la zona cero y zonas aledañas que, en primer lugar, saquen los vehículos de esta zona, que sigan implementando las medidas de autoprotección y que eviten estar en las zonas bajas. Desde los equipos de Protección Civil estamos implementando todas las medidas para que, en el caso de que el canal no aguante el caudal de la rambla, los daños sean mínimos”.

En el mismo intervalo, la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) ha informado a través de su cuenta de X que una tormenta ha descargado 30 litros en poco más de 20 minutos en Balsicas, una de las localidades que nutren a la rambla que pasa por Los Alcázares. La rambla de la Maraña, a la altura de Balsicas, lleva ahora un caudal de 30.000 litros por segundo. AMETSE ha publicado un vídeo donde se ve esa misma rambla, casi repleta, discurrir a toda velocidad.

“La rambla del Albujón se encuentra en nivel naranja y el canal D7 presenta niveles altos. Por favor eviten todo tipo de desplazamientos. Mantengan la calma y sigan las indicaciones oficiales a través de los canales del Ayuntamiento de Los Alcázares”, ha alertado el Ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio ha pedido a todos los vecinos de la localidad que permanezcan en las zonas altas de sus viviendas ante la llegada inminente de los aportes de agua. Aquellas que no disponen de planta alta, prosigue, pueden llamar al 112 o al 968 17 19 19 para coordinar su traslado en autobús con el servicio de Emergencias y Protección Civil.

A las once y cuatro minutos de la noche, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional ha enviado un mensaje ES- Alert a todos los móviles de la zona avisando del riesgo de desbordamiento en las ramblas de Las Colonias, La Maraña y El Albujón. “No cruce cauces con su vehículo. Extreme la precaución. Evite desplazamientos, no baje a sóteanos, y en caso de inundación, suba a plantas altas”.

A las once y diez, el caudal de agua procedente de la rambla de La Maraña en su paso por Los Alcázares ya ha comenzado a desbordar “de forma controlada” por calles cercanas al polideportivo, afectando principalmente a las calles Málaga, Cuenca, Granada, Melilla, Albacete, Cáceres, Segovia y Avenida Gran Vía y Avenida Muñoz Zambudio, según ha informado el consistorio.

Poco más de dos horas antes, a las nueve menos cuarto de la noche, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se ha desplazado hasta el municipio para reunirse con el alcalde y acompañar a los equipos de emergencias en el seguimiento de los caudales. “Pedimos a los vecinos y vecinas que sigan con atención las indicaciones del Ayuntamiento y del resto de autoridades”, ha señalado en un post en X.

La localidad, que ha pasado toda la jornada mirando con incertidumbre al cielo y a sus propias calles, ahora teme de verdad que el río de la rambla anegue las vías y empiece a penetrar en sus casas. Para eso, explica a este periódico Santiago Pérez, presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones que tanto sufrieron en las danas de 2019, los vecinos pasaron la noche del jueves, y parte de este mismo viernes, preparando barreras rudimentarias y tablones para impedir que el agua entre en sus casas, garajes y comercios.

“Hay miedo, la gente mayor está asustada, y sobre todo también quienes viven en zonas que se inundan muy fácilmente. Ya tenemos experiencia en algo así, pero es imposible acostumbrarse”, decía Pérez esta mañana, cuando llovía fuerte en Los Alcázares pero la rambla iba aún con poca agua. Ahora, cerca de las doce de la noche, el vecino observa desde su puerta, en la que sigue lloviendo, a un coche del Servicio de Emergencias del consistorio esgrimiendo por megáfono: “se mantienen las medidas de prevención ante posibles lluvias intensas”. “Les recordamos que mantengan las medidas de autoprotección y retiren los vehículos de los sótanos y garajes”.

Previamente, el alcalde Mario Pérez ha explicado a elDiario.es de la Región que las personas mayores y con necesidades especiales habían sido realojadas durante todo el día en el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos “para que estén seguras”. Los Alcázares ha solicitado, asimismo, sobre las cuatro de la tarde, apoyo a la Cruz Roja por si fuera necesario, finalmente, ubicar dos albergues provisionales.

Peligro de desbordamiento en San Javier

El municipio de San Javier también está sufriendo las consecuencias de las tormentas que no dejan de arremeter esta noche contra el arco norte del Mar Menor. El alcalde, José Miguel Luengo, ha publicado un post en Facebook indicando que “el trasvase se encuentra en su cota máxima y se está desbordando en varias zonas próximas a la pedanía de El Mirador”. “Se ruega que tomen las máximas precauciones y que todo el mundo se mantenga en sus viviendas. Ha llovido mucho en las zonas altas de la rambla de Cobatillas”, ha dicho Luengo.

A las doce de la noche, la Dirección General de Seguridad del Ejecutivo regional ha enviado otro mensaje Es-Alert a los móviles de la población de San Javier, ante el riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y las ramblas a su paso por el municipio. Allí han caído ya 174 mm, la zona de la Región en la que más precipitación se ha acumulado este viernes.

El paso de Alice por el resto del Campo de Cartagena

La zona del Campo de Cartagena y el Mar Menor, y la propia ciudad portuaria, donde han descargado más de 125 litros por metro cuadrado, han estado sumidas, este viernes, con la dana Alice, en un tren incesante de tormentas que no ha parado desde la madrugada. Han sido, según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Cartagena, 101 personas las que tenido que ser desalojadas de sus hogares, la mayoría pertenecientes al camping Villa Caravaning, a orillas de la laguna salada, que estaba inundándose desde esta mañana sin remedio. De ellas, 52 estaban siendo atendidas por los servicios municipales y el personal sanitario en el pabellón municipal Cabezo Beaza, a las afueras de la ciudad. En la instalación deportiva se ha producido la visita, sobre las tres y media de la tarde, del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en compañía de la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Ante la situación de emergencia, la Hospitalidad Santa Teresa, un albergue social cercano al centro de Cartagena, ha abierto, asimismo, en un trabajo conjunto con los funcionarios de servicios sociales del municipio, sus puertas para ofrecer un techo a aquellas personas que puedan necesitarlo a lo largo de la tarde.

El consistorio ha alertado al filo de las cuatro que el avance convectivo de las lluvias va directo al núcleo principal de Cartagena. Las precipitaciones, desde entonces, han venido siendo constantes, porque no ha dejado de llover en ningún momento. Pero por suerte no han sido torrenciales. La rambla de Benipila, que atraviesa el núcleo central de la ciudad portuaria hasta desembocar por el oeste, contabiliza ya más de 90 mm en las últimas 12 horas. El pluviómetro de la ciudad portuaria registra 72 mm. El Gobierno regional, a través de un comunicado, ha hecho un “llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de toda la población para que eviten desplazamientos innecesarios y se pongan a salvo”.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha informado de que un equipo de la Confederación Hidrográfica del Segura vigila “de forma permanente y presencial el estado de los cauces mientras persista el riesgo”. “Todos los recursos del Estado están perfectamente coordinados, movilizados y actuando sobre el terreno”, ha explicado.

Con la noche cerrada sobre la comarca, es en la zona litoral del Mar Menor donde se han vivido los momentos más complicados. La laguna salada se ha convertido, esto es habitual en episodios intensos, en una balsa marrón de barro y tierra del campo que recibe aportes de agua dulce y riadas por los cuatro puntos cardinales. Por el oeste, el torrente de la rambla del Albujón sigue depositando agua y químicos agrícolas a cada segundo en una cantidad considerable, desde que en la tarde del jueves una tormenta arremetiera con fuerza sobre Torre Pacheco. 

Por el norte, en la población de San Pedro del Pinatar, con 151 mm acumulados, el asfalto había dejado de verse en las calles, que se han transformado repentinamente en ríos, con entrada masiva de agua en viviendas, garajes y locales. Aún continúa lloviendo con cierta persistencia. Hasta diez vías se han visto cortadas por la presencia masiva de agua en ellas. A la localidad se ha desplazado por la tarde el delegado Lucas para seguir de cerca la situación. Allí ha detallado que “todas las incidencias han sido atendidas” y que “no hay que lamentar daños personales”.

“Llevamos años pidiendo soluciones a las inundaciones”

Hacia el suroeste de la laguna, la localidad de Los Nietos ya alertaba sobre las tres de la tarde estar sufriendo inundaciones progresivas que han hecho desaparecer el paseo marítimo. Los vecinos se estaban acordando, desde que han visto el torrente de agua discurrir por sus avenidas, de las inundaciones masivas del 2019 en el pueblo. No ha dejado de llover en varias horas, aunque la virulencia ha ido remitiendo. “Llevamos muchos años pidiendo soluciones y —las administraciones— no han hecho nada por poner remedio al problema de inundaciones del pueblo”, ha denunciado Nani Vergara, la presidenta de la Asociación vecinal.

En el extremo sur, al comienzo de La Manga, y en la zona de Playa Honda, el agua ha penetrado con fuerza en el ecosistema y ha ocupado el ancho de la Gran Vía de la restinga en su tramo inicial, en torno a los dos primeros kilómetros. Las playas han desaparecido: todo era una escorrentía imparable que llegaba al Mar Menor. La mayor parte de esa agua dulce, que sobre la una del mediodía era de 1.800 litros entrando a la albufera por segundo, llegaba manchada de tierras de cultivo de todo el Campo de Cartagena, con el consiguiente arrastre de químicos y nitratos.

Los pluviómetros de la Aemet contabilizan a media tarde 137 mm en Cabo de Palos y , donde esta mañana se ha inundado parte del puerto y ha subido tanto el nivel del agua que los barcos se han quedado a ras de los pantalanes. Las estaciones meteorológicas de la red de la Asociación Meteorológica FrostSE registran 166 mm en La Manga, 95 mm en Los Belones y 155 mm en San Pedro del Pinatar. Ahora, el grueso de las precipitaciones se centra, de nuevo, en la zona norte del Mar Menor, en San Pedro y Balsicas.

El aviso rojo del Campo de Cartagena pasa a naranja

La AEMET ha anunciado que a las siete de la tarde de este viernes, la alerta roja en el Campo de Cartagena ha pasado a ser naranja. Esta se mantendrá naranja hasta las ocho de la mañana del sábado, hora en la que bajará a amarilla. Las comarcas de la Vega del Segura y del Valle del Guadalentín permaneceránen nivel naranja hasta las doce de la noche. A partir de ahí, la primera se mantendrá en amarillo hasta las ocho de la mañana del sábado, y la segunda dejará de estar en alerta.

Todavía permanecen cortadas al tráfico la carretera RM-F33 en El Mojón, en San Pedro del Pinatar, la RM-F5 en Cartagena y la RM-F29 en San Javier y un carril de la autovía del Mar Menor RM-19 en sentido Murcia, según informa la Consejería de Fomento murciana.

(Noticia en actualización)

La Guardia Civil ha remitido al juzgado una rectificación del informe en el que, por error, se atribuían antecedentes penales a Carmen García Giménez, esposa de Jesús Cobos, antiguo coordinador de prensa del PSRM y vinculado en la investigación al portal digital Las Noticias RM.

El documento corregido, al que ha tenido acceso elDiario.es de la Región de Murcia, deja claro que García Giménez no cuenta con ningún tipo de antecedente penal ni en la Guardia Civil ni en el Cuerpo Nacional de Policía. La confusión se originó en un cruce de datos con otra persona de apellidos similares, “García Jiménez”, con J, lo que derivó en la atribución errónea de delitos por hurto y tráfico de drogas.

El error fue recogido en medios como The Objective, que tituló que “la dueña del digital que atiza a López Miras tiene antecedentes por tráfico de drogas”. Esa información, difundida sin contraste con la afectada, había sido rechazada por la familia Cobos-García, que la calificó de “daño irreparable”.

Con la rectificación oficial de la Guardia Civil, el matrimonio sostiene que queda demostrada la falsedad de esas acusaciones y ha avanzado que mantiene abiertas vías legales contra quienes difundieron o amplificaron la información. “No puede ser que alguien que no es público, que no tiene cargo orgánico, que solo ha prestado unos servicios profesionales se le ultraje de esta manera”, ha declarado Cobos.

El caso se enmarca en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena tras una denuncia por calumnias de la concejala del PP en La Unión, Damiana García. La unidad de ciberdelincuencia trataba de esclarecer quién se encontraba detrás de Las Noticias RM, un portal que publicó informaciones críticas con la edil popular. La rectificación deja también en entredicho la cobertura de la televisión pública autonómica, La7, que abrió sus informativos del pasado fin de semana basándose en las informaciones iniciales y en el titular de El Confidencial. Desde el PSRM insisten en que se ha utilizado el error para vincular de forma interesada al partido con la web investigada y ya han pedido responsabilidades al consejo de administración de La7.

Una denuncia por calumnias, un error en una investigación policial y un titular desafortunado: esta es la chispa que ha desencadenado el último choque entre las dos principales fuerzas políticas de la Región de Murcia, PP y PSOE. Todo arrancó con un titular de El Confidencial: “La Guardia Civil destapa los pagos del PSOE a un medio 'fantasma' para atacar a López Miras”. En el artículo se desgrana una investigación policial destinada a descubrir quién está detrás de la página web Las Noticias RM tras una denuncia por calumnias de una concejala del PP en La Unión, Damiana García.

Según el informe de la Guardia Civil, dicho portal publicó dos artículos en los que se hablaba de su relación familiar con el alcalde de La Unión y la obtención irregular de una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento. La ilegalidad del procedimiento radicaba, según Las Noticias RM, en la participación de dicha concejala en el proceso de elección del personal. El juzgado de instrucción número 3 de Cartagena, al recibir la denuncia, inició diligencias para obtener la identidad de los responsables del portal web, dado que los artículos en su mayoría están firmados por “Señor X”.

La investigación, llevada a cabo por la unidad de ciberdelincuencia de la Guardia Civil y a la que ha tenido acceso elDiario.es de la Región de Murcia, relaciona a Las Noticias RM con Jesús Cobos, ex secretario de Comunicación del PSRM y propietario de la empresa Sistemas Informáticos Carthago S.L., así como con su esposa, Carmen García Jiménez. En realidad, Carmen García tiene de segundo apellido Giménez, con G; un dato vital para la historia.

La relación establecida entre el portal de Cobos y el PSRM se basa, según él, en un error: “Y maldito error, que fue registrar la web, que es un pasatiempo mío, a nombre de la empresa”. Misma empresa con la que había facturado anteriormente al Partido Socialista de la Región de Murcia un total de 45.519,99 euros en concepto de gestión de comunicación y análisis en redes sociales y seguridad.

De esta información se hizo eco la televisión pública murciana, La7, en un primer reportaje el viernes 26. Una pieza que les sirvió para abrir su informativo, basándose en la noticia de El Confidencial.

Hecho el lío, para todo lo demás, The Objective, que tituló 'La dueña del digital que atiza a López Miras tiene antecedentes por tráfico de drogas'. En la información la acusan de tener antecedentes por hurto y delitos contra la salud pública. The Objective se apoya en un informe policial en el que se apunta que “a esta persona le constan antecedentes en el Cuerpo Nacional de Policía por Hurto, Tráfico de drogas y Delito contra la salud pública, carece de antecedentes en Guardia Civil, tampoco consta ninguna denuncia por pérdida o sustracción de documento de identidad.”

Una información que niega el matrimonio Cobos-García, al tiempo que se lamenta de que no recibieron ninguna comunicación por parte de The Objective para confirmar toda la información, que comenzaba a circular a un ritmo cada vez más acelerado. “El daño que le han hecho a mi mujer, que es una persona completamente alejada de la política”, comenta Cobos, “es irreparable”.

Acciones legales

Para desmentir esas acusaciones, Jesús Cobos y Carmen García han hecho público un comunicado al que adjuntan una declaración de antecedentes penales en el que afirman que Carmen García Giménez, con G, carece de cualquier registro penal previo. Cobos señala que, de hecho, ya se ha enviado al juzgado una rectificación de dicho informe, que consta de 37 páginas. El ex secretario de comunicación del PSRM está ahora estudiando acciones legales con sus abogados, que “están analizando el caso puesto que hay muchas personas y entidades que pueden ser denunciados, tanto por lo civil como por lo penal.”

Las acusaciones, que transversalmente han rozado al Partido Socialista, han llevado al delegado del Gobierno y secretario general Francisco Lucas, a pedir la dimisión del director general, Antonio Peñarrubia, ante el Consejo de Administración de La7 por la “publicación reiterada” de acusaciones falsas y también por el “reiterado uso partidista” que presuntamente hace el Gobierno regional de la televisión pública, con contenidos “claramente sesgados” a favor de los populares. También acusan a Peñarrubia de haber compartido en su perfil de X una publicación de la cuenta oficial del Partido Popular que enlazaba con la noticia de The Objective, lo que “evidencia su falta de imparcialidad y objetividad”.

Desde La7 aseguran que toda la información publicada se ha contrastado debidamente y que los pagos a Cobos por parte del PSOE pueden comprobarse a través del informe de fiscalización de las subvenciones a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia. El propio Jesús Cobos, que afirma que durante 2024 habría facturado más de 45.000 euros al Partido Socialista, niega en rotundo que ese dinero, que iría destinado a sus honorarios como especialista en comunicación, tuviese como función sostener Las Noticias RM.

En el informe, de 37 páginas, no se hace referencia de ningún tipo al Partido Socialista, ni especula con ningún tipo de relación entre Cobos, García y los socialistas: el documento se elabora para que el juzgado pueda reconocer a los responsables del sitio web, pero no parte de una investigación que busque atar cabos entre Las Noticias RM y el PSRM, ni tampoco ofrece información relevante que vincule ambas entidades.

Desde Podemos advierten que desde el año 2020, el Ejecutivo de López Miras ha destinado más de 150.000 euros a contratar publicidad institucional en diarios digitales con un “largo historial de noticias falsas”, con medios como OKDiario, de Eduardo Inda, como mayores beneficiarios, así como Estado de Alarma TV, propiedad del agitador ultra Javier Negre.

Este martes las consejeras del PSOE en el Consejo de Administración de la RTRM presentaron una denuncia formal y pidieron la dimisión de Peñarrubia; tras varias horas de deliberación, Juan Antonio de Heras, el director general de la radiotelevisión pública, quedó encargado de recopilar toda la información necesaria para que Peñarrubia rinda cuentas ante lo sucedido, ya que algunos consejeros manifestaron que les faltaba información sobre los hechos y han reclamado, entre otras cosas, tener acceso al informe de marras de la Guardia Civil.

“La mayor gravedad de este asunto”, explican desde el PSRM, “es que se ha manipulado un informe para decir lo que no es”, lo que tampoco parece haberles sorprendido: “ Qué casualidad que ocurra esto justo la semana que empieza el juicio de Novo Carthago. ¿Qué habría pasado si esto lo hace RTVE? ”.

El aula está silenciosa. Las sillas, de colores brillantes, reposan boca abajo sobre las mesas; las estanterías rebosan juguetes, libros y materiales de manualidades, vestigios de risas que aún flotan en el aire. En un rincón, un pequeño dosel rojo cuelga sobre una mesa, como un castillo esperando a que regresen los niños que llenan de vida cada rincón. Es la Coordinadora de Barrios de Alcantarilla, un espacio que durante casi cuatro décadas ha sido refugio y patio para decenas de familias, y que ahora amenaza con quedarse vacío por primera vez. En 2020, la Comunidad Autónoma dejó de financiar sus proyectos y este año 2026 lo hará también el Ayuntamiento de Alcantarilla, lo que ha llevado a la entidad a una crisis económica y organizativa. Según su directora, Isabel Guirao, el argumento oficial es que las “concitecas” municipales ya cubren esa necesidad en la que ellas mismas trabajan, algo que la Coordinadora rechaza alegando que muchas familias se quedan fuera y buscan en la asociación un espacio comunitario que no encuentran en los servicios públicos. 

“Lo formaron hace muchísimos años la señora Mari Carmen Sánchez Navas, Maruja, la del Loto Azul, y otras mujeres del barrio”, recuerda Manolita, que a sus 87 años es vecina del barrio de San Pedro de toda la vida. “En las Fiestas de Mayo ponían un kiosko, y vendían cosillas para recaudar dinero. Enseñaban a las madres a hacer labores, trabajaban siempre: lloviese o nevase, aunque aquí no nieva nunca. Estando enfermas, delicadas de salud, nunca han cerrado esas puertas a nadie”. Tras casi cuatro décadas de trayectoria, la Coordinadora se enfrenta a un escenario que ya conocía pero que ahora se combina: “Lo cierto es que si todo esto sirviera para ganar en transparencia y ganar en ética social, lo daríamos por bueno, pero la verdad es que no tenemos muchas esperanzas porque esto no es de este año 2025. En 2020 ya nos atacaron dejándonos sin dinero, en plena pandemia, en 2020, o sea, en la Comunidad Autónoma. En 2021 tuvimos que llevar a los juzgados al Ayuntamiento de Alcantarilla porque la subvención no era transparente y en 2022 y 23 ha sido por eso más de lo mismo. Y en 2024, ya cero”.

El laberinto burocrático al que se enfrenta la Coordinadora tampoco ayuda. Las subvenciones de Servicios Sociales se deciden en una comisión en la que participan todos los partidos políticos y responsables municipales, pero según Guirao, la votación llega condicionada de antemano: “A esa comisión ya llegan los proyectos valorados. Esa valoración sale del Centro de Servicios Sociales y de una mesa de técnicos. Entonces, cuando llega, se dice: esta es la valoración, y si no votáis a favor, el dinero se retrasa mucho. Todo el mundo vota a favor. Eso significa que cualquier ciudadano de Alcantarilla puede decir que su representante ha votado en contra de la Coordinadora. Y eso no es real”.

La relación con el Ayuntamiento ha sido desigual según la concejalía de turno. “Con otras concejalías hay una relación normal, unas veces más tirante y otras menos”, apunta Guirao. “Pero con Servicios Sociales la cosa cambia. Ahí hay tensiones que no hemos conseguido erradicar. Y lo cierto es que a nosotras nunca nos han vivido como apoyo, sino como rivales o como jueces”. Esa tensión se traduce en lo cotidiano: las trabajadoras de la Coordinadora tienen contratos de tarde porque su trabajo está ligado a los proyectos de infancia, mientras que las reuniones institucionales suelen convocarse por la mañana. “Todo lo que es trabajo de mañana sale de nuestro tiempo libre y de nuestro bolsillo. Vamos porque creemos en el proyecto, pero no lo paga nadie”, añade.

La Coordinadora de Barrios no solo gestiona actividades para niños y adolescentes, sino que también se enfrenta a la complejidad de los fondos públicos y la valoración de sus proyectos. Guirao explica con claridad la situación: “Si lees la convocatoria publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica, la resolución provisional habla de un solo proyecto que no reúne los puntos, cuando nosotras presentamos dos: uno de infancia para niños de 3 a 6 años y otro para adolescentes de 12 en adelante. El primero es un grupo de trabajo en valores, educación en valores, ocio y tiempo libre. El segundo proyecto se centra en la promoción de la participación de la familia en el barrio. El Ayuntamiento dice que eso ya lo hacen ellos. Y a mí me gustaría saber dónde están publicados esos proyectos del Ayuntamiento, porque en el caso de la infancia ellos solo tienen concitecas municipales con 80 plazas y hay tres. En algunas sobran plazas, en otras no, y a veces algunas familias sacan a los niños de la conciteca porque no les gusta cómo funciona y nos piden a nosotros plaza”.

En este escenario, la Coordinadora insiste en un modelo de comunidad que se distingue de otros programas sociales. “La participación en la Coordinadora es obligatoria: la asamblea, la limpieza, las actividades de infancia. Por eso la participación es tan alta, porque a los padres y a las madres se les considera personas con capacidades que tienen que revertir en el barrio. Y eso lo reforzamos mil veces: el hecho de ser pobre o estar en situación de vulnerabilidad no te incapacita intelectualmente”.

Carmen y Pedro son los padres adoptivos de Sergio. Ahora tiene once y lo adoptaron a los cuatro años, habiendo sido víctima de maltrato en su niñez. “Tiene un retraso madurativo y le cuesta relacionarse con otros niños”, explica Carmen. “Nos dimos cuenta de que no jugaba con los niños de su clase, de que no se relacionaba. La trabajadora social del Ayuntamiento nos habló de la Coordinadora y nos dijo que probásemos. Yo creía que en la Coordinadora solamente ayudaban a familias en vulnerabilidad económica, pero descubrí que no. Allí, Sergio juega y está aprendiendo a relacionarse con los demás. Hasta celebramos allí su cumpleaños con sus amigos”.

Lo que más duele, explica Guirao, es la falta de respuestas claras. Este año presentaron alegaciones, pero aún no han recibido contestación. “Ni siquiera sabemos por qué nos han negado la subvención. ¿Cómo nos vamos a defender si no sabemos qué alegar? Eso es una indefensión total. Es el juego de: estás conmigo o eres mi enemigo”.

Desde el Ayuntamiento rechazan que se haya dejado fuera a la Coordinadora de Barrios. La Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer señala que la asociación, como el resto de entidades del tercer sector de Alcantarilla, concurrió a las subvenciones anuales en régimen de concurrencia competitiva y que ninguna organización dispone de un convenio propio. Según su versión, las bases reguladoras establecen que solo se financian proyectos que no cubre la Administración local, y en este caso el presentado por la Coordinadora no alcanzó la puntuación necesaria porque la actividad propuesta ya estaría cubierta por las concitecas municipales.

Para Guirao, el reconocimiento institucional suena hueco. “Después de decirnos que no somos necesarias, que no entramos en el proyecto del Ayuntamiento, luego nos dicen que hacemos un buen trabajo. Eso es insultante. No me digas que hacemos un buen trabajo si luego no nos incluyes en el plan. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el buen trabajo no entra en el plan del Ayuntamiento?”.

El choque entre versiones resume el dilema de la Coordinadora de Barrios: para el Ayuntamiento se trata de un expediente administrativo en el que no han logrado la puntuación suficiente; para la asociación es la constatación de un abandono político que pone en riesgo la continuidad de un proyecto comunitario nacido hace casi cuarenta años en los barrios de San Pedro y San Roque. En medio quedan decenas de familias que, como Sergio y sus padres, han encontrado allí un espacio que no se mide en puntos de una convocatoria, sino en vínculos de barrio y en la vida cotidiana de sus hijos.

La luz de la mañana cae sobre el Cementerio de Nuestro Padre Jesús en Murcia y golpea los monolitos con un brillo frío. Hoy se conmemoran los cincuenta años de los últimos fusilamientos del franquismo y el foco recae sobre la tumba de José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco jóvenes ejecutados en septiembre de 1975. Aquella ejecución cerró un ciclo de represión que había marcado los últimos meses de la dictadura, con tribunales militares que aceleraron muchas condenas sin garantías, mediante acusaciones fabricadas llevando a cabo una estrategia deliberada de miedo y terror. Frente a su tumba, la memoria de José Luis y de sus compañeros se percibe como un recordatorio concreto de los límites a los que puede llegar a cruzar un Estado cuando ejerce la violencia de manera sistemática.

José Luis Sánchez Bravo Solla nació en Vigo en 1954 y llegó a ser estudiante de Física en Madrid cuando decidió involucrarse en la lucha contra el franquismo. Militó en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), denunciando la represión, la censura y la falta de libertades que marcaban la vida cotidiana en el régimen. Su arresto se produjo tras ser acusado de estar vinculado al atentado en el que falleció el guardia civil Antonio Pose Rodríguez en agosto de 1975, cargos que él siempre negó. El juicio, celebrado por consejo de guerra, careció de las garantías mínimas de un proceso justo, y durante casi dos años Sánchez Bravo tuvo que moverse entre la vigilancia y la persecución del régimen, tratando de continuar su vida mientras el Estado lo buscaba, hasta ser detenido en Madrid tras un viaje a Mazarrón, en un contexto de represión creciente donde cada juicio militar servía tanto para castigar como para disuadir a los demás.

“El reconocimiento de la inocencia de mi tío”, explica Luis Vera Sánchez-Bravo, “después de 50 años, ha tenido un impacto muy positivo en nuestra familia. Es el fruto de una larga lucha, impulsada sobre todo por el empeño y la constancia de mi madre, y también gracias al actual gobierno de coalición que ha hecho posible este reconocimiento”. Sin embargo, continúa, “sentimos que este esfuerzo debería ir acompañado de una compensación económica, porque durante cinco décadas hemos llevado un apellido señalado; que aún hoy seguimos siendo objeto de insultos y desprecios por parte de quienes nunca reconocerán el atropello cometido por Franco, que entró matando y se fue matando”.

El 27 de septiembre de 1975, junto a sus compañeros José Humberto Baena y Ramón García Sanz, Sánchez Bravo fue ejecutado en Hoyo de Manzanares, mientras otros militantes de ETA recibían la misma pena en Burgos y Barcelona. De los once condenados a muerte en aquel último tramo del franquismo, seis recibieron indulto, pero él no tuvo esa suerte. Sus restos fueron trasladados a Murcia, donde reposan en el Cementerio de Nuestro Padre Jesús, frente al monolito que recuerda a todas las víctimas de la dictadura. Hoy, cincuenta años después, frente a su tumba, la historia de Sánchez Bravo no se percibe como una lección abstracta; se percibe como un hecho concreto, vivo en la memoria colectiva, un recordatorio de la violencia sistemática del régimen y de la resistencia de quienes se enfrentaron a él.

“Hay muchos mitos que derribar de nuestra historia más oscura”, señala Luis Vera Sánchez-Bravo. “Uno de ellos, y quizá el más doloroso para mi familia, es la supuesta legitimidad de aquellos consejos de guerra. No lo fueron. Fueron un fraude jurídico consciente, porque aplicaron retroactivamente el Decreto-ley 10/1975, cuando el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa estaba reconocido en nuestro propio Código Penal desde el siglo XIX”. Se presentaron como normas de procedimiento, pero en realidad agravaron penas y abrieron la puerta a la pena de muerte, explica. “Y todo esto en un país sin Tribunal Constitucional, con tribunales controlados por el régimen y con Franco firmando personalmente el ”enterado“ que decidía la vida o la muerte. No fueron solo farsas políticas; fueron fraudes jurídicos diseñados para eliminar a quienes se oponían a la dictadura”.

El acto ha comenzado con la lectura de un manifiesto en el que se ha recordado el valor de los cinco jóvenes ejecutados y se ha alertado sobre la persistencia de discursos y actitudes autoritarias que “buscan reescribir la historia”. Se ha destacado la necesidad de mantener viva la memoria histórica y de “resistir frente al fascismo renacido”. Han intervenido figuras vinculadas a la memoria histórica y a la investigación académica, como la historiadora Marta Núñez y Ginés Fernández, del Partido Comunista de la Región de Murcia, así como también los políticos de Podemos Javier Sánchez Serna y Víctor Egío.

La familia Sánchez-Bravo, también insiste en los progresos que todavía pueden hacerse en materia de memoria: “Ya en 2022 la memoria histórica pasó a reconocerse como memoria democrática, lo cual fue un paso importante. Pero lo fundamental para lograr una reparación justa y de justicia es escribir nuestra historia correctamente y enseñarla sin complejos. Que las generaciones venideras sepan con claridad quién fue Franco: un dictador, asesino y secuestrador de libertades. Solo desde esa enseñanza, desde el colegio, podremos construir una memoria colectiva honesta”. A partir de ahí, el reconocimiento ya alcanzado debe seguir avanzando con medidas sustanciales que refuercen esa verdad y esa justicia.

El ‘Furor’ (P-46), el patrullero de la Armada española escogido para asistir a la Flotilla Global Sumud —integrada por más de 50 embarcaciones— en su misión humanitaria rumbo a Gaza, en la que ha denunciado diversos ataques con drones y varias explosiones, ya está preparado en el puerto de Cartagena para su salida a mar abierto, tal y como anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El patrullero permanece a esta hora de la mañana del jueves amarrado al muelle de la Curra de la ciudad murciana. Allí aguarda órdenes del alto mando para zarpar, según confirman fuentes militares a este periódico. Es considerable el ir y venir de personal militar a pie de muelle, subiendo y bajando del buque, deambulando por la cubierta, descargando camiones que llegan con materiales, preparando el operativo. Su misión será la de proporcionar asistencia y rescate a los integrantes de la flotilla en caso de que sea necesario.

El sistema de geolocalización AIS del patrullero indica que estuvo a lo largo del miércoles de maniobras cerca de aguas españolas, hasta que, a última hora de la tarde, coincidiendo con el anuncio de Sánchez, regresó de nuevo a las instalaciones del Arsenal militar de Cartagena para comenzar la puesta a punto de la operativa en Gaza.

El buque se unirá a la fragata de la marina italiana ‘Fasan’, que tiene el objetivo de garantizar asistencia a los ciudadanos italianos presentes en la flotilla y realizar posibles acciones de socorro.

El ‘Furor’ es el sexto de los Buques de Acción Marítima (BAM) de la Armada. Su construcción finalizó en 2019 en los astilleros de Navantia en Ferrol y su base y destino está desde entonces en el Arsenal de Cartagena. La fragata tiene una eslora de casi 94 metros y está equipado con un cañón Oro Melara de 76 milímetros, dos ametralladoras, un helicóptero y un dron de vigilancia. Su autonomía llega a las 8.000 millas náuticas, lo que le permite navegar grandísimas distancias sin necesidad de reabastecimiento de combustible.

Dispone de una tripulación de 46 personas, entre oficiales, suboficiales y marineros. Fuentes militares consultadas confirman que se unirá a la tripulación un equipo sanitario. La dotación solo actuará en asistencia de salvamento y rescate a la flotilla de Gaza en caso de que los acontecimientos lo requieran.

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha instado a los vecinos a colocar la bandera de España en balcones y ventanas desde el 26 de septiembre, como antesala del Día de la Fiesta Nacional, que se celebra el 12 de octubre. La iniciativa parte de un bando firmado por la alcaldesa, Paqui Terol (PP), que enmarca la exhibición de la enseña como un “símbolo de unidad que a todos nos representa” y un recordatorio de la “nación soberana, democrática, plural e indivisible”.

El bando hace especial hincapié en el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad, incluyendo Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, señalando su papel en la preservación del “Estado de Derecho y las libertades” establecidas por la Constitución.

Además, el programa oficial prevé un acto central de homenaje a la bandera el domingo 5 de octubre en la plaza Adolfo Suárez, que incluirá una jura civil para la que ya hay plazo de inscripción, parada militar, izado de la bandera, ofrenda a los caídos, desfile por la calle Mayor y salto paracaidista de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire (PAPEA) y de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”.

Jura de bandera

El bando municipal también establece los plazos para la jura de bandera: hasta el 29 de septiembre en el Ayuntamiento o hasta el 2 de octubre en la Delegación de Defensa de Murcia. Para poder participar, es necesario ser español, mayor de 18 años y que hayan transcurrido al menos 25 años desde la última vez que se prestó juramento o promesa a la bandera. La convocatoria ha sido distribuida, además, en los comercios locales.

No es la primera vez que Alcantarilla impulsa la colocación de la bandera de España en balcones y ventanas con motivo del Día de la Fiesta Nacional. En 2020, el entonces alcalde Joaquín Buendía ya animó a los vecinos a decorar sus viviendas con la enseña nacional como demostración de “profundo sentimiento español”, y en 2023 se repitió el llamamiento para llenar los balcones de banderas. Esta convocatoria se ha consolidado como una tradición anual en la localidad, vinculando la festividad con el reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Desde el Partido Socialista de Alcantarilla, su secretario general Pedro Manuel Toledo coincide en que es una iniciativa “positiva” porque la bandera “nos representa a todos”, pero también señala que “quizá se trate de una maniobra” de la alcaldesa para “tapar las fallas de su gestión”: “Nos encanta que se exhiba la bandera nacional, pero desgraciadamente habrá barrios de Alcantarilla que no podrán ver las banderas por culpa de los apagones que llevan semanas sufriendo. Es una pena que tengamos una alcaldesa que prefiera mirar hacia arriba que tener la vista puesta en el suelo y en los problemas del pueblo, la falta de zonas verdes o el transporte público desastroso que tenemos”.

Agentes de la Guardia Civil han detenido este martes a un hombre de 66 años de la localidad cartagenera de El Algar como presunto autor del asesinato de su mujer, de 64 años. El arrestado habría utilizado un arma blanca, hallada en el lugar de la detención, para cometer el crimen.

El suceso aconteció poco antes de las 9:00 de la mañana en la calle Río Guadalquivir de la localidad. Cuando los agentes entraron en la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de la víctima con lesiones provocadas por un arma blanca.

El presunto autor del crimen fue detenido poco después por agentes de la Policía Judicial, según informa La Verdad. Al parecer la ropa del arrestado presentaba manchas de sangre, presuntamente de la víctima.

Fuentes policiales afirman que entre el hombre y la mujer no existían denuncias por antecedentes de violencia machista.

El presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, ha expresado en redes sociales su rechazo por este crimen: “Absoluta condena a este asesinato machista. La violencia de género no tiene cabida en nuestra sociedad. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

De confirmarse como asesinato machista, esta sería la 28ª mujer asesinada por un hombre en lo que va de año en España y la primera en la Región de Murcia, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.