Murcianos de primera y de segunda: así es la discriminación sanitaria que sufren los habitantes de la comarca del Guadalentín

Cuando Juan González, un vecino de Lorca (Región de Murcia), presentó la primera reclamación al Servicio Murciano de Salud (SMS) para ser atendido, llevaba ya trece meses conviviendo con dolor constante las 24 horas del día. La causa la determinó en junio de 2024 el estudio solicitado por su médico internista: condropatía coxofemoral izquierda (lo que comúnmente se conoce como artrosis de cadera) y hemangiomas atípicos en tres vértebras lumbares, un tipo de tumores benignos, pero potencialmente peligrosos porque, al crecer, necesitan espacio en la columna vertebral, lo que puede presionar nervios y atacar o destruir estructuras importantes.

Así que el facultativo solicitó una interconsulta a Reumatología, un sistema habitual de colaboración asistencial entre servicios hospitalarios. La esperada cita médica tardó cuatro meses en producirse: tuvo lugar el 20 de octubre de ese año.

Tras ser visto por el reumatólogo, Juan fue derivado a Fisioterapia para la realización de magnetoterapia en su cadera izquierda. Una técnica que tiene un potente efecto analgésico y antiinflamatorio y que, al disminuir el dolor, permite a los pacientes mejorar su calidad de vida.

El Decreto número 25/2006, de 31 de marzo, por el que se desarrolla la normativa básica estatal en materia de información sobre listas de espera y se establecen las medidas necesarias para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del sistema sanitario público de la Región de Murcia, establece claramente que la espera para recibir una terapia prescrita por un médico no puede superar los 30 días naturales.

Sin embargo, Juan no tuvo acceso a ella hasta abril de 2025. Concretamente, 180 días después de que lo indicara el facultativo. Un tiempo de espera seis veces superior al que obliga la norma. Y eso a pesar de que, por su dolencia, estaba catalogado como “paciente preferente”.

Pero ese no fue el único incumplimiento relacionado con aquella consulta de octubre de 2024. Aquel día, el reumatólogo también solicitó que Juan fuera visto por Traumatología para valorar la posible implantación de una prótesis en su maltrecha cadera izquierda. En este caso, el tiempo de espera no debía superar los 50 días naturales, que también se han cumplido sobradamente.

Juan es uno de los 26.700 pacientes en lista de espera en el Área III del SMS, que engloba a los municipios de la comarca del Guadalentín (Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo), suma una población superior a los 180.000 habitantes y cuenta con un único hospital de referencia: el Rafael Méndez.

Los usuarios de este centro tienen que soportar, en general, demoras mucho mayores que los de otras áreas de salud de la misma comunidad autónoma. En cifras, un 48% más que la media regional –152 días frente a 107– para someterse a una intervención quirúrgica; un 64% más –159 días frente a 97– para acudir a una cita con un especialista; y un 79% más –50 días frente a 28– para realizarse una simple prueba diagnóstica.

Estadísticas tramposas

Para calcular estos retrasos, las estadísticas de la Consejería de Salud que dirige Juan José Pedreño no incluyen a los 11.500 usuarios del Área III de Salud que permanecen en un desasosegante limbo, porque ni siquiera tienen fecha asignada para ser atendidos. Están a la espera de que se “abran” las agendas médicas. Y, ¿qué significa una agenda cerrada? Que el facultativo en cuestión ha alcanzado el límite de citas programadas y, por tanto, no se están gestionando nuevas solicitudes de pacientes.

Es lo que le ha ocurrido a Nadia, pendiente de una colecistectomía laparoscópica para la extracción de su vesícula biliar, llena de cálculos. El plazo máximo para practicar la intervención quirúrgica es de 150 días naturales según la norma. Ya ha vencido, pero ella ni siquiera forma parte aún de la lista de espera oficial.

Y es que, si se analizan los datos en función de las especialidades médicas, las cifras son escalofriantes. Para Rehabilitación se están dando citas para dentro de un año. Frente a esto, un usuario del Área I (Murcia Oeste), “solo” tendrá que esperar 60 días para ser atendido por un médico rehabilitador.

No es una excepción. En una situación parecida se encuentran quienes esperan para ser vistos en Urología, Oftalmología, Neumología, Alergias, Ginecología, Traumatología, Anestesia, Otorrinolaringología, o para realizarse una ecografía, una resonancia o una mamografía.

Es el caso de María López, que ha recibido una cita para Cirugía General y Digestiva para dentro de 16 meses. “Cuando me la dieron en enero pensé que la espera era de seis meses, no me había fijado bien. ¡Era para junio, pero de 2026!”, ha contado a elDiario.es Región de Murcia.

Ante la falta de especialistas en Dermatología –solo hay dos trabajando a media jornada–, los pacientes están siendo derivados hasta el municipio de Cartagena, situado a más de 85 kilómetros de Lorca. Algunos han tenido que esperar hasta siete meses para confirmar un diagnóstico de melanoma, el cáncer de piel más peligroso.

La paja en el ojo ajeno

Sorprende la desigualdad existente dentro de una misma comunidad autónoma uniprovincial y relativamente pequeña. Sobre todo, cuando su presidente, Fernando López Miras, del Partido Popular, utiliza con insistencia el argumento del agravio comparativo –sobre todo respecto a Catalunya– para atacar al Gobierno central de Pedro Sánchez.

No en pocas ocasiones, López Miras se ha quejado amargamente del trato “injusto y poco equitativo e igualitario” entre regiones. Incluso ha llegado a amenazar con acudir a los tribunales de justicia ante lo que considera intolerables ejemplos de“desigualdad”. La última vez, a propósito de la Ley de Amnistía.

Pero, ¿qué ocurre cuando esa desigualdad es el “resultado directo” de decisiones político-organizativas que están retrasando el diagnóstico y el tratamiento de miles de pacientes dentro de un mismo territorio? Es lo que, armadas de datos, denuncian las diputadas autonómicas del PSOE, Marisol Sánchez, y de Podemos-Izquierda Unida, María Marín.

Por ejemplo, el Área I de Salud (Murcia Oeste), con una población de 269.618 habitantes, cuenta con las 919 camas del hospital Virgen de la Arrixaca, una por cada 293; el Área II (Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón y La Unión), con un censo de 269.269 personas, dispone de 751 camas entre los hospitales de Santa Lucía y Santa María del Rosell, una por cada 358; mientras tanto, en el Área III solo hay una por cada 636 habitantes. Las consecuencias prácticas de este déficit de camas hospitalarias –la OMS recomienda entre ocho y diez por cada mil habitantes– se traducen en hasta cuatro días en las Urgencias del Rafael Méndez a la espera de ingreso hospitalario.

La situación es parecida en cuanto a la ratio de trabajadores. El hospital de referencia del Área VII, el Reina Sofía de Murcia, abarca una población inferior a la de Lorca y su comarca (173.731 usuarios). Sin embargo, supera a este en todas las categorías profesionales. Baste un ejemplo: 925 sanitarios no facultativos frente a los 513 que trabajan en el Rafael Méndez.

Por eso, a gran parte del personal hasta le ha parecido insultante el reciente anuncio del SMS sobre la creación de diez nuevas plazas de profesionales en el hospital de Lorca, cinco de Enfermería y otras cinco de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Estas diferencias se convierten en abismales cuando se trata de personal médico. El Área VII cuenta con 442 facultativos. Lorca solo tiene 174 trabajando en su hospital. La solución de la Consejería de Salud ha sido catalogar de “difícil cobertura” las plazas de médicos del Área III, lo que implica incentivos económicos y profesionales. También las de Atención Primaria. Ahí, las esperas para ser atendido por el médico de familia llegan a alcanzar los veinte días. Hay centros de salud extraordinariamente saturados, como el de San Diego, que atiende más de 26.000 cartillas. Sus usuarios llevan casi veinte años esperando la construcción de uno nuevo en la zona, contemplado desde 2007 en el mapa sanitario regional. En todo este tiempo, el Ayuntamiento de Lorca –y tres alcaldes distintos– aún no ha sido capaz de poner definitivamente a disposición de la comunidad autónoma los terrenos necesarios para levantarlo.

Un negocio privado que sube como la espuma

El paulatino deterioro de la sanidad pública en el Área III contrasta con la boyante situación que exhibe el único hospital privado de Lorca: el Virgen del Alcázar.

En los treinta años que el PP lleva gobernando ininterrumpidamente en la Región de Murcia, este centro privado ha pasado de ser una clínica a la que se enviaban enfermos desahuciados por la medicina, a ampliar y remodelar todas sus instalaciones, abrir un policlínico en pleno centro de Lorca, otro en la localidad almeriense de Vera, y a embarcarse en la construcción de un nuevo hospital en el municipio costero murciano de Águilas.

La clave de este “éxito” empresarial se llama concierto sanitario, y se manifiesta en dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes. Los últimos datos hechos públicos, de 2023, reflejan que ese año el hospital privado facturó al SMS 8,8 millones de euros. Entre otras, las claves de la rentabilidad del negocio están en no contar con unidades especializadas que eleven el gasto sanitario (como las Unidades de Cuidados Intensivos), alargar las estancias de pacientes que no requieren apenas tratamiento farmacológico y que muchas veces sufren problemas de desatención familiar (lo llaman cuidados medios), ahorrar en personal y ser muy cicateros con los salarios y los recursos clínicos.

Otras decisiones políticas también ayudan. En el año 2020, la Consejería de Salud del Gobierno de la Región de Murcia decidió desmantelar la Unidad del Dolor del Hospital Rafael Méndez, destinada a atender cuadros de dolor crónico especialmente complejos y que no responden a los tratamientos convencionales, como ocurre en el caso de la fibromialgia.

Durante un tiempo, los pacientes que precisaban asistencia en esta Unidad del Dolor eran trasladados al municipio de Cartagena. Hasta que, en 2022, el Virgen del Alcázar abrió la suya propia, a la que ahora son derivados los pacientes de la pública. Lo mismo sucede con las pacientes del programa de cribado del cáncer de mama y con un buen número de intervenciones quirúrgicas que se realizan en los quirófanos de este centro.

Para el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, Pedro García Molina, al frente de la Plataforma en defensa de la sanidad pública del Área III, integrada por 70 organizaciones de la comarca, todo se resume en una cuestión de “aritmética electoral”. “El Gobierno regional nos maltrata porque le sale más rentable invertir en las circunscripciones que le reportan mayor número de votos, como Murcia o Cartagena”, sentencia mientras organiza la próxima concentración ciudadana.