El PP logra que la Junta Electoral prohíba el documental crítico con la sanidad de Moreno en más pueblos de Andalucía

El PP andaluz ha conseguido que se prohíba la proyección del documental Salud no Responde en al menos cinco municipios, según ha denunciado el colectivo Mareas Blancas y confirma Por Andalucía, que ha presentado los respectivos recursos contra esas decisiones. Las prohibiciones de este documental crítico con la gestión sanitaria del Gobierno andaluz están siendo emitidas por las Juntas Electorales de Zona con el argumento de que la película no puede proyectarse en edificios públicos, y afecta al menos a los municipios de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Priego (Córdoba), Durcal (Granada), Cuevas del Almanzora y Los Gallardos (Almería).

Salud no Responde, dirigida por Pablo Coca y en la que participan las Mareas Blancas, se estrenó el 11 de enero en el Teatro Cervantes de Sevilla y se proyectó desde entonces con normalidad en centros cívicos y salas culturales de municipios de la provincia.

Mairena del Aljarafe fue el primero de los municipios que tuvo que cancelar la proyección de la película atendiendo al requerimiento de la Junta Electoral de Zona, emitido en términos tajantes: ordenaba cancelar el pase organizado por la Coordinadora de las Mareas Blancas y previsto para esa misma tarde “con carácter inmediato y sin trámite alguno”, alegando que la película “vulnera” el artícuo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Ese artículo “prohíbe a los poderes públicos, desde la convocatoria electoral hasta la celebración de las elecciones, organizar actos que aludan a logros obtenidos o utilicen imágenes/expresiones similares a las campañas políticas, garantizando la neutralidad institucional”.

La Junta Electoral de Sevilla daba por buenos los argumentos del PP-A, a partir “de una rápida consulta en Internet” de la que, según decía, “puede deducirse” que el contenido del documental supone una crítica a la sanidad “cuya gestión realiza un adversario político”. El documental recoge múltiples testimonios contrarios a la gestión de la sanidad andaluza. Ese mismo día, Sebastián Martín Recio, portavoz de Mareas Blancas y exalcalde de IU en Carmona (Sevilla) había firmado un acuerdo con los partidos de izquierdas que concurren a las elecciones andaluzas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- “en defensa de la sanidad pública”.

Mareas Blancas denuncia una “campaña de boicot” por parte de los populares, a los que acusan de “transgredir” los derechos de reunión y a la libertad de expresión, garantizados ambos por la Constitución. “No están suspendidos, haya o no campaña electoral”, recuerda el colectivo, que observa que la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo ni siquiera ha comenzado.

En un comunicado, el colectivo recuerda que no es un partido político, sino un movimiento social que en los últimos años ha protagonizado sonoras protestas contra el deterioro de la sanidad pública, ocurridas tanto en tiempo del anterior gobierno socialista (cuando la consejera era, precisamente, la actual candidata socialista María Jesús Montero) como con el actual del PP. “Aplicarnos normativas dirigidas al funcionamiento de los partidos políticos en campaña electoral no tiene sentido. Y mucho menos prohibir nuestra opinión o nuestras acciones, legítimas y constitucionales, en defensa de los derechos sociales”.

Recursos ante la Junta Electoral Provincial

La Junta Electoral Provincial de Sevilla deberá pronunciarse próximamente sobre este asunto. La prohibición de Mairena del Aljarafe fue recurrida por la coalición Por Andalucía, por entender que la Junta Electoral de Zona no tiene competencia para resolver un asunto así. Además, el recurso observa que la denuncia del PP se resolvió en contra del denunciado sin darle trámite alegando la inminencia de la presentación del documental, cuando lo cierto es que este llevaba tiempo programado.

El recurso subraya que la Coordinadora de las Mareas Blancas no es un “adversario político” de nadie porque no es un “actor político partidario que concurra a un proceso electoral”, y recueda que sus críticas a la gestión sanitaria están amparadas por el derecho fundamental de libertad de expresión y opinión. Tampoco se pueden asimilar, dice el recurso, a una petición del voto.

En cuanto al uso de locales de titularidad municipal, el recurso argumenta que las administraciones locales tienen teatros, casas de cultura o centros cívicos que tienen la función de ser puestos a disposición de la ciudadanía para garantizar los derechos de libertad de expresión, participación, creación u opinión.

La exigencia de neutralidad a los poderes públicos no se extiende a la ciudadanía ni alcanza a los equipamientos cuando los usa la ciudadanía, según Por Andalucía, que cree que “no es de recibo” prohibir su uso bajo el pretexto de que en ellos se puede producir cualquier tipo de conexión con un proceso electoral. “De seguir esa lógica ¿se suspende la Feria de Sevilla que se celebra en un recinto público ante la eventualidad de que se hagan en la misma ruedas de prensa, declaraciones de personas candidatas? ¿no permitimos cualquier concierto, acto cultural, deportivo, religioso en equipamiento, recinto o espacio público no vaya a ser que ser produzcan críticas a quien gobierna?”.

Principal problema para los andaluces

La dispersión de las prohibiciones a instancias del PP sugiere que se trata de una acción coordinada por la dirección autonómica de los populares, entre cuyas filas hay dudas de si es la estrategia acertada o si, por el contrario, aumenta la potencia del foco sobre la sanidad, cuyo deterioro esgrimen todos los demás partidos, desde las izquierdas hasta Vox, como principal bandera contra la gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno durante los últimos ocho años.

El estado del sistema sanitario autonómico es la principal preocupación de los andaluces, según los principales sondeos de opinión. Unas 21.000 personas, según la Policía Nacional (55.000, según los organizadores) salieron a la calle el pasado domingo para protestar por su deterioro en las ocho capitales andaluzas.

En diciembre, cuando la crisis por los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama estaba en su apogeo, era el principal problema para el 22,4% de los encuestados, según el barómetro del Centra, el CIS andaluz, dependiente de la Consejería de Presidencia. Otro sondeo del CIS (dependiente del Gobierno) conocido hace apenas diez días concluye que cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente.