Entre los años 1978 y 1982, una de las cuevas habituales en los edificios de la Cava Baja se convirtió en un secreto que corría de boca en boca por los ambientes de un Madrid que inauguraba con ahínco el tópico 'ciudad que no duerme'. Eran los años de la hoy tan manoseada Movida. Pero los chavales más jóvenes de la Nueva Ola, con estilismo de SEPU y pelos de color tropical, no eran los únicos que estrenaban país. La Mandrágora, en el número 42 de la calle, fue el local que aglutinaba a una generación un poco más mayor –sus fundadores estaban en la treintena–, acaso de perfil más intelectual.

Aunque la experiencia no duró mucho, su recuerdo fue rebotando en las paredes del tiempo gracias a La Mandrágora, un disco publicado en 1981 con canciones grabadas en el sótano de la Cava Baja por los cantautores Joaquín Sabina, Alberto Pérez y Javier Krahe. En el aire de grabación casual del disco, se cuelan las risas de la noche 'mandragorera' y el tintineo de los vasos. Casi se puede oler el humo de los cigarrillos de Krahe.

Sin embargo, el viaje a través de un puñado de canciones desternillantes oculta el resto de las actividades que, durante años, convirtieron el local en centro neurálgico de la movida cultural. La Mandrágora fue el proyecto de los artistas Manuel Paniagua y Enrique Cavestany, Enrius, que le dedicó un libro llamado Una cueva diluvial en la Cava Baja.

Cavestany rememora cómo conoció a Paniagua y a su pareja, Piluca Pascual –también pionera en la aventura–, en el obituario que los dedicó después de que ambos fallecieran en un desgraciado accidente de tráfico en 2005: “Nos conocimos hace 30 años y Begoña me los presentó como unos padres del Colegio Siglo XXI, de Moratalaz, lo que en aquella época formaba parte de nuestras señas de identidad”.

En su libro, narra también el primer encuentro con Joaquín Sabina, que se produjo al poco tiempo de abrir las puertas del local: “Serían las once y media cuando Manolo me dijo que un tipo quería hablar con el baranda. Salí de la cocina donde estaba terminando de fabricar un gazpacho y junto a la barra me encontré con un individuo carniseco, pero flamenco, con un voluminoso álbum de fotos bajo el brazo. Se presentó como vecino del barrio y confesó de manera desenfadada que su mujer le había informado acerca de la reciente apertura de nuestro pequeño local, al tiempo que le hacía ver la urgente necesidad de procurarse algunos ingresos para afrontar los apremios alimenticios de las próximas horas”.

Empezaron una colaboración que al principio se pagaba a 1.500 pesetas la noche y la mitad de la recaudación por las copas. “A las pocas semanas sus actuaciones en la cueva conocían un éxito muy por encima de nuestras expectativas y atraían a otros vocalistas y acróbatas, así como a un público devoto que celebraba generosamente sus interpretaciones”, explicaba.

Fueron muchos los que fueron llegando al local al socaire de las actuaciones y se quedaron. Entre ellos, Pancho Varona, un joven aspirante a funcionario que, a fuerza de acudir todas las semanas a las actuaciones, se hizo amigo de Sabina y acabó acompañándole en el escenario –y en la composición del repertorio– durante varias décadas.

Se unieron a la fiesta Javier Krahe y el bolerista Alberto Pérez. Las actuaciones de los cantautores se fueron haciendo cada vez más famosas, especialmente cuando el crítico Alberto Caffaratto les dedicó un elogioso artículo en la Guía del Ocio. Los cantantes, haciendo gala de guasa, le entregaron una noche un jamón de jabugo durante el transcurso de una actuación. Luego, vinieron las apariciones en el programa de García Tola, el revuelo nacional cuando Krahe pronunció por primera vez en pantalla la palabra 'gilipollas' durante la interpretación de Marieta… Y el resto es historia.

En La Mandrágora había mucho más que aquellos conciertos de los sábados, a los que a veces se apuntaba también el cantautor maño y discípulo de Labordeta Joaquín Carbonell. Otro de los espectáculos más recordados era el que desempeñaba Juan Tamariz, entonces uno de los jóvenes que estaba renovando la magia española. Allí tuvieron lugar también las proyecciones en Super-8 de Almodovar, que se recuerdan como desternillantes, o las de Jaime Chávarri. Había sitio para el tarot de Flora Pino o las representaciones teatrales de algunos de los grupos de teatro experimental que abundaban en la época.

Entre la clientela, podríamos anotar a los Alberto Corazón, Forges, Luis Eduardo Aute, Maruja Torres, Montxo Almendariz, Chicho Sánchez Ferlosio, Vainica Doble o Manolo Tena, entre otros.

La Mandrágora se enfrentó a problemas administrativos antes de su cierre. En 1980 el Ayuntamiento lo clausuró temporalmente por denuncias de ruido. El 18 de marzo, el diario El País publicaba una carta firmada por Joaquín Sabina, Juan Tamariz y otros abajo firmantes habituales de La Mandrágora:

“Esta vez, la represión económico-cultural la ha perpetrado el Ayuntamiento contra un local, La Mandrágora, en el que los abajo firmantes actuábamos, con regularidad unos, esporádicamente otros. Los muy reglamentarios y no menos confusos motivos por los que se ha decidido privarnos de unos minipuestos de trabajo y diversión, si se aplicaran coherentemente, y nadie pide esa coherencia, llevarían a clausurar centenares de discotecas, puticlubs, salas de fiesta, y, por supuesto, talleres, industrias, ayuntamientos, etcétera. Pero no; cerrarán La Mandrágora porque, en su pequeña dimensión, no es un local adocenado, sino con esquemas singulares, donde las sonrisas, risas y «risotadas» provienen de una actitud crítica no alineada. Ese cierre no es ético. Queremos que se nos abra La Mandrágora y una docena más de lugares similares”.

El sótano queda a la izquierda cuando uno baja al baño en el bar de pinchos que ocupa hoy el número 42 de la Cava Baja. Sin embargo, el espíritu de La Mandrágora sigue muy vivo en el imaginario colectivo y cada cierto tiempo es reivindicado por espacios de marchamo cultural que se quieren herederos de la experiencia de la Cava Baja. Es el caso de distintos espacios culturales con barra que, en las últimas décadas, han tratado de convertirse en refugio habitual de cuadrillas noctámbulas desafectas a las grandes pistas de baile.

Por ejemplo, de La Juntada de La Realidad Club, un Open Mic que comenzó el pasado 19 de febrero y pretende reunir con “el espíritu de La Mandrágora” cada dos jueves a poetas, músicos y artistas. Se anuncia como “espacio de resistencia cultural” porque la oposición en la ciudad de Madrid quizá está hoy en otras coordenadas diferentes a las que atravesaba la postransición, pero sigue habiendo espacio para una cultura contestataria.

Un mural para recordar el espíritu de La Mandrágora

Una medianera en la cercana plaza de Cascorro invoca, con colores desvaídos, al paisanaje de La Mandrágora. Cocktail Grand Luxe es un fresco humano encargado en tiempos de Tierno y pintado por el propio Enrique Cavestany en junio de 1983, con La Mandrágora ya cerrada.

El pintor incluyó en el mural de 17 metros de altura y 5 de ancho el rótulo verde del local y a mucha de la clientela; 35 personajes que desfilan por los puestos del El Rastro entre los que se distingue a Joaquín Sabina, Alberto Corazón, Juan Luis Cebrián o el propio Manolo Paniagua, que también tuvo puesto en el mercadillo y aparece tumbado.

Cavestany lleva más de veinte años intentando que el mural se restaure y a la empresa se unió también la asociación Nuevo Rastro. Durante el gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, se les instó a que incluyeran la propuesta en los presupuestos participativos, pero fue desestimada estar sobre una propiedad privada.

Posteriormente, ya con el Partido Popular en Cibeles, se anunció que la rehabilitación se haría en el segundo trimestre de 2020, pero con la pandemia se instauraron la excepcionalidad y el borrón y cuenta nueva. Aún se volvería a anunciar una vez más, hablándose incluso de un presupuesto de 40.000 euros y la colaboración de una entidad bancaria. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido la ansiada recuperación y los fantasmas de La Mandrágora se desvanecen poco a poco, a la vista de todos.

El último domingo marzo, una nueva protesta irrumpió en la plaza de Lavapiés. Decenas de personas se manifestaron en apoyo a Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista, días después de ser detenido frente a su casa por resistencia a la autoridad. La Policía Nacional lo trasladó a la comisaría junto a otras seis personas y, al ser puesto en libertad, Mbaye anunció su intención de presentar una denuncia ante lo que considera una operación “racista” y con tintes de “violencia policial”. En los últimos meses, e incluso años, los vecinos han acusado a las autoridades de una hipervigilancia respecto al barrio, con redadas habituales en un entorno multicultural. Pero ahora quieren cambiar el foco y situarlo sobre otros problemas cotidianos.

“Es una desfachatez”, opinan desde la plataforma Lavapiés al Límite, una suma de hasta 60 colectivos o entidades vecinales surgida en respuesta a la presión del barrio y centrada en reivindicar otros asuntos conflictivos además de la seguridad. Consideran que la presencial policial en la zona, con un 40% de población migrante según datos recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística), es excesiva y “desproporcionada”, y anteponen otras complicaciones como la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda o la escasez de espacios óptimos para la infancia.

Para trasladar esta petición al debate público han decidido ponerse manos a la obra. A mediados de febrero, convocaron a vecinos y medios de comunicación para presentar su estrategia: un calendario de manifestaciones temáticas para todo el año. Los miembros de Lavapiés al Límite denuncian que el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura, no les ha recibido desde su creación en 2024, y aseguran que en su seno coexisten agrupaciones de vecinos representativas del barrio, con propuestas firmes sobre asuntos de interés vecinal. Así que, para hacerse oír, harán un llamamiento cada mes para protestar en la calle por cada una de las preocupaciones que perciben en Lavapiés.

“+ churros, - aguacates”: un alegato contra la gentrificación

En febrero, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín, iniciaron un recorrido desde el Casino de la Reina con unas mil personas advirtiendo de su gran problema diario: el precio de la vivienda. Con irónicos carteles que pedían “+ churros, - aguacates”, los vecinos señalaron un viraje en el modelo de barrio que abría paso a la turistificación o la adquisición de piso por parte de fondos y grandes rentistas para exprimir al máximo su valor. Otro protagonista del día fueron las redadas policiales, con simbolismos hasta en el punto de partida de la manifestación.

El 23 de octubre, el Casino de la Reina fue testigo de un altercado con la policía durante un partido de fútbol. Jugaba el Dragones de Lavapiés, un equipo alevín del barrio, y en las gradas había familiares que fueron a ver a sus hijos. En el marco de una macrooperación antidroga que comenzó esa tarde en la zona y en la que participaron un centenar de agentes, varios de ellos se acercaron a la pista y se llevaron fuera de el recinto a algunos padres, según confirmó el entrenador del equipo, para identificarlos y recopilar sus datos. La Policía Nacional defendió el operativo aunque lo desvinculó de un aumento puntual en las denuncias o alertas detectadas en la barriada. Desde Jefatura se habló de un barrio habitualmente conflictivo, donde “muchos fines de semana hay agresiones con arma blanca”.

Durante el mes de marzo se retomaron las protestas con nuevos protagonistas, como el impulso a las políticas feministas o la dedicación a la infancia. Varias personas cerraron una calle de Lavapiés al tráfico para “visibilizar la falta de espacios de juego”, en perjuicio de los más pequeños. El objetivo de abril serán el clima y la petición de espacios verdes, con una acción prevista para el día 19. Mayo pondrá la lupa en los espacios autogestionados del barrio, que alberga centros sociales okupados reconocidos como el CSO La Rosa o La Tabacalera, ambos integrados en la plataforma que convoca estas manifestaciones.

En este caso, la selección temática guiña un ojo al 15M, el movimiento ciudadano iniciado en mayo de 2011 que derivó en protestas y acampadas masivas en distintas plazas de España. Las asociaciones promotoras avanzan que habrá asambleas en las plazas de Lavapiés o acciones que pongan en valor los espacios okupados con actividades abiertas. Para el inicio del verano, en junio, se impulsarán motivos vinculados al Orgullo LGTBI, que ese mes llenará las calles de todo Madrid; mientras que en julio retomarán el debate de la vivienda.

Acciones paralelas y un calendario reivindicativo por confirmar

Otras iniciativas aún están por confirmarse o de momento no se revelarán al público para evitar boicots o interferencias. En paralelo, los vecinos tiran de otros proyectos de presión como el mapeo de los pisos turísticos en la barriada o el tejido de una red asociativa que se organice para mantener sus demandas a la orden del día. Las actualizaciones de última hora se anunciarán en redes sociales, así como futuras convocatorias para elevarse a ojos de la administración.

La detención de Serigne Mbaye ha vuelto a remover la indignación más de un mes después desde que el portavoz del Sindicato de Manteros se preguntara, sentado en una mesa junto a otros miembros de Lavapiés al Límite, qué era lo que definía verdaderamente al barrio y sus necesidades. “¿Es acaso la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿La Policía es solvente en sus actuaciones? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos, así que volveremos a la calle”, determinó aún sin saber que su futuro paso por comisaría despertaría una nueva oleada de críticas.

El Ayuntamiento de Madrid blindará las procesiones esta Semana Santa peatonalizando 22 calles en el entorno de parroquias ubicadas en Centro y Salamanca entre el 2 de abril, Jueves Santo, y el 5, Domingo de Resurrección.

Se busca garantizar la movilidad peatonal alrededor de las parroquias católicas más emblemáticas y concurridas de la ciudad en estas fechas habilitando siete áreas peatonales, seis de ellas en el distrito de Centro y una en el distrito de Salamanca, ha informado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, en un comunicado.

El corte al tráfico de las 22 calles se producirá entre las 11 y las 21 horas de estos cuatro días. Además de las cortadas se verán afectadas otras 53 vías y plazas. Para el cumplimiento de las peatonalizaciones temporales, el Ayuntamiento habilitará un dispositivo extraordinario de 230 efectivos de Agentes de Movilidad que se sumará al personal ordinario.

Además una patrulla informativa realizará sus funciones a pie por las calles más frecuentadas para indicar a los ciudadanos cuáles son los itinerarios más recomendables, los aparcamientos más cercanos disponibles así como cualquier otra información relativa a la movilidad.

En todo momento se coordinarán con Policía Municipal, que llevará a cabo aquellos cortes de tráfico que, aun no estando previstos de manera inicial, pudieran ser necesarios para evitar aglomeraciones en aceras y calzadas.

La medida ha sido “un gran éxito” en las tres ediciones precedentes -asegura el Ayuntamiento- y persigue facilitar a los viandantes un tránsito cómodo en el entorno de los templos más visitados: la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas (Iglesia del Sacramento), la Basílica Pontificia de San Miguel, la Real Iglesia de San Andrés Apóstol, la Iglesia de San Pedro el Viejo, la Colegiata de San Isidro, la Iglesia de San Ildefonso, la del Santísimo Cristo de la Fe, la Basílica de Jesús de Medinaceli, la Capilla del Divino Cautivo de los Padres Escolapios y la parroquia de San Lorenzo.

Antonia tiene una pequeña nevera que gotea cada vez que abre. Se debate entre comprar otra o no, porque vive de alquiler en un piso de Lavapiés y el propietario no le cobra mucha renta, pero tampoco le paga sus electrodomésticos. Un día decide ir a una tienda y mirar modelos, pequeñitos, porque solo quiere guardar “cuatro ajos”, como dice ella.

Cuando va de camino, una vecina le llama y frustra los planes: su casero va a vender a un fondo buitre el piso de alquiler y las otras 51 viviendas con las que comparte escalera. Antonia se queda en shock y decide pausar la compra, para volver a recoger el goteo de su refrigerador y a su incierto futuro.

La siguiente escena -os estoy contando una película real- es con Antonia en la tienda de electrodomésticos, hablando con el dependiente y escogiendo su nueva nevera. Eligiendo resistir junto a otras vecinas. Quedándose con la esperanza.

La metáfora de la nevera es uno de los hilos conductores de Soy Tribulete 7, un documental recién sacado del horno, que tuve la suerte de ver el pasado martes en el Teatro del Barrio, donde se mostró al público por primera vez. Sus autoras, las periodistas Leah Pattem y Elisa González, se han pasado dos años grabando historias de los vecinos de este bloque, adquirido por el fondo Elix y ejemplo de los desahucios silenciosos que tienen lugar -a miles- en Madrid.

“Lo cotidiano que tenemos en el barrio lo están vendiendo y lo están destruyendo. Están echando a nuestros vecinos para traer a turistas y queremos que se oiga”, explicaba Elisa durante la presentación sobre los procesos económicos que amenazan espacios como este edificio, cuyos habitantes son la pura esencia de Lavapiés, el ADN que compone Madrid.

Lo que pasa en Tribulete 7 lleva mucho tiempo apareciendo en los medios de comunicación. Somos Madrid lo ha contado varias veces, incluyendo la última gran victoria vecinal: la de sentar en el banquillo por acoso inmobiliario al fondo buitre, acusándolo de llevar a cabo molestas obras de reforma con intención de echar a los vecinos. De momento han conseguido expulsar a la mayoría: solo quedan 15 de los 52 alquilados. Pero los inquilinos prometen quedarse todo lo que puedan.

La historia de su lucha se hubiera podido perder en el tiempo, pero gracias a este magnífico documental podrá pervivir y enseñar a otros el camino para resistir ante la voracidad inmobiliaria. La película, que tiene un enorme trabajo de grabación y montaje detrás (hay más de 1.000 horas de material, condensado en 53 minutos), acaba de echar a rodar y su camino de exhibición va a ser largo. También costoso.

De momento sus impulsoras están vendiendo carteles ilustrados del documental para financiar los siguientes pasos y ofrecen proyecciones gratuitas. En la web oficial del documental tienes más información sobre ellas, así como en el email de contacto (soytribulete7@gmail.com) y en sus redes sociales, donde acaban de estrenar un tráiler que te deja con ganas de conocer más historias. No desvelo ninguna otra porque merece la pena sentarse a verlas y escucharlas.

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La Comunidad de Madrid ha decidido proteger los inmuebles de la calle Cabestreros que iban a ser derribados para construir en su lugar un hotel cápsula. El Gobieron de Ayuso solicitará al Ayuntamiento la protección ambiental de este lugar, donde se encontraba el restaurante senegalés Baobab, al inicio de la calle Cabestreros.

Según trasladan fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press, la Dirección General de Patrimonio Histórico ya habría estudiado la petición municipal para dar su criterio en torno a este conjunto, adelantada este lunes en Somos Lavapiés y han avanzado que se solicitará para el mismo la protección ambiental.

Este grado de catalogación se aplica a edificios que contribuyen al carácter histórico o paisajístico del entorno urbano y cuyo valor reside principalmente en su integración en el paisaje de la calle o del barrio. Actualmente el edificio no cuenta que con ningún tipo de protección urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana.

Tanto la sociedad civil como el Grupo Municipal Socialista intentaron frenar una demolición que suponía “un atentado patrimonial”, como ahora acaba de ratificar la Comunidad. El concejal Antonio Giraldo aseguró que los edificios derribados podían ser casas señoriales que dataran al menos del siglo XVII. Por este motivo, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial, al igual que hizo la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, fue preguntada por la noticia avanzada por este periódico e indicó que en el Consistorio todavía no tenía “ninguna novedad” en torno a este trámite. “La Comunidad está estudiando ese expediente y, por lo tanto, en el momento en el que nos trasladen cuál es su opinión, pues actuaremos en consecuencia”, aclaraba a los medios tras la presentación de los nuevos vehículos del Cuerpo de Bomberos.

Los antiguos edificios de la calle Cabestreros que el PSOE intentó defender en los tribunales a principios de año se salvan, de momento. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid está estudiando su valor patrimonial después de ordenar al Ayuntamiento que comunicara la detención de la obra a la empresa responsable, según información a la que ha tenido acceso este periódico.

El proyecto turístico sobre los números 1 y 3 de Cabestreros, una vía situada en el corazón de Lavapiés, salió a la luz pública a finales de año. Fue entonces cuando se supo que la empresa propietaria tenía intención de levantar allí un hostal con 260 habitaciones tipo cápsula. Para hacerlo, antes tenía planificado echar abajo los dos edificios antiguos, de los que no quedaría ningún resto.

Aunque los planes se conocieron en plenas navidades, numerosas asociaciones y particulares alertaron de la pérdida para el patrimonio de Madrid que podría suponer el derribo de las dos casas. Una de ellas era muy conocida en la zona por haber alojado en su día el Baobab, un popular restaurante senegalés. Su cierre coincidió con el inicio de los trámites para un proyecto urbanístico que fue aprobado primero en 2020 y luego en 2025, modificado, cumpliendo todos los trámites sin tener en cuenta el posible valor de los inmuebles, que no estaban catalogados.

Pero el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid escuchó la alarma patrimonial y solicitó de urgencia al área de Urbanismo que valorara su protección el 9 de enero, luego acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos. Para entonces, la empresa encargada de la demolición ya se estaba preparando y los acontecimientos se precipitaron: el consistorio se dirigió a la Comunidad de Madrid después de recibir el escrito del PSOE y la Consejería de Cultura ordenó, unos días después, detener la obra. El Ayuntamiento se lo comunicó a la empresa. Pero algo falló.

La mañana del día 14 de enero los obreros empezaron a desmontar el tejado de Cabestreros 1, pese a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había reclamado la paralización el día anterior. Los vecinos alertaron de lo que estaba sucediendo desde casi el amanecer, mientras algunos veían una estrategia de los inversores para conseguir el derribo por otras vías: “Se han dado prisa para cargarse el tejado del edificio más antiguo. El siguiente paso, declaración del inmueble en ruinas y para adelante”, lamentaba un vecino entonces.

Finalmente, el Ayuntamiento notificó la suspensión in situ, ante la mirada del concejal Antonio Giraldo, quien se implicó personalmente en salvar el edificio, acudiendo varias veces al lugar y también a la Fiscalía. Hoy, en conversación con este periódico, recuerda cómo empezó todo: “Se pusieron en contacto conmigo arquitectos, expertos en patrimonio, la gente de MCyP... y empezamos a indagar, a buscar documentación, porque desde hace mucho pensábamos que el edificio tenía valores suficientes para no liquidarlo diciendo que no estaba en el catálogo”.

Giraldo cree que su existencia puede datar al menos desde 1656, porque aparece en el plano de Pedro de Teixeira, fechado ese año y que recoge minuciosamente numerosas construcciones del Madrid antiguo. Ahora la Comunidad de Madrid indicó —en el requerimiento para detener la obra— que los dos edificios podrían corresponderse con casas señoriales del Siglo XVII y que, en ese caso, serían consideradas Bien de Interés Patrimonial.

“Nos da tranquilidad que la Comunidad de Madrid vaya a encargar un estudio en profundidad, es la guardiana de estos bienes y hay buenos técnicos trabajando allí”, apunta el edil de la oposición. Sobre el resultado final de este proceso, advierte de las posibilidades: “A lo mejor no es una protección al máximo, pero tal vez puedan forzar la modificación del proyecto para mantener cierta parte del volumen del inmueble y hacer un recrecido... Tienen un abanico de posibilidades entre la demolición total y el mantenimiento íntegro, ya se verá”.

Apunta Giraldo que, no obstante, el Ayuntamiento “podría directamente incorporarlo en el catálogo, sin ningún problema, pero ha decidido pasarle la pelota a la Comunidad”. Y recuerda que “estos días estamos hablando de lo que pasó con las Cocheras de Cuatro Caminos, que se echaron abajo con una licencia concedida a toda prisa, sin sentencia firme del Tribunal Supremo, donde había mucha gente advirtiendo de sus valores patrimoniales, y se acabó demoliendo”.

El concejal del PSOE valora otras actuaciones que sí que ponen en valor el patrimonio industrial, como la construcción de unas viviendas en Carabanchel con la pervivencia de parte de la estructura de la fábrica que había allí antes, un proyecto que el propio Ayuntamiento presentó hace unos días. “Parece que el patrimonio solo interesa cuando es rentable económicamente”, se queja Giraldo. Y deja esta reflexión: “Al final la crítica aquí es que siempre tiene que estar la sociedad civil o los grupos políticos vigilando todo para que, en algún caso, los que gobiernan reaccionen y se den por aludidos. Demoler debería ser algo excepcional, como marca la ley”.

Ya hay acuerdo para relanzar el CSA Tabacalera, en Lavapiés, contando con la presencia de entidades vecinales. El complejo volverá a acoger el tejido asociativo del céntrico barrio de Madrid a finales de 2026. Así lo han acordado el Ministerio de Cultura, titular del inmueble, y representantes del colectivo Remontada Tabacalera.

Se prevé que dos edificaciones, anexas al edificio principal, estén disponibles para estos usos asociativos en el último trimestre de este año después de las obras de rehabilitación que llevará a cabo el Ministerio de Cultura, a cargo de su presupuesto. Se trata de las naves Trapecio y Trastocados/Metrópolis (de 512 y 288 metros cuadrados) dentro del complejo de Tabacalera, que serán rehabilitadas integralmente para garantizar su adecuación para el uso y que cumplen todas las garantías de seguridad.

La cesión formal se hará al CSA La Tabacalera, de acuerdo con los colectivos y asociaciones que forman parte del colectivo Remontada Tabacalera, entre los que se encuentran el propio CSA y otras entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, 8M Lavapiés, la Oficina de urbanismo social o Red Interlavapiés.

Según ambas partes han acordado, estos espacios serán autogestionados por el CSA La Tabacalera, en colaboración con asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés. Con este compromiso, se recupera un espacio fundamental para el uso comunitario y cultural en el centro de la ciudad de Madrid, privilegiando la función social y apertura al público de esta dotación con independencia de la residencia y centro artístico que la cartera liderada por Ernest Urtasun planea impulsar en el resto del recinto.

El Sindicato de Inquilinas lo celebra: “Recuperamos para la ciudad la Tabacalera”

El Sindicato de Inquilinas ha celebrado el acuerdo en una nota remitida a los medios de comunicación: “Gracias a la negociación y movilización de los movimiento sociales de la ciudad, el acuerdo se ha desbloqueado, formalizando el uso del espacio a través del convenio existente e incorporando las modificaciones necesarias para adaptarlo al momento actual del proceso”.

Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato, cree que con este compromiso consiguen “un espacio que había sido arrebatado a los movimientos sociales y que es fundamental para los vecinos de Lavapiés y de todo Madrid”. Opina que “se abre un nuevo paradigma del modelo de ciudad que vamos a construir”.

En el escrito detallan el enfoque que Remonta Tabacalera dará al proyecto: “Se plantea una visión de colaboración amplia junto al CSA Tabacalera y otros movimientos y colectivos sociales del territorio, articulada en torno a tres ejes estratégicos: la cultura de base autogestionada, el sindicalismo social y la economía solidaria”.

En las negociaciones se ha acordado entender este proceso como “una oportunidad para incorporar la participación ciudadana en la rehabilitación del edificio con una perspectiva de regeneración urbana en su contexto territorial y ampliar derechos culturales y sociales de las personas que habitan y atraviesan Madrid”. Señalan que, “por todas las partes”, se ha manifestado “una aspiración para explorar formas innovadoras y contemporáneas de gestión cultural y urbana acorde al momento actual y a los retos sociales que afrontamos.

Casi tres siglos de historia en el corazón de Lavapiés

Situado en el número 53 de la calle Embajadores, el complejo de Tabacalera está formado por diversas edificaciones, ocupando una superficie total de más de 21.000 metros cuadrados. Tabacalera se ubica en la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, cuya construcción tuvo lugar entre 1780 y 1792 y que perdió ese uso a finales del siglo XX.

Adscrito al Ministerio de Cultura desde 2003, ese mismo año el edificio se abre al público como espacio centrado en la exhibición y la programación de actividades. Entre 2010 y 2021 desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales. Actualmente el complejo de Tabacalera se encuentra en proceso de rehabilitación arquitectónica y reforma integral de las instalaciones para adecuar el edificio a su futuro uso como centro de producción y residencias artísticas, en la línea de otros centros internacionales.

En marzo de 2025, un Real Decreto oficializó la creación del Centro de Producción y de Residencias Artísticas Tabacalera. Este futuro Centro Tabacalera es un proyecto estratégico del Ministerio de Cultura y está dirigido a la reactivación del tejido creativo, promoviendo un espacio de investigación artística e intercambio de experiencias entre artistas, en colaboración también con las comunidades autónomas. El proyecto aspira, asimismo, a ser una institución abierta al barrio de Lavapiés, un propósito relanzado con este acuerdo.

La Junta Municipal de Centro podrá retomar las obras de acondicionamiento de la Instalación Deportiva Básica de Embajadores 18 el próximo mes de julio, si los plazos avanzan según lo previsto, informa el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. Así se lo ha trasladado el concejal del distrito, Carlos Segura, a los representantes de las asociaciones vecinales La Corrala y Rastro, del Club Deportivo Elemental Dragones de Lavapiés y del Centro de Estudios Castilla, con quienes se ha reunido este jueves para trasladarles las causas que motivaron la suspensión temporal de las obras el pasado mes de noviembre.

La actuación en la instalación deportiva incluye una nueva área estancial con la creación de una zona verde formada por tilos, arces paliformos, lavanda, romero, espino de fuego y madroños, así como la mejora del cerramiento con un muro de granito acorde al entorno. También dota al espacio de un almacén que podrán utilizar los usuarios de la zona deportiva para guardar los enseres necesarios para los entrenamientos.

Las obras, iniciadas en septiembre de 2025, tuvieron que paralizarse al encontrar, durante la ejecución de las primeras fases de demolición del cerramiento perimetral, unas construcciones subterráneas, correspondientes, presumiblemente, a los sótanos de antiguos locales comerciales del edificio que ocupaba el solar y que no estaban registrados en la documentación disponible. Ese hallazgo requiere redactar un proyecto modificado que incluya los trabajos técnicos necesarios, no previstos inicialmente.

Durante el encuentro de hoy, el concejal ha reiterado el compromiso del distrito de mantener una comunicación transparente y continua con el vecindario y ha subrayado que el Ayuntamiento está trabajando para avanzar en los trabajos técnicos necesarios para reactivar la obra con todas las garantías de seguridad y viabilidad. 

Las obras no sólo supondrán una rehabilitación para esta instalación deportiva, sino también para su entorno. Por una parte, se acondicionará la superficie para crear una pista deportiva y una zona de estancia. Además, se resolverán las humedades junto a un edificio en Calle San Cayetano, solucionando la falta de drenaje e impermeabilización en el solar. Por último, se renovará el vallado y el espacio de vestuarios y se adecuarán las instalaciones de alumbrado.

“Algo ha muerto en el centro de Madrid”, advierten las asociaciones de residentes de la zona, que para alertar sobre la pérdida del tejido vecinal en barrios como Malasaña, Lavapiés, Chueca o Letras han organizado para este viernes, 20 de febrero, un pasacalles fúnebre que recorrerá el corazón de la capital.

La cita es a las 18.00 horas en la plaza de la Provincia. Se pide riguroso luto para acompañar en procesión a cetrina, la sardina vecinal fallecida por el acoso de los pisos turísticos o los fondos buitre, explican desde la organización. La marcha recorrerá entre sollozos las calles del centro hasta acabar en la zona de Malasaña.

La convocatoria ha sido difundida por grupos como la Asociación Vecinal Maravillas o la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, además de otros colectivos y vecinas del distrito Centro. Este es el vídeo y el texto de la convocatoria:

Querida vecina, querido vecino,

asociaciones, colectivos, comerciantes, familias, AMPAs, estudiantes y gentes del Distrito Centro:

Hoy venimos a trasladaros una noticia terrible.

Nuestra querida vecina,

la sardina Centrina,

ha muerto.

Y lo más triste no es solo su muerte,

sino que tardamos dos días en encontrarla.

Dos días en su piso.

Sola.

Sin que nadie la echara de menos.

¿Por qué?

Porque en su edificio ya no quedaba ningún vecino.

Todo eran pisos turísticos.

Airbnb había sustituido al vecindario.

Finalmente la encontró un turista hawaiano,

alertado por un intenso olor a pescado

mientras se preparaba tranquilamente

un poke de salmón.

Por eso, las asociaciones vecinales del Distrito Centro,

junto a colectivos sociales, culturales y vecinales,

hemos decidido despedir a Centrina

con un solemne Entierro de la Sardina Centrina.

Un Entierro de los Barrios.

A partir de las 18:00 horas, iniciaremos un recorrido con varias paradas en nuestros barrios del Centro,

en las que iremos reivindicando

los problemas que nos ahogan cada día:

👉 la falta de vivienda

👉 la turistificación sin límites

👉 la basura y la suciedad

👉 la desaparición del comercio de barrio

👉 la falta de centros de salud

👉 la expulsión de familias, estudiantes y mayores

👉 y la pérdida del alma de nuestros barrios.

Acompañaremos a Centrina por unos barrios cada vez más vacíos de vida vecinal.

Si quieres acompañarnos en esta despedida,

te esperamos el viernes 20 de febrero,

a las 6 de la tarde,

en la Plaza de la Provincia para comenzar el pasacalle.

Se agradece riguroso luto, velas, plañideras y demás séquito fúnebre.

Y recuerda:

el mejor homenaje a nuestra vecina Centrina

no es llorarla,

sino volver a organizarnos

para demostrar que Madrid nos pertenece.

Madrid nos pertenece a ti y a mí.

Por eso, asociaciones, colectivos y vecinas del Distrito Centro: este entierro también es vuestro.

Llamamos a asociaciones vecinales, culturales, educativas y sociales a caminar juntas.

Invitamos a comerciantes, hosteleros y colectivos del distrito a sumarse a esta despedida colectiva.

Porque los barrios no se entierran en silencio.

Porque los barrios se defienden juntas.

El 23 de octubre, casi un centenar de efectivos recorrieron Lavapiés en busca de inmigrantes en situación irregular. Durante la macrooperación, que comenzó en la Plaza de Nelson Mandela, la Policía Nacional identificó a padres que habían ido a ver a sus hijos al Casino de la Reina, donde esa tarde jugaba un equipo alevín de fútbol. Identificaron a 90 personas, pero solo cinco acabaron detenidas. Un año antes, el barrio ya había decidido organizarse para protestar por un vecindario “al límite”. Hasta cuarenta asociaciones de la zona llamaron a un recorrido multitudinario, de cuyo lema acabó surgiendo otra suma de colectivos: Lavapiés al límite. Ahora, vuelven a reunirse y preparan una nueva cita el próximo domingo.

“¿La Policía es solvente en sus actuaciones? ¿Es la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos y por eso volveremos a salir a la calle”, planteaba esta mañana ante una veintena de asistentes Serigne Mbayé, portavoz del Sindicato de Manteros y exdiputado en la Asamblea de Madrid por Podemos, partido del que continúa siendo el secretario de Antirracismo.

“Tenemos cada vez más cámaras de vigilancia, y nos identifican por la calle cada dos por tres. Si de verdad funcionan tanto las redadas, ¿por qué siguen haciéndolas todavia?”, se pregunta Mbayé. Desde el Teatro del Barrio y junto a otros cuatro ponentes –representando a inquilinos, movimientos sociales o agrupaciones por los derechos de la infancia en Lavapiés– ha instado a participar en la marcha vecinal fijada el 15 de febrero para denunciar el “abandono institucional” al que se ven abocados en favor de la “especulación inmobiliaria, la gentrificación o la expansión descontrolada de pisos turísticos”.

Vivienda, “racismo institucional” y más espacios para la infancia

Fueron las primeras pinceladas que ofreció este jueves Susana Pineda, otra integrante de Lavapiés al límite que ha presentado la convocatoria. “Convivimos diariamente con desahucios, falta de espacios públicos y zonas verdes. Pero la respuesta es generar un clima racista y de criminalización en lugar de hacer una inversión social”, espetó Pineda, que ve en ello la “consecuencia” de “un modelo pensado para expulsar a sus vecinas”. En esta misma conclusión ha profundizado Sara Pla, a su lado en el Teatro del Barrio.

“Estamos hartos de repetirlo: no es seguridad, es racismo institucional [...] Los niños reciben el impacto más duro porque son las principales víctimas en desahucios, que les obligan a perder toda su vida. O cuando tienen que ver a sus padres detenidos y criminalizados solo por salir a la calle”, ha destacado. Así que abogan por mover el foco, cambiar el punitivismo por “cuidados” o “más recursos para drogodependientes”, y prorizar otros esfuerzos que, a su juicio, traerán una mejora al barrio.

Estamos hartos de repetirlo: no es seguridad, es racismo institucional

Sara Play — Miembro de la plataforma 'Lavapiés al límite'

“Necesitamos zonas de sombra en verano, para que los más pequeños puedan jugar sin poner en riesgo su salud. El derecho al juego o al descanso no puede depender de tu nivel de renta”, sentencia. Pero uno de los problemas más urgentes que han reconocido, y por el que también saldrán a reivindicar el domingo, es el mismo que se comparte en Madrid u otras ciudades: el encarecimiento de la vivienda.

“Aquí ya es un problema estrucural, pero es que los alquileres siguen subiendo sin justificación y los contratos son cada vez más inestables. Esa es nuestra realidad cotidiana, ya sea en General Lazy o en Mesón de Paredes”, siguió Isabel Mascuñana, miembro del Sindicato de Inquilinas. “Cuando la vivienda falla, fallan las redes, los cuidados y la vida comunitaria del barrio”, ha añadido, instando a las autoridades a poner coto a los pisos turísticos y adoptar “medidas reales” que permitan afrontar la especulación inmobiliaria.

La presentación de cara a la manifestación del día 15 la completaba Andrés López, del CSO La Rosa, un centro social okupado en la calle del Bastero. Redondeó el resto de intervenciones hablando de los espacios autogestionados y su función en la cohesión de un barrio, incidiendo en que la seguridad también tiene que ver con “fomentar que las vecinas se conozcan y se permita la proximidad”. “Es vital que siga siendo así”, ha advertido, instando junto al resto de sus acompañantes a participar en la protesta desde el Casino de la Reina.

En su discurso dedicó unas palabras a otro centro social de Lavapiés, La Tabacalera, inmersa en una negociación con el Ministerio de Cultura después de marcharse de este histórico edificio por unas obras de rehabilitación. “Son espacios fundamentales para organizarse políticamente, o ensayar otras formas de vida. Sin ellos, y sin los los movimientos sociales que los habitan, no existirían movilizaciones como esta”, determinó antes de despedir al público y aguardarles hasta el domingo.

¿Qué une la historia de un barrio que quiso independizarse de Madrid y del resto del país hace 36 años con las dificultades de hoy día para encontrar un piso decente a un precio no prohibitivo? La obra de teatro Un verano por metro cuadrado, que llega el jueves al Teatro del Barrio de Lavapiés, responde a esta pregunta con un argumento y una puesta en escena tan cómicos como reivindicativos en los que hacen memoria para abordar el presente. El pretexto es Cerro Belmonte, una zona del actual barrio de Valdezarza (en el distrito de Moncloa-Aravaca) que proclamó su autonomía respecto al resto de la ciudad en 1990.

Este proyecto que viaja desde el noroeste de Madrid hasta la mismísima Cuba parte de la compañía 7 Minutos de Gloria, formada por artistas multidisciplinares de ámbitos como la escena, la música, la danza o el audiovisual: Manu Cantelli, Lucía Feijóo Robles, Laura Delgado, Nayarit Fuentes, Marta Guijarro Rojas, Cristina Marco, Paula Mira y Marina Margallo. Nayarit y Marta explican cómo empezaron a trabajar en la idea hace tres años, aunque han ido “a fuego” estos últimos meses. El concepto se había implantado en sus cabezas mucho antes: “La noticia nos llega a personas del colectivo en 2015. Estábamos con nuestra anterior obra, 7 minutos de gloria, y nos pareció brutal. Ya teníamos en el tintero hacer algo sobre vivienda por la situación social y por circunstancias personales, al final todas vivimos de alquiler”.

Comenzaron entonces el trabajo de bucear en el archivo y la hemeroteca de una historia tan inaudita como premonitoria. El 6 de septiembre de 1990, los vecinos de Cerro Belmonte se enfrentaron a la expropiación por parte del propio Ayuntamiento liderado por Agustín Rodríguez Sahagún (CDS), que pretendía construir unos chalés de alto standing en sus terrenos. A cambio, les entregarían poco más de cinco mil pesetas (30 euros) por metro cuadrado y los reubicarían en pisos de Vallecas y Villaverde, en el otro extremo de Madrid.

Los residentes se manifestaron y solicitaron una reunión con el alcalde. Por entonces una figura luego tan controvertida como la de Miguel Blesa, al frente de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, defendía que la decisión ya estaba escrita en las directrices del Plan Inmobiliario de la ciudad. Pese a la cerrazón de la corporación municipal, los habitantes de lo que hoy es Valdezarza se negaron a abandonar sus casas bajas.

"No queremos pertenecer a un Ayuntamiento que quiere explotarnos”

“Resistiremos y además nos independizaremos de Madrid. No queremos pertenecer a un Ayuntamiento que quiere explotarnos”, espetó en un celebrado discurso la abogada y representante vecinal Esther Castellano. La amenaza no se quedó en proclama vacía, sino que organizaron un referéndum en el que la declaración de Estado independiente durante una semana arrasó con 214 votos a favor y solo dos en contra (aunque algunas papeletas fueron nulas al incluir insultos al regidor).

De La Habana al mito en TikTok

La movilización fue tal que una comitiva del barrio, aprovechando una coyuntura internacional tensa entre el Gobierno español y el de Cuba, se trasladó a la isla para elevar su caso nada menos que a Fidel Castro después de que Castellano enviara una carta a su administración. “Castro sí escuchó a Cerro Belmonte y, para meter más el dedo en el ojo a las autoridades españolas, regaló 25 viajes de diez días a La Habana, sorteados entre los vecinos en una verbena a ritmo de salsa. La expedición rebelde es recibida por el Comandante como si fuese una visita de estado. Castro les obsequia con un lote de regalos (puros y libros) y les intenta convencer de que se queden, asegurándoles casa y trabajo, pero los belmonteños quieren volver a casa. A la vuelta del viaje, Sahagún continúa negándose a recibirlos, esta vez ya muy molesto por el espectáculo y las risas de dos continentes”, recuerda este artículo de El Salto.

La presión vecinal e internacional acabó permitiendo la continuidad de los residentes, al menos por un tiempo. En lo que hoy es Valdezarza solo sobrevive una de aquellas casas bajas. Pero las autoras de Un verano por metro cuadrado no quisieron dejar al espectador con ese regusto amargo al plantear la obra y apuestan por adaptar lo ocurrido gracias al poder de la ficción: “¿Qué significa ganar? Simplemente, damos nuestro broche final sobre lo que nos hubiera gustado que ocurriera, que fuera. Para aprender de los errores y aciertos y hasta para saber por qué fue tan divertido”. Marta también quiere indagar en “por qué nos inspira, ya que necesitamos escuchar cómo la gente pudo responder y resistir, saber si en el sistema en el que vivimos se puede ganar del todo ante máquinas tan grandes”.

Damos nuestro broche final sobre lo que nos hubiera gustado que ocurriera, que fuera. Para aprender de los errores y aciertos y hasta para saber por qué fue tan divertido

Nayarit Fuentes — Coordinadora de dramaturgia y textos en 'Un verano por metro cuadrado'

Un ejercicio de imaginación que nace también del perfil bajo actual de los implicados en aquellos sucesos: “Cuando creamos la historia quisimos respetar el derecho de los afectados que no querían hablar de ella. En redes sociales como TikTok ha llegado a idealizarse un poco y a usarse para el estractivismo. Además, aunque no queremos destripar el desenlace, está claro que no acabó como en los cuentos de hadas. No es una obra de teatro documental, así que la hemos derivado para abordar una idea de promesa colectiva”. Indican de hecho que el contacto ha sido mayor con la actual asociación vecinal de Valdezarza, “un barrio donde vive mucha gente joven”, que con las víctimas de los hechos originales.

Teatro colectivo, satírico y con buen rollo

Nayarit define así la propuesta como “una comedia feel good en un mundo de tragedia absoluta”. Una “sátira política” elaborada en colectivo, como los propios acontecimientos que retratan, ya que “ocho cerebros piensan más que uno y pulen mejor una historia”. “Es como un espejo entre creación y lo que ocurrió, también en lo difícil”, opina. “Si un tema es universal, es más difícil que un solo autor tenga la verdad absoluta”, apostilla Marta.

Para ello echan mano de la técnica conocida como devising o teatro ideado, un método en el que el guion se origina a partir del trabajo colaborativo, a menudo improvisado, de un conjunto de interpretación. “La composición escénica se origina no solo a partir de un texto, sino de ideas, símbolos o movimientos”, describe Nayarit. Así, el “imaginario surrealista” de esta historia se entremezcla con un código escénico y de personajes muy concreto: noventero, de sitcom, divertido y tierno.

Entre esos símbolos reconvertidos en hilo narrativo destaca una de las estrellas de la Comunidad de Madrid. Los vecinos de Cerro Belmonte, a modo de gesto, “secuestraron” este elemento de la bandera autonómica (incluido también en la del barrio) para negociar con el Ejecutivo regional. La idea, explica Nayid, era “revertir un símbolo institucional para el pópulo y hablar con ello de quién tiene la capacidad de toma de decisiones”. Una muestra de rebeldía que ha vertebrado la promoción, con la propia estrella como elemento que nos introduce en el relato.

Una campaña que ha demostrado ser todo un éxito, visto que ya no quedan entradas para las cuatro funciones anunciadas los jueves 12 y 26 de febrero y 12 y 26 de marzo. Nayarit y Marta avanzan en conversación con Somos Madrid que ya trabajan en habilitar nuevas fechas.

Un hilo con el presente: la expulsión “a cara destapada” convertida en “desahucios invisibles”

Proceso creativo al margen, el argumento de Un verano por metro cuadrado pilla muy de cerca a sus creadoras, como señala Marta: “El de Cerro Belmonte era otro contexto, de propietarios, aunque fuera en viviendas autoconstruídas. Pero hay muchos puntos en común con lo que vivimos todas estando de alquiler en Madrid, en barrios como Puerta del Ángel o Carabanchel. Digamos que en los noventa la especulación y la expulsión era a cara destapada. Ahora, otro compañero y yo estamos sufriendo un desahucio invisible, después de subidas del alquiler del 200% que te obligan a marcharte. Es la misma historia pero con otras herramientas”.

Este hilo conductor no ha pasado desapercibido para una entidad cultural tan volcada en el compromiso social como el Teatro del Barrio, del que partió la iniciativa de acompañar la obra con una exposición en sus instalaciones de imágenes de desahucios retratados por el prestigioso fotoperiodista Olmo Calvo.

Marta, también miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid, adelanta asimismo que están trabajando en poner en marcha un taller con dicha organización: “Nos han ayudado además en la documentación con el guion, que ha sido compleja, ya que hemos tenido que estudiar planes urbanísticos de los noventa o estrategias de negociación en bloques que se quieren vender”. La agrupación de arrendatarios se revela así como un movimiento de resistencia que sigue el ejemplo de los vecinos de un barrio que removió cielo y tierra para no ceder su tierra, su identidad y su destino.

Vuelve el desaosiego sobre el futuro del histórico edificio que alojaba el mítico restaurante senegalés Baobab. Solo un día después de la calma aportada por el anuncio de José Luis Martínez-Almeida, que avanzó la suspensión de la licencia del derribo programado en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros, varios operarios han demolido con piquetas y martillos parte del tejado de este histórico inmueble. Así lo acreditaban a primera hora de la mañana imágenes filmadas y compartidas por vecinos de Lavapiés, que ha podido comprobar in situ este periódico.

Hasta cinco operarios trabajaban a la vez este miércoles en el derribo del tejado del edificio más antiguo, dejando expuesto su forjado a las inclemencias del tiempo. Lo hacían mientras varios vecinos les gritaban que lo que estaban haciendo era ilegal desde este martes, cuando se produjo el anuncio del alcalde y el área de Urbanismo detuvo la licencia. Incluso alguno de los viandantes llamaba a la Policía Municipal para que detuvieran los trabajos.

Fuentes del PSOE confirmaban a este periódico que la obra estaba detenida, pero la orden de paralización no llegaba. Finalmente y en torno a las 12.00 horas personal de la Agencia de Actividades y agentes de la policía local se personaban en la calle Cabrestreros para detener los trabajos, aplicando un precinto a las instalaciones. Los socialistas eran los que habían forzado al Ayuntamiento a parar la obra ante el posible perjuicio patrimonial que se podía alcanzar con el derribo de un edificio que podría haber sido construido al menos en el siglo XVII.

“El delegado me confirmó que se notificó al propietario ayer pero no habían avisado a la empresa de demolición”, contaba en el lugar de los hechos el concejal del PSOE Antonio Giraldo, que colgaba un vídeo en redes mostrando el estado de las obras.

Horas antes, el avance del derribo era denunciado por la concejala Lucía Lois, de Más Madrid: “Da igual lo que diga Almeida, en Madrid cada cual hace lo que le da la gana, porque el beneficio siempre es mayor que la multa”, critica en una publicación de Instagram la edil de Más Madrid Lucía Lois. “Nos hemos levantado con el ruido de las piquetas cargándose el edificio del antiguo Baobab. Estas prácticas son una muestra de cómo funciona la disciplina urbanística en nuestra ciudad”, cuestionaba Lois. A la vez, recordaba que el Baobab fue “lugar de encuentro y cruce de culturas”, hasta que “fue comprado por un fondo de inversión que subió el alquiler de manera estratosférica y el restaurante tuvo que cerrar”.

El proyecto que sustituirá a la actual construcción junto a la plaza Nelson Mandela es un hotel cápsula con 260 camas de la empresa inversora Urbex, enfocado a aumentar la actividad turística en el centro de Madrid. El freno del derribo, compartido por el regidor después de que el Grupo Municipal Socialista judicializara el asunto por el posible valor histórico y necesidad de protección del lugar, queda ahora en entredicho.

El PSOE de Madrid presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo para intentar frenar el derribo “inminente” de estos edificios y evitar “un atentado patrimonial”. El escrito solicitaba la paralización cautelar, urgente e inmediata del proceso. Según una carta elevada por el concejal socialista Antonio Giraldo al Consistorio, los bloques podrían datar del siglo XVII y merecer dicha protección por sus especiales características, en especial la baja altura de uno de ellos. Giraldo apunta incluso que, “con alta probabilidad”, existía “ya en 1656, momento en que es recogido en el propio plano de Pedro de Teixeira fechado en 1656”.

En un mensaje publicado en X, el edil socialista exponía que se ampara para su denuncia en el artículo 46 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.”

Almeida confirmó después que el edificio donde se encontraba el restaurante “no tiene protección urbanística en el Plan General”. “Sin embargo, como nosotros no tenemos ningún problema en repensar las decisiones si es necesario, lo que hemos hecho es hablar con la Comunidad de Madrid para que desde la Dirección General de Patrimonio Histórico nos den su criterio”, trasladó a los medios sobre un paso que considera “razonable” y “adecuado”.

“Esta mañana se han dado prisa para cargarse el tejado del edificio más antiguo. El siguiente paso, declaración del inmueble en ruinas y para alante”, lamentaba un vecino de la zona, a la vista de que ahora el interior de la construcción ha quedado expuesto a las lluvias que se prevén para los próximos días en Madrid. Una opinión que era compartida por otros paseantes de la zona. A la mayoría no les gusta el proyecto de hotel cápsula, que eleva varias alturas la disposición actual y promueve un tipo de turismo que favorezca “el botellón y la droga”.

La madrileña Taberna Garibaldi, el local de hostelería del que es socio el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, ha denunciado que se ha perpretado este martes un ataque en el establecimiento. Según explican, el atacante llevaba una llave inglesa con la que ha causado daños en el recinto y ha agredido a uno de sus encargados.

A través de varios mensajes en su cuenta oficial en Instagram, la Taberna Garibaldi ha relatado que el hombre ha sido reducido y detenido por la Policía. En la publicación muestran varias imágenes de una piedra lanzada y el escaparate roto del establecimiento, ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés, en la calle Miguel Servet.

También ha asegurado que el hombre justificó su ataque acusando a la taberna de Iglesias de cometer delitos de odio al lucir una pegatina con la imagen de una bandera de Israel y el símbolo de prohibido, colocada en la fachada “donde se prohíbe la entrada a sionistas”.

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha achacado en la red social X el ataque a la Taberna Garibaldi a un “escuadradista sionazi”. Echenique asegura que “los asesinos de niños palestinos no toleran que nadie les haga frente en ningún lugar del mundo”.

La Garibaldi, situada junto a la glorieta Embajadores, se mudó hace unos meses a su actual ubicación -el local que ocupaba antes un restaurante indio- después de iniciar sus pasos empresariales en el año 2024 en la parte alta del barrio, al principio de la calle Ave María.

El Ayuntamiento de Madrid suspende cautelarmente la licencia otorgada para el derribo de dos edificios en la calle Cabestreros, en Lavapiés, a la espera de que la Comunidad se pronuncie sobre su valor patrimonial y posible protección Se trata de los situados en los números 1 y 3 de dicha vía, sede del antiguo restaurante senegalés Baobab, que según una carta elevada por el PSOE de Madrid al Consistorio podrían datar del siglo XVII y merecer dicha protección por sus especiales características. La demolición era el primer paso para erigir un hotel cápsula con 260 camas en su actual enclave.

El anuncio de la paralización ha venido del propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde Usera. Llega después de que el Grupo Municipal Socialista haya presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo este mismo martes para intentar frenar el derribo “inminente” de estos edificios y evitar “un atentado patrimonial”. El escrito solicita la paralización cautelar, urgente e inmediata del proceso.

En un mensaje publicado en X, el concejal socialista Antonio Giraldo se ampara para ello en el artículo 46 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.”

Almeida ha confirmado que el edificio en concreto donde se encontraba el restaurante “no tiene protección urbanística en el Plan General”. “Sin embargo, como nosotros no tenemos ningún problema en repensar las decisiones si es necesario, lo que hemos hecho es hablar con la Comunidad de Madrid para que desde la Dirección General de Patrimonio Histórico nos den su criterio”, ha trasladado a los medios sobre un paso que considera “razonable” y “adecuado”.

“Nosotros actuamos de conformidad a la normativa municipal y a la normativa urbanística, donde el edificio no tiene ningún tipo de protección. Ahora, para despejar cualquier duda, para que nadie tenga la mínima duda, no tenemos ningún problema en consultar a la autoridad competente en materia de patrimonio histórico con carácter general, que es la Comunidad de Madrid”, expone el regidor. Mientras esto sucede, “el Ayuntamiento va a suspender la licencia cautelarmente y, por tanto, que no se pueda proceder a la demolición”. “Lo que hacemos es tomar las decisiones de acuerdo a la ley. Una vez que se ha mostrado esta situación, y para que no haya ninguna duda, consultamos a la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico. Mientras tanto, suspendemos cautelarmente la licencia”, concluye Almeida.

Respuesta municipal después de la presión y la denuncia del PSOE

La movilización política y social ha crecido en los últimos días para frenar la cada vez más cercana demolición del edificio situado junta a la plaza de Nelson Mandela, en cuya ubicación (y en el bloque anexo) se levantará un hostel con aforo de 288 personas. La parcela, que sale de agregar los números afectados de Cabesteros, cuenta con 400 metros cuadrados de parcela y 1.800 de edificabilidad. Este modelo sustituirá un lugar icónico por su pasado cultural, no solo como sede del histórico restaurante senegalés Baobab hasta el lamentado cierre en 2020, sino por el valor patrimonial del propio inmueble y los siglos de trayectoria que acarrea.

Lo relata el PSOE de Madrid en una carta dirigida al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Borja Carabante, donde le piden detener el derribo y “valorar su inclusión en el catálogo de edificios protegidos”. El edil socialista en la Comisión municipal del ramo, Antonio Giraldo, firma un escrito en el que expone la centenaria historia de esta característica construcción de una sola planta: “El Grupo Municipal Socialista ha accedido a documentación original y fidedigna recopilada desde varias fuentes, entre las que están el Archivo de Villa, que acreditan la antigüedad del edificio existente como anterior a 1752”. Apunta incluso que, “con alta probabilidad”, existía “ya en 1656, momento en que es recogido en el propio plano de Pedro de Teixeira fechado en 1656”.

Giraldo recalca que la “diversa documentación en propiedad del Consistorio, así como el estudio del devenir de la ciudad, acredita que no ha habido una sustitución de dicha edificación desde entonces y que solo ha podido ser objeto de reformas interiores o exteriores menores”. Sostiene por ello que “con muy alta probabilidad se trata de uno de los pocos ejemplos de edificaciones del caserío tradicional de la Villa de Madrid fechable, al menos, en el siglo XVII en este sector de la ciudad”. Un vestigio histórico también “por tamaño y escala”, ya que estas características ayudan a “entender y conocer la morfología de la ciudad en el periodo temporal anterior a las grandes reformas decimonónicas, otorgándole por sí mismo un alto valor a nivel urbano”.

El edil del PSOE recuerda también que el entorno se encuentra englobado dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid que, por sus valores, ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural, otorgada el 27 de abril de 1995. “Cualquier actuación en este recinto implica la protección y la salvaguarda de los valores que motivaron su declaración, siendo el mantenimiento de la trama y la estructura edilicia un condicionante fundamental. El derribo solo se podrá autorizar con carácter excepcional como viene recogido en el artículo 44 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid”, explica en su misiva. Giraldo tacha de “llamativo e incomprensible” que, conocidos estos hechos, el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 no incluyera el edificio en su categoría específica dentro de las Normas Urbanísticas para protegerlo.

Después de que haya trascendido la suspensión, Giraldo ha traslado la “alegría” del Grupo Municipal Socialista, aunque lamenta que hayan tenido que llegar a instancias como presentar una denuncia “para que el Ayuntamiento reaccione, es algo que nunca debería haber pasado”. Exige ahora al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que “agilice los trámites”, “incluya la protección de estos edificios como dos elementos únicos de la historia de esta ciudad” y “se proceda a la restauración”. También llama a “abrir el debate sobre qué ocurre con los edificios desprotegidos que tienen un valor patrimonial intrínseco”.

Mientras un hotel cápsula con 260 camas se prepara para ocupar el número 1 de la calle Cabestreros, en el corazón de Lavapiés, crece la movilización política y social para frenar la inminente demolición del edificio situado junta a la plaza de Nelson Mandela. No solo por su pasado cultural, como sede del histórico restaurante senegalés Baobab hasta el lamentado cierre en 2020, sino por el valor patrimonial del propio inmueble.

Es lo que sostiene el PSOE de Madrid en una carta dirigda al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Borja Carabante, donde le piden detener el derribo y “valorar su inclusión en el catálogo de edificios protegidos”. El concejal socialista en la Comisión municipal del ramo, Antonio Giraldo, firma un escrito en el que expone la centenaria historia de esta característica construcción de una sola planta: “El Grupo Municipal Socialista ha accedido a documentación original y fidedigna recopilada desde varias fuentes, entre las que están el Archivo de Villa, que acreditan la antigüedad del edificio existente como anterior a 1752”. Apunta incluso que, “con alta probabilidad”, existía “ya en 1656, momento en que es recogido en el propio plano de Pedro de Teixeira fechado en 1656”.

Giraldo recalca que la “diversa documentación en propiedad del Consistorio, así como el estudio del devenir de la ciudad, acredita que no ha habido una sustitución de dicha edificación desde entonces y que solo ha podido ser objeto de reformas interiores o exteriores menores”. Sostiene por ello que “con muy alta probabilidad se trata de uno de los pocos ejemplos de edificaciones del caserío tradicional de la Villa de Madrid fechable, al menos, en el siglo XVII en este sector de la ciudad”. Un vestigio histórico también “por tamaño y escala”, ya que estas características ayudan a “entender y conocer la morfología de la ciudad en el periodo temporal anterior a las grandes reformas decimonónicas, otorgándole por sí mismo un alto valor a nivel urbano”.

El edil del PSOE recuerda también que el entorno se encuentra englobado dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid que, por sus valores, ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural otorgada el 27 de abril de 1995. “Cualquier actuación en este recinto implica la protección y la salvaguarda de los valores que motivaron su declaración, siendo el mantenimiento de la trama y la estructura edilicia un condicionante fundamental. El derribo solo se podrá autorizar con carácter excepcional como viene recogido en el artículo 44 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid”, explica en su misiva.

Giraldo tacha de “llamativo e incomprensible” que, conocidos estos hechos, el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 no incluyera el edificio en su categoría específica dentro de las Normas Urbanísticas para protegerlo (Grado 2, por volumen volumétrico). En conversación con Somos Lavapiés, dice que “hay otros edificios posteriores con el mismo valor arquitectónico que sí que están protegidos, porque son más grandes, y este lo han dejado fuera”. Un hecho paradójico, ya que precisamente su tamaño es uno de los elementos que lo convierten en una edificación tan característica de su remota época.

Hay otros edificios posteriores con el mismo valor arquitectónico que sí que están protegidos, porque son más grandes, y este lo han dejado fuera

Antonio Giraldo — Portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid

El concejal avisa asimismo de que su fin puede llegar en cualquier momento: “Ya tienen licencia de derribo e incluso están escombrando por dentro”, de ahí la premura de su solicitud. “Se ha dado a conocer un proyecto de sustitución que incluye la demolición total del mencionado inmueble y la construcción de un edificio de nueva planta para el uso de hospedaje. Este eleva las alturas de las dos del edificio existente hasta las cinco más ático y no guarda ninguna relación con el original salvo la ubicación”, lamenta.

El grupo de edificios afectados por la operación que llevará a estos bloques de Lavapiés un gran hotel cápsula (1, 3 y 5 de la calle Cabestreros) daba cobijo también a la pensión Pinoy, por lo que el establecimiento no cambiará de uso, aunque sí de naturaleza y dimensiones. Según pudo comprobar este diario, el Ayuntamiento de Madrid concedió el pasado febrero la licencia de un hostel con aforo de 288 personas. La parcela, que sale de agregar los números afectados de Cabesteros, cuenta con 400 metros cuadrados de parcela y 1.800 de edificabilidad.

El controvertido futuro de un vestigio patrimonial y una reliquia sociocultural

La historia del Baobab (solo un capítulo en la del edificio, pero uno importante) empezó en 2005, cuando Ibu Ndiaye alquiló el local para instalar el que sería el restaurante senegalés más conocido de un barrio con una pujante comunidad del país africano. En la pensión contigua también pernoctaban, hasta su cierre hace cinco años, paisanos de Ndiaye.

En 2020 ya trascendió la intención de los compradores de levantar un negocio hotelero, lo que fue identificado por muchos como un nuevo episodio de gentrificación de Lavapiés. A ello ayudó que el inversor, Urbex, fuera el que pocos años antes había comprado el solar de la calle Valencia, número 2, para levantar un hotel de la cadena francesa IBIS. El establecimiento contó con la oposición de diversos colectivos sociales del barrio.

Por el momento, desde el Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida consultadas por este medio no atienden las preguntas trasladadas. No aclaran una posible detención del proceso de derribo, ni los tiempos que manejan para su ejecución, ni si valorarán la protección del recinto. Mientras, la movilización crece en otros frentes. Varias fuentes adelantan a este periódico que la entidad en defensa del patrimonio urbano Madrid Ciudadanía y Patrimonio planea emprender la vía judicial para intentar evitar el arrase del número 1 de la calle Cabestreros. El tiempo, eso sí, juega en su contra.

El paisaje visual de la Plaza de Nelson Mandela está cambiando. A mediados de diciembre empezó a ser demolido el icónico edificio –bajo– que durante años albergara el restaurante senegalés Baobab que, aún cerrado, conservaba su característico mural arbolado en la fachada.

Al esquinazo de planta baja (y primera) en el número uno de la calle de Cabestreros, que le confería sabor antiguo y aspecto de ecos rurales, le sucederá un hostal cápsula, según publica el diario ABC. El grupo de edificios afectados por la operación (1, 3 y 5 de la calle Cabestreros) daba cobijo también a la pensión Pinoy, por lo que el establecimiento no cambiará de uso, aunque sí de naturaleza y dimensiones.

Según ha podido cmprobar Somos Lavapiés, el Ayuntamiento de Madrid concedió el pasado mes de febrero la licencia de un hostel con aforo de 288 personas. La parcela, que sale de agregar los números afectados de Cabesteros, cuenta con 400 m2 de parcela y 1.800 m2 de edificabilidad.

El restaurante Baobab cerró en enero de 2020. La historia del establecimiento había comenzado en 2005, cuando Ibu Ndiaye alquiló el local para instalar el que sería el restaurante senegalés más conocido de un barrio con una pujante comunidad del país africano. En la pensión contigua también pernoctaban, hasta su cierre hace cinco años, paisanos de Ndiaye.

En 2020 ya trascendió la intención de los compradores de levantar un negocio hotelero, lo que fue identificado por muchos como un nuevo episodio de gentrificación de Lavapiés. A ello ayudó que el inversor, Urbex, fuera el que pocos años antes había comprado el solar de la calle Valencia número 2 para levantar un hotel de la cadena francesa IBIS.  El establecimiento contó con la oposición de diversos colectivos sociales del barrio.

El promotor ya dijo en 2020 que construiría un hotel low cost, que ahora toma la forma de hotel cápsula, según figura en la web de la promotora: “con grandes habitaciones compartidas que albergan literas en cubículos independizados”. El proyecto de hotel incluye también restaurante, patio interior ajardinado y terraza spa con mirador en la azotea.

Aunque se desconoce el operador que se hará cargo de la infraestructura, XLavapiés apunta la posibilidad de que se trate de la compañía Smart Rental, ya que se decía en un artículo de una publicación del sector inmobiliario en 2022 que se sumaría al negocio de los hostel con un establecimiento en la calle Cabestreros.

La triste noticia era que empiezan obras en el Ciné Doré; la buena, que en compensación habría barra libre de películas con pases gratis hasta diciembre. Los cinéfilos de Madrid cierran el año después de meses de proyecciones o ciclos sin coste, una medida provisional que la legendaria sala de Lavapiés utiliza para surfear posibles molestias ocasionadas por los trabajos. Entre operarios y labores en su planta baja pero con un fiel séquito de aficionados en las butacas, la Filmoteca Española celebra su 113 cumpleaños resistiendo como un símbolo cinematográfico. Han sido muchas las historias que atravesaron su icónica fachada modernista.

En 19 de diciembre de 1912, solo 15 años después de que un concesionario de los hermanos Lumière instalara el primer cinematógrafo en Madrid –entonces novedosos aparatos para proyectar imágenes en movimiento–, el Cine Doré se inauguró en la calle de Santa Isabel, su ubicación actual. Cabían 1.250 espectadores, que podían usar su jardín o un salón para fumadores: el edificio constaba de dos plantas y otra baja. Se le empezó a conocer como el palacio de las pipas por el trajín de bolsas o el sonido de las cáscaras durante las películas, antes del boom de las palomitas.

El característico rótulo en su fachada, de estilo art decó, no llegó hasta una década más tarde. Es en 1923 cuando ve la luz por completo el actual Cine Doré, con un lavado de cara con la firma del arquitecto Críspulo Moro Cabeza. La licencia de construcción se obtuvo un año antes, el 17 de octubre, y el proyecto le brindó una apariencia modernista inspirada en los cinematógrafos de principios de siglo.

Este órgano del Gobierno asumió la gestión del espacio en 1982, después de que el Ayuntamiento adquiriera el edificio y le cediera su mando para mantenerse como un “edificio de interés arquitectónico y ambiental que debe ser conservado”, tal y como se dictamina en la página web del departamento actualmente dirigido por Ernest Urtasun. “Lo que ganamos de taquilla no revierte en los datos del cine y las entradas, con el precio que fijamos, no permiten por sí solas obtener los beneficios suficientes”, señala Pilar Garrido, gerente del Doré.

“Fase de supervivencia”: las obras se alargarán hasta primavera

El precio base de acceso es de tres euros, aunque existen distintos abonos o descuentos que rebajan aún más el coste para el público. Además, desde septiembre se ha puesto en marcha una programación especial con motivo de la obra, que permite reservar entradas gratuitas a cambio de anunciar una única sesión diaria. Es decir: menos películas cada día pero acceso gratis a cada sesión, siempre que se reserven con tres días de antelación, para adaptar su visionado a los trabajos. Normalmente se emiten entre 50 y 60 proyecciones cada mes, aunque este trance las ha reducido considerablemente.

Las labores para instalar otra escalera de acceso y un ascensor que adaptara la infraestructura a la normativa actual –el edificio es antiguo y su estructura no tiene en cuenta algunos requisitos que hoy son obligatorios–, en un primer momento, tenían previsto acabar en diciembre. Sin embargo, a escasos días de terminar el año, la gerente del cine confirma que el calendario se alargará hasta, al menos, el segundo trimestre de 2026.

“Ahora estamos en fase de supervivencia. Es una obra complicada en la que se ha tenido que tirar algún muro o levantar todo el hueco en el que va a colocarse el ascensor, y eso sin modificar el grueso de la estructura o fachada. Siempre hay imprevistos, pero creo que va por buen camino”, determina Garrido.

En los años veinte hubo otra reforma de peso, que se encargó hace exactamente 101 años. En diciembre de 1924, el arrendatario del edificio (entonces Aurelio Ruiz) puso en marcha una nueva distribución de palcos que afectara tanto en la última planta como en los laterales de la estructura. En la información que recoge el Ministerio de Cultura se desliza que, al poco de inaugurarse, es previsible que el Cine Doré viviera una época dorada y la obra se encuadra en ese auge de popularidad. Con el tiempo, su actividad se quería estancada.

Las filmotecas como lugar de conservación y restauración de filmes

Cuando pasó a manos del Gobierno, Cultura aprovechó la cesión para utilizarlo como sede de proyecciones de la Filmoteca Española, que hasta entonces había ido distribuyendo sus películas en distintos cines alternos. Al recibir esta etiqueta, el inmueble de Lavapiés inició un proceso de restauración capitaneado por el arquitecto Javier Feduchi y financiado desde el Estado.

El retoque conservó los elementos estructurales y decorativos del edificio, levantó una segunda sala en la parte interior e instaló cafetería y una librería, que hoy también funciona como tienda. El proyecto se planteó en 1982, pero las obras se alargaron hasta el último año de la década, reinaugurando el cine un 28 de febrero. Ya integrado en la Filmoteca Española, el Cine Doré pasó a exhibise como un foco cultural de la ciudad. Más de cien años después, en pleno apogeo de los multicines, continúa siendo un importante núcleo de cinéfilos.

“En realidad somos el último eslabón: antes de eso hay todo un equipo evaluando y restaurando las películas”, destaca su gerente. Las filmotecas, además de cines más clásicos y de estilo vintage, son espacios para conservar películas que ya no se distribuyen, estudiarlas y difundirlas entre el público. “No solo se guardan los celuloides [el material de plástico que contenía las antiguas películas], sino también el nitrato, que es un soporte muy inflamable y tiene que estar conservado a baja temperatura”, añade Garrido, remarcando el trabajo de las restauradoras o los especialistas en restauración digital, con sede en Pozuelo.

A principios del siglo pasado las películas se proyectaban en barracones itinerantes, teatros o salas de espectáculos, pero con la proliferación de cintas o nuevas grabaciones comenzaron a construirse barracones fijos en solares vacíos. Hoy existe todo un negocio consolidado en torno al mundo del cine y la madera del Doré fue cubierta con mampostería o decorados de escayola, más vistosos y llamativos de cara al público.

El centenario Cine Doré, que en realidad nació como un salón de la época (centros de actividades de ocio y cultura de distinto tipo), conmemora ahora a un órgano protegido por las instituciones y lugar culto para amantes del mundillo. Han pasado 113 años y el mundo es muy distinto, pero las salas de cine –golpeadas en todo caso por plataformas que dejan a una parte del público en casa– se resisten a quedarse vacías.

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La Delegación del Gobierno en Madrid se ha comprometido con representantes de las asociaciones de familias y vecinales del barrio de Lavapiés a mejorar “la adecuación” de las actuaciones policiales en el entorno donde se desarrollan. En un comunicado conjunto, la institución traslada que se ha reunido con las entidades para asegurarles que “velarán por la seguridad de los menores que puedan encontrarse en la zona y de priorizar el patrullaje a pie frente al vehículo en el parque del Casino de la Reina”.

Representantes de la Asociación de Familias del Almunado (AFA) del Emilia Pardo Bazán, AFA del Santa María, AFA del Antonio Moreno Rosales y Club de Fútbol Dragones de Lavapiés habían trasladado su preocupación y reivindicaciones ante el desarrollo de las últimas acciones policiales en el barrio. A una serie de continuas redades que algunas entidades han tachado de “trumpistas”, efectuadas incluso en las inmediaciones del recinto deportivo en el que entrenan los Dragones, se han unido casos concretos como el de un agente de Policía Nacional que amenazó a un niño de 10 años con llevárselo detenido.

“Todas las partes han coincidido en la necesidad de abordar de forma multilateral, desde el ámbito social, sanitario y de seguridad, entre otros, los retos presentes en el barrio de Lavapiés y que, para ello, la trascendencia de llevar a cabo mesas tripartitas en las que participen de otras administraciones competentes como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid”, ha señalado la Delegación, que manifestó a las asociaciones que esta reivindicación “se viene rechazando reiteradamente desde ambas instituciones”.

Por parte de las asociaciones presentes en la reunión se ha insistido en que “muchas de las situaciones que cotidianamente se viven en el Parque del Casino no son exclusivas del parque, sino de todo el barrio”. Por ello, han reclamado a las Administraciones mesas de trabajo conjunto y diálogo. El compromiso final por parte de los participantes en la reunión ha sido el de dar continuidad al trabajo iniciado este jueves en este encuentro, con reuniones periódicas en las que se evalúe el progreso alcanzado.

Además, las agrupaciones educativas, vecinales y deportivas solicitaron que las actuaciones policiales en las inmediaciones de entornos escolares y en un barrio con el trazado urbanístico de Lavapiés contemplen limitaciones de velocidad para evitar riesgos.

El Ayuntamiento responsabiliza a la Delegación de “un problema de seguridad”

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid y delegada del área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha señalado que el Ayuntamiento tiene contacto “diario, cotidiano y permanente” con las asociaciones vecinales y, por tanto, conocen de sus “inquietudes”. Sin embargo, ha recalcado que el Consistorio no va a entrar al “juego” del delgado del Gobierno, a quien acusa de “mancomunar las responsabilidades”, pues en Lavapiés considera que hay “un problema de seguridad” que debe atajar la Delegación.

“En Lavapiés hay fundamentalmente un problema de seguridad en muchas ocasiones, y por tanto hay que tomar medidas de seguridad y, sobre todo, hay que tomar medidas no solo de refuerzo policial sino también de cambios legislativos, cambios normativos”, ha aseverado Sanz durante la Junta de Gobierno extraordinaria, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Según Sanz, esta zona de la capital es buen ejemplo de la reincidencia, un asunto que desde el Ayuntamiento tratan de combatir y para el que proponen medidas. “Necesitamos cambios legales de manera urgente”, ha subrayado. “Creo que esencialmente el problema específico que hay en Lavapiés tiene que ver en muchas ocasiones con el tráfico de drogas, también con algunos narcopisos y, por lo tanto, ante eso ha que tomar decisiones contundentes”, ha concluido la vicealcaldesa madrileña.

Nueva pequeña victoria judicial para los vecinos de Tribulete 7. El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite su denuncia por acoso inmobiliario con el fondo de inversión Elix Rental Housing como imputado. Se trata de la primera querella colectiva presentada en España por un delito de 'mobbing' inmobiliario.

Después de más de un año de lucha, los vecinos de este bloque de Lavapiés han visto los primeros resultados de su movilización. Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, las decenas de familias afectadas presentaron el escrito judicial el pasado 22 de mayo y han conseguido que la Justicia les dé la razón.

Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que el juzgado ha admitido a trámite, ha incoado diligencias previas y se ha abierto una investigación. Se ha citado a declarar como presuntos responsables de este acoso inmobiliario a varios altos cargos del fondo buitre. Según ha detallado, “a uno de sus socios fundadores, a uno de sus directos, a dos trabajadores, al arquitecto y al jefe de obra”. Todos los altos cargos y trabajadores de Elix Rental Housing investigados han sido citados el próximo 19 de febrero.

Jacinto ha narrado que no se trata de un caso aislado: “Es una praxis que están replicando muchos fondos”. “Se toman la justicia por su mano para extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen”, asegura. En el caso de Tribulete, la abogada asegura que hay indicios más que suficientes para “entender que hay acoso, hostigamiento, daño sobre sus propios bienes y una gran afectación moral”.

La socimi completó la compra del bloque en marzo de 2024 e inició obras en noviembre, con la mayoría de inquilinos todavía viviendo en el edificio. Las obras “están haciendo imposible vivir en Tribulete” y algunos vecinos ya se han visto obligados a abandonar el edificio. También han sufrido cortes de suministros y algunos conviven con goteras y desperfectos en sus casas.

Cabe reseñar, que este acoso se produce sobre la vivienda habitual, por lo que a nivel legal tendría mayores implicaciones, tal y como ha explicado la abogada en la rueda de prensa. De hecho, los vecinos continúan pagando sus rentas “religiosamente” cada mes.

Cristina Gómez, una de las vecinas del bloque, ha celebrado este nuevo paso: “Estamos contentos con que el proceso esté avanzando y no perdemos de vista que, al final, es como un pequeño hito dentro de esta lucha que es gigante, por eso estamos esperanzados”. Sin embargo, admite que “las fuerzas empiezan a flaquear”, ya que son muchos meses soportando las conductas abusivas del fondo.

Tribulete es uno de los edificios más significados y contestatarios de entre los que han sido adquiridos por fondos o sociedades inmobiliarias en la capital, una tendencia creciente ante el lucrativo negocio de los alojamientos turísticos o temporales. El bloque se ha organizado para celebrar conciertos, representar el problema sacando los muebles a la calle o hasta acoger un funeral por la muerte de los barrios con actuación de Biznaga incluida. Ahora reclaman “que se acabe la impunidad”.

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha criticado la “falta de sensibilidad” del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al “meter excavadoras” y “desmantelar” un área infantil en la calle Almendro, en el distrito de Centro, “de un día para otro, sin avisar, sin participación y sin escuchar a las familias”.

“Nuestras hijas e hijos han crecido aquí, juegan aquí a diario y las familias convivimos, hacemos barrio. Y ahora el Ayuntamiento de Almeida ha decidido, con su total y habitual falta de sensibilidad hacia la infancia, desmantelar el espacio que las vecinas y vecinos transformamos y cuidamos desde hace años”, ha trasladado en declaraciones remitidas a la prensa.

Recuerda Lois que este espacio ha sido producto del “trabajo vecinal” con el que se ha transformado “un solar insalubre, peligroso, que era foco de inseguridad y consumo de drogas” en un parque infantil, “un espacio seguro y cerrado al tráfico”.

La edil ha señalado que la decisión de “cargarse” este espacio es “inaceptable” con la “destrucción” de la estructura techada y todos los juguetes comunitarios “que hacen este espacio especial y seguro” y ha apuntado que “lo más grave” es el plan de “reabrir el acceso por la Cava Baja, una zona saturada de hostelería nocturna, con altísima concentración de tráfico rodado, poniendo en riesgo a los más pequeños”.

“Nuestros hijos e hijas tienen derecho a jugar con seguridad en un espacio como este, que es de uso infantil, y tienen derecho a la convivencia. Exigimos una reunión urgente con el concejal, Carlos Segura. Exigimos que se revoque esta decisión y que se mantenga como parque infantil como está, con el mismo acceso por la calle Almendro y no por la Cava Baja”, ha concluido Lois.