El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción ha anunciado este miércoles su disposición a emplear toda la “capacidad legal” para lograr que prospere el recurso que presentará contra el auto de archivo del denominado caso grupo Europa de Mogán, una pieza separada del caso Góndola, en la que se ha investigado pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa, entre ellos, un mitin de Mariano Rajoy en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento, presidido por el PP. 

Este colectivo fue expulsado como acusación popular en marzo pasado, tras haber sido admitido en mayo de 2016, pero a pesar de esa expulsión sí se le ha notificado el archivo de la causa, por lo que espera que prospere este recurso de reforma ante el mismo juzgado instructor de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.

En declaraciones a Efe, el portavoz del Observatorio, José Manuel Sánchez Fornet, ha señalado que discrepan con la decisión de la Fiscalía de no formular acusación por no observar relación entre los eventos financiados por la promotora Grupo Europa y la obtención de un concurso para construir viviendas públicas en Mogán.

Desde el Observatorio se entiende que sí se han producido delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación por los pagos presuntamente irregulares que efectuó Grupo Europa para financiar, entre otros actos, un mitin de Mariano Rajoy (PP) en la localidad moganera de Arguineguín, en diciembre de 2005. Sostiene asimismo que existen “diferencias” sustanciales sobre lo que interpreta la juez cuando ordenó hace un año la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado previo a la apertura del juicio oral y la posición de la Fiscalía, por lo que insiste en que “no es razonable” el archivo de la causa.

El portavoz ha informado que desde el Observatorio se recurrirá también la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, que les fue comunicada con anterioridad al auto de archivo, sobre su exclusión de la causa.

Así, ha subrayado que ante la “discordancia legal” que se ha producido en el procedimiento, se siguen considerando competentes para presentar el recurso, pues, a pesar de la expulsión, se les comunicó el auto como parte personada.

En el caso Grupo Europa figuraban como imputados la ahora alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el exalcalde Francisco González, y el propietario de Grupo Europa, Manuel Antón Martín, cumpliendo condena por pagos del mismo calado llevados a cabo en el municipio de Telde, entre otros.

Asimismo, el Observatorio está pendiente de una resolución de la Audiencia de Las Palmas sobre si procede su personación en el caso Góndola, que investiga otras tramas de corrupción urbanística en Mogán, tras el recurso de apelación que interpuso al no permitírsele ser parte de la causa, según ha indicado su portavoz.

La Fiscalía de Las Palmas ha logrado que otro de los casos de presunta corrupción sonados de Canarias durante la etapa triunfal de los gobiernos municipales del PP en Gran Canaria (2003-2007) se vaya quedando en algún cajón de los juzgados.

Es el denominado caso Góndola, que incluye una pieza separada en la que se investigan pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa, entre otros un mitin de Mariano Rajoy en la localidad de Arguineguín, en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento de Mogán, presidido por el PP.

En la causa figuran imputados por diversos delitos de corrupción, entre otros, la actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y su antecesor, Francisco González, ambos dirigentes del Partido Popular local en el momento de los hechos, detenidos en enero de 2007 en el marco de la operación Góndola; además del propietario de la mercantil Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, actualmente cumpliendo condena de prisión por el mismo modus operandi en otro municipio de la isla, Telde, dentro del denominado caso Faycán.

Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el sobreseimiento provisional de la pieza referente a Grupo Europa en Mogán al no entender la Fiscalía que haya algún tipo de relación entre una serie de eventos financiados por la inmobiliaria y la obtención de un concurso para construir vivienda pública, como sostuvo la Policía Nacional en su momento e hizo suyo la juez en el auto de procedimiento abreviado de mayo de 2016.

La medida decretada el jueves pasado por la juez decana, Luz Calvé, a petición del fiscal Jorge Pobre, no tiene vuelta de hoja al haber sido expulsada la asociación que ejercía la acusación popular desde 2016, sin tiempo material para cumplir con los plazos de recursos de reforma o apelación al auto de archivo, de 20 de abril.

En mayo de 2016 la magistrada admitió que el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, presidido por el que fuera secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sánchez Fornet, se personara en las actuaciones ante el estancamiento de la instrucción, decisión recurrida por las defensas.

En este último año, lejos de agilizar la investigación, que ya fue objeto de una grave polémica en 2013 al achacar la Fiscalía su lentitud al baile de jueces al frente de ese juzgado, el ministerio público no solo no formuló acusación o solicitud de archivo, sino que interesó la expulsión de la acción popular, que reclamaba de la jueza la documentación del caso para ejercer su acusación.

Así, diez meses después de la personación del Observatorio, el fiscal Jorge Pobre se opuso con el argumento de que la acción popular debía haber presentado querella para ejercer sus derechos, “única forma prevista por el legislador para llevarla a cabo”, respondiendo de inmediato, dos días después, a una providencia de la juez, que termina por expulsar a la asociación el 31 de marzo pasado mediante auto.

El Observatorio no solo ha recurrido esta expulsión a la Audiencia Provincial, sino otra similar en la pieza principal del caso Góndola, así como ha elevado quejas a la Inspección Fiscal en Madrid, acciones todavía sin respuesta.

Estas medidas no han impedido que el fiscal Jorge Pobre evacuara un informe el 1 de marzo pasado por el cual solicitaba el archivo de la pieza separada al entender que no existen pruebas para acusar a la actual alcaldesa y su antecesor en el cargo, aparte de otros imputados, de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.

En ese informe, decisivo para el archivo al ser la única acusación, el fiscal sostiene, entre otros argumentos, que no puede haber tráfico de influencias porque quien pagara los eventos municipales y del partido (un mitin de Mariano Rajoy, en diciembre de 2005; un concierto de Bebe en los carnavales de marzo, y otro de Miguel Ríos en las fiestas del Carmen de ese verano) fue, tal cual admitió el empresario, la promotora Grupo Europa. Y que la mercantil no vio recompensadas sus “inversiones” al anularse el contrato de adjudicación en 2006.

En su momento, el promotor Antón Marín reconoció, en relación al mitin de Rajoy y los conciertos, que los financió “para promocionarse, tal y como hizo en otros Ayuntamientos, como muchas empresas promocionan conciertos y carnavales” (sic). Así lo recoge el fiscal, que no ve conexión alguna de esa “inversión” con “el cobro de facturas infladas” para recuperar el dinero ya adjudicado el contrato. Y todo porque esas facturas no se llegaron a pagar por parte del ayuntamiento.

El fiscal entiende que el hecho de financiar una empresa privada “a favor de los vecinos del municipio de Mogán de dos conciertos y de un mitin del líder de un partido político” (sic) se deben considerar “actos preparatorios impunes” por no verle encaje en el delito de tráfico de influencias, “siendo así que la causalidad de los eventos celebrados por Grupo Europa” (sic) “y las resoluciones que dan lugar a la adjudicación del concurso público” carece de “soporte probatorio”.

El ministerio público también abunda en que no hubo prevaricación al adjudicar el concurso de promoción de vivienda pública a Grupo Europa, “toda vez que la tramitación quedó interrumpida declarando nulos sus trámites resolviéndose el contrato supuestamente amañado y adjudicado irregularmente antes de la incoación de las diligencias previas en el año 2006, por incumplir las condiciones favorables al Ayuntamiento, no constando la entrega de dádivas o promesas para resolver en un sentido u otro el concurso […] sin que pueda por tanto afirmarse que los pagos realizados lo fueron como contraprestación de una irregular adjudicación de un contrato público”.

2006: el año de los escándalos de corrupción del PP

Justo por aquellas fechas de la resolución del contrato en Mogán, 20 de noviembre de 2006, casos de corrupción paralelos en gobiernos municipales del PP estaban a la orden del día, como el Faycán de Telde, desatado el 1 de marzo de ese año con la detención de la concejal ya fallecida, Toñi Torres, y que en ese mes de noviembre entraba en su tercera tanda de apresamientos, con el alcalde de la localidad, Paco Valido y todo su grupo del PP, enviado a los calabozos el 7 de noviembre.

En paralelo, en Mogán la Policía Nacional y el entonces juez instructor José Alexis Reyes seguían los pasos del alcalde, Francisco González, y su mano derecha y ahora enemiga irreconciliable, Onalia Bueno, hasta el punto de captar conversaciones en las que la actual alcaldesa -que abandonó el PP y le ganó las elecciones en 2015 a González bajo las siglas locales de Ciudadanos por el Cambio- extremaba precauciones con su alcalde, en referencia a Grupo Europa.

“¿Has visto lo que pone el Top Secret de CanariasAhora sobre Grupo Europa?”, le llegó a preguntar González a Bueno en los primeros días de noviembre, cuando ya este periódico estaba sobre la pista de que algo olía a podrido en la política de promoción de viviendas sociales de varios gobiernos municipales del PP. A ellos  accedía Grupo Europa a través del actual senador y entonces portavoz popular en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez, como quedó acreditado en el juicio de la pieza separada relativa al municipio de Telde, sin que se condenara al entonces aforado autonómico y sí al resto de acusados.

“¡Te he dicho que de esas cosas no me hables por teléfono!”, le replicó alterada Onalia Bueno a Francisco González al ser cuestionado por Grupo Europa, mercantil con la que ya en noviembre de 2006 tenían graves diferencias y apuntaba a convertirse en un lastre por las pesquisas policiales que depararon en mayo de 2007 en la apertura de estas piezas separadas en Telde y Mogán.

En el escrito del fiscal Jorge Pobre que da carpetazo a la investigación de aquel famoso mitin de Mariano Rajoy durante el Puente de la Inmaculada Concepción de 2005, tampoco se atisba la malversación de fondos públicos porque los pagos de esos actos corrieron a cargo de Grupo Europa y el fiscal dice no tener constancia de que del ayuntamiento saliera dinero o patrimonio alguno en contraprestación. Aunque en el negocio fallido de la promoción de viviendas sociales de Telde y Mogán, el municipio aportaba suelo público de manera gratuita.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido las penas de prisión para dos de los acusados del caso Grupo Europa, el empleado de este grupo empresarial y denunciante del caso, José Benítez Cambreleng, y el exresponsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, Pedro Pablo Santana.

Según explica este domingo en su edición de papel el periódico Canarias 7, la Sala accede así a las peticiones de estos dos acusados que solicitaron la suspensión provisional de las penas ya que sus condenas no superaban los dos años de cárcel.

El abogado Cambreleng estaba condenado a seis meses de prisión y una multa de 16.500 euros como cómplice de cohecho y autor de un delito de falsedad documental. Por su parte, Santana tenía una pena de un año y cinco meses de prisión y dos multas que suman 77.000 euros como cómplice y autor de un delito de cohecho. Además, debía devolver los 30.000 euros con que, según el tribunal, le sobornaron.

El TSJC ha accedido a esta petición a cambio de que los dos acusados no delincan en un periodo de tiempo fijado y de que abonen la multa que se les impuso. En el caso de Santana, como recoge el citado periódico, un auto de la Sala de lo Penal del TSJC del 28 de marzo pasado acuerda que se le suspenda la pena con la condición de que no delinca en cuatro años y de que abone lo que le resta de su multa, 75.240 euros antes del 28 de marzo de 2019.

Así mismo, entre los elementos valorados por la Sala para acceder a la petición de Santana figuró el hecho de que ya haya ingresado los 30.000 euros de decomiso y su compromiso de abonar la multa, de la que ya ha pagado 1.500. El resto deberá ingresarlo antes de 2019.

Un mitin de Mariano Rajoy y unos conciertos del rockero Miguel Ríos y de la extremeña Bebe están en estos momentos sobre la mesa de una juez de San Bartolomé de Tirajana (sur de Gran Canaria), que acaba de dictar auto de procedimiento abreviado contra el exalcalde del municipio de Mogán, del Partido Popular, y contra su sustituta, entonces en el mismo partido y ahora integrada en una formación local, Ciuca. Tras diez años de instrucción, las investigaciones delatan que esos tres actos fueron pagados por una constructora especializada en la construcción de viviendas de protección oficial a la que presuntamente se le hizo un concurso a la medida, como ya ocurriera en otro municipio emblemático de la corrupción del PP, la ciudad de Telde.

El mitin de Mariano Rajoy se celebró en la localidad de Arguineguín en el puente de diciembre 2005 y fue pagado por la cooperativa Grupo Europa. Según la instrucción, ese acto del Partido Popular, en el que además de Rajoy, entonces líder de la oposición, intervino José Manuel Soria, costó 16.000 euros, y fue pagado íntegramente por Grupo Europa.

Los conciertos de Miguel Ríos, en julio de 2005, y de Bebe, en marzo del mismo año, costaron 30.000 y 22.000 euros, respectivamente. El Ayuntamiento obsequiaba a sus vecinos con actividades culturales que en realidad eran cubiertas por una empresa a la que se otorgaban contratos de manera sospechosa.

Mogán es un municipio muy cercano a Mariano Rajoy. En la urbanización turística de Puerto Rico tiene un apartamento su padre, y en él residió durante mucho tiempo hasta que su estado de salud aconsejó al presidente del Gobierno en funciones trasladarlo a vivir en el complejo de La Moncloa.

La titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, Luz Calvé, ha dictado auto de transformación de la instrucción en procedimiento abreviado y ha otorgado diez días de plazo a las partes personadas para formular sus escritos de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa.

En la trama están imputados desde 2007, entre otros, los dos últimos alcaldes de Mogán, Francisco González (PP) y Onalia Bueno (ex PP, ahora Ciuca), así como el propietario de Grupo Europa, José Antonio Antón Marín, condenado en la rama del caso que afectó a Telde, otro municipio gobernado en la época (2003-2007) por el PP, cuyo tronco principal, el caso Faycán, está pendiente de juicio.

Al procedimiento abierto hace diez años se ha incorporado recientemente el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, impulsado por el que fuera secretario federal del sindicato policial SUP, Sánchez Fornet, que ejerce la acción popular a través del abogado Ismael Rodríguez.

Los delitos investigados a políticos, técnicos y empresarios son prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de fondos públicos, sin que entre los encartados figure quien sí ejerció de relaciones públicas de la constructora, el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez Pérez, juzgado y único absuelto por el Tribunal Superior de Justicia canario en la rama de Telde. Su absolución fue firmada por el ahora presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, en el que fue el ultimo juicio que presidió antes de dar el salto a Madrid.

La instrucción del caso Grupo Europa en Mogán, directamente derivado del denunciado en Telde, se centra en el amaño de un concurso de asistencia técnica por parte de la constructora madrileña para promover viviendas sociales en el municipio, objetivo que pretendía extender a ayuntamientos gobernados por el PP en la isla. Indica el auto, fechado el 20 de mayo, que para ello se falseó, con las características y pautas marcadas por Antón Marín, las condiciones del concurso y se adaptó el mismo al procedimiento de contratación cuyas características marcó previamente Grupo Europa.

Según la denuncia original del exgerente de la empresa, Francisco Cambreleng, y las pesquisas policiales y judiciales posteriores, el concurso fue así precocinado y adjudicado irregularmente, y como contraprestación la mercantil asumió una serie de gastos del PP local y del ayuntamiento, entre ellos un mitin de Rajoy, y conciertos de Miguel Ríos o de Bebe en las fiestas veraniegas.

Estos pagos los contabilizaba Antón Marín en partidas contables de “denominación genérica”, según explica la juez Luz Calvé en el auto, para su ocultación y cobro o bien los inflaba fraudulentamente en otros gastos o servicios relacionados directamente con los proyectos a desarrollar.

Onalia Bueno anuncia que recurrirá

En el auto se aclara que el pliego de condiciones fue previamente entregado por José Manuel Antón a responsables del Ayuntamiento, en concreto a la por entonces primera teniente de alcalde y encargada de la gestión de las áreas de Presidencia, Vivienda, Política Social y Calidad de los Servicios y Educación y hoy alcaldesa del municipio, Onalia Bueno.

Tanto Onalia Bueno, como el por entonces primer edil Francisco González (ambos en el PP en el momento de los hechos), tuvieron “pleno conocimiento de todos los pagos irregulares realizados para facilitar el amaño del concurso de asistencia técnica para adoptarlo a las solicitudes de gestión de Cooperativas Europa”.

En declaraciones a Canarias Ahora, la alcaldesa Onalia Bueno (lidera la plataforma Ciuca tras ser apartada en 2007 de las listas electorales del PP por órdenes de José Manuel Soria, no así al entonces alcalde, Paco González) ha anunciado que va a recurrir este auto y ha recordado que esta es “la única causa que me queda de las ocho” en las que ha estado imputada, dentro del denominado caso Góndola, en el que Grupo Europa es una pieza separada.

“Siempre me he manifestado y nunca me he escondido en que la causa que me quedaba era en relación al Grupo Europa. Más que hablar de corrupción urbanística este tema es administrativo” recalcó la líder de Ciuca Mogán, quien apuntó que este contrato se resolvió y nunca se le pagó un euro.

Por su parte, la concejala en la oposición Isabel Santiago, de Nueva Canarias, ha solicitado la dimisión de Bueno por la contundencia de los hechos puesto de manifiesto en el auto. “No dejan lugar a dudas, se utilizó el dinero público para financiar conciertos y el mitin de Mariano Rajoy en Mogán, todo ello con un marcado interés político y electoral. Así como que se podría haber amañado un concurso público para beneficiar a una empresa. Hechos estos que llevan a pedir que la alcaldesa asuma su responsabilidad política y dimita”, subrayó Santiago.

“Las imputaciones que mantiene la alcaldesa ponen de manifiesto entre muchas cosas, que la denuncia que dio origen al caso Góndola ni era producto de una conspiración ni falsa, todos los hechos apuntan a quien es la actual alcaldesa, junto al resto de imputados, como responsable de la presunta comisión de delitos cometidos en el marco de sus responsabilidades públicas”, concluyó Santiago.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado firme la sentencia del caso Grupo Europa y ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los condenados en esta pieza separada del caso Faycán, que investigaba si políticos y funcionarios públicos habían influido y comprado voluntades para que el grupo empresarial Grupo Europa obtuviera permisos para construir viviendas públicas en varios ayuntamientos de la isla, en particular el de Telde.

La abogada de la Administración de Justicia de la Sala decretó el pasado viernes, un día después de que se declarara firme, la ejecución de la sentencia, por lo que José Manuel Antón Marín, propietario del grupo, y Juan Carlos Saavedra Guadalupe, gerente de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Telde (Urvitel), deberán entrar en la cárcel en los próximos días para cumplir sus penas de cinco años y cuatro años y diez meses, respectivamente.

Otro de los condenados, José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, ya se encuentra en la prisión de Las Palmas II, en la que ingresó el pasado 22 de agosto por otro proceso, el de Los Alisios, en el que fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad documental, que se añaden a los cinco años y cuatro meses del caso Grupo Europa después de que el Supremo le rebajara la pena en un año y seis meses al considerar que la falsificación de dos documentos el mismo día era una “unidad natural de acción” y no un delito continuado.

El decreto de la Sala pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad para otros dos procesados: Pedro Pablo Santana, responsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde (un año y cinco meses) y Francisco José Benítez Cambreleng, empleado del Grupo Europa y denunciante del caso (siete meses y medio).

El TSJC da un plazo de diez días a los condenados para que paguen las multas y las cantidades decomisadas. La sanción más elevada, de 520.000 euros, recae sobre Antón Marín. José Luis Mena, Juan Carlos Saavedra y Pedro Pablo Santana deberán abonar, además de los 30.000 euros de comisión que cada uno de ellos cobró del cabecilla del Grupo Europa para sacar adelante el proyecto, un total de 91.000, 109.000 y 77.000 euros, respectivamente, como multa con la responsabilidad personal subsidiaria de 4 años y tres meses de cárcel para el primero, un año y 135 días para el segundo y 7 meses para el tercero.

Por su parte, Benítez Cambreleng tendrá que pagar 17.175 euros con un mes y 22 días de privación de libertad como responsabilidad personal subsidiaria.

La Sala de lo Penal del TSJC ha remitido al Juzgado Decano de Instrucción el testimonio de la declaración prestada en el juicio por la funcionaria de la Cotmac Patricia Rivera y de un informe atribuido a ella para que investigue al existir indicios racionales de falsedad documental.

La sentencia dictada por el alto tribunal canario el 14 de septiembre de 2014 absolvió a la esposa de Saavedra, Verónica García Melgar, y al único aforado procesado en la causa, el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, para el que la Fiscalía había reclamado una sentencia de un año y ocho meses de cárcel.En este último caso, el TSJC consideró que existían dudas respecto al tipo de gestiones que había hecho Rodríguez para favorecer al Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por su partido y, en particular, de que tuvieran las condiciones necesarias para calificarlas de delito de tráfico de influencias.

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas dictadas el año pasado para cinco de los siete imputados en el denominado caso Europa, con la única salvedad de rebajar en un año y medio la pena impuesta al exjefe de urbanismo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), José Luis Mena, actualmente en la cárcel por falsificar documentos en el denominado caso Los Alisios.

En esta causa, una pieza separada del caso Faycán, se investigaba si una serie de políticos y funcionarios públicos habían influido y comprado voluntades para que el grupo empresarial Europa obtuviera permisos para construir viviendas públicas en varios ayuntamientos de la isla, en particular el de Telde.

  La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó en septiembre de 2014 que había pruebas suficientes para condenarpor esos hechos al empresario José Luis Antón (cinco años de cárcel), al funcionario municipal José Luis Mena (seis años y diez meses) y al gerente de la empresa municipal Urbitel, Juan Carlos Saavedra (cuatro años y diez meses).

También dictó condenas contra el responsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, Pedro Pablo Santana (un año y cinco meses), y el empleado del Grupo Europa y denunciante del caso, José Benítez Cambreleng (siete meses y medio de cárcel).

En cambio, absolvió a la esposa de Saavedra, Verónica García Melgar, y al único aforado procesado en la causa, el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, para el que la Fiscalía había reclamado una sentencia de un año y ocho meses de cárcel.

En este último caso, el TSJC consideró que existían dudas respecto al tipo de gestiones que había hecho Rodríguez para favorecer al Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por su partido y, en particular, de que tuvieran las condiciones necesarias para calificarlas de delito de tráfico de influencias.

El Supremo no se pronuncia sobre la absolución del diputado del PP, puesto que nadie la recurrido y ha devenido firme, pero sí examina las razones que sostienen las cinco condenas.

El Alto Tribunal corrobora no solo la sentencia, sino también la instrucción del caso, porque considera que las supuestas deficiencias que denunciaban los acusados no llegaron a vulnerar en ningún momento sus legítimos derechos de defensa.

La sentencia de casación solo acepta un argumento de las defensas: el planteado por el letrado de Mena sobre el delito de falsedad que figuraba en la condena de su cliente.

El TSJC estableció que era un delito continuado, pero el Supremo considera que Mena falsificó dos documentos el mismo día, en una “una unidad natural de acción”.

En consecuencia, le rebaja su condena de seis años y diez meses de cárcel a cinco años y tres meses de prisión.

La querella por apropiación indebida y falsedad documental presentada por el propietario de la mercantil inmobiliaria Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, contra el que fuera su gerente en Canarias y denunciante de sobornos a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde durante el gobierno del PP y Ciuca (2003-2007), Francisco José Benítez Cambreleng, fue una estrategia del querellante para “intentar desprestigiar el testimonio” del querellado en la causa juzgada en 2014 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con varias condenas de cárcel.

Así lo estima la juez instructora Ana Isabel de Vega, en un auto de 21 de agosto de este año en el que acuerda el archivo del procedimiento que en noviembre de 2008 se abrió contra el denunciante del caso, su esposa y un contratista de la mercantil madrileña por parte de su exjefe, más de año y medio después de que Cambreleng pusiera en conocimiento de la Policía la trama urdida por Antón en Telde con los máximos responsables de la política de viviendas sociales y el urbanismo.

Las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria arrojan que “no se evidencia en ningún momento que esa parte [querellante] haya articulado prueba alguna que fundamente sus imputaciones, dando lugar a que sea la parte querellada la que se ha desvivido durante la instrucción de la causa en acreditar la razón de ser de las cantidades que dice la parte querellante cobradas indebidamente por los querellados”.

El auto hace referencia expresa a la sentencia de la Sala Penal del TSJC en la que se da por probado que dos cheques de 30.000 euros cada uno emitidos y firmados por Cambreleng fueron a parar a manos de dos de los condenados por cohecho, el exjefe de los servicios de Urbanismo, José Luis Mena Santana, a siete años, y el asesor jurídico de Patrimonio Pedro Pablo Santana, a un año y cinco meses. En este caso, la vista por los recursos de casación presentados por los condenados ante el Tribunal Supremo se celebró la semana pasada, sosteniendo las defensas la teoría de la conspiración político-mediática y reiterando la Fiscalía la petición de penas.

La querella que pretendía demostrar que el dinero de los sobornos de Grupo Europa fue en realidad sustraído para su propio beneficio por el denunciante del caso, recogía una gran cantidad de cheques emitidos por el exgerente a los cuales el propietario de la mercantil achacaba apropiación indebida, pero a juicio de la instructora Antón se ha limitado a acusar a Cambreleng sin aportar prueba alguna, mientras que este “ha aportado múltiples facturas que justifican la emisión de esos cheques como pago por productos que él mismo adelantaba con su tarjeta personal de crédito, dado que la entidad de la que era gerente carecía de tarjeta de empresa y por lo tanto cuando se hacía necesario la compra de materiales de diversa índole, él los adelantaba pagando con su tarjeta para posteriormente repercutirlo en las cuentas de la sociedad emitiendo el oportuno cheque”.

El auto de sobreseimiento provisional detalla también “múltiples facturas giradas a cargo de Fábrica de Viviendas Majoreras (Favimar) por parte del querellado que la entidad querellante dice que no se deben a ningún tipo de trabajo”, sin que aporte la parte querellante explicación alguna a lo que sostiene, “frente al querellado que aporta informes y fotografías que justifican los trabajos realizados y la razón de ellos”. En el mismo sentido decaen también las imputaciones de apropiación indebida en la Junta de Compensación de La Lajita, también en Fuerteventura.

De este modo, la juez incide en la relación de esta querella con la denuncia del exgerente de Grupo Europa sobre el cobro de comisiones ilegales en Telde para la construcción de viviendas sociales, como estrategia de defensa de Antón Marín al achacar que el dinero destinado a sobornar a políticos y funcionarios –240.000 euros- en Telde fue en realidad sustraído por Cambreleng, argumento reiterado en el juicio del caso Grupo Europa.

“Ninguna prueba se ha articulado suficientemente por la parte querellante para acreditar lo por esa parte manifestado, tal como así se ha manifestado por el querellado, este es el que ha aportado múltiples documentos que desvirtúan sus alegaciones en su contra vertidas”, reitera la juez instructora indicando que la querella responde en vano al intento de hacer creer que la denuncia original de Cambreleng de sobornos en Telde por parte de Antón Marín pretendía ocultar “su propia ilicitud penal de haberse apropiado de diversas cantidades de dinero del grupo empresarial, bien mediante la emisión de cheques por su parte como falsificando facturas, etcétera”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha retirado el pasaporte al exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, quien fue condenado a seis años y diez meses de prisión por el denominado Caso Europa, por el “fundado riesgo” de que pueda eludir a la justicia huyendo del país.

No obstante, Mena sí que podrá disfrutar de libertad provisional sin fianza y al igual que José Manuel Antón Marín, también deberá acudir los días 1 y 15 de cada mes a la Sala del TSJC a firmar y no podrá salir del país sin previa autorización judicial, unas decisiones que para el Tribunal son “suficientes a la vista de las particulares circunstancias del caso”, por lo que han desestimado la medida del Ministerio Fiscal de prestación de fianza de 150.000 euros.

Por último el auto advierte al condenado de que en caso de incumplir alguna de las medidas indicadas podrán agravarse las medidas cautelares, “pudiendo llegarse a decretar su prisión provisional”.

La vista ha tenido lugar este martes ya que el pasado jueves 2 de octubre el abogado de la defensa, José Gerardo Ruiz Pasquau, no acudió a la cita. Como la semana pasada, la Sala estuvo presidida por Antonio Doreste Armas y los magistrados César José García Otero y Salvador Alba Mesa ya que el propio Mena había presentado un recurso de reposición en el que expresaba que consideraba que los jueces de adscripción territorial de Las Palmas que fueron llamados para celebrar el juicio oral y dictar la sentencia (Pedro Santiago Romero Buck-Arstad y Alejandro Navarro Hernández) no podían ser los mismos que decidieran en la fase procesal posterior. Dicho recurso fue estimado por la secretaría judicial.

Mena había concedido licencias de obra para Grupo Europa, además de tramitar una modificación del Plan General de Ordenación para que estas licencias tuvieran cobertura legal. A ello hay que añadirle que el exencargado de Urbanismo teldense había aceptado un soborno de 30.000 euros para realizar dichos irregularidades. Por ello fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho -por el que además le impone una multa de 55.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años- y falsedad de documento oficial, con una sanción de 16 meses con una cuota diaria de 200 euros y otros cuatro años y un mes de inhabilitación.

La Sala está pendiente de responder a una serie de aclaraciones a la sentencia solicitada por las partes y por el Ministerio Fiscal. A la salida de la vista de este martes Mena protestó porque faltan “3.000 folios en el sumario”, algo que en su opinión no es ejemplar. Así, el plazo para presentar recurso de reposición ante el Tribunal Supremo está paralizado hasta que se produzca la última notificación de la sentencia condenatoria.

El cabecilla del caso Grupo Europa esquiva, de momento, la prisión. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dejado en libertad provisional sin fianza a José Manuel Antón Marín, propietario del Grupo Europa, que fue condenado en septiembre a cinco años de cárcel por varios delitos vinculados al pago de comisiones por valor de 240.000 euros a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde para desbloquear la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio.

El empresario deberá acudir los días 1 y 15 de cada mes a los juzgados para firmar y no podrá salir del país sin autorización judicial, según la resolución de la Sala, que también le ha retirado el pasaporte.

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas había solicitado, ante el riesgo de fuga, el ingreso en prisión eludible con una fianza de 250.000 euros para Antón Marín, que reside en Costa Rica –como él mismo reconoció en el juicio-, y que esta misma semana había acudido a una comisaría de Madrid a renovar su pasaporte. Según han explicado fuentes judiciales a Canarias Ahora, la Policía Nacional avisó de inmediato de este movimiento al TSJC, que emitió una providencia este miércoles para que tanto el propietario del Grupo Europa -que acudió a los juzgados preparado con una maleta de color verde- como otros dos condenados (José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, y Juan Carlos Saavedra, exgerente de la empresa pública municipal Urvitel) comparecieran al día siguiente en la Sala.

Los magistrados consideran “suficientemente justificada” la procedencia de fijar medidas cautelares contra el empresario para evitar el “fundado riesgo” de fuga, como solicitaba la Fiscalía, pero aluden a un principio de “proporcionalidad” para concluir que la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en los juzgados ya garantizan este objetivo y que, por lo tanto, no procede la imposición de una fianza

Para Juan Carlos Saavedra, la Sala también ha decretado libertad provisional sin fianza con la obligación de acudir a firmar cada mes a los juzgados -el día 1- y la prohibición de salir del país sin autorización. El fiscal solicitaba para el exgerente de Urvitel una fianza de 100.000 euros, la retirada del pasaporte y la firma en los juzgados el 1 y el 15 de cada mes. Saavedra, que aparece en la sentencia como uno de los receptores de las dádivas de Antón Marín, fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión

Por su parte, la comparecencia de José Luis Mena –condenado a seis años y diez meses de cárcel por conceder la licencia y modificar el Plan General de Ordenación de Telde tras ser sobornado con 30.000 euros- ha sido suspendida hasta el martes 7 de octubre a las 09.00 horas porque su abogado no ha acudido a la cita de este jueves.

Precisamente un recurso de reposición de Mena ha provocado un cambio en la composición de la Sala. El exjefe de Urbanismo de Telde había solicitado que fuera el nuevo presidente del TSJC, Antonio Doreste –que tomó posesión el pasado 25 de septiembre- quien la presidiera. También consideraba que los jueces de adscripción territorial de Las Palmas que fueron llamados para celebrar el juicio oral y dictar la sentencia (Pedro Santiago Romero Buck-Arstad y Alejandro Navarro Hernández) no podían ser los mismos que decidieran en la fase procesal posterior.

El recurso fue estimado por la secretaria judicial y, junto a Antonio Doreste, han completado la Sala César José García Otero y Salvador Alba Mesa.

Recurso contra la sentencia

La Fiscalía Anticorrupción ha informado a este periódico que está estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia del TSJC del pasado 3 de septiembre que absolvió al diputado del PP Jorge Rodríguez de los dos delitos de tráfico de influencia que le imputaba el Ministerio Público.

La sentencia considera probado que el parlamentario popular intercedió a favor de la empresa Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por el PP, pero, aplicando el principio in dubio pro reo, le exime de responsabilidad penal al entender que la mediación que ejerció no fue determinante para que esta empresa ganase un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa.

Las partes tienen cinco días a partir de la última notificación para presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo. Tras haberse agotado dos de estos días, algunos condenados pidieron una aclaración de la sentencia. Hasta que la Sala no resuelva estas peticiones, el plazo sigue paralizado.

El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el ingreso inmediato en prisión de tres de los condenados por la trama de corrupción política en el Ayuntamiento de Telde conocida como caso Grupo Europa, José Luis Mena, Juan Carlos Saavedra y José Manuel Antón Marín, por riesgo de fuga.

La sentencia condena a los tres principales acusados de la pieza separada del caso Faycán, tras considerar probado que Marín, propietario del Grupo Europa, pagó comisiones por valor de 240.000 euros a políticos y funcionarios del Consistorio, entre ellos a Mena, exjefe de Urbanismo, a cambio de que se le adjudicaran contratos para la construcción de viviendas de protección oficial.

La Sala dio curso este viernes a la solicitud del fiscal, formulada el 18 de septiembre, y citó a los condenados a comparecer junto a sus abogados a las 10.00 horas del próximo 30 de septiembre, según informa Canarias 7.

El periódico señala que Del Río justifica su solicitud de aplicar a los tres condenados “medidas cautelares de carácter personal” (es decir, el ingreso en prisión sin necesidad de esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que interpondrán contra la sentencia del caso) en el riesgo de fuga que podría darse debido al patrimonio del que disponen. De hecho, la sentencia da por probado que Mena registró por aquellos años un enriquecimiento injustificado de casi 380.000 euros.

Otros motivos que a su juicio derivarían en la huida de los mismos, se centran en la naturaleza y la duración de las penas impuestas y en que algunos de sus domicilios están registrados en el extranjero, como es el caso del de Marín, cuya resiedencia se encuentra fijada en Costa Rica, según él mismo admitió en el juicio. Los condenados tienen la posibilidad de interponer un recurso de súplica contra la resolución en un plazo de tres días.

Condenas y absoluciones

En la sentencia dada el pasado miércoles y fechada el 3 de septiembre, la Sala presidida por José Ramón Navarro (en la actualidad presidente de la Audiencia Nacional) absolvió al diputado del PP Jorge Rodríguez, a pesar de considerar probado que intercedió a favor de Grupo Europa, tras aplicarle el principio in dubio pro reo, en virtud del cual se favorece al acusado en caso de que las pruebas no sean contundentes.

El TSJC sí condenó a Marín a cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho -por sobornos- y otro contra el mercado y los consumidores. La Sala le sanciona además con 520.000 euros.

Mena, jefe de Urbanismo del Consistorio en la época de los hechos denunciados (2003-2007), fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho -por el que además le impone una multa de 55.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años- y falsedad de documento oficial, con una sanción de 16 meses con una cuota diaria de 200 euros y otros cuatro años y un mes de inhabilitación.

Por su parte, Saavedra deberá cumplir una pena de 4 años y 10 meses de prisión como cooperador necesario del delito de cohecho y como autor de delitos contra el mercado y los consumidores, prevaricación y falsedad de documento mercantil. Saavedra ha sido inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público durante los próximos quince años.

Fueron unos golfos que se confabularon para asaltar las arcas públicas del Ayuntamiento de Telde [en esta pieza separada número 38 del caso Faycan; que otras, las hay], por medio de una necesidad social tan sensible como la vivienda pública, pero quien abrió la puerta del despacho político donde se guardaba la llave del “negocio ilícito”, todo un portavoz del grupo parlamentario del PP canario y mano derecha del jefe José Manuel Soria, no lo fue.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado a duras de penas de cárcel a tres de los principales acusados en la trama de corrupción política conocida como caso Grupo Europa, dos empleados públicos de Telde, uno de ellos con demasiado poder en ese municipio, y al empresario corruptor que sobornó a casi todos para conseguir un contrato de asistencia técnica a una empresa municipal para la promoción de viviendas, pero no da por probado que la llave del diputado Jorge Rodríguez, aunque los jueces tengan una copia, fuera clave para delinquir.

Y eso que los hechos probados en la sentencia conocida este miércoles reflejan claramente el papel del diputado autonómico en el “negocio ilícito” de Grupo Europa, destapado por Canarias Ahora en 2007 y corroborado casi al milímetro en esta sentencia en la que se detalla cómo este político y hombre fuerte del PP canario cobraba de la empresa por supuestos trabajos que han sido catalogados de “raros” por los peritos judiciales de Hacienda, cuando su defensa aportó a la causa justificaciones a posteriori por haber percibido más de 64.000 euros de la promotora.

El relato de los hechos, conocido desde 2007, no se aparta de lo contado en origen por Canarias Ahora: Jorge Rodríguez, alto cargo del PP canario, ejercía de introductor de Grupo Europa en los ayuntamientos gobernados por su partido en la isla, y así al menos en Telde pudo conseguir la mercantil de su pagador, José Manuel Antón Marín, un suculento contrato de asesoramiento a la empresa pública Urvitel. Jorge Rodríguez se dedicaba, exclusivamente, a no mancharse las manos más allá de lo imprescindible, y con el simple toque en la puerta municipal ya daba por finiquitado su trabajo para la empresa que quería copar el negocio VPO.

Ratifica la sentencia que Rodríguez presentó a su cliente, Antón Marín, a la ya fallecida exconcejal de Vías y Obras de Telde y consejera delegada de Urvitel María Antonia Torres, y que a partir de entonces, las ilegalidades que hiciera Antón con los de su partido en Telde son cosa aparte juzgada y condenada. Con ejemplaridad, además. Pero no hay prueba suficiente para que su señoría del PP merezca reproche penal alguno, siquiera un tráfico de influencias, que no cohecho por cobrar de una firma que consigue un contrato público, ni cuando intercede ante el alcalde, dos años después, por el bloqueo provocado al estallar el caso Faycan.

El fiscal Anticorrupción Luis del Río entendió que los dos delitos cometidos por el diputado del PP fueron precisamente esos: no el primer acto de haber abierto las puertas del Ayuntamiento de Telde a Grupo Europa, sino intentar mediar un par de años después ante los problemas de la promotora para llevar a cabo su “negocio ilícito”, precisamente por tantos escollos burocráticos que pretendió superar el empresario con el pago de comisiones ilegales a quien hiciera falta: documentados quedan 240.000 euros para untar a políticos y funcionarios del municipio isleño.

La trama corrupta fluía por un canal, según la sentencia, y el introductor político iba a la par por otro totalmente ajeno al conchabeo. Así se explica por el tribunal las dos intervenciones clave de Jorge Rodríguez, por entonces portavoz del PP en el Parlamento canario y conocido hombre de máxima confianza en el partido liderado por el ahora ministro José Manuel Soria. El TSJC no considera que sus entrevistas con los cargos municipales de Telde en nombre y defensa de la promotora puedan considerarse como “presión” a la concejal Martín y el alcalde Paco Valido.

“No hay pruebas suficientes para demostrar que hubo prevalimiento” del diputado Rodríguez sobre la concejal o el alcalde, más allá de la denuncia del exgerente de Grupo Europa, que en todo caso, se limitó a revelar la existencia de esas reuniones en las que la tension en Telde era máxima, justo cuando medio grupo municipal del PP estaba en la cárcel por el estallido desde marzo de 2006 del caso matriz Faycan, con la detención, precisamente, de Toñi Torres.

El TSJC, en su sentencia absolutoria para el diputado, se fundamenta en los testimonios de la concejal y el alcalde, todavía ambos en activo en el PP, que dijeron que no se sintieron presionados por el diputado, y que ellos “no eran subordinados” de Jorge Rodríguez. La palabra de estos dos políticos ha sido clave, dado el peso incuestionable que le da el tribunal.

In dubio pro reo, sentencia la Sala de lo Civil y Penal del TSJC con el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, como ponente. Las dudas son del tribunal y el reo no es otro que el único aforado de esta pieza aparte de un caso mayor todavía pendiente de juzgarse, que ya la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dicho que no lo hará antes de las elecciones de mayo, ni por quien “asó la manteca” (sic). Se segregó Grupo Europa de Faycán por los tiempos que marcó el propio político aforado: dimitió en 2007 al conocerse el escándalo y fue de nuevo en las listas del PP, en 2011, cuando ya se sabía que iba ser juzgado.

Entiende el tribunal, entre otras cuestiones, que no hay materia para una condena a pesar de algunos correos electrónicos entre el pagador y el político, que le ponen al tanto de la trama y todas las dificultades del empresario para sacar adelante el negocio entre tanto golfo presente, que quedan retratados tal cual en los hechos probados: cometieron cohecho tanto todo un jefe omnímodo de los servicios de Urbanismo de Telde como José Luis Mena, como el gerente de Urvitel de la época, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, y también el responsable de Patrimonio del ayuntamiento, Pedro Pablo Santana Marrero.

Por esos delitos, y por otros en concurso, afrontan penas de cárcel de entre cuatro y siete años, que se han sustanciado en el alto tribunal canario, en vez del juzgado ordinario que toque a la matriz del caso Faycán -elecciones municipales mediante para salvagurdar la carrera de una de las principales acusadas, la actual alcaldesa, Mari Carmen Castellano- porque a Jorge Rodríguez le tocó volver a representar en el Parlamento a Gran Canaria en nombre del PP.

El secretario general del PP de Canarias y presidente del grupo popular en el Parlamento de Canarias, Asier Antona, dijo este miércoles que está muy satisfecho con la absolución del diputado Jorge Rodríguez, porque la justicia avala lo que en el partido ya conocían, la absoluta honestidad del diputado regional.

Rodríguez ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al aplicar el principio jurídico de que en caso de duda se favorece al acusado, porque entiende el tribunal que existen dudas de que incurriera en un delito de tráfico de influencias.

Asier Antona declaró que en el PP todos estaban convencidos de la inocencia de Rodríguez y sabían que “siempre ha mantenido una línea de absoluta de honestidad”, así que “ahora la justicia avala esa opinión que teníamos”.

“Estamos muy contentos y muy satisfechos en el PP de Canarias y en el grupo parlamentario de que finalmente se haya hecho justicia y que la sentencia sea tan clara absolviendo a Jorge Rodríguez”, declaró Asier Antona, quien no quiso opinar sobre el resto de la sentencia.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha absuelto al diputado del PP Jorge Rodríguez en el denominado caso Grupo Europa, una pieza separada del caso Faycán sobre corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas le imputaba dos delitos de tráfico de influencias y solicitaba para él un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación para empleo público. El TSJC ha condenado al propietario del Grupo Europa, José María Antón Marín, a cinco años de cárcel por el pago de comisiones por valor de 240.000 euros a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde, entre ellos a José Luis Mena, exjefe de Urbanismo, que ha sido condenado a seis años y diez meses de prisión.

En una sentencia de 126 páginas dada a conocer este miércoles y fechada el 3 de septiembre, la Sala presidida por José Ramón Navarro (en la actualidad presidente de la Audiencia Nacional) considera probado que Rodríguez intercedió a favor de la empresa Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por el PP, pero no que ejerciera una presión que resultara determinante para que esta empresa ganase un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa. El TSJC aplica en este caso el principo in dubio pro reo, en virtud del cual se favorece al acusado en caso de que las pruebas no sean contundentes.

Para la Sala, las manifestaciones del denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng, son insuficientes para incriminar al diputado del PP: “No cabe duda que Jorge Rodríguez (que prestaba servicios de asesoramiento a las empresas de José María Antón Marín, propietario de Grupo Europa, y cobró por ello la cantidad de 64.010 euros) se prestó para introducir al empresario a diversos mandatarios municipales, entre ellos a María Antonia Torres (concejal de Vivienda y Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde en el momento de los hechos, fallecida en 2010) y que medió para mantener diversas entrevistas con ésta, con Sonsoles Martín (exconcejal) y con Francisco Valido (exalcalde); sin embargo, no se ha acreditado suficientemente en el plenario el contenido de las presentaciones introductorias a dichos regidores ni que aquél se haya prevalido para obtener una o algunas resoluciones concretas jurídicamente torcidas”.

La Sala sí condena a José Luis Mena, jefe de Urbanismo del Consistorio en la época de los hechos denunciados (2003-2007), a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho -por el que además le impone una multa de 55.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años- y falsedad de documento oficial, con una sanción de 16 meses con una cuota diaria de 200 euros y otros cuatro años y un mes de inhabilitación.

A Pedro Santana, exjefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, se le considera cómplice y autor de un delito de cohecho. Su pena es de un año y cinco meses de prisión, dos multas que ascienden a 77.000 euros y seis años y cinco meses de inhabilitación.

José María Antón Marín, propietario del caso Grupo Europa, ha sido condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de cohecho -por sobornos- y otro contra el mercado y los consumidores. La Sala le sanciona además con 520.000 euros.

Otro de los imputados, Juan Carlos Saavedra, exgerente de la empresa pública municipal Urvitel, deberá cumplir una pena de 4 años y 10 meses de prisión como cooperador necesario del delito de cohecho y como autor de delitos contra el mercado y los consumidores, prevaricación y falsedad de documento mercantil. Saavedra ha sido inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público durante los próximos quince años. Su esposa, Verónica García, acusada de falsificar un documento mercantil, ha sido absuelta.

Por su parte, Cambreleng, exgerente de la empresa, ha sido condenado a seis meses de cárcel como cómplice de cohecho y autor de un delito de falsedad documental. Deberá pagar una multa de 16.500 euros.

El fallo de la Sala también ordena el decomiso de las cantidades abonadas por Antón Marín para sobornar a Juan Carlos Saavedra (30.000 euros), José Luis Mena (30.00 euros) y Pedro Pablo Santana (30.000 euros), así como los 150.000 euros entregados a cargos políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde.

Sobornos a altos funcionarios

En su exposición, los magistrados sentencian que los pagos realizados por el propietario del Grupo Europa a Saavedra, Mena y Santana han quedado acreditados no solo con la “contundente declaración” del denunciante, Benítez Cambreleng, que entregó los dos sobres, con 30.000 euros cada uno, como soborno a los altos funcionarios responsables de las áreas de Urbanismo y Patrimonio, sino también por una serie de pruebas incriminatorias. Entre ellas figura un correo de Antón Marín a Jorge Rodríguez (que dimitió como diputado en 2007 tras destaparse el caso y que volvió al Parlamento en 2011) en el que el empresario señala a Mena y Santana como las dos personas que estaban “poniendo trabas a la marcha normal de los acontecimientos”.

La Sala también ha valorado dos informes de la Agencia Tributaria para condenar a los funcionarios municipales. El primero de ellos concluye que los movimientos de cuentas de Grupo Europa y las salidas de esos 60.000 euros bajo el concepto “nómina Antón” son solo explicables para “enmascarar el pago de comisiones ilegales”. El segundo, constata ingresos sin justificación del matrimonio Mena en el periodo 2003-2008 por un total de 380.000 euros.

Mena percibió la dádiva del empresario Antón Marín como contrapartida por la modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Telde y por la concesión de licencias para facilitar a la empresa la construcción de las viviendas a las que se había comprometido. Por otra parte, Grupo Europa sobornó a Santana para que liberara suelo para poder empezar las obras.

Los magistrados también consideran probado que Antón Marín entregó una cantidad indeterminada de dinero a María Antonia Torres (PP), ya fallecida.

La sentencia impone las costas procesales a los condenados. Contra el fallo aún cabe interponer un recurso de casación.

El caso Grupo Europa ha quedado visto para sentencia después de más de tres meses de juicio en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tras celebrarse este viernes la última de las sesiones, reservadas al resto de conclusiones finales de abogados de la defensa que no intervinieron durante la tarde del jueves, y a la última palabra por parte de los acusados, momento aprovechado por el diputado del PP Jorge Rodríguez para decir que ha sido víctima de “un asesinato de imagen”.

El principal imputado -por su importancia y condición de aforado, que ha llevado esta pieza del caso Faycan, de corrupción generalizada en el ayuntamiento de Telde, al alto tribunal canario- por dos delitos de tráfico de influencias, para quien el fiscal pide un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación, aseguró este viernes al tribunal encabezado por José Ramón Navarro Miranda, nuevo presidente de la Audiencia Nacional, que “no pido clemencia, porque no me puedo arrepentir de lo que no hice, porque siempre actué al lado de la ley”.

El político, portavoz del PP en el Parlamento de Canarias en el momento de los hechos en los que asesoraba e intervenía a favor de la promotora de viviendas sociales Grupo Europa, ante los problemas burocráticos de esta para llevar a cabo sus planes en el Ayuntamiento de Telde, dijo a la Sala que “se ha montado una causa general contra mí, levantando pruebas donde no las hay para tener una pena anticipada de banquillo, al haber sido sometido a un juicio mediático”.

Sin entrar a rebatir las acusaciones del ministerio fiscal de influir a favor de Grupo Europa, con su prevalencia como diputado y hombre fuerte del PP en Canarias ante una concejal y el alcalde de Telde de entonces (2003-2007), quien fuera mano derecha del actual ministro José Manuel Soria en la Cámara regional de aquella legislatura dijo que “el daño ya está hecho. La pena ha sidoel mismo procedimiento, un asesinato de imagen para acabar con mi vida personal, familiar política y económica con la patraña del todo vale”.

Durante el plenario, el diputado Jorge Rodríguez se negó a responder a las preguntas del fiscal para rebatir o contrarrestar la acusación pública que pesa contra su persona, y solo intervino en respuestas a su abogado defensor, José Aníbal García Álvarez, en el mismo tono grandilocuente y de pose política que el utilizado este viernes, defendiendo que siempre actuó legalmente.

Rodríguez, como el resto de acusados, fueron escuetos y concisos en el turno de última palabra que les concedió la Sala. No así el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, que se extendió por espacio de una hora y media defendiendo su inocencia, atacando al exgerente del Grupo en Canarias y denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng, como muñidor de una denuncia falsa para tapar un presunto robo de dinero a su empresa para comprarse un chalet, y sobre todo, señalando al ex jefe superior de la Policía en Canarias Narciso Ortega y a este diario como quienes se dedicaron a “fabricar pruebas” para lo que considera un “montaje”.

Antón llegó a acusar al fiscal Del Río de “mentir”, acusación que le fue afeada por el presidente del tribunal y todavía del TSJC, Navarro Miranda. “Esto ha sido cocinado”, comentó también en su extensa intervención de última palabra, donde llegó a decir que en el momento de su detención había dejado escrito un dossier en el que advertía que dos policías y este periodista “están fabricando pruebas contra mí, con la participación de dos miembros de la judicatura”.

Durante la última sesión del primer juicio por corrupción del PP en la era de José Manuel Soria, la teoría de la conspiración política, policial, judicial y mediática volvió a salir a la palestra, y en un momento dado, hasta el propio Antón Marín reconoció ese mayor peso de la conspiración frente a los hechos denunciados. “Las defensas han dedicado solo un 5% de su tiempo a rebatir las pruebas, porque no hay pruebas; y un 95% a cuestionar la instrucción”, dijo.

Sin embargo, para quien sí hay pruebas es para el ministerio fiscal, como expuso el jueves al mantener la petición de penas para seis de los siete acusados, y también para el denunciante y coimputado, Benítez Cambreleng, quien cerró la sesión pidiendo a la Sala “que mire las pruebas, también las de ellos”, en referencia a las aportadas por Antón Marín y el resto pretendiendo mantener que el denunciante se apropió indebidamente de 240.000 euros para comprarse un chalet en Ciudad Jardín, y después montó la denuncia diciendo que eran pagos de comisiones ilegales en el ayuntamiento de Telde para conseguir un contrato de asesoramiento a Urvitel, empresa municipal de viviendas, y desbloquear todos los problemas para construirlas.

El diputado del PP Jorge Rodríguez ha solicitado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una sentencia “libre, independiente y justa” en el caso Grupo Europa, en el que el se enfrenta a una posible condena de un año y ocho meses de cárcel por delitos de tráfico de influencias.

En su derecho a la última palabra la sesión que ha cerrado un juicio que se inició en enero, Rodríguez ha reiterado su inocencia y se ha quejado de que ya ha sido sentenciado “mediáticamente”, sentir que comparten también otros cinco de los acusados, salvo el denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng.

Las defensas de los procesados -el empresario José Manuel Antón, el diputado Rodríguez y técnicos y funcionarios municipales- reclaman su absolución en este proceso, que juzga el supuesto pago de comisiones ilegales para conseguir contratos de construcción de viviendas sociales en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria).

El político del PP ha considerado que el “daño ya está hecho” y ha expresado su convencimiento de que, en los siete años que ha durado el proceso, no se perseguía un hecho supuestamente delictivo sino a una persona (en referencia a sí mismo). Jorge Rodríguez ha dicho que se ha querido ejecutar “un asesinato de su imagen” y terminar con su “vida personal, familiar, política y económica, con la máxima general de la patraña y del todo vale”.

Por eso, ha añadido que este juicio le ha supuesto “un alivio y la posibilidad de conocer directamente, de primera mano y sin intoxicación alguna”, lo que se ha pretendido de él.

Según el parlamentario popular, las diligencias y los informes policiales del proceso, a partir de la colaboración “cómplice y canalla” del gerente del Grupo Europa en Canarias (el acusado Benítez Cambreleng), para emprender un “linchamiento organizado y meticuloso” contra su persona, están “plagados de errores y falsedades, son parciales e interesados”. De hecho, los ha calificado de “novelas”.

Rodríguez además ha dicho que no tiene indicio ni elemento alguno para dudar de la honorabilidad del resto de los acusados que se han sentado en el banquillo en las quince sesiones que se han celebrado desde que comenzara la vista, el 17 de enero.

Antón, contra la manipulación policial

El empresario José Manuel Antón, que se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, también ha defendido ante el tribunal durante más de hora y media su inocencia y la supuesta culpabilidad del denunciante, que sostiene que le robó más de dos millones de euros, pero cuya prueba incriminatoria afirma que ha desaparecido del sumario.

Antón ha afirmado también que ha sido juzgado sin que se le haya permitido aportar pruebas y testigos para defenderse en la causa, que, a su juicio, se inició a partir de una denuncia que se sabía que era “falsa”, pero con la que se ha conseguido lo que se buscaba, procesar a un diputado y que testificaran una concejala y un alcalde, todos ellos del PP.

El empresario ha dicho también que la “Policía ha manipulado y falsificado pruebas”, entre ellas, las “fabricadas” para imputar a Rodríguez, de quien asegura que trabajó para él como abogado, “y muy bueno”, y que no influyó como político para su beneficio.

En la sesión de este viernes, el abogado que defiende al entonces gerente de la empresa municipal Urvitel, Juan Carlos Saavedra, ha manifestado que tiene la “certeza” de que el delito de prevaricación que se le imputa a su defendido (al que también se le acusa de cohecho y de delitos contra el mercado y a los consumidores y falsedad) se introdujo de manera artificial para evitar que la causa la juzgara un Jurado popular, lo que hubiese sido “más garantista”.

Las defensas han reclamado que, en caso de una sentencia condenatoria, se aplique la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, a la que se opone el fiscal Anticorrupción Luis del Río, quien mantiene las penas para todos los acusados, salvo la del denunciante, que la ha reducido a la mitad por entender que el delito que cometió de cohecho fue como cómplice y no como cooperador necesario como en principio, le acusó.

Una vez que se dicte sentencia, el presidente del TSJC, José Ramón Navarro, abandonará su actual cargo para asumir la presidencia de la Audiencia Nacional.

El abogado defensor del diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, acusado de tráfico de influencias en el caso Grupo Europa por presunta corrupción política en el Ayuntamiento de Telde, ha solicitado al tribunal que juzga a su cliente y a otros seis imputados más en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se deduzca testimonio contra el denunciante y coimputado, Francisco Benítez Cambreleng, por un delito contra la Administración de Justicia por denuncia falsa.

Esta ha sido la respuesta más destacada al informe del ministerio público durante la sesión inicial de conclusiones finales, que continúa este viernes con otros cuatro abogados de la defensa y la última palabra para todos los encartados. José Aníbal García Álvarez mantuvo ya cayendo la noche del jueves que la denuncia contra su cliente y el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, “es un montaje, un dogma de fé para la acusación”, con “documentales sustraídas” [por el denunciante y exgerente de Grupo Europa].

El abogado del diputado mantuvo, también, que se debe decretar la nulidad de actuaciones por la falta de documentos en los autos, y la “manipulación y contaminación” de los mismos por el hecho de que, “haciendo su trabajo, un periodista haya buceado antes en ellos”, dijo en referencia a que fue Canarias Ahora quien descubrió este presunto negocio ilícito, tal y como mantiene el fiscal Luis Del Río, en torno a la política de viviendas sociales en Telde.

En su exposición, el abogado de Jorge Rodríguez lamentó “el linchamiento mediático” a su cliente. “Siete años de instrucción les han destrozado la vida, entre ellos a mi cliente. Se ve que ser de un partido político, tiene premio o castigo”, sostuvo fundamentando casi toda su conclusión en torno a la teoría de la conspiración política, policial, judicial y mediática que desde 2007 blande el PP contra los casos de corrupción investigados en Canarias.

También criticó con dureza al fiscal “por maniquear la ley”, en un “esperpento de causa”, y destacó “el realto grave, espeluznante” del exasesor de la concejal ya fallecida Toñi Torres, solicitando de nuevo una instrucción complementaria por lo dicho en el plenario por este imputado en el caso Faycan, testigo en esta pieza separada: que fue coaccionado con cárcel a su familia por parte de la Policía si no decía lo que los investigadores quisieran.

Durante la primera parte de las conclusiones finales de la defensa intervino también, en primer lugar, Benítez Cambreleng, quien cargó contra la querella que le ha presentado el propietario de Grupo Europa, y base principal de las defensas, ya que sostienen que todo el dinero presuntamente destinado a pagar comisiones ilegales en Telde, fue en realidad un robo de Cambreleng a Grupo Europa para pagarse un chalet en Ciudad Jardín.

“Es una teoría desproporcionada y fuera de toda lógica que todos estemos confabulados”, dijo Cambreleng en referencia a juez instructor, fiscal, policía y denunciante, además de considerar que el resto de defensas “se han limitado a desacreditar a esta persona, y no a los hechos denunciados”, que considera, como el fiscal, perfectamente corroborados.

También el abogado de José Manuel Antón Marín, Juan David García Pazos, sostuvo que la denuncia “es un cuento chino”, utilizando una “fórmula” con las iniciales de los nombres del denunciante, un socio suyo de Fuerteventura, el policía instructor y este periodista para llegar a la conclusión de la invención del caso. “Cuando se ve pillado es cuando inventa esta denuncia”, dijo el letrado, quien llegó a plantear también que ha habido pruebas “creadas exprofeso” por parte de la instrucción, como la hoja de un bloc de hotel de Venecia donde la exconcejal ya fallecida apuntó cantidades de presuntas comisiones que coincidían con la denuncia del exgerente de Grupo Europa.

“Tantos casos de corrupción no resueltos por parte de la Administración de Justicia generan desapego hacia las instituciones del Estado entre la ciudadanía. La acción judicial es difícil en estos casos, compleja porque la corrupción no suele dejar rastros; pero en este caso, hay sólidas pruebas contundentes no solo por la denuncia presentada por uno de los coimputados, sino por la abundante documental y periciales que se han practicado”. De este modo concluía pasadas las 14:30 horas de este jueves el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis Del Río, su exposición de más de dos horas y media de las conclusiones finales del ministerio público en el caso Grupo Europa, que desde el 17 de enero pasado juzga la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con el nuevo presidente de la Audiencia Nacional al frente, José Ramón Navarro Miranda, y el diputado del PP en el Parlamento de Canarias Jorge Rodríguez como principal acusado por presunta corrupción política en el ayuntamiento grancanario de Telde.

“La corrupción política no es generalizada, caer en esa afirmación que tanto se escucha en medios de comunicación y en la calle, sobre todo cuando se trata de urbanismo en los municipios, sería injusto para muchos servidores públicos que se sentirían insultados, pero el nivel de corrupción al que ha llegado este país hace necesario reaccionar y tomar medidas, cada uno desde sus facetas”, expuso en la sala del jurado del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el fiscal Luis Del Río, convencido de que “cuando los instrumentos de prevención de la corrupción no funcionan, ha de actuar la Justicia”, ante lo que reiteró la petición de un total de 27 años de cárcel para todos los acusados, a excepción del denunciante y también imputado, Benítez Cambreleng, para quien pide seis meses de prisión en vez del año solicitado en su escrito de acusación, por un delito continuado de cohecho como cómplice, y no cooperador necesario.

Anticorrupción de Las Palmas también rebaja su petición de multa a Cambreleng de 23.000 euros a 16.500 euros, a la vez que reduce la segunda pena solicitada de tres meses a un mes y quince días, además de una multa por el mismo periodo a razón de 15 euros diarios, por un delito de falsedad en documento mercantil. El propio Cambreleng ha pedido, antes de exponer su conclusión final, que su pena quede rebajada a menos de tres meses, en concreto dos meses y ocho días, y por no superar ese tiempo se convierta en una multa de 15 días a razón de nueve euros diarios. El denunciante y coimputado ha admitido desde que presentó la denuncia que entregó dos sobres, con 30.000 euros cada uno, como soborno a dos altos funcionarios de Telde, el exjefe de Urbanismo José Luis Mena y el exresponsable de Patrimonio, Pedro Pablo Santana.

Las defensas de los acusados solicitaron al tribunal suspender el juicio durante diez días, al entender que el ministerio fiscal, en sus conclusiones finales, había introducido nuevos hechos en su acusación contra el exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, al que implica no solo en la concesión de licencias de obra para Grupo Europa, sino en la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación que diera cobertura legal a esas licencias. La Fiscalía rechaza el parecer de las defensas de que sea un hecho nuevo, sino simplemente una precisión en su escrito definitivo, ya que sobre ambos casos se ha debatido e interrogado ampliamente durante el plenario de este juicio iniciado en enero y ya en su fase final. La Sala decidió proseguir con la vista, después de un receso de quince minutos, tras deliberar y entender que no se dan los supuestos para suspender la misma.

Eso sí, el todavía presidente del TSJC admitió la petición de las defensas de que sea Benítez Cambreleng el primero en exponer sus conclusiones finales, la tarde de este jueves tras la inicial a mediodía del ministerio fiscal, pero no porque “ejerza como acusación particular” como mantienen las defensas del resto de acusados, sino porque la Sala entiende que en nada afecta a su derecho legítimo a la defensa ser el primero y sí podría influir, en alguna medida, al del resto de acusados por su propia denuncia. Las defensas plantearon, también antes de intervenir el fiscal, dilaciones indebidas del proceso para rebajar las penas a sus clientes si se dicta sentencia condenatoria, del que pedirán, tanto en la sesión de este jueves por la tarde como la programada para toda la jornada del viernes, la libre absolución bajo la teoría de que todo fue un montaje del denunciante por haber robado 240.000 euros a su empresa, Grupo Europa, precisamente la misma cantidad que figura en las documentales aportadas como pagos de comisiones ilegales de la empresa en Telde.

En sus conclusiones finales, el ministerio fiscal mantuvo su acusación contra el diputado del PP, el promotor de viviendas sociales para el que trabajaba este, tres funcionarios del Ayuntamiento de Telde y la esposa de uno de ellos, rechazando que la denuncia de Cambreleng del amaño del concurso de asesoramiento técnico de la empresa municipal de viviendas Urvitel a Grupo Europa, ideada entre el promotor Antón Marín y la ya fallecida exconcejal Toñi Torres, presentada a aquel por el diputado Jorge Rodríguez, fuera motivida por animadversión hacia los acusados.

A juicio del fiscal, no solo es sólida la denuncia tramitada por un juez instructor de Telde, tras tener conocimiento de ello la Policía Nacional, sino que como indicios adicionales a los incriminatorios preexistentes se dan, en este caso, el derecho legítimo de los acusados a no responder en el plenario a las acusaciones del ministerio fiscal, incluido el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, que se limitó a hacer un alegato político a respuestas exclusivas de su abogado defensor. “En base a ese silencio no es posible un veredicto de culpabilidad, pero sí se puede utilizar como indicio adicional, como también las explicaciones inverosímiles o no creíbles que hemos escuchado a lo largo del juicio”, resaltó el fiscal.

Del mismo modo, el representante del ministerio público desacreditó también el testimonio de Francisco Gordillo, el exasesor de Toñi Torres que en su momento llegó a reconocer que la exconcejal viajó a Venecia en 2005, y en una hoja de un bloc de un hotel de aquella ciudad escribió de su puño letra la cantidad de dinero que habría repartido Grupo Europa en comisiones ilegales en Telde (“240.000 euros”), así como el concepto de la misma cantidad (“viviendas sociales”). Gordillo se desdijo en el plenario de todo, menos de estos datos concretos, que los volvió a reconocer, pero asegurando que hace en aquellas fechas, cuando fue detenido en 2006 junto a su exjefa, la Policía le amenazó con todos los males posibles como ir a la cárcel si no decía lo que ellos querían. “Pues estuvo 50 días en prisión, y diez veces declaró ante el juez instructor, y hasta la fecha de su declaración en este plenario, no ha formulado denuncia”, destacó el fiscal para rechazar la nueva teoría conspiranoica del exasesor retractado.

En dos horas y media, el fiscal pasó por multitud de detalles, desde el prevalimiento evidente que puede ejerce y debió hacerlo todo un hombre fuerte del PP y diputado regional como Jorge Rodríguez, ante una concejal de Telde como Sonsoles Martín, cuando el político pidió a esta en nombre de Grupo Europa reactivar las promociones de viviendas sociales paralizadas por trabas burocráticas y el grado de crispación que vivía Telde tras las primeras detenciones del caso Faycan, en marzo de 2006, y que por tanto la influencia del diputado -era en aquel momento, nada más y nada menos, que la mano derecha en el Parlamento del presidente del PP canario, el actual ministro José Manuel Soria- sobre la concejal era obvia; hasta la paradoja de que, contra lo que sostienen las defensas como aportación no dineraria, el hecho del negocio ilícito que era aplicar un valor al suelo cedido gratuitamente por Telde a su propia empresa municipal, lo seguía siendo porque el 100% de las acciones de Urvitel eran de Telde.

El fiscal también abordó al detalle la petición de penas concretas por cada delito, recogidos ya en su escrito de acusación de noviembre de 2012, indicando además que en los sobornos a los funcionarios no debe prevalecer solamente la correlación de fechas, entre el pago del dinero y el acto posterior ilegal del funcionario, sino que también se sustenta, en este caso, en “pagos pensados por actuaciones futuras”, porque el objetivo de Grupo Europa era construir 365 viviendas al año en Telde, y la búsqueda de suelo idóneo para ello debería mantenerse constante en el futuro.

Quedan pendientes ahora las conclusiones de las defensas de los siete acusados.

Se trata del segundo auto previo a las conclusiones definitivas de las partes personadas en este juicio

Las defensas pidieron la nulidad al entender que la perito encargada de elaborar las pruebas había tenido acceso a informes de la otra parte

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado la petición de las defensas del caso Grupo Europa para conseguir la nulidad de los informes patrimoniales de Hacienda, en lo que constituye el segundo auto previo a las conclusiones definitivas de las partes personadas en este juicio sobre presunta corrupción municipal que se presentarán este jueves.

Las defensas pidieron la nulidad al entender que la perito encargada de elaborar las pruebas había tenido acceso a informes de la otra parte y había admitido haberse reunido con el inspector de Policía encargado de la investigación.

El auto fechado el 22 de abril del presente año al que ha tenido acceso Canarias Ahora da la razón al Ministerio Fiscal en su derecho a informar a la perito de ese informe de la defensa, que incluso le ha permitido observar “algunos errores en su informe (aún cuando solo hayan sido aritméticos) que han redundado en beneficio del acusado”.

Sobre las entrevistas previas con los representantes del Ministerio Fiscal y los letrados de las acusaciones, explica que lo que resultaría “inaceptable”, sería que los resultados se hubieran fundamentado en dichos encuentros, algo que “no fue lo que aconteció”.

En referencia a la reunión con el inspector de Policía encargado de la investigación, señala el auto que la perito afirmó que “en alguna ocasión se habían tomado un café”, ya que en la actualidad son compañeros de trabajo. “Pensar que trató de influir en la declaración de la perito son meras conjeturas o sospechas que esta Sala no puede acoger, ya que no existe dato objetivo alguno que así lo evidencie”, concluye. El auto es firme y, por lo tanto, no da cabida a recurso alguno.

Segundo auto

La Sala de lo Civil y Penal del TSJC denegó la práctica de las pruebas adicionales solicitadas por las defensas del caso Grupo Europa por considerarlas “innecesarias”, según un auto hecho público el miércoles.

Las partes propusieron pruebas testificales y documentales, que ya habían sido rechazadas, tras haberlas requerido el tribunal que preside el magistrado José Ramón Navarro, para su valoración, en la vista celebrada el pasado día 11 de abril.

Entre estas pruebas, figuraba una entrevista que se efectuó en una televisión local al imputado y denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng, y su visionado en la sala, para acreditar que cuando este acusado formuló su denuncia estuvo presente un periodista.

Las partes propusieron pruebas testificales y documentales, que ya habían sido rechazadas

Entre estas, figuraba una entrevista que se efectuó en una televisión local al imputado y denunciante del caso

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha denegado la práctica de las pruebas adicionales solicitadas por las defensas del caso Grupo Europa por considerarlas “innecesarias”, según un auto hecho público este miércoles, para el que no cabe recurso alguno por ser firme.

Las partes propusieron pruebas testificales y documentales, que ya habían sido rechazadas, tras haberlas requerido el tribunal que preside el magistrado José Ramón Navarro, para su valoración, en la vista celebrada el pasado día 11 de abril.

Entre estas pruebas, figuraba una entrevista que se efectuó en una televisión local al imputado y denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng, y su visionado en la sala, para acreditar que cuando este acusado formuló su denuncia estuvo presente un periodista.

Así mismo, se solicitaba el interrogatorio de un funcionario de Policía, de otros tres testigos y recabar documentación del Juzgado número 3 de Telde, que instruyó el caso Faycán, la pieza matriz de la que se desgajó el caso que juzga ahora el TSJC.

La Sala de lo Penal entiende que algunas de esas pruebas podrían ser “pertinentes”, pero “a la vista del resultado que han ofrecido las practicadas (en el juicio) devienen todas ellas innecesarias”.

La vista oral se reanudará mañana con la presentación de las conclusiones finales de las defensa, en una sesión que se celebrará en el Palacio de Justicia, en lugar de la Ciudad de la Justicia, donde hasta ahora se han desarrollados las vistas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

El tribunal que juzga al diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, por dos delitos de tráfico de influencias en el caso Grupo Europa, decidirá antes de las próximas sesiones del juicio, por medio de un auto motivado, sobre un incidente de nulidad solicitado por la defensa del exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena Santana, relacionado con las periciales realizadas por una inspectora de Hacienda acerca de los patrimonios de los acusados.

Así lo ha acordado al inicio de la sesión matinal de este viernes el presidente del tribunal, José Ramón Navarro Miranda, tras escuchar al abogado de Mena, Gerardo Ruiz Pasquau, protestar por el hecho de que la inspectora de Hacienda encargada en su día por el juzgado instructor de investigar si había diferencias entre el patrimonio declarado por los imputados y las rentas que se detectaron durante el transcurso de la investigación, tuviera acceso antes de su larga testifical del jueves al informe pericial de parte aportado por la propia defensa de Mena.

A juicio de las defensas, que se han adherido todas excepto el también denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal los peritos han de ser interrogados juntos si sus informes discrepan, para rebatirse, y no es “admisible que la perito realizara ayer [jueves] una pericial sobre otro informe pericial, porque lo que realizó fue una pericial verbal, sin habérsele dado traslado de ello”. Ruiz Pasquau criticó que el ministerio fiscal facilitara a la inspectora de Hacienda el informe pericial particular de su cliente, e incluso cuestionó que la perito haya admitido haberse reunido con el principal instructor policial del caso, compañero actual de trabajo.

Sin embargo, Luis Del Río defendió sus funciones como acusación pública y el derecho que le asiste a informar a la perito judicial de que existe otro informe pericial para poder cotejarlo, “y no provocar una suspensión de la vista de cinco o seis horas para que lo estudie”, además que del resultado de ese análisis “ha habido partes que dan la razón en ciertas cantidades [que sí pudieran estar justificadas] a lo planteado por el señor Mena”. En concreto, del dinero sin justificación originalmente detectado en el patrimonio de José Luis Mena, se rebajó parte de esa cantidad que sigue siendo de más de 400.000 euros, entre 2003 y 2006.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), electo para presidir a partir de mayo la Audiencia Nacional, admitió resolver este incidente antes de que se pronuncien todas las partes en las jornadas reservadas para las conclusiones finales, el jueves 24 y viernes 25 de abril, y por supuesto antes de dictar sentencia.

La extensa declaración de la perito, que durante la mañana del jueves se centró solo en el interrogatorio del fiscal y las apreciaciones de la inspectora tributaria de que el propietario de Grupo Europa, Antón Marín, utilizaba cuentas corrientes “irracionales” para posibles pagos ilegales, tuvo durante la tarde otra sesión de más de cuatro horas con el interregatorio de las defensas.

Los letrados de los imputados han cuestionado con dureza a la perito, tanto por haber tenido acceso a ese informe de parte como por haber admitido que se ha reunido “para tomar café” con su actual compañero de trabajo y entonces instructor del caso en la Policía Nacional, si bien tanto el fiscal como Cambreleng matizaron que de las palabras de la perito solo se desprende que comentaron, informalmente y como cosa casi obvia, detalles del juicio, para nada como una estrategia conjunta. “Pongo la mano en el fuego por los dos”, aseguró tajante el fiscal Del Río.

Las críticas de las defensas, buscando como es lógico alguna contradicción en la que pudiera haber caído la inspectora de Hacienda, se han centrado también en el hecho de que no investigara el patrimonio del denunciante, también imputado, ya que tenía el mandato del juez instructor de realizar esas pesquisas patrimoniales “de todos los imputados”. La interpretación del mandato fue objeto el jueves, también, de dura controversia, entendido como genérico por parte de la inspectora y también un subinspector de Hacienda que testificó, y de obligado cumplimiento hasta las últimas consecuencias por parte de las defensas de los imputados, contrariados por no haberse investigado el patrimonio de Cambreleng, ya que sostienen que robó a Grupo Europa.

Últimas testificales del juicio

El juicio continuó la tarde de este viernes con las últimas testificales previstas, con letrados y técnicos de Urbanismo de Telde y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del Gobierno canario, con la controversia de si se podía otorgar licencia de obra a Grupo Europa en dos piezas de suelo en El Goro, o no, con una modificación puntual del Plan General de Telde pendiente de aprobar.

Según recoge Efe, una letrada del Ayuntamiento de Telde que trabajó en el área de planeamiento ha señalado al tribunal que no se debieron conceder las dos licencias municipales para la construcción de viviendas sociales por parte del Grupo de Gestión de Cooperativas Europa, propiedad del principal acusado, José Manuel Antón.

Según esta letrada, las parcelas 132-A y 142 B de La Jardinera no reunían las características precisas para las que se concedieron esas licencias de obra mayor y estaban sujetas a una modificación puntual que el Ayuntamiento había solicitado a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno canario (Cotmac) para que, entre otras cuestiones, se catalogaran como suelo urbano consolidado y así poder edificar.

Esta letrada además ha explicado que para cambiar esta calificación del suelo se debió proceder a una revisión del Plan General de Ordenación de Telde, cuestión que también ha sido subrayada por una técnica jurídica de Cotmac, quien ha explicado que ese fue el motivo de que se rechazara la modificación.

Esta técnica de la Cotmac ha coincidido con la letrada del Ayuntamiento de Telde en que, tal y como estaban esas parcelas, no se podía conceder las licencias.

Así se notificó a la corporación, a la que también se aclaró posteriormente que no cabía subsanación alguna, ha añadido.

En esta jornada también ha declarado una arquitecta de la Cotmac que emitió un informe desfavorable a esa modificación puntual y dos peritos propuestos por la defensa de Mena, uno de ellos, un ingeniero que ha defendido, entre otras cuestiones, que sí se podían conceder esas dos licencias porque esas parcelas ya tenían la condición de solares.

El otro perito de la defensa, un asesor fiscal, ha rechazado el informe de Hacienda sobre Mena, que refiere que entre los años 2003 y 2006 obtuvo 410.000 euros de ingresos sin justificar, pues ha señalado que “sus pagos están justificados y declarados”, y que además se debió hacer una inspección de la renta y patrimonio del matrimonio para acreditar su capacidad de pago.