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El TSJC ordena el ingreso en prisión de los condenados por el caso Grupo Europa

La Sala de lo Penal declara firme la sentencia y envía a la cárcel a José Manuel Antón Marín y Juan Carlos Saavedra, que se unirán a José Luis Mena, ya encarcelado

El TSJC da un plazo de diez días a todos los condenados para que ue paguen las multas y las cantidades decomisadas

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Los acusados del caso Grupo Europa: de izquierda a derecha Antón Marín, Jorge Rodríguez, Juan Carlos Saavedra, Verónica García, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana.

Los acusados del caso Grupo Europa: de izquierda a derecha Antón Marín, Jorge Rodríguez, Juan Carlos Saavedra, Verónica García, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado firme la sentencia del caso Grupo Europa y ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los condenados en esta pieza separada del caso Faycán, que investigaba si políticos y funcionarios públicos habían influido y comprado voluntades para que el grupo empresarial Grupo Europa obtuviera permisos para construir viviendas públicas en varios ayuntamientos de la isla, en particular el de Telde.

La abogada de la Administración de Justicia de la Sala decretó el pasado viernes, un día después de que se declarara firme, la ejecución de la sentencia, por lo que José Manuel Antón Marín, propietario del grupo, y Juan Carlos Saavedra Guadalupe, gerente de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Telde (Urvitel), deberán entrar en la cárcel en los próximos días para cumplir sus penas de cinco años y cuatro años y diez meses, respectivamente.

Otro de los condenados, José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, ya se encuentra en la prisión de Las Palmas II, en la que ingresó el pasado 22 de agosto por otro proceso, el de Los Alisios, en el que fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad documental, que se añaden a los cinco años y cuatro meses del caso Grupo Europa después de que el Supremo le rebajara la pena en un año y seis meses al considerar que la falsificación de dos documentos el mismo día era una "unidad natural de acción" y no un delito continuado.

El decreto de la Sala pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad para otros dos procesados: Pedro Pablo Santana, responsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde (un año y cinco meses) y Francisco José Benítez Cambreleng, empleado del Grupo Europa y denunciante del caso (siete meses y medio).

El TSJC da un plazo de diez días a los condenados para que paguen las multas y las cantidades decomisadas. La sanción más elevada, de 520.000 euros, recae sobre Antón Marín. José Luis Mena, Juan Carlos Saavedra y Pedro Pablo Santana deberán abonar, además de los 30.000 euros de comisión que cada uno de ellos cobró del cabecilla del Grupo Europa para sacar adelante el proyecto, un total de 91.000, 109.000 y 77.000 euros, respectivamente, como multa con la responsabilidad personal subsidiaria de 4 años y tres meses de cárcel para el primero, un año y 135 días para el segundo y 7 meses para el tercero.

Por su parte, Benítez Cambreleng tendrá que pagar 17.175 euros con un mes y 22 días de privación de libertad como responsabilidad personal subsidiaria.

La Sala de lo Penal del TSJC ha remitido al Juzgado Decano de Instrucción el testimonio de la declaración prestada en el juicio por la funcionaria de la Cotmac Patricia Rivera y de un informe atribuido a ella para que investigue al existir indicios racionales de falsedad documental.

La sentencia dictada por el alto tribunal canario el 14 de septiembre de 2014 absolvió a la esposa de Saavedra, Verónica García Melgar, y al único aforado procesado en la causa, el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, para el que la Fiscalía había reclamado una sentencia de un año y ocho meses de cárcel.En este último caso, el TSJC consideró que existían dudas respecto al tipo de gestiones que había hecho Rodríguez para favorecer al Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por su partido y, en particular, de que tuvieran las condiciones necesarias para calificarlas de delito de tráfico de influencias.

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