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La Fiscalía culpa al juzgado de la lentitud en 'Góndola'

MOGÁN | LA INVESTIGACIÓN SE INICIÓ EN 2006

Once jueces en siete años han instruído la trama que incluye un mítin de Mariano Rajoy pagado por una empresa o presiones de un empresario turístico al Gobierno canario

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Once jueces en siete años. Esa es la causa principal que la Fiscalía General del Estado achaca a la extrema lentitud, hasta la parálisis, de la instrucción de uno de los casos de corrupción más sonados de Canarias: el que afecta al PP de Mogán, el municipio turístico de Gran Canaria que incluye en su trama un mitin del presidente del PP, Mariano Rajoy, pagado por una empresa, o a un empresario presionando al Gobierno canario la calificación favorable de su proyecto turístico.

Miguel Jorge Blanco, Mariano Rajoy, Francisco González, José Manuel Soria, mitin fiesta en Arguineguín del PP, pagado por la empresa Grupo Europa. 8 de diciembre de 2005.

Miguel Jorge Blanco, Mariano Rajoy, Francisco González, José Manuel Soria, mitin fiesta en Arguineguín del PP, pagado por la empresa Grupo Europa. 8 de diciembre de 2005.

Es el conocido y ahora olvidado en algún pendrive caso Góndola, que desde que se incoaran diligencias previas en junio de 2006, poco ha avanzado, aparte de conocerse el calibre de las conversaciones del alcalde, Francisco González, o la del promotor turístico y constructor Santiago Santana Cazorla, principales imputados por delitos de corrupción junto a parte del gobierno conservador de Mogán de 2003-2007 y otros empresarios. Todo ello corre el riesgo de quedar archivado, por prescripción de los delitos, ya que no hay visos de que se vaya a cerrar en breve la instrucción y abrir el correspondiente juicio oral.

Por no avanzar, ni siquiera consta que por ese mítin de Rajoy, en diciembre de 2005, costeado por la promotora de viviendas Grupo Europa, haya declarado el entonces portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, considerado por la investigación el "embajador" de esta mercantil madrileña ante los ayuntamientos gobernados por su partido, y que afronta por su implicación en otro caso de enjundia en la isla, Faycán, la petición de cárcel por parte del fiscal Anticorrupción por tráfico de influencias en Telde, municipio gobernado por el PP.

Pero en Mogán la góndola se ha trabucado en los canales poco profundos de la Justicia. Tanto, que el Servicio de Inspección de la Fiscalía General del Estado se ha visto obligado a abrir un expediente gubernativo en el que exhonera al fiscal adscrito al caso, Jorge Pobre Menguy, de culpa o responsabilidad alguna por la lentitud del procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana, el partido judicial del sur de la isla.

El expediente mantiene que el fiscal ha sido el único que "en toda la instrucción, desde el principio, ha tenido presencia activa", ya que en el tiempo transcurrido desde la apertura de las diligencias 1303 / 2006 "los jefes de las unidades policiales han cambiado y han llegado a conocer el asunto hasta once jueces distintos, siendo debida la existente lentitud en la tramitación del procedimiento a su complejidad y a otros factores ajenos al Ministerio Fiscal".

Fechado el 19 de abril por el fiscal inspector Alonso Aya Onsalo, el informe remitido por el fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, recoge que, de entre los datos que se pueden hacer públicos debido al secreto de sumario todavía existente, el caso consta ya de 53 tomos y 18.367 folios, así como de numerosas piezas separadas.

Hasta la fecha, son al menos 20 los imputados y "la instrucción se dirige, al menos, sobre 12 líneas de investigación, lo que significa que pueden surgir otras nuevas, estando pendientes muchas de ellas de practicar nuevas diligencias, testificales o periciales". Con lo cual da por vivo un caso que en todos los mentideros jurídicos de la isla se entiende camino del archivo.

Y eso que, entre las imputaciones al alcalde, Francisco González, o a quien fuera su segunda de abordo en el PP y ahora en la oposición, Onalia Bueno, figura desde cohecho, por pagos irregulares de la constructora Grupo Europa a cambio de la adjudicación de un contrato de asistencia técnica a la empresa de viviendas del Ayuntamiento, hasta delito electoral, por compra de votos y empadronamientos inexistentes en las elecciones de 2003.

A la prevaricación, la malversación de fondos públicos, la omisión del deber de perseguir delitos, los delitos contra la ordenación del territorio y del medio ambiente, el tráfico de influencias y las negociaciones prohibidas a funcionarios o cargos públicos les ha salido en este caso un aliado esperado por todos los imputados como es el tiempo, aunque públicamente se quejen de ello: cuanto más pase, entre dilaciones indebidas y prescripciones, todo puede quedar en una conspiración de sus rivales políticos que no llegó a buen puerto judicial. Aunque las escuchas telefónicas dejen claro qué se tramaba en Mogán...

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