El juicio por el cobro de comisiones por parte de miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Ayuntamiento de Arrecife, una de las principales piezas del caso Unión, se celebrará entre el 2 de mayo y el 21 de junio de este año.

La sección sexta de la Audiencia provincial ha señalado 16 sesiones, de las que doce se celebrarán en Arrecife y las otras cuatro en Las Palmas de Gran Canaria.

El juicio arrancará el 2 de mayo en Arrecife y se han reservado los días 3, 4, 11, 15, 16, 17 y 18, así como el 18, 19, 20 y 21 junio. En Las Palmas se celebrarán las sesiones el 7, 8, 14 y 15 de junio.

Es una de las principales piezas de Unión, y se sentarán en el banquillo trece acusados: el exlíder del PIL Dimas Martín y el que fuera su mano derecha, Matías Curbelo, así como los exconcejales Ubaldo Becerra y Antonio Machín.

También se juzgará a los técnicos de Arrecife, Elena Martín, hija de Dimas Martín, Rafael Arrocha y Carlos Sáenz, estos dos últimos en prisión por otra causa del mismo caso. Seis de los acusados han reconocido los hechos.

El escrito de acusación de la Fiscalía es de junio de 2015. En él se piden penas de hasta 17 años para Dimas Martín por asociación ilícita, cohecho e inducción al cohecho, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, fraude a la Administración, información privilegiada y malversación, por considerar que era el cabecilla de una red de exigencia de comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL.

Al ex concejal de Urbanismo Ubaldo Becerra le piden la misma pena, aunque reconoció los hechos y devolvió parte del dinero defraudado. Hay otros once acusados y seis de ellos también han reconocido los hechos de los que se les acusa.

El funcionario del Cabildo Antonio Cárdenas se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel, el ex edil Antonio Machín a 14 y el ex asesor del PIL Matías Curbelo, a poco más de un año.

A Juan Francisco Rosa le piden dos años y tres meses de cárcel por presunta falsedad en documento público por simular la contratación de Dimas Martín para que le concedieran el tercer grado.

La Fiscalía provincial de Las Palmas ha confirmado este jueves que ha interpuesto un recurso contra el auto del juez Salvador Alba que anula la grabación inicial y otras tres del caso Unión, y que ha solicitado que se celebre una nueva vista con otro magistrado al “entender vulneradas las garantías procesales” por parte de Alba.

El juez Alba estimó en parte la solicitud de la defensa del empresario Luis Lleó, acusado del intento de soborno al exconsejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, para que desbloquease los permisos para una urbanización de más de 1.000 viviendas en la localidad de Playa Blanca (Yaiza).

En el recurso de la Fiscalía contra el auto de Alba, que decidió sobre las pruebas admitidas para el juicio, que se llevará a cabo mediante el sistema de jurado, se sostiene que la resolución del juez “no es ajustada a Derecho”. “En este momento procesal sólo se pueden anular las fuentes de prueba que sean nulas o ilícitas, lo que no es el caso”, recalca el Ministerio Fiscal.

Así, la Fiscalía subraya que “las grabaciones anuladas”, efectuadas por Espino al otro acusado, Fernando Becerra, que reconoció haber intervenido como intermediario de Lleó en el intento de soborno, “no vulneran derecho fundamental alguno, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

En ese sentido, el Ministerio Fiscal resalta que “no se ha producido una intromisión en una conversación ajena”, puesto que Espino participaba en las mismas, así como que por parte del exconsejero “no se provoca delito alguno” de los acusados y “no se utiliza engaño para conseguir una confesión sobre hechos ocurridos con anterioridad”.

Además, “no se hace referencia a datos íntimos o de la vida privada, y mucho menos de una persona que no participa en unas conversaciones que, por otra parte, han sido admitidas y ratificadas por sus interlocutores”.

“Quebranto en la garantía de imparcialidad del magistrado”

Para la Fiscalía, “en el auto recurrido se hacen afirmaciones que denotan un pre-juicio, lo que implica un quebranto en la garantía de imparcialidad del magistrado” Salvador Alba, que además es el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial designado para celebrar el juicio.

En el recurso de apelación de la Fiscalía también se recalca que por parte de Alba “se descalifica la instrucción” al contener su auto afirmaciones como que “este procedimiento no tiene razón de ser” o que “los documentos no pueden ser más irregulares”.

Del mismo modo, añade el Ministerio Fiscal, “se anticipan preguntas concretas del objeto del veredicto cuando todavía no se ha celebrado el juicio oral”, entre otras irregularidades.

“En el auto recurrido se confunde la nulidad de la prueba con su fiabilidad, se anulan fuentes de prueba que contaban con autorización judicial motivada, y se valoran dictámenes periciales caligráficos propuestos por la parte, pero que habían sido previamente desestimados por la propia Sección Sexta, en una resolución de la que fue ponente” el propio Alba y que, por lo tanto, “no estaban admitidos ni válidamente introducidos en el proceso”.

Esta noticia ha sido publicada en Diario de Fuerteventura

La Fiscalía de las Palmas recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el auto del juez Salvador Alba en el que anula como prueba las conversaciones grabadas entre Fernando Becerra, que ha confesado ser el intermediario de Luis Lleó, y el ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino en el caso Unión.

La Fiscalía considera que la anulación no debe tener influencia ni en la pieza separada que juzgará a Lleó por el procedimiento del Jurado ni en el resto de las piezas del caso Unión. Así lo reflejaba en la contestación a las cuestiones previas presentadas por Lleó.

En ese escrito en el que la Fiscalía contestaba a las alegaciones de Lleó, reunidas en 500 folios, el Ministerio Fiscal considera la anulación de esas conversaciones como muy poco probable, dibujando así el escenario, calificando de “remoto” el “supuesto en que el Ilmo. Magistrado (Salvador Alba) obviando la jurisprudencia recaída al respecto, obviando que las nulidades (todas) han sido desestimadas” por la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado de la pieza de Batllori, “obviando que el grueso de las alegaciones del escrito del acusado ya ha sido resuelto y desestimado por otras secciones de la Ilma. Audiencia Provincial, en fin obviando la realidad jurídica, tuviera la tentación procesal de emitir una resolución judicial acogiendo la ficción creada por el acusado reducida al silogismo consistente en apreciar un vicio invalidante capaz de generar la nulidad global de todo lo actuado”.

En ese caso, señalaba la Fiscalía, “en una disparatada interpretación” de que “la prueba obtenida” se consiguió “con violación de los derechos fundamentales”, hallaría “siempre el freno que representa la confesión del coacusado y colaboración con la Administración de Justicia, así como la denuncia y declaración testifical que da origen a este procedimiento del señor Espino”.

Lleó pretende que se anule todo el caso Unión si se anula la prueba original, siguiendo la doctrina de la conexión de antijuridicidad, mientras que la Fiscalía, e incluso el juez Alba en su auto, consideran que no se da esa conexión. La Fiscalía apunta que lo que dio origen al caso Unión no fue la grabación, sino la denuncia de Espino, y que la grabación corrobora esa denuncia. El juez instructor podía haber iniciado el procedimiento sólo con la denuncia, sin que hubiera grabación.

Por lo tanto, la anulación no contaminaría al resto de las pruebas obtenidas por otros medios. “No existe ficción ni mediática ni jurídica que elimine del procedimiento estos dos actos procesales (denuncia y confesión)”, señalaba el fiscal, que considera que la confesión “debe entenderse como la consecuencia de una decisión suficientemente informada y libre, producto de una opción entre las distintas que la situación le ofrece, y cuyas consecuencias debe asumir”.

La Fiscalía considera válida la grabación

La Fiscalía considera que la grabación es válida y que no hay vulneración de ningún derecho fundamental porque “no es preciso auto judicial para que un interlocutor grabe su conversación con otro interlocutor” y porque en esa conversación “no quiebra la intimidad del grabado porque lo hablado en dicha conversación captada por el señor Espino no afecta al núcleo íntimo del señor Becerra”.

“Es patente que la grabación no recoge un testimonio del que resulta la confesión de la autoría de un delito de cohecho ya perpetrado sino que la grabación recoge el soborno mismo, recoge el ilícito que se está cometiendo durante el transcurso de la conversación captada por uno de sus interlocutores”, añade.

Material probatorio “contundente”

Material probatorio “contundente”El fiscal considera que esa grabación “ha sido debidamente cotejada por la secretaria judicial”. Asimismo, la Policía científica realizó un estudio acústico y no observa “manipulación fraudulenta” ni indicios “asociados a una alteración voluntaria posterior al proceso de grabación del archivo de audio aportado”.

En todo caso, aunque se anularan las grabaciones, la Fiscalía cree que hay pruebas de sobra para calificar los hechos como delito: “El material recabado es tan contundente que no es siquiera preciso acudir a dicha grabación, siendo totalmente prescindible para rellenar el juicio de tipicidad del delito por el que se la ha acusado al señor Lleó”, señala.

El juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad, coacciones, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, ha entrado a saco en uno de los mayores casos de corrupción de Canarias anulando su prueba matriz: la grabación realizada de un encuentro entre un empresario y un político en la que se captó un intento de soborno a cambio de favores urbanísticos. La grabación se realizó a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras un primer encuentro en la cafetería Unión, de Arrecife de Lanzarote, dando lugar al conocido como caso Unión.

En un auto conocido este lunes, el magistrado ha excluido del juicio del caso Unión contra uno de los principales acusados, el empresario Luis Lleó, las grabaciones realizadas entre el denunciante, el exconsejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE), al otro acusado, el también empresario Fernando Becerra, quien confesó tras su detención el intento de soborno a Espino para desbloquear la urbanización Costa Roja, de más de mil viviendas en el sur de Lanzarote, promovida por Lleó. Todas las grabaciones se realizaron en el despacho del político socialista bajo la supervisión de la Guardia Civil y con autorización judicial.

La vista previa de esta pieza del caso Unión, para decidir sobre las pruebas que se tendrían en cuenta para el juicio, se celebró el 2 de febrero. El 23 de septiembre del año pasado, el juez Salvador Alba grabó a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas mientras discutían, entre otras cuestiones, sobre el caso Unión. Cuando un magistrado advierte que el principal acusado del caso Unión “está pillado por todos lados”, el juez Alba la replica: “Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí… ¡Cuidado!”.

En la conversación, grabada a sus compañeros que aportó el propio Alba a un juzgado en su denuncia contra Miguel Ángel Ramírez por haberle grabado maquinando contra la jueza Victoria Rosell, el juez dice que “el problema de Lleó” es que va a ser juzgado por un jurado y que “un jurado lo va a condenar seguro”. También dice que Luis Lleó “por lo visto ha cumplido seis meses” en prisión “preventiva” y sugiere que ha habido una oferta para que el acusado pague una “multa” y que no entre en la cárcel. La Fiscalía pide, en su escrito de acusación provisional, seis años de prisión para Lleó y una multa de un millón de euros.

En una resolución que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez Salvador Alba ha decidido excluir del juicio la grabación de la conversación, que se produjo el 5 de junio de 2008 entre Carlos Espino y Fernando Becerra, quien ha reconocido que intervino como intermediario de Lleó para intentar sobornar al político socialista con la intención de que desbloquease una urbanización de mil viviendas en Playa Blanca (Yaiza), cuya licencia había recurrido el Cabildo por tratarse de unos terrenos en los que no se podía construir. También ha decidido excluir otras tres grabaciones de conversaciones posteriores entre Espino y Becerra.

Según adelanta Canarias7, el juez Alba sostiene que “las grabaciones de las reuniones mantenidas” entre Espino y Becerra “no son admisibles como prueba”. En su resolución, destaca que la primera grabación, la del 5 de junio de 2008, “no fuera autorizada por resolución judicial”. En su opinión, se llevó a cabo “de forma preordenada” para “la obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía se podía cometer”. El juez decide su “anulación” por efectuarse “de forma subrepticia y teledirigida y no de forma espontánea”, y añade que la grabación tiene “cortes”. Para decidir la anulación de las grabaciones posteriores, el juez Alba argumenta que “sin duda se había generado una expectativa de privacidad en la persona grabada”, en referencia al acusado Fernando Becerra.

Para la Fiscalía, “un cohecho como un piano”

El fiscal Javier Ródenas destacó en la vista previa celebrada en la Audiencia Provincial en febrero que la investigación del caso Unión ha revelado la comisión de “un cohecho como un piano”. El fiscal insistió en que el origen del caso no es la grabación que ahora ha anulado el juez Alba, sino una denuncia presentada días antes por el exconsejero de Política Territorial del Cabildo. “Aún en el caso de que fuera ilícita esa prueba”, dijo Ródenas en referencia a la grabación, “el procedimiento probatorio no queda viciado”.

El fiscal también destacó que no existe un nexo entre las grabaciones anuladas por el juez Alba y las intervenciones telefónicas autorizadas por el primer instructor del caso Unión, el juez César Romero Pamparacuatro. Además, el fiscal Ródenas ha recordado que el otro acusado, el empresario Fernando Becerra, reconoció la veracidad de la grabación y no alegó ninguna vulneración de su intimidad. También subrayó que aquel audio es solo uno más que aporta veracidad al relato del denunciante.

Lleó, “un hombre de recursos”

El fiscal destacó del empresario Luis Lleó que era “un hombre de recursos”, en referencia a las numerosas impugnaciones efectuadas en el curso del procedimiento judicial. Hasta el momento, sólo había conseguido que prosperase uno de ellos, también en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que anuló las órdenes de registro y entrada a las oficinas de Lleó porque la fundamentación jurídica del auto pertenecía a otro procedimiento. Esta anulación echó por tierra dos informes de la Guardia Civil que implicaban a CajaCanarias, ahora integrada en Caixabank, por irregularidades en la concesión de créditos al empresario, y a dos jueces que lo asesoraron para evitar el pago de impuestos. Uno de ellos era Ángel Aguallo Avilés, entonces letrado del Tribunal Constitucional, que también asesoró al margen de la ley a Iñaki Urdangarín.

El abogado y empresario Luis Lleó, principal acusado en la mayor trama de corrupción política y empresarial de Canarias por número de delitos y piezas, el caso Unión, ha gastado una de sus últimas balas para intentar anular las pruebas que lo incriminan en el intento de soborno a Carlos Espino, consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote en el momento de los hechos, para desbloquear un proyecto de urbanización que el ahora encartado promovía en el sur de la Isla.

Este jueves se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria la vista sobre las cuestiones previas, la antesala del juicio oral. El acto ha estado presidido por el polémico magistrado Salvador Alba, que juzgará a Lleó y a Fernando Becerra (el otro procesado) por el procedimiento de tribunal de jurado, salvo que sea apartado si antes prospera alguna de las acciones penales o disciplinarias que en su contra se tramitan en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por maquinar una declaración junto a un empresario investigado para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell.

La decisión que adopte Alba sobre las cuestiones previas planteadas este jueves por las partes y, en especial, sobre la solicitud de la defensa del principal acusado para anular determinadas pruebas, será clave para el devenir del juicio de esta pieza, la que dio origen al caso Unión. Ya lo advirtió el propio juez en la conversación que mantuvo el pasado 23 de septiembre con sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial en el office del tribunal, una charla que grabó y que presentó a un procedimiento judicial. “Espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí… ¡Cuidado!”, advertía Alba a otro magistrado que veía a Lleó “pillado por todos lados”. “El problema de Lleó es que es un jurado. Y un jurado lo va a condenar seguro”, aventuraba Alba en esa grabación.

Más de 500 folios y documentos anexos

El extensísimo escrito de cuestiones previas redactado y presentado por Lleó superaba los 550 folios y los 500 documentos anexos. El letrado que ejerce su defensa, Manuel Matamoros, ha centrado su intervención de este jueves en abordar aquellos puntos del escrito que, en su opinión, tienen “fundamento” y ha descartado aludir a buena parte de los argumentos esgrimidos por su cliente. Aún así, su exposición se ha extendido durante un periodo de casi dos horas. Alba le ha interrumpido en dos ocasiones para pedirle que finalizara su alegato.

“Podríamos dar una impresión paranoica, pero hemos procurado defendernos con lealtad al proceso”, ha reconocido Matamoros en relación a la extensión de las cuestiones previas y a la gran cantidad de recursos que ha presentado su cliente desde que diera comienzo el procedimiento. La defensa de Lleó ha continuado con su estrategia de intentar desacreditar la instrucción del juez César Romero Pamparacuatro, la actuación del Ministerio Fiscal y la “ineficiente” investigación de la Policía Judical y ha llegado a hablar de “filibusterismo procesal”.

Para Manuel Matamoros, durante el procedimiento se han cometido irregularidades graves que han vulnerado derechos fundamentales de su representado. La primera alegación hace referencia a la grabación realizada el 5 de junio de 2008 de una reunión entre Carlos Espino y Fernando Becerra, el empresario que ejerció de intermediario en el intento de compra al entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y denunciante del caso. La defensa de Lleó considera que esta prueba no es válida porque se realizó sin autorización judicial, a instancias de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que habían recibido la denuncia de Espino unos días antes. “Se ideó un plan para intentar reproducir hechos que habían tenido lugar hace dos semanas (el primer encuentro entre Espino y Becerra) No se adivina la razón de urgencia para realizarlo”, aseveró Matamoros.

Becerra ha reconocido durante la instrucción (también hoy su defensa, ejercida por Ubaldo González) que se reunió con Espino a instancias de Luis Lleó para ofrecerle dádivas a cambio de que retirara las acciones judiciales que había interpuesto contra las licencias concedidas de forma ilegal por el Ayuntamiento de Yaiza al promotor inmobiliario y desbloqueara así el proyecto para la construcción de unas mil viviendas en Costa Roja. Para la defensa del principal acusado, la grabación realizada por Espino vulneró el derecho a la intimidad y a no declarar contra sí mismo del empresario que ejerció de intermediario.

Lleó considera que fue esa primera grabación la que motivo la intromisión en las comunicaciones de los imputados, por lo que también reclama la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas a posteriori. “No se pretende reponer los derechos del señor Becerra, sino que mi representado se defienda de una prueba obtenida indebidamente”, ha manifestado su abogado.

También pretende eliminar las escuchas realizadas a raíz de la primera prórroga decretada por César Romero Pamparacuatro, puesto que ese auto está firmado en una fecha en la que el magistrado se encontraba de permiso por vacaciones, según una certificación que obra en el sumario. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) ya se pronunció a este respecto al no admitir una querella presentada contra el juez por la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, curiosamente personada como acción popular en esta pieza.

El abogado de Lleó, Manuel Matamoros, ha aprovechado la vista de este jueves para arremeter contra esa decisión “sin precedentes” del alto tribunal canario y contra el auto dictado “por vía telepática” por Pamparacuatro. Para ello se ha apoyado en una resolución firmada por el juez Salvador Alba en enero de 2013, previa a la del TSJC. Ese escrito señalaba que el juez mantiene la jurisdicción y las competencias durante el periodo de vacaciones, salvo que otro magistrado le sustituya, en cuyo caso “podría tener incidencia en la validez de las resoluciones dictadas”.El abogado y empresario acusado de cohecho se agarra a esa coletilla para intentar tumbar la acusación de la Fiscalía, que solicita para él una pena de seis años de cárcel por un delito de cohecho.

Matamoros ha impugnado además como pruebas los soportes que contienen las grabaciones realizadas por los agentes de la policía judicial de las conversaciones entre los procesados. Alega falta de autenticidad e integridad.  Defiende que algunos audios han sido manipulados, que no se ha respetado la cadena de custodia y que durante el primer año de instrucción no fueron amparados por la fe pública del anteriormente llamado secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia. También exige la retirada de tres escrituras públicas ante la sospecha de que pudieran haber sido obtenidas tras el registro a las oficinas y al domicilio de Lleó, una orden que fue anulada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que forma parte Alba. Con esta anulación, dejó de tener validez un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implicaba a dos jueces que asesoraron al empresario para evitar el pago de impuestos.

En cambio, Matamoros ha pedido la incorporación como prueba en el juicio oral de un CD con la grabación de un encuentro entre Lleó, Espino y Becerra (la transcripción de la conversación sí consta en autos) que, a juicio del abogado del principal encartado, ofrece un relato sobre los intereses urbanísticos del promotor que “nada tiene que ver” con los que expone la acusación.

“Un cohecho como un piano”

El fiscal Javier Ródenas ha agradecido al abogado Manuel Matamoros la “moderación” mostrada en su exposición de este jueves en contraposición con el documento de cuestiones previas firmado por Luis Lleó, para quien “todo es delictivo, salvo que se demuestre lo contrario, menos lo suyo”.

El representante del Ministerio Público ha afirmado no compartir la “visión apocalíptica” sobre la instrucción dibujada por el letrado de la defensa y ha precisado que en su intervención omitió un dato clave, que el origen de las diligencias previas no es la grabación del encuentro entre Becerra y Espino, sino la denuncia presentada días antes por el exconsejero de Política Territorial del Cabildo. “Aún en el caso de que fuera ilícita esa prueba, el procedimiento probatorio no queda viciado”, ha afirmado Ródenas, que no encuentra nexo causal entre la solicitud de anulación de esa grabación y la de las intervenciones telefónicas aprobadas con posterioridad. En este punto, el fiscal ha recordado que el coacusado (Becerra) reconoció la veracidad de la grabación y no alegó ninguna vulneración de su intimidad y que aquel audio es solo uno más que aporta veracidad al relato del denunciante.

Por otra parte, remarca que la grabación de esa reunión del 5 de junio de 2008 es la confirmación de un delito y no la confesión de unos hechos ilícitos cometidos con anterioridad y precisa que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad de Becerra porque se habló “de algo punible, no de algo íntimo”. “Es un cohecho como un piano”, ha sentenciado.

Con respecto a la supuesta falta de jurisdicción de César Romero Pamparacuatro a la hora de dictar el auto que autorizaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la prórroga de las escuchas, Javier Ródenas ha aludido a la resolución del TSJC que no aprecia “ningún atisbo de delito” en la actuación del juez y a otros dos autos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que concluyen que el juez instructor nunca pierde la jurisdicción y competencias.

Sobre la falta de respeto a la cadena de custodia, ha recordado que todos los motivos de impugnación presentados durante la instrucción a este respecto fueron desestimados y que los “latidos procesales” que dieron origen a las diligencias han sido avalados por el Supremo. “Ni se fabricaron resoluciones judiciales ni hubo falta de control, todo ha sido validado por el Supremo”.

Por otra parte, Ródenas ha recordado que ni en los juzgados ni en las dependencias de la Guardia Civil se ha encontrado el CD de la reunión entre Lleó, Espino y Becerra reclamado como prueba por la defensa del promotor inmobiliario, aunque sí la transcripción de esa conversación. “No es un capricho, no se puede incorporar lo que no existe”, ha aseverado el fiscal. Aunque ha lamentado que se haya extraviado el soporte de grabación, no entiende que se quiera hacer ver ese audio como el “talismán que probaría la inocencia” del principal procesado.

“La careta” de la Jiménez de Asúa

Durante su intervención en la vista de este jueves, el representante del Ministerio Público ha instado a la Asociación Jiménez de Asúa, autora de la querella inadmitida por el alto tribunal canario y acción popular en la causa, a “quitarse la careta” y explicar las verdaderas razones de su personación. José Antonio Zambrano, abogado de ese colectivo de juristas en esta pieza del caso Unión, ha asegurado que no tiene “nada que ver” ni con Lleó ni con Becerra y que su único interés es “la defensa de la legalidad y de las garantías del proceso”.

El letrado ha admitido que el hecho de haber formulado una querella contra el juez César Romero Pamparacuatro obedece al auto dictado por el juez Alba el 8 de enero de 2015, el mismo al que se agarra Lleó. “No somos caballos de Troya, no tenemos intereses espurios”, ha insistido el representante de la Jiménez de Asúa, que se ha sumado a la petición de nulidad de la defensa en relación a ese auto de Pamparacuatro y se ha adherido al escrito de acusación del fiscal en el resto.

Además ha anunciado que si el auto de inadmisión de la querella se convierte en firme, se apartarán de la causa.

“Creo que es incompatible que la asociación que ha interpuesto una querella contra el juez instructor se adhiera al escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Es inconciliable”, ha concluido Javier Ródenas, que ha calificado de “malabarismos” los “esfuerzos dialécticos” de la Jiménez de Asúa para justificar su posición en esta causa.

La sentencia del Supremo sobre la pieza Proselan del caso Unión, cuyo ponente es José Manuel Maza Martín, desestima 28 de los 29 motivos de recurso presentados por tres de los condenados (el interventor Carlos Sáenz; el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández), ya que el ex concejal José Miguel Rodríguez, recientemente fallecido, no recurrió el fallo de la Audiencia Provincial. Los tres condenados deberán ingresar en prisión y dos de ellos, Sáenz y Arrocha, no podrían ejercer ningún empleo público durante ocho años.

El argumento que se estima por el Tribunal Supremo es de la defensa de Carlos Sáenz, que impugnó la individualización de la pena llevada a cabo por la Audiencia. Sáenz consideraba que se le debía aplicar una pena de un año y medio, pero el Supremo admite una rebaja, y fija la pena en cuatro años y medio.

La decisión del Supremo se basa en la aplicación del nuevo Código penal, en su apartado tres del artículo 77, que establece que cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro “se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada delito”.

Lo que no se estima para rebajar la condena es la aplicación de las dilaciones indebidas en el procedimiento. El Tribunal Supremo considera que “no concurren los elementos fácticos para considerar la referida atenuante de dilaciones indebidas” ya que es una pieza separada del caso Unión “cuya complejidad derivó precisamente en la formación de la misma y de otras piezas separadas”.

“Concretamente la que da lugar a estos autos se desgaja de la causa principal, tal y como relata el Tribunal a quo, en agosto del año 2012, dirigiéndose el procedimiento contra el recurrente el 25 de marzo de 2013, tomándosele declaración el 29 de mayo del mismo año. A partir de ese momento, tal y como señala la resolución recurrida, no se advierten dilaciones en la tramitación de la causa, compleja sin duda y que exigió la práctica de múltiples diligencias”, dice la sentencia.

El Supremo añade que “es la complejidad de la causa, que derivó en la formación de diversas piezas separadas, la que justifica la ralentización de ciertos trámites procesales, pero más allá de dicha ralentización, no se observan, en la tramitación, dilaciones que merezcan los calificativos de extraordinarias e indebidas”.

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El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel al interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, al exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y al empresario José Daniel Hernández, por el caso Proselan.

La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó en enero pasado a cinco años y tres meses de prisión a Sáenz, Arrocha y Hernández, así como a nueve años de inhabilitación. El Tribunal Supremo establece en ocho años y un día la inhabilitación absoluta para empleo y cargo público.

En el juicio del caso Proselan se acreditó el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por la empresa Proselan en concepto de trabajos de electricidad al Ayuntamiento de Arrecife, que no se llevaron a cabo.

Tanto el interventor de Arrecife como el exjefe de la Oficina Técnica municipal fueron condenados por la Audiencia por delitos continuados de malversación de caudales públicos y de prevaricación.

La sentencia del Supremo establece que la condena es por delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación, y además delito de falsificación en documento mercantil en el caso de José Daniel Hernández.

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Ya son cuatro las sentencias del caso Unión y en ninguna se ha anulado nada. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha avalado la instrucción, hasta ahora, y han sido muchos los intentos de las defensas a lo largo del procedimiento para lograr que los casos no siguieran adelante.

Ahora le ha tocado el turno a la pieza de las comisiones de miembros del PIL en Arrecife, cuya instrucción ya ha finalizado y en la que tan sólo queda fijar la fecha del juicio, que probablemente no se celebre antes del año 2018.

Dos secciones de la Audiencia Provincial acaban de resolver recursos de los acusados y dan vía libre ya a la vista oral. En un auto, la Sección sexta desestima la pretensión del acusado Rafael Arrocha de que declaren como testigos el primer instructor del caso, César Romero Pamparacuatro y el secretario judicial. La Audiencia considera que esa medida no es pertinente. Por su parte, la Sección primera, en un auto de Miguel Ángel Parramón, también avala la última parte de la instrucción, de la juez Silvia Muñoz.

La defensa del exconcejal de Arrecife, Antonio Machín, ejercida por Juana Fernández de las Heras, había solicitado que se anulase el auto de apertura de juicio oral y que se suspendiera el plazo para presentar el escrito de defensa. Alegaba que no había tenido acceso a las piezas de convicción ni a las grabaciones de las conversaciones telefónicas incluidas en la causa. La Audiencia considera que se trata de una maniobra para dilatar el procedimiento y que los argumentos de la juez y el fiscal son “ejemplares”.

La juez dio cuatro meses a los acusados para que aportaran un USB y señalaran qué partes querían obtener de las grabaciones originales por lo que “no puede desplazarse indefensión cuando un mero acto de parte le permite obtener lo que demanda”. Además, en las actuaciones está el listado y registro informático íntegro de las piezas de convicción que previamente fueron detalladas tal y como ordenó la instructora.

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El juez Salvador Alba ha aportado en sede judicial una grabación que recoge una charla de los magistrados que conforman la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre varios procesos en curso, entre ellos el denominado caso Unión, la mayor trama de corrupción del Archipiélago. El audio, de 24 minutos de duración, incluye la conversación de Alba con el también magistrado Carlos Vielba en el despacho de este, en la que ambos departen sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con el empresario Miguel Ángel Ramírez para poner fin a las acusaciones cruzadas que se han lanzado desde que se divulgara el contenido de una grabación en la que se les escucha conspirar contra Victoria Rosell, magistrada en excedencia y diputada de Podemos en el momento de los hechos.

La reunión de los cuatro magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas –Salvador Alba, Emilio Moya, Carlos Vielba y José Luis Goizueta– se desarrolla el pasado 23 de septiembre en el office de este tribunal, situado en la quinta planta de la torre tres de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Es Alba quien graba.

La conversación entre los jueces gira sobre varios procedimientos judiciales hasta que se detiene en el nombre de Luis Lleó, abogado, empresario y el principal encartado en el caso Unión, una trama en la que llegaron a estar imputadas más de 130 personas en la isla de Lanzarote. En el año 2008, Lleó intentó sobornar a Carlos Espino, denunciante del caso y entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, para desbloquear una promoción de mil viviendas en la zona turística de Playa Blanca que incumplía el planeamiento insular.

Salvador Alba ha sido designado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para presidir el tribunal de jurado que juzgará a Lleó, a quien la Fiscalía le pide una pena de seis años de cárcel y una multa de un millón de euros. En la conversación entre los cuatro magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas es Alba quien lleva la voz cantante e insinúa que el procesado está intentando llegar a un acuerdo con el Ministerio Público para conformarse con pagar la multa y evitar el ingreso en prisión.

Debido a la imposibilidad de reconocer plenamente la identidad de dos de las voces que intervienen en el diálogo, nos referiremos a ellos como Magistrado 1 y Magistrado 2:

Magistrado 1: ¿Y Lleó? A mí que arreglen lo de Lleó me parece increíble. Lleó, con todo lo que ha recurrido, con todas las cuestiones previas...

Magistrado 2: Tenemos un contencioso tú y yo con Lleó.

Salvador Alba: Vamos a ver, el tema de Lleó...

Magistrado 1: Está pillado por todos lados.

Salvador Alba: Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí... ¡Cuidado!

Magistrado 1: La Audiencia ha resuelto todo.

Salvador Alba: El problema de Lleó es el siguiente. Que es un jurado. Y un jurado le va a condenar seguro.

Magistrado 1: ¿A un corrupto denunciado por ética? Le van a dar hostias por todos lados.

Salvador Alba: Y por lo visto ha cumplido seis meses en preventiva. Así que...

Magistrado 1: Ya, ya, ya, ya...

Salvador Alba: Osea, lo que ofrece es pagar la multa, básicamente. La oferta que le ha hecho es pagar la multa y ya está. La prisión ya está cumplida. Seis meses y no entra en prisión.

Magistrado 1: Pero está implicado en más cosas, ¿eh? Tiene más causas por ahí.

Magistrado 2: Creo que no. 

Magistrado 1: ¿En Unión no hay ninguna pieza más?

Magistrado 2: : Me parece a mí que no.

Magistrado 1: : En Unión puede estar medio Lanzarote.

Salvador Alba: Entonces, son esas dos cosas las que tienes que guardar.

Magistrado 1: Claro, sí, sí.

Salvador Alba: Que es un tribunal popular y te están dando una salida y que la salida que te ofrecen es cero patatero. Osea, no entras en prisión. Y, claro, si entra en juicio pues se la juega. De todas maneras, esas cuestiones previas van a durar...

Magistrado 1: En Unión tu verás que va a haber gente que se va a conformar, ¿eh?

Salvador Alba: Ya hay conformados...

Magistrado 1: Ya hay uno, ya hay uno.

Salvador Alba: Hay más, hay más.

Magistrado 2: Aunque viendo cómo respira el Supremo, igual no se conformaría... (inaudible)  Y cuando habla del caso Minutas (causa por la que fue condenado el abogado y expresidente del Sevilla José María del Nido) dice que para este caso no se va a aplicar.

En ese momento, la conversación entre los magistrados se desvía hacia los honorarios de determinados abogados. “Cobra en pisos y en coches”, llega a decir uno de ellos en el diálogo que recoge la grabación.

Alba aportó los nuevos audios, con copia a las partes, tras prestar declaración este miércoles ante Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la causa que se instruye a raíz de su denuncia contra Miguel Ángel Ramírez, a quien acusaba inicialmente de los delitos de descubrimiento de secreto, falsedad, calumnias, injurias y coacciones.

En su comparecencia de esta semana, el magistrado ha reducido su acusación a un único delito de fraude procesal. Alba no ha aportado las pruebas (mensajes de whatsapp, correos electrónicos y registro de llamadas) que demostrarían que fue presionado para archivar la causa contra el empresario por delitos contra la Hacienda Pública.

El audio incorpora en su parte final un diálogo entre Salvador Alba y Carlos Vielba en el despacho de este último. Se trata del único fragmento que puede guardar algún tipo de relación con la causa en la que el juez intenta presentar la grabación como prueba, en su denuncia contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.

Vielba se había reunido unos días antes con Ramírez para intentar mediar en el conflicto entre el empresario y su compañero y le había propuesto un acuerdo extrajudicial para enterrar las hostilidades. En la grabación aportada a Rafael Passaro se escucha cómo Alba se interesa por las condiciones de este acuerdo y su colega le plantea un encuentro en la casa de Ramírez “en bañador” para que no se puedan registrar las conversaciones. En ese momento la Guardia Civil aún no había emitido el informe pericial en el que se descubriría la grabación completa que se escondía en la papelera del dispositivo usado por Ramírez.

Salvador Alba: Si yo quisiera ver a este (Miguel Ángel Ramírez), ¿te explicó cómo sería o no?

Carlos Vielba: Sí. Nosotros tres, si queremos en una piscina.

Salvador Alba: En una piscina, ¿dónde?

Carlos Vielba: En su casa del sur.

Salvador Alba: En su casa del sur.

Carlos Vielba: Me jura y asegura que no va a hacer nada.

Salvador Alba: Es que que me jure y me asegure que no va a hacer nada...

Carlos Vielba: No, pero estando yo presente, ¿qué puede hacer? Vale, sí, graba, estamos los tres.

Salvador Alba: Bueno, sí, ya. Desde luego yo ya evidentemente me cortaría un pelo.

Carlos Vielba: Dice él: “¿Me llama como testigo el TSJC, por ejemplo? Pues tengo que ir a Miami”. Claro, porque esto en seis meses se acaba. Este tiene contactos en todos lados. De repente la pericial pues no aparece o se retrasa. Eso decídelo tú solo, no se lo digas ni a Tere (la mujer de Alba) siquiera. Lo decides tú solo para que no te caliente nadie la cabeza.

Salvador Alba: ¿No te dijo nada de lo que pide, no? No te dio la clave. La clave, ¿qué es la clave?

Carlos Vielba: No, la clave es poner trabas a todo. Él la pericial la puede parar, seguro que la puede parar.

Salvador Alba: ¿Qué pericial?

Carlos Vielba: La de la Guardia Civil.

Salvador Alba: Esa yo quiero que salga, tío.

Carlos Vielba: ¿Para qué?

Salvador Alba: ¿Cómo que para qué? Para que se vea que eso está cortado.

Carlos Vielba: Cortado ya está.

Salvador Alba: No hay original. Que lo diga la Guardia Civil. Él ya lo ha dicho.

Carlos Vielba: Yo se lo dije a él. ¿Tú tienes el original? “El original yo lo hice trizas”.

Salvador Alba: Pero una cosa es que lo diga él...

Carlos Vielba: (inaudible)... y otra cosa es que quiera hacer sangre. Porque él lógicamente el dispositivo no tenía por qué borrarlo. Porque una vez que lo borra, dice: pues ya...

Salvador Alba: Evidentemente. Además, borrarlo... Borrarlo con garantías de que no lo va a sacar alguien. Porque tú sabes que si yo voy a borrar algo, eso, y mañana voy...

Carlos Vielba: No es que esté borrado, es que el dispositivo se lo cargó.

Salvador Alba: Eso es otra cosa.

Carlos Vielba: Es imposible sacar nada porque lo pisoteó.

Salvador Alba: Eso es otra cosa. O si lo machaca. Yo es que pensaba que era un dispositivo nuevo, el tío trae uno nuevo y dice: “Con este es con el que grabé y aquí no hay nada”.

Carlos Vielba: Él me asegura que no. Además había otra persona presente, osea que no. Éramos tres. Me ha dicho que se lo ha cargado, que no se puede sacar nada.

Salvador Alba: Claro, pero otra cosa es que él vaya y diga, -que ni siquiera lo ha dicho bajo juramento, porque no se le tomó juramento, hizo una comparecencia y además espontáneamente-, por cierto, que del dispositivo original yo lo borré. Y otra cosa es que la Guardia Civil diga: Aquí no hay original. Por tanto, estamos analizando que en una copia no podemos saber si esto era más largo, si esto era más corto... A mí me interesa, porque con esa memoria me voy al TSJC y digo: Mire usted, archiven esto. Eso es lo que yo quiero hacer. Que él, en el procedimiento de Vicky (Rosell) o en la denuncia que yo le he puesto en el juzgado de instrucción quiere hacer eso y darle largas y decir: “Bueno, es que no sé, es que tal, que cual...” A mí a través del abogado, osea, el abogado de él y el abogado mío hablaron para ver si, en fin, si yo retiraba la denuncia en el juzgado de instrucción, de manera que este no hiciera sangre y tal. Y de hecho fue cuando él llegó y dijo lo de: “El original lo borré”. Pero con todas estas cosas, lo que quiero es que se acabe cuanto antes lo de la Guardia Civil y a tomar por saco (...) Bueno, ¿y tengo plazo para eso o..?

Carlos Vielba: No.

Salvador Alba: Lo meditaré.

Carlos Vielba: Dictaré una providencia para que en el plazo de tres días se manifieste (Risas). 

Salvador Alba: No, coño, pero yo qué sé, le tengo que dar vueltas, joder, porque si yo me huelo que va a salir ya...

En ese momento una tercera persona interrumpe la conversación, que prosigue segundos después de la siguiente forma:

Salvador Alba: Claro, si yo me entero que esto está a punto de salir, de llegar el informe de la Guardia Civil, pues claro... Vamos a ver, la Guardia Civil lo ha retrasado esto. Se mandó en junio, en julio, y al mes, que tú dices “ya va a salir”, la Guardia Civil dijo: “Mire, que llamen a Ramírez y pregunten cuántas grabaciones hizo, en qué fechas las hizo y cómo fue el dispositivo de la copia, el pen drive y tal”. La otra citó a Ramírez y le dijo: “No me acuerdo, la fecha no me acuerdo, no sé, yo llegué allí, corté cuando entró Emilio Moya...” Mentía, miente como un bellaco. Vale, lo manda a la Guardia Civil. Pasa el verano. Y dices tú: “Ya tiene que estar aquí”. Llega otro Guardia Civil y dice: “Mire, mándeme los otros dos informes periciales, el de Ramírez y el de Salvador”. Y eso se lo mandaron la semana pasada. Ahora sólo falta que cuando llegue finales de septiembre lleguen y digan: “Sí, sí, sí”. Entonces voy a empezar a creerme lo que tú me estás diciendo. Y es que este retrasa eso todo lo que le da la gana. Pero no es normal. El perito mío lo hizo... ¿Qué tardó el perito mío en hacerlo? Pues diez días, doce días. Un perito. No te estoy hablando de criminalística de la Guardia Civil, que supongo que tienen que tener medios para aburrir. Pero bueno, ya te digo.

La instrucción de todas las piezas del caso Unión ya va llegando a su fin. Tan sólo quedaban dos piezas: la que investiga el patrimonio de Dimas Martín y la llamada operación Jable, relacionada con el Ayuntamiento de Arrecife y dos grandes empresas: Urbaser y FCC. Ahora ya sólo queda una. En esta última pieza ya hay escritos de acusación, entre ellos el de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística. Falta el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Con el cierre de la instrucción, tan sólo falta que se fijen las vistas orales de los juicios pendientes. Quedan por juzgarse la pieza de la casa de Los Rostros, que estaba prevista para este mes de noviembre y que se ha vuelto a posponer, por quinta vez, al mes de febrero; el juicio por el procedimiento del Jurado del soborno de Luis Lleó a Carlos Espino, que dio origen a la investigación y que se ha retrasado ya más de tres años desde que se conoció la acusación de Fiscalía en el año 2013, y queda por fijar la fecha de la otra pieza que acumula mayor número de imputados: las comisiones ilegales de miembros del PIL en Arrecife, de la que aún no se sabe cuándo será la vista oral a pesar de que la instrucción finalizó a principios de año.

Transparencia Urbanística, en la pieza de la operación Jable, pide que se sienten en el banquillo 17 personas, y dos más como participantes a título lucrativo, que supuestamente se habrían beneficiado de los delitos cometidos. Solicita penas que van desde los 22 años de prisión para la exalcaldesa Isábel Deniz y el exjefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, hasta penas que no comportan cárcel, como el año de multa que se solicita para tres de los administradores de la sociedad Gamma Install: el actual presidente del Casino Club Náutico, Julio Romero y los ingenieros Rafael Corujo y Daniel Hernández.

La acusación se divide en tres partes. La primera tiene que ver con el contrato de la basura, la segunda con el de parques y jardines, y la tercera con el pabellón de Argana. Déniz y Arrocha están implicados en las tres y les piden ocho, ocho y seis años de prisión, respectivamente. El otro encausado que estaría implicado en las tres tramas es el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, al que le piden una pena que suma 19 años.

Los directivos de Urbaser, que fueron detenidos durante la operación, estarían implicados en dos tramas y les piden 16 años de cárcel en total. Se trata de Stephan Jean Balverde, Francisco Martínez Llerandi, Santiago Alonso, Manuel Martínez y el gerente de la empresa en la Isla, Jacinto Álvarez. A Dimas Martín y Matías Curbelo les piden ocho años de prisión a cada uno de los dos, por su participación en la primera de las tramas, al igual que al ex secretario de organización del PSOE y funcionario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Leal.

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Por quinta vez se ha suspendido el juicio contra Dimas Martín por las obras en su casa de Los Rostros (Yaiza), en suelo rústico y sin los permisos oportunos. El juicio estaba fijado para este miércoles en el Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife.

Sin embargo, la vista oral se ha vuelto a posponer, en esta ocasión por una operación de su abogado, Manuel González Peeters. La nueva fecha para el juicio es el 8 de febrero del próximo año.

El juicio ya se ha pospuesto en cinco ocasiones, después de que se fijara para diciembre del año pasado y para enero, marzo, septiembre y noviembre de este año. La última vez se aplazó por el caso Noós ya que el abogado de Dimas Martín, Manuel González Peeters, es también el abogado de Diego Torres, el exsocio de Urdangarín.

Dimas Martín se enfrenta a la petición por parte de la Fiscalía de dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, así como a una multa de 12.000 euros y a la inhabilitación para promover obras.

Según el escrito de acusación, Martín, entre marzo y mayo de 2009, llevó a cabo obras de transformación del suelo y de ampliación de la casa sin licencia de obras ni calificación territorial.

Las obras de la casa fueron denunciadas, pero la pieza nace del caso Unión, ya que los pinchazos telefónicos a Martín no sólo revelan las obras que se estaban haciendo sino también los intentos por evitar la sanción o la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento de Yaiza.

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La jueza Silvia Muñoz ha rechazado el recurso de la defensa de Dimas Martín en la pieza del caso Unión relacionada con el cobro de comisiones ilegales a Urbaser o la construcción del pabellón de Argana, que se conoció como operación Jable. En un auto, la jueza cuestiona el tono del recurso y su más que “reprochable exceso literario” en forma “de sorna”.

Dimas Martín está investigado en este procedimiento por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y uso de información privilegiada.

La jueza señala que el recurso de Martín se centra en mantener que era ajeno a los hechos imputados y “su negada condición de líder político”, para a continuación “realizar una interesante comparativa con Mariano Rajoy Brey o Felipe González Márquez, a la sazón, también líderes políticos”.

La instructora del caso Unión censura que la defensa de Martín considera a los restantes investigados como “invitados a permanecer en la cuita” o que manifieste que el fundador del PIL ha sido “colocado con calzador, es decir, de manera forzada e infundada, para variar, pues parece que el colocar a uno u otro en la cuita, depende de la adscripción política a la que pertenezca”. “A unos se les da pábulo y a otros no”, cita la jueza del recurso.

Para la instructora del caso Unión, las expresiones de la defensa de Dimas Martín, que ha sido ejercida por el letrado Manuel González Peeters, también abogado del ex socio de Urdangarín en el caso Noós, “resultan cuanto menos poco adecuadas para dirigirse a un tribunal siendo más próximos al sarcasmo que a una estudiada reflexión jurídica, pese a la seriedad que debe imperar una intervención en un procedimiento judicial como el que nos ocupa”.

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La jueza del caso Unión, Silvia Muñoz, ha vuelto a imputar a Miguel Ángel Leal, trabajador del Ayuntamiento de Arrecife y exdirigente del PSOE de Lanzarote, en el mismo auto en el que ha decidido el archivo de la causa para el empresario Francisco Armas.

La jueza dictó el 21 de marzo un auto en el que dio por concluida la investigación relacionada con el cobro de comisiones y la alteración de la adjudicación de la recogida de basura en Arrecife a la empresa Urbaser, y con la adjudicación y construcción del pabellón de Argana.

En el citado auto, acordó el sobreseimiento provisional y parcial de la causa para un directivo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Marco Aurelio Hernández Guerra, y para Miguel Ángel Leal. Sin embargo, tomando como base el criterio de la Fiscalía y de la asociación Jiménez de Asúa, ha vuelto a imputar a Leal.

La defensa de Leal argumentó que “el único elemento” en el sumario para sostener su “implicación” eran declaraciones de otros investigados sobre su presunta participación en la trama de comisiones ilegales de Urbaser. Para su defensa, esas declaraciones no son “prueba suficiente cuando no resultan ratificadas con otros elementos probatorios”.

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Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera… ni a la cuarta. La última sentencia de una pieza del caso Unión, la relacionada con la celebración de varios conciertos en el Teatro insular sin tener licencia, también ha avalado la instrucción judicial del caso, iniciada por el juez César Romero Pamparacuatro.

El caso ha sido cuestionado en todas las piezas, tanto en la instrucción como en el juicio, solicitando por parte de las defensas de los acusados la nulidad de varias actuaciones, desde los pinchazos telefónicos hasta los autos de entrada y registro en algunos domicilios, las detenciones, la adopción del secreto de sumario o las prórrogas de todas esas actuaciones.

Sin embargo, con la sentencia del Teatro, dictada por el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife, ya son cuatro los órganos judiciales que han avalado la instrucción con sus sentencias. La primera sentencia fue del Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. No se llegó a juicio porque admitió los hechos y se conformó con una pena de seis meses de cárcel, que cumplió.

Las dos siguientes fueron por parte de la Audiencia provincial de Las Palmas en el llamado caso Proselan y en la pieza relacionada con Francisco Rodríguez Batllori. En este último caso, la instrucción también la dio por buena el Tribunal Supremo, aunque rebajó las penas que había dictado la Audiencia.

La última sentencia es del Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife. En este caso, también ha habido sentencia condenatoria para los tres acusados, Rubén Placeres, Enrique Pérez Parrilla y Ubaldo Becerra, por permitir que se celebraran dos actuaciones sin licencia autorizando de forma verbal esos conciertos y comprometiéndose, unos, a abrir, y el tercero a no enviar a la Policía Local. El Teatro se abrió a pesar de que los tres cargos públicos eran conscientes de que existían unas anomalías en materia de seguridad, así como informes contrarios a su apertura.

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La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite una querella contra el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, Rafael Lis, por falsedad documental, prevaricación judicial y retardo malicioso de la administración de justicia.

Los hechos que se van a investigar están relacionados con el caso Unión y con otro procedimiento, instruido por Lis, por la desaparición o presunto robo de autos relevantes dentro del caso Unión, que fue denunciada por el primer juez instructor de ese caso, César Romero Pamparacuatro. El instructor de la querella será el magistrado Francisco Javier Varona Gómez-Acedo

La querella se presentó el pasado mes de enero por parte del ex secretario del Juzgado número 5 de Arrecife, que llevó la instrucción del caso Unión, José Ramón Vera. Este secretario judicial fue objeto de dos querellas presentadas por uno de los principales imputados, Luis Lleó, a quien se le piden seis años de cárcel por cohecho. Las querellas no fueron admitidas a trámite por el TSJC, pero a pesar de esta circunstancia Vera está imputado actualmente por el juez Lis en un procedimiento que investiga los mismos hechos que ya fueron descartados como delictivos.

En el auto de admisión de la querella se considera que el juez Lis, que actualmente está de baja médica, pudo cometer los delitos de los que se le acusa al dictar, al menos, seis autos entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015 dentro de dos procedimientos judiciales. Lis había dejado que se personaran en la causa del robo de autos varios de los imputados en el caso Unión en calidad de perjudicados.

El juez Pamparacuatro solicitó la recusación de Lis, ya que la abogada de Juan Francisco Rosa, uno de esos imputados que se había personado, era Margarita Alejo, que a su vez era entonces la mujer del juez Lis, que finalmente fue recusado por la Audiencia provincial por considerar que tenía interés en la causa.

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El Tribunal Supremo ha avalado por segunda vez las escuchas telefónicas del caso Unión que delataron que el exviceconsejero de Justicia Francisco José Rodríguez Batllori cargaba al Ayuntamiento de Arrecife los gastos de las gestiones que hacía para que Dimas Martín saliera de prisión.

El Supremo ya había confirmado la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que consideró probado que Rodríguez Batllori y Martín malversaron dinero público de la capital de Lanzarote para que el primero hiciera valer sus contactos en el mundo de la Justicia con el propósito de que el fundador del PIL consiguiera el tercer grado.

En ese recurso, el Alto Tribunal no encontró ningún reproche que hacer a la instrucción del Juzgado número 5 de Arrecife ni a los hechos declarados probados por la sentencia de la Audiencia, más allá de enmendar la calificación jurídica que correspondía a las facturas cobradas a la sociedad pública Inalsa, para retirar los cargos de malversación y sustituirlos por otros de prevaricación.

Sin embargo, Rodríquez Batllori presentó un recurso de nulidad de todo el procedimiento, para pedir al Supremo que anulase la condena sobre la base de las irregularidades que observaba en la instrucción, centradas fundamentalmente en las escuchas telefónicas que lo delataron y en la autenticidad de los CD aportados por la Guardia Civil con las conversaciones que le fueron grabadas.

La Guardia Civil averiguó la participación del exviceconsejero de Justicia en esos manejos con Dimas Martín gracias a las escuchas que estaba realizado en la trama principal del “caso Unión”, dedicada a investigar el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos y servicios por parte del Ayuntamiento de Arrecife.

A raíz de ello, la Benemérita solicitó al juez autorización para pinchar su teléfono por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y exacciones ilegales.

Rodríguez Batllori sostiene que el oficio que la Guardia Civil remitió al juez no tenía la entidad suficiente para justificar el juez autorizara las escuchas, un argumento que, de ser aceptado, hubiera invalidado buena parte de las pruebas de cargo contra él.

Sin embargo, ni la Audiencia de Las Palmas lo aceptó en su momento, ni el Supremo lo admitió cuando la sentencia fue recurrida, ni convence ahora al Alto Tribunal en el incidente de nulidad.

El Supremo recuerda a Rodríguez Batllori que la Audiencia de Las Palmas consideró que el auto que discute “es un ejemplo de buena praxis”, porque “recoge los indicios del oficio policial, los posibles delitos cometidos, la gravedad de esos delitos, las personas investigadas y los teléfonos que se van a intervenir”.

Y la resolución que rechaza que se admita a trámite un incidente de nulidad contra esta pieza del caso Unión ya cerrada por sentencia firme no encuentra motivos para corregir a los tres magistrados que suscribían esa afirmación (Emilio Moya, José Luis Goizueta y Carlos Vielba, de la sección sexta).

En cuanto a la supuesta manipulación de las grabaciones aportadas al Juzgado en discos compactos, el Supremo recuerda que el sistema SITEL de intervenciones telefónicas no permite a los agentes modificar las grabaciones, sino solo volcarlas íntegras.

Además, añade, el servidor central de SITEL, del que nada se puede borrar sin autorización de un juez, guarda todos los originales de las grabaciones que realiza, lo que permite verificar si los CD aportados a las partes son auténticos e íntegros.

“Y esta verificación en modo alguno fue solicitada en momento alguno por el recurrente. Ello, con independencia de que en modo alguno aparece en las actuaciones indicio de manipulación de los soportes, como señala la sentencia recurrida. Los CD fueron cotejados (...), unidos a la causa en sobre cerrado (...) y reproducidos en el juicio oral”, resalta el magistrado ponente de esta resolución, Carlos Granados.

Rodríguez Batllori y Martín están condenados a dos años y nueve meses de cárcel por estos hechos, como autores de un delito de malversación contra las arcas públicas del Ayuntamiento de Arrecife.

El juez Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, presidirá los juicios de dos de las piezas de la considerada mayor trama de corrupción política y empresarial de Canarias, el caso Unión. En la operación iniciada por la Guardia Civil en mayo de 2009 fueron detenidas 56 personas en la isla de Lanzarote. La causa llegó a contar con 130 imputados, aunque la cifra terminó reduciéndose a la mitad durante la instrucción de la veintena de piezas en la que quedó fragmentada. Ya se han juzgado tres de ellas, con sentencias condenatorias para todos los procesados, diez en total.

Los dos juicios del caso Unión que deberá presidir Alba en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas están pendientes de que se fije la fecha para celebrar la vista. El magistrado ya ha celebrado otros dos juicios por corrupción desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abriera diligencias informativas en mayo para determinar si incurrió en una falta disciplinaria al reunirse con un empresario al que investigaba por delitos fiscales para fabricar una declaración contra la magistrada a la que sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos. El CGPJ ha informado a este periódico que estas diligencias continúan abiertas y que aún no se han transformado en un expediente disciplinario.

Alba será ponente en la pieza principal del caso Unión, con 14 acusados para los que se piden penas de hasta 17 años de cárcel por la comisión de hasta ocho delitos. Todos ellos pertenecieron al Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que gobernó, entre otras instituciones, en el Ayuntamiento de Arrecife. A cuatro de ellos se les acusa de formar una asociación ilícita entre 2007 y 2009 para el cobro de comisiones ilegales a empresarios en la capital lanzaroteña. La Fiscalía cifra en 145.000 euros el saqueo a las arcas del Consistorio, computando sólo la cantidad que se ha podido demostrar, aunque estima que es superior.

El magistrado investigado también juzgará la trama que inició la investigación, que afecta al principal acusado, Luis Lleó. Este empresario intentó sobornar a Carlos Espino, entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, para desbloquear las obras para la construcción de mil viviendas en la zona turística de Playa Blanca, paralizadas después de que el Cabildo recurriera la licencia que le había otorgado el alcalde de Yaiza en contra del planeamiento insular. Para ello envió a otro empresario, Fernando Becerra, que confesó tras su detención. La Fiscalía pide para Lleó una pena de seis años de cárcel y una multa de un millón de euros.

El promotor sólo ha logrado de momento que prosperase uno de los innumerables recursos que ha presentado a lo largo del procedimiento (“Es un hombre de recursos”, le dijo el fiscal Javier Ródenas en una vista). Fue precisamente la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas quien dio la razón al empresario, aunque el ponente no fue Alba, sino Emilio Moya, presidente de este tribunal provincial. El auto anuló las órdenes de registro y entrada a las oficinas de Lleó porque la fundamentación jurídica pertenecía a otro procedimiento. Esta anulación echó por tierra dos informes de la Guardia Civil que implicaban a CajaCanarias, por irregularidades en la concesión de créditos al empresario, y a dos jueces que lo asesoraron para evitar el pago de impuestos. Uno de ellos era Ángel Aguallo Avilés, entonces letrado del Tribunal Constitucional, que también asesoró al margen de la ley a Iñaki Urdangarín.  

El juicio contra Lleó será con jurado y Alba ejercerá como presidente del tribunal después de que José Luis Goizueta, que debía serlo, fuera recusado por Lleó porque había resuelto un recurso que había presentado el empresario. El TSJC tardó un año en resolver esta situación.

En esta pieza del caso Unión ha pedido ejercer la acción popular la asociación de juristas Jiménez de Asúa, constituida en Gran Canaria en 2015 y vinculada al propio Lleó. Este colectivo de abogados y el empresario comparten procurador y uno de los letrados, Juan David García Pazos, representó a Lleó en una vista en el caso Unión. Fuentes judiciales consultadas por este periódico han corroborado esta conexión aludiendo a diferentes conversaciones mantenidas en los juzgados. La personación de la Jiménez de Asúa como acusación popular está en manos de Alba, que deberá resolver el recurso de súplica presentado por el colectivo tras una primera negativa del magistrado debido al avanzado estado del procedimiento judicial.  

Se da la circunstancia de que esta asociación de juristas también pretende ejercer la acción popular en las investigaciones a los magistrados Salvador Alba y Victoria Rosell, según ha anunciado su portavoz, Alberto Rubio, en Radio Faycán. En la causa que afecta a la magistrada y exdiputada de Podemos ya está personado con la misma figura, la de  acusación popular, José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo, tras consignar la fianza de 12.000 euros que le impuso la jueza Margarita Varona.

La asociación Jiménez de Asúa ya ha intentado personarse en más de 30 causas en Canarias. Según manifestó Alberto Rubio en la mencionada radio, su objetivo es actuar “contra todo comportamiento que se aparte de la norma” y tener acceso a la documentación para, a partir de ahí, “decidir qué hacer”. En una de sus primeras actuaciones tras su constitución, y después de que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas le permitiera personarse sólo en una de las piezas de Unión, este colectivo de abogados cuestionó la imparcialidad de la jueza instructora de la causa, Silvia Muñoz, e intentó apartarla. La Audiencia no sólo rechazó la recusación, sino que además impuso a la Jiménez de Asúa una multa de 1.000 euros por actuar “de mala fe” con la única finalidad de “dilatar la causa”.

El Juzgado de Silvia Muñoz, que instruye el caso Unión, ha dictado el embargo de dos viviendas, de una finca de casi 12.000 metros, de un automóvil, de una motocicleta y de una parte de su sueldo de profesora a la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, a quien le impuso una fianza de 1,8 millones de euros.

La fianza se acordó en una de las piezas del caso Unión, relacionada con el presunto amaño del concurso de la recogida de basura y limpieza de las calles, que se adjudicó de manera supuestamente fraudulenta a Urbaser a cambio del pago de comisiones.

El pasado mes de marzo, el Juzgado notificó a la ex alcaldesa la obligación de prestar la fianza para garantizar la responsabilidad civil dentro del procedimiento judicial, en el que se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, uso de información privilegiada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

María Isabel Déniz contestó al Juzgado “que quedaba enterada” y que “no quería manifestar nada más”, pero no prestó la fianza ni indicó qué bienes poseía para ser embargados. De ahí que el Juzgado procediese a averiguar qué bienes estaban a nombre de la ex alcaldesa para proceder a su embargo.

De este modo, en una resolución del pasado 24 de mayo se decretó el embargo de la mitad de una vivienda de 188 metros cuadrados ubicada en la calle Mesana de Playa Honda, con un valor catastral de 90.783 euros, y de otro inmueble de 105 metros cuadrados en la Avenida Virgen del Mar de Caleta del Sebo, en La Graciosa, con un valor catastral de 38.666 euros.

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La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado la inadmisión de la querella presentada contra el magistrado César Romero Pamparacuatro a raíz de su actuación en el caso Unión.

En diciembre pasado, la Asociación de juristas Jiménez de Asúa presentó una querella ante el TSJC contra el primer juez instructor del caso Unión por presunta falsedad en varios autos dentro de ese caso de corrupción.

En la querella hacían referencia a unas resoluciones que el juez dictó en su periodo de vacaciones y que fueron visadas por el Minsterio Fiscal. Es un asunto que ya había resuelto la Audiencia Provincial de Las Palmas señalando que mientras no haya un sustituto designado el juez tiene plena jurisdicción y competencias.

Esa resolución se produjo dentro de una denuncia anterior contra el mismo juez y por los mismos hechos por parte de uno de los principales imputados del caso Unión, el abogado Luis Lléo, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión por cohecho. La denuncia no fue admitida a trámite.

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La Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado la recusación de la jueza del caso Unión, Silvia Muñoz, solicitada por la asociación de juristas Jiménez de Asúa, a la que impone una multa de mil euros por “mala fe”.

La juez del caso Unión denegó la personación del citado colectivo, representado por el abogado Juan David García Pazos, en una de las piezas del caso de corrupción relacionada con la trama de cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife.

El citado colectivo recusó a la jueza y ahora la Audiencia Provincia considera en un auto notificado este lunes que la recusación carece “del más mínimo fundamento” y que las causas que invoca “en algunos casos ni siquiera han sido debidamente desarrolladas”.

Para la Audiencia, “la única finalidad” de la recusación planteada por la asociación Jiménez de Asúa “ha sido el de tratar de apartar de la causa a la instructora para dilatar su tramitación”. Una dilación, añade, que “incluso se logra” con el “mero hecho” de plantear una recusación “sin fundamento”.

La Audiencia recuerda que el caso Unión cuenta con “más de sesenta mil folios” y que, aunque un juez ha sustituido a Silvia Muñoz mientras se resolvía la recusación, por el “tiempo de estudio” que requeriría “decidir cualquier incidencia” es muy complicado que el procedimiento avanzase.

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