El cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) está conquistando el mundo. El crustáceo, nativo del sur de los Estados Unidos y del norte de México, está presente en 40 países de cuatro continentes. Y en el sur de Europa, el epicentro está en Isla Mayor (Sevilla), un pueblo cuya actividad pesquera convierte a Andalucía y España en el tercer productor mundial, sólo por detrás de China y Estados Unidos.

La denuncia en bloque por parte de organizaciones ecologistas de especies invasoras provocó la crisis del cangrejo rojo, solventada con la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Desde entonces, la localidad isleña ha seguido siendo el principal comercializador andaluz de este producto con una facturación de 20 millones de euros anuales.

Cada campaña, en torno al 70% de sus alrededor de 6.000 vecinos dependen de una u otra forma de este producto. Aunque el sector ha navegado entre la salvación y la precariedad laboral, los ejemplares capturados en las marismas del río Guadalquivir acaban en varias factorías donde pasan por procesos de lavado, clasificado, cocido y preparado para su comercialización a distintos destinos.

El cangrejo rojo invasor

Ahora el crustáceo suma “un siglo de invasión”, según el estudio publicado por un equipo de la de la Estación Biológica de Doñana (EBD), de la delegación en Andalucía del centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La investigación “ha aparecido recientemente en Reviews in Fish Biology and Fisheries”, precisan.

Y detalla cómo el cangrejo rojo americano se ha expandido. La especie está actualmente presente en 40 países de cuatro continentes, apunta el organismo, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Se trata de “la especie de cangrejo de río o de agua dulce más ampliamente introducida en el mundo”, especifica el estudio. El “creciente interés” por este producto “en la acuicultura y la pesca llevó a su introducción en América Central, África y Europa entre finales de los 60 y principios de los 70”.

Y ahí aparece Isla Mayor. El Procambarus clarkii conquistó las marismas del Guadalquivir tras una introducción intencionada y con un fin claro: la explotación comercial. La iniciativa recibió en aquel momento incluso apoyo institucional y hoy, casi medio siglo después, es el pilar económico de la zona, junto a la producción arrocera.

Andalucía, tras China y EEUU

La masiva proliferación del cangrejo rojo americano provocó que el crustáceo fuera incluido entre las especies invasoras denunciadas por organizaciones ecologistas. Un movimiento que hizo peligrar la pesca en una zona enclavada en el entorno del Parque Nacional de Doñana, del que se ha convertido en una suerte de privilegiada despensa.

La crisis del cangrejo pasó, superada no sin pocas dificultades, y España sigue siendo el tercer productor de este producto a nivel mundial, solo por detrás de China y Estados Unidos. Cada campaña del cangrejo, el movimiento económico linda los 20 millones de euros desde Isla Mayor, según confirmaban fuentes del sector a la agencia EFE. Y 7 de cada 10 isleños viven, de una u otra forma, de estos especímenes rojos que pululan por medio mundo.

En los últimos años, ha surgido un competidor en el Bajo Guadalquivir, unos ejemplares de cangrejo azul detectados en España desde el año 2012. Estos últimos, de mayor tamaño y voracidad, son depredadores naturales del cangrejo rojo y su precio es bastante mayor: unos 4 euros el kilo por el cangrejo azulado y 0,80 por el rojizo. Los pescadores están a la expectativa de qué resultado da la ecuación.

Cronología de una “invasión”

Las primeras introducciones en territorios no nativos de la especie ocurrieron en California, las islas de Hawái, Japón y China en la década de 1920. El objetivo era que estos cangrejos de agua dulce sirvieran como alimento en granjas de cría de la rana toro americana.

El creciente interés del cangrejo rojo americano “en la acuicultura y la pesca” multiplicó su expansión a finales del siglo XX, cuando esta especie colonizó gran parte de los Estados Unidos, Europa y Asia oriental. Y ahora, el comercio de mascotas puede estar detrás de las recientes introducciones del cangrejo rojo americano en países como Malta, Indonesia o centro de Europa, añade la investigación.

El estudio “ha revisado la historia centenaria de la invasión del cangrejo rojo con el fin de actualizar el conocimiento sobre su distribución global, sus rutas de introducción y las principales vías de introducción que describen los movimientos de esta especie”, explica Fran Oficialdegui, investigador de la EBD y autor principal del informe.

La “dificultad” de erradicar al cangrejo

Pero la “invasión” no ha acabado, avisa. Si la especie está “ampliamente distribuida, aún quedan áreas donde no ha llegado” y que resultan “idóneas” para su establecimiento. Y acabar con el cangrejo rojo es tarea casi imposible: “Salvo dos casos concretos, en aquellos países donde ha sido introducido, permanece hoy en día, corroborando la dificultad su erradicación una vez está establecido en el ecosistema”, advierte Oficialdegui.

Como causas de la expansión, el estudio aborda problemas como los “envíos comerciales de individuos vivos”. Un abastecimiento que puede ser para “escuelas o universidades para su estudio en clases de ciencias o experimentos de investigación” que incluyen “el estudio del sistema nervioso, fisiología o toxicología”.

O incluso “cualquier persona podría obtener individuos vivos desde cualquier parte del mundo, lo que conllevaría a múltiples envíos difícilmente rastreables y a liberaciones no deseadas en la naturaleza”, señala Oficialdegui. El problema viene, en ambos casos, si ocurren “escapes accidentales que generen poblaciones en la naturaleza”.

Los investigadores recomiendan “extrema precaución” por el “riesgo que supone el uso de especies invasoras con alto impacto sobre los ecosistemas de agua dulce en acuicultura, fines ornamentales y académicos”. Por eso “habría que reducir drásticamente su disponibilidad con el objetivo de evitar posibles introducciones”, apunta el estudio de la Estación Biológica de Doñana.

La Huerta del Rosario está situada a dos kilómetros de la carretera A-8125, entre Arahal y Morón. Es la más antigua y la única de grandes dimensiones que queda en el municipio sevillano. Se accede por medio de un camino de tierra en la misma cuesta de Malasmañanas. Cuando llegas al lugar, lo primero que encuentras es un enorme espacio plantado de alcachofas en plena temporada de reproducción. El verde intenso de la planta resalta de la tierra roja, aún mojada por los últimos días de lluvia. A poco que avances puedes empezar a ver los invernaderos que guardan los secretos de esta empresa.

Cuatro hermanos regentan la que es ya la única huerta de verduras que queda en el municipio. La Huerta del Rosario es un nombre asociado a tomates, pimientos, alcachofas, patatas, berenjenas, rábanos, coliflor o espinacas; nombre que también suena a campo con antigua alberca donde el agua no dejaba de correr, fría como un témpano, para dar de beber al ganado o lavar las berzas.

Las cuatro familias trabajan desde 1983 para sacar adelante productos de calidad pero, lamentan, “con escaso rendimiento económico” por las condiciones del mercado. “Este año es el primero que le hemos visto algo la punta porque, por ejemplo, han pagado por el kilo de tomates 0,80 euros, pero normalmente sacamos para ir tirando”, dice Juan Brenes, el mayor de los hermanos con 60 años , apesadumbrado e indicando que “así no se puede vivir”.

Porque ganarse la vida como hortelano es una carrera contra la meteorología, las plagas y, sobre todo, el precio de los productos. Los agricultores ven incomprensible que les paguen por un kilo de tomates 0,50 euros y en el mercado el precio alcance casi los dos euros. Después de que son ellos los que invierten y sufren las consecuencias de saber que, hoy, es imposible que salgan adelante los productos de la huerta sin todos los cuidados que reciben y sin emplear el doble de tiempo de lo estipulado en la jornada laboral.

“Defender el producto”

Los hermanos Brenes no son la primera generación que vive de la Huerta. Pertenecen a una saga de hortelanos y la suya era de su abuelo. “Mi padre nos dijo: la huerta es para ustedes. Nos hicimos cargo y empezamos pidiendo un préstamo a la Caja Rural para instalar los primeros doce mil metros de invernaderos”, cuenta Juan. La extensión de la Huerta del Rosario es de unas cuatro hectáreas (más de 40.000 metros cuadrados).  De ellos salen por temporadas miles de kilos de producto que venden, sobre todo, en Mercasevilla. Van dos veces por semana y, cuenta Juan, “mi hermano Antonio (56 años) lleva el producto y tiene que quedarse para defenderlo”. Aún así, para sacarle la rentabilidad que los mantiene viviendo de ello durante años, trabajan catorce horas diarias.

Y no descansan ni los domingos. “Me vengo con mi mujer a echar un rato, recogemos, clasificamos y dejamos preparado el camión para el lunes salir a vender”, comenta este hortelano arahalense. Su hermano, José Carlos, está junto a él. Con 51 años, es el más pequeño de los cinco. Con ellos trabaja también Dolores Brenes (52 años). 

La naturaleza como aliada (a veces)

“Yo casi no fui a la escuela, por eso mi hermano está más puesto que yo”, dice Juan. Más puesto a la hora de tratar plagas y de conseguir avances que sumen calidad a sus productos. Gracias al interés de José Carlos en la Huerta del Rosario no se trata nada con productos químicos. Asegura que “hoy en día es muy difícil sacar una producción adelante sin que sea atacada por alguna plaga”. Él lleva años buscando soluciones para que en su producción se mantenga el equilibrio. “No se puede echar veneno a los tomates para acabar con la mosca o la tuta (polilla nocturna que provoca importantes daños a la planta) sin que queden residuos”. Por eso buscan productos naturales como, por ejemplo, otro insecto que acabe con el que provoca la plaga y no dañe la planta.

También han optado por soluciones que ofrece la naturaleza para aumentar la producción. Estos hortelanos tienen instalados cada 1.000 metros colmenas con abejorros que polinizan las plantas. “Se busca siempre un equilibrio con el objetivo de no meter productos químicos porque éstos, además de adherirse a lo plantado, acaban con insectos que lo benefician”. José Carlos ha viajado por toda Andalucía y fuera para informarse de la última tecnología utilizada a la hora de plantar o para conocer los últimos productos. Oírlo hablar es hacer, en poco más de una hora, un máster sobre productos de la huerta.

Sin ellos, desaparece la huerta

Pero ninguno de estos conocimientos y esfuerzos les sirven a la hora de conseguir un justiprecio en el mercado. Y ven que, con ellos, desaparece la Huerta del Rosario. Los hortelanos, que han defendido hasta ahora esta forma de ganarse la vida, entienden que sus hijos busquen otras salidas, con menos riesgos y mejor pagadas. “Mi hija estudió Filología y está en Madrid trabajando, tiene su sueldo, vacaciones y mucha tranquilidad. Ni se ha planteado seguir con esta empresa”, dice Juan. Y piensa que hace bien porque “aquí no hay vacaciones ni fines de semana y uno se duerme pensando en el tiempo. Sopla un poco de viento de noche y temo llegar al día siguiente a la huerta”.

A pesar de todas las horas dejadas atrás, Juan dice que tienen suerte porque no ha ocurrido ninguna desgracia que los arruine. Y se acuerda de las últimas noticias sobre granizos e inundaciones por distintas partes de España. “De eso no te recuperas jamás. Lo más grave que nos ha pasado ha sido cuando un remolino de viento dejó un invernadero convertido en un amasijo de hierros en pleno agosto. Para que no se quemaran los tomates, tuvimos que echarles mantas a las plantas”.

“¿Quién va a producir los alimentos del futuro?”

Las inspecciones sanitarias en la huerta son constantes y, una vez en semana, un técnico financiado por la empresa visita las plantaciones. “Porque tienes en tus manos la salud de las personas”. Y se quejan de la llegada de productos de Marruecos que no pasan las mismas inspecciones sanitarias. “Cada vez hay más verdura y fruta que venden sin control a precios muy baratos porque el producto no es de calidad”, explican.

Huerta Los Membrillejos, Huerta Murillo, Huerta Fernando, Huerta de Los Platos, Huerta de los Motas, Huertas Perdidas, Patas Largas, El Perú. Estos eran los nombres de las antiguas grandes huertas que han ido desapareciendo poco a poco en Arahal. Muy cerca de la Huerta del Rosario hay otra que forma parte de la historia del pueblo, la Huerta de Las Monjas, principalmente plantada de naranjas de variedades diferentes. En la actualidad está rodeada de las instalaciones de un catering.

Las huertas poco a poco se van quedando sin futuro y colocándose en la memoria de los vecinos de los pueblos. El oficio de hortelano está en vías de extinción y las huertas se limitan a los huertos sociales, instalados por los ayuntamientos, que sirven de entretenimiento a los mayores del lugar o de ayuda a los desempleados para consumo propio.

Y los hermanos Brenes se preguntan: “Si las huertas desaparecen, ¿quién producirá los alimentos que consumirá la sociedad en el futuro?” Porque, como insisten desde el sector, al menos una vez en la vida vas a necesitar a un médico, un abogado o un arquitecto, pero a un agricultor lo necesitarás tres veces al día.

El 2019 se presenta plagado de retos para el sector agroalimentario andaluz de gran importancia económica y social para esta comunidad. De hecho, genera una facturación de más de 11.000 millones de euros en Andalucía, un 25% del total nacional. La exportación contribuye en gran medida a la misma, siendo esta comunidad líder con un 22,9% de las exportaciones agroalimentarias a nivel nacional. Además, la agricultura crea más de 280.000 empleos directos en la región y representa el 12% del PIB. Mientras que en el aspecto social se revitaliza las zonas rurales y se evita el despoblamiento, en un momento en el que es necesario frenar la sangría poblacional.

A parte de las luchas y metas concretas en cada sector, los agricultores y ganaderos andaluces se enfrentan en el 2019 a una gran inestabilidad política y a distintos retos como la batalla porque se mantenga un nivel de precios que permita superar los costes de producción, a garantizar el relevo generacional o la incorporación real de la mujer. Además, este año será decisivo para la negociación del nuevo marco de la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027. Eso sin olvidar problemas políticos: como el Brexit y los aranceles impuestos por Estados Unidos; y sanitarios: como la Xylella fastidiosa o la peste porcina. 

Mercado

Para Miguel Cobos, secretario general de UPA AndalucíaUPA Andalucía, los retos siguen siendo los mismos de siempre. Y el principal de ellos el precio, ya que “en la mayoría de las producciones no somos capaces de poner el precio, nos lo ponen los demás, y hacia abajo”. “Estamos hablando de muy poco dinero, entre 10 y 15 céntimos por kilo o por litro”. Un ejemplo son las naranjas, que se están pagando a los agricultores a 15 céntimos el kilo mientras que al consumidor se venden a un euro. “Una subida de 10 céntimos no supondría un descalabro para el consumidor, pero supondría una cierta mejora para el productor”. “Lo mismo ocurre con el cereal, el algodón, el olivar, las hortalizas…”.

Por otro lado, destaca la necesidad de seguir avanzando en la concentración de la oferta y en la lucha contra la venta a pérdidas, donde parece que vamos dando un paso hacia adelante y otro hacia atrás, y donde Competencia tiene más poder que el agricultor. “Lo fundamental es que se incluya la venta a pérdidas como una práctica desleal”. Y que se venda el producto por los menos un 10% más que los costes de producción del mismo.

Por otro lado, Miguel López, secretario general de COAG Andalucía,COAG Andalucía insiste en que “no podemos seguir produciendo sin precio, mientras la especulación nos expolia y los costes de la energía, el gasóleo o los fertilizantes nos asfixian, sin que las autoridades de competencia intervengan para evitar los oligopolios o los pactos más o menos tácitos entre los grandes”. Por eso cree que, “hay que seguir avanzando en la legislación que regula las prácticas desleales como la venta a pérdidas, y también caminar hacia una transición en el modelo energético, aprovechando los recursos de los que disponemos, para que se pongan al servicio del interés general y repercutan sobre la generación de economía y empleo en el medio rural, contribuyendo a evitar el despoblamiento, a vertebrar el territorio y a la sostenibilidad medioambiental”.

Asimismo, cree que uno de los principales retos para 2019, es la trazabilidad, que los canales de distribución tengan la obligación de identificar de manera clara e inequívoca la calidad y el origen de los productos que comercializan, de manera que el consumidor tenga la posibilidad de hacer una elección informada y responsable.

“La apuesta de Andalucía por la calidad, principal elemento que le permite competir en unos mercados globalizados, podrá así ser reconocida por los consumidores. Si no, el esfuerzo por la calidad cae en saco roto”. Y ese reconocimiento a la calidad y diferenciación de los productos andaluces, “debe contribuir a consolidar precios por encima de los costes y a que el valor añadido de esos productos repercuta en el medio rural. Por eso, es irrenunciable que haya transparencia en la cadena alimentaria y que el etiquetado sea claro, con mención obligatoria del origen”.

Asaja Andalucía presentó antes de las elecciones del 2 de diciembre un documento de cara a la nueva legislatura andaluza, llamado “Nuevos retos para un nuevo ciclo. Lo que el campo necesita”. En el que también habla de la necesidad de precios justos, de la regulación de los mercados con mecanismos que aporten transparencia a las operaciones comerciales y el fomento de la concentración de la oferta.

PAC

El 2019 será un año crucial para la Política Agraria Común (PAC), ya que actualmente se están negociando los Reglamentos de la PAC y el nuevo marco presupuestario para el futuro período 2021-2027. El Parlamento está acelerando los debates con el objetivo de poder aprobar el nuevo marco financiero plurianual antes de las futuras elecciones europeas que se celebran entre el 23 y el 26 de mayo. El principal problema que se plantea en este sentido es el presupuesto comunitario, ya que se prevén  recortes como consecuencia del Brexit, con el que se pierde el presupuesto que aportaba Reino Unido y el apoyo comunitario (desvío de presupuesto) a nuevos retos en seguridad y migraciones.

Todas las organizaciones agrarias y la Junta apuestan porque no se produzcan recortes y mantener el presupuesto de la PAC que ha supuesto en el último periodo 43.000 millones de euros para Andalucía, de los cuales 35.000 millones (5.000 millones por año) eran para el llamado primer pilar (pagos directos a explotaciones) y 8.000 millones para el segundo pilar (programas de desarrollo rural). Hay que tener en cuenta que la renta agraria del agricultor y ganadero proviene en un 30% de la PAC y un 70% de los precios de sus productos.

Sanidad

Otro de los retos que se presentan para este nuevo año se centra en la sanidad tanto vegetal como animal. La aparición de un caso de Xylella fastidiosa en tres plantas ornamentales ubicadas en un vivero de El Ejido (Almería) hizo saltar todas las alarmas en 2018. Esta bacteria, que una vez contraída por la planta no tiene ningún remedio, solo la erradicación del árbol y plantas de alrededor, ha obligado a eliminar miles de olivos en Italia donde la llaman la peste negra del olivar. Otra plaga bastante devastadora es el HLB o “Greening de los cítricos”. De ahí las peticiones del sector para que se extremen los controles de las importaciones.

En la ganadería es necesario continuar la lucha contra la peste Porcina Africana y la brucelosis. En este último caso la Comisión Europea aprobaba hace unas semanas la declaración de la provincia de Cádiz como oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina, y las de Almería, Granada y Jaén como oficialmente indemnes de brucelosis bovina.

Mujer

Durante el 2018 se produjo un hecho muy esperado durante más de seis años: la activación por parte de la Junta de Andalucía del Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía. Este registro se encontraba en una especie de limbo jurídico y llega después de años de lucha, reuniones y reivindicaciones, desde el 2011, año en el que se aprobó la ley nacional de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. En toda España son poco más de 400 las mujeres inscritas en este registro, en Andalucía aún ninguna.

Una explotación agraria registrada con titularidad compartida será considerada como explotación prioritaria y puede beneficiarse de descuentos en las cuotas a la seguridad social. Además, el reparto de los rendimientos de las explotaciones y de las ayudas agrarias serán del 50% y las mujeres inscritas tendrán acceso a pensiones contributivas por la cotización a la seguridad social. Otro beneficio es el descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social para estas mujeres. Con este registro se pretende impulsar el reconocimiento jurídico y de los derechos laborales de muchas mujeres que sólo figuraban como “apoyo familiar” de las explotaciones de sus cónyuges.

Desde UPA proponen además que de las ayudas del primer pilar de la PAC se incorpore un 2% del presupuesto para acceder a esa titularidad compartida para hacer frente a los sobrecostes que pueda suponer como los de Seguridad Social.

Relevo generacional

La incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería sigue siendo otro de los grandes retos y no sólo en Andalucía. Para ello desde Asaja piden que las ayudas que se otorgan al relevo generacional, al igual que las que se destinan a la modernización de explotaciones, y el desarrollo de medidas agroambientales, se adapten a la realidad de las explotaciones, se equiparen a las que se entregan en otras comunidades autónomas y se gestionen, resuelvan y paguen con una mayor celeridad para que sean eficaces.

Legislación, investigación...

Miguel López, secretario de COAG-A, recuerda que en 2018, quedó pendiente la aprobación de la Ley de Agricultura, “una norma necesaria para ordenar los recursos y fijar objetivos como el fomento del relevo generacional, la mejora de las estructuras o la comercialización de los productos agrarios, situando en el centro de las políticas públicas a los profesionales que tienen en la actividad agraria su medio fundamental de vida”.

La Ley, que quedó en suspenso después de la aprobación de su borrador en abril, por la celebración de las elecciones, y que según Miguel López, también debe avanzar en la simplificación administrativa, eliminando los múltiples trámites innecesarios, e imponiendo a la administración, igual que a los agricultores y ganaderos, unos plazos ineludibles para resolver los procedimientos. “Veremos si el nuevo gobierno decide seguir adelante con esta propuesta legislativa”, asegura.

Para Asaja, sin embargo, este proyecto de ley “ni es necesario, ni ha sido demandado” y consideran que supone mayor burocracia. Por otro lado, desde esta organización hablan de la necesidad de reforzar la capacidad de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología al sector agrario a través del IFAPA. Y de la promoción de los productos, tanto en los mercados europeos, como en los de los países industrializados y emergentes.

Respecto a la ganadería creen necesaria una mayor implicación de las administraciones en la búsqueda de soluciones a los distintos problemas que se le presentan con carácter general: complejidad administrativa, sanidad animal, crisis de precios, defensa de la dehesa y el monte mediterráneo, etc.

Aceituna de mesa y aceite

España es el primer país productor de aceitunas de mesa del mundo, seguido a mucha distancia de otros países como Egipto, Turquía, Argelia, Grecia, Siria y Marruecos. Y la producción andaluza (centrada fundamentalmente en Sevilla, Córdoba y Málaga) supone alrededor del 83% de la producción nacional. Para la campaña 2018-2019 se prevé una cosecha de 521.772 toneladas, un 11,9% más que la campaña anterior y un 8,6% superior a la media de las últimas cinco campañas. Sin embargo, el sector tiene como reto hacer frente a las medidas que el pasado 1 de agosto entraron en vigor en Estados Unidos.  Se trata de los aranceles del 35% para la entrada de aceituna negra española, a causa, según la administración Trump, de una supuesta competencia desleal por parte de los olivareros europeos al contar con las ayudas de la PAC y que han supuesto que se reduzcan las exportaciones a Estados Unidos, uno de los principales mercados de este sector alrededor de un 72%.

Este año que comienza se espera que sea bueno para el sector del olivar de aceite, que aporta en torno a una cuarta parte de toda la producción agraria andaluza y el 30% del empleo en el campo. La producción en Andalucía, según las estimaciones oficiales se prevé que sean 1.339.712 toneladas de aceite lo que supone un 39,9% más que la pasada campaña y un 27% más que la media de las cuatro últimas. Jaén, la provincia más productora, espera 685.000 toneladas de aceite, lo que supone un aumento del 74,9% respecto a la anterior campaña 2017/2018 y un 42,4% superior que la media de las últimas cinco campañas. Además se podría convertir en la segunda mejor cosecha de la historia.

El reto ahora es vender ese aceite a buen precio aprovechando que en el resto del mundo se prevé una drástica bajada de la producción de aceite debido a temporales y a la vecería del olivar. De momento el año ha terminado con precios muy bajos que apenas si cubren los costes de producción, un hecho difícil de explicar, especialmente cuando a estas alturas de la campaña hay menos aceite en bodegas que en 2018 debido al retraso en la recogida de la aceituna porque ha tardado más en madurar y por las lluvias que se produjeron al inicio de la misma.

Este 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, se podía leer ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la orden por la que se aprueba el formulario para la inscripción en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía.

Una regulación que llega después de años de lucha, reuniones y reivindicaciones desde el 2011, año en el que se aprobó la ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. La Orden tiene fecha de 9 de octubre, día en el que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el Decreto que crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales (REAFA) y el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de los productores, donde se incluye el registro.

Porque el Registro de Titularidad Compartida en Explotaciones Agrarias se encontraba desde hace años en “un limbo” jurídico, algo que se detectó al elaborar el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (horizonte 2020), aprobado en enero de 2017.

Desde la Consejería de Agricultura reconocían el año pasado, en declaraciones a eldiario.es/andalucía que era “una pescadilla que se muerde la cola” esperaban que el registro se activase con la inscripción de mujeres pero esta no se producía porque el registro no estaba activado.

Carrera de obstáculos burocráticos

Incluso hubo, al menos, cinco mujeres que iniciaron el proceso, que al final se convirtió en una carrera de obstáculos burocráticos, según las organizaciones agrarias, porque los propios funcionarios desconocían los pasos a seguir.

Para solucionar este desaguisado, se decidió incluir el registro de Titularidad Compartida dentro del decreto del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA), que se estaba tramitando.

De hecho, como el 3 de marzo de 2017 finalizaba el plazo de participación ciudadana, se creía que el REAFA podría haber estado aprobado en el primer semestre de 2017, antes del verano. Sin embargo, los plazos se han dilatado y finalmente no ha visto la luz hasta el 9 de octubre pasado. Han tenido que pasar siete años y cinco días desde que se aprobara la Ley de Titularidad Compartida (Ley 35/2011, de 4 de octubre).

La administración, según reconocen, lo que tenía que haber hecho es crear el registro pero se dijeron que ya lo harían más adelante cuando hubiera alguna mujer inscrita. “El problema ha sido que no ha habido un aluvión de solicitudes, una gran demanda, por falta de incentivos”, insisten.

¿Qué es la titularidad compartida?

La explotación agraria de titularidad compartida se define “como la unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria”. Para que la titularidad compartida surta todos sus efectos jurídicos, además de reunir unos requisitos, es necesaria la inscripción previa en el Registro constituido al efecto por la correspondiente Comunidad Autónoma.

Muchas personas confunden titularidad con propiedad. La titularidad de una explotación agraria o ganadera es de la persona o las personas que se encargan de su gestión, de su trabajo, sean o no dueños de esos terrenos o explotación. Por ejemplo,  un hombre hereda una explotación agraria. Es propietario y titular. Está casado en gananciales. La mujer al ser cotitular no sería dueña de ella, sino que el trabajo se realiza por los dos, ambos cotizan a la Seguridad Social, comparten gastos, beneficios y preocupaciones a nivel real, fiscal y social. Por lo que en un hipotético caso de separación, ella tendría derecho no a la mitad de la propiedad, sino a una compensación por los años trabajados o al beneficio de la misma. Si no fuera cotitular de la explotación no tendría derecho a nada porque su trabajo no figura como realizado.

Beneficios

Una explotación agraria registrada con titularidad compartida será considerada como explotación prioritaria y puede beneficiarse de descuentos en las cuotas a la seguridad social. Además, el reparto de los rendimientos de las explotaciones y de las ayudas agrarias serán del 50% y las mujeres inscritas tendrán acceso a pensiones contributivas por la cotización a la seguridad social. Otro beneficio es el descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social.

Aunque, organizaciones como la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES) Andalucía considera que esto no es suficiente, y que esas bonificaciones deberían ampliarse en el periodo en que actualmente se aplican, que es de cinco años, como medida de fomento de la incorporación de mujeres a la titularidad. Igualmente, CERES ha pedido en reiteradas ocasiones que estas bonificaciones puedan aplicarse a mujeres que tengan más de 50 años, que es el límite actual.

Ilusión y optimismo

Desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) Andalucía, han visto con ilusión y optimismo este avance para la mujer y para el medio rural. Y consideran que este registro impulsará el reconocimiento jurídico y de los derechos laborales de muchas mujeres que sólo figuraban como “apoyo familiar” de las explotaciones de sus cónyuges.

La Presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Jaén (ADEMUR), María Inés Casado, destaca que se trata de una medida ampliamente demandada como parte fundamental de la apuesta por la visibilización de la realidad de las mujeres en las explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia. “Satisfacción y confianza” ante la aprobación del Registro de Titularidad Compartida y también esperanza en que sea una herramienta efectiva y eficaz, de ahí que María Inés Casado, haga un llamamiento a todas las mujeres para que se inscriban, en este registro y reafirmen la cotitularidad desde el punto de vista administrativo.

“El Registro corrige una situación de desigualdad e invisibilización del trabajo de las mujeres en el medio rural que ha tenido consecuencias nefastas no sólo para ellas sino para la sociedad en general”, afirma María Inés Casado. Y resalta que la adscripción a la figura de titular superará, finalmente, la desigualdad existente cuando la actividad se realiza en pareja, “ya que de cara a la sociedad, hasta ahora únicamente uno de ellos, generalmente el hombre, era el titular, responsable y representante legal de la actividad agraria o ganadera, mientras que la mujer figuraba como 'ayuda familiar', realizando su trabajo como cónyuges en las explotaciones como una extensión de sus labores domésticas. La titularidad compartida elimina esa discriminación al considerar la explotación como una unidad económica donde la aportación de cada persona que la conforma tiene el mismo valor”.

La presidenta de CERES Andalucía, Inmaculada Idáñez, aplaude que el registro empiece a funcionar y apunta que “ahora lo que es de capital importancia que la Ley se dote del presupuesto necesario para incentivar que las mujeres del medio rural se acojan a ella. Es vital que se trabaje de forma paralela por parte de la Junta de Andalucía, las organizaciones agrarias y las asociaciones de mujeres del medio rural porque toca continuar haciendo una labor de difusión para que llegue al mayor número de mujeres agricultoras y ganaderas posibles”.

“El gran problema de agricultoras y ganaderas es que siempre se ha entendido que su aportación al negocio familiar es una 'ayuda'. Gobierno y CC.AA. deben trabajar para que esa 'ayuda' lleve asociados unos derechos económicos y sociales propios (alta a la Seguridad Social, acceso a prestaciones por las bajas por maternidad y jubilación, etc...) Por ahí se empieza a construir el verdadero empoderamiento de la mujer rural”, ha subrayado Isabel Idañez.

La presidenta de FADEMUR, Teresa López, ha defendido esta titularidad compartida en Bruselas durante la jornada How to improve the lives of assisting spouses in EU rural areas?, o ¿cómo mejorar la vida de los cónyuges colaboradores en las zonas rurales de la UE?“. López ha explicado el caso de la Ley española de Titularidad Compartida como un buen ejemplo de que ”los Gobiernos tienen en su mano crear herramientas para terminar con el trabajo invisible de las mujeres en las explotaciones del sector agrario“. Aunque ha reconocido que la aplicación de esta Ley por parte de las Comunidades Autónomas está siendo ”bastante lenta“.

La mujer rural no quiere descolgarse del feminismo y lo ha plasmado en Córdoba con una exigencia: la Política Agraria Comunitaria (PAC) debe incorporar la perspectiva de género. Una reclamación que ha salido de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), pero que han hecho suya el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, este 15 de octubre, pero que ha tenido un adelanto en Córdoba con la reunión de medio centenar llegadas de todo el país. La elección no es casual: el 90% de la superficie de Andalucía, la mayor comunidad autónoma por extensión, es rural, y la mitad de su población, de ocho millones y medio de habitantes, vive en ella.

Sin embargo, pese a la constatación de la mujer rural como clave para uno de los retos del siglo, como es la lucha contra la despoblación, o de su silenciado esfuerzo en las explotaciones agrarias que no termina de reconocerse por la fracasada Ley de Titularidad Compartida, por poner dos ejemplos, su realidad pasa desapercibida en la principal política de la UE en presupuesto e impacto. Y eso pese a que son un agente clave en la misma: el 40% de titulares de explotaciones agrarias que ha solicitado ayudas directas de la PAC para la campaña 2018-2019 en Andalucía son mujeres, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural: 88.530 de un total de 221.467.

Porque no se puede hablar de mujer rural sin hablar del sector agrario. Hoy día, tres de cada cuatro empleos los copan los hombres: tanto la agricultura como la ganadería, la silvicultura y la pesca son actividades muy masculinizadas. Pero no siempre ha sido así. Una mirada a lo ocurrido la última década en Andalucía, que es con diferencia la comunidad autónoma con más afiliados en el sistema especial agrícola de la Seguridad Social, resulta reveladora.

Basta con analizar las estadísticas que desde 2008 publica la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio sobre el mercado de trabajo en los distintos sectores. Pues bien, según el Informe del mercado de trabajo del sector agrario andaluz de 2008, entonces se repartían casi al 50% entre hombres y mujeres los contratos en el campo. Concretamente, ese año los contratos en el sector agrario en Andalucía sumaron 1.111.755, de los que 536.977 fueron para mujeres. Si se compara con el Informe del Mercado de Trabajo en el Sector Agrario de 2017, el último publicado, se ve cómo el equilibrio se ha roto: del total de 1.513.169 contratos del pasado año, sólo 458.065 para mujeres frente a 1.055.104 para hombres. Tras 10 años desde la crisis, hay más contratos en el campo pero menos para ellas.

El cambio se explica porque en los años de crisis -especialmente 2012 que fue considerado el peor momento- se experimentó una vuelta al campo de los hombres que estaban en otros sectores, principalmente la construcción, mientras que las mujeres entraron en los servicios o fueron expulsadas del mercado laboral. De este modo, pese a que en la última década el número de contratos en el sector primario haya crecido casi un 40%, la evolución en hombres y mujeres ha sido diametralmente opuesta: la contratación masculina ha crecido un 76,1% y la de la mujer ha caído un 5,5%.

De hecho, pese a la contribución de la mujer a la actividad económica y el empleo en Andalucía ha experimentado un notable aumento desde el inicio de la autonomía -en 1981 eran el 22,5% de la población ocupada y hoy suponen el 43,1%- hay sectores donde tienen menos protagonismo: la construcción (4,3% del valor añadido bruto es atribuible a las mujeres); la industria, tanto energía e industrias extractivas (14,2%) como manufacturera (20,5%); y el primario (23,8%).

En este contexto, la Ley de Titularidad Compartida marcó un hito hace siete años por el reconocimiento de los derechos de la mujer rural. Con la misma se busca que el trabajo de la mujer no sea considerado como una extensión de las labores domésticas, sino que la aportación de cada persona tenga igual valor. Entre las ventajas, los titulares de este tipo de explotaciones pueden beneficiarse de un descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social, el reparto al 50% tanto de los rendimientos como de las ayudas agrarias y el acceso a pensiones contributivas por la cotización. Pero ha sido un fiasco: las inscripciones no llegan a medio millar, y la mayoría la copan Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Por el contrario, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la medida apenas ha tenido impacto en Andalucía, donde se acaba de aprobar un decreto con cambios en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales (Reafa), que se calculan en unas 300.000 en la comunidad autónoma y que a su vez incluirá el Registro de Titularidad Compartida. Pues bien, para el Registro de Titularidad Compartida sólo hay 18 solicitudes en Andalucía, que serán oficiales con la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) prevista el próximo 15 de octubre.

De todas maneras, desde el Gobierno de Andalucía destacan el esfuerzo “para la simplificación del procedimiento administrativo y facilitar de esta manera la inscripción en el Registro de Titularidad Compartida”. Y es que hasta la fecha, el sistema consistía en la presentación de una solicitud, mientras que a partir de ahora será un procedimiento de declaración responsable. “Esto supondrá una importante disminución de la carga burocrática, ya que se requerirá mucha menos documentación”, apuntan fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Masculinización y despoblación

Por otro lado, el mimo a la mujer rural se antoja también fundamental contra un preocupante fenómeno en este país: según el INE, más de 4.000 municipios, o sea prácticamente la mitad de los que hay en España, se encuentran “en riesgo más o menos severo de extinción a medio y largo plazo”. Para ello hay que evitar que se vayan, especialmente porque cada vez son más las jóvenes con formación superior dejan el mundo rural, en lo que se conoce como huida ilustrada. Es más, si se vuelven a mirar las solicitudes de ayudas directas a la PAC en Andalucía, pero atendiendo a la edad, se ve que las presentadas por las jóvenes no están cerca de la mitad (con ese 40% de mujeres sobre el total), sino por debajo de la cuarta parte (24,7%), porque tres de cada cuatro corresponden a hombres.

Esta emigración predominantemente femenina a los núcleos urbanos ha elevado el índice de masculinización del medio rural. Según datos del INE correspondientes a 2007, el índice de masculinización en el medio rural es del 103,42%, o sea, por cada 100 mujeres hay 103,4 hombres. Son seis puntos más que el índice de masculinización en el conjunto del país, 96,8%, lo que indica claramente que fuera de este entorno hay más mujeres que hombres.

La presidenta de Fademur, Teresa López, es tajante. “Se habla de las mujeres rurales para evitar uno de los problemas en el que se está poniéndose mucho énfasis últimamente, la despoblación, y sin embargo, se las ignora en la PAC”. Y llama la atención sobre lo que las cifras esconden: “Se dice que el 30% de las explotaciones agrarias de la UE están gestionadas por alguna mujer y puede parecer que no está tan mal pero mirando los datos se ve que tienen una superficie media de 6,4 hectáreas frente a las 14,4 de las que llevan los hombres”.

Sobre la Ley de Titularidad Compartida, cree que ha fracasado “por la desidia de los gobiernos que no han hecho una campaña en condiciones para dar a conocer las ventajas”. En este sentido, incide en que “cambiar las dinámicas es muy complicado”, por lo que reivindica: “Las administraciones deberían también dar ventajas por ejemplo para determinados programas a este tipo de explotaciones”.

Lo dice mientras asiste a la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales en Córdoba, donde se han entregado los premios de Fademur 2018. El que más ha brillado ha sido el que se ha llevado la cantante Luz Casal, por su reconocimiento y promoción del medio rural a través del Festival de la Luz, cada año en su pueblo, Boimorto (2.000 habitantes). Pero ha habido más premiadas. Dos de Andalucía, Maribel Montaño y Rosa León, “por su trayectoria en la lucha feminista del mundo rural”. Y otras tantas de La Rioja, dos artesanas del pequeño municipio de Castañares, como “ejemplo de superación” después de que en pocos años hayan conseguido impulsar su proyecto de emprendimiento, La despensa del jabón, en el panorama internacional.

Una jornada que se acompañaba también de un guiño del Consejo de Ministros, con la aprobación de un real real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de carácter nacional para impulsar su papel. De este modo, no han faltado a la celebración la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que se han unido a la reclamación de perspectiva de género para la PAC. “Ya vale de decir en Bruselas que las mujeres rurales de Europa contribuyen de una manera fundamental al sostenimiento de los territorios despoblados, pero cuando se negocia se toman decisiones que no tienen en cuenta las brechas que las afectan”, ha dicho Carmen Calvo. En términos parecidos se ha expresado Susana Díaz, de cara la elaboración de la PAC para el horizonte 2020-2027, para la que ha pedido esa “sensibilidad”.

La provincia de Almería es la única de Andalucía que no ha actualizado su convenio colectivo del campo. Sindicatos y patronal llevan negociándolo desde hace más de un año, ya que el anterior tenía una duración prevista de cuatro años (1 de enero de 2012- 31 diciembre de 2015). Este convenio, firmado en 2013, se ha ido prorrogando año a año, hasta que finalmente se llegue a un acuerdo, lo que no parece que se vaya a producir en breve, ya que según los sindicatos “está unoco parado”, a pesar de que ha habido momentos en los que parecía que estaba todo cerrado. 

Pero, ¿qué supone que no se firme un nuevo convenio? En términos generales supone que se mantienen las mismas condiciones que las establecidas para ese periodo, mantenimiento de salarios con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, o la necesidad de adaptación a nuevas circunstancias del mercado de trabajo. Cuando se firma el nuevo convenio se recoge el pago de atrasos con retroactividad, pero ¿qué hacer con aquellos trabajadores eventuales que ya no trabajan para ese empresario? 

Hace unos días, la organización agraria UPA-A proponía un convenio regional del campo. Así se lo hacía saber el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, al secretario general de UGT-FICA Andalucía (Federación de Industria, Construcción y Agro), Manuel Jiménez. Este convenio, según UPA, debería recoger aspectos como establecer medidas de productividad; prevención de riesgos laborales, regulación de la jornada para evitar el estrés térmico; utilización de mejoras técnicas disponibles; implementar un Plan de Igualdad que garantice iguales salarios y condiciones laborales, así como igualdad de oportunidades en el acceso a cargos de mayor responsabilidad y mejor remunerados; y una mejora salarial que equilibre el salario en todas las provincias andaluzas. 

UPA además aseguraba que la negociación de este convenio se debe de llevar a cabo por las tres organizaciones profesionales agrarias más representativas y los sindicatos mayoritarios. Algo que parece de lógica pero que no es tan fácil que ocurra, ya que, en los convenios sectoriales provinciales, pueden participar en la negociación los representantes de los trabajadores y de los empresarios que alcancen el 10% de representatividad, pero puede ser firmado por un solo sindicato u organización si ostentan la mayoría en la provincia. 

El caso de Sevilla

El último ejemplo es el recién firmado convenio del campo de Sevilla. No ha sido fácil que vea la luz. Huelgas, protestas, marchas, y al final sólo ha sido rubricado por Asaja, organización agraria mayoritaria en la provincia, y por el Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, que tenía 8 de los 12 puestos reservados para la representación social en la negociación. Tras la firma se han producido las consiguientes protestas de UGT y de UPA.

Este convenio, al que más trabajadores del campo afecta de Andalucía, entre 120.000 y 140.000 trabajadores, tiene vigencia desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021. Establece una subida salarial para cada uno de los cuatro ejercicios del 1,25%, de forma que cuando finalice la vigencia del convenio, 2021, el salario medio diario de un trabajador del campo en Sevilla se situará en 51,31 euros con una jornada semanal de 39 horas.

La federación del campo de UGT-Sevilla asegura que su firma ha costado más de 200 euros a cada trabajador en forma de huelga de cuatro días y marchas del campo. Además, afirman que se pierden derechos adquiridos en el anterior convenio, como son los quince minutos del bocadillo, un tiempo que ahora no se cuenta como tiempo de trabajo, y van por cuenta del jornalero. Era “una de las líneas rojas de la negociación”. Estos quince minutos suponen además una pérdida retributiva del 3,8% frente a la subida salarial del 1,25% por año.

En este sentido, critican que CCOO haya firmado el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva donde hay un compromiso de aplicar la subida salarial de cerca del 3% y sin embargo, incumplen puntos fundamentales como firmar un convenio por debajo del 2% o el salario mínimo de los 1.000 euros. También se acaba con la obligatoriedad de la firma del contrato, puesto que no firmar el contrato físicamente hasta la cuarta semana “permite el fraude en el campo de forma descarada”.

Desde UPA Sevilla van más allá y no solamente lamentan que no se hayan tenido en cuenta en las negociaciones a organizaciones agrarias con plena representatividad en la provincia, como son COAG y UPA, sino que “la actitud que está teniendo Asaja Sevilla ha sido en todo momento obstruccionista con un posicionamiento de oposición a la participación en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo”, según el secretario general de UPA Sevilla, David Gil. Consideran que no ha existido una negociación plena en la comisión negociadora, que se entiende que la comisión no ha quedado válidamente constituida y que dicha exclusión lesiona el derecho a la negociación, por lo que debería ser declarado nulo.

Aún así, en líneas generales los convenios colectivos del campo en las provincias andaluzas son buenos, según ha explicado a eldiario.es/andalucia el secretario Sectorial Estatal de Agrario y del Manipulado Hortofrutícola UGT-FICA, Emilio Terrón. El problema es el grado de cumplimiento de estos convenios por parte de la patronal. Como el obligar a trabajadores a trabajar a destajo, lo que está prohibido en los convenios (con contadas excepciones como es el caso de Bujalance en Córdoba). El no realizar contratos por escrito para los que trabajan más de un mes, ya que a los 28 días dan de baja a los trabajadores, y los vuelven a contratar de palabra días después. O las situaciones de abuso que se están produciendo con empresas temporales de servicios.

Los salarios más bajos, en Huelva

El convenio en la provincia de Huelva, que afecta a unos 80.000 trabajadores, está en plena negociación. Firmado en julio de 2015 por Asaja, CCOO y UGT, tenía vigencia desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017. En la negociación se apuesta por más medidas de igualdad, especialmente tras las últimas denuncias de abuso sexual y laboral a mujeres durante la campaña de la fresa. 

Huelva cuenta con los salarios más bajos de Andalucía en este sector para una jornada laboral de 39 horas semanales. Y cuenta también que en tiempo de campaña de recogida de productos perecederos (15 febrero al 1 de junio) el domingo se considera laborable.

Un peón no cualificado fijo cobra al día en torno a 24 euros. Uno eventual cobra 28 euros; si es eventual vareador en la campaña de la aceituna, unos 38,6 euros diarios. Los sueldos más altos que recogen las tablas salariales del convenio para 2017 son para los eventuales sacadores de corcho, 54,8 euros diarios, o la recolección del espárrago, 42,9 euros. Estos sueldos son, en parte, la culpa de que se busquen trabajadores para la recogida de la fresa en otras provincias como Jaén.

Uno de los puntos curiosos, por no aparecer en otros convenios del sector en Andalucía, es que se establece que todos los trabajadores fijos con hijos en Enseñanza Primaria y 1º y 2º de E.S.O. tendrán derecho a percibir la cantidad para el 2016 de 64,42 euros anuales por hijo y 90,32 euros anuales por hijo cuando cursen estudios de 3º y 4º de E.S.O., Bachillerato, F.P.

La vigencia de los convenios de Jaén, Granada, Málaga y Cádiz finaliza este año 2018. Se trata de provincias diversas en cuanto a los cultivos y que también presentan algunas características particulares en sus convenios.

En el caso de Jaén, se trata de uno de los mejores convenios de Andalucía, con los salarios más altos. El último convenio, con cuatro años de vigencia entre 2014 y 2018, se firmó el 1 de diciembre de 2014, por parte de Asaja, UPA, la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), CCOO y UGT. El anterior convenio tenía vigencia hasta septiembre de ese año 2014.

Por primera vez en el convenio del campo de la provincia se recogía de forma expresa la igualdad de la mujer en su acceso y salarios. Una reivindicación antigua de ambos sindicatos, porque aunque parece evidente la igualdad de la mujer tras conseguir que se pagara el mismo sueldo, son muchas las denuncias a empresarios que prefieren no contratar a mujeres o hacerlo sólo si van acompañadas de un hombre.

El convenio afecta a unos 100.000 trabajadores, principalmente durante la época de la campaña de la recolección de la aceituna y ha estado vigente en las campañas de recogida de aceituna 2014-2015, con una subida salarial del 0,6%, unos 30 céntimos de euro por jornal. En la campaña 2015-2016 y 2016-2017 estaba previsto el incremento del IPC, con un suelo del 0,4% y un techo del 1%, lo que supuso una subida media de 20 céntimos de euros por jornal en 2015. En la campaña 2017-2018, la subida ha sido del 1,4 %, lo que supone una media de 70 céntimos de euros por jornal.

Así, un vareador en recolección de aceituna ha cobrado según convenio 51,77 euros por jornal; en el caso de utilizar vara mecánica, el jornal ha sido de 54,10 euros y en el caso de tractoristas, el salario era de 54,86 euros al día. Los horarios son de seis horas y media diaria, con derecho a descansar 15 minutos con cargo a la empresa.

El convenio de Granada afecta a unos 26.000 trabajadores. Publicado en noviembre de 2017, tiene una vigencia de tres años entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. Establece una jornada laboral de 39 horas de lunes a viernes. Recogía subidas salariales del 2,5% para el 2017 y del 2,5% para el 2018. Fue firmado por Asaja, Coag, UGT y CCOO. Recoge artículos sobre discriminación laboral y acoso.

El convenio de Málaga afecta a más de 35.000 trabajadores y fue firmado por CCOO, UGT y Asaja. Tiene una vigencia de tres años (2016-2018), en el caso de la aceituna se mantiene hasta el fin de la campaña en 2019. Establece subidas salariales del 1,5% para el 2016 y 2017 y del 1,2% para el 2018. La jornada laboral es de 39 horas semanales, de lunes a sábado seis horas y media y siete horas con 48 minutos de lunes a viernes. Vacaciones de entre 22 y 26 días.

El salario medio diario es de unos 43 euros para no cualificados. En el caso de la recogida mecanizada de la aceituna, el salario medio diario es de 47 euros de lunes a sábado y 56 euros de lunes a viernes. Según el convenio debería comenzar a negociarse el próximo en octubre de este año.

El convenio de Cádiz se firmó en julio de 2016 por CCOO, UGT y Asaja. Tiene una vigencia de tres años hasta el 31 de diciembre de este año. No se recoge en este texto los trabajos en las viñas que tienen convenio propio. Son 39 horas semanales de trabajo, aunque en determinadas faenas no pueden exceder las 38 horas semanales, como es el caso de la carga de melones y sandías, la recolección de patatas y remolachas, la recolección con guadaña, los trabajos en interior de invernaderos, descarga de mercancías o la aplicación de fitosanitarios. Se recogían subidas salariales del 0,5% en 2016, 0,7% en 2017 y 0,8% en 2018. La única referencia a la igualdad que se hace en el convenio se encuentra en las disposiciones finales y es para decir que “independientemente de las expresiones, masculino o femenino, no significan en caso alguno discriminación de género”.

El convenio de Córdoba, que afecta a unos 70.000 trabajadores, se firmó en 2017 y tiene vigencia hasta el 2020. Fue firmado por Asaja, Coag, UGT y CCOO. Establece aumentos salariales del 1% para el 2017; 1,4% para 2018 y 2019; y el 1,5% en 2020. El principal incremento se refiere a las horas extraordinarias (un 40%). Se establece un descanso anual de 26 días. La jornada laboral es de 39 horas semanales de lunes a sábado. Seis horas y media con 15 minutos de descanso para el bocadillo por cuenta del trabajador. El salario medio diario de un recolector en la aceituna es de unos 43 euros, entre 5 y 10 euros menos que en provincias como Jaén, Granada y Sevilla. En cítricos es de unos 48 euros.

Andalucía, mayor potencia agraria de España

En conjunto, Andalucía presenta ocho convenios diversos con coincidencias y particularidades. Unos textos a tener muy en cuenta en la mayor potencia agraria de España, donde la actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios andaluces. Con más de 5.000 agroindustrias, y más de 270.000 familias vinculadas a la agricultura. La comunidad cuenta con 771 municipios, muchos de ellos dependientes directamente del campo y la ganadería. De los casi 4,5 millones de habitantes rurales, casi la mitad (49,8%) son mujeres y el 45% son menores de 35 años.

Parte fundamental en este entramado agrario son los trabajadores y la lucha agraria en la historia. Donde a pesar de la necesidad de seguir avanzando, especialmente en el cumplimiento de los convenios, se ha avanzado mucho.

No hay que olvidar que, en 2019 se cumplen cuarenta años de la firma del primer convenio provincial del campo en Almería. El acuerdo, al que se llegó tras varios días de huelga, se rubricó en Cuevas de Almanzora y afectaba a unos ochocientos trabajadores. Se fijaba una jornada laboral de siete horas diarias, frente a las diez o doce que se daban entonces. Además se estipulaba un salario de 150 pesetas la hora para los hombres (90 céntimos de euros) y 146 pesetas (88 céntimos) para las mujeres y se estipulaban dos días de vacaciones por cada veinticuatro de trabajo.

El nombramiento de la representante de las mujeres del sector pesquero andaluz no ha sentado nada bien a mujeres del sector pesquero andaluz. Ni en la forma ni el fondo. La paradoja la ha puesto sobre la mesa de la Junta de Andalucía María del Carmen Díaz, presidenta de la Asociación para la defensa del sector pesquero del Mediterráneo andaluz Venus Nux, con sede en Torre del Mar (Málaga), en representación de más de una veintena de asociaciones de todo el litoral andaluz.

En un escrito dirigido a todos los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía, explican que para la constitución de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes) “la gran mayoría de las mujeres y asociaciones vinculadas directamente con el sector pesquero no fueron convocadas, ni por escrito ni por teléfono”.

María Ángeles Cayuela, presidenta de AndMuPes, aclara que “la asociación Venux Nux es generalista y nosotras nos pusimos en contacto con las asociaciones más representativas de mujeres, una por cada provincia. Tampoco somos tantas. No queríamos desvirtuar la finalidad de la asociación”.

Creada en abril

AndMuPes fue presentada en una reunión en la sede de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural celebrada el pasado 5 de junio, con presencia del consejero, Rodrigo Sánchez Haro, y de la directora general del Pesca. Parte de esas asociaciones, según el escrito de denuncia, tampoco fueron convocadas a la cita, donde se informó de que la asociación se creó dos meses antes, en abril.

Allí, y según recuerda a este periódico María del Carmen Díaz, la “sorpresa” llegó cuando, a toro pasado, se dijo que había habido “gran urgencia” en la creación de la asociación andaluza y que se había nombrado a la armadora almeriense María Angeles Cayuela, que pasaría a formar parte también como vocal del Consejo Asesor de la Pesca, constituido precisamente este jueves.

También se comunicó ese 5 de junio que, en lugar de una federación, se había creado una asociación para que pudieran estar presentes mujeres a título personal que no pertenezcan a ninguna asociación en materia de pesca. El compromiso del consejero había quedado establecido en Málaga el pasado mes de enero en un primer encuentro con las mujeres del sector. Así explicó el consejero ante los medios en junio la creación de la asociación:

Fuentes de la Consejería consultadas al respecto por este periódico dicen que “la asociación se constituyó por parte del propio sector”. “La Consejería lo que hizo fue animar a que se creara una entidad de este tipo para que así haya una interlocución directa, pero no la hemos creado nosotros”, argumentan, añadiendo que la persona que suscribe el escrito “ha estado en todas las reuniones en las que se trató la cuestión y se la invitó a participar en el proceso”.

Según explica Díaz, preguntó durante la reunión al consejero “cómo era posible constituir una asociación a nivel andaluz, con la importancia que ello tiene para todas las mujeres, sin contar con la gran mayoría de mujeres andauzas”. Desde la Consejería se argumentó entonces que “era debido a la urgencia, para poder acogerse a ayudas o subvenciones, y poder encauzarla para su participación en el recién creado Consejo Consultivo de Pesca”. “Quedó bien acreditado que en la constitución de la asociación y el nombramiento de la junta directiva, las actoras mayoritarias no fuimos llamadas ni convocadas ni consultadas”, sentencia.

“Por economía procesal se actuó solo con algunas personas, reconociendo la ahora presidenta que se había llamado a personas con las que tiene afinidad personal para facilitar las gestiones”, añade Díaz, que denuncia que “evidentemente quería garantizarse el cargo de presidenta, y como no, su pertenencia directa al Consejo Consultivo de Pesca”.

En ese encuentro en la Consejería “se nos pidió que nos podríamos adherir a la nueva asociación, que para ello traían un formulario elaborado”. “No queremos ni un plato cocinado ni un traje a medida ni adherirnos a algo que desconocemos totalmente. Nos tenemos que tragar a la presidenta, los estatutos y los posibles acuerdos que se hubieran adoptado, y no conocemos el contenido del acta fundacional. La constitución de la asociación será legal pero es, a todas luces, injusta y deslegitimada”. “Aquí el trato igualitario se produce por afinidad”, añade.

“De haberse convocado a todas las mujeres del sector, donde la mayoría consta en la propia Consejería, pues constan nuestros datos y nuestros medios para comunicarse con nosotras, con toda seguridad los resultadis ni hubieran sido los mismos, por lo que no nos sentimos representadas por la que dice ser la presidenta de la asociación andaluza de las mujeres del sector”, lamenta Díaz, que cita que no se ha contado con asociaciones de Málaga, Adra, Marbella, La Línea, Algeciras, Punta Umbría, Isla Cristina, Huelva, Conil, Ayamonte o Roquetas.

¿Asociaciones solo de mujeres?

Por todo, solicitan “que se vuelva a convocar junta general donde todas las mujeres implicadas seamos convocadas para determinar quiénes queremos que nos representen, cómo queremos que se articulen nuestros estatutos y qué nombre darle a lo que se entiende ha de ser una gran instrumento para encauzar nuestras políticas pesqueras y de igualdad”, pidiendo “que se propicie esa igualdad publicitada pero no puesta a nuestra disposición” y “que se suspenda de forma cautelar la supuesta representación hasta tanto no haya tenido lugar una nueva convocatoria y unas elecciones, y que no se nos usurpe un derecho a un trato igualitario”.

María Ángeles Cayuela, presidenta de AndMuPes y que pertenece a la Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea, pide a Díaz “que no ponga en duda nuestro trabajo y nuestro esfuerzo por mejorar las condiciones de las mujeres en el sector”, señalando que “desde enero hasta abril podía haber tomado algún tipo de iniciativa si está tan preocupada” por la cuestión.

“La asociación Venux Nux es generalista y nosotras nos pusimos en contacto con las asociaciones más representativas de mujeres, una por cada provincia. Tampoco somos tantas. No queríamos desvirtuar la finalidad de la asociación. Preparamos los estatutos y se hicieron las gestiones para crear la asociación. Ella o cualquier otra mujer del sector puede solicitar su adhesión. Ya somos 117 mujeres”, explica sin querer entrar en enfrentamientos con la denunciante y resaltando los “esfuerzos” que se están haciendo “poco a poco” para mejorar el sector.

Díaz, por su parte, pone como ejemplo la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca), creada en 2016 y formada inicialmente por una docena de colectivos profesionales, entre ellos la asociación Venus Nux que dirige. “Anmupecsa está formada por hombres y mujeres, aunque la condición estatutaria es que la junta directiva este formada por mujeres”. “La excusa de que sean asociaciones solo de mujeres es un poco burda, de poco sentido común”, señala.

Este lunes se llevó a cabo la celebración del 40 aniversario de AgroSevilla, la mayor empresa exportadora de aceitunas en el mundo. Tanto el presidente de AgroSevilla, Gabriel Redondo, como el Consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, aprovecharon el momento  para resaltar el perjuicio que el Gobierno de Estados Unidos le está haciendo al sector agropecuario de España con los nuevos aranceles y afirmaron que “esto nos afecta a todos, muchas personas podrían perder su empleo a causa de esto pero vamos a dar la batalla”, afirmó Redondo. Cabe mencionar que ya han tenido que despedir, como medida provisional, a 50 personas y prevén despedir a 50 más “si esto no se soluciona pronto”.

El 40 aniversario convocó a agricultores, cooperativas, políticos y medios de comunicación para exaltar la labor de más de 4.000 agricultores que son la razón de ser de AgroSevilla, empresa que exporta a más de 70 países alrededor del mundo. Sin embargo, hicieron referencia en varias ocasiones a la caída de la exportación de la aceituna negra por la implantación del arancel de Donald Trump diciendo que “ahora es el momento clave para que no se cometa una injusticia y reiterando que con el apoyo de todos lo conseguiremos. Principalmente nos redirigimos a la Unión Europea para que nos apoye en esta lucha”, reclamó el Consejero de Agricultura.

Durante el primer trimestre del año, la exportación de aceituna negra de mesa de España a Estados Unidos (EEUU), tras la implantación del arancel de Trump, pasó de 6,9 millones de kilos a tan solo 4 millones, según la información del Departamento de Aduanas de EEUU recopilada por la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa).

En peligro, la sucursal de Virginia

Según datos que revelaron, la producción de la aceituna negra solamente en AgroSevilla ha caído un 15%, ya que Estados Unidos suponía el 20% de la producción total de aceitunas negras. El mercado estadounidense siempre ha sido su mayor cliente y es por ello que tienen una sucursal de AgroSevilla en el estado de Virginia (Estados Unidos) que sirven como importadores. Pero esta fábrica, que cuenta con 12 trabajadores, podría desaparecer por completo pues “no tendría su razón de ser si no tenemos la distribución a Estados Unidos”, señaló Redondo.

Además de la medida provisional que han tenido que tomar al despedir a 50 trabajadores, para contrarrestar el daño que esto le ha ocasionado al sector agropecuario de España han empezado a redimensionar su fábrica, hacer mejoras y ser más competitivos en aceituna verde.

Mientras en España han descendido las exportaciones, otros países se han visto beneficiados. Estos otros países crecieron un 16,3 por ciento, pasando de siete millones de kilos a 8,2 millones de kilos destacando, entre ellos está Marruecos, que exportó tres millones de kilos (+33%), Egipto, 1,2 millones de kilos (+50%) y Turquía, 400.000 toneladas (+82,3%). Sin embargo, AgroSevilla defiende su fábrica afirmando que son “los más competitivos en el sector. Nuestra aceituna es la de mayor calidad”.

Por último, en conversación con el presidente de AgroSevilla, este notificó que ya se han tomado cartas en el asunto y están contratados abogados de defensa para que esta “amenaza” a su negocio, a su agricultura, quede sin efecto. “Ya se han invertido más de 5 millones de euros en defensa, dinero que no ha salido de ninguna institución ni del Gobierno, si no del trabajo de todos”. Redondo resaltó que “ellos son cooperativistas, no desean recibir beneficios  sino lo necesario para que sus agricultores y trabajadores puedan vivir de lo que hacen”.

Confiados, pero prudentes. Los empresarios del sector de la aceituna que han sido seguidos muy de cerca por enviados del gobierno de Estados Unidos para comprobar de qué forma trabajan y como consiguen ayudas oficiales, se muestran seguros de que el gabinete de Trump tendrá que echar marcha atrás y serán eliminados los aranceles con los que se grava ahora con hasta casi un 22 % la entrada de aceituna negra en suelo estadounidense.

Tras casi un mes de revisiones de arriba abajo en las tres empresas sevillanas que han sido investigadas, Ángel Camacho, Aceitunas Gualdaquivir (ambas de Morón de la Frontera) y Agro Sevilla, de La Roda de Andalucía, el presidente de esta última, Gabriel Redondo, confía en el resultado “positivo” de la visita, aunque con la prudencia de saber que no han sido visitados precisamente por amigos.

Para Redondo, el único de los tres representantes de las empresas que se han pronunciado hasta ahora, es buena noticia que los “verificadores estadounidenses han felicitado a Agro Sevilla por la colaboración en la investigación y han validado los informes que ha aportado en este procedimiento judicial”.

Por ello, confía en que todo se vaya normalizando, sobre todo para recuperar la normalidad y los clientes de destino de la compañía. Los datos hablan por sí solos: Actualmente, Agro Sevilla integra a 11 cooperativas y a más de 4.000 agricultores asociados, y llega a alcanzar una producción anual de más de 80.000 toneladas de aceitunas. Exporta aceitunas a más de 70 países alrededor del mundo.

Con esas cifras, “la investigación está pasando factura, ya que de forma transitoria está perdiendo clientes por los aranceles provisionales del 22 %, pero confiamos en ganar esta batalla comercial, cuyo dictamen definitivo se prevé para este verano”, además de lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a la población en general. Sólo en la Roda, el 5 % del empleo local depende de esta fábrica, por lo que su máximo responsable apunta que “tenemos expectativas de poder ganar y de que se normalice la situación, con los que quiero manifestar tranquilidad a los trabajadores y a la población, ya que esto es una crisis como tantas otras hemos tenido, pero no es una ruptura”.

Por último, vaticina que “sufriremos unos meses de caída de la producción, pero nos recuperaremos”, con lo que espera que todo sea un mal sueño que se supere según pasen los meses.

“Confiamos en que todo salga bien”

A falta de saber qué ocurre con el dictamen final de la investigación de los “hombres de negro”, como se conoce en el sector a los enviados por Trump para revisar la situación de las empresas, el sector ha recibido apoyos sin fisuras por parte de todos los partidos políticos y administraciones. El último ha sido el del delegado territorial de Medio Ambiente en Sevilla, José Losada Fernández, que en una visita a las propias instalaciones de Agro Sevilla se ha mostrado confiado en que “van por muy buen camino”, las gestiones, destacando la colaboración mutua con las dos administraciones, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, y con la propia empresa, uniendo a ello la labor de los propios agricultores.

De hecho, el delegado sostiene que la vida en la fábrica sigue, así como las inversiones para mejorar su trabajo de cara al futuro, destacando el el proyecto de puesta en marcha de un evaporador de los fluidos, con una inversión de más de tres millones de euros.

“Se trata de una actuación para evitar que las sustancias sobrantes de la cooperativa vayan a una balsa que puede resultar contaminante, que llegará a evaporar el doble con la mitad de energía que utilizan ahora”, señala el delegado, mientras el responsable de la fábrica indica que “aquí tenemos la aceituna con la mejor cualidad medioambiental y así hay que hacérselo ver a los norteamericanos”.

Descenso de las exportaciones

Mientras los empresarios y trabajadores esperan saber qué han decidido los “hombres de negro”, la aceituna comienza a sufrir los efectos de los aranceles. Según los datos de Asemesa, la principal patronal del sector, las exportaciones descendieron en 2017 un 7,25 %, comercializándose 308,4 millones de kilos frente a los 332,4 del año anterior.

En  el  análisis por  zonas  geográficas,  el  desglose indica que Unión Europea recibió 131,4 millones de kilos (-13,8 %);  Norteamérica 87,9 (-6 %); Países Árabes 30,4 (-1,22 %); Países del Este y Balcánicos 27,4 (+4,75 %); Centro y Sudamérica 12,5 (+12,7 %); Otros 18,8 (+1,62 %).

En el ranking de países, EEUU sigue siendo el primero con 73,7 millones de kilos, aunque las exportaciones a dicho mercado disminuyeron un 7 %, seguido de Italia 33,4 (+18 %), Francia 23,9 (-1,2 %), Alemania 20,5 (-27,2 %),  Rusia 17,8 (+1,8 %), Arabia Saudí 17,3 (-4,10 %), Portugal 12,8 (-22,1 %) y Reino Unido 11,7 (-25,6 %) como principales mercados.

No se han producido grandes cambios en las grandes áreas de destino, que siguen siendo la UE, a la que se exportó el 42,6 %, Norteamérica 28,5 %, Países Árabes 9,8 %,  Países del Este y Balcánicos 8,9 % y Centro y Sudamérica 4,0 %.

Los últimos documentos llegados de Bruselas en lo que a la Política Agraria Común (PAC) se refiere han puesto en alerta a las organizaciones agrarias. Aseguran que se  enfrentan a un escenario de incertidumbre y preocupación ante los cambios de prioridades y la amenaza de la exigencia de la cofinanciación por parte de los Estados y Europa. Por eso, los próximos meses serán cruciales en la negociación de las bases de una reforma que afectará al periodo 2021-2027.

“Lo que se nos dice es que se contempla una reducción del presupuesto y que tiene que apoyarse o suplirse con una red de financiación de la PAC. Que los Estados miembros suplan esas carencias en presupuesto”, explica Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén, responsable de la Sectorial del Aceite de Oliva en UPA, y miembro integrante del COPA-Cogeca.

Los principales temores frente a la nueva PAC que se avecina se centran principalmente en la financiación, en el presupuesto comunitario y las propuestas lanzadas desde la Comisión Europea de posible cofinanciación, lo que a la postre supondría una renacionalización de la Política Agraria Común, quitando sentido a la palabra Común, ya que los países cofinanciarían la política agraria en función de su disponibilidad de dinero o de sus intereses, generando una Europa con distintas velocidades, como critican en España las organizaciones agrarias.

Europa cambia las prioridades

La retirada del Reino Unido con el Brexit restará a las arcas europeas unos 10.000 millones de euros. A ello hay que añadir nuevas necesidades económicas referentes a la inmigración, mejorar la seguridad y la defensa o más inversiones para el programa Erasmus, e investigación e innovación.

“Estamos viendo que hay necesidades en materia de defensa, de inmigración y demás, que se van a derivar partidas hacia ahí, pero no a costa de la agricultura que es un pilar estratégico”, asegura Cristóbal Cano, que cree que “en este momento España, el Gobierno de la nación, es quien debe abanderar esa postura única, a nivel nacional, buscar alianzas con países que pueden ser amigos”, como Italia, Francia, Alemania, países potentes en el mundo agrario y con los que “podemos compartir esa defensa de una política agraria común fuerte”.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo el 14 de febrero que “los presupuestos no son ejercicios de contabilidad, se trata de prioridades y ambición. (…) Entonces, primero analicemos sobre la Europa que queremos. Luego, los estados miembros deben respaldar su ambición con el dinero para igualar. Y aunque todos debemos entender que el negocio como siempre no es una opción para esta próxima discusión, creo firmemente que podemos cuadrar el círculo y acordar un presupuesto donde todos serán beneficiarios netos”.

Y en eso están en estos momentos en la Comisión Europea, cuadrando el círculo, para que salgan las cuentas, después del 2020, unos grandes números que pueden parecer lejanos a cualquier agricultor, ganadero u olivarero pero que pueden, sin embargo, tener una gran repercusión en las pequeñas cuentas de los andaluces. 

La principal región agraria de Europa

Andalucía, que recibe aproximadamente 1.500 millones de euros de ayudas de la PAC, tiene un 57% de población viviendo en el medio rural, y es, por número de explotaciones (unas 250.000), por valor de la producción (más de 9.000 millones de euros) y por el empleo que genera (casi el 30% del empleo agrario por cuenta propia de España y más del 60% por cuenta ajena), entre otras razones, la principal región agraria de Europa, según recuerdan desde COAG-Andalucía.

En lo que se refiere al Marco Financiero Plurianual (el presupuesto europeo), la Comisión tiene que tener una propuesta lista para el próximo mes de mayo. Las reuniones en estos meses se suceden y el 16 de febrero se conoció un documento interno que no hizo sino alimentar la incertidumbre y la preocupación dentro del sector agrario. En el mismo se plantean tres propuestas que van desde mantener la situación actual, es decir mantener el presupuesto de 400.000 millones de euros para agricultura, que supone un 37% del presupuesto total, con matices, ya que habría una reselección de los agricultores perceptores; una reducción del 30%, con un recorte de 120.000 millones, o una opción intermedia de recorte del 15%, unos 60.000 millones menos.

Por otro lado, se plantea aumentar la contribución de cada país al presupuesto europeo, que ahora es del 1% de la renta nacional bruta. El Parlamento propone un aumento hasta el 1,3%, mientras que la Comisión plantea elevar la contribución al 1,1% o el 1,2%. Países como España, Francia o Alemania se han manifestado ya favorables. También se plantean implantar nuevos impuestos europeos.

 UPA: “juguemos todos con las mismas cartas”

Cristóbal Cano considera que darle más peso a los estados tiene un riesgo muy importante, depende de la voluntad de cada país. Se desvirtúa la política común, que de hecho, tiene ya una parte de las ayudas renacionalizadas, como son los fondos al desarrollo rural (segundo pilar). “Ahí hay una parte que es cofinanciada, y vemos cómo, en el caso concreto de España, en Andalucía hemos sido los más perjudicados en el momento en el que el Gobierno central ha podido meter la mano entre comillas”, “con lo cual es un riesgo, para cualquier territorio decidir, porque las condiciones de cada país son diferentes. Si un país competidor nuestro en aceite de oliva, como puede ser Portugal o Italia, valora más, o tiene más capacidad de apoyar a sus agricultores, estamos ya en desventaja”. “Juguemos todos con las mismas cartas”.

Pero, no todo es malo. Hay cosas que les gustan como suena. “Se está hablando por primera vez de establecer unos límites de ayudas por arriba, a los perceptores de la PAC” algo “que desde la UPA siempre hemos puesto encima de la mesa. Que el reparto de las ayudas tenga en consideración a quien más dificultad tiene, a las explotaciones de una dimensión menor, a las explotaciones familiares, a las que viven en el territorio, a los que tienen, en el caso de la provincia de Jaén olivar en pendiente que no pueden competir en precio, sino que hay que valorar lo que aportan de más a la sociedad: ese freno al cambio climático, ese freno a la erosión, ese aumento a la diversidad, en definitiva hacer un planeta mejor”.

Asaja: “la renacionalización es inaceptable”

Esta organización rechaza una cofinanciación. La reforma que plantea dar más responsabilidad a los gobiernos en su gestión, ha despertado preocupaciones sobre una posible cofinanciación en caso de recorte de los fondos, por lo que exigen una “posición común y unidad política” para conseguir una buena financiación que aporte estabilidad, “un presupuesto fuerte y rechazar una cofinanciación como vía para debilitar esos fondos”. Para la organización agraria, la PAC es y debe seguir siendo una política eminentemente común y su estructura debe seguir estando basada en los dos pilares: pagos directos y medidas de mercado y, como segundo pilar, políticas horizontales.

Considera indispensables normas y fondos comunes que garanticen el buen funcionamiento del mercado único europeo y permitan evitar distorsiones de la competencia. Asimismo, creen que la futura PAC debe estar al servicio de todos los ciudadanos y agricultores de la Unión Europea, por lo que “la renacionalización de esta política es inaceptable”. Proponen que sean los estados miembros los que incrementen sus partidas con el fin de que el agricultor no vea mermada la cuantía de sus ayudas.

COAG: “Hay nuevos retos y menos presupuesto”

Miguel Blanco, secretario general de COAG cree que “resulta contradictorio querer abordar nuevos y grandes retos con menos presupuesto”. La primera incógnita que aparece es la ausencia de un marco financiero para la próxima PAC, y ello a pesar de que se quieren abordar objetivos mucho más ambiciosos, especialmente en todo lo relacionado con el medio ambiente y el cambio climático. COAG rechaza el enfoque de la Comisión Europea que pide explorar la opción de introducir cierto grado de cofinanciación nacional para los pagos directos, con el fin de mantener los niveles globales de las ayudas. Frente a esto, la organización agraria defiende una PAC fuerte, común y financiada íntegramente con el presupuesto comunitario, como corresponde a la única política común de la UE. Asimismo, creen que la mencionada cofinanciación estatal del presupuesto agrario aumenta el riesgo de recortes y aviva la intención de la UE de cuadrar su nuevo marco presupuestario a costa de la agricultura.

La vista puesta en mayo

El calendario fija que para el mes de mayo tiene que haber una propuesta del presupuesto europeo y en el primer semestre de este año presentarse las propuestas legislativas íntegras, pero según Cristóbal Cano, todo va a depender mucho de las elecciones europeas del 2019. “Esta PAC que tenemos es muy posible que se prorrogue hasta el 2023/2024”, “porque una vez que se constituya el nuevo Parlamento Europeo habrá un nuevo comisario que querrá tener su impronta en la PAC. Estamos hablando de la prórroga que estaba previsto que se aplicara un par de años antes”.

“No sería un mal escenario, viendo los nubarrones que hay, que se prorrogue, tenemos más tiempo de negociar, de convencer a la Comisión Europea de que esa PAC fuerte tiene que ser una realidad”. Aun así, “las negociaciones más cruciales son ahora, porque al final cuando llega esa nueva Comisión Europea no va a barrer y lo que ya se haya trabajado no lo va descartar. Se están sembrando las bases de la nueva PAC, por eso, es ahora el Gobierno de España el que tiene que trazar alianzas con países que compartamos intereses”.

Desde la Consejería de Agricultura andaluza se han mostrado preocupados por la posible reducción del presupuesto, y rechazan, al igual que el Ministerio, una cofinanciación de las ayudas directas. Un aspecto que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina ha calificado de “línea roja”.  

“Las infraestructuras pendiente del Estado nos permitirían tener una situación menos vulnerable frente a la sequía porque dan más regulación en algunos sistemas”. Inmaculada Cuenca, directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, lamenta que la región siga esperando la ejecución de obras hidráulicas de Interes General del Estado que el Gobierno central que se ha comprometido en financiar y aun no ha ejecutado, muchas de ellas prioritarias en algunas comarcas de la comunidad autónoma.

La Ley de Trasvase de 15 hectómetros cúbicos en Huelva, la presa de Siles en Jaén, el trasvase desde el pantano de Iznájar y el cubrimiento del canal de riego y abastecimiento del Guadalhorce en Málaga, la construcción de las conducciones derivadas de la presa de Rules en Granada, y la ampliación de estaciones depuradoras o desaladoras en Almería son algunas de las actuaciones a las que alude la Junta de Andalucía.

Algunos de los objetivos de los planes hidrológicos, hoja de ruta de la gestión de las cuencas, solo se pueden cumplir si se hacen obras como las mencionadas, inciden desde el Gobierno andaluz, que añade que, por ejemplo, en las cuencas mediterráneas las desaladoras son fundamentales para regadío y son muy demandadas por el sector. Desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no se ha querido comentar nada respecto a los motivos por los que no se han terminado de llevar a cabo las citadas infraestructuras hidráulicas

Respecto a Huelva, añaden desde la Consejería, está pendiente de aprobar la Ley de Trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrológica del Tinto-Odiel-Piedras hasta la del Gudalquivir y que “debería garantizar agua a los agricultores de la zona”. En Jaén, la presa de Siles, declarada de Interés General del Estado en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, señalan que “para que la Junta pueda llevar a cabo un correcto aprovechamiento de la presa, urge que se desarrollen las actuaciones necesarias que permitan la utilización del agua por los agricultores de estos municipios”.

Imposibilidad en la Junta

A este respecto indican que “la CHG tiene que determinar el número de hectáreas que pueden hacer uso de este regadío, impulsar un proceso para la concesión de regadío a los agricultores y ejecutar las obras necesarias para la regulación y canalización del recurso hídrico”. La Consejería de Agricultura podrá cooperar a su desarrollo a través de las ayudas a la modernización (fondos Feader) o a las conducciones secundarias, añaden, pero “las conducciones generales corresponden al Estado, a partir de las cuales podrá actuar la Junta”.

En la provincia de Málaga, la Junta considera “prioritario” que la obra que permita el trasvase desde el pantano de Iznájar “sea autorizada y declarada de interés general por el Gobierno central para poder agilizarla lo máximo posible”. “El planteamiento de realizar esta infraestructura no es más que lo que está previsto en los planes hidrológicos tanto de la Cuenca del Guadalquivir como de la Cuenca Mediterránea, un trasvase de hasta 5 hectómetros cúbicos y que requiere de la aprobación del Gobierno central”.

Asimismo, el recrecimiento de la presa de la Concepción, otra obra de Interés General del Estado, se antoja imprescindible para garantizar los suministros en la Costa del Sol. Por último, y también en la provincia malagueña, “el Estado no ha hecho nada entorno al cubrimiento del canal de riego y abastecimiento del Guadalhorce o sobre la corrección de los vertidos salinos al mismo embalse del Guadalhorce”.

En cuanto a Granada, desde la Junta se indica que “la solución para paliar la escasez de recursos hídricos en la Vega de Almuñécar y toda la costa granadina no es otra que la construcción de las conducciones derivadas de la presa de Rules”. Esta obra es “prioritaria”, está “recogida en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y está ”declarada de Interés General del Estado“, por lo que ”su ejecución corre a cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente“, lamentan desde el Gobierno andaluz.

Obras “orientadas a mejorar la garantía”

Para Almería, “el Gobierno central tiene en su debe la falta de obras con las que tratar de paliar el déficit hídrico que soporta la provincia”. La ampliación de la estaciones depuradoras de El Ejido, Adra o Roquetas de Mar, la desalabradora de la Balsa del Sapo o la segunda fase de la desaladora de Carboneras y la conducciones al Campo de Tabernas son “algunos de los compromisos que el Ejecutivo central ha incumplido”.

A juicio de Inmaculada Cuenca, “todas las obras de Interés General del Estado que contemplan los planes hidrológicos están orientadas a mejorar la garantía”. “En el caso de una situación coyuntural de sequía, esas obras dan más robustez para aguantar pero no la solventan”. “Ninguna de esas obras palía una situación de sequía”, aclara la directora general.

Ante una disminución de los recursos existentes, “hay que adecuar el recurso disponible a las demandas”. “Pequeñas operaciones permiten pequeñas medidas operativas que permiten movilizar recursos, que es lo que estamos haciendo, para conseguir una reserva estratégica o intercambiar recursos de unos sistemas a otros, o cambios en el uso de determinados volúmenes. En eso consisten las infraestructuras de sequía”, explica la directora.

“Ahora bien, las infraestructuras pendiente del Estado nos permiten tener una situación menos vulnerable frente a la sequía en el sentido de que dan más regulación en algunos sistemas. Por ejemplo, el embalse de la Concepción en la Costa del Sol, que al ser muy pequeño tienes mucha vulnerabilidad. No solucionaría la sequía, pero nos daría mucha más tranquilidad y mejoraría mucho más la gestión”, señala.

“Las obras de Interés General del Estado y todas las que hay en la planificación no se orientan a un crecimiento de la demanda sino a robustecer las garantías para las demandas existentes. Ahora estamos corriendo un sprint, porque la sequía es un sprint, y hay que hacer cosas en otro ámbito. El resto, la gestión, es una carrera de fondo pero, si te paras, nunca recorres el camino”, recalca Cuenca.

El agua, una “herramienta política”

Por su parte, Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas y Agricultura de la organización ecologista WWF España apuesta por “reducir la demanda” y planificar mejor el desarrollo rural y ser “más imaginativo”. “El agua es una herramienta política y aquí todos quieren ser el salvador del regante”, lamenta. “Hay cosas y obras que llevan su tiempo pero esto no se soluciona solo a base de hormigón. Que esas obras estén en los planes hidrológicos nacionales no es garantía de nada porque, además, algunos de ellos están recurridos y judicializados”, explica.

Hernández apunta que “no es sencillo” solucionar estas cuestiones pero duda de que llegue una mejoría en este sentido “si se sigue planificando como en años en los que no hay sequía”. “Seguir aumentando la oferta no es la solución, al contrario, la solución es reducir la demanda, es decir, que en lugar de pensar en hacer más embalses se piense en gastar menos agua”, señala la responsable de WWF en la materia.

“Por ejemplo, en Andalucía se ha ampliado la superficie de regadío y es de esperar que, cuando llega la sequía, falte agua. La Junta no le puede echar la culpa al Gobierno en ese punto. Muchos regadíos tienen escasa rentabilidad. La responsabilidad es de todos y la solución tiene que venir por parte de todos”, concluye.

El Congreso de los Diputados ha aprobado en el pleno de este jueves la enmienda al Proyecto de Ley para paliar los efectos de la sequía que se tramitó en el Senado que recogía la reducción de 35 a 20 en el número de peonadas para que los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio agrario o renta agraria en las comunidades de Andalucía y Extremadura, tras un periodo de gran sequía.

La votación se ha saldado con el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios salvo PNV y PdeCAT, que se han abstenido. La enmienda añade dos párrafos nuevos con el objeto de explicar el sentido de la nueva Disposición adicional Octava sobre le reducción del número máximo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios.

La nueva disposición adicional recoge que la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agraria se realiza en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, “afectados por el descenso de producción como consecuencia de la sequía”.

Así, los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que residan en el ámbito territorial de Andalucía y Extremadura, podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, o de la renta agraria por el que se regula dicha renta para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Esto se producirá aun cuando no tengan cubierto el número mínimo de jornadas reales cotizadas establecidas siempre que cumplan los requisitos de tener cubierto un mínimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo; reunir el resto de los requisitos exigidos en la normativa aplicable y solicitarlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.

Fue el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien anunció en el pleno del Parlamento andaluz que el Gobierno central reduciría de 35 a 20 el número de peonadas para que los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio agrario. Así, proclamó dicha reducción para que “nadie pierda su derecho a la renta agraria”, e indicó que el Ejecutivo nacional garantizará así que 205.000 trabajadores del campo percibirán el subsidio agrario a pesar de la sequía.

De otro lado, el coordinador de la Interparlamentaria y diputado por Sevilla en el Congreso, Antonio Pradas, defendió que la reducción de peonadas de 35 a 20 para el acceso al subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura es “una chapuza legislativa” que, según aseguró, “va a dejar fuera a miles de trabajadores” del campo andaluz y extremeño.

Este lunes 12 de febrero se cumplen cuatro años del momento en que Francisco Casero inició una huelga de hambre que duró 25 días, recorriendo 7.000 kilómetros y manteniendo hasta 60 encuentros y reuniones con colectivos y agentes sociales. El principal motivo de aquella protesta pacífica no ha variado mucho en este tiempo, a tenor de sus palabras y de las múltiples preguntas que se hace en cada respuesta. Sirvió de reflexión y de germen de lo que hoy es la fundación Savia. Repasamos con él cómo está la cuestión entonces y cómo estamos ahora.

¿Habría motivos para empezar hoy mismo otra huelga de hambre como aquello?

Posiblemente haya más motivos ya que, por desgracia, en todos los aspectos, nuestra sociedad se va deteriorando, sobre todo porque es una sociedad más pasiva y, por otro lado, porque tenemos una clase política que no termina de dar respuesta a los distintos problemas y se aleja de la conexión entre sociedad civil e instituciones. La Justicia no da confianza, los temas medioambientales se están abandonando cada vez más, las desigualdades van en aumento,.... Es decir, no hay una definición clara de dónde queremos ir. Se trabaja solamente en el hoy y no en el mañana. Hay una tensión permanente que no ayuda en absoluto a crear una convivencia para que podamos abordar los problemas con seriedad y rigor.

¿Dónde está el origen de que no terminen de resolverse tantas cuestiones?

Las políticas que se están llevando a cabo son cada vez más liberales y eso nos está llevando a cuestionar muchísimas cosas. Unos intereses muy determinados están llevando a cabo todos sus planteamientos y gran parte de la clase política va de palmero. Todo nuestro espíritu de entrega e ilusión de los años 60 y 70 daría para un debate mucho más serio y de rechazo, pero realmente todo sucede ahora con el beneplácito y el silencio de muchos.

¿Habría que luchar más para lograr ciertas cosas?

Las cuestiones fundamentales deberían imponerse desde el punto de vista del consenso y aquí siempre estamos en la situación de tensión. Es fundamental buscar la unidad, porque realmente la otra parte es muy fuerte y las grandes fortunas hacen y deshacen a su antojo. Es fundamental una clase política mucho más cerca de la realidad, que fomente la participación ciudadana a la hora de tomar decisiones.

¿Aumentar la democracia?

Una de las cuestiones que desde la Fundación Savia estamos realizando es cómo hacer que la ciudadanía tome conciencia y participe. Eso es fundamental. La democracia no puede seguir siendo votar cada equis tiempo. Una cosa son los mensajes y otra es la realidad. Lo que es inconcebible es que el fondo de reserva de las pensiones esté a cero para gente que hemos trabajado toda la vida. Las cuestiones públicas son elementos esenciales y no pueden estar supeditadas a vaivenes del capital o de empresas.

¿Cree que sigue habiendo desafección?

La clase política va por un lado y la ciudadanía va por otro, y al final hay un alejamiento muy claro. Y eso repercute muy negativamente en poder abordar los temas. Lo de Cataluña es un ejemplo del uso nada correcto de las instituciones. Los problemas siempre deben encaminarse al diálogo y el diálogo no puede tener topes de tiempo ni de fronteras sino que tiene ser machacón. No se está valorando el precio de la convivencia. Estamos creando una situación de no convivencia con consecuencias muy graves para el futuro de esta sociedad, y en eso hay unas responsabilidades políticas.

¿Qué tipo de responsabilidades?

Seguimos dándole vueltas a las cuestiones y no avanzamos. ¿Cómo es posible que las administración sea un inconveniente en el día a día de la ciudadanía? ¡Para una iniciativa como montar una empresa todos son obstáculos! Los jóvenes se marchan. Las relaciones entre el mundo rural y el mundo urbano cada vez son más distantes. Y en el tema del cambio climático hay una hipocresía permanente.

En su huelga aludía a la crítica situación de diversos aspectos de la sociedad y economía andaluza. ¿En qué punto estamos?

El sector agrícola y ganadero tiene un peso muy importante para Andalucía y es donde podemos ser competitivos. Que sea un referente en la producción ecológica es debido a que una serie de gente hemos dado parte de nuestra vida. Y eso significa mayor valor añadido, más puestos de trabajo, mejor respuesta al cambio climático,... ¿Por qué no hay una estrategia clara? Estos días se está hablando mucho de las granjas intensivas. Oiga, aquí tenemos una ganadería extensiva que es fundamental para el manejo del territorio porque eliminamos pasto y el monte está acondicionado. Ahí tenemos las consecuencias de los incendios del año pasado en Portugal.

¿Dónde estaría la clave para que la clase política tome conciencia?

Hace falta una política más abierta y mucho más receptiva. Hemos tenido varios encuentros con el consejero de Economía, para debatir, y cuando eso se produce, la clase política se da cuenta de que tiene que escuchar mucho más. Es un defecto de nuestros sistema político y es que todo lo sabemos. ¡No! Hay que saber escuchar. La primera lección del político debería ser saber escuchar.

Tenemos que tener una administración que responda, que a mi me dé confianza de que está pendiente de que resuelve las cuestiones, no de crearme más problemas. Para cualquier proceso es una montaña y la burocracia nos cuesta a los españoles 40.000 millones al año. ¿Por qué no premiamos a las nuevas iniciativas con medidas fiscales? ¿Por qué no lo hacemos en el mundo rural para frenar el despoblamiento? ¿De verdad estamos preparando a nuestros jóvenes en las universidades para enfrentarse a los retos? ¿Hay estrategias o simplemente vamos a las cifras?

¿En qué habría que poner primeramente el foco?

Es fundamental que se llegue a un acuerdo para ver cuáles son las cuestiones fundamentales y que cada uno ponga el empeño para poder ir cambiando esa realidad. ¿Cuáles son las razones para que Andalucía, en sus mejores momentos, no haya bajado del 15% de paro? Tenemos que llegar a un acuerdo para ver dónde tenemos que actuar y para eso hace falta un amplio consenso de la clase política y también de la ciudadanía. Tenemos que actuar mirando al futuro. Todo tiene que tener un sentido. Hablemos más de crear riqueza, de aprovechar para generar el máximo. Tener la mentalidad de que cada uno tenemos que aportar algo. No hablemos solo de derechos, sino también de deberes. Mientras ese desequilibrio exista, no habrá un cambio de mentalidad. Hace falta una nueva actitud y una nueva disposición.

El presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado este viernes que el Gobierno de España rebajará de 35 a 20 el número de peonadas “para que nadie pierda su derecho a la renta agraria”. Durante su turno en la sesión de control en el Parlamento de Andalucía, ha aprovechado para anunciar la medida y que tiene impacto en esta comunidad autónoma y en Extremadura.

El líder del PP en Andalucía ha desvelado también que la medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de septiembre de 2017 y garantiza que 205.000 trabajadores del campo percibirán el subsidio agrario a pesar de la sequía, satisfecho de poder adelantar la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy en un escenario como el que este viernes le ha brindado el Parlamento de Andalucía.

Ha recordado que es la tercera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy toma esta medida y demuestra que es “sensible” con Andalucía, para recordar que su formación ha impulsado la propuesta a través de una modificación en el proyecto de ley para paliar los efectos de la sequía.

En concreto, beneficiará a 56.8263 trabajadores del campo en Andalucía y garantizará que la sequía no afectará a la percepción de estas ayudas a los más de 205.000 trabajadores de esta comunidad autónoma y de Extremadura que al año se benefician de las mismas.

Posteriormente, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha aclarado que ya se han ha iniciado las actuaciones necesarias para rebajar de 35 a 20 el número de peonadas. Para llevar a cabo la medida, se han promovido las correspondientes enmiendas parlamentarias. “Ello quiere decir que ningún trabajador agrario de Andalucía y Extremadura perderá el derecho al subsidio agrario por una mala evolución de la cosecha como consecuencia de la sequía”, informa en un comunicado remitido este viernes por la tarde.

Según los datos recabados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapama), se ha registrado una caída en la producción del olivar respecto a la campaña anterior del 20%, en el caso de Andalucía, y del diez por ciento en Extremadura.

2017 ha sido un año duro para el campo andaluz. La sequía, el llamado ébola del olivo (la bacteria Xylella fastidiosa), la crisis de la aceituna y los problemas con las ventas a las grandes superficies han lastrado un sector que ha generado, según datos oficiales, 9.622 millones de euros. El sector agroganadero ha crecido un 1,8% gracias al impulso de las hortalizas, las frutas y el aceite de oliva, que acaparan el 75% del mercado, pero la escasez de agua, provocada por el cambio climático, ha supuesto pérdidas de 800 millones de euros, según estima la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía.

La UPA asegura que “la falta de precipitaciones que se vive en nuestra región y la irregularidad de las mismas como consecuencia del cambio climático están teniendo gravísimos efectos sobre la agricultura y la ganadería”. Ha llovido un 18% menos que la media histórica y los embalses se encuentran a tan solo un 35,80% de su capacidad. Ante la falta de agua, el ganado tiene dificultades para beber, su pienso se encarece y los regadíos tienen problemas que puede suponer “la pérdida de ayudas PAC (subvenciones europeas)”.

No solo se siembra cereal en “campos absolutamente secos”, sino que la campaña del olivar se reducirá un 20% en 2018, según cálculos de la organización agraria. Miguel Cobos ha destacado en rueda de prensa en Sevilla que en 2017 “el aceite de oliva ha funcionado muy bien, hemos conseguido exportar cantidades nunca soñadas. Están siendo años muy buenos para el aceite”. La organización lo achaca a los descensos en la cosecha y la debilidad de la oferta de otros países productores.

Al final de la campaña, el precio medio del aceite de oliva virgen extra en origen se situó en torno a los 3,7 euros por kilo.Andalucía produjo dos millones de toneladas gracias al millón y medio de hectáreas de olivar.

Eso sí, “la sequía está ocasionando una reducción muy significativa de la producción de aceite de oliva mucho más acusada en las explotaciones de secano”, destacan.

Donde el sector ha encontrado un enemigo inesperado ha sido en Estados Unidos, donde las denuncias de dos empresas californianas han llevado a Donald Trump a imponer aranceles a la aceituna negra de mesa, cargándolo en sus fronteras con una media de un 4.5% de gastos aduaneros y restándole, por tanto, competitividad en el mercado norteamericano. Los agricultores esperan que la Unión Europea “tome cartas en el asunto, con sanciones efectivas y una demanda ante la Organización Mundial del Comercio”.

En cuanto a los precios, los pequeños agricultores y ganaderos denuncian que sectores como los cereales, las frutas dulces, las hortalizas, la aceituna de mesa, el vacuno, el caprino y el ovino “no cubren ni tan siquiera los costes de producción”, ya que las grandes superficies ejercen un “abuso de la posición de dominio de la gran distribución el conjunto de la cadena agroalimentaria”. Piden una proposición no de ley contra la venta a pérdidas.

Cinco brotes de Xilella

XilellaLa otra gran preocupación viene marcada por el llamado ébola de los olivos, la Xilella fastidiosa, una bacteria que arrasa no solo el olivar, sino los almendros, los frutales, los viñedos o los cítricos. Son ya cinco los brotes detectados en la Península Ibérica, en lugares mediterráneos como Baleares o Alicante. El secretario general de la UPA ha solicitado un plan de acción de la Junta de Andalucía que contemple “un proyecto de investigación para luchar contra la bacteria, buscar plantas resistentes a la bacteria, formación de técnicos y ayudas para los agricultores afectados”. Hoy en día, lo único que se puede hacer contra esta plaga es arrancar los árboles afectados.

Para la fresa de Huelva, el agua y la mano de obra siguen siendo los grandes problemas. Los agricultores estiman que hacen falta 70.000 personas para los tres meses más importantes de la recolección (marzo, abril y mayo). “Hace falta más mano de obra, hay un déficit de 30.000 personas. De las 11.000 ofertas de empleo, sólo hemos recibido 840 solicitudes. Solicitaremos 6.500 trabajadoras de Marruecos. A los trabajadores rumanos les ofrecemos desplazarlos desde Almería y Granada y darle alojamiento. El jornal es de 40 euros neto y suelen trabajar tres meses”, ha explicado Miguel Cobos.

En cualquier caso, donde se encuentra el mayor reto para este y los próximos años es en la gestión del agua. No se trata sólo de la lluvia, sino de la modernización de un 20% de los cultivos andaluces (unas 200.000 hectáreas), que siguen regando a manta o con aspersores, en vez de por goteo. La mitad del agua se malgasta, de manera que su modernización supondría, en total, un ahorro de 600 hectómetros cúbicos, según cálculos de la UPA.

La sequía meteorológica actual viene agravada por tres años previos muy secos que, junto con las escasas precipitaciones del año hidrológico 2016-2017, ha provocado la aparición de sequía agronómica en una parte importante del territorio andaluz.

La Unión de Pequeños Agricutores y Ganaderos de Andalucía (UPA) ha tasado en 1.050 millones de euros las pérdidas hasta el mes de octubre entre todos los sectores agrarios de la comunidad autónoma, 3.629 millones de euros en España, una cifra que podría verse incrementada de perpetuarse las condiciones meteorológicas, fundamentalmente en el sector ganadero. Pero si la situación continúa, lo peor está por llegar de cara a próximas campañas y cosechas, coindicen las organizaciones agrarias.

De momento, los cultivos con riego han sido los menos perjudicados, aunque el sistema de regulación para riego de la cuenca del Guadalquivir está en situación de emergencia por la sequía. La campaña de riego ha finalizado el 15 de noviembre con normalidad (incluso con la aprobación de desembalses de agua de en torno a 5 hm3 para atender las demandas del regadío), pero habrá que ver si llueve para poder planificar la próxima campaña, porque la ausencia de agua puede afectar de manera notable a la planificación de las siembras. 

El cultivo más afectado, el olivo

Según el balance de pérdidas de UPA, los sectores más afectados este año han sido, en primer lugar y con diferencia el olivar, con 865 millones de euros de pérdidas en la Andalucía, al ser el cultivo con mayor extensión y dado el valor del kilo de aceituna en la actualidad.

Le siguen, cereal, almendro y viñedo, con pérdidas que se sitúan en los 88 millones, 65 millones y 10 millones de euros, respectivamente. Otros sectores agrícolas y el ganadero también han padecido mermas en sus producciones y aglutinan unas pérdidas de unos 22 millones de euros en su conjunto.

Las lluvias recientes han sido beneficiosas pero insuficientes y no han supuesto cambios importantes, ya que fueron torrenciales en algunos lugares y mal distribuidas, y debido al gran déficit no se produjo escorrentía ni aportaciones a los embalses, según COAG Andalucía, por lo que todo se encuentra a la espera de lo que ocurra en los próximos meses.

Por cultivos, en lo que se refiere al cereal, los productores de herbáceos vieron reducida su cosecha en torno al 40%; y la sequía ha retrasado un poco el inicio de la siembra. La próxima campaña de cereales dependerá de las lluvias de primavera.  

En el sector del olivar, el más perjudicado este año por la sequía, en aceituna de mesa, los agricultores tuvieron que dejar en el árbol en torno al 50% de su producción, según COAG. Y el aforo para la campaña de recogida de aceituna que ha comenzado ahora, estima que la cosecha se reducirá un 16% en Andalucía (hasta el 28,5% en Jaén), una reducción que puede ser mayor viendo el desarrollo de la campaña, datos que se confirmarán cuando se finalice la campaña de recogida en unos meses.

“El 50% del partido está perdido”

De cara a la próxima campaña, como señala el responsable sectorial de aceite en COAG-A, Juan Luis Ávila, “el otoño es el que determina que las yemas vayan a flor o a madera, así que el 50% del partido está perdido. No obstante, las lluvias de marzo y abril son muy importantes. Hemos perdido yemas que no irán a puerto, pero si la primavera viene lluviosa, la flor tendrá capacidad de generar frutos y podremos tener, en el mejor de los casos, una cosecha media de aceite”.

De la misma opinión son en Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, donde aseguran que la sequía está afectando a los olivos, que acumulan ya un déficit hídrico desde hace varios años y que puede conllevar una desastrosa campaña 2018-2019.

Consecuencias para los animales

Los ganaderos se enfrentan a graves problemas de abastecimiento de agua en las fincas, teniendo que recurrir en algunos casos a la compra de cubas para abrevar al ganado. Ante la escasez de pastos, se han visto obligados a alimentar a los animales a base de concentrados, en algunos casos desde el inicio del verano, lo que supone un importante sobrecoste derivado de la compra de piensos y forrajes, que contribuye a agravar la ya de por sí mermada rentabilidad de las explotaciones. En este sentido, COAG-A destaca que otras comunidades autónomas han implementado una ayuda específica para financiar ese sobrecoste. 

También se ha visto afectada la montanera, ya que la falta de agua ha provocado que la bellota no engorde suficiente y en algunos se caiga antes de tener el desarrollo óptimo. La montanera suele ir de finales de septiembre a enero o febrero, dependiendo de la meteorología, y coincide con la fase final de la cría y engorde del cerdo ibérico, en la que se busca que el animal alcance el peso ideal de sacrificado, que está en torno a los 180 kilos. Tampoco ha habido la hierba de otoñada que complementa la alimentación de los animales. Igualmente, si viene lluvia, se revertiría la situación de cara a la próxima campaña. 

Aguacates y mangos, en riesgo

Las restricciones de agua para el regadío que comenzaron el 1 de diciembre en la Axarquía (Málaga), comarca en la que la Junta prevé activar un decreto de sequía en enero, amenazan el futuro del sector de los subtropicales, que concentra el grueso de su producción nacional en esta zona. La despensa europea de los aguacates y los mangos ha visto cómo en los últimos años, su principal fuente de abastecimiento hídrico, el pantano de La Viñuela, ha ido menguando hasta situarse actualmente a un 22,7% de su capacidad, con 37,6 hectómetros cúbicos, pese a las lluvias de esta semana.

Asimismo, la temporada de la castaña, que ha finalizado ahora en las principales zonas productoras de Andalucía, como es el Valle del Genal, la Serranía de Ronda, Yunquera, en la Sierra de las Nieves en Málaga y la Sierra de Huelva, se ha visto muy afectada por la sequía y las altas temperaturas que se han registrado durante el otoño, unas circunstancias que no han mermado la cantidad, pero sí la calidad y el tamaño. La falta de agua ha hecho que la castaña haya caído del árbol muy deshidratada, con el erizo muy seco y muy cerrado, por lo que su recolección ha sido muy costosa.

La situación de la apicultura es muy grave. La sequía ha provocado una importantísima merma de producción de miel y polen, que en algunas zonas alcanza el 60 o el 80% respeto a la campaña pasada. Además, la falta de agua está provocando que se tengan que alimentar las colmenas de forma artificial con azúcares naturales, algo que no había ocurrido antes, y si no llueve muchas de esas colmenas podrían desaparecer.

Nivel de los embalses

Las lluvias en este último año hidrológico finalizado (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017) han sido, con una cifra de 529 litros por metro cuadrado, un 18% menores en la España peninsular respecto a la media histórica (648 l./m2), según datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Pero el problema es que desde 2014 se vienen produciendo varios años con lluvias menores a lo normal, afectando al volumen de agua embalsada, estando los embalses (a 5 de diciembre) con una capacidad de solamente al 36,5% de su capacidad total, nivel más bajo en los últimos 22 años (desde 1995).

Decreto sequía

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó a finales del mes de noviembre un proyecto de ley con un conjunto de medidas para paliar las pérdidas de los agricultores como consecuencia de la sequía. El real decreto dejaba fuera entre otras comunidades a Andalucía, por lo que el 1 de diciembre la Comisión Permanente de Seguimiento de la Sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) propuso solicitar al Gobierno la inclusión de la demarcación en el Real Decreto de Sequía, al nivel de reservas de agua que almacenan los embalses de la cuenca, que es del 31,2% de media en todos los embalses, y del 25,4% en el sistema de regulación general, el destinado al regadío, sistema que acumula dos meses consecutivos en situación de emergencia.

El Decreto de Sequía permitiría modificar temporalmente en situaciones excepcionales las condiciones de uso del dominio público hidráulico y prevé la posibilidad de activar fuentes alternativas de recursos, como aguas subterráneas, para atender las demandas más urgentes.

Planificación a largo plazo

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha advertido de que los cultivos de regadío pueden llegar a incrementar entre un 10% y un 20% anual su consumo de agua como consecuencia del impacto del cambio climático en su rendimiento natural, lo que exige poner en marcha medidas de prevención contra la sequía y no sólo planes de actuación una vez que las consecuencias ya se han producido.

Asegura que el aumento de las temperaturas máximas y la disminución generalizada de las lluvias están provocando que los cultivos intensifiquen su ciclo vegetativo, ya que el calor y la falta de agua aceleran su proceso de producción. En lo que llevamos de año en España ha llovido un 24,3% menos y la temperatura ha subido de media 1,4 grados. Como el reposo invernal no se produce, los cultivos están continuamente en activo, aumentando considerablemente su demanda de agua.

Por otro lado, según la FAO, en los próximos quince años la producción de regadío deberá aumentar globalmente más de un 42% y más del 70% en 2050, por lo que los regantes creen que una de las claves es avanzar en la modernización de regadíos, de hecho, en las últimas décadas la modernización ha permitido que la demanda de agua para uso agrario caiga del 80% hasta el 63%, situándose por debajo de los 15.000 hectómetros cúbicos anuales.

A día de hoy la producción de un solo agricultor regante es capaz de abastecer de alimentos básicos a una media de 155 personas cada año, lo que supone más del doble que hace apenas 40 años. En España los regadíos sólo representan el 17% de la superficie agraria útil, pero aportan el 65% de la producción final, al rendir hasta seis veces más que el secano.

El informe 'El mercado de trabajo en el sector agrario andaluz'  elaborado por CCOO Andalucía refleja cómo respira el campo en Andalucía desde el punto de vista laboral. En él se desgrana cómo el paro en el sector agrario se mantiene muy por encima del resto de los sectores y muestra una muy lenta bajada en los últimos años. Indicadores como la tasa de temporalidad o los índices de siniestralidad reflejan la “involución” que experimentan las condiciones laborales, las peores de la población ocupada, asegura el estudio.

El detallado informe, fechado este septiembre y al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, recoge que el sector primario continúa teniendo una gran importancia en la economía andaluza y su aportación va mucho más allá de lo que podría desprenderse de su simple participación en el empleo o la producción regional. De hecho, en estos últimos años de crisis, el empleo agrario ha crecido hasta las 246.000 personas ocupadas que suponen el 8'7% del total para Andalucía (porcentaje que no pasaba del 7% en 2008) si bien existen fuertes diferencias por provincias que van desde el 2% de Cádiz hasta el casi 28% de Almería.

También señala CCOO que el conglomerado agroindustrial supone casi el 40% de las exportaciones andaluzas y tiene una contribución decisiva en el saldo comercial. El sector primario juega un papel muy relevante en relación con el equilibrio territorial y la conservación del medioambiente, resalta el estudio.

Según los datos aportados por CCOO, el empleo generado en el sector primario es asalariado y el porcentaje de asalarización ha subido de un 71'5% en 2008 hasta casi un 78% en 2016. El empleo agrario se ha masculinizado en los últimos años y apenas hay una mujer ocupada por cada tres hombres. También está envejeciendo y quienes no alcanzan los 35 años de edad suponen ya menos del 30% de la población ocupada. El envejeciendo del empleo agrario es generalizado pero tiene especial incidencia entre la población no asalariada, donde menos del 15% está por debajo de los 35 años y casi el 60% supera los 45 años. El aumento del empleo agrario de los últimos ocho años corresponde a población extranjera, que supone en 2016 el 25% del total, según se desprende del estudio.

La evolución del empleo en el sector agrario no es homogénea y, con independencia de las importantes oscilaciones típicas del sector, muestra una tendencia a concentrarse en las zonas donde predomina la agricultura intensiva más orientada a la exportación. Las comarcas con mayor peso del sector primario son las más despobladas y las únicas que continúan perdiendo población. Únicamente en algunas comarcas de la costa está aumentando la afiliación en el sector agrario, mientras que en el resto predominan los descensos de distinta intensidad, explica el informe.

A pesar de que en la tasa de paro por sectores no se incluye al paro de larga duración, la del sector primario se ha mantenido en los últimos años por encima del 40%, y en 2016 aún está en un 37’3%:

El problema de la sequía

El estudio, uno de los últimos trabajos realizados por Nicolás López, fallecido hace unas semanas, no se centra en las consecuencia de la falta de lluvias de los últimos meses en el campo andaluz y español. Según añaden fuentes del sindicato CCOO, la prolongación de la sequía ha tenido sus efectos en la aceituna de mesa y se vaticina que tenga también sus efectos negativos en la aceituna para la extracción de aceite de oliva ante las altas temperaturas que se han registrado afectando a la futura producción de la cosecha de olivar de aceituna para la producción de aceite de la campaña 2017-2018.

Estas dos campañas aportan el mayor número de empleos para los trabajadores agrarios por cuenta ajena en las comunidades autónomas donde se asienta el olivar (Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura, Bajo Aragón y Catalunya). La producción de aceituna de mesa se reducirá en un 11% con respecto a la campaña anterior, según avanza el sindicato, lo que significará una producción de 529.000 toneladas, es decir, un descenso en jornales del 10% (4.500 jornales/día) con respecto a la campaña anterior.

Según CCOO, la falta de precipitaciones también ha afectado al campo jienense en diferentes cultivos y ha tenido efectos en la campaña de algodón en el valle del Guadalquivir, aunque la incidencia en el empleo agrario es baja dada la alta mecanización de la recolección de este cultivo.

Temporalidad del 85%

Entre las conclusiones del informe se señalan que las fluctuaciones estacionales del empleo agrícola son especialmente intensas en Andalucía y propician también amplias oscilaciones en el paro, obligando a buena parte de la población activa a alternar períodos de ocupación y paro a lo largo del año.

La tendencia de la última década refleja que se está produciendo un cambio sustancial en la composición del paro agrícola, con la pérdida paulatina de Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados (TEAS) y el incremento del paro registrado integrado principalmente por personas que no cobran ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo. El paro agrario tiende a concentrarse en las zonas donde más crece la ocupación, mientras que desciende en zonas que pierden empleo por el descenso de los TEAS.

La tasa de temporalidad en el sector agrario andaluz roza el 85% en 2016,

porcentaje que viene creciendo desde 2011 y se aleja cada vez más del

resto de sectores y del sector agrario del resto de comunidades. De hecho, menos del 0'5% de los contratos que se firman cada año en la agricultura son indefinidos y la mayor parte de los temporales son de duración indeterminada o inferior al mes. En la provincia de Jaén los contratos temporales suponen el 99'9% de los contratos registrados.

En ese sentido, CCOO apunta que la “enorme precariedad” que siempre ha caracterizado al sector primario está “repuntando” en los últimos años y se aleja más aún de la media para el conjunto de la economía y del resto del sector en nuestro país. La siniestralidad laboral en el sector también se sitúa en los últimos años “muy por encima de la media en la economía andaluza” y con una “tendencia al alza” que viene propiciada por “el deterioro de las condiciones laborales”.

La “involución” de las condiciones laborales

El salario medio anual de la agricultura apenas supone el 40% de la media

para el conjunto de sectores en Andalucía, según la Contabilidad Regional. Las diferencias son mayores en las cifras que ofrece la Agencia Tributaria,

según las cuales el salario medio anual del sector primario fue de 4.303

euros en 2015.

“La prolongación de la crisis económica y las reformas laborales aplicadas está acentuando la enorme brecha que separa a las actividades primarias de las no primarias”, dice el informe, que denuncia que el indicador “más sangrante” es la frecuencia con la que se conocen casos muy graves de explotación laboral o de mano de obra inmigrante que malvive en condiciones de vida infrahumanas mientras intenta trabajar en el sector“.

“La deriva actual del mercado de trabajo en el sector primario andaluz es inadmisible socialmente y económicamente inviable a medio y largo plazo, pues difícilmente se puede sustentar una actividad productiva moderna sobre prácticas laborales que las economías desarrolladas superaron ya en siglos pasados”, sentencia el estudio.

También destaca que las rentas salariales en el sector primario quedan “muy por debajo de los ya bajos niveles salariales de la comunidad, debido a los pobres salarios fijados en convenio, los amplios períodos de paro a que obliga la fuerte estacionalidad del trabajo agrícola y la cada vez más reducida cobertura del desempleo”.

Es el cultivo de mayor valor medioambiental y sostenible de la tierra, produce agua, alimentos de calidad y equilibrio ecológico. Un hábitat de árboles centenarios, de especies en peligro de extinción como el águila o el lince, donde se pueden encontrar en torno a 60 especies de aves nidificantes, más de 20 de mamíferos, y otras tantas de reptiles y anfibios.

Está considerada Sistema de Alto Valor Natural por la Unión Europea. Dado su gran valor ecológico, económico y social, su gran extensión y las amenazas que la acechan, buena parte de esa superficie cuenta con algún grado de protección, como Parques Naturales, Parques Nacionales, Reserva de la Biosfera, zona ZEPA, LIC, Red Natura, Zona Starlight, Geoparque, e incluso ahora plantean su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

Un fenómeno único a nivel mundial ya que sólo se da en la península ibérica (Portugal, Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla León y Madrid). Y que a pesar de todo esto se está muriendo. La dehesa sufre un deterioro de tal magnitud que en 50 o 60 años puede haber desaparecido, según la Fundación Savia.

¿Dónde? Sólo se da en el sur de la Península Ibérica.

Ocupa 1,3 millones de hectáreas en Portugal, donde se denominan montados, y unos 2,4 millones de hectáreas en España. La extensión en Andalucía se sitúa en torno a 1,2 millones de hectáreas (10-15% de la superficie de la comunidad), que se localizan fundamentalmente en Sierra Morena y Valle de los Pedroches, Serranías de Cádiz, Málaga y Sevilla y otras manchas dispersas por toda Andalucía. Por provincias, Córdoba concentra la mayor superficie, con 361.674 hectáreas, seguida de Huelva (233.184); Sevilla (181.086); Jaén (117.937); Cádiz (89.708); Granada (73.307); Málaga (57.5223); y Almería (40.552), según datos de la Junta de Andalucía.

Hay 99 municipios andaluces con más de un 25% de superficie con formaciones adehesadas. 14.000 explotaciones, en su mayoría de ganadería extensiva, con más de dos millones de cabezas de ovino, 400.000 de bovino, medio millón de caprino y más de 400.000 de porcino ibérico. Las principales actividades económicas de estos territorios se ligan al cerdo ibérico, el corcho, el ganado ovino, el toro de lidia, la agricultura ecológica y el turismo rural. Este agrosistema genera productos de calidad del que dependen más de un centenar de mataderos y 274 industrias cárnicas.

No se trata de un paisaje espontáneo, sino que nació, se desarrolló y pervive solo gracias a la mano del hombre, en equilibrio con la naturaleza. La mayor parte de las dehesas arboladas actuales fueron creadas entre los siglos XIX y XX a partir del aclarado del bosque mediterráneo, en zonas donde difícilmente puede haber otros cultivos.

¿Por qué? Enfermedades, falta de rentabilidad y sin relevo generacional

“Si no hay una reacción urgente, la dehesa desaparecerá en la próxima generación”, asegura Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia. La falta de rentabilidad, “la seca” que mata los árboles centenarios, la tuberculosis en los animales, la despoblación de las localidades, la asfixia burocrática (hay 46 normativas que cumplir), y que no hay un relevo generacional son los principales problemas a los que se enfrenta.

Para mantener una dehesa en buen estado es necesario controlar la carga ganadera, el control diario de los pastos, la rotación de animales, la regeneración de los árboles que se están muriendo, su poda correspondiente. Una gestión diaria que supone una serie de gastos que terminan por no hacerla rentable. Además, el precio del ganado se mantiene o incluso es inferior al de hace una década, sin embargo, los gastos son superiores.

El patógeno 'Phytophthora cinnamomi', causante de la enfermedad denominada podredumbre radical, es el principal responsable de la seca de los árboles en la dehesa, estando presente en un 80 por ciento de los casos en los que se detectan daños. Es también el mismo patógeno que causa la tinta del castaño y es capaz de infectar a más de 1.000 especies vegetales distintas, principalmente leñosas.

Según la Fundación Savia, esta enfermedad ha obligado a arrancar en los últimos diez años más de 470.000 encinas en la zona del Andévalo, comarca histórica situada en la provincia de Huelva y que también está afectando, aunque en menor medida al resto de Andalucía.

La seca cuesta a un ganadero entre 50 y 60 euros por la reposición de cada árbol. Todos los años como mínimo se muere uno por hectárea. Hay zonas como Pedroches que son menos y otras como en el Andévalo donde son más.

La tuberculosis le supone a un propietario, cuando entra en su ganadería, entre 100 y 150 euros de pérdidas por hectárea y año. Si se habla de animales, entre 1.500 y 2.000 euros por animal que se sacrifica. Y además no tiene solución, y sí otras repercusiones como la inmovilización de la ganadería o los gastos sanitarios.

También perjudica la norma de calidad del cerdo ibérico. El producto criado en dehesa no llega a revalorizarse al precio del pienso. Se produce una competencia desleal entre el otro cerdo ibérico pero que se cría en un lugar cerrado y el que es 100% ibérico con bellota y en el campo.

Las pérdidas por el relevo generacional no se pueden medir en dinero. El problema es que cada vez que se jubila o se muere un propietario no hay gente joven que lo sustituya, “los padres no quieren condenar a la pobreza a sus hijos”, y entonces esa dehesa se abandona. “Esa tierra pasa a ser un monte cerrado y termina por arder y después del fuego viene siempre la desertificación”.

La PAC y el Plan Director de la Dehesa

Hoy día la agricultura y ganadería está planteada a través de la PAC (Política Agraria Común), de pagos compensatorios para que se pueda seguir cultivando o criando ganado sin pérdidas. En el caso de la dehesa, los dueños de explotaciones consideran que no se está recibiendo las compensaciones necesarias.

En estos momentos pueden recibir entre 50/70 euros por hectárea, sin embargo, en la misma zona una hectárea sembrada de cereal puede recibir entre 130 y 150 euros por hectárea, y si el cultivo es de olivar o acebuche, castaño o algarrobo, la ayuda es de 260 euros por hectárea. Cuando la dehesa necesita más mano de obra y es menos rentable. Según la Fundación Savia se necesitaría una ayuda compensatoria de entre 150 y 200 euros más por hectárea para poder mantenerla bien. “Lo que se cobra ahora mismo es una limosna, no un pago compensatorio”, aseguran.

La reforma de la PAC en 2015 supuso un brusco recorte de las ayudas (de hasta un 60%) con la aplicación de un nuevo Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), que descuenta en una parcela el terreno que hay bajo el paraguas de la encina, la copa del árbol, sin entender que ese espacio también es pasto, quitándole entre el 30 o el 40% del terreno subvencionable.

En el mes de octubre los países de la Unión Europea (UE) y la Eurocámara llegaron a un acuerdo sobre el llamado reglamento Ómnibus, que modifica de forma provisional la PAC, hasta su reforma después de 2020. En ese acuerdo se incluyó a la dehesa dentro de los pastos permanentes y eso se tomó como una mejora en los coeficientes de admisibilidad, incluso las organizaciones agrarias manifestaron su satisfacción.

Sin embargo, la Fundación Savia envió una carta al ministerio solicitándole información sobre ese acuerdo, para poder saber en qué se vería beneficiada la dehesa. La respuesta del Ministerio, no fue muy alentadora, ya que asegura que “no supondrá un cambio en la aplicación” y que realmente “el cambio de definición no va a tener un gran efecto en su admisibilidad para el cobro de ayudas”. “Por tanto, el margen de mejora del CAP de la dehesa es reducido”.

Para la Fundación “este lavado de cara a la dehesa solo le sirve para condenarla a la desaparición” y creen que “dentro de los pastos permanentes donde se la ha incluido en la PAC tiene el certificado de defunción firmado”.

En Andalucía, el Consejo de Gobierno aprobó también en octubre el Plan Director de las Dehesas de Andalucía, que prevé hasta 2021 una inversión inicial de más de 86 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural (PDR), su principal fuente de financiación, para garantizar la viabilidad económica y medioambiental de este sistema. Este Plan Director servirá para poner en marcha la Ley de la Dehesa aprobada en 2010.

Para la Fundación Savia, llega desfasado con respecto a la PAC, porque se basa en una definición errónea, y sobre todo, porque debería ir acompañada de un presupuesto como mínimo de 100 millones de euros anuales, que son los necesarios, para dar respuesta a los principales y graves problemas que afectan a la Dehesa, de los cuales la Administración andaluza carece, como puede observarse en las partidas presupuestarias de los PDR, aprobadas ya para el periodo 2015-2020.

La Fundación que fue promotora del Pacto por la Dehesa en 2005, y participó activamente en las consultas y reuniones que hubo durante la gestación de la Ley de la Dehesa, considera que el presupuesto es insuficiente, “es como darle al que está agonizando ceregumil”, ya que los 86 millones de euros, saldrían a 6 ó 7 euros por hectárea al año.

En un momento en el que la sequía y la desertification amenazan al sur de Europa, y en el que cada vez es más apreciado por el turismo rural paisajes sostenibles, la protección de la dehesa se convierte en crucial, según los miembros de la Fundación Savia. Del mantenimiento de la misma depende la calidad del agua y la elaboración de alimentos de calidad como los que produce la ganadería extensiva. Además, la desaparición de estos lugares, únicos en el mundo, aumentaría el riesgo para especies amenazadas, como el lince, el buitre negro o el águila imperial ibérica; y contribuiría al abandono de territorios en los que apenas hay otras alternativas productivas.

El pago arancelario compensatorio provisional del 4,47% que EEUU ha impuesto a la aceituna negra importada desde España, por supuesta competencia desleal con su propia producción debido a las subvenciones que recibe, es un golpe dirigido exclusivamente a este país. No se ha planteado para otros que también se las venden (“no suponen una amenazan”, explican desde la patronal) pero sienta un precedente para otras variedades de olivas y demás productos, y de otros países, sujetos a la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que cumple la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

De momento es la aceituna negra, porque esta guerra la comenzaron las dos grandes productoras de California contra la competencia que les hace España con esta variedad, y la principal perjudicada, Andalucía, por cuanto que es líder en su producción. He aquí unas cifras para entender el impacto de la medida. 

¿Cuánta aceituna de mesa se cultiva en España?

España cuenta con 2.623.156 hectáreas de olivar, de las que 152.345 (5,81%) se dedican a la aceituna de mesa. Estas últimas se concentran principalmente en Andalucía y Extremadura, que cuentan con un 83,86 % y un 13,49 % del total, respectivamente. Es decir, el 97,35% de los cultivos de aceituna de mesa se dan en Andalucía y Extremadura y un tercio son para la variedad negra. Son datos de la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2016 (Esyrce). El Consejo Oleícola Internacional (COI), por su parte, cifra el olivar en España en unos 850 millones de árboles, que ocupan una superficie de más de 10 millones de hectáreas. De éstas, más de un millón se dedica a la producción de aceitunas de mesa.

¿Qué país es el mayor productor?

España es el mayor productor de aceituna de mesa con 529.000 toneladas, lo que supone el 21% total mundial, según el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). El 30% de esas aceitunas de mesa son de la variedad negra. Sólo en Andalucía, en la última campaña, 2015-2016, la producción de aceituna de mesa fue de 463.000 toneladas, lo que supone el 77% del total nacional, según datos de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa). 

¿Cuánta aceituna negra exporta España?

En los últimos años, la variedad negra es un producto de enorme proyección, alcanzando el 36% del volumen total de exportaciones de aceitunas de mesa desde España a EEUU (32.000 toneladas en 2016), y con un valor de 70 millones de euros. El 74% procedente de Andalucía. Hay que recordar que España es el primer exportador mundial (acapara el 30% del comercio), destinándose a ese fin, como media en los últimos seis años, el 68% de la producción. Les siguen, a mucha distancia, países como Egipto, Turquía, Argelia, Grecia, Siria y Marruecos.

¿Cuánto empleo y jornales supone?

En una campaña media se vienen generando unos tres millones de jornales, sólo en el olivar de mesa. El sector en Andalucía cuenta con más de 200 entamadoras (empresas que se dedican al aderezo de aceitunas de mesa), el 54% del total nacional, y más de 100 envasadoras, que dan empleo directo a más de 8.500 personas, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Las 78 cooperativas existentes en Andalucía producen el 55% del total, con una facturación de 350 millones de euros al año aproximadamente. Las empresas de aceituna de mesa explican que en las cooperativas donde el tanto por ciento de su producción exportada es muy alto (el caso de Agrosevilla que exporta a EEUU el 20%), tendría consecuencias en el empleo.

¿Cuáles podrían ser las pérdidas con los aranceles?

De momento se han hecho efectivas unas primeras medidas preliminares contra las subvenciones de la UE que se traducen en un arancel que se debe pagar en la aduana desde la semana que viene. En enero se resolverán las medidas contra el supuesto dumping o  acusación de rebajar los precios por debajo de lo debido. Si se hacen definitivos los dos paquetes de medidas, por cinco años prorrogables a otros tantos, podría suponer el cierre del mercado, y ya se estiman las pérdidas en 350 ó 700 millones de euros en el peor de los casos. La cifra sale de multiplicar lo que venden por año en estos momentos en EEUU.

¿Cuánto se está gastando el sector en su defensa?

De momento, la defensa del sector se está moviendo en dos vertientes: la administrativa y la jurídica. En el primer caso, las diferentes administraciones implicadas aseguran estar trabajando en la elaboración de informes y en la contestación de preguntas formuladas desde EEUU. De hecho, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, habla de la necesidad de rescatar documentación incluso de los años 90. La otra vertiente es la jurídica donde un equipo de abogados y economistas en España y otro en EEUU está trabajando. Esta defensa, calculan las empresas, que les va a costar un total de cinco millones de euros de junio a junio. El secretario general de Asemesa, Antonio Mora, dice que esperan algún tipo de ayuda en este sentido cuando todo termine.

¿Qué otras consecuencias puede tener este frente?

En cuanto que se está cuestionando la política de subvenciones de la UE, puede afectar en el futuro a otros productos, en caso de que haya otros sectores en EEUU, como ha hecho el de la aceituna de mesa en California, que se quejen de la competencia. Lo que más llama la atención a las autoridades en España es que sólo se haya puesto el foco en el producto que llega desde este país, por cuanto que es el más importante a nivel de exportaciones, y no en otros que también venden aceituna negra en EEUU. Como tampoco se ha cuestionado, de momento, la competencia que suponen otro tipo de productos sujetos a fondos de la PAC.

Los grupos políticos andaluces se han alineado con el sector de la acetiuna de mesa, la aceituna negra, tras conocer la decisión del Gobierno de EEUU de imponer un arancel a la exportación de este tipo de aceituna por entender competencia deseleal las ayudas que recibe de la Unión Europea. Coinciden en señalar que es una medida que podría causar “mucho daño”, en palabras de Antonio Pradas (PSOE) en España a un sector que produce en un 80 por ciento en Andalucía, y en el trabajan 8.500 personas, con más de tres millones de jornales.

Antonio Pradas, que es el secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del PSOE de Andalucía, ha reclamado al Gobierno de Rajoy que “se ponga las pilas” y ejerza su “influencia” con un Gobierno “aliado” como el de EEUU para que éste dé “marcha atrás” en la decisión de imponer un nuevo arancel a las importaciones de aceitunas maduras procedentes de España. Desde las filas socialistas, piden una estrategia de trabajo conjunto para que “la certificación de las ayudas no solo venga de la Junta, sino que incorporen el Gobierno y la UE, garantizando la legalidad de estas ayudas”, ha concluido.

Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha explicado que esta medida del Gobierno estadounidense ha generado una “enorme preocupación” en el sector que IU hace suya. De este modo, ha garantizado que la coalición de izquierdas apoyará “cuantas iniciativas supongan eliminar ese filtro que puede disminuir la potencialidad y la capacidad de exportación de ese producto, que es tan importante para la economía andaluza de las zonas rurales”.

Carmen Lizárraga, portavoz adjunta de Podemos Andalucía, ha trasladado en rueda de prensa el apoyo del grupo parlamentario de Podemos Andalucía al sector de la aceituna de mesa a cuenta de los referidos aranceles.