La oposición ha salido en tromba este viernes a pedir explicaciones sobre las tres horas que tardó la Junta de Andalucía en activar el plan de evacuación en el incendio de Los Gallardos, en Almería, que dejó 13 muertos y 5.200 hectáreas calcinadas. Un informe de la Guardia Civil, realizado a petición del Ministerio del Interior, establece que el Gobierno andaluz activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19.37 horas del pasado 9 de julio, tres horas más tarde de los primeros desalojos que realizaron los propios alcaldes.

La información, adelantada por El Correo, establece una cronología preliminar sobre lo acaecido en el ya es el incendio más mortífero de este siglo en Andalucía, en la que también se registra que el Puesto de Mando Avanzado se constituyó entre las 20.00 y 20.30, en la base de bomberos de Turre. El Plan Infoca establece que el nivel 0 procede cuando los incendios no suponen ningún peligro para las personas ajenas a las tareas de extinción o para los bienes distintos a los forestales, mientras que la Situación Operativa 1 se activa cuando se exigen medidas especiales para proteger a las personas y a los bienes amenazados.

A las 19.37 horas ya se habían producido varios desalojos que afectaban a alrededor de unas 50 personas que se reubicaron en distintos complejos. No obstante, la Consejería de Presidencia sostiene que durante esas tres horas ya estaba activado el plan de preemergencia, donde se permite adoptar desalojos preventivos.

Tanto el PSOE, como Adelante Andalucía y Por Andalucía registrarán una solicitud para crear una comisión de investigación sobre el incendio declarado en Los Gallardos ante el “mar de dudas” y los distintos “puntos negros” que, considera la oposición, hay que despejar.

“Tres horas de vacío”

Así lo ha trasladado Mario Jiménez, el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, en una rueda de prensa convocada este viernes en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha transmitido que la comparecencia en el Parlamento autonómico de ayer de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, dejó “un abanido de dudas y sospechas” sobre la gestión de la emergencia.

Desde el PSOE-A se preguntan “cómo es posible” que “un incendio del que se tiene conocimiento a las 16.30 horas de la tarde, y que desde el primer minuto produjo desalojos”, no fuera “hasta las 19.37 horas”, es decir, hasta “más de tres horas” después, cuando desde la Junta se acordó “la declaración del nivel 1 en la situación operativa del plan de emergencia”, la propia ante un incendio que supone “una amenaza a la integridad y a la vida de las personas”.

El representante socialista ha remarcado que “tres horas en un incendio es una auténtica eternidad”, y desde el PSOE-A temen que en ese lapso de tiempo las decisiones que se tomaron “pudieron condicionar situaciones de peligro real para la población”, y que pudieron “haberse sentado las bases de una respuesta no diligente” o “negligente por parte del operativo de emergencia, de sus responsables políticos, que al final determinaran la situación que dio lugar al terrible balance en términos de vidas, de bienes materiales y de patrimonio forestal” que ha arrojado este incendio.

Además, se preguntan “quién estuvo al frente del operativo durante esas tres horas de vacío, quién estuvo dando instrucciones a los responsables locales, que solamente pueden operar bajo la coordinación, la supervisión y las instrucciones de la autoridad sustantiva en materia de emergencia, que es la Junta”, comparándolo con la gestión de la 'dana' de la Comunidad Valenciana del año 2024.

Llamamiento al apoyo a la comisión de investigación

A su vez, Jiménez ha criticado que Moreno no siguiera este jueves toda la comparecencia de Sanz en el Parlamento, y ha llamado la atención sobre el relevo al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, para la que se ha nombrado esta semana a Francisco Góngora en sustitución de Aránzazu Martín, y se ha preguntado si tiene que ver con la gestión al menos “no diligente” de la Junta sobre este incendio.

Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha subrayado que “hay 13 personas fallecidas, y creemos que se lo merecen ellos y sus familias”. Por tanto, ha realizado “un llamamiento” a todas las fuerzas políticas para apoyar la comisión de investigación, y se ha dirigido expresamente al PP y a Vox, desde la premisa de que, “cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene miedo a que se investigue”, ha zanjado.

Asimismo, Antonio Maíllo, portavoz del grupo Por Andalucía, ha señalado que Antonio Sanz no dio respuesta en su comparecencia “a las preguntas” que hicieron “los grupos de la oposición, también Por Andalucía, sobre la concreción de los hechos” y “la ralentización y lentitud en la respuesta desde la Delegación del Gobierno” andaluz en Almería.

En este sentido, ha apuntado que Sanz demostró en su comparecencia que se sentía “acorralado” y “nervioso porque sabe que ha habido errores en la gestión”, y le ha afeado que “respondió con zafiedad y fuera de tono” en su réplica a los grupos de la oposición “en lugar de haber respondido a las preguntas” que le formularon, que quedaron “sin respuesta”, según ha advertido Antonio Maíllo. “Tres horas de diferencia que hubo entre que la gente empezó ya a evacuarse de sus pueblos y la alerta que se dio tres horas más tarde”, ha aseverado.

El Gobierno andaluz defiende la gestión realizada en el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde murieron 13 personas. La decisión de no enviar los mensajes a través del sistema ES-Alert en las primeras horas respondieron a que no se permitía segmentar por áreas menores. Por tanto, “una alerta masiva y genérica lo que hubiera podido generar desplazamientos innecesarios” o “incrementar la circulación en carreteras ya comprometidas”, confundiendo a la población y generando más caos.

Así lo ha manifestado Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Emergencias, con relación al incendio declarado hace dos semanas, en el que se han calcinado finalmente 5.200 hectáreas, en base a los datos del sistema satelital Copernicus, en los municipios almerienses de Los Gallardos, así como Bédar, Antas y Lubrín. El fuego aún no se ha dado por extinguido, pero permanece controlado desde el pasado 13 de julio. “El comportamiento del fuego y la extrema velocidad obligaban a ordenar evacuaciones sucesivas y confinamientos diferenciados”, declaró Sanz en una comparecencia a petición propia este jueves en el Parlamento andaluz.

El consejero de Emergencias ha dedicado al inicio de su comparecencia unas palabras de “recuerdo sentido” hacia las 13 personas que perdieron la vida como consecuencia de este terrible incendio“, así como a las personas heridas, ”algunas todavía de extrema gravedad, que siguen recuperándose“, y de ”reconocimiento“ a quienes lo combatieron, entre los que ha citado a ”todo el operativo de la Agencia de Emergencias de Andalucía“, al Infoca y a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

De igual modo, ha agradecido a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos afectados “su implicación, su compromiso y su saber estar a la altura de las circunstancias en tan difíciles momentos”, y en esa línea ha remarcado que este ha sido “un incendio extraordinario, con un comportamiento” a nivel de velocidad de propagación “fuera de toda lógica” y que “no respondía a los patrones previsibles”.

El consejero ha optado por la “prudencia” para no conjeturar con las causas de este incendio que aún se están investigando, y que inicialmente se cree que se produjo tras “la caída de un cable eléctrico”.

Zonas complicadas

En cuanto al ES-Alert, el incendio avanzó hacia Sierra Cabrera, “una zona de orografía especialmente complicada, con viviendas diseminadas” y “absolutamente separadas” unas de otras, que “en muchos casos lo que cuentan es con una única vía de acceso”. En este contexto, “el alcalde de Bédar, como máxima autoridad local en materia de protección civil, optó por el aviso directo y personalizado” a la población afectada.

Este trabajo, “realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad y Protección Civil coordinados por el puesto de mando”, fue “una decisión estrictamente técnica, adoptada por quienes dirigían la emergencia en ese momento y basada exclusivamente en criterios de eficacia para la protección de la población”. Una cuestión que ya explicó en el Puesto de Mando Avanzado en los días críticos del incendio.

La oposición pide la presencia de Moreno

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha planteado qué “tiene que ocurrir” en Andalucía para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “dé la cara” en el Parlamento, y ha considerado que está claro que entre sus prioridades “no están” los incendios ni “el respeto a las víctimas”. “Debe investigarse lo sucedido aquí en el Parlamento, y deben asumirse las responsabilidades políticas que correspondan”, ha señalado, apuntando que la “cronología del incendio plantea dudas muy serias”.

“No nos basta ahora una explicación genérica sobre la velocidad del fuego, sino que queremos conocer el mapa operativo y la secuencia horaria” y, sobre todo, aclarar que “instrucciones” recibieron las personas fallecidas. A su vez, ha exigido que se diga quién fue la persona responsable que descartó el envío de los mensajes Es-Alert.

El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha considerado que hubiera sido un “auténtico despropósito” haber mandado un mensaje 'Es-Alert' en una zona que es un “auténtico laberinto”. Ha manifestado que “no es el cambio climático” el que originó el incendio ni el que propició que se propagase de esa manera, sino que la “causa” fue la caída de un cable que no debería haber estado donde estaba. Un negacionismo climático que choca con lo dirimido por el presidente de la Junta en compañía del presidente del Gobierno durante la visita a la zona cero y la evidencia científica que demuestra que las olas de calor son más acusadas.

Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado que el incendio ha sido de tanta gravedad que quien tendría que haber dado “la cara” ante el pleno es Moreno. Ha preguntado a Sanz que, si la causa es la caída de un cable de alta tensión, la Junta va a adoptar “acciones legales contra los responsables” del mismo.

Además, ha reprochado al consejero que hiciera una “acusación muy grave” al señalar que los fallecidos “habían desoído las indicaciones que se hacían”. Ha criticado que el consejero haya “dado hasta cinco versiones diferentes” de por qué no se envió el mensaje 'Es-Alert'.

Por su parte, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado partidario de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento “si no se aclaran las causas de este incendio, como todavía no se sabe”. Ha exigido “claridad, transparencia y concreción, porque de lo que estamos hablando es de que se nos quema nuestra tierra, no los campos de golf y 'resort' de lujo para pijos”, ha apostillado. Además, Maíllo ha puesto el acento en que el pacto de gobierno entre PP-A y Vox supone el “negacionismo” del cambio climático.

Frente a estas críticas, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha criticado que el PSOE-A reclame que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es el que tiene que dar “explicaciones” ante el Parlamento, cuando la portavoz socialista, María Jesús Montero, no ha sido la que ha subido a la tribuna en este debate. Ha indicado que a los partidos de la oposición, especialmente el PSOE-A, “no les mueve” conocer qué ha ocurrido en este incendio, sino que sólo ven “una oportunidad para desgastar” al Gobierno andaluz.

El presupuesto del Infoca

En su turno de réplica, Antonio Sanz ha aseverado que “esto no va de política, sino de técnicos, de expertos”, y ha defendido que su posición coincide con la de “todos los expertos”, así como que “tres ministros del Gobierno socialista de (Pedro) Sánchez avalan la decisión” que se tomó en su momento respecto al sistema 'Es-Alert'.

Además, el consejero ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno ha “duplicado el presupuesto del Plan Infoca”, por lo que ha rechazado que desde la oposición se pueda decir que “no se apuesta” desde la Junta por dicho dispositivo, o que piense “privatizar” el mismo, cuando ha creado “una agencia pública de emergencias en Andalucía”.

La Audiencia Provincial de Almería acoge este miércoles, 22 de julio, el juicio con jurado contra José T.V., el hombre acusado de matar de 49 puñaladas a su mujer, María Nieves Gamarra, en octubre de 2024 en la vivienda que ambos compartían en Roquetas de Mar.

La Fiscalía tiene previsto solicitar 25 años de prisión para el procesado por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, ya que el crimen tuvo lugar en el ámbito de la violencia contra la mujer.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el acusado tenía un “ánimo de posesión y dominación” con respecto a la víctima, sobre la que habría ideado un plan para acabar con su vida mientras ella estaba acostada en la cama de su vivienda y llevaba tapones en los oídos, lo que “disminuía su capacidad de percepción”.

De este modo, el acusado habría empuñado un cuchillo de cocina de unos 12 centímetros y se habría dirigido a la habitación donde, “con intención además de ocasionarle un sufrimiento innecesario”, la habría apuñalado repetidamente y “de forma sorpresiva”, hasta en 49 ocasiones, de manera que la mujer no pudiera repeler el ataque.

El fiscal sostiene que el acusado aprovechó la situación de “absoluta indefensión” de la víctima, que “no tenía oportunidad eficaz de defensa”, para asegurarse su muerte, de modo que habría prolongado la agresión “más allá de lo necesario” para alcanzar dicho objetivo, por lo que aprecia ensañamiento y alevosía ante un ataque hecho por sorpresa.

Las heridas sufridas por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza y el torso, ocasionaron la muerte de la mujer a causa de un shock hipovolémico y respiratorio que, según el análisis de los forenses, se habría producido entre las 22,00 horas del 2 de octubre y las 2,00 horas del día siguiente. También constan otras heridas de notoria importancia que la condujeron a la muerte.

La víctima quería poner fin al matrimonio

El fiscal apunta que la mujer, de 56 años, había tomado la decisión semanas antes de los hechos de cesar la relación con su marido, con el cual aún compartía domicilio en Roquetas pese a los distintos episodios de maltrato que había padecido, por lo que ambos estaban en proceso de divorcio y ella tenía la intención de salir de la vivienda común “de forma inminente”.

Así, señala que la relación entre ambos se había caracterizado por una “progresiva conflictividad” a lo largo de los años a causa de los “celos” y la “actitud controladora” del acusado, quien durante la convivencia “desarrolló conductas de dominación” sobre la víctima.

De esta manera, se había dedicado a vigilar sus actividades y a recriminarle sus relaciones personales, además de dirigirle expresiones “vejatorias” y “humillantes”. Estos hechos hicieron que la mujer lo denunciara en 2021 y 2023.

En este sentido, el hombre llegó a estar condenado en agosto de 2021 a incomunicarse y alejarse de la víctima durante tres meses, aunque tras el cumplimiento de la medida se reanudó la convivencia.

La mujer llegó a contar con dos órdenes de alejamiento del acusado y estuvo atendida a través de la red municipal de centros de información de la mujer hasta octubre de 2023, fecha en la que “decidió no seguir participando de las medidas” de protección, según trasladaron desde la Junta de Andalucía.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicita para el acusado diez años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o aproximarse a su hija durante 30 años, además de una indemnización para ella de 200.000 euros por daños morales. La acusación particular eleva a 29 años la petición de cárcel.

La defensa rechaza que hubiera un plan preconcebido

Por su parte, la defensa, que ejerce el letrado Francisco Ferre, rechaza que el crimen se realizara mediante un plan preconcebido y, aunque reconoce la autoría, apunta que se debió a un estado de “obcecación” del acusado, para el que solicita siete años y medio de cárcel por un delito de homicidio.

En esta línea, pide que se tenga en cuenta la atenuante de confesión de los hechos, así como el abono previo de una buena parte de la indemnización a la hija de la víctima como atenuante de reparación del daño.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y su entorno. No deja huella en la factura, aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web 'violenciagenero.igualdad.gob.es'. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana la declaración como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc) del territorio afectado por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), una medida que permitirá establecer líneas de ayuda para las administraciones públicas y los particulares que hayan sufrido daños.

Así lo ha anunciado ante los medios este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una visita a Los Gallardos, Lubrín, Bédar y Antas, los cuatro municipios afectados de forma “más contundente, más inmediata y directa” por el fuego. El incendio, declarado el 9 de julio, ha calcinado más de 7.000 hectáreas y aún no se ha dado por extinguido. Un total de 17 efectivos del Plan Infoca permanecen en el área afectada para completar las tareas de extinción.

La Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno ya atiende a los alcaldes y a sus técnicos municipales para concretar el procedimiento, que comenzará con la elaboración de un inventario de los daños registrados en instalaciones, infraestructuras y equipamientos municipales, así como de los sufridos por particulares y de los ocasionados en el monte público y el medio ambiente.

Fernández ha precisado que, aunque la gestión del monte y la restauración del medio natural corresponden a la Administración autonómica, el Gobierno financiará el 50% de las actuaciones destinadas a recuperar el entorno natural afectado. Estas intervenciones estarán dirigidas a acelerar los trabajos de restauración y reforestación y a “reforzar la resiliencia del territorio frente a futuros incendios”.

Los equipos técnicos de la Subdelegación también asesorarán a los ayuntamientos en la tramitación de las ayudas y colaborarán en la elaboración de los informes de valoración de daños, que deberán presentarse en un plazo máximo de un mes.

El Gobierno destinará recursos para financiar los gastos extraordinarios asumidos por los consistorios como consecuencia del incendio, así como la reparación de las infraestructuras e instalaciones públicas dañadas. Fernández también ha tenido un recuerdo para las 13 víctimas mortales y ha trasladado su deseo de que las cuatro personas que continúan gravemente heridas en Sevilla “puedan evolucionar favorablemente y pronto estar recuperados”.

Casi 1.000 efectivos

El representante del Gobierno ha reconocido el trabajo desarrollado por los alcaldes, los equipos de gobierno y los trabajadores municipales desde el inicio de la emergencia, así como la atención prestada a los vecinos ante el “grave shock” provocado por el incendio.

Asimismo, ha asegurado que las administraciones mantendrán durante la recuperación la misma coordinación demostrada durante las labores de extinción y ha ofrecido la “colaboración” y la “lealtad absoluta” del Gobierno de España para paliar los daños y ayudar a los municipios a recuperar cuanto antes la “mayor normalidad posible”.

Durante la emergencia, el Gobierno de España desplegó 981 efectivos de distintos organismos estatales. El dispositivo estuvo integrado por 628 agentes de la Guardia Civil, 220 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, 72 efectivos de las brigadas de refuerzo en incendios forestales, 34 efectivos de Protección Civil y 61 agentes de la Policía Nacional.

Restablecer los suministros

Por su parte, el alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, ha explicado que el Ayuntamiento inició las labores de reconstrucción en cuanto pudo acceder a las zonas afectadas. “Desgraciadamente las desgracias ocurren en un segundo. Volver a la normalidad pues se lleva su tiempo”, ha manifestado.

El Consistorio ha puesto a disposición de los vecinos un equipo de fontaneros para restablecer las conexiones entre los contadores y las viviendas que han perdido el abastecimiento de agua, además de un equipo de electricistas para recuperar el suministro eléctrico.

Además, ha habilitado contenedores para que los propietarios cuyas casas no han sufrido daños devastadores puedan depositar los restos y residuos retirados durante los trabajos de limpieza, que después se trasladarán a una empresa especializada.

Collado ha señalado que el Ayuntamiento abrió un punto de información para recopilar los datos de los afectados antes de la publicación del decreto. El objetivo es adelantar el trabajo y adaptar la documentación a las condiciones que establezca la declaración para facilitar el acceso a las posibles ayudas.

“Bédar vive, Bédar continúa”

“Bédar vive, Bédar continúa”, ha proclamado el alcalde, quien ha pedido a las personas que tenían previsto visitar el municipio durante estos días que mantengan sus planes. Ha destacado que los restaurantes permanecen abiertos y que las actividades programadas para el verano se celebrarán “de una manera diferente”.

El regidor ha subrayado que los pequeños comercios y negocios necesitan el respaldo de los vecinos de la comarca, de la provincia y de otros territorios. “Que vengan, que los acogemos con los brazos abiertos porque los necesitamos. Bédar tiene que continuar y tiene que vivir”, ha expresado.

El dispositivo del Plan Infoca ha declarado oficialmente controlado este martes por la noche el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), el más trágico de la historia de Andalucía con 13 muertos, tras arrasar unas 7.000 hectáreas y cobrarse la vida de 13 personas. Según la última actualización oficial emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a las 22:35 horas de este martes, el fuego ha entrado formalmente en fase de control.

Esta novedad implica que el fuego se encuentra perimetrado en su totalidad y aislado de nuevo material combustible, permitiendo a los efectivos centrarse de manera exclusiva en las tareas de remate y liquidación para evitar cualquier posible reproducción.

Para acometer estos trabajos sobre el terreno calcinado, el Plan Infoca ha desplegado un dispositivo nocturno compuesto por 19 bomberos forestales y dos vehículos autobomba, que mantendrán las labores de refresco durante toda la madrugada en la comarca del Levante almeriense.

La declaración oficial de incendio controlado marca el inicio de la transición hacia la recuperación de la zona, tras varias jornadas marcadas por la virulencia de las llamas, las evacuaciones preventivas y los confinamientos de la población. En paralelo a la extinción definitiva, el Centro Integrado de Datos (CID) continúa con el proceso forense y judicial para la identificación de las víctimas, habiendo confirmado ya mediante pruebas de ADN a nueve de los trece fallecidos.

Asimismo, las administraciones han comenzado a articular las medidas de reconstrucción.

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado este martes las primeras reuniones de coordinación con los alcaldes de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín para canalizar ayudas directas orientadas a reparar infraestructuras básicas y redes de suministro.

Mientras, el Gobierno central tramita la declaración del área como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

El grupo municipal del PP de Carboneras (Almería) ha roto el acuerdo de gobierno que hasta ahora sostenía al alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos). El regidor, que lo era a pesar de ser el único de la lista de Ciudadanos que obtuvo acta en 2023, gobernaba los últimos meses en minoría con cuatro concejales populares, gracias a la incapacidad de los demás para ponerse de acuerdo. A partir de ahora liderará un gobierno aún más exiguo: solo dos integrantes: él mismo y la concejal no adscrita y ex del PP, Ángeles Carrillo.

El movimiento añade otro nudo al fenomenal embrollo de familias y rivalidades políticas amarrado con fuerza a la gestión del delicado asunto de El Algarrobico, el hotel ilegal construido entre 2003 y 2006 en una playa (en pleno dominio público) y que invade, además, parte del parque natural de Cabo de Gata. Los matrimonios de conveniencia y traiciones políticas entre los mismos protagonistas durante los últimos veinte años son tantos que resulta difícil seguir el hilo. En Carboneras, las siglas son vehículos de las personalidades que mueven el voto, y cualquiera puede ser apoyo o puntilla de cualquiera en ese Ayuntamiento.

El Algarrobico y sus consecuencias tienen una parte muy importante de culpa. En un vídeo publicado en Facebook, el secretario general del PP almeriense Francisco Bellido explica que la ruptura se produce por la “pérdida de confianza absoluta” en la gestión de gobierno que lideraba Hernández, y concreta que tenían una “opinión distinta” de “asuntos tan importantes como El Algarrobico”, lo que ha llevado a una situación , han hecho que la situación sea “insostenible”: “Lo mejor era abandonar”.

“Criterios diferentes”

Según Bellido, el PP mantiene un “compromiso firme con el cumplimiento de la legalidad y de las resoluciones judiciales” relativas al hotel ilegal, pero dentro del propio Gobierno municipal existen “criterios diferentes” al respecto, lo que pone en cuestión la voluntad real de Hernández por cumplir la resolución judicial que obliga a declarar la nulidad de la licencia y a avanzar en el derribo. El resto de motivos a los que alude Bellido son mucho más difusos, nada tan concreto como la discrepancia en relación con El Algarrobico, cuyo origen, sin embargo, no ha aclarado.

Por su parte, Hernández ha achacado la ruptura a la “sombra de las elecciones”, para la que quedan diez meses.

El Algarrobico ha sido protagonista reciente de la actualidad de Carboneras porque la semana pasada, el Pleno aprobó al fin anular la licencia de obras del hotel ilegal concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, para dar así cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2021, firme desde 2022. Votaron a favor el alcalde, los cuatro concejales que integran el equipo de gobierno y dos concejalas del PSOE, además de Hernández.

Era la segunda vez que se traía esa propuesta al Pleno. La primera, tres semanas antes, no llegó a votarse por una maniobra de última hora de los cinco concejales del PSOE y dos no adscritos, entre ellos los exacaldes José Luis Amérigo y Felipe Cayuela. Este fiasco generó una escandalera nacional y la advertencia firme de los magistrados del TSJA para que el Ayuntamiento ejecutara de una vez su sentencia.

El origen: un alcalde histórico y un turbulento triángulo político

La mole varada en la playa del mismo nombre explica una porción sustancial de los vaivenes políticos de este municipio del Levante almeriense, donde también juegan un papel las conexiones familiares y las manifiestas enemistades personales que tienen su origen en los roces acumulados por décadas en la política municipal. Una advertencia previa: no es fácil de seguir.

La historia moderna del poder municipal en Carboneras arranca con un histórico mandatario local, proveniente de una poderosa familia de poder durante el franquismo: Cristóbal Fernández fue alcalde desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011. Primero, con un partido local; después, se recolocó en el PSOE, desde donde en 2003 concedió la licencia de El Algarrobico a pesar de que incumplía lo previsto en la Ley de Costas y en el Plan de Protección de los Recursos Naturales de Cabo de Gata. En 2007 fue inhabilitado junto con su hermana Rosario por presionar a un conserje para que le votara, pero ambos fueron indultados 15 días después de empezar a cumplir la condena por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Salvador Hernández tomó el relevo de Fernández en 2011. Por entonces era el líder del partido local Grupo Independiente de Carboneras (GICAR), y allí tenía como hombre de confianza a Felipe Cayuela. Gobernó siete años, hasta que en 2018 fue inhabilitado por denegar información a los socialistas, que le habían denunciado, y cedió el testigo a su delfín Cayuela. El ejercicio del poder distanció a Cayuela de su antiguo jefe: a partir de entonces, los antiguos compañeros se convertirían en rivales irreconciliables, incapaces siquiera de mirarse a la cara. Esa rivalidad reventó el grupo popular desde dentro.

El primer mandato de Cayuela duró poco. En 2019, el PSOE volvió a ganar las elecciones y José Luis Amérigo alcanzó la alcaldía. Amérigo es hijo de Rosario y sobrino de Cristóbal Fernández, el histórico político local con 26 años de alcaldía, una condena y un indulto a sus espaldas. De 2019 a 2023 la cuestión de El Algarrobico se enmarañó con actuaciones inexplicables del Ayuntamiento, que generaron el convencimiento muy muy generalizado de que Amérigo, en realidad, no tenía ningún interés en que El Algarrobico se demoliera. Al contrario.

Tres gobiernos diferentes con un solo alcalde desde 2023

En los últimos años el juego de sillas se ha acelerado trazando un curioso reverso del periodo anterior. El PP y PSOE salieron de las elecciones de mayo de 2023 empatados a seis concejales. Hernández (Ciudadanos) tenía la llave: debía decidir si apoyar a quien lo denunció (Amérigo) o a quien le suplantó (Cayuela). O, ojo spoiler: trazar la carambola imposible que acabara con él mismo como alcalde.

Empezó gobernando Cayuela, para entonces fichado por el PP, que venía de fundar Carboneras Avanza tras su explosiva ruptura con Hernández. Por un breve periodo, consiguió el apoyo clave de su viejo enemigo Hernández, que a su vez había dejado GICAR para integrarse en Ciudadanos desde 2019, provocando de paso la implosión del grupo municipal naranja.

En cualquier caso, la reconciliación política de Cayuela y Hernández fue breve. Tres meses después de formar gobierno, volvieron a las andadas, y Cayuela expulsó a Hernández. Eso provocó una reacción en cadena: PSOE y Hernández se concertaron para echar a Cayuela con una moción de censura y entregarle la alcaldía a Hernández, el alcalde que no tenía más grupo político que sí mismo. El pacto era que sería alcalde hasta agosto de 2025, y Amérigo los dos años siguientes.

Esta alianza política duró algo más, pero tampoco mucho. En diciembre de 2024 rompieron acusándose mutuamente de deslealtad. Hernández se puso entonces otra vez en manos del PP, del que tuvo que salir Cayuela para no dar su voto a Hernández.

Lo había conseguido: había pasado de ser llave de gobierno a alcalde, y de paso había logrado defenestrar a Cayuela al grupo de no adscritos con otra concejala, Ángeles Carrillo. En el grupo popular quedaban cuatro de los seis ediles iniciales, que pasaron a conformar el equipo de gobierno de Hernández. Hasta este martes, que, bajo la tutela del PP provincial, se han desmarcado.

Un alcalde y una concejala en el gobierno; once ediles en la oposición

En la oposición les esperan los socialistas, y también sus antiguos compañeros en el PP Cayuela y Carrillo, ahora en el grupo de no adscritos, que podría recibir nuevas incorporaciones en breve si se convierte en definitiva la suspensión de militancia acordada por el PSOE-A contra los ediles que votaron contra la anulación de la licencia hace ahora un mes. Inicialmente, ese expediente se dirigía contra cinco de los seis concejales del PSOE, pero la dirección de los socialistas andaluces parece ahora dispuesta a “indultar” a las dos ediles que cambiaron el sentido de su voto y sí apoyaron la nulidad la semana pasada.

Fernández (tío) y Amérigo (sobrino), Cayuela y Hernández se han repartido el cargo de alcalde los últimos 30 años. Sólo Amérigo sigue en su partido, y no se sabe si por mucho tiempo. En los últimos diez años, los tres últimos se han alternado prestándose y retirándose su apoyo sin motivos claros. En los últimos tres ha gobernado un alcalde que integra un grupo político por sí mismo, y que ahora no tiene más gobierno que él y una concejala.

En este tiempo se han convertido en firmes las dos sentencias del TSJA que debían suponer la puntilla final a El Algarrobico: la primera, dictada en 2018 y firme desde 2021, obligaba a al Consistorio a clasificar la zona como no urbanizable en los planes municipales; no se ejecutó hasta febrero de este año. La segunda, dictada en 2021 y firme desde 2022, obligaba al Ayuntamiento a revisar la licencia concedida en 2003, y eventualmente declararla nula; el Pleno no ha acordado cumplirla hasta la semana pasada. De fondo está el temor de que declarar la nulidad de la licencia que concedió en su día exponga al Ayuntamiento a una imdenización millonaria a la promotora.

Las trabas, retrasos, omisiones y errores para ejecutarlas han llevado a los ecologistas a denunciar la situación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; a los magistrados a advertir retieradamente con multarlos e investigarlos penalmente si seguían ignorando sus sentencias (sin llegar a materializar nunca las múltiples advertencias); y a las administraciones (tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía) a convencerse de que el Ayuntamiento no sólo no colaboraba, sino que ponía en el camino todas las piedras posibles para evitar que El Algarrobico, la mole que nunca debió construirse, siga donde está desde hace 23 años.

Las heridas del fuego han marcado profundamente la Sierra de Bédar (Almería). Las laderas cubiertas de esparto, tan familiares para los bedarenses hace cuatro días, han dejado paso a la ceniza, y la vegetación fuerte y superviviente, que mantiene viva una tierra acostumbrada a la sequía, ahora está negra y yerma. Irreconocible. “Parece una zona de guerra”, cuenta una vecina, después de que haya quedado controlado el incendio que se ha cobrado la vida de 13 personas.

Ascender por la carretera de Bédar es un espectáculo desolador. El verde y marrón, antes predominante, salpica la ladera renegrida y sobre ella se alzan, sin que nadie pueda explicárselo, las casas, cortijos y fincas de los locales, aparentemente intactas.

“Por supuesto no es algo aplicable a todos los casos, pero esta es la prueba de que cuando las autoridades piden confinamiento en un incendio, lo hacen por una buena razón”, explica a elDiario.es una responsable de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). El fuego, aunque ha arrasado el monte, no ha llegado a las casas.

Las fachadas blancas o con colores terrosos destacan sobre la tierra quemada como un oasis en un desierto. Los caseríos se encuentran en su mayoría aislados, separados unos de otros por varios kilómetros, algo muy común en la Almería rural, y que ha sido un factor determinante durante los momentos más críticos de la evacuación.

Casa por casa avisando a los vecinos

“Diego, el policía local de Bédar, fue casa por casa pidiendo a los vecinos que se marcharan, que había que evacuar, pero el fuego se extendió tan rápido que aunque tuvieran 100 agentes no hubieran podido avisar a todos a tiempo, hicieron todo lo posible”, relata Shelagh, vecina de El Pinar, pedanía de Bédar.

Ella cuenta cómo la evacuación se organizó a través de un grupo de WhatsApp en el que están muchos de los vecinos para gestionar asuntos del municipio, al encontrarse tan aislados unos de otros. Esta vecina afirma que es la mejor manera de que las comunicaciones lleguen a tiempo: “Los propios vecinos nos avisábamos de que había que evacuar, íbamos por las calles tocando el claxon para alertar a los que no están en el grupo, ha sido un esfuerzo de todos”, recuerda.

La megafonía fue otra de las estrategias empleadas por el Ayuntamiento para intentar que la noticia llegara a todos los hogares con relativo éxito. Aun así, muchos vecinos se han quejado durante los últimos días de que no les llegó el aviso y de que se enteraron por los medios de comunicación o por las redes sociales de que había un incendio.

Solo existe una vía de acceso

La forma de urbanismo predominante en Bédar tiene nombre, se denomina zona de interfaz forestal, es decir viviendas diseminadas en áreas forestales, normalmente con una sola vía de acceso que las conecta con las áreas urbanas cercanas.

En estas zonas el peligro de incendio es significativamente mayor debido a la cercanía de los hogares a la vegetación del entorno, por lo que, según indicaciones de la Junta de Andalucía, estos hogares deben contar con un plan de autoprotección que contemple medidas preventivas y de defensa frente a incendios forestales.

El alcalde de Bédar, Ángel Collado, confirma que el municipio cuenta con un plan vigente de emergencias desde 2015, pero que se encuentra “a la espera de una remodelación”. El regidor asegura que esto no ha afectado a la actuación durante el incendio.

La organización urbanística del pueblo dificultó en buena medida que las indicaciones de seguridad llegaran a los vecinos. El hecho de que solo haya una vía de salida y entrada a las viviendas supone un riesgo en el supuesto de que la vía quede cortada, pero esta es una realidad que no solo afecta a las viviendas aisladas, sino a todo el término municipal.

“No solo las viviendas cuentan con una calle, aquí en El Pinar solo contamos con una calle para salir y la gente de Bédar solo tiene un par de accesos para bajar a Los Gallardos, es algo que afecta a todo el pueblo”, afirma Shelagh.

En El Pinar, que se encuentra muy cerca del núcleo de Los Gallardos, sobresale una vivienda que fue clave para los efectivos del INFOCA durante su extenuante lucha contra el fuego debido a su localización estratégica. Se encuentra en lo alto de una colina, en el extremo noreste de la pedanía y se accede a ella por una sinuosa carretera, en la que es posible ver hoy los restos de los esfuerzos del fuego por llegar hasta el edificio.

La carretera protegió en buena medida la fachada de la vivienda por su lado oeste, norte y sur, pero por todo su flanco este es posible ver los daños provocados por las llamas y el calor: muebles carbonizados, ventanas resquebrajadas, molduras derretidas y cables totalmente consumidos. En este sector no hay carretera, el propio monte se extiende a los pies de la vivienda creando una caída de varios metros. Por ahí logró llegar el fuego a la casa, debido a la extensa vegetación que la rodea.

El juzgado de Vera (Almería) encargado del incendio originado en Los Gallardos que se ha cobrado la vida de 13 personas, cuenta ya con la identificación de nueve víctimas, que corresponden a un ciudadano español y a ocho extranjeros, tres personas procedentes de Reino Unido, un matrimonio belga, un hombre de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.

Los fallecidos identificados hasta el momento son cinco hombres y cuatro mujeres, según han informado a EFE fuentes de la investigación, que han precisado que el español y la estadounidense estaban casados.

Según la última actualización ofrecida anoche por el Centro Integrado de Datos (CID), el número de denuncias por desaparición había aumentado a diez, mientras que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en trece, tras confirmarse el fallecimiento de una ciudadana inglesa de 93 años, ingresada en estado grave en un hospital de Almería.

El incremento de los desaparecidos se produjo tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, detalló el CID, que consideró anoche que a corto plazo podrían recibirse más denuncias.

Salvo el caso de la mujer de 93 años hospitalizada, la identidad y la nacionalidad comunicada este lunes corresponde a seis de los doce fallecidos que fueron hallados en las zonas calcinadas.

Ocho kilómetros separan las poblaciones de Bédar y Los Gallardos, pero para los evacuados por el incendio de Almería bien podrían haber sido ocho mil. Durante tres días, un férreo control policial ha mantenido cerrada a cal y canto la AL-6109 hacia la localidad bedarense, impidiendo el paso de quienes rogaban acceso para recoger medicamentos, ropa o para dar de comer y beber a los animales que tuvieron que dejar atrás.

“Ayer intenté subir porque mi mujer se asfixiaba, necesita un respirador para dormir y nos lo dejamos durante la evacuación, pero no me han dejado subir, ni siquiera escoltado”, cuenta Julián que tuvo que desplazarse hasta el hospital más cercano, a 20 minutos en coche en la localidad de Huércal-Overa, para poder solicitar un repuesto. La espera llegó a su fin este domingo: Bédar ha vuelto a la vida, y ellos han vuelto a Bédar. Su mujer se encuentra bien, pero “han sido unos días terribles”, relata entre lágrimas. 13 personas han fallecido como consecuencia del incendio, y siete están heridas, cuatro de ellas en la unidad especializada en quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

“La experiencia ha sido terrorífica, nos evacuaron a las cuatro de la mañana y nos vinimos con lo puesto. Tenemos cuatro gatos en el coche y seis más esperándonos en casa sin agua ni comida, pero no nos dejan subir, estamos solos”, relata Kamran, ciudadano de origen iraní y propietario de un cortijo en el municipio.

Durante la jornada, la Guardia Civil compartió imágenes del rescate de animales en colaboración con la Protectora FURIA, que ha coordinado la labor de estas entidades. Quizá el más emotivos de esos momentos es el rescate de un perro, aún temeroso tras una valla que marca el fin del terreno carbonizado por las llamas.

Incendio estabilizado a mediodía del domingo

La estabilización del incendio, confirmada poco antes del mediodía de este domingo, y la desescalada de la emergencia, que pasaba a Situación Operativa 1, ha sido el punto de inflexión para los vecinos de este pequeño municipio de menos de 1.000 habitantes afincado en la preciosa Sierra de Bédar, ahora irreconocible: esta noche muchos de ellos podrán dormir en sus casas.

Desde las cuatro de la tarde, un goteo lento pero incesante de vehículos llegaba hasta el perímetro policial de Los Gallardos. No todo el mundo podía acceder. Un trabajador municipal da el alto: “Solamente los residentes pueden subir, antes de que puedan pasar deberán mostrarnos su DNI para que podamos verificar que efectivamente son vecinos”. Y añade: “Ha habido casos de personas que están de alquiler y hemos tenido que negarles el acceso hasta que el propietario de la vivienda nos confirme que residen allí”.

La subida a Bédar ofrece una imagen descorazonadora: el monte está totalmente carbonizado, pero las viviendas permanecen intactas. Ana María, vecina de la localidad y una de las primeras en acceder a su casa, a la que no entraba desde la tarde del jueves, cuenta a elDiario.es que “está todo como lo dejé, la verdad es que hemos tenido mucha suerte aquí en el pueblo, las casas están bien”.

Pese a la orden de evacuación declarada por las autoridades el pasado jueves, hay vecinos que se han resistido a marcharse. Matías es uno de ellos: “La Guardia Civil vino para decirnos que teníamos que evacuar, pero yo he ido aguantando porque tengo animales aquí y tengo que darles de comer. Algunos nos hemos quedado y nos han dicho que debíamos confinarnos en casa y cerrar puertas y ventanas”, cuenta.

Pese a la alegría generalizada por la vuelta a casa, esta pequeña población almeriense tiene por delante la difícil tarea de seguir adelante sin doce de sus vecinos, que perdieron la vida huyendo de las llamas. “Los conocía a prácticamente todos, eran extranjeros pero vecinos del pueblo desde hace 20 o 25 años, gente buenísima. Vivían cerca, ellos se han ido pero las casas se han quedado ahí”, relata Catalina, vecina del pueblo.

El núcleo de Bédar se ha salvado de lo peor del incendio pero pedanías como La Serena o El Pinar no han tenido tanta suerte. Algunas viviendas presentan graves desperfectos que impedirán el regreso a casa de sus propietarios. El alcalde, Ángel Collado, afirmaba a última hora de la tarde que aquellas personas que no puedan residir en sus casas serán realojadas en hoteles hasta que puedan restaurar sus hogares y varias oficinas se pondrán en marcha en las localidades afectadas para centralizar las ayudas.

Los servicios de emergencia han recuperado los cuerpos sin vida de dos personas con aparentes signos de violencia tras el desembarco de una patera durante la madrugada de este domingo en la playa del Corral de Carboneras (Almería), donde se ha localizado a otros diez migrantes de origen norteafricano.

Fuentes de la Guardia Civil y otras próximas al operativo han confirmado a Europa Press la llegada de una patera sobre las 5:15 horas, por lo que el 112 recibió varios avisos en los que se alertaba del desembarco de entre “50 o 60 personas”, próxima a la antigua fábrica de cemento.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil, Policía Local de Carboneras, Cruz Roja y 061, que se han desplazado hasta la zona donde han comprobado la existencia de dos cadáveres que han tenido que ser recuperados del mar.

Conforme a la investigación preliminar, los cadáveres de los fallecidos mostraban signos de violencia, si bien las autoridades han apuntado que será la autopsia la que confirme las causas concretas de la muerte.

De otro lado, la embarcación en la que viajaban los inmigrantes han vuelto mar adentro después de producir el desembarco cerca de la línea de costa, mientras que los ocupantes de la patera se han adentrado tierra adentro, con lo que a su mayoría se le ha perdido la pista.

El incendio declarado el jueves por la tarde en Los Gallardos, Béjar y Antas que durante la noche acabó con 12 vidas y el viernes arrasó 6.600 hectáreas con velocidades de avance de hasta cien metros por minuto se apaciguó este sábado gracias al trabajo de los efectivos de la UME, Plan Infoca y bomberos de Levante y a unas condiciones climatológicas mucho más favorable: el viento dejó de soplar con fuerza y la humedad remontó hasta el 50%, y esa fue la “ventana de oportunidad” que aprovecharon los bomberos para perimetrar las llamas a esas 6.600 hectáreas, que no se han extendido, y, por primera vez, “atacar el fuego” en lugar de defenderse de su avance.

Al final de la tarde, las perspectivas para la noche eran también buenas. “La climatología esta noche va a ser favorable y la perspectiva para estabilizar en las próximas horas es favorable”, avanzó el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, quien no obstante también lanzó un mensaje de cautela: hay focos activos y el comportamiento del fuego en una zona con orografía muy escarpada, con barrancos y caminos angostos de tierra que atraviesan superficies de matorral o antiguos cultivos de esparto, llama a ser precavidos.

Por eso, Bolaños también pidió paciencia a las más de 1.400 personas que siguen fuera de sus casas. Según dijo, ya no están en albergues o polideportivos como el de Garrucha, sino que han sido alojadas en viviendas propias o familiares y en hoteles, que abonará el Gobierno. “Volverán cuando podamos garantizar las condiciones de seguridad. Esperamos que sea lo antes posible”.

Durante el día, sí se permitió el regreso temporal de algunos vecinos a Bédar para recoger medicamentos, dinero o documentación, o para alimentar animales. El Ayuntamiento de Antas pidió a los evacuados que esperen autorización para volver a sus casas y la Guardia Civil detuvo a dos personas que se negaron a acatar las instrucciones de evacuación.

El fuego se cobró la vida de 12 personas, en cuya identificación siguen trabajando los forenses del Instituto de Medicina Legal en Madrid. Es una tarea complicada por el estado en que quedaron los cuerpos. Hay siete denuncias de desaparición, y cuando se complete la identificación de los cadáveres podrá comprobarse cuántas corresponde a las víctimas ya contabilizadas.

Además, hay ocho heridos, entre ellos cuatro en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Los daños materiales son menos cuantiosos de lo que se temía. “La práctica totalidad de las viviendas no están afectadas”, ha asegurado Bolaños, quien ha recorrido la zona. Está previsto que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la zona el próximo lunes.

“Nos tenemos que acostumbrar”

Bolaños ha advertido que la virulencia del incendio tiene su origen en la emergencia climática. “Nos tenemos que acostumbrar, porque la emergencia climática tiene estas consecuencias”, señaló por la mañana. Los expertos apuntan a la abundante vegetación acumulada tras un año lluvioso, muy reseca en las últimas semanas de altísimas temperaturas. No ayudó la orografía del terreno, muy escarpada, lo que dificulta el acceso de maquinaria pesada y provoca convecciones de aire caliente que expanden las llamas. Por último, la meteorología: el jueves y el viernes sopló un intenso viento seco, que hizo correr el fuego a velocidades de vértigo.

Bolaños ha rebajado la polémica sobre la falta de envío de un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert. El ministro ha avalado la explicación del Gobierno andaluz: “Son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos, no puedo desautorizar o cuestionar esa decisión”, ha dicho el ministro.

Antes, el Consejero Antonio Sanz había replicado al ministro Óscar Puente y a la portavoz socialista, Montse Mínguez, quienes habían señalado que “una vez más” había quedado “otro ES Alert sin enviar”, en referencia a la falta de aviso en tiempo durante la Dana de Valencia. Sanz, visiblemente molesto, ha replicado que quien polemiza con esto “no tiene ni idea” de cómo funciona ES Alert, y ha explicado que el envío hubiera provocado “daños irreparables y confusión a la población”, al no ser posible acotarlo a quienes en ese momento debían ser evacuados.

Según Sanz, el rango de difusión del mensaje no permitía afinar lo suficiente en este caso y enviarlo indiscriminadamente a población que debía seguir instrucciones diferentes podía dificultar las tareas de evacuación de quien sí debía salir de sus viviendas. La alternativa fue que el alcalde, concejales y miembros de las fuerzas de seguridad avisaran casa a casa.

El incendio, el más trágico de las últimas décadas en España, tiene aún un origen por esclarecer. La primera hipótesis apunta a un cable que cayó sobre la cuneta en el punto kilométrico 511 de la Nacional 340. Tanto Red Eléctrica como Endesa han negado que ese cable sea suyo, señalando que corresponde a la instalación de un antiguo restaurante. Además, Endesa añade que sus técnicos comprobaron que no tenía tensión desde que ese restaurante cerró, en 2009. Sin embargo, esta sigue siendo la principal hipótesis, sin que se descarten otras.

Louise es una mujer británica que hasta el jueves por la tarde vivía plácidamente bajo el sol del Levante almeriense. En apenas unas horas todo cambió, y su hogar de acogida, uno de tantos cortijos diseminados de la sierra que ocupan generalmente extranjeros, ingleses o belgas, se vio frente a frente con un incendio que devoraba metros a la velocidad del rayo. Cuando vio cómo se acercaba el peligro, Louise reunió a sus familiares, sus amigos y a sus perros e intentó ponerse a salvo conduciendo en dirección sur hacia Los Gallardos. “Supimos que Serena (pedanía de Bédar) había sido evacuada así que nos pusimos en marcha, pero las llamas estaban en la carretera, no podíamos pasar y dimos la vuelta en dirección contraria, hacia Lubrín. No nos dimos cuenta de que no teníamos gasolina, éramos cinco y dos perros, repartidos en dos coches y ninguno tenía gasolina, fuimos estúpidos”, cuenta.

Los ocupantes del otro coche con el que viajaban, en lugar de dar la vuelta al ver las llamas en la carretera, decidieron atravesarlas para lograr llegar a Los Gallardos. “Nos dijeron que el coche se calentó muchísimo. Por suerte están bien, pero nosotros no nos atrevimos a seguirlos porque otras personas que se habían marchado conduciendo no lo han conseguido. Aún no hemos podido localizar a algunos amigos y nos tememos lo peor”, relata.

Louise logró llegar con su gente hasta la localidad de Antas donde pudieron repostar y continuar hasta Aguamarga, donde contaban con amigos con los que pasaron la noche. A la mañana siguiente el camino hacia Los Gallardos estaba abierto y decidieron asentarse a esperar la evolución del incendio.

Los Gallardos, espectadora del peor incendio

Desde que a media tarde del jueves se comenzó a extender la noticia de que se había originado un incendio en el término municipal de Los Gallardos, en el Levante almeriense, la localidad se erigió en espectadora del que ya se conoce como el peor incendio en lo que va de siglo en todo el país y el más mortífero de la historia de Andalucía, con 12 muertos y 23 personas a las que aún no se ha localizado.

A salvo de las llamas gracias a la barrera que supone la A-7, Autovía del Mediterráneo, que separa Los Gallardos de la Sierra de Bédar, donde durante la jornada del viernes se ha extendido el fuego, los vecinos y vecinas de Los Gallardos han observado en primera persona cómo el fuego ha devorado la sierra así como los hogares de amigos, familiares y vecinos de poblaciones cercanas como Bédar o Alfaix.

Las unidades de emergencia del 061, 112, UME y Bomberos establecieron rápidamente un punto de control para la atención primaria de los evacuados en el Centro Cultural de Los Gallardos en el que desde un primer momento se han instalado seis camillas y un espacio de triaje para atender a los afectados.

La suerte quiso que las camillas permanecieran vacías durante la noche y la jornada del viernes. “Aquí no hemos tenido que tratar a nadie, pero nosotros sí nos hemos movilizado durante toda la noche para atender heridos en otras zonas”, nos cuenta un sanitario.

“Por un lado piensas, menos mal que no ha habido necesidad, pero por otro te sientes impotente porque tienes que mantener tu puesto en caso de que sea necesario mientras sabes que otros compañeros están desbordados” relata Justi de La Cruz, enfermera del 061 que formó parte del turno de noche asentado en el centro cultural.

En el pueblo el sentimiento general es de preocupación. “Vivo en Vera pero tenemos un cortijo en Bédar y no sabemos si se ha quemado, tenemos animales allí pero no sabemos si están bien. Han cortado el acceso y no nos dejan subir”, cuenta Atika.

La Guardia Civil mantiene cerrado el acceso a Bédar, cuyos vecinos fueron desalojados durante la madrugada del viernes al ser uno de los núcleos más cercanos al incendio. “Mi vecina se negó a marcharse, se ha quedado en su casa en Bédar pero la policía la está obligando a evacuar”, relata Louise, que ha buscado refugio en la localidad vecina.

Bédar, testigo directo del fuego: “No hemos podido dormir”

Bédar se sitúa a tan sólo 8 kilómetros de Los Gallardos por lo que sus vecinos han sido testigos directos de la cercanía del fuego. “No hemos podido dormir, nuestro balcón da directamente a la sierra y hemos visto el fuego toda la noche. Teníamos un susto muy grande porque tenemos tres hijos y venimos de otro país, si nos obligaban a dejar nuestra casa, no tendríamos otro sitio al que ir”, relata Raúl, vecino asentado en el municipio que cuida junto a su mujer, Paola, no solo de sus hijos, sino también de los de una sobrina que se encuentra atendiendo a una señora mayor dependiente. “Me contaba que la señora está sola y que no podía dejarla por si pasaba algo, así que me ha dejado a sus hijos para que tuvieran con quien irse si nos evacuaban”, relata Paola.

Paola, al igual que su sobrina, es trabajadora social y a la preocupación por su familia, amigos y vecinos se suma la atención a sus usuarios. “Tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos hemos estado informando de cómo avanza la situación para avisar también a nuestros usuarios”, cuenta.

La solidaridad ha sido clave durante la jornada de este viernes para hacer llegar a los puestos de mando y puntos de recogida de evacuados los suministros necesarios para mantener atendidos tanto a víctimas como a profesionales. En Los Gallardos, esta solidaridad tuvo como origen el supermercado Simon's, que fue a última hora de la noche del jueves centro de una frenética actividad para proveer de bocadillos y suministros a los centros de mando.

“Ya habíamos cerrado cuando recibimos la petición del alcalde para preparar suministros, así que volvimos a abrir el supermercado y nos pusimos a trabajar”, relata Vanesa, empleada del local. El comercio es ya veterano a la hora de prestar ayuda durante un incendio. Hace unos años también tuvieron que echar una mano así que en esta ocasión contaban con experiencia y rápidamente se dividieron el trabajo. “Formamos una cadena humana para trabajar lo más rápidamente posible, uno horneando el pan, otra cortando embutidos, otro preparando los bocadillos y otro empaquetándolos”, cuenta.

Las trabajadoras no fueron las únicas que trabajaron hasta altas horas de la madrugada para preparar todos los suministros, que completaron con bebidas y fruta fresca. Los propios vecinos, que ya habían escuchado las noticias, acudían para ayudar y colaborar con la preparación. “Veían las luces encendidas y entraban para colaborar. Fue una noche larga pero nos sentimos muy satisfechas del trabajo y muy orgullosas de nuestros vecinos”, apunta Gerónima, otra empleada.

Almería continuará durante los próximos días en máxima alerta por la virulencia del fuego. La sequía que es característica de la provincia, los fuertes vientos de levante y la compleja orografía del terreno dificultan en gran medida el trabajo de los servicios de emergencia que trabajan sin descanso sobre un terreno que no ha contado con los trabajos preventivos necesarios para afrontar la temporada estival.

La cifra de víctimas mortales en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) se ha elevado a 12 este viernes por la mañana, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona donde se ha producido esta tragedia que supone “el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha” en la región, como ha informado el 112 de Andalucía.

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado la situación de “tragedia sin precedentes”, lamentando que no se ha podido salvar la vida de estos 12 vecinos, varios de ellos de origen británico. En total ocho personas están heridas, cuatro de ellas más graves “que tienen diferentes tipologías de quemaduras”, y han sido trasladadas al hospital Virgen de Rocío en helicóptero desde el hospital Torre Cárdenas.

Además, hay 23 personas que aún no han sido localizadas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha aclarado que el número de desaparecidos no tiene que equipararse con fallecidos, pues pueden haberse refugiado en algún albergue o estar siendo atendidos en algún hospital de la zona.

De camino al lugar de los hechos, Moreno ha avanzado que “todo parece indicar que el origen [del incendio de Los Gallardos] es la caída de un poste de un tendido eléctrico”, lo que “derivará también responsabilidades hacia el mantenimiento” de la instalación, según ha afirmado esta mañana en declaraciones a la Cadena SER. El fuego sigue creciendo y ya ha arrasado con 3.800 hectáreas, según los cálculos del sistema europeo de información de incendios forestales.

Una decisión “trampa”

Horas antes de que la cifra aumentara hasta los 12 fallecidos, Sanz ha explicado que 11 víctimas habían sido localizadas en dos escenarios distintos: cuatro personas en un coche (que al tener el volante en el lado contrario parece ser de origen británico) y siete personas de un grupo de nueve (uno español y el resto extranjeros). “Todo parece indicar que en el caso de los fallecidos estamos ante su mayoría o su totalidad extranjeros hasta que no se determine lógicamente la identificación no se puede no se puede confirmar”, ha dicho el consejero.

Al hilo, ha lamentado que las víctimas optaran por un camino alternativo “al de evacuación” y buscaran una “salida propia” a través de una rambla, lo que terminó convirtiéndose en “una trampa”. Asimismo, se han evacuado más de 600 personas, de las cuales 193 están en albergues.

El incendio continúa avanzando por dos flancos: el derecho, donde se ha podido usar maquinaria, y el izquierdo, donde solo actúan medios aéreos y la UME. “La mayor amenaza es un posible cambio de viento que podría revertir la situación”, ha advertido Sanz. Hay 464 efectivos, 124 vehículos y casi veinte medios aéreos, además de 21 retenes y 9 camiones del INFONAV trabajando en la zona.

Se trata de una zona montañosa, cortada por barrancos y punteada por cortijos que hoy ocupan mayoritariamente residentes británicos, según explica Segundo Ramírez, exalcalde de Los Gallardos, que conoce bien el lugar. La complicada orografía y el viento que sopló con fuerza desde última hora de la tarde complicaron el incendio, que se extendió con rapidez. Al menos seis de los fallecidos localizados anoche estaban en el municipio vecino de Bédar.

Sanz ha instado a la población a seguir “estrictamente las instrucciones de evacuación y a no tomar decisiones propias, pues esas decisiones pueden conducir a tragedias como las ya ocurridas”. El consejero ha insistido en evitar las zonas afectadas y no escoger “caminos que no están coordinados” sin el guiado explícito de las autoridades, recordando que la prioridad absoluta es salvar vidas.

Personas realojadas

Han sido evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer resultó herida con quemaduras y tuvo que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas. Además, otra persona más resultó por intoxicación de humo y ha sido trasladada, también, al mismo centro hospitalario. Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

En el Centro de Artes Escénicas un total de 54 personas que están siendo atendidas en sus necesidades por los efectivos de emergencia desplegados en el terreno.

Pedro Sánchez: “Enorme tristeza”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en la madrugada de este viernes su “enorme tristeza y desolación” por las consecuencias del incendio forestal declarado en Los Gallardos y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.

“Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos”, ha escrito Sánchez en la red social X.

El presidente del Gobierno ha deseado también una “pronta recuperación a los heridos” y ha expresado su “solidaridad con todos los vecinos afectados”.

El jefe del Ejecutivo ha señalado asimismo que efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para combatir las llamas.

Además, ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha sido movilizada y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución.

Moreno Bonilla, “consternado”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha expresado su consternación ante la “tragedia” en el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto seis personas en una pedanía del municipio vecino de Bédar.

Moreno ha dicho en un comentario en la red social X que tienen “el alma encogida” y están “rotos de dolor” y “consternados” por la “terrible noticia” en este incendio.

El dirigente andaluz ha enviado el “profundo pesar” de su gobierno a las familias de los seis fallecidos y el cariño “de todos” a los municipios afectados por el incendio. El acto de toma de posesión de los consejeros, que estaba previsto para hoy, ha aplazado hasta nueva fecha.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) ha decidido poner fin al expediente de revisión de oficio de la licencia de obras de El Algarrobico declarándola nula, con el voto a favor de ocho de los 13 concejales, y la ausencia de los otros cinco.

El Pleno ha dado así cumplimiento al ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado que votaran nuevamente esta cuestión para cumplir una sentencia de junio de 2021, firme desde diciembre de 2022, y que el Ayuntamiento empezó a ejecutar en junio de 2023. Tres años ha costado. Los jueces advirtieron el pasado 24 de junio que desplegarían todo su poder si los concejales volvían a ignorarles: ejecución subsidiaria, multas y posibles responsabilidades penales.

De esta forma, los ediles han votado en Pleno Extraordinario a favor de dar cumplimiento al auto de 24 de junio, dictando resolución para poner “fin a la revisión de oficio” de la licencia que concedió el 13 de enero de 2003, declarando que aquella licencia es nula de pleno derecho. Queda para otro momento determinar si deberá indemnizar a Azata del Sol, la promotora a la que dio la licencia para construir en plena playa y parque de Cabo de Gata, y en cuánto.

Esta era la segunda ocasión en un mes en la que los ediles del municipio eran llamados a pronunciarse sobre una cuestión que marca el futuro del inmueble. En la primera votación, el pasado 17 de junio, Carboneras dio la sorpresa. Con todo a favor, incluyendo el informe del Consejo Consultivo favorable a la nulidad, el Pleno decidió posponer la decisión de revisar (y anular) la licencia con el voto a favor de cinco del PSOE y dos no adscritos.

El voto de dos concejales socialistas da la vuelta

En esta ocasión, ha sido el voto de dos de las concejalas socialistas el que ha provocado el volteo del resultado. Mariana Esteban e Isabel Hernández se han apartado de la postura del líder local del partido, el exalcalde José Luis Amérigo, y se han alineado con los cinco concejales del PP y el propio alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) para dar cumplimiento al auto de 24 de junio,

Con la voz entrecortada, Hernández ha insistido en varias ocasiones en que “lo que dicta la Justicia está para cumplirse”, asegurando que él nunca ha intentado poner palos en las ruedas, sino que ha intentado cumplir “sobre la base de los medios humanos y materiales de que disponemos”.

El regidor ha insistido en pedir ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, a las que ha llamado “corresponsables” de autorizar el hotel y ha pedido “altura de miras”: “Somos un municipio de poco más de 8000 habitantes, al que se le crearon unas expectativas irreales e ilegales de desarrollo”, ha lamentado, antes de advertir de que el camino que queda es largo y que no ve que el pueblo pueda recorrerlo solo: “Mucho nos tememos, si no tenemos ayuda, que el hotel va a seguir su culebrón (...) Intentemos entre todos salir de la mejor manera posible de este embrollo”.

El “embrollo” es la presunta responsabilidad a la que podría tener que hacer frente el Consistorio, si bien los tribunales ya han determinado en tres ocasiones que Azata no tiene derecho a reclamar nada porque sabía que no podía construir ahí. Hernández ha lanzado un “mensaje de intranquilidad”, asegurando que quienes vaticinan la ruina para el pueblo lo hacen para “meter miedo” y seguir sosteniendo un hotel ilegal.

No le han escuchado ni Amérigo ni los otros tres concejales que no han votado a favor (otro socialista y dos no adscritos), que han abandonado el salón de Plenos antes de que el alcalde tomara la palabra.

Antes, Amérigo había asegurado que el mandato del TSJA (“poner fin al expediente de revisión de oficio”) no obliga a declarar la nulidad de la licencia, y ha defendido que el acuerdo que adoptó el pasado Pleno para posponer la votación hasta contar con tres nuevos informes sí es obligatorio y ejecutivo.

El portavoz socialista ha insistido en que al expediente le faltan informes y documentos. En su opinión, votar hoy a favor de la nulidad de licencia supone incumplir a la vez el mandato del TSJA y el del Pleno. En la misma línea han hablado Felipe Cayuela y la otra concejala no adscrita, mientras las dos socialistas que han revertido el resultado explicaban que votaban a favor para cumplir con el mandato judicial: “Si no se declara por el Ayuntamiento lo haría el TSJA, a riesgo de que seamos encausados judicialmente.”

Hernández no le ha comprado el argumento a Amérigo, subrayando que el mandato de los jueces es claro: “Si nos dicen que hay que anular, hay que anularla. (...) Esos supuestos informes que faltan, no faltan. (...) Este expediente lo único que lleva es la revisión de oficio: la orden del TSJA, informe del Consultivo y la información a las partes”.

El regidor ha apuntado a Amérigo, recordando que es sobrino del alcalde que concedió la licencia, Cristóbal Fernández: “El hotel tiene padre y madre, el PSOE de la familia Amérigo Fernández, que son los que concedieron la licencia y nos llevan por el camino de la amargura”.

Una decisión controvertida

La decisión del pasado 17 de junio había descolocado a todos. El Gobierno central, personado en el procedimiento judicial, presentó un escrito pidiendo a los jueces que dieran un (otro) ultimátum al municipio para que anulara la licencia, y si no, que la anularan ellos. La Junta de Andalucía y los ecologistas optaron por pedir directamente al TSJA que asuma la función prevista en la ley y ejecute la sentencia ante la constatada resistencia municipal a hacerlo, además de pedir que se investigue ya en vía penal a concejales y alcalde. Y el PSOE, cuyos ediles contribuyeron decisivamente a completar la nueva pirueta que dio aire a la mole, anunció la apertura de un expediente y la suspensión temporal de esos concejales por saltarse la disciplina de partido.

De fondo operan las mismas reticencias que han trufado de obstáculos, excusas y trabas la ejecución de la sentencia del TSJA, que es firme desde diciembre de 2022 y pese a ello, sigue sin aplicarse. Aseguran quienes evitan ejecutarla que Carboneras podría verse expuesto a una reclamación millonaria de la promotora si es el propio municipio el que declara la nulidad de licencia que concedió en febrero de 2023.

Es el argumento que oponen, antes de manera velada y ahora ya abiertamente, quienes se oponen a la ejecución, como José Luis Amérigo, exalcalde del PSOE y ahora portavoz de los socialistas. En el Pleno, Amérigo aseguró que carecía de “información esencial” sobre las consecuencias de la nulidad, una decisión de “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica”, y adujo la necesidad de recabar al menos tres nuevos informes: uno sobre el impacto económico, otro de intervención y otro jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Nada más recibir el acta del Pleno y los escritos de los ecologistas, la Junta de Andalucía y el Ministerio, los jueces del TSJA resolvieron dar una nueva oportunidad al Pleno para que convocara y votara la revisión, bajo advertencia de que si no lo hacía, podría multar a los responsables y llevarlos a Fiscalía.

Eso es lo que se ha votado hoy, con un resultado esperado durante más de dos décadas: la licencia de El Algarrobico es nula de pleno derecho. Esto era solo el primer paso, aunque probablemente el más costoso. Ahora vendrá todo lo demás.

Los servicios de emergencias y la entidad Cruz Roja han atendido desde este pasado martes a cerca de un centenar de personas que han conseguido alcanzar a bordo de diferentes pateras varios puntos de la costa de Almería, entre los que se contabilizan al menos diez heridos.

La última de las embarcaciones ha sido avistada sobre las 6.35 horas de este miércoles en la Playa de los Muertos de Carboneras, donde las autoridades fueron alertadas ante la llegada de una patera, según han indicado a Europa Press fuentes del 112 Andalucía.

En este sentido, desde la Guardia Civil se ha confirmado la localización de en torno una decena de ocupantes de la patera, que han sido conducidos al Centro Temporal de Extranjeros de Almería (CATE) ubicado en el puerto pesquero de Almería.

Trasladadas al hospital

Durante la jornada de este martes, los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja atendieron a otras 46 personas, entre ellos cuatro menores de edad, que alcanzaron la playa de los Cocones de Carboneras sobre las cinco de la madrugada.

En este sentido, del total de personas que desembarcaron en la playa, tuvieron que ser atendidas por heridas e incluso, una de ellas, fue evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería debido a un traumatismo en una rodilla.

De otro lado, en la zona del Poniente, también se constató el desembarco de una patera con más de 40 personas que consiguió llegar por sus propios medios hasta el litoral, donde se apostó ante la mirada de decenas de bañistas en un espacio situado cerca del camping de Balerma, próximo a Guardias Viejas.

El desembarco de la patera, que posteriormente volvió mar adentro, derivó en avisos a la Policía Local de El Ejido y la Guardia Civil, que organizaron el traslado de los inmigrantes al CATE tras localizar a dos de ellos en las proximidades.

El Obispado de Almería ha solicitado a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía su colaboración para saber cómo proceder para la retirada de la inscripción tallada en la Catedral de la Encarnación de la capital con el nombre de José Antonio Primo de Rivera y el escudo con el yugo y las flechas sobre la que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto expediente para acordar su retirada.

Fuentes de la Diócesis han indicado a Europa Press su voluntad de cumplir con la Ley de Memoria Democrática y proceder a la retirada de los símbolos, si bien han pedido auxilio a la Junta de Andalucía para saber cómo se ha de proceder ya que el templo cuenta con la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento.

En este sentido, han señalado que se dirigirán por segunda ocasión a la Administración andaluza tras una primera consulta ya realizada sin éxito después de la comunicación al respecto recibida meses atrás por parte del secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez, quien informaba del proceso.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática informaba este martes de la incorporación al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática de la inscripción que aparece en la catedral almeriense, la cual se incluye como una “expresión de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios”.

Contrario a la Ley de Memoria Democrática

Los símbolos existentes en la Catedral de la Encarnación responden “a la política de exaltación impulsada por la dictadura franquista y constituye un homenaje honorífico al fundador de Falange Española en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural”, según ha trasladado el Gobierno.

Con todo, la comisión técnica ha determinado que el elemento “mantiene un significado de legitimación simbólica de la dictadura y de uno de sus principales referentes ideológicos, por lo que resulta contrario a la Ley de Memoria Democrática”.

La resolución recuerda también que “la protección patrimonial de un inmueble no ampara la conservación de elementos de exaltación franquista y que las administraciones públicas competentes tienen el deber de colaborar para hacer efectiva su retirada”.

Las resoluciones, adoptadas tras el análisis de la Comisión Técnica de Expertos prevista en el Real Decreto 1040/25 que desarrolla la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, afectan también al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife; al Monumento a los Rumanos Caídos, en Majadahonda (Madrid); y a la inscripciones en honor a José Antonio Primo de Rivera existente en la Catedral de Murcia.

Una menor de cuatro años de edad ha muerto este a las 10.36 horas de este domingo ahogada en una piscina particular de la localidad almeriense de Antas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se ha alertado al centro de coordinación por la necesidad de asistencia sanitaria a una niña con síntomas de ahogamiento en la población de Aljariz en una casa de campo de la barriada del Real.

Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Emergencias de la Junta, al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, quien ha practicado sin éxito los ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la víctima. El 112 ha activado el protocolo para ofrecer apoyo psicológico a sus familiares.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto por el que requiere de forma formal y directa al Ayuntamiento de Carboneras para que proceda en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles a la anulación de la licencia de obras del hotel ilegal que se encuentra en el parque natural de Cabo de Gata.

El dictamen, adelantado por la Cadena SER y consultado por esta cabecera, va dirigido directamente al alcalde de la localidad almeriense Salvador Hernández y exige que el Consistorio ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida por la corporación a la entidad Azata del Sol S.L. del 13 de enero de 2003. Una vez realizado este trámite, se dará remisión de la resolución “de forma inmediata” a la Sala, expone el TSJA.

Asimismo, se establece que en caso de no darse cumplimiento al requerimiento, “podrá acordarse la ejecución subsidiaria de la Sentencia” conforme a lo dispuesto en la normativa. Es decir, el TSJA sustituirá las competencias municipales. Por tanto, se forzará la actuación administrativa y se invalidará la licencia de obras por sus propios medios jurídicos.

Esta resolución se produce días después de que se retrasara la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición el pasado 17 de junio y, a su vez, tras el anuncio de la Junta de Andalucía en el que solicitaba al TSJA que anulara la licencia de obras del complejo. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Carboneras viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del TSJA desde el año 2021, que fue finalmente firme en diciembre de 2022.

23 años después

Más de dos décadas después, el hotel de 411 habitaciones y 20 plantas que se encuentra a 14 metros de la orilla del mar parece que tiene los días contados. El Ayuntamiento de Carboneras celebraba un pleno extraordinario el pasado 17 de junio para debatir y votar únicamente el acuerdo destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, lo que hubiera permitido avanzar en la anulación del permiso otorgado en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol para su construcción. Esto sucedía tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba el visto bueno a la propuesta de resolución del procedimiento.

El pasado miércoles, el pleno bloqueó el procedimiento gracias a una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (ex del PP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar hasta tres informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio.

Fruto de este requiebro, se convocó este martes de urgencia la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía, la primera que se da desde marzo del año pasado y por novena vez en una década, donde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central y la Consejería de Sostenibilidad de la Junta coincidieron en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. La reunión bilateral constataba que ambas administraciones pretendían solicitar el amparo del TSJA.  

De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.

El expresidente de la Diputación Provincial de Almería Javier Aureliano García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez que instruye el caso Mascarillas, que indaga sobre una presunta trama de contratos irregulares para el cobro de comisiones a través de la institución provincial, al considerar que no se han producido avances sobre los que tenga que ofrecer nuevas explicaciones.

García ha llegado a las 9:10 horas a la Ciudad de la Justicia, a la que ha accedido por la puerta principal a la carrera al advertir la presencia de los medios de comunicación. Una hora después ha salido por el mismo acceso, hablando por teléfono y acelerando su ritmo para subir a un coche que le esperaba con el motor en marcha en la Carretera de Ronda.

A la espera del volcado de nuevos mensajes

El también expresidente del PP de Almería ha evitado así las preguntas de los medios a los que ha atendido su abogado, Joaquín Monterreal, quien ha apuntado que García ya prestó declaración en sede judicial en noviembre de 2025 tras su arresto por parte de la UCO.

“Desde entonces no ha habido no ha habido ninguna actuación”, ha explicado el abogado, quien ha asegurado que la defensa está a la espera de que la Guardia Civil remita los informes relativos a los registros y los volcados de los dispositivos tecnológicos intervenidos, momento en el que se valorará si se deben dar más aclaraciones.

En su anterior comparecencia, García se centró en determinar el origen del dinero en efectivo del que hacía uso y que, según manifestó, ingresaba a través de varios alquileres familiares que gestionaba su hermana.

El letrado ha insistido en que esos ingresos fueron declarados ante Hacienda a través de las sucesivas declaraciones de la renta. “En aquel momento se dio cumplida explicación, y ahora, cuando llegue lo nuevo, si hubiera algo nuevo, pues obviamente declararemos”, ha añadido tras asegurar que el hecho de no prestar declaración no indica que García tenga “algo que ocultar”.

En la misma línea, también se han acogido a su derecho a no declarar los dos hermanos investigados del expresidente de la Diputación así como el funcionario del Área de Fomento --ligado al exvicepresidente tercero Óscar Liria-- y un empresario implicado en la trama, con quienes se ponía fin a la ronda de comparecencias que arrancó el pasado 4 de junio.

“Falta de colaboración” de los investigados

Por su parte, el abogado de la acusación popular que sostiene el PSOE, Javier Salvador, ha considerado que pese a la “falta de colaboración” de los investigados, ya que la mayoría de ellos se ha acogido a su derecho a no declarar, la “fructífera” ronda de interrogatorios ha tenido un “enorme peso” para el dibujo de la supuesta trama y la separación de roles.

“Los pocos que han declarado nos han permitido formalizar de alguna forma ese mapa de las personas que estaban, el qué hacían y el cómo actuaban”, ha sostenido Salvador a la hora de apuntar la configuración de la supuesta organización criminal en la que a través de “pequeñas taifas” se establecía un “jefecillo local, siendo alcalde o no” con el que se organizarían las contrataciones con la Diputación bajo la dirección de García.

Para la acusación, dicho modelo se encontraba asentado y “perfectamente rodado hasta el punto de que, dos días después de que se declarase la pandemia, lo primero que piensan es en la oportunidad de negocio que se les abría” a través del contrato para la adquisición de material sanitario.

Sobre este aspecto, el abogado José María Terrés ha incidido en la “cantidad enorme de documentación” recogida en la investigación “que hablará por sí misma” y que contribuirá a definir el “grado de implicación y responsabilidad de cada cual en este asunto”.

Mensajes bajo sospecha

En su primera comparecencia ante el instructor, García se limitó a contestar a las preguntas de su letrado, al que no pudo dar una respuesta concreta sobre los mensajes de WhatsApp con lenguaje odontológico sobre supuestas 'mordidas' que intercambió con los vicepresidentes Giménez y Liria.

Cabe recordar que, entre otros mensajes, García remitió el emoji de una muela a al grupo 'Naranjito', que tenía con los exdiputados investigados, apenas unos minutos después de firmar el decreto del 8 de abril de 2020 por el que contrataba por más de dos millones de euros material sanitario. Dicho contrato, según la UCO, tendría un sobrecoste del 42,27%.

El expresidente señaló la falta de contexto sobre este y otros mensajes en los que los implicados realizaban expresiones entendidas como necesidades monetarias, tales como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos o tres muelas”, “tengo las muelas picadas” o “sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”; por lo que, en ese momento, no podía dar mayor detalle o una explicación concreta a las llamativas conversaciones.

El entonces máximo representante de la institución provincial atribuyó la firma de miles de contratos a la cotidianeidad de su tarea, sentido en el que los mismos llegaban a su despacho tras haber superado los respectivos filtros y controles, sin que él participe de alguna u otra manera en las mesas de contratación por los que se otorgan.

No obstante, durante su intervención no hizo referencia al contrato de urgencia efectuado para la compra de mascarillas, guantes y equipos de protección individual del que, conforme se desprende las investigaciones recogidas en el sumario, se hizo un seguimiento específico por su cuantía e importancia en pleno inicio de la pandemia de covid-19.

Uso del dinero en efectivo

El expresidente de la Diputación también trató de esclarecer el uso que hacía del dinero en efectivo que manejaba junto con dos de sus hermanos, también investigados en la causa, ante los indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales advertido por el instructor.

García señaló el origen del efectivo en varios alquileres familiares heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales, en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano por tradición de los inquilinos, aunque manifestó que dichos ingresos están declarados ante Hacienda. Según sus propios cálculos, de estos alquileres cobró entre 160.000 y 180.000 euros desde 2016 en adelante, con sus respectivas declaraciones de la renta.

Asimismo, especificó que era su hermana, por proximidad a los inmuebles, quien cobraba los alquileres y disponía los fondos en un “bote” común al que acudía cuando lo necesitaba, puesto que parte del dinero también era para reparaciones de las viviendas u otras necesidades. En la vivienda de su hermana se encontraron 7.620 euros dentro de una caja fuerte con un papel manuscrito con tinta roja en el que ponía 'Este dinero es de Javier Aureliano'.

Frente a las sospechas sostenidas por la UCO de que García hubiera empleado dinero irregular de origen desconocido para el pago de una vivienda en Almerimar, que los hermanos heredaron de sus padres y que él quiso adquirir abonando a ellos su parte, el investigado aseguró que los pagos se realizaban con el dinero que percibía en efectivo de los inquilinos, motivo por el que no quedaba reflejado en sus cuentas.

Según García, la hipoteca de dicha vivienda quedó a nombre de su hermana tras fallecer sus padres porque el banco no permitió subrogarla, si bien era él quien hacía frente a las cuotas mensuales y no su hermana pese a que fuera ella quien figurara oficialmente. También atribuyó a sus propios ahorros de los alquileres el dinero utilizado --unos 20.000 euros-- para la compra de una finca en Rodalquilar.

El alcalde de Tíjola (Almería) y diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar tras comparecer como investigado por su faceta de empresario ante el juez que instruye el caso Mascarillas de Almería, que indaga sobre la presunta contratación irregular para el cobro de comisiones a través de la Diputación en la que gobernaba el Partido Popular.

Martínez ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Almería, a la que ha accedido minutos antes de las nueve de la mañana a las que se abre al público, sin compañía pese a que su mujer también ha asistido citada como investigada por el magistrado en la penúltima ronda de comparecencias que finalizará este viernes con la declaración, entre otros, del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

Fuentes jurídicas han apuntado a Europa Press que la pareja se ha acogido a su derecho a no declarar antes de abandonar la sede judicial, lo que también ha hecho por separado minutos después de las diez de la mañana. A su salida, Martínez ha rechazado realizar valoraciones a algunos periodistas que se han topado con él cuando el grueso de los medios aguardaban frente al acceso principal de la Ciudad de la Justicia.

El regidor tijoleño, único cargo político en activo en el caso, y su mujer están investigados por los contratos que las empresas Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola han mantenido con la Diputación en una supuesta “connivencia” con el exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria.

“Amaño” de contratos públicos

Los indicios de la UCO apuntan que el regidor popular habría participado en el “amaño” de contratos públicos y habría instrumentalizado otras sociedades y personas para propiciar la adjudicación fraudulenta de contratos en función de sus intereses. Durante la jornada, también estaba prevista la declaración de otros empresarios.

“Hoy se repite ese patrón de taifas en el que un jefecillo local con empresa propia o a nombre de sus familiares más directos tenía acceso privilegiado, presuntamente, a las obras de la Diputación en las que ya sabemos, por fin, que quienes aspiraban a ellas era precisamente porque se ganaba dinero”, ha expresado a su llegada el abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador.

El abogado, acompañado del letrado José María Terrés, confía en que las declaraciones permitan despejar algunas dudas a partir de los indicios y pruebas aportados por la UCO. En esta línea, se ha cuestionado una posible merma de beneficios entre los empresarios ligados a la trama que habrían participado en repartos de obras públicas bajo el supuesto concierto.

Para este viernes, finalmente, se prevé la declaración del funcionario del Área de Obras Públicas que fue arrestado durante los registros practicados el pasado mes de noviembre, quien habría participado de la adjudicación de contratos en el marco de varios programas de reactivación económica ligados a los fondos de recuperación del covid-19. Habrían sido esas adjudicaciones de contratos las que habrían reportado al Liria importantes sumas en comisiones que, más tarde, se habrían canalizado a otros cargos públicos de la misma corporación, entre ellos, al exvicepresidente segundo Fernando Giménez y al expresidente de la Diputación.

Por su parte, el expresidente volverá a comparecer en sede judicial el viernes, junto con sus hermanos y otros empresarios ligados a la trama, dentro de la causa principal por la que ya prestó declaración tras su arresto en noviembre investigado por delitos de blanqueo de capitales, malversación, fraude, prevaricación, cohecho y pertenencia a organización criminal.