Los terrenos elegidos para levantar la futura ciudad deportiva de la UD Almería en El Toyo preocupan a los ecologistas. Preocupan porque los suelos en los que se levantará la instalación deportiva albergan tres tipos de hábitats naturales considerados prioritarios para su conservación en la Unión Europea. Por eso, los conservacionistas, representados por el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), advierten de que el proyecto puede destruir estos espacios y aumentar la presión sobre un entorno en el que también ha detectado nidos de aves protegidas. Para evitarlo, han presentado alegaciones ante la Junta de Andalucía para reclamar una evaluación ambiental más exhaustiva y una alternativa que reduzca la ocupación de suelo sensible.

El proyecto, promovido por Rozam Real Estate a petición de la UD Almería, contempla dos opciones de ordenación que, según el colectivo ecologista, apenas se diferencian en la superficie ocupada. El GEM propone estudiar la posibilidad de trasladar las instalaciones a terrenos ya alterados por la celebración del festival Dreambeach y cuestiona la franja de protección prevista junto a la Rambla del Puente de la Quebrada, que considera insuficiente tanto para preservar el entorno como para reducir los riesgos asociados a posibles inundaciones. Mientras las dudas ecologistas y el plan del club almeriense avanzan, la Junta dice estar tramitando el proyecto mediante una autorización ambiental unificada simplificada por el que todavía no ha podido analizar las alegaciones.

La principal preocupación del GEM se centra en la presencia de tres Hábitats de Interés Comunitario prioritarios en la zona elegida para el complejo deportivo: las estepas salinas mediterráneas, los matorrales arborescentes de Ziziphus y las zonas subestépicas de gramíneas y plantas anuales. Se trata de espacios cuya conservación considera prioritaria la normativa europea. La asociación sostiene que la instalación deportiva dañaría estos terrenos y cuestiona que la documentación ambiental contemple el posible traslado de especies protegidas como argumento para justificar la intervención. A su juicio, la respuesta debería pasar por conservar y restaurar estos hábitats, no por ocuparlos.

Los ecologistas también advierten de la presencia de fauna en el ámbito del proyecto. En sus alegaciones citan nidos de cernícalo, mochuelo y grajilla occidental, además de otras aves recogidas en la documentación ambiental. Y es, que según apuntan, el problema no solo sería la construcción en sí, sino el incremento del tráfico, el ruido, la generación de residuos y la presión de los usuarios sobre el entorno. El GEM considera que el análisis presentado no permite valorar suficientemente el impacto conjunto de estos factores.

Una evaluación ambiental más amplia

Por eso, una de las principales peticiones de la asociación es que el proyecto se someta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y que el análisis no se limite a la primera fase de las instalaciones. El colectivo reclama que se estudie el proyecto en su conjunto para poder valorar sus efectos reales sobre los espacios protegidos, los hábitats prioritarios y la fauna. La tramitación actual, sin embargo, corresponde a una autorización ambiental unificada simplificada.

La Junta de Andalucía explica que este procedimiento se aplica al proyecto presentado por la promotora y que, durante la fase de consultas, ha solicitado informes a distintos organismos y entidades. Entre los consultados figuran los departamentos competentes en medio natural, espacios protegidos y recursos hídricos, así como administraciones públicas y organizaciones ecologistas. La Consejería señala que las consultas se realizaron el mes pasado y que todavía está recibiendo respuestas.

El Ejecutivo regional argumenta que su evaluación se limita a la actuación que ha presentado el promotor y que no puede pronunciarse sobre futuras intervenciones que deban tramitarse de forma independiente. En ese sentido, indica que el desarrollo urbanístico del sector Toyo II tendrá que someterse a su correspondiente evaluación ambiental estratégica. También asegura que las alegaciones del GEM serán examinadas cuando concluya la fase de consultas y se elabore el pronunciamiento ambiental.

Dos opciones que apenas cambian la ocupación

Otra de las quejas del colectivo ecologista se dirige a las alternativas para evitar el daño al entorno. Según sus alegaciones, la primera es un calco del actual proyecto, mientras que la segunda, seleccionada por la promotora Rozam Real Estate, añade algunos cambios para corregir algunos de sus problemas. Sin embargo, ambas mantienen una superficie de ocupación prácticamente idéntica, por lo que el GEM considera que no resolverían realmente ningún problema desde el punto de vista ambiental.

La asociación propone estudiar otras formas de ordenar las instalaciones que respeten el viario existente, las acerquen a los terrenos ya urbanizados y las alejen de las zonas de mayor sensibilidad ecológica. Entre las posibilidades que plantea están los suelos en los que ya se celebra el festival Dreambeach, que considera mucho menos problemático porque el terreno ya ha sido modificado y las molestias sobre el entorno serían mínimas. Sin embargo, ninguna de las administraciones ha tenido en cuenta esta posibilidad.

Según el Ayuntamiento de Almería, la promotora ha mantenido desde el inicio la ubicación actual. Además, desde el Consistorio explican que los cambios introducidos responden principalmente a temas burocráticos. La división del proyecto en dos fases se hace para priorizar la ciudad deportiva y dejar para proceso posterior el futuro estadio, que tendría que cumplir más requisitos ambientales. Según explican desde el ayuntamiento, esta división de fases permitiría avanzar con la primera fase sin esperar a que se resuelvan los trámites de la segunda.

El riesgo de inundación

Pero el listado de problemas no acaba con los posibles daños directos sobre la flora y la fauna. La franja prevista junto a la Rambla del Puente de la Quebrada es otro de los puntos cuestionados. El proyecto contempla, según los ecologistas, una zona de amortiguación (la que se crea para dividir zonas protegidas de entornos urbanos) de diez metros delimitada por un vallado perimetral. La asociación considera que esa distancia es mínima para proteger el entorno y reclama que se amplíe para evitar problemas a futuro.

El colectivo vincula esta petición tanto a la conservación de los espacios protegidos como a la prevención de inundaciones. Aunque la documentación utiliza el criterio de una crecida de agua con un periodo de retorno de 500 años, el GEM advierte de que los episodios climáticos extremos pueden superar las previsiones habituales. No en vano, en los últimos episodios de lluvias, Almería está siendo una zona que está sufriendo inundaciones con cierta regularidad. Por ello, los ecologistas reclaman una franja de protección más amplia que reduzca la exposición del entorno a posibles crecidas.

No obstante, el Ayuntamiento asegura que el proyecto debe recabar los informes sectoriales correspondientes, entre ellos los relativos a medio ambiente, recursos hídricos, ordenación territorial y servidumbres aeronáuticas, y que no concederá las licencias municipales sin que se cumplan los requisitos exigidos. La Junta, por su parte, mantiene abierto el procedimiento y todavía no ha hecho pública una valoración definitiva de las alegaciones ecologistas.

La UD Almería, consultada sobre el proyecto, asegura que no tiene conocimiento de incidencias planteadas por el GEM ni por otras entidades. El club sostiene que la iniciativa sigue las indicaciones de la Junta y que los cambios introducidos son menores, como el desplazamiento de alguno de los campos. También afirma que sus equipos técnicos y jurídicos están a la espera de los requerimientos de la Administración y que adaptarán el proyecto a las condiciones que se establezcan. Pero los ecologistas no acaban de creerse que la futura instalación deportiva no vaya a ser dañina para la zona. Por eso, continuarán litigando cuanto sea necesario.

La masificación turística está dejando su huella en las Canales de Padules, un paraje natural de la Alpujarra almeriense donde se acumulan residuos y se denuncian problemas derivados de la presión de visitantes. La basura, desde latas y botellas hasta plásticos y pañales abandonados, convive con las pozas y los estrechos pasadizos excavados por el río Andarax en este enclave de 9,63 hectáreas, declarado Monumento Natural de Andalucía en 2019. Su popularidad ha crecido en la última década, especialmente tras su promoción turística en 2014, y la afluencia se concentra en los meses de verano.

La Junta de Andalucía reconoce que el aumento de visitantes genera tensiones que pueden afectar a la conservación del entorno y a la seguridad. Ecologistas en Acción denuncia el deterioro del paraje y cuestiona la gestión municipal, mientras el alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez (PSOE), sostiene que el Consistorio asume con recursos limitados buena parte de las tareas de limpieza y mantenimiento y reclama más implicación autonómica. La falta de un convenio que delimite las responsabilidades de ambas administraciones mantiene abierta la cuestión de cómo proteger este espacio natural ante la presión turística.

“Hay basura por todos sitios”

“Los canales están hechos una pena, hay mierda por todos lados, basura por todos sitios”. Matías, vinculado a la agroecología y colaborador de Ecologistas en Acción, describe así el estado que, según su experiencia, presenta actualmente el paraje. Recuerda que hace unos nueve años, cuando visitó la zona tras trasladar su proyecto agroecológico a la Alpujarra almeriense, ya había residuos, aunque los relaciona principalmente con restos de actividad agrícola. Ahora asegura encontrar más latas, botellas, plásticos y bolsas abandonadas por los visitantes.

El agroecólogo considera que la falta de conciencia ambiental de parte de quienes acuden al río se suma a una gestión municipal insuficiente. “Es sencillo, son las dos cosas que pasan”, afirma, en referencia al comportamiento de los visitantes y a la falta de atención que atribuye al Ayuntamiento de Padules. Su diagnóstico, no obstante, va más allá de la suciedad: cuestiona que el turismo se haya convertido en una de las principales apuestas para el desarrollo de los municipios rurales, incluso cuando se presenta como ecoturismo.

“El desarrollo rural debería enfocarse más en la agroecología y, por supuesto, también en el ecoturismo”, sostiene Matías, que lleva cerca de tres décadas vinculado a proyectos de producción agroecológica. A su juicio, la promoción turística no puede sustituir a una estrategia económica que mantenga la actividad agraria y genere beneficios duraderos para el territorio. También advierte de posibles afecciones al río por el uso de herbicidas y pesticidas en las explotaciones agrícolas de la zona. Matías reconoce, además, que la responsabilidad no recae exclusivamente en las administraciones y los visitantes: “Aquí culpables somos todos”.

El ayuntamiento reclama más recursos a la Junta

El alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez (PSOE), rechaza que la situación pueda atribuirse a una falta de implicación municipal. El regidor asegura que el Consistorio, con una población de alrededor de 400 habitantes, ha tenido que asumir con recursos propios buena parte de las tareas de limpieza, desbroce, arreglo de caminos y mantenimiento del entorno ante el incremento de visitantes.

Gutiérrez calcula que estos trabajos han supuesto un gasto de entre 20.000 y 25.000 euros, con dos personas dedicadas a estas labores. El alcalde sostiene que el ayuntamiento no dispone de medios suficientes para asumir en solitario la gestión de un espacio declarado Monumento Natural y acusa a la Junta de Andalucía de no haber aportado los recursos que, según afirma, se comprometieron antes de la declaración.

“Lo que ha hecho la Junta de Andalucía en nueve años es poner tres carteles”, afirma. Según su versión, antes de que las Canales recibieran la figura de protección hubo reuniones en las que representantes de la administración autonómica trasladaron que la Junta asumiría la gestión del enclave. Desde entonces, asegura, el ayuntamiento ha tenido que responder a las necesidades derivadas de la afluencia turística sin contar con el apoyo que esperaba.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ofrece una versión distinta sobre el reparto de tareas. Según su visión, el paraje cuenta con la vigilancia y custodia de los agentes medioambientales de la Junta y que la Administración autonómica atiende el mantenimiento y la mejora de las instalaciones que construyó, entre ellas el área de descanso, las sendas de acceso desde el aparcamiento, las talanqueras y la señalización. No detalla, sin embargo, la inversión realizada durante los últimos años ni las actuaciones ejecutadas en cada ejercicio.

La Junta considera razonable que el Consistorio de Padules gestione los accesos, tanto por su proximidad al enclave como por su titularidad de los terrenos. Según la Consejería, el Consistorio lleva unos seis años controlando la entrada durante la temporada estival y cobrando tres euros por vehículo. El Ejecutivo regional plantea formalizar esta distribución de funciones mediante un convenio entre ambas partes, conforme a la normativa que regula el Monumento Natural.

El alcalde asegura que lleva años reclamando ese acuerdo para determinar las competencias de cada Administración y disponer de recursos con los que mantener el espacio. También sostiene que ha solicitado ayuda para las tareas de limpieza y para actuar frente a los comportamientos incívicos, sin obtener la respuesta que esperaba.

Sin un aforo establecido para los días de mayor afluencia

La turistificación se concentra especialmente en verano y durante determinadas jornadas festivas. El propio alcalde reconoce que el 15 de agosto puede haber alrededor de un centenar de vehículos en el entorno de Las Canales, aunque sostiene que durante el resto del año la afluencia es mucho menor. En su opinión, la situación actual tampoco es comparable con la de los primeros años de promoción del paraje, cuando, según relata, algunos grupos acudían con mesas, sillas y neveras y utilizaban el espacio como si fuera un merendero.

Gutiérrez afirma que las restricciones al acceso rodado han contribuido a reducir esas prácticas y considera que el perfil de los visitantes es ahora más respetuoso con el medio natural. Reconoce que siguen apareciendo residuos, entre ellos pañales y latas, pero sostiene que la suciedad es mucho menor que hace una década.

El regidor admite, al mismo tiempo, que no existe un aforo establecido. “¿Qué aforo tiene eso? No está establecido”, señala. El ayuntamiento tampoco dispone de Policía Local, por lo que el control del acceso recae en personal que, según explica, carece de autoridad para sancionar determinadas conductas. El alcalde defiende que la Junta, por su experiencia en la regulación de espacios naturales y otros enclaves de uso público, debe participar en la definición de un sistema que permita ordenar las visitas.

La ausencia de un límite de acceso conocido dificulta evaluar hasta qué punto la afluencia resulta compatible con la conservación del paraje. La Junta reconoce que el aumento de visitantes genera tensiones que pueden afectar tanto al medio natural como a la seguridad de las personas, aunque su respuesta no incluye cifras de usuarios, un estudio de capacidad de carga ni una cuantificación de los daños.

Un puente para reducir el tránsito por el río

El enfrentamiento entre el ayuntamiento y el Ejecutivo regional también se ha trasladado a las actuaciones previstas para el paraje. Gutiérrez defiende un proyecto impulsado por la Diputación de Almería que contemplaba un puente tibetano y un recorrido que permitiría visitar las Canales sin tener que caminar por el cauce. Según el alcalde, la infraestructura habría facilitado las visitas durante todo el año y contribuido a reducir la presión sobre el río en los meses de mayor afluencia.

El regidor sostiene que el proyecto no salió adelante tras un informe desfavorable y cifra en unos 220.000 euros la inversión que, según afirma, perdió Padules. También cuestiona las advertencias ambientales formuladas sobre el espacio y niega que exista una afección a la flora en los términos que atribuye a la Junta. Respecto a la presencia de truchas, asegura que solo ha observado ejemplares de manera puntual, después de crecidas del río.

La Junta, por su parte, señala que la Diputación ha mostrado interés en invertir en la mejora del enclave y que la Consejería emitió un informe favorable para adecuar un mirador en una antigua era. Desde el Ejecutivo regional omiten, sin embargo, si existen alternativas al puente tibetano o qué actuaciones podrían reducir el tránsito por el cauce.

Un convenio para conservar el Monumento Natural

La falta de un acuerdo formal sobre la gestión de las Canales sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre las dos administraciones. La Junta plantea que el ayuntamiento continúe controlando los accesos durante el verano y que la Consejería mantenga las instalaciones construidas, mientras el Consistorio reclama recursos adicionales para afrontar las tareas de conservación y limpieza. El alcalde asegura que ha recibido confirmación de una reunión con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Según explica, el objetivo será abordar el convenio y plantear una financiación específica para la limpieza, la retirada de cañas, el arreglo del entorno y el mantenimiento de una persona encargada de su cuidado.

La evolución de las Canales de Padules pone en el foco cómo se debe gestionar la popularidad de un espacio natural protegido sin poner en peligro el propio entorno que lo convierte en un reclamo turístico. La formalización del convenio, la disponibilidad de recursos y la existencia de criterios técnicos para ordenar las visitas serán determinantes para comprobar si las administraciones pasan de las reclamaciones cruzadas a una gestión coordinada del paraje. Solo falta que las administraciones consigan llegar a un acuerdo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de nueve años de prisión al que fuese entre 2019 y 2021 portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería) Arturo Ramón Torres Escamilla por dos delitos de agresión sexual a una menor, uno de ellos de modo continuado, a la que también facilitó cannabis. El concejal dimitió en 2021 alegando “motivos personales”.

La Sala ha desestimado íntegramente el recurso de apelación impulsado por la defensa del acusado, el cual alegó que la sentencia de la Audiencia de Almería se basaba solo en el testimonio “no persistente” de la víctima, si bien el TSJA destaca que hubo muchas más pruebas que llevaron a determinar su culpabilidad.

El acusado ocupó la portavocía de su grupo municipal entre 2019 y 2021 hasta que presentó su dimisión por “motivos personales” apenas mes y medio después de que se consumara una de las agresiones sexuales, llevó a la víctima a su cortijo de Nacimiento donde la violó tras turnarse con ella varios porros de cannabis que le ofreció.

El exconcejal formó parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huércal de Almería entre 2019 y febrero de 2021, cuando el alcalde huercalense, Ismael Torres (PP), puso fin a la alianza ante las discrepancias entre los socios de gobierno. El excargo de Vox llegó a ocupar el puesto de primer teniente de alcalde con competencias en materia de Economía, Desarrollo y Empresa así como en Seguridad Ciudadana y Tráfico.

Estado de aturdimiento

La resolución apunta a la declaración prestada por el novio de la menor, quien “presenció directamente uno de los episodios de tocamientos” que sufrió la chica en el vehículo del acusado y quien, de otro lado, explicó cómo la víctima le comunicó que había sido violada el mismo día de los hechos.

A ello se unieron varios mensajes de WhatsApp en los que la víctima comunicó a su novio que había sufrido la agresión sexual, el testimonio de la madre de la chica y el informe pericial psicológico que determinaba que la menor presentaba sintomatología ansiosa y postraumática “compatible con los hechos” sin que se apreciaran invenciones o intenciones espurias

De otro lado, el alto tribunal andaluz recalca que la falta de consentimiento por parte de la menor quedó acreditada durante el juicio, toda vez que el acusado actuó aprovechando el estado de aturdimiento en el que ella estaba para llevar a cabo la penetración.

La sentencia de origen imponía al acusado cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual continuado y cinco más por un delito de agresión sexual, toda vez que le absolvía de un delito contra la salud pública que solicitaba la acusación particular.

Una relación con la madre

La resolución judicial explicaba además cómo el acusado se aprovechó de su convivencia con la menor y de la relación que tenía con la madre de ésta para acceder a ella. En este sentido, la propia víctima explicó que tardó en denunciar porque veía a su madre “feliz” y temía “darle un disgusto” si le narraba lo que sucedía

De esta forma, fue agredida de manera “reiterada” por el acusado desde principios de 2018, dado que éste se dirigía a ella “con ánimo libidinoso” para realizarle tocamientos en sus zonas íntimas por debajo y por encima de la ropa en distintas ocasiones mientras le dirigía expresiones sobre el desarrollo de sus pechos y sus nalgas.

Además de las penas privativas de libertad, el tribunal impuso al acusado 21 años de alejamiento e incomunicación con la víctima, tiempo en el que tampoco podrá ostentar cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuida, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad. También le condenaba a 18 años de libertad vigilada y al pago de 25.000 euros de indemnización por daños morales.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía Gobierno han acordado este jueves “avanzar de manera coordinada” para restablecer la legalidad y demoler El Algarrobico, el hotel sito desde hace más de dos décadas en la playa del mismo nombre, en pleno dominio público marítimo terrestre y en el Parque Natural de Cabo de Gata. Así lo han expresado las dos administraciones tras la reunión bilateral celebrada este jueves, la primera después de que la licencia de obras concedida en 2003 a Azata del Sol quedar anulada, al fin, por el Ayuntamiento de Carboneras. Queda orillada, al menos de momento, la vía de la expropiación.

Ambas administraciones han “puesto en común los avances” tras la declaración de nulidad y han acordado “unificar sus esfuerzos para agilizar la tramitación”. El avance es la apertura de un expediente que, en un máximo de un año, debería ordenar la demolición del lugar. Eso, si no se cruza algún obstáculo administrativo o judicial que aleje nuevamente el fin de El Algarrobico, una de las aberraciones urbanísticas más conocidas de España.

Por ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene ante sí los recursos de tres exalcaldes (Cristóbal Fernández -quien concedió la licencia, PSOE-; José Luis Amérigo -PSOE- y Felipe Cayuela -PP), además del de Azata del Sol, contra el acuerdo del Pleno de Carboneras que anuló la licencia. En puridad, son recursos ante el Ayuntamiento que los magistrados no tienen por qué resolver, pero que el actual alcalde les ha hecho llegar para mostrar la voluntad obstruccionista de los exregidores.

Todos alegan lo mismo: que ese acuerdo ignoraba uno adoptado en el Pleno celebrado 15 días atrás, cuando los ediles socialistas y los no adscritos consiguieron que no se votara hasta que se recabaran nuevos informes sobre la posible repercusión patrimonial de anular la licencia. La escandalera fue tal que los concejales socialistas fueron expedientados, la Fiscalía abrió una investigación y el TSJA volvió a advertir con multas si no se cumplía de una vez su sentencia.

Ocurrió, al fin, el 7 de julio, con el voto a favor de ocho concejales (el alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos-, cinco del PP y dos del PSOE) frente a cinco que se ausentaron. La nulidad de la licencia, ya ejecutiva pese a los recursos, dio paso a una pantalla inédita desde que hace 23 años Azata empezara a construir el hotel, paralizado por orden judicial el 7 de febrero de 2006.

Sin pasos o fechas

Este nuevo camino es el que ahora quieren explorar juntos el Gobierno y la Junta de Andalucía. Ninguna de las dos administraciones ha informado de pasos o fechas. No hay concreción en sus comunicados, una cautela después de que todos los anuncios de cualquier avance material durante la última década se hayan dado de bruces sistemáticamente con la realidad, mucho más tozuda: cualquier paso topaba con el Ayuntamiento, que en todo este tipo ha arrastrado los pies para cumplir la sentencia que le obligaba a ello, cuando no ignorado abiertamente las órdenes de los jueces. La falta de concreción material también obedece a que todo pasa ahora por el expediente administrativo.

Sin embargo, todo esto no resta valor político de los comunicados, en los que se vislumbra una voluntad por enterrar diferencias. Empezando por la propia nota: un texto único pactado y enviado por el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Sostenibilidad. El texto subraya que la nulidad de licencia acordada por el Ayuntamiento el pasado 7 de julio, y la apertura de un expediente para restablecer la legalidad por parte de la Junta, abren una etapa nueva. “La coordinación entre ambas administraciones [Junta y Gobierno] tiene como objetivo dar agilidad a este procedimiento y avanzar en las actuaciones necesarias para hacer posible la demolición del edificio y la recuperación del espacio natural por parte del promotor”, señala el texto.

El expediente ante la Dirección General de Ordenación del Territorio tiene como fin imponer las “medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística” y debe estar resuelto en el plazo máximo de un año, según recoge el acuerdo de iniciación y la propia ley de suelo andaluza (LISTA).

Una vez acordadas esas medidas, que en su caso pasarán por el derribo del hotel por estar situado en dominio público marítimo-terrestre y suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata, Gobierno central y autonómico aplicarán el Protocolo suscrito en noviembre de 2011 para la recuperación de la playa, y que ha sido expresamente refrendado hoy. El protocolo hace un reparto de tareas: el Ministerio debe abordar la demolición de la edificación y a la Junta de Andalucía le corresponde el desescombro y la correcta gestión de los residuos que la demolición genere.

A pesar de este reparto, el delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, detalló a principios de septiembre que la Consejería de Vivienda iba a instar a Azata, titular de la licencia, a asumir la tarea de planificar y demoler el edificio que levantó, sin descartar multas si se resiste a ello.

Un año de batalla política

La reunión entre las dos administraciones se produce en el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo. La anterior reunión se celebró el pasado 23 de junio y en ella ya se atisbó una voluntad de enterrar el hacha de guerra tras los desencuentros que marcaron el año previo. La nulidad de la licencia, pero también el envite electoral andaluz, han contribuido a serenar las aguas y extraer El Algarrobico de la contienda política, al menos por ahora. Ha sido un año en que la construcción ilegal en nuevo escenario de la batalla entre gobiernos, que se han acusado mutuamente de deslealtad e ineficacia.

En febrero de 2025 la entonces vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se plantó ante El Algarrobico y anunció por sorpresa que el Gobierno lo expropiaría y derribaría antes de final de año. La irrupción de Montero sentó como un tiro en la Junta.

El Ministerio apuntaba que la vía autonómica estaba muerta desde hace años y era perder el tiempo; el autonómico insistía en que exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de las sentencias (que ordenan a Carboneras que declare que el suelo es no urbanizable y que la licencia es nula acabaría dando resultado, y desconfiaba de la expropiación, un nuevo procedimiento que también podía encharcarse, y en el que la Junta decidió ponerse de perfil.

Lo cierto es que a partir de entonces la ejecución de las dos sentencias del TSJA, firmes desde 2018 y 2022, respectivamente, se aceleró. Tras años ausente, la Junta de Andalucía se personó en los dos procesos de ejecución, los impulsó, y en julio de 2025 el Pleno municipal declaró que El Algarrobico es zona no urbanizable, por estar en la playa (Ley de Costas) y en un Parque Natural. La sentencia que le obligaba a ello es de 2016. Un año más tarde, el pasado 7 de julio, declaró la nulidad de la licencia, al segundo intento.

La culminación de estos dos pasos parece haber orillado, al menos por ahora, la vía de la expropiación abierta por el Gobierno hace poco más de un año. No hay ninguna referencia a ella en las notas. Tras la constatación de que hay un abismo entre lo que pide la promotora (44,5 millones) y lo que ofrece el Gobierno (16.500 euros), el asunto está pendiente de resolución por un tribunal provincial de expropiaciones.

En el encuentro de este jueves, celebrado mediante videoconferencia, han participado representantes de las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El IES El Jaroso de Cuevas del Almanzora (Almería) se ha quedado pequeño. Muy pequeño. El centro ronda los 1.300 alumnos, cerca del doble de su capacidad, según la comunidad educativa, y la falta de espacio ya condiciona el día a día: estudiantes que se desplazan de un aula a otra con la mochila cuando llegan las optativas, clases que tienen dificultades para encontrar un espacio disponible y un patio que se ha quedado reducido tras años de ampliaciones. Parte de la Formación Profesional, además, tiene que impartirse en instalaciones municipales porque el instituto no da más de sí.

La comunidad educativa lleva al menos 15 años reclamando un nuevo instituto y ha vuelto a salir a la calle para exigirlo con una manifestación. El AMPA, que actúa como portavoz de esta reivindicación compartida por familias y centro educativo, asegura que el suelo estará disponible en las próximas semanas, mientras que la Junta de Andalucía sostiene que el Consistorio todavía debe culminar los trámites urbanísticos para poder avanzar en el proyecto. Mientras ambas administraciones discrepan sobre quién ha retrasado el proceso, el nuevo centro tardará previsiblemente varios años en estar construido y la comunidad educativa reclama soluciones para un problema de espacio que ya sufren cada día.

Un centro que ya no tiene dónde crecer

La presidenta saliente del AMPA, Ana Latorre, lleva seis años implicada directamente en la reivindicación -los que lleva su hija en el centro-, aunque sitúa el origen del problema al menos 15 años atrás. Cuevas del Almanzora cuenta con un único instituto, mientras que otros municipios de la zona disponen de dos centros, explica. El crecimiento de la población y la llegada de nuevo alumnado han ido agravando una situación que, según describe, se ha intentado solucionar durante años mediante ampliaciones parciales. “Han ido haciendo apaños. Han ampliado por aquí y por allí”, resume Latorre. El resultado es un centro en el que, según la comunidad educativa, el espacio disponible ya no permite responder con normalidad a las necesidades del alumnado.

La situación se hace especialmente visible cuando los estudiantes dejan de permanecer en su aula de referencia. En primero y segundo de ESO, explica Latorre, los grupos pueden mantenerse en sus clases, pero cuando llegan las optativas el alumnado tiene que desplazarse de un espacio a otro. “Los niños se cuelgan la mochila y van peregrinando de una clase a otra”, señala. El problema ha llegado, según su relato, a situaciones en las que ni siquiera hay un aula disponible para determinadas asignaturas. “Los de segundo de Bachillerato van buscando aulas para poder dar según qué clase, con eso te lo digo todo”, afirma. En uno de los casos que pone como ejemplo, incluso tuvieron que buscar un espacio para impartir matemáticas.

La falta de espacio también condiciona la Formación Profesional. Algunos ciclos no pueden desarrollarse dentro del instituto y se imparten en instalaciones municipales cedidas por el Ayuntamiento: “No los dan en el instituto, los dan en locales que ha puesto el ayuntamiento”, explica la presidenta del AMPA. El patio es otro de los espacios que, según la comunidad educativa, ha quedado desbordado. Las sucesivas ampliaciones del edificio han ido reduciendo el espacio disponible y el alumnado termina concentrándose en una superficie cada vez más limitada. “El patio ha quedado pequeño, porque han ido construyendo, y entonces los niños están apiñados”, sostiene Latorre.

La comunidad educativa lleva años reclamando una solución definitiva. Latorre calcula que la reivindicación se remonta a al menos 15 años. Durante buena parte de ese tiempo ni siquiera existía un terreno propiedad del ayuntamiento que pudiera destinarse a la construcción del nuevo centro. La situación cambió el año pasado, cuando el Consistorio adquirió una parcela para el futuro instituto. Pero la compra no resolvió el problema: el terreno necesita completar su tramitación urbanística para poder ser destinado al uso educativo. La situación ha llevado a la comunidad educativa a volver a movilizarse en la calle. El AMPA sostiene que la reclamación se ha prolongado durante años mediante reuniones y peticiones a las administraciones y que la situación actual ha terminado llevando la protesta al espacio público.

“No nos dan ninguna solución”, lamenta Latorre. La reivindicación no se limita, en cualquier caso, a reclamar que se construya el nuevo edificio. La comunidad educativa pide también actuaciones mientras llega esa infraestructura, consciente de que, incluso una vez desbloqueado el suelo, todavía quedarán varios años de proyecto y construcción. “Una vez que tengan el terreno, estaremos hablando de una espera de mínimo de tres, cuatro años, cuando no más”, asegura que les trasladaron desde la Delegación de Educación. De ahí que la pregunta que plantea la comunidad educativa sea qué ocurrirá con el alumnado durante ese periodo: “Hasta que ese instituto se haga, ¿dónde vamos a meter a los niños?”

El suelo, en el centro del conflicto entre Junta y Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, gobernado por el PSOE, sostiene que ha cumplido con los pasos que le correspondían para poner a disposición de la Junta el terreno. El alcalde, Antonio Fernández Liria, asegura que los trámites están “prácticamente terminados” y que el suelo estará disponible “en cuestión de dos meses”. El Consistorio sostiene que durante años ofreció diferentes alternativas de suelo ante la imposibilidad de disponer de una parcela urbana que cumpliera las condiciones exigidas para construir el instituto. Según su versión, cuando la Junta finalmente aceptó una de las propuestas, el Ayuntamiento compró el terreno y comenzó a trabajar en su transformación urbanística.

El alcalde responsabiliza al Ejecutivo regional de haber optado por una tramitación más larga de la que, a su juicio, podría haberse utilizado. “Si la Junta hubiese aceptado las diferentes propuestas de suelo desde hace muchos años, este problema no estaría en la situación que está ahora”, afirma Fernández Liria. El Ayuntamiento asegura además que buena parte de los informes necesarios para culminar la tramitación dependen de distintas administraciones de la Junta y que el expediente estará en disposición de ser enviado a Ordenación del Territorio en las próximas semanas. “El ayuntamiento cumplió, compró el terreno y se ha trabajado para que sea urbano”, sostiene el alcalde.

La Junta ofrece una versión diferente sobre el punto en el que se encuentra ahora el proyecto. En un comunicado conjunto del delegado del Gobierno en Almería, Francisco Góngora, y la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Jiménez, señala que el Consistorio debe “culminar la adaptación del planeamiento urbanístico necesaria” para que la parcela reúna las condiciones necesarias para albergar un equipamiento educativo.

El Ejecutivo autonómico sostiene que, junto a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha estudiado las alternativas existentes y que el siguiente paso corresponde ahora al Consistorio. “No podemos iniciar la tramitación de una infraestructura de estas características sobre una parcela que todavía no reúne las condiciones urbanísticas necesarias”, señala Góngora. La Junta asegura, no obstante, que mantiene su voluntad de construir el nuevo instituto y que continuará con el procedimiento cuando disponga de una parcela “urbanísticamente apta”. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que el terreno estará listo en unos dos meses y reclama que, mientras tanto, la Junta concrete cómo piensa afrontar la falta de espacio.

Más de 155.000 euros en actual centro

Mientras las administraciones mantienen esta discrepancia sobre la tramitación del nuevo centro, la Junta defiende también que ha seguido actuando sobre el IES El Jaroso para intentar adaptar sus instalaciones al crecimiento del alumnado.

La Delegación de Educación cifra en más de 155.000 euros la inversión destinada a actuaciones en el centro, entre ellas la redistribución de espacios, la adaptación de aulas y diferentes mejoras del edificio. La delegada territorial asegura que existe un “seguimiento permanente” de la situación del instituto y que la Junta es “plenamente consciente del crecimiento del alumnado y de la necesidad de planificar las infraestructuras educativas de Cuevas del Almanzora”. Pero para la comunidad educativa esas actuaciones no resuelven el problema de fondo. El nuevo instituto sigue pendiente de que el suelo complete su recorrido administrativo y, una vez desbloqueado, todavía tendrá por delante varios años hasta que pueda entrar en funcionamiento.

Ana Latorre dejará este mes la presidencia del AMPA. Su hija está en segundo de Bachillerato y ella considera que la reivindicación necesitará una dirección que pueda mantenerse durante los próximos años. “Estamos moviéndonos para que la nueva directiva tenga permanencia, tiene que permanecer muchos años”, explica. La pregunta, mientras tanto, sigue siendo la misma para las familias del IES El Jaroso: cómo afrontar los próximos cursos en un centro que, según la comunidad educativa, ya funciona al límite de su capacidad mientras espera una solución que todavía tardará años en llegar.

El castillo de San Ramón, levantado entre 1764 y 1768 durante el reinado de Carlos III para proteger la costa de Cabo de Gata (Almería) pierde piedras de sus muros frente al Mediterráneo en El Playazo de Rodalquilar. Parte de la estructura exterior se ha derrumbado y el interior acumula basura, pintadas y vegetación, mientras el deterioro avanza en uno de los enclaves más conocidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Las asociaciones Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba denuncian que el inmueble, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra en una situación de abandono cada vez mayor.

La propiedad privada está obligada por ley a conservar el monumento, pero la normativa también permite a la Junta de Andalucía exigir su cumplimiento mediante órdenes de conservación, multas coercitivas o incluso la ejecución subsidiaria de las obras. Las asociaciones aseguran que denunciaron el estado del castillo ante Cultura en mayo y que todavía no han recibido respuesta. La Junta, preguntada por elDiario.es Andalucía, se limita a señalar que son los propietarios quienes tienen la obligación de mantenerlo, mientras el Ayuntamiento de Níjar confirma que existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura.

Un castillo del siglo XVIII frente al mar

El castillo de San Ramón forma parte del sistema de fortificaciones construido en la costa durante el reinado de Carlos III para hacer frente a los ataques de piratas y berberiscos y favorecer el poblamiento de este territorio. La fortaleza fue construida entre 1764 y 1768 y está protegida como BIC y tiene la consideración de monumento. Su historia posterior está marcada por la pérdida de su función militar y por sucesivos cambios de propiedad. Tras los daños provocados por el abandono una vez terminada la Guerra de la Independencia, el Estado lo vendió a particulares en 1875. Décadas después, el inmueble fue adquirido en los años setenta por el arquitecto Alejandro Pérez Lastra, que lo rehabilitó como vivienda, según explica Maite Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba.

La asociación sostiene que durante esa etapa el castillo se mantuvo en unas condiciones razonables, aunque se realizaron modificaciones en el edificio que también considera discutibles. “Mientras estuvo de esta manera, más o menos se conservó”, explica Pérez. El deterioro, tras su reconstrucción, se agravó posteriormente cuando el inmueble pasó a una comunidad de propietarios como consecuencia de un procedimiento judicial. En 2018 el castillo volvió a ponerse a la venta por 3,3 millones de euros, según la presidenta de Amigos de la Alcazaba. Aquella operación abrió también el debate sobre la posibilidad de que la Junta de Andalucía ejerciera el derecho de tanteo y retracto para incorporar el inmueble al patrimonio público. Finalmente, no lo hizo.

Según Pérez, el actual propietario sería un alto cargo de una empresa relevante del país, directamente o a través de una sociedad relacionada con él. La asociación sostiene que la adquisición estaba vinculada a un proyecto para rehabilitar el castillo y convertirlo en alojamiento turístico, pero que la iniciativa no llegó a materializarse. “Se ha quedado, de manera que ni una cosa ni otra”, resume la presidenta de Amigos de la Alcazaba. ElDiario.es Andalucía ha intentado localizar a la propiedad para conocer su versión, sus planes para el inmueble y las actuaciones realizadas para garantizar su conservación, sin que haya sido posible dar con ella. Tampoco las instituciones consultadas han podido facilitar el contacto con el propietario.

Un BIC que se debe conservar

El deterioro no es nuevo. Amigos del Parque Natural explica que el castillo ya presentaba daños antes de la llegada del actual propietario. En algunas zonas exteriores se habían realizado reparaciones con cemento que la asociación considera una mala solución, pero que al menos evitaban que se desprendieran piedras de las torres y los muros exteriores. Ahora, según la denuncia, la piedra está “muy afectada por el ambiente salino y por el viento”, con una fuerte erosión. Parte del muro exterior se derrumbó hace más de tres años y se han perdido sillares y mampostería. Los muros están además cubiertos de grafitis y el interior acumula colchones y basura, con signos de ocupación y vandalismo.

La situación, explica Pérez, es especialmente preocupante en el interior. La puerta de acceso permaneció abierta durante meses y hasta mayo, cuando las asociaciones hicieron pública su denuncia. Según la presidenta de Amigos de la Alcazaba, eso facilitó la entrada de curiosos y ocupantes. “Por dentro está hecho polvo, derruido, con basura, pintadas, con las plantas invadiendo el espacio salvajemente”, señala. Tras la denuncia ante los medios, las asociaciones comprobaron que alguien había cerrado la puerta para impedir el acceso.

La Ley 4/2026 de Patrimonio Cultural de Andalucía establece en su artículo 48 que las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de bienes integrantes del patrimonio cultural tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos para garantizar la salvaguarda de sus valores. La misma norma contempla qué puede ocurrir cuando quienes están obligados no cumplen las órdenes de conservación. La Consejería competente puede imponer multas coercitivas de hasta el 10% mensual del coste de las obras o actuaciones exigidas o recurrir a la ejecución subsidiaria, con cargo al obligado.

Las asociaciones esperan respuesta

Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba presentaron en mayo un escrito ante Cultura para denunciar el estado del castillo. “La denunciamos a Cultura en mayo, se presentó un escrito denunciando la situación del deterioro”, explica Maite Pérez. Desde entonces, asegura, no han recibido respuesta. Las asociaciones tenían además solicitada desde antes del verano una reunión con Cultura para abordar la situación general del patrimonio de la provincia y, en concreto, la del castillo de San Ramón. “Ni nos han contestado, ni nos han dicho”, lamenta Pérez.

La presidenta de Amigos de la Alcazaba critica que las organizaciones patrimonialistas no reciban información sobre los procedimientos que afectan a los bienes cuya conservación defienden: “Creemos que tenemos un papel bastante relevante en cuanto a la discusión y el intento de preservación del patrimonio, sin embargo, a la hora de la verdad no pintamos absolutamente nada, ni nos informan, ni nos consultan”.

Las asociaciones reclaman que la Administración actúe ante el incumplimiento de las obligaciones de conservación. “El dueño del castillo está obligado por ley a ello. Si no lo hace, como es el caso, la Junta de Andalucía debe exigirle que lo haga e imponerle las multas pertinentes”, sostiene Amigos del Parque Natural. La organización también plantea que desde la Administración pública podría iniciarse un expediente de expropiación.

En su denuncia, ambas asociaciones rechazan que el reparto de responsabilidades entre propietarios y Administración sirva para prolongar el deterioro. “No podemos aceptar el típico peloteo entre Cultura y los propietarios en cuanto a las responsabilidades de mantenimiento como excusa de que esta vergüenza se mantenga”, sostienen. Pérez asegura que las asociaciones estudian ahora nuevas vías de presión y no descartan acudir a los tribunales o a la Fiscalía si no obtienen respuesta. “O hay una presión ciudadana o hay una denuncia ya ante la Fiscalía o lo que sea, o no sé, en la cuestión del patrimonio, pues no se mueven”, afirma.

El Ayuntamiento señala a Cultura

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, sostiene que tiene “pocas competencias” sobre el castillo al tratarse de un inmueble privado y protegido como BIC. El Consistorio asegura que está a favor de su conservación y puesta en valor y que está dispuesto a colaborar tanto con la propiedad como con otras administraciones. Inicialmente, el Ayuntamiento no tenía localizada ninguna solicitud concreta de rehabilitación, pero tras consultar con el concejal de Urbanismo confirmó a este medio que sí existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura y que también hay contacto con la propiedad. El Consistorio no ha concretado el contenido del procedimiento.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha sido mucho más escueta ante las preguntas de este medio. Cultura se limita a señalar que el castillo tiene propietarios privados y que son ellos quienes tienen la obligación de mantenerlo. La Administración autonómica no ha aportado información sobre el expediente mencionado por el Ayuntamiento ni ha detallado si ha realizado requerimientos, inspecciones, abierto expedientes sancionadores o dictado órdenes de conservación.

Es precisamente ahí donde las asociaciones sitúan el problema: no cuestionan que la conservación corresponda inicialmente a la propiedad, sino que reclaman que la Administración utilice los instrumentos que tiene a su alcance cuando esa obligación no se cumple. Para Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba, el castillo de San Ramón es también un ejemplo del estado de conservación del patrimonio cultural del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En su denuncia mencionan expresamente otros elementos como el castillo de San Pedro, Los Alumbres y Los Escullos, además de la arquitectura popular y el patrimonio relacionado con la cultura del agua.

“Nuestro parque natural es una de las joyas del patrimonio almeriense y uno de los iconos más reconocidos de nuestra provincia”, sostienen las asociaciones, que reclaman evitar que este patrimonio “se deteriore de forma irreversible”. Las dos organizaciones mantienen desde enero de este año un acuerdo de hermanamiento para unir esfuerzos en la defensa del patrimonio natural y cultural del Parque Natural. En el caso de San Ramón, mientras las asociaciones esperan una respuesta de Cultura, el Ayuntamiento confirma la existencia de un expediente y la Junta remite a la obligación de los propietarios. El castillo, entretanto, continúa frente a El Playazo de Rodalquilar, con los muros cada vez más erosionados y partes de su estructura ya desprendidas.

Eurocaja Rural avanza en su expansión nacional y abre nueva oficina en Almería, ubicada en Calle Federico García Lorca, número 75, lo que permite a la entidad proseguir su Plan de Expansión en Andalucía con el objetivo de atender las necesidades financieras, sociales y asistenciales de los ciudadanos, sin enviar a los clientes al cajero ni limitar el servicio de caja a un horario restringido.

Según informa la entidad en una nota de prensa, la oficina de Almería cuenta con horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, y al frente de la misma se encuentra Nicolás Parrilla Sánchez, junto a los gestores comerciales Francisco de Asís Hueso Miras y Carmen Armada Aceña. Desde esta oficina Eurocaja Rural ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros a la medida de los requerimientos de socios y clientes, sean autónomos, pymes, sector primario, Administraciones Públicas o particulares, como soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación personalizadas, banca digital, medios de pago, productos de ahorro, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre muchos otros.

Todo ello bajo un modelo de atención que prioriza el trato cercano, humano y directo, pues la entidad financiera entiende que la propia actividad del sector financiero requiere de un asesoramiento detallado de los productos y servicios que se proporcionan, garantizando una experiencia omnicanal que combina las ventajas de la oficina física con la comodidad de los canales digitales.

La nueva oficina permite a la Entidad proseguir su Plan de Expansión puesto en marcha en 2011 con el objetivo de combatir la recesión económica, la exclusión financiera y la reducción de oficinas que ha prevalecido en el sector los últimos años. También presente en las grandes ciudades, ya que muchos de sus barrios o distritos se han visto seriamente afectados por el cierre masivo de oficinas los últimos años. Almería se convierte así en la vigésimo octava provincia en sumarse a los territorios donde la red comercial implantada alcanza ya las 525 oficinas.

Actualmente, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en 73 localidades, beneficiando a más de 89.000 personas, y cuenta además con otras 266 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que atienden a más de 550.000 clientes en zonas en riesgo de exclusión financiera.

Compromiso social en Andalucía

La llegada de Eurocaja Rural a Almería no solo supone la apertura de una nueva oficina, sino también la extensión de su compromiso social. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la Entidad impulsa programas de apoyo a colectivos vulnerables, fomento del empleo, inclusión social y colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro, ratificando su responsabilidad como banca socialmente responsable, orientada a generar impacto positivo y crecimiento sostenible.

Entre las iniciativas desarrolladas por la Fundación Eurocaja Rural destacan las Ayudas Sociales (en 2025 fueron beneficiarias las asociaciones Daño Cerebral Córdoba y Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple), las Ayudas ‘Workin’ para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad, o acciones solidarias como la Carrera contra la ELA, cuya recaudación se destina íntegramente a programas de asistencia para personas afectadas por la ELA y sus familias, así como a proyectos de investigación promovidos por las entidades beneficiarias. La edición de este año se celebra el 4 de octubre en Toledo y tiene entre las entidades beneficiarias a ELA Andalucía. Significar que la edición de 2025 marcó un nuevo hito en esta prueba al superar los 5.300 inscritos y alcanzar una recaudación récord de 103.400 euros destinados a la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa, reflejo del creciente compromiso de la sociedad con esta causa. La colaboración mediante el dorsal cero continúa abierta en la web https://fundacioneurocajarural.es/

Presencia red comercial desde 2025

Eurocaja Rural abrió su primera oficina en Andalucía en la ciudad de Sevilla en septiembre de 2025, poniendo en marcha así su ambicioso Plan de Expansión en esta comunidad autónoma. A finales de año amplió su presencia en la comunidad andaluza tras la apertura en diciembre de la oficina de Córdoba, ratificando su implicación por acercar su modelo de banca cercana y comprometida a nuevos territorios.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en 11 comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón) y 29 provincias del territorio nacional. Su red comercial alcanza las 525 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.

Con esta nueva implantación, Eurocaja Rural prosigue su expansión por el territorio andaluz y refuerza su compromiso con una banca cercana y socialmente responsable, orientada a generar impacto positivo y crecimiento sostenible.

El Ayuntamiento de Carboneras ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos impulsados por los tres exalcaldes del municipio, los concejales José Luis Amérigo, Felipe Cayuela y Cristóbal Fernández -este último en calidad de presidente de una asociación- contra el acuerdo de Pleno aprobado el pasado 7 de julio para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en El Algarrobico, de cara a declarar la nulidad del permiso conforme al mandamiento del alto tribunal andaluz.

En un escrito que acompaña los recursos elevados durante el pasado mes de agosto, el Consistorio recuerda que el acuerdo para anular el permiso otorgado a Azata del Sol en enero de 2003 siendo alcalde Cristóbal Fernández con el PSOE se produjo tras una “importante serie de incidencias que nunca fueron imputables al actual alcalde”, Salvador Hernández (CS) sino que obedecieron a una “carencia de medios humanos”.

En sus recursos, los exalcaldes inciden en que la revisión de oficio de la licencia se aprobó sin tener en cuenta los acuerdos adoptados en un pleno anterior, en el que varios ediles apoyaron dejar sobre la mesa la decisión hasta recopilar nuevos informes jurídicos para evaluar el impacto de la medida.

“Línea torticera”

Frente a esta cuestión, desde el Ayuntamiento se incide en que el punto para propiciar la anulación de la licencia del hotel que finalmente se aprobó con el voto de siete concejales tuvo en cuenta la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales firmes, conforme instó la Sala de lo Contencioso-administrativo.

“Si ello es de obligado cumplimiento, no parece que tal mandato sea acogido por una serie de personas que detenta funciones tanto en el ámbito privado como público y cuya pretensión es torpedear y sustraerse a la acción de la justicia, utilizando, para ello, el fraude de ley”, apunta el escrito municipal.

Así, desde el Consistorio se alerta de la “línea torticera” que, mediante estos recursos de reposición contra el acuerdo de pleno para anular la licencia de obras, mantienen algunos concejales y personas ajenas a la actual corporación.

“Todos los mencionados recursos accionados presentan, curiosamente, la misma redacción, tanto en sus fundamentos fácticos y jurídicos, como si de un auténtico calco se tratara, incidiendo falazmente en que no se cuestiona el deber del Ayuntamiento de Carboneras de cumplir las resoluciones judiciales sino la regularidad procedimental del Acuerdo plenario de 7 de julio de 2026”, observan desde el Ayuntamiento.

El acuerdo para la anulación de la licencia recibió un cuarto recurso, en este caso, impulsado por Azata del Sol, la empresa promotora del inmueble a la que se concedió el permiso en enero de 2003 para levantar el edificio que, conforme el actual planeamiento general, se asienta en terrenos no urbanizables de especial protección. Dicho escrito no se ha elevado al tribunal.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez (PP), ha relacionado una presunta agresión sexual ocurrida en este municipio almeriense con la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta del pasado julio. La Subdelegación del Gobierno en Almería ha asegurado a posteriori que el detenido llegó a la provincia desde la ciudad autónoma hace más de un año y ha criticado que el Ayuntamiento “era conocedor” de esa circunstancia cuando la regidora hizo las declaraciones. Preguntado elDiario.es Andalucía sobre si la alcaldesa iba a matizar sus declaraciones, el Consistorio ha rechazado hacerlo: “No hay que matizar nada”, explican desde su gabinete, que insiste en que el vídeo “no da a confusión”.

En el vídeo difundido por la alcaldesa en sus redes sociales, Ibáñez califica de “muy grave” el suceso y afirma que una mujer ha sufrido “una agresión sexual consistente en tocamientos” por parte de “un inmigrante ilegal procedente de Ceuta”. A continuación, enlaza el caso con la crisis migratoria de este verano: “Las consecuencias de la invasión de Ceuta consentida por Pedro Sánchez ya están llegando a la península”, afirma. Después reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explique “cómo ha llegado hasta aquí”, “si ha habido algún traslado” y “quién lo ha autorizado”.

La Subdelegación del Gobierno ha desmentido la asociación que ha hecho la regidora en sus perfiles en Instagram y Facebook. Según fuentes oficiales, “la persona detenida había llegado a Almería hace algo más de un año desde Ceuta”. Además, añaden que “el Ayuntamiento de El Ejido era conocedor también” de esa circunstancia. Sin embargo, desde el Consistorio ni matizan ni rectifican las palabras de la primer edil.

Preguntados expresamente por si el Ayuntamiento iba a matizar o desdecirse después de la aclaración de la Subdelegación, desde el gabinete municipal responden que “no se dice que este migrante llegase a finales de julio” y que “no da a confusión”. “Nosotros ya nos pronunciamos con el vídeo”, añaden. La alcaldesa no afirma literalmente en su vídeo que el detenido llegase a El Ejido durante la entrada masiva de julio. La asociación se produce a través de la sucesión de las declaraciones: identifica al detenido como procedente de Ceuta, afirma inmediatamente después que las “consecuencias” de la crisis ya están llegando a la Península y reclama explicaciones sobre un posible traslado. La Subdelegación, sin embargo, sitúa la llegada del hombre a Almería más de un año atrás.

En todo caso, los hechos que han dado pie a las declaraciones de la alcaldesa se produjeron el pasado domingo. Entonces, el detenido fue arrestado por la Policía Local de El Ejido después de que una mujer alertara a los servicios de emergencias y denunciara haber sufrido tocamientos sexuales sin consentimiento, según fuentes policiales citadas por Europa Press. Pese a que la investigación sobre los hechos continúa y el Gobierno desvincula lo sucedido con la entrada masiva del pasado julio, la alcaldesa Ibáñez ha aprovechado además para reclamar “actuaciones inmediatas y urgentes” como la “devolución” de las personas que delinquen y no tienen derecho a permanecer en España, así como más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad. “La seguridad de los ejidenses no es negociable”, concluye.

Casi dos meses de crisis migratoria

Cabe recordar que la situación migratoria a la que alude la regidora se produjo los días 30 y 31 de julio, cuando se registró una entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta, que mantiene al Ejecutivo central, a la ciudad autónoma y a oposición política enfrentados por la respuesta que se puede dar a la crisis. Una respuesta que no acaba de llegar con la velocidad que desearían migrantes y ceutíes y que ya ha dado pie a escenas violentas. El Gobierno cifró en un primer momento en 72.000 las personas que llegaron a la ciudad durante el episodio, aunque la inmensa mayoría regresó a Marruecos en las horas posteriores. A finales de agosto, el Ministerio de Defensa calculaba que alrededor del 90% de quienes habían entrado ya habían retornado.

La crisis, no obstante, mantiene efectos sobre la ciudad autónoma. El Gobierno central aprobó el 1 de septiembre un plan de choque de 309 millones de euros para reforzar servicios públicos, seguridad y dispositivos de acogida, mientras que Interior había contabilizado a comienzos de septiembre 4.516 retornos voluntarios y 278 expulsiones. En cuanto a los menores, el Ministerio había identificado más de 2.000 desde el inicio de la entrada masiva. Es en este contexto de crisis migratoria todavía abierta en el que la alcaldesa de El Ejido introduce el caso del detenido, aunque la Subdelegación sostiene que su llegada a Almería se produjo más de un año antes.

Más de 130.400 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos comienzan las clases este martes en Andalucía. La normalidad será la nota dominante, pero hay lugares donde no se alcanza esa normalidad a veces deseada. Cabo de Gata empieza otro curso sin el instituto que los vecinos llevan años reclamando para la zona. La propuesta pasa por construir un centro de Secundaria en Pujaire que dé servicio a varios núcleos de Níjar y Almería capital y evite los desplazamientos que cada día tienen que hacer los alumnos. La plataforma ciudadana que reclama el proyecto sostiene que hay terreno disponible y que la zona reúne las condiciones para acoger el centro. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedarían aquí”, explica Lola Alonso, vecina de la zona y madre de un niño que este curso comienza la ESO.

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, también defiende la construcción del instituto y asegura que ya ha abordado el proyecto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el Gobierno andaluz no concreta si tiene previsto levantar el centro ni pone fecha al proyecto. Su respuesta se limita a señalar que “la escolarización está garantizada” y que Educación continúa priorizando las necesidades de infraestructuras. Mientras, los vecinos denuncian desplazamientos de hasta 45 minutos para acudir a clase y relacionan la falta de servicios con la pérdida de población en estos núcleos.

Un instituto para toda la costa

Porque la reivindicación no se limita a Pujaire, que es un anejo de Níjar, sino que la plataforma ciudadana plantea el instituto para varios núcleos del entorno de Cabo de Gata, una zona marcada por la dispersión geográfica. El Ayuntamiento de Níjar habla de ocho pedanías de los municipios de Níjar y de la propia Almería capital que podrían beneficiarse del centro. De este modo, Pujaire, Ruescas, San José, Cabo de Gata, El Pozo de los Frailes, Barranquete y Cortijo Abajo son los principales núcleos de población que se beneficiarían de esta infraestructura que se llamaría Puerta del Cabo por situarse, precisamente, a las puertas del parque natural.

Pero sin ella, la situación actual obliga a los estudiantes a desplazarse fuera de sus localidades para continuar sus estudios. Y no hablamos de un trayecto puntual. Es el viaje de ida y vuelta de cada día lectivo. “Si tú metes a un niño en un autobús 45 minutos para ir y otros 45 para volver a su instituto, es una barbaridad”, lamenta Francisco Palenzuela, uno de los portavoces de la plataforma que pone el foco en la gran dispersión geográfica que hay entre unas zonas y otras.

El problema, casi como la propia dispersión, viene de lejos. Palenzuela explica que la reclamación ya existía antes de los últimos comicios locales de 2023 y que, pese al cambio de corporación municipal del PSOE al PP, los vecinos han seguido reclamando el centro, contando incluso con el respaldo consistorial, pese a que Gobierno regional y local comparten signo político.

Además, personas como Lola Alonso tienen un motivo especialmente cercano para seguir reclamando el instituto: su hijo tiene 11 años y este curso comienza la ESO. Si el centro que reclaman los vecinos estuviera construido, no tendría dudas sobre dónde estudiaría. “Si estuviera el instituto, mi hijo iría a este instituto. No iría a uno tan grande como el de Puerto Carrero”, explica. En Cabo de Gata, según relata, los alumnos pueden cursar actualmente primero y segundo de ESO, pero después tienen que desplazarse para continuar sus estudios. En el caso de las familias de San José, algunas optan por llevar a sus hijos a Cabo de Gata durante esos primeros cursos y después deben buscar otro centro cuando terminan esa etapa.

La falta de un instituto propio hace que los desplazamientos formen parte de la trayectoria educativa de estos niños. Y, para algunas familias, también empieza a pesar en la decisión de dónde vivir. “Muchos padres se están yendo de aquí y vendiendo sus casas”, asegura Alonso. “Estamos perdiendo población en los pueblos rurales porque se van buscando una mejoría para su hijo”.

Un solar de 18.000 metros cuadrados

Por eso, los vecinos no solo reclaman el instituto. También tienen identificado dónde quieren que se construya ya que el propio Ayuntamiento de Níjar ha ofrecido a la Junta de Andalucía una ubicación concreta. Según la información que maneja la plataforma, se podría construir en una parcela situada en Pujaire y que cuenta con una superficie gráfica de 17.833 metros cuadrados, más que suficiente para adecuar un centro educativo que absorva a una población que supera ampliamente el millar de menores en edad para cursar sus estudios allí.

Palenzuela asegura que se trata de un terreno municipal de alrededor de dos hectáreas y considera que reúne las condiciones necesarias para acoger el instituto. “Está todo: el solar despejado, la carretera... cumple todo”, sostiene. De hecho, el Ayuntamiento de Níjar confirma que Pujaire es una de las opciones planteadas. En la información facilitada a este periódico, el Consistorio señala que el instituto, “por ubicación y requisitos”, podría construirse en la localidad.

Además, el Consistorio también asegura que ha mostrado públicamente su apoyo al proyecto. Los concejales de Educación y Urbanismo se han reunido con la plataforma para abordar la necesidad de un centro de Secundaria para toda la zona. Pero que exista un terreno disponible no significa que el proyecto esté en marcha. Falta saber si la parcela ha sido formalmente puesta a disposición de la Junta, qué trámites urbanísticos serían necesarios y, sobre todo, si Educación ha dado algún paso para convertir la propuesta en una obra.

“La escolarización está garantizada”

El Consistorio nijareño asegura que la reivindicación ha llegado a la Administración autonómica. Según explica, ha mantenido “varias reuniones” con la Delegación de Educación para abordar tanto las inversiones que ya se están realizando en los centros del municipio como futuras actuaciones. Entre ellas está, según el ayuntamiento, “la del instituto para la costa”. La plataforma, sin embargo, reclama avances concretos. Lola Alonso asegura que llevan más de un año esperando una reunión con la Junta.

“Educación lleva ya un año y pico diciendo que sí, que sí, que iríamos, y no hemos ido”, afirma. Los vecinos sostienen que la Junta les ha trasladado que poner en marcha un instituto supone una inversión importante y que hay distintos requisitos que cumplir. Palenzuela asegura que una de las explicaciones que han recibido es que “no hay fondos”. Pero la Junta no confirma esa versión. Preguntada por este periódico sobre el proyecto, su financiación y los plazos para construir el centro, la respuesta oficial no concreta ninguno de esos extremos.

El Gobierno regional se limita a defender que los alumnos de la zona tienen actualmente garantizada su escolarización. “Actualmente, la escolarización del alumnado de la zona está garantizada a través de los centros de referencia y de los recursos establecidos”, señala la Junta. Educación añade que “se sigue priorizando el plan de infraestructuras, dando respuesta a aquellas necesidades que se puedan presentar” y que continúa “atendiendo y priorizando las necesidades de infraestructuras educativas conforme se presentan”.

La Junta no aclara si contempla construir el instituto de Pujaire. Tampoco concreta en qué fase estaría el proyecto, si existe un expediente abierto, qué requisitos considera que debe cumplir la zona, cuál sería el coste de la actuación o cuándo podría ejecutarse. La respuesta deja así dos posiciones enfrentadas: para la Junta, la escolarización está garantizada con los centros y recursos existentes y para los vecinos, eso no resuelve el problema de fondo: los alumnos siguen teniendo que desplazarse y las familias siguen reclamando un centro educativo de Secundaria en su entorno.

Educación y despoblación

Pero el instituto es también una cuestión de población. La falta de servicios públicos, dicen los lugareños, está haciendo más difícil que las familias se queden. “Cada vez más gente de Pujaire y de Ruescas se está yendo a Retamar”, asegura Palenzuela. Y apunta directamente a la falta de servicios: “La gente se va, sobre todo porque no hay servicios, y la educación es fundamental”. Alonso coincide. Según su experiencia, hay familias que están optando por marcharse cuando sus hijos llegan a la edad de estudiar Secundaria. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedan aquí”, insiste.

La reivindicación se produce en una zona con una fuerte actividad turística durante los meses de verano, pero donde los vecinos reclaman servicios que permitan mantener población durante todo el año. El instituto se ha convertido así en uno de los símbolos de esa demanda. “Si no tuviéramos niños, no lucharíamos ni buscaríamos nada”, dice Alonso. “Pero tenemos espacio y nos dan el terreno”. El curso ya comienza. Los alumnos siguen teniendo plaza y la Junta insiste en que la escolarización está garantizada. Lo que no hay es un calendario para el instituto que los vecinos llevan años reclamando. Y en Pujaire siguen esperando la misma respuesta: si hay alumnos, hay terreno y el Ayuntamiento defiende el proyecto, qué falta para que la Junta dé el siguiente paso.

La Junta de Andalucía ha anunciado el inicio del procedimiento destinado a restablecer la legalidad en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para demoler el edificio hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones que se asienta en la zona con el fin de “devolver los terrenos protegidos a su estado original”.

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha acordado abrir un expediente a tal fin después de que el Ayuntamiento de Carboneras aprobase en Pleno la revisión de oficio de la licencia de obras, para su nulidad, el pasado 7 de julio.

El asunto ha sido abordado este martes en una reunión celebrada en el Palacio de San Telmo, a la que ha asistido la consejera Rocío Díaz, según ha trasladado la Junta. “Hoy damos un paso decisivo en un asunto que lleva demasiados años abierto. La Junta ha mantenido una hoja de ruta clara: actuar con seguridad jurídica, hacer cumplir la legalidad y avanzar hasta conseguir la demolición del hotel y la recuperación de este espacio protegido”, ha señalado Díaz.

La actuación se ampara en la competencia que la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), atribuye directamente a la Comunidad Autónoma para defender la legalidad territorial cuando se producen actuaciones contrarias a la ordenación del territorio. Entre esos supuestos se encuentran las actuaciones que afecten a suelos especialmente protegidos y al espacio litoral.

Restauración del terreno

El expediente permitirá determinar las medidas necesarias para devolver los terrenos a la situación anterior a la construcción del hotel. El informe elaborado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo antes de iniciar el procedimiento establece que esa restitución deberá incluir el desmantelamiento de servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición del hotel y la restauración de los terrenos, con el objetivo de recuperar los valores que justificaron su especial protección.

El hotel, al que se concedió licencia para su construcción en enero de 2003, se levanta sobre terrenos clasificados ya como suelo no urbanizable de especial protección, dentro del entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En este sentido, la demolición y restauración está prevista por un Protocolo firmado en 2011 por el Gobierno y la Junta de Andalucía, que distribuye las tareas: demolición y desescombro para el Estado, restauración para la Junta.

Sin embargo, la expropiación fue un punto de fricción entre las administraciones: el asunto está en manos de un jurado provincial de expropiaciones, que dio en marzo un plazo de seis meses después de que la promotora Azata del Sol S.L, dueña del inmueble, rechazara el justiprecio del suelo propuesto por el Gobierno.

Ahora bien, la declaración de nulidad de la licencia era un trámite imprescindible para poder avanzar por esta vía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había requerido en junio al Ayuntamiento de Carboneras que culminara en un plazo de 20 días hábiles el procedimiento de revisión de oficio del permiso concedido a la promotora en 2003. Finalmente, el Pleno municipal adoptó el acuerdo el pasado 7 de julio.

Más de 20 años

Por un lado, el Gobierno andaluz se personó en el incidente de ejecución de las sentencias que obligaban al Ayuntamiento de Carboneras a adaptar su planeamiento para que los terrenos de El Algarrobico figurasen correctamente como suelo no urbanizable de especial protección. Díaz ha subrayado que “ahora corresponde continuar el procedimiento con todas las garantías hasta completar la restitución de los terrenos”.

La posición mantenida por la Junta, que ha defendido la nulidad de la licencia como la vía jurídicamente “más segura” para avanzar hacia la demolición, recibió además el respaldo de la Secretaría municipal y del Consejo Consultivo de Andalucía. Este último consideró procedente la revisión de oficio antes de que el Ayuntamiento adoptara finalmente el acuerdo de nulidad.

Sin embargo, el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto. El primero es de la propia promotora del hotel, Azata del Sol, y los otros tres corresponden a Cristóbal Fernández, exalcalde de Carboneras (PSOE), quien concedió la licencia; otro de José Luis Amérigo, exalcalde también con el PSOE de 2019 a 2023; y el último de Felipe Cayuela (anteriormente en el PP) , alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023, antes de ser desbancado en una moción de censura liderada por Salvador Hernández (Ciudadanos), el actual regidor, quien ahora gobierna solo.

En todo caso, desde Ecologistas en Acción-Almería hicieron hincapié a través de un comunicado que los recursos presentados “son maniobras dilatorias para retrasar la demolición, pero el acuerdo es firme mientras un juez no diga lo contrario”. “Los recursos no tienen base alguna, ya hay dos sentencias de la Audiencia Nacional confirmadas por el Supremo diciendo que Azata no tiene derecho a indemnización y el Ayuntamiento ahora tiene la obligación de restablecer la legalidad urbanística ordenando el derribo”, determinan. La apertura de expediente, recuerdan además, es un procedimiento que se ha realizado en otras ocasiones, como Tabernas en diciembre de 2025, así que apremian a la administración para “no dilatar más tiempo” el derribo.

El número de víctimas mortales por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), del que este miércoles se cumplen dos meses, se ha elevado a 15 personas tras el fallecimiento de una mujer británica que se encontraba hospitalizada con graves quemaduras en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado a Europa Press este último deceso que tuvo lugar esta misma madrugada y que se une al resto de víctimas --nueve mujeres y cinco hombres-- de las que 14 son extranjeras, la mayor parte de ellas procedentes de Reino Unido aunque también figuran tres belgas, una francesa, un español y una estadounidense.

La víctima, identificada como M.L., residía desde hace más de 20 años en España y, aunque era vecina de Canjáyar, trabajaba como cuidadora de personas mayores en Bédar. Si bien el incendio le provocó severas quemaduras en torno al 40 por ciento de su cuerpo, logró escapar auxiliada por un vehículo, según narró su hermana a través de una plataforma de micromecenazgo en la que solicitaba colaboración económica.

En un primer momento, 12 de los cuerpos de las víctimas, todas mayores de edad, fueron localizados en el lugar del siniestro donde perecieron cuando trataban de escapar de las llamas. Una mujer de 93 años, que fue rescatada junto con M.L., falleció mientras estaba hospitalizada al poco de ingresar y, posteriormente --el 28 de julio-- se constató la muerte de otra paciente en Sevilla.

Al menos ocho familiares de las víctimas se personaron en la causa que tramita la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, que investiga las circunstancias y origen del incendio que se extendió por los términos de Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas.

El fuego se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó hasta alcanzar la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca dio por extinguido el incendio a las 21,00 horas del 24 de julio, 15 días después de su inicio y tras afectar a unas 5.200 hectáreas, según el último recuento.

Desde este lunes, Almería cuenta con menos conexiones ferroviarias. En concreto, el Intercity que la conectaba con Madrid, y que pasaba por las provincias de Granada y Jaén, dejará de circular durante las obras previstas en Despeñaperros, con un plazo anunciado de 14 meses, y el tramo entre Almería y Linares-Baeza quedará cubierto por autobús. Un periodo de tiempo que puede alargarse y que, mientras dura, contará con una alternativa ferroviaria limitada a un único Alvia vía Granada, mientras Renfe anuncia refuerzos puntuales en los días de mayor demanda.

El problema es que nadie sabe todavía qué pasará después. Renfe asegura que será al terminar las obras cuando pueda determinar cómo quedará la oferta definitiva entre Almería y Madrid, sin garantizar que el Intercity vaya a regresar. Una incógnita que genera malestar entre los colectivos ferroviarios que temen que una suspensión inicialmente temporal termine convirtiéndose en una pérdida permanente de conexiones, mientras municipios como Jódar (Jaén), por donde pasaba el tren, se quedarán directamente sin ningún servicio ferroviario en su estación.

Es decir, la desaparición del Intercity no afecta únicamente a quienes utilizan el tren para desplazarse entre Almería y Madrid. El servicio también permite conectar municipios de Almería, Granada y Jaén con otros puntos de Andalucía y con la capital española. Para los colectivos ferroviarios, esa función territorial es precisamente uno de los motivos por los que reclaman que la conexión se mantenga más allá de la rentabilidad económica.

José Carlos Tejada, portavoz de la Mesa del Ferrocarril de Almería, recuerda que el servicio lleva alrededor de medio siglo cumpliendo una función de vertebración entre las provincias de Almería, Granada y Jaén. La organización admite que el Intercity no es rentable y que Renfe aporta recursos para mantenerlo, pero considera que esa circunstancia no debería determinar por sí sola la continuidad de una conexión que presta un servicio territorial. “Durante 50 años ha cumplido una misión fundamental, que ha sido vertebrar el territorio”, sostiene Tejada, que reclama que esa función se mantenga incluso cuando llegue la Alta Velocidad.

De dos conexiones a una

Además, hasta este lunes 6 de septiembre, Almería disponía de dos frecuencias diarias con Madrid. Con la suspensión del Intercity, cuenta únicamente con el Alvia que conecta ambas ciudades vía Granada. Mientras, el servicio público ferroviario entre Almería y Linares-Baeza sí se mantendrá, pero por carretera.

La Mesa del Ferrocarril, que ya ha mantenido reuniones con Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes en las que ha habido “buena sintonía”, considera insuficiente esta alternativa y ha planteado a Renfe que mantenga la segunda circulación mediante trenes Alvia. Su propuesta pasa por disponer de dos frecuencias ferroviarias entre Almería y Madrid mientras duren las obras. También la Plataforma por el Tren Almería reclama conservar la conexión de la tarde. Su portavoz, José Antonio Barrera, plantea utilizar un tren Alvia 730 híbrido, como el que actualmente realiza la conexión de Almería con Granada por la mañana, para mantener una segunda circulación.

Se anuncian obras por 14 meses. Todos sabemos que las obras civiles al final duran más. Posiblemente estaremos hablando de dos años

José Carlos Tejada — Portavoz de la Mesa del Ferrocarril de Almería

“Lo mismo que lo hace por la mañana, pedimos que lo haga por la tarde y no perdamos esa frecuencia del tren de por la tarde”, señala. Mientras el Gobierno central deriva la explicación de la situación en Renfe, la compañía, sin embargo, no se compromete con ninguna de estas alternativas en su respuesta. Desde la entidad aseguran que se reforzará determinados días el Alvia Almería-Granada-Madrid, especialmente viernes y domingos, cuando exista una mayor demanda, pero esos refuerzos puntuales no suponen recuperar la segunda frecuencia diaria.

La suspensión está vinculada a las actuaciones que Adif ejecuta en la infraestructura ferroviaria en el entorno de Despeñaperros. El plazo anunciado para las obras es de 14 meses, pero los colectivos ferroviarios miran ese calendario con cautela. “Se anuncian obras por 14 meses. Todos sabemos que las obras civiles al final duran más. Posiblemente estaremos hablando de dos años”, advierte Tejada.

La preocupación no se limita a que las obras puedan prolongarse. El principal temor es qué ocurrirá con el servicio cuando terminen. Renfe asegura que todavía es pronto para determinar cuál será la oferta definitiva entre Almería y Madrid y que será entonces, una vez conocidas las condiciones operativas de la infraestructura, cuando pueda concretar cómo se quedarán las conexiones. La compañía y la Mesa del Ferrocarril tienen previsto continuar las conversaciones durante el otoño, en una reunión en la que también está previsto que participen el Ministerio de Transportes y Adif. Por ahora, por tanto, Renfe no garantiza la recuperación del Intercity, aunque tampoco anuncia su desaparición definitiva. La decisión queda abierta a la espera de cómo quede la infraestructura y de las condiciones de explotación que resulten de las obras.

Pueblos desconectados

Sin embargo, para algunos municipios, la consecuencia del corte será mucho más profunda que perder una conexión directa con Madrid. Es el caso de Jódar, en Jaén, donde el Intercity es actualmente el servicio ferroviario que mantiene conectada la estación con el resto de la red. Su alcaldesa, Juana Cazorla, advierte de que desde la supresión de este ferrocarril no pasará ningún tren por la estación de Jódar. “¿Y qué supone eso? Un aislamiento total y absoluto”, afirma.

Cazorla considera que el ferrocarril no puede analizarse únicamente desde la rentabilidad de cada servicio. En su opinión, las conexiones ferroviarias permiten que los jóvenes estudien o trabajen fuera y sigan viviendo en sus municipios, facilitan la llegada de visitantes y contribuyen a mantener actividad económica y población en las zonas rurales.

La alcaldesa recuerda su propia experiencia familiar: una de sus hijas se desplazaba en tren a Granada para estudiar, pero un cambio de horarios terminó haciendo incompatible el servicio con las necesidades de los estudiantes. Para Cazorla, ese tipo de decisiones forman parte de un proceso de deterioro progresivo de las conexiones. “Nos cambiaron de horario, ya no les venía bien, que es una manera también de ir eliminando líneas”, sostiene.

"Cuando se quita una infraestructura, se quita un servicio; luego generar otra vez el hábito del uso es complejo"

Juana Cazorla — Alcaldesa de Jódar (Jaén)

La alcaldesa de Jódar considera que el riesgo de que una suspensión temporal termine facilitando la desaparición del servicio no es una hipótesis nueva. Su experiencia, asegura, es que una vez que una infraestructura deja de utilizarse, recuperar posteriormente los usuarios resulta complicado. “Cuando se quita una infraestructura, se quita un servicio; luego generar otra vez el hábito del uso es complejo”, señala. Ese es precisamente el temor que comparten los colectivos ferroviarios: que durante más de un año los viajeros se acostumbren a otras formas de desplazamiento y que, cuando llegue el momento de decidir qué servicios ferroviarios recuperar, la demanda sea todavía menor.

En el caso de Jódar, la alcaldesa vincula además las comunicaciones con el problema demográfico. El municipio, explica, ha pasado de rondar los 14.000 habitantes a unos 11.400. Cazorla no atribuye esa pérdida exclusivamente al ferrocarril, pero sí considera que las malas comunicaciones dificultan que los jóvenes puedan quedarse en el municipio mientras estudian o trabajan. “¿Qué hijo o hija nuestro se va a quedar en la provincia si tenemos unas comunicaciones pésimas?”, plantea.

No solo una cuestión de Madrid

El cierre temporal de esta conexión y las dudas sobre el futuro del Intercity se producen además mientras Almería sigue esperando la llegada de la Alta Velocidad, a través del Corredor Mediterráneo cuyas obras siguen ralentizadas en Lorca (Murcia). La Mesa del Ferrocarril considera que, mientras ese proyecto no se complete, la provincia necesita mejorar las prestaciones de los servicios actuales.

Tejada sostiene que sería además posible reducir alrededor de 30 minutos el viaje del Alvia mediante un nuevo estudio de los horarios y de las denominadas 'mallas' ferroviarias. A ese ahorro se sumarían otros 30 minutos cuando los trenes vuelvan a salir de la estación de Almería, en lugar de la actual situación derivada de las obras del soterramiento. El objetivo, según sus cálculos, sería pasar de unas siete horas de viaje a alrededor de seis.

La reivindicación, por tanto, no se limita a conservar una frecuencia. Los colectivos reclaman más trenes y mejores tiempos de viaje en una provincia que consideran penalizada desde hace años por sus conexiones ferroviarias. Para Cazorla, además, la llegada de la Alta Velocidad no debería significar el abandono de las líneas convencionales. “El tren no tiene que ser rentable, el tren tiene que ser un transporte público y social”, recuerda.

La alcaldesa, como los colectivos y muchas otras localidades desconectadas del tren, reclama que la defensa del ferrocarril se convierta en una reivindicación conjunta de los 97 municipios de Jaén, tengan o no estación, y de la Diputación provincial. Porque, para los municipios que atraviesa la línea, el problema no es solo sobre cuánto se tarda en llegar a Madrid, sino si dentro de unos meses seguirá pasando algún tren por sus estaciones.

El acuerdo el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para revisar y anular la licencia de obras del hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, en zona de dominio público y protegida por ser Parque Natural de Cabo de Gata, ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto, según ha avanzado Europa Press citando fuentes municipales.

Una de los recursos estaba cantado: lo presenta la propia promotora del hotel, Azata del Sol, que quiere que se anule el acuerdo de la mayoría de los concejales del Pleno con el que se invalida la licencia que se le concedió en 2003. Los otros tres recursos son más sorprendentes, aunque no tanto para quien conozca los entresijos de esta prolija historia: un lo interpone Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE) desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011, quien conedió la licencia; otro lo presentan José Luis Amérigo, sobrino de Fernández y alcalde también con el PSOE de 2019 a 2023 (también PSOE) y dos concejales; y el último Felipe Cayuela, alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023, antes de ser desbancado en una moción de censura liderada por Salvador Hernández (Ciudadanos), el actual alcalde, quien ahora gobierna solo tras perder el apoyo del PP por, entre otros motivos, sostener una posición distinta sobre el hotel.

Tras liderar la oposición con el PP, Cayuela pasó al grupo de no adscritos en diciembre de 2024, cuando su antiguo partido empezó a sostener a Hernández. En cuanto a Amérigo y los dos ediles que firman el recurso, fueron suspendidos por el PSOE cuando se negaron a votar el acuerdo para revisar la licencia en la primera ocasión, en junio de este año. Aquel Pleno supuso una escandalera a nivel nacional, y el PSOE desautorizó a los cinco concejales que desobedecieron las directrices de la dirección con un expediente.

Dos de ellas cambiaron el sentido de su voto a la segunda ocasión, tres semanas después, y tras el ultimátum de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dictaron la sentencia que ordena revisar la licencia en julio de 2021(es firme desde mayo de 2022, cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación) y lleva desde 2023 intentando ejecutarla. Los otros tres y Cayuela se ausentaron en el momento de votar.

Los cuatro, también, forman parte del grupo de siete investigados por la Fiscalía, que indaga si el acuerdo para posponer la primera votación sobre la nulidad de la licencia puede suponer un delito de prevaricación administrativa, por su resistencia a cumplir el mandato firme del TSJA.

Acuerdo a la segunda

El Pleno acordó, al segundo intento y por ocho votos a favor y cinco ausencias, una decisión con la que pretende cumplir el mandato que dieron los jueces hace ya un lustro para anular la licencia concedida hace 23 años. La votación fue seguida con atención en los cuarteles generales de los socialistas y populares, pues tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central se arrogan la mayor firmeza para acabar con El Algarrobico, símbolo de la depredación del litoral mediterráneo.

El argumento tanto de Cayuela como de Amérigo para votar contra la revisión siempre fue que hacían falta más informes que calibraran el impacto de anular la licencia, sobre todo en las arcas municipales. El temor que aducen es que sea de tal magnitud que deje tiritando a la economía carbonera.

Lo cierto es que hasta ahora los intentos de la promotora de recibir una indemnización han sido frustrados. La Audiencia Nacional rechazó en 2016 que tenga derecho a compensación alguna, al estimar que era conocedora de que no podía construir donde lo hizo. La cuestión ahora se dirime ante un jurado provincial de expropiaciones, después de que el Gobierno central abriera esta vía en febrero de 2025: Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.500 euros.

Veinte años para anular una licencia

Durante tres años, la promotora levantó a la vista de todos y en plena playa una inmensa mole de 21 plantas de altura y 411 habitaciones. Sólo paró al final, por orden de un juez, a quien alertó la organización ecologista Salvemos Mojácar. Azata del Sol recabó la licencia del Consistorio cuando estaba gobernado por Fernández, que ahora recurre contra la anulación actuando en representación de una organización pesquera.

Desde un punto de vista legal, hay pocas dudas desde el comienzo de este embrollo: la mitad de El Algarrobico está en zona de dominio público marítimo-terrestre y, además, invade zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata. Sin embargo, durante dos décadas, todos los intentos de avanzar en la demolición del edificio han chocado con un muro administrativo en el municipio: antes había que adecuar la planificación urbanística de Carboneras a la Ley de Costas y el Plan de Protección de Cabo de Gata declarando que el terreno era no urbanizable, y luego revisar la licencia.

Durante esos veinte años, todo se atascaba en un punto u otro. Hasta 2014, en los tribunales; pero cuando quedó claro que el edificio era ilegal, el atasco se producía en el Consistorio, gobernado cíclicamente por Hernández, Amérigo y Cayuela. Siempre ocurría algo: un error en los planos, una publicación que se olvidaba, un lapsus en el texto, la falta de secretario.

Cuando al fin aprobó revisar la licencia, el Ayuntamiento de Carboneras dio traslado del acuerdo de Pleno a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada para dar cuenta del cumplimiento del mandato, que venía ya avalado por un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

La interposición de cuatro recursos contra el acuerdo para anular al fin la licencia augura que a este serial todavía le quedan capítulos.

Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han interpuesto en lo que va de año 98 denuncias por estacionamiento indebido de vehículos habilitados como viviendas, ya sean caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados en horario nocturno y por acampadas con vehículo o tiendas de campaña en Cabo de Gata.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, desde donde recuerdan que desde hace siete años se establece un dispositivo especial de vigilancia en esta zona durante los meses de verano “para evitar la pernocta y la acampada entre el ocaso y el orto en zonas no habilitadas para ello, así como el vertido de residuos”.

Según han especificado desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad, en general se levanta acta de denuncia en aquellos casos en los que el dueño del vehículo “ignora el aviso de los agentes” o en casos de “especial impacto”, ya sea por situarse el vehículo dañando vegetación o por haber vertido residuos.

“Si el vehículo no estaba sólo estacionado indebidamente sino que se encuentra acampado, ocupando espacio con mesas, toldos, calzos en las ruedas, entre otros supuestos, también se levanta acta de denuncia”, han abundado.

El objetivo es preservar el espacio natural por medio de la concienciación de los visitantes sobre la necesidad de respetar el entorno y la normativa que lo protege, recurriendo a las denuncias en última instancia.

En esta línea, han afirmado que también se acometen campañas informativas para explicar las restricciones a los estacionamientos de vehículos y acampada. “Los agentes van recorriendo las playas y desalojando a las caravanas que encuentren estacionadas y cierran los gálibos de las playas para que no puedan volver a entrar”, han indicado.

Así, han apuntado que este trabajo es “constante” a lo largo del año y “no sólo durante el dispositivo estival”, de modo que durante el invierno pasado, y de manera conjunta con la Policía Local de Níjar, se procedió al “desalojo ordenado” de autocaravanas estacionadas irregularmente en zonas “sensibles” del litoral con el cierre temporal de áreas de estacionamiento en El Playazo y la Isleta del Moro.

La colaboración con la Policía Local nijareña ha incluido este año la retirada por parte de la grúa municipal de vehículos estacionados en zonas prohibidas.

Además del control de pernoctaciones y estacionamientos en todo el tramo litoral, se inspeccionan también especialmente las actividades de empresas de turismo activo y el dispositivo de acceso a las playas de Mónsul y Genoveses.

Desde la Junta de Andalucía se recuerda a los usuarios de autocaravanas que deben utilizar exclusivamente los aparcamientos y áreas específicamente habilitadas, cumpliendo las restricciones y señalizaciones. “La preservación del Parque Natural depende del respeto a la normativa establecida y a las indicaciones de las autoridades competentes: la colaboración ciudadana es esencial”, han añadido.

La catedrática de Derecho Penal y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, Fátima Pérez Ferrer, ha reivindicado este lunes el legado de los 22 liberales constitucionalistas que fueron fusilados hace 202 años al oponerse al régimen absolutista de Fernando VII como una “conquista diaria” de valores como la libertad, la justicia y la igualdad.

Durante el acto homenaje a 'Los Coloraos' que se celebra cada 24 de agosto, la oradora de este año ha pronunciado una conferencia en la que, desde su condición de jurista, ha trazado un recorrido por el significado histórico de la gesta y su conexión con algunos de los pilares sobre los que se asienta actualmente el Estado democrático y de derecho.

Pérez Ferrer ha recordado que el 24 de agosto de 1824 es una de esas fechas que “pertenecen a la conciencia de un pueblo” y ha situado la expedición de 'Los Coloraos' como uno de los episodios más emblemáticos del liberalismo español del siglo XIX. Aquellos hombres, ha explicado, llegaron a Almería dispuestos a recuperar la vigencia de la Constitución de 1812 y a enfrentarse al absolutismo aun sabiendo que podían perder la vida.

Desde esa perspectiva, la oradora ha defendido que 'Los Coloraos' “no luchaban por un privilegio”, ni buscaban riquezas o poder, sino por un principio esencial: que la ley estuviera por encima del miedo y de la obediencia ciega y que ningún hombre pudiera decidir arbitrariamente el destino de los demás. Una defensa de la libertad que, más de dos siglos después, continúa formando parte del patrimonio moral de Almería.

La catedrática almeriense ha abordado especialmente la dimensión jurídica de aquella gesta, contraponiendo la arbitrariedad del poder absoluto al constitucionalismo y al sometimiento de todos los poderes al Derecho.

En este sentido, ha destacado cómo la Constitución de Cádiz sentó las bases de principios que hoy resultan consustanciales al Estado de Derecho, como la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la protección de los derechos y libertades.

Pérez Ferrer ha trasladado también la memoria de Los Coloraos al presente para recordar que los derechos y libertades actuales no surgieron de manera espontánea. “Cada derecho que disfrutamos fue, alguna vez, el sueño de alguien; y en demasiadas ocasiones, también su sacrificio”, ha señalado, antes de advertir de que “la democracia no es el estado natural de las cosas, sino el resultado de una conquista diaria, frágil y exigente”.

En ese recorrido, la oradora ha concedido un papel destacado a la educación y a la Universidad como instrumentos fundamentales para preservar la libertad y garantizar la igualdad de oportunidades.

También ha defendido la función de las universidades para enseñar a pensar críticamente, investigar y universalizar el conocimiento, calificándolas como un instrumento esencial de la democracia para conseguir que la libertad no sea “un privilegio reservado a unos pocos, sino una posibilidad abierta a todos”.

La oradora ha concluido reivindicando la vigencia del legado de aquellos 22 hombres y apelando a seguir construyendo una sociedad “donde la Justicia proteja a todos sin excepción, donde la educación fomente la ciudadanía cívica y donde la igualdad, reconocida en el artículo 14 de nuestra Constitución, continúe siendo el fundamento irrenunciable de nuestra convivencia”.

Pérez Ferrer ha insistido así en que esta conmemoración no supone una mirada nostálgica al pasado, sino la renovación de un compromiso con el presente y con el futuro. “Que la palabra siga siendo más fuerte que la violencia; que el diálogo siga siendo más poderoso que la imposición”, ha expresado, confiando en que las nuevas generaciones encuentren en Los Coloraos no solo una lección de historia, sino también “una inspiración para construir una sociedad más justa”.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado la bienvenida a los asistentes definiendo este homenaje como un “acto de memoria y compromiso” con quienes hace 202 años entregaron su vida “por un ideal que hoy es la base y el cimiento de nuestra democracia: la defensa de los valores constitucionales y la lucha contra el absolutismo”.

Vázquez ha subrayado que recordar cada 24 de agosto a Los Coloraos “no es mirar atrás con nostalgia, sino mirar al futuro con determinación”, reivindicando el entendimiento, el diálogo y la tolerancia como herramientas imprescindibles para afrontar los retos de la sociedad actual. “Solo desde la unión, el respeto a la diferencia y la búsqueda de objetivos compartidos seremos capaces de construir la Almería que soñamos”, ha señalado.

La alcaldesa ha reivindicado además el significado colectivo de la conmemoración, señalando que recordar a Los Coloraos supone reconocer también a todos aquellos que, a lo largo de la historia, han luchado para que hoy los españoles, con independencia de sus ideas y preferencias, puedan vivir en “una sociedad democrática, plural y libre”.

Finalizada su conferencia, Fátima Pérez Ferrer ha recibido de manos de la alcaldesa el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería, como establece el ceremonial de este tradicional homenaje.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha felicitado a la oradora “por su emotivo y riguroso discurso en el que ha reivindicado la memoria y espíritu democráticos que defiende este acto y que convierte a la provincia de Almería en pionera en los valores que definen hoy nuestra sociedad”.

“Cada 24 de agosto es un día para lanzar un mensaje de concordia, convivencia y en favor de la identidad y del orgullo que debemos sentir todos los almerienses”, ha dicho el presidente de la Diputación a la hora de honrar la memoria de las personas que dieron su vida por defender la Constitución de 1812, los valores democráticos y la libertad frente al absolutismo.

A continuación, autoridades, Corporación Municipal y asistentes se han trasladado a la Plaza de la Constitución para participar en la tradicional ofrenda ante el monumento a 'Los Coloraos', el popular 'Pingurucho'. La alcaldesa y la oradora han encabezado el depósito de coronas, al que se han sumado los representantes institucionales y políticos participantes en el acto.

La Banda Municipal de Música ha interpretado los himnos de Almería, Andalucía y España y, posteriormente, se ha realizado la tradicional ofrenda de rosas.

El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha anunciado su dimisión tras haber sido denunciado por un delito contra la seguridad vial al dar positivo en un control de alcoholemia la pasada madrugada cuando abandonaba el recinto de la Vega de Acá en el marco de la Feria de Almería.

Fuentes municipales y policiales han confirmado a Europa Press que el edil de Cultura arrojó una tasa de 0,75 miligramos de alcohol en aire espirado ante las pruebas a las que fue sometido por parte de la Policía Local de Almería a requirimiento de los agentes de Policía Nacional que lo localizaron.

“Ayer cometí un error. Quiero pedir perdón de forma sincera a todos los almerienses, a mis compañeros y a mi familia. Los hechos que tuvieron lugar anoche no tuvieron consecuencias ni materiales ni personales, pero eso no resta gravedad a lo ocurrido”, ha trasladado el concejal a través de sus redes sociales.

Asimismo, ha afirmado que asume “plenamente” la responsabilidad de sus actos, por lo que “por coherencia y ejemplaridad” va a presentar su dimisión como concejal. “Ser concejal ha sido el mayor honor de mi vida y siempre estaré agradecido por la confianza que depositaron en mí. Afrontaré esta situación con humildad y respeto”, ha añadido.

Los hechos tuvieron lugar durante la pasada madrugada cuando el concejal habría abandonado el recinto ferial al volante de su propio vehículo tras haber ingerido alcohol y se topó con un control de Policía Nacional.

Conforme a la actuación, por la que no consta detención, los hechos supondrían la comisión de un delito conforme al Código Penal español, que fija el límite objetivo para considerar la alcoholemia un delito penal en 0,60 miligramos por litro en aire espirado. Superar dicha tasa expone al edil al un procedimiento penal y no a una sanción administrativa.

La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación para determinar si los siete concejales de Carboneras (Almería) -dos no adscritos y cinco ligados al PSOE- que en el Pleno municipal del 17 de junio acordaron posponer la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para recabar nuevos informes incurrieron en un delito de prevaricación administrativa.

El Ministerio Público ha adoptado esta decisión tras la denuncia recibida apenas dos días después de dicha sesión plenaria por la asociación ecologista Salvemos Mojácar, que consideró que la actuación de los ediles conformaba una “desobediencia inadmisible” y “un acto de prevaricación manifiesta” al incumplir el mandato del TSJA.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que, en el marco de sus diligencias preprocesales, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento de Carboneras la remisión del acta de Pleno en la que los siete concejales acordaron dejar sobre la mesa la propuesta avalada por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para la revisión de oficio de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003.

Posible comisión de un delito

Si bien la nulidad de la licencia se aprobó en un Pleno posterior celebrado el 7 de julio con los votos a favor del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), y otros siete concejales -entre ellos dos expedientados por el PSOE por abstenerse en la primera ocasión-, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ve “presumible” conforme a la denuncia de los ecologistas la posible comisión de un delito.

A tenor de esta acción, el Ayuntamiento de Carboneras ha remitido a la Fiscalía la información solicitada, entre la que también se pedían informes jurídicos o ampliación, en su caso, de los ya existentes, según han confirmado fuentes municipales.

En concreto, el colectivo ecologista dirigió su denuncia, que también presentó ante los Juzgados de Vera, expresamente contra los concejales que votaron dejar sobre la mesa el expediente que se llevó a pleno: José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández.

En este sentido, rechazaron por “falsos” los argumentos de los concejales sobre la necesidad de nuevos informes de intervención antes de adoptar una decisión al contar ya con un dictamen favorable al acuerdo de parte del CCA Así, veían en su actuación una “mera triquiñuela inaceptable para seguir dilatando la cuestión” que, según sostuvieron, se prolonga durante “20 años” de “rebeldía institucional”.

Cabe señalar que el PSOE abrió un expediente disciplinario y comunicó la expulsión temporal de los cinco concejales implicados, entre ellos su hasta ahora portavoz José Luis Amérigo.

La oposición ha salido en tromba este viernes a pedir explicaciones sobre las tres horas que tardó la Junta de Andalucía en activar el plan de evacuación en el incendio de Los Gallardos, en Almería, que dejó 13 muertos y 5.200 hectáreas calcinadas. Un informe de la Guardia Civil, realizado a petición del Ministerio del Interior, establece que el Gobierno andaluz activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19.37 horas del pasado 9 de julio, tres horas más tarde de los primeros desalojos que realizaron los propios alcaldes.

La información, adelantada por El Correo, establece una cronología preliminar sobre lo acaecido en el ya es el incendio más mortífero de este siglo en Andalucía, en la que también se registra que el Puesto de Mando Avanzado se constituyó entre las 20.00 y 20.30, en la base de bomberos de Turre. El Plan Infoca establece que el nivel 0 procede cuando los incendios no suponen ningún peligro para las personas ajenas a las tareas de extinción o para los bienes distintos a los forestales, mientras que la Situación Operativa 1 se activa cuando se exigen medidas especiales para proteger a las personas y a los bienes amenazados.

A las 19.37 horas ya se habían producido varios desalojos que afectaban a alrededor de unas 50 personas que se reubicaron en distintos complejos. No obstante, la Consejería de Presidencia sostiene que durante esas tres horas ya estaba activado el plan de preemergencia, donde se permite adoptar desalojos preventivos.

Tanto el PSOE, como Adelante Andalucía y Por Andalucía registrarán una solicitud para crear una comisión de investigación sobre el incendio declarado en Los Gallardos ante el “mar de dudas” y los distintos “puntos negros” que, considera la oposición, hay que despejar.

“Tres horas de vacío”

Así lo ha trasladado Mario Jiménez, el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, en una rueda de prensa convocada este viernes en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha transmitido que la comparecencia en el Parlamento autonómico de ayer de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, dejó “un abanido de dudas y sospechas” sobre la gestión de la emergencia.

Desde el PSOE-A se preguntan “cómo es posible” que “un incendio del que se tiene conocimiento a las 16.30 horas de la tarde, y que desde el primer minuto produjo desalojos”, no fuera “hasta las 19.37 horas”, es decir, hasta “más de tres horas” después, cuando desde la Junta se acordó “la declaración del nivel 1 en la situación operativa del plan de emergencia”, la propia ante un incendio que supone “una amenaza a la integridad y a la vida de las personas”.

El representante socialista ha remarcado que “tres horas en un incendio es una auténtica eternidad”, y desde el PSOE-A temen que en ese lapso de tiempo las decisiones que se tomaron “pudieron condicionar situaciones de peligro real para la población”, y que pudieron “haberse sentado las bases de una respuesta no diligente” o “negligente por parte del operativo de emergencia, de sus responsables políticos, que al final determinaran la situación que dio lugar al terrible balance en términos de vidas, de bienes materiales y de patrimonio forestal” que ha arrojado este incendio.

Además, se preguntan “quién estuvo al frente del operativo durante esas tres horas de vacío, quién estuvo dando instrucciones a los responsables locales, que solamente pueden operar bajo la coordinación, la supervisión y las instrucciones de la autoridad sustantiva en materia de emergencia, que es la Junta”, comparándolo con la gestión de la 'dana' de la Comunidad Valenciana del año 2024.

Llamamiento al apoyo a la comisión de investigación

A su vez, Jiménez ha criticado que Moreno no siguiera este jueves toda la comparecencia de Sanz en el Parlamento, y ha llamado la atención sobre el relevo al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, para la que se ha nombrado esta semana a Francisco Góngora en sustitución de Aránzazu Martín, y se ha preguntado si tiene que ver con la gestión al menos “no diligente” de la Junta sobre este incendio.

Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha subrayado que “hay 13 personas fallecidas, y creemos que se lo merecen ellos y sus familias”. Por tanto, ha realizado “un llamamiento” a todas las fuerzas políticas para apoyar la comisión de investigación, y se ha dirigido expresamente al PP y a Vox, desde la premisa de que, “cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene miedo a que se investigue”, ha zanjado.

Asimismo, Antonio Maíllo, portavoz del grupo Por Andalucía, ha señalado que Antonio Sanz no dio respuesta en su comparecencia “a las preguntas” que hicieron “los grupos de la oposición, también Por Andalucía, sobre la concreción de los hechos” y “la ralentización y lentitud en la respuesta desde la Delegación del Gobierno” andaluz en Almería.

En este sentido, ha apuntado que Sanz demostró en su comparecencia que se sentía “acorralado” y “nervioso porque sabe que ha habido errores en la gestión”, y le ha afeado que “respondió con zafiedad y fuera de tono” en su réplica a los grupos de la oposición “en lugar de haber respondido a las preguntas” que le formularon, que quedaron “sin respuesta”, según ha advertido Antonio Maíllo. “Tres horas de diferencia que hubo entre que la gente empezó ya a evacuarse de sus pueblos y la alerta que se dio tres horas más tarde”, ha aseverado.

El Gobierno andaluz defiende la gestión realizada en el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde murieron 13 personas. La decisión de no enviar los mensajes a través del sistema ES-Alert en las primeras horas respondieron a que no se permitía segmentar por áreas menores. Por tanto, “una alerta masiva y genérica lo que hubiera podido generar desplazamientos innecesarios” o “incrementar la circulación en carreteras ya comprometidas”, confundiendo a la población y generando más caos.

Así lo ha manifestado Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Emergencias, con relación al incendio declarado hace dos semanas, en el que se han calcinado finalmente 5.200 hectáreas, en base a los datos del sistema satelital Copernicus, en los municipios almerienses de Los Gallardos, así como Bédar, Antas y Lubrín. El fuego aún no se ha dado por extinguido, pero permanece controlado desde el pasado 13 de julio. “El comportamiento del fuego y la extrema velocidad obligaban a ordenar evacuaciones sucesivas y confinamientos diferenciados”, declaró Sanz en una comparecencia a petición propia este jueves en el Parlamento andaluz.

El consejero de Emergencias ha dedicado al inicio de su comparecencia unas palabras de “recuerdo sentido” hacia las 13 personas que perdieron la vida como consecuencia de este terrible incendio“, así como a las personas heridas, ”algunas todavía de extrema gravedad, que siguen recuperándose“, y de ”reconocimiento“ a quienes lo combatieron, entre los que ha citado a ”todo el operativo de la Agencia de Emergencias de Andalucía“, al Infoca y a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

De igual modo, ha agradecido a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos afectados “su implicación, su compromiso y su saber estar a la altura de las circunstancias en tan difíciles momentos”, y en esa línea ha remarcado que este ha sido “un incendio extraordinario, con un comportamiento” a nivel de velocidad de propagación “fuera de toda lógica” y que “no respondía a los patrones previsibles”.

El consejero ha optado por la “prudencia” para no conjeturar con las causas de este incendio que aún se están investigando, y que inicialmente se cree que se produjo tras “la caída de un cable eléctrico”.

Zonas complicadas

En cuanto al ES-Alert, el incendio avanzó hacia Sierra Cabrera, “una zona de orografía especialmente complicada, con viviendas diseminadas” y “absolutamente separadas” unas de otras, que “en muchos casos lo que cuentan es con una única vía de acceso”. En este contexto, “el alcalde de Bédar, como máxima autoridad local en materia de protección civil, optó por el aviso directo y personalizado” a la población afectada.

Este trabajo, “realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad y Protección Civil coordinados por el puesto de mando”, fue “una decisión estrictamente técnica, adoptada por quienes dirigían la emergencia en ese momento y basada exclusivamente en criterios de eficacia para la protección de la población”. Una cuestión que ya explicó en el Puesto de Mando Avanzado en los días críticos del incendio.

La oposición pide la presencia de Moreno

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha planteado qué “tiene que ocurrir” en Andalucía para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “dé la cara” en el Parlamento, y ha considerado que está claro que entre sus prioridades “no están” los incendios ni “el respeto a las víctimas”. “Debe investigarse lo sucedido aquí en el Parlamento, y deben asumirse las responsabilidades políticas que correspondan”, ha señalado, apuntando que la “cronología del incendio plantea dudas muy serias”.

“No nos basta ahora una explicación genérica sobre la velocidad del fuego, sino que queremos conocer el mapa operativo y la secuencia horaria” y, sobre todo, aclarar que “instrucciones” recibieron las personas fallecidas. A su vez, ha exigido que se diga quién fue la persona responsable que descartó el envío de los mensajes Es-Alert.

El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha considerado que hubiera sido un “auténtico despropósito” haber mandado un mensaje 'Es-Alert' en una zona que es un “auténtico laberinto”. Ha manifestado que “no es el cambio climático” el que originó el incendio ni el que propició que se propagase de esa manera, sino que la “causa” fue la caída de un cable que no debería haber estado donde estaba. Un negacionismo climático que choca con lo dirimido por el presidente de la Junta en compañía del presidente del Gobierno durante la visita a la zona cero y la evidencia científica que demuestra que las olas de calor son más acusadas.

Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado que el incendio ha sido de tanta gravedad que quien tendría que haber dado “la cara” ante el pleno es Moreno. Ha preguntado a Sanz que, si la causa es la caída de un cable de alta tensión, la Junta va a adoptar “acciones legales contra los responsables” del mismo.

Además, ha reprochado al consejero que hiciera una “acusación muy grave” al señalar que los fallecidos “habían desoído las indicaciones que se hacían”. Ha criticado que el consejero haya “dado hasta cinco versiones diferentes” de por qué no se envió el mensaje 'Es-Alert'.

Por su parte, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado partidario de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento “si no se aclaran las causas de este incendio, como todavía no se sabe”. Ha exigido “claridad, transparencia y concreción, porque de lo que estamos hablando es de que se nos quema nuestra tierra, no los campos de golf y 'resort' de lujo para pijos”, ha apostillado. Además, Maíllo ha puesto el acento en que el pacto de gobierno entre PP-A y Vox supone el “negacionismo” del cambio climático.

Frente a estas críticas, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha criticado que el PSOE-A reclame que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es el que tiene que dar “explicaciones” ante el Parlamento, cuando la portavoz socialista, María Jesús Montero, no ha sido la que ha subido a la tribuna en este debate. Ha indicado que a los partidos de la oposición, especialmente el PSOE-A, “no les mueve” conocer qué ha ocurrido en este incendio, sino que sólo ven “una oportunidad para desgastar” al Gobierno andaluz.

El presupuesto del Infoca

En su turno de réplica, Antonio Sanz ha aseverado que “esto no va de política, sino de técnicos, de expertos”, y ha defendido que su posición coincide con la de “todos los expertos”, así como que “tres ministros del Gobierno socialista de (Pedro) Sánchez avalan la decisión” que se tomó en su momento respecto al sistema 'Es-Alert'.

Además, el consejero ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno ha “duplicado el presupuesto del Plan Infoca”, por lo que ha rechazado que desde la oposición se pueda decir que “no se apuesta” desde la Junta por dicho dispositivo, o que piense “privatizar” el mismo, cuando ha creado “una agencia pública de emergencias en Andalucía”.