El PSOE de Andalucía ha forzado, a través de su dirección provincial en Almería, la suspensión temporal de militancia de sus cinco concejales en el municipio de Carboneras, después de que este miércoles unieran sus votos a dos ediles no adscritos para forzar la suspensión del pleno municipal que debía dar un paso clave en la demolición del proyecto hotelero de El Algarrobico. En concreto, en la sesión tenía que aprobarse la anulación de la licencia que permitió levantar una mole que lleva dos décadas resistiéndose a la piqueta.

Fuentes socialistas han señalado que, al mantener sus concejales en el Ayuntamiento carbonero una posición “contraria al acuerdo de la dirección del PSOE-A”, optando por el aplazamiento del pleno sin una fecha definida, aunque desde el PSOE se da por hecho que será el próximo lunes. Esta suspensión, que llega horas después de que se les abriese expediente, afecta así a todos los miembros del grupo municipal socialista en el Consistorio, medida que será ejecutada este jueves por los órganos federales del partido.

Asimismo, el partido que lidera María Jesús Montero en Andalucía “ratifica su firme voluntad” de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico, que era lo que tenía que validar el pleno de este miércoles. “El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí”, señalan en este sentido las mismas fuentes, que insisten en que “un atentado contra el medio ambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional”. 

Llamamiento a votar a favor

De paso, se “insta” a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras, incluidos sus hasta ahora concejales, a que en la próxima sesión plenaria voten a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. “Apoyamos y compartimos el llamamiento al acuerdo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, que ha pedido también a todos los ediles que den el necesario paso de validar el fallo del TSJA.

El Ministerio, eso sí, ha anunciado que si el pleno no procede a la anulación de la licencia de obras, el Ministerio, solicitará a través de la Abogacía del Estado la anulación de dicha licencia con carácter subsidiario. Una petición similar ha hecho la Junta de Andalucía, que hace un año descartó de plano esta opción.

La Junta de Andalucía ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, sustituyendo así al Ayuntamiento de Carboneras, que es el primer obligado a hacerlo pero no lo hace. Con esta actitud, el Consistorio viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del propio TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022; la última vez este mismo miércoles, cuando volvió a retrasar la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición.

La solución que pretende adoptar ahora el Gobierno andaluz es la misma que los ecologistas piden desde hace años, y a la que la Junta se opuso en marzo de 2025, pocos días antes de que el Gobierno central anunciase por sorpresa su intención de expropiar los terrenos de dominio público sobre los que se asienta el polémico hotel.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha avanzado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará ahora a los magistrados que anulen la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Es una posibilidad prevista por la ley de forma supletoria, para aquellos casos en que el obligado no cumple las sentencias. Los jueces tienen entre sus funciones “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, si es necesario y en última instancia, actuando ellos mismos.

En este caso, el obligado es el Pleno de Carboneras, que aprobó la licencia de obras en 2003 (delegando en una comisión), y debe ahora revisarla de oficio para cumplir con el mandato judicial. Es el último paso del expediente administrativo, después de que el Consejo Consultivo informara favorablemente a la nulidad de la licencia, por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

La solución, “anular la licencia”

Sin embargo, el Pleno ha acordado posponer la votación, con el voto a favor de los cinco ediles del PSOE y los dos no adscritos, el voto en contra del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y los cuatro del PP, y la ausencia de uno de los ediles. Hernández ha asegurado que desconocía que esto fuera a suceder, mientras que el PSOE de Almería ha anunciado la apertura de un expediente a sus cinco ediles.

Los concejales que han secundado esta propuesta –cinco del PSOE y dos no adscritos– han justificado este paso en la necesidad de contar con informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida, alegando que puede poner en riesgo el equilibrio financiero del municipio. El Consistorio carbonero trasladará ahora al TSJA así como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar esta votación. En varias ocasiones los magistrados han advertido al alcalde con multarle si el expediente no avanzaba.

La sorpresa de que este miércoles no se anulara la licencia, como estaba previsto, ha cambiado el paso al Gobierno andaluz, que ahora va a pedir que los jueces intervengan directamente. La portavoz del Ejecutivo andaluz, que se ha mostrado “enormemente” sorprendida por la decisión del Pleno del ayuntamiento carbonero, ha insistido en que la solución es anular la licencia, frente a la vía de la expropiación que abandera el Gobierno central, pero ya no se opone a que sean los jueces los que lo hagan, como ocurrió hace año y medio.

Tal y como contó entonces elDiario.es Andalucía, el 7 de febrero de 2025, tres días antes de que el Gobierno anunciara su intención de expropiar, los letrados de la Junta en el incidente de ejecución de la sentencia remitieron un escrito al TSJA subrayando que debía ser el Ayuntamiento de Carboneras el que tramitara el procedimiento de revisión que por entonces aún ni había arrancado. El letrado de la Junta defendía que sólo Carboneras puede acometer la revisión porque la sentencia impone la obligación al Consistorio, y subrayaba el principio de que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”.

La Junta se oponía así a un escrito de la promotora Azata del Sol que, coincidiendo con la reivindicación de los ecologistas, había pedido a los jueces que declararan ellos la nulidad de la licencia, previsiblemente para facilitar la interposición de una reclamación económica al Ayuntamiento.

La “traición” del PSOE

La postura favorable de los concejales socialistas al nuevo retraso en esta historia interminable en torno al símbolo de la depredación del litoral ha dado munición al PP andaluz. Para España, supone una “paradoja” que haya sido el propio PSOE –al que ha llegado a acusar de “traición”– “el que haya bloqueado este acuerdo en el Pleno” pese a sus manifestaciones para avanzar hacia el derribo del hotel. En este sentido, ha añadido que se está “estudiando” si existe alguna “responsabilidad penal” de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo de pleno.

También los ecologistas exigen abrir la vía penal. Greenpeace ha pedido ya a los jueces que deduzcan testimonio a la Fiscalía para que investigue a los responsables municipales, mientras que Salvemos Mojácar ha anunciado la interposición de una querella por prevaricación.

José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras de 2019 a 2023 y actual portavoz del grupo municipal socialista, es sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde que concedió la licencia en 2003). Amérigo ha dicho que no se opone a cumplir las sentencias, pero ha argumentado su postura en que el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Durante su mandato, el Ayuntamiento no avanzó en el cumplimiento de las sentencias que le obligan a declarar que el suelo es no urbanizable (algo que el TSJA no dio por cumplido el pasado febrero, a pesar de que la sentencia data de 2016 y es firme desde 2018) y a revisar la licencia.

“¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?”, se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado “en rebeldía con la justicia” a partir de esta decisión.

“Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición”, ha añadido la consejera. “No solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar”, ha añadido.

La Junta se abre a convocar una reunión con el Gobierno

No es el único viraje del Gobierno andaluz. La titular en funciones de Hacienda ha avanzado también que convocará en los “próximos días” la reunión de la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para repartir las tareas de demoler y recuperar el paraje natural de Cabo de Gata. Hasta ahora, el Gobierno de Moreno había dado largas a las prisas del Ejecutivo central para convocar a este órgano, argumentando que antes debía celebrarse el Pleno para revisar la licencia. Ahora, España dice que lo convocará para “exigir explicaciones”, “soluciones” y “responsabilidades” a los socialistas sobre lo ocurrido.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico. “Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir”, ha manifestado Fernández en relación con la actitud de los concejales socialistas, ha esgrimido como argumento cuando ha sido preguntado por la cuestión en Sevilla.

No obstante, el delegado ha insistido en que el Gobierno y el PSOE apoyan con “absoluta contundencia” la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 –bajo mandato del socialista Cristóbal Fernández, tío del actual portavoz socialista– para dar cumplimiento a las sentencias que obliga a la revisión de oficio del permiso municipal que posibilitó la construcción en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

“La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata”, ha insistido Fernández.

Expediente por no cumplir lo que había marcado el partido. Los cinco concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) serán expedientados después de votar este miércoles a favor de frenar el acuerdo para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Este trámite se considera necesario para proceder por fin al derribo del edificio.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE almeriense, José María Martín, quien ha apuntado que “no se han respetado las directrices que desde los órganos del partido se les habían facilitado” a los ediles. De paso, ha defendido que la posición socialista ante El Algarrobico es “inequívoca” y pasa por cumplir las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento de Carboneras a anular expresamente la licencia municipal.

Martín ha señalado que la anulación de la licencia “es una exigencia judicial” y “la condición previa para la demolición”, tras recordar que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Tribunal Supremo (TS) han dictaminado que el Ayuntamiento debe anularla “por ser contraria al ordenamiento jurídico” y por haber sido otorgada sobre “suelo protegido”. En este sentido, ha afirmado que el voto del grupo socialista en el pleno celebrado este miércoles “debía de haber sido favorable a esa anulación”, tal y como, según ha indicado, se trasladó “expresamente” a la dirección del PSOE de Carboneras y a su grupo municipal.

“No admite ni una sola demora más”

El dirigente socialista ha remarcado que “el derribo del hotel de El Algarrobico no admite ni una sola demora más después de más de dos décadas de pleitos en los juzgados” y ha añadido que, para el PSOE, “cuanto antes se proceda a la demolición, mejor, y si es posible, mañana mismo”. Preguntado en rueda de prensa por si los expedientes pueden derivar en la expulsión de los concejales, Martín ha indicado que “habrá que tramitar el expediente”, dar traslado a los interesados y aplicar “lo que estatutariamente corresponda por los órganos competentes del partido”.

La decisión llega después de que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo, junto con otros cuatro ediles socialistas, haya apoyado la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela para dejar sobre la mesa el expediente hasta recabar nuevos informes jurídicos y económicos sobre las consecuencias patrimoniales de la anulación de la licencia concedida a Azata del Sol en 2003. Esto vuelve

Previamente, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, se ha referido a este asunto en Sevilla, donde ha avanzado que la formación iba a adoptar “medidas reglamentarias” ante la actuación de los concejales de Carboneras, al tiempo que ha reafirmado la posición socialista a favor de anular la licencia del que ha considerado un “monumento a la barbaridad medioambiental”.

La licencia de obras de El Algarrobico sigue en vigor. Con todas las miradas puestas en la posibilidad de que hoy, 23 años después de que se concediera, quedase anulada la licencia para levantar la mole, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha pospuesto la votación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, que podría conllevar una responsabilidad patrimonial para el municipio.

Sin resistencia, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) ha aceptado que antes de votar la revisión había que votar para que la revisión de la licencia “se quede sobre la mesa”. Él y los concejales del PP han votado en contra de posponer, pero la propuesta ha salido a favor con el apoyo de los concejales del PSOE y no adscritos. No hay fecha para el nuevo Pleno, pero se condiciona a contar con tres nuevos informes sobre el impacto para el municipio de anular la licencia.

A la salida del Pleno, Hernández ha asegurado que no contemplaba el escenario, lamentando lo ocurrido: “Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”.

Fuentes municipales señalan que no es posible saber ahora cuándo se convocará el nuevo Pleno. Los siguientes pasos son plasmar lo que ha ocurrido en el acta y elevar esta al TSJA que tutela los pasos que se dan para ejecutar su sentencia.

La revisión de la licencia, ordenada en sentencia del Tribunal Superior de Andalucía en 2021 (firme desde 2022), estaba más cerca que nunca después de que el Consejo Consultivo de Andalucía resolviera a finales de mayo que es “nula de pleno derecho” por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

Era el penúltimo trámite en el expediente administrativo que tramita el Ayuntamiento para cumplir la sentencia que le obliga a ello, tras advertencia de los jueces. Tras este dictamen, el Pleno (responsable de conceder la licencia en su día, aunque delegó en otro órgano) debía pronunciarse para resolver el expediente, pero en lugar de eso, ha adoptado una moción para retrasar la votación, presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (PP), que ha obtenido el voto favorable de los cinco ediles del PSOE (liderados por el exregidor José Luis Amérigo) y de la otra concejala no adscrita antes en el PP, Ángeles Carrillo.

De esta forma, el Pleno ha aprobado por siete votos a favor y cinco en contra (los del alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos- y los cuatro del PP) la propuesta de Cayuela, quien ha solicitado aplazar la deliberación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, del que se podrían derivar responsabilidades “patrimoniales”.

Minutos después de conocerse este nuevo retraso, Greenpeace ha solicitado al TSJA que se deduzca testimonio y dé traslado a Fiscalía para investigar a los miembros de la corporación por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia. También ha reiterado una petición que lleva años formulando: que sean los jueces quienes ejecuten directamente, a la vista de que el Ayuntamiento siempre tropieza, queriendo o sin querer, con algún obstáculo.

También Salvemos Mojácar, la organización que logró en 2006 la paralización de la obra, ha anunciado que presentará “hoy mismo” una querella por prevaricación contra quienes han votado a favor o se han abstenido para posponer el Pleno, y ha pedido al PSOE que expulse a sus ediles en el municipio.

Los ecologistas llevan años denunciando las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, sus alcaldes y concejales, hasta el punto de pedir el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También lo ha denunciado la Junta de Andalucía, y los propios tribunales han advertido a los sucesivos alcaldes por multas por retrasarse en esta sentencia y en la que obliga a clasificar el paraje como no urbanizable (firme desde 2021 y dada por cumplida el pasado febrero), sin llegar nunca a imponer sanciones. En marzo de 2025 dieron un mes de plazo al alcalde para ejecutar su sentencia, bajo advertencia de denunciarlo si no a Fiscalía.

Falta de “información esencial”

El expediente para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) de julio de 2021, firme desde diciembre de 2022, lleva tramitándose casi año y medio. El Ayuntamiento lo abrió a la fuerza en marzo de 2025, tras iniciarse un procedimiento de ejecución judicial por la falta de ejecución voluntaria. Desde entonces, se han acumulado retrasos y errores que han llevado a los magistrados con advertir de que impondrían multas a los responsables municipales si no se cumplía su sentencia. La pasada semana el Gobierno central se personó en este procedimiento de ejecución, al entender que guarda conexión con la expropiación de la parcela que impulsa desde el año pasado.

Tras la lectura del informe de la secretaria, favorable a votar la nulidad de la licencia, ha tomado la palabra José Luis Amérigo, portavoz del PSOE, alcalde de Carboneras entre 2019 y 2023, y sobrino de Cristóbal Fernández, el alcalde cuando se concedió la licencia. Amérigo ha insistido en que no se opone a cumplir las resoluciones, pero ha asegurado que no podía votar a favor porque el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Amérigo echa en falta estimación económica, informe de intervención e informe jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Ha sido Felipe Cayuela (no adscrito) quien ha pedido que “el expediente quede sobre la mesa” “hasta una próxima sesión”, una vez que los concejales tengan varios informes: uno económico-financiero sobre los riesgos patrimoniales; otro jurídico sobre las posibles responsabilidades de otras administraciones públicas que contribuyeron al impulso del edificio legal; y otro informe técnico para evaluar las posibles consecuencias urbanísticas de anular la licencia. El objetivo del aplazamiento sería, ha dicho, que la Corporación disponga de “toda la información necesaria” para valorar las consecuencias para el Ayuntamiento y los vecinos antes de votar una resolución definitiva.

La propuesta que debían votar contempla posibles responsabilidades económicas. Según Cayuela, el Ayuntamiento ni siquiera tiene medios para entrar a un estudio en detalle de estas cuestiones. A su salida del Pleno, ha resaltado que Carboneras no puede votar a favor de dar un “cheque en blanco”.

Sólo Lorenzo González Belmonte, concejal de Urbanismo (PP) ha defendido votar a favor de la nulidad de la licencia “por obligación y responsabilidad”, como “acto debido” obligado por la sentencia y el dictamen del Consultivo. González Belmonte ha cargado las culpas de El Algarrobico sobre el PSOE, que gobernaba la Junta y el municipio cuando se otorgó la licencia. “El grupo popular de Carboneras no se está posicionando a favor o en contra de El Algarrobico, sino siendo responsable y dando cumplimiento a la sentencia”.

La revisión de oficio de la licencia, que era el acuerdo propuesto inicialmente a Pleno, contaba con el informe favorable de la secretaria municipal, y había quedado fijada para un Pleno extraordinario este miércoles, que tenía esa cuestión como único punto del orden del día. La propuesta de resolución que finalmente no se ha votado declaraba el “vicio de nulidad” del acto administrativo que concedió la licencia de obras al Hotel Azata del Sol.

El acuerdo que se iba a votar también recogía un punto relativo a la “obligación de indemnizar” a la promotora que obtuvo la licencia, señalando que era “necesario deducir a posteriori” un procedimiento específico para “evaluar económicamente las cantidades que eventualmente pudieran derivarse”, asegurando que en este momento el Ayuntamiento no puede asumir ese estudio.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia; un paso al que espera la Junta de Andalucía para convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

El 38,76% de universitarios andaluces se ha planteado en alguna ocasión abandonar sus estudios, siendo el estrés o la ansiedad el principal motivo señalado por el 75,6% de entre quienes han contemplado esta posibilidad; un dato que sitúa el “bienestar emocional” del estudiantado como una “dimensión clave” para cualquier política universitaria de conciliación.

Así se desprende de las conclusiones alcanzadas a través del primer estudio interuniversitario sobre conciliación y corresponsabilidad en la comunidad universitaria andaluza elaborado por las universidades de Almería, Córdoba y Pablo de Olavide que ha sido presentado en la UAL.

A través de encuestas a 1.498 personas en los tres campus andaluces, el informe constata que la brecha de género en el reparto de los cuidados persiste en la universidad ya que, según sus cifras, las mujeres dedican una hora y media más al día que los hombres al cuidado de personas dependientes y sufren en mayor medida el impacto de la maternidad en sus carreras profesionales.

El estudio incorpora también la perspectiva del estudiantado, sentido en el que pone de relieve que las dificultades de conciliación no afectan únicamente al personal universitario. El 48,4% del alumnado considera que no puede compaginar adecuadamente sus estudios con el resto de sus responsabilidades.

Brecha de género

Los cuestionarios se han dirigido tanto a alumnos como a Personal Docente e Investigador (PDI/PI) y a Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) de los tres campus, junto con grupos de discusión y entrevistas semidirigidas a agentes clave. El diseño coordinado y la aplicación simultánea en las tres universidades permiten, por primera vez en Andalucía, ofrecer una lectura comparada y transferible de la situación, identificando tanto los patrones comunes como las particularidades de cada institución.

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la persistencia de la brecha de género en el reparto de las responsabilidades domésticas y de cuidado. En los tres campus, las mujeres del PDI/PI y del Ptgas dedican, en promedio, cinco horas y once minutos al cuidado de personas dependientes frente a las tres horas y 38 minutos de los varones. Asimismo, destinan 14 minutos más a las tareas del hogar.

Entre el estudiantado, las mujeres dedican más tiempo que los hombres tanto al estudio como a las tareas domésticas, mientras ellos disponen de mayor tiempo de ocio. Esta sobrecarga tiene consecuencias directas sobre las trayectorias profesionales femeninas.

Así, el 67% de las mujeres del PDI/PI considera que la maternidad o la paternidad ha perjudicado su carrera, frente al 47,9% de los hombres. Además, las mujeres renuncian en mayor medida a actividades académicas clave: el 77,4% ha rechazado estancias de investigación nacionales o internacionales (frente al 66,2% de los hombres) y el 52,9% ha renunciado a elaborar publicaciones científicas (frente al 34,2%).

El impacto es igualmente significativo en el colectivo Ptgas: el 50,8% de las mujeres Ptgas considera que la maternidad ha perjudicado su desarrollo profesional, frente al 32,3% de los hombres.

Cultura de la 'hipersensibilidad'

El personal docente e investigador de las tres universidades muestra niveles “preocupantes” de “desbordamiento laboral”. El 91,4% afirma llevarse trabajo a casa habitualmente, y solo el 23,3% logra desconectar al terminar la jornada. Por otra parte, el 74,5% considera que no existe un equilibrio adecuado entre sus responsabilidades docentes y el tiempo necesario para investigar.

El agotamiento emocional afecta al 47,9% del total, con una brecha de género significativa: el 50,2% de las mujeres declara agotamiento frente al 43,8% de los hombres. El estrés o la ansiedad alcanzan al 91,6% del PDI/PI. El informe busca sentar las bases para el diseño de los Planes de Conciliación y Corresponsabilidad de cada una de las tres universidades. Entre las medidas más valoradas por la comunidad universitaria figuran la flexibilidad horaria, el teletrabajo excepcional por cuidados, las ayudas de acción social y el apoyo a la salud mental.

El estudio identifica también los principales obstáculos: la escasa difusión de las medidas existentes, la cultura de presentismo, el temor a la estigmatización por solicitar permisos y la rigidez normativa. La dimensión compartida y comparada del documento permite ver qué problemas son estructurales y atraviesan a las tres universidades, y también qué matices o necesidades específicas aparecen en cada campus.

Avanzar en conciliación

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UAL, Maribel Ramírez, ha explicado que el informe “no es solo un diagnóstico, sino una base real para seguir avanzando en políticas de conciliación y corresponsabilidad dentro de la universidad”.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social de la Universidad de Córdoba, Sara Pinzi, ha destacado que la mayor parte de los problemas detectados son estructurales y comunes en las tres universidades, si bien es cierto que cada una tiene sus peculiaridades. “Hay problemas que hay que abordar desde la política regional y nacional y del propio sistema universitario. Hemos también analizado buenas prácticas que se pueden replicar en las tres universidades. Notamos que hay demandas comunes entre el Personal Docente e Investigador, el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios y el estudiantado”, ha indicado.

La delegada del rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, Mónica Domínguez, ha indicado que “hemos percibido que lo estructural predomina de lo particular porque al final esto es una cuestión de género y queda muy patente en este estudio”. En cuanto a reivindicaciones específicas, Domínguez ha advertido problemas en la difusión de medidas que ya existen y no son conocidas así como la situación en la que hay mujeres que “muchas veces no piden los permisos por miedo al qué dirán”.

La firma de una declaración institucional vuelve a situar sobre la mesa una reivindicación que en Almería se repite desde hace más de dos décadas: la creación de un corredor ferroviario que conecte la capital con la comarca del Poniente. No es una idea nueva ni un proyecto cerrado, sino una aspiración que ha ido apareciendo y desapareciendo de los planes de movilidad sin llegar nunca a ejecutarse.

Ahora, la Mesa del Ferrocarril ha conseguido que distintas instituciones se sienten en torno a un mismo documento para escenificar un apoyo conjunto a una infraestructura que, sobre el papel, podría articular el principal eje urbano y económico de la provincia. La cita para la firma se ha pospuesto por cuestiones de agenda, pero se prevé que se formalice en la Universidad de Almería. Sin embargo, la propuesta vuelve a poner el foco en un área que concentra a más de medio millón de personas entre la capital y el Poniente, una de las mayores aglomeraciones urbanas del sur peninsular sin una red de cercanías ferroviarias.

La idea de un corredor ferroviario entre Almería y el Poniente no es nueva y ha ido casi paralela a la del Corredor Mediterráneo. Forma parte de una secuencia de intentos de planificación que se remonta, al menos, a finales de los años noventa, cuando distintos estudios ya apuntaban a la necesidad de prolongar el eje ferroviario hacia la zona occidental de la provincia. De hecho, en 2008 llegó a plantearse un sistema tranviario metropolitano que no llegó a materializarse tras la crisis económica. Años después, el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense (POTPA) incluyó la previsión de un corredor paralelo a la autovía. Sin embargo, la reserva efectiva de suelo nunca llegó a consolidarse.

Para evitar que se perdiese el proyecto entre promesas, la Mesa del Ferrocarril retomó esa demanda en 2020 mediante alegaciones a la planificación territorial autonómica, en las que pedía algo concreto: blindar el trazado para evitar que el desarrollo urbanístico cierre definitivamente la posibilidad de construirlo en el futuro.

Un corredor necesario

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, cree que el tren aún no es una realidad por un hecho muy sencillo: el problema no es la ausencia de estudios, sino la falta de ejecución política. “Esto es una reivindicación de hace muchos años. La mesa se constituye como plataforma para plantear soluciones de movilidad en el corto, medio y largo plazo”, explica. En ese recorrido, asegura, se han presentado alegaciones y propuestas para que la administración autonómica reserve un corredor ferroviario a lo largo del Poniente. Sin embargo, sostiene que ese objetivo no se ha materializado en la planificación vigente.

“El problema es que cada administración traslada la responsabilidad a otra. Y mientras tanto, el corredor sigue sin reservarse”, apunta. Para la Mesa, la clave no es únicamente construir la infraestructura, sino evitar que sea imposible en el futuro por la ocupación del suelo. No en vano, el argumento central del proyecto es demográfico. Según los datos que maneja la Mesa, en el Poniente viven alrededor de 330.000 personas, a las que se suman las aproximadamente 220.000 de la capital. En total, unos 550.000 habitantes en un mismo eje territorial sin conexión ferroviaria metropolitana.

“En ninguna comarca del país con este volumen de población no existe tren de cercanías. Es una anomalía”, sostiene Tejada. La movilidad diaria entre municipios como Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido o Adra y la capital depende casi exclusivamente de la autovía A-7 y del vehículo privado. La Mesa estima que en la comarca circulan más de 130.000 turismos, sin contar vehículos comerciales o de transporte. El resultado, según su diagnóstico, es un modelo de movilidad basado en el coche como única opción real para desplazamientos cotidianos.

Más allá del transporte de pasajeros, el proyecto incorpora una dimensión logística. El Poniente concentra alrededor del 70% de la producción agrícola de la provincia, un sector que genera millones de toneladas de frutas y hortalizas cada año con salida casi exclusiva por carretera. La Mesa plantea que un futuro corredor ferroviario podría incorporar también usos vinculados al transporte de mercancías, lo que permitiría reducir tráfico pesado en la red viaria y mejorar la eficiencia logística del principal motor económico de la provincia.

El diseño del corredor no está definido. La propuesta más extendida plantea un sistema de cercanías o tranvía metropolitano que conecte la capital con el Poniente a lo largo del eje costero. Sin embargo, el propio coordinador de la Mesa reconoce que se trata de un proyecto complejo, condicionado por la densidad de invernaderos y la ocupación del suelo en buena parte del trazado. Entre las alternativas estudiadas, se ha llegado a plantear el uso de la mediana de la autovía en determinados tramos, una solución ya aplicada en otros entornos metropolitanos. En cualquier caso, las estimaciones económicas apuntan a una infraestructura de gran envergadura, con costes que en estudios previos se situaban en torno a los 1.200 millones de euros en algunos tramos iniciales.

Apoyos institucionales, pero sin hoja de ruta

El proyecto cuenta desde hace tiempo con respaldo político en distintos niveles institucionales, aunque nunca se ha avanzado más allá de las promesas. En el ámbito local, municipios como Roquetas de Mar o El Ejido han aprobado mociones de apoyo al corredor ferroviario. El alcalde ejidense, Francisco Góngora, ha señalado que se trata de infraestructuras que requieren planificación a largo plazo: “Son proyectos que pueden tardar años, así que tenemos que empezar a dar pasos decisivos para que sea una realidad”. En el mejor de los escenarios, desde la Mesa calculan que el tren no entraría en funcionamiento hasta dentro de una década, siempre en función del proyecto que acabara ejecutándose.

No obstante, el Ayuntamiento de Almería también se ha posicionado a favor de mejorar la conectividad entre la capital y su entorno metropolitano. Defiende que este tipo de infraestructuras permitirían descongestionar el tráfico y avanzar en sostenibilidad, aunque reconoce la complejidad administrativa y económica del proyecto. “Entendemos que más tarde o más temprano tendrán que llevarse a cabo esos proyectos”, señalan desde el Consistorio.

La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que el Cercanías del Poniente ya aparece en la planificación estratégica de movilidad autonómica, tanto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía 2030 como en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería. No obstante, subraya que se trata de un estudio de viabilidad y que la competencia ferroviaria corresponde al Estado.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería, el Ejecutivo central se muestra favorable a la iniciativa, aunque insiste en la necesidad de cooperación entre administraciones. “No es una infraestructura que pueda hacerse de un día para otro, pero nos obliga a repensar cómo queremos que sea Almería a medio y largo plazo”, señalan. El subdelegado, José María Martín, defiende además abrir el debate sobre el reparto de competencias en materia ferroviaria y plantea la necesidad de sumar voluntades institucionales para avanzar. Por último, la Diputación de Almería, sin embargo, no ha respondido a las reiteradas consultas de este medio sobre su posición respecto al proyecto.

Se trata por lo tanto de un proyecto con un amplio respaldo político y técnico en el discurso, pero sin avances concretos en su ejecución. La Mesa del Ferrocarril insiste en que el objetivo inmediato no es construir la infraestructura, sino asegurar su viabilidad futura mediante la planificación del suelo. El debate, sin embargo, sigue abierto entre administraciones que coinciden en la necesidad del corredor, pero discrepan sobre quién debe impulsarlo y cuándo.

Mientras tanto, el Poniente almeriense continúa dependiendo casi en exclusiva de la carretera para sus desplazamientos cotidianos, en un territorio donde la movilidad sigue siendo, más que una cuestión técnica, un problema estructural sin resolver.

Una niña ha fallecido en la tarde de este sábado en la playa de Costacabana en Almería capital, según han confirmado los servicios de Emergencias del 112.

El teléfono 1-1-2 recibió a las 18:55 horas de ayer una llamada de socorro que alertaba de que había desaparecido una niña de 12 años que estaba en el agua, en el último espigón al final de la playa, sentido El Alquián. De inmediato, la sala coordinadora activó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Salvamento Marítimo, al Servicio de Playas y a Protección Civil.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil y un equipo médico de La Cañada. A pesar de los intentos de los servicios sanitarios por salvarle la vida, la menor finalmente resultó fallecida. Fuentes policiales informaron de que quedó activado el protocolo judicial.

Durmiendo en el suelo, sin ventanas en las celdas, con suciedad y falta de medios para quejarse de la situación en la que se encuentran, las personas que son detenidas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería llevan 14 años sufriendo las condiciones penosas de las instalaciones que los acogen después de llegar al país en largas travesías donde se exponen a perder sus vidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, ha emitido hasta 13 sugerencias en el último control que se dio en la provincia, pese a que varias de ellas llevan varios años siendo reiteradas ante la Dirección General de la Policía, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La ficha de seguimiento del CATE fue actualizada por completo el pasado 26 de mayo y se incluye en el informe del año 2025 presentado por Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados. La función del MNP consiste en supervisar los lugares de privación de libertad en el país de acuerdo con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT). Las visitas se hacen de manera aleatoria y sin previo aviso, cuyo objetivo es revisar el estado del sistema y garantizar la integridad y dignidad de las personas que desembarcan en el país.

Con respecto al CATE de Almería, los días 25 y 26 de junio del año pasado, el director y una técnica del MNP, junto a un técnico del área de Migraciones e Igualdad de Trato, y otro técnico del área de Seguridad y Justicia del organismo, realizaron el examen en el puerto almeriense y, posteriormente, en Motril. En esta inspección, se mantuvieron entrevistas con agentes de la Policía Nacional y personal de Cruz Roja, entidad contratada por la Secretaría de Estado de Migraciones, pero no se pudo contar con el testimonio de personas detenidas al no haber ese fin de semana.

Entre las observaciones más destacables, el organismo se refiere a los techos del módulo en el que se mantienen a los menores que llegan a la costa andaluza sin compañía. De estas estructuras se pueden fijar colgaduras, por lo que son “susceptibles” de ser “utilizados para conductas autolíticas, lo que puede comprometer su indemnidad”. Una llamada de atención reiterada y que se dio ya en 2014. La solución era sustituir el material, pero no se ha adoptado “ninguna medida”, aunque la Dirección General de la Policía adelanta en el escrito enviado el 11 de junio como respuesta que se estudiarán las medidas para abordarlo “este mismo año”.

“Constituye un trato indigno y degradante”

Lo primero que reseñan desde MNP es que las instalaciones “necesitan mantenimiento y limpieza”, especialmente para combatir el óxido de la valla perimetral que rodea el CATE, al igual que piden que se retire la basura en un pasillo donde se realiza la primera atención humanitaria. Entre las carencias más graves, se constata que no hay ningún tipo de mobiliario en las celdas de los varones adultos y de los menores no acompañados, impidiendo que descansen en buenas condiciones.

Pese a que en las anteriores visitas se dio cuenta de este conflicto, como queda reflejado en los informes de 2022, 2020, 2019, 2017, 2014 y 2011, todavía no hay una solución efectiva. “Desde 2011 se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se instalen literas y se evite que personas que llegan a las costas españolas después de una dura travesía y en condiciones físicas y psicológicas muy deterioradas, deban sentarse y dormir en el suelo”, subraya el escrito, “es una práctica que constituye un trato indigno y degradante, muy especialmente entre personas menores de edad sin cuidadores adultos”.

“En 14 años transcurridos desde la primera visita del MNP a estas instalaciones, la Administración podría haber buscado una solución que armonizara las necesidades de seguridad con el deber de evitar situaciones degradantes para las personas bajo custodia, o que incluso sean contrarias a su bienestar e integridad física y psicológica”, tachando la respuesta otorgada por instancias superiores de “contraria” a los derechos fundamentales. “La argumentación alegada no justifica la negativa a dotar a las instalaciones del mobiliario necesario para una estancia digna”, a lo que añaden que hay un peor trato para estas personas que para las que están detenidas en otros CATE o en el propio módulo para mujeres y niños, donde sí hay mobiliario “para no tener que dormir y acostarse en el suelo”.

En estas mismas celdas para los varones adultos hay otros hándicaps, ya que carecen de ventanas que provocan la falta de ventilación. “Las paredes de las celdas presentan, en el momento de la visita, un aspecto muy sucio y descuidado, y están llenas de pintadas”, describen, “no hay acceso a los baños desde las celdas de los varones adultos y no resulta posible el acceso a espacios al aire libre desde la celda”, al contrario de lo que sucede en otros centros de acogida, para lo que citan a las dependencias habilitadas en Gran Canaria, Tenerife, Málaga o Motril. Además, los cubos de basura están cerca de los cubículos, provocando riesgos para la salud, y, entre los puntos que se recogen, recomiendan instalar toldos u otros elementos que den sombra y “habilitar espacios para que las personas detenidas puedan acceder a zonas al aire libre durante su estancia”.

Sin sistema sonoro de seguridad ni contacto exterior

En cuanto a la seguridad, todas las celdas del CATE carecen de sistema sonoro de llamada. “Este hecho dificulta que el personal de custodia pueda prestar la necesaria asistencia a los internos ante cualquier incidente o vicisitud ocurrido durante la custodia, que ponga en riesgo la seguridad o integridad de las personas detenidas”, especifican. Para paliar esta falta, se hacen rondas durante la noche, sin embargo, los agentes solo escuchan las llamadas de voz una vez están delante de un módulo en concreto. “No cabe concebir una instalación pública en la que la atención precisa haya de ser reclamada mediante llamadas de voz”, advierten, aparte de que el cierre de las puertas de todas las celdas y módulos del CATE es manual, lo que puede “poner en riesgo la vida y la integridad física” de los detenidos.

Con relación a los recursos para los extranjeros, faltan fuentes de agua potable en las instalaciones donde duermen y carecen de libro de quejas y sugerencias en el propio edificio debido a que se encuentran en la comisaría por donde no pasan los individuos, refleja el MNP. Por otra parte, se les retira el móvil una vez dentro del CATE, a diferencia del protocolo en otros centros, como Barranco Seco. “El conjunto de estas medidas imposibilita el contacto con el exterior, generando un sufrimiento innecesario en las personas extranjeras y sus familiares, que no pueden saber que han llegado con vida a tierra firme” y, a su vez, “esta incomunicación puede perjudicar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa o un sufrimiento innecesario porque limita la comunicación con su letrado o personas de confianza”.

A esta falta de comunicación habría que añadir que en el CATE de Almería el responsable del turno saliente durante los relevos no deja constancia de las incidencias habidas en el turno por escrito. Se comunica “solo de forma verbal” las incidencias y las circunstancias relevantes de la custodia, como la presencia de personas detenidas con necesidades especiales. Una cuestión que va contra lo establecido en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, recuerda el ente, para lo que recomienda una vez más que haya registro de lo sucedido durante las guardias.

Respuesta del Ministerio del Interior

En la ficha actualizada de mayo no constan las respuestas por parte de la administración a las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo, aunque en anteriores ocasiones se ha aludido a la falta de presupuesto o a las medidas de seguridad vigentes para justificar alguna de las actuaciones, como que no haya camas. A tenor de la falta de literas, ya en el año 2011 se hacía constar en el informe de la MNP que la carencia de este mobiliario “afectaba” al descanso de los recién llegados. “Se ha solicitado que se subsane esta deficiencia”, ya que, observa el escrito, “no deberían dormir en colchonetas extendidas en el suelo”. Una década más tarde, permanecen.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio del Interior confirman que la Dirección General de la Policía remitió el 11 de junio por escrito las respuestas al Defensor. En el documento, trasladan, se aclaran las peticiones de información y se atienden la mayor parte de las sugerencias formuladas por la institución. En este sentido, adelantan que está prevista “para este mismo año” la instalación de los elementos de sombra y, también, la colocación de los carteles para indicar cuáles son las zonas con videovigilancia. Además, indican que “se están estudiando ya” la forma de intervenir en el techo del módulo de menores.

No obstante, la Dirección General plantea que hay sugerencias “que ya se aplicaban en el momento de la visita realizada a las instalaciones”, como la existencia de colchones ignífugos, así como la presencia de un sistema de mantenimiento permanente y del abastecimiento de agua potable “que atiende en todo momento las necesidades de las personas del centro”. También, confirma la existencia de un libro de quejas y sugerencias y de un libro de relevos.

Uno de los exadministradores de la empresa OYC Servicios Urbanos investigado en el caso Mascarillas ha señalado este jueves al hijo del exalcalde de Fines como el verdadero responsable de la mercantil señalada como una de las sociedades empleadas en el seno de la trama para la obtención de contratos de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines con los que conseguir el supuesto cobro de comisiones.

Fuentes presentes en el interrogatorio han explicado a Europa Press que el investigado, quien apenas estuvo siete meses como administrador de la sociedad entre julio de 2019 y enero de 2020, se habría limitado a seguir las instrucciones de Rodrigo Sánchez López sin que llegara a administrar 'de facto' la empresa a la que accedió siendo director de obra.

En esta línea, ha negado a preguntas del juez instructor Manuel Rey Bellot, la Fiscalía y de su abogado, Juan Marfil, que él como administrador llegara a representar a la empresa en las mesas de contratación a la hora de concurrir en licitaciones de obra con las administraciones públicas, sentido en el que ha reducido su papel al de un mero 'mandado'.

Firma de documentos

Según su versión, era el hijo del exalcalde -a su vez, primo del exvicepresidente de Diputación y exdiputado de Fomento Óscar Liria- quien le manifestaba qué obras y actuaciones se le habían concedido a la mercantil para que pudiera ponerse al frente de los trabajos una vez ya conseguidos los contratos. El investigado ha reconocido, no obstante, haber firmado documentos ante notario en representación de OYC cuando era requerido para ello aunque, según ha dicho, bajo cierto desconocimiento de las funciones que realizaba más allá del papel de “socio” que creía encarnar.

Con ello, ha explicado que fue él mismo quien a los pocos meses decidió marcharse de la compañía que, según los indicios de los investigadores, llegó a obtener contratos con la institución provincial así como con el Consistorio finense por un importe de más de 1,2 millones de euros solo entre 2020 y 2024, aunque 'los Rodrigos' habrían ejercido control sobre la empresa al menos desde 2017.

De acuerdo con su versión, el hijo del exprimer edil de Fines habría empleado a administradores temporales para estar al frente de la empresa, varios de los cuales tienen previsto declarar este viernes ante el juez instructor junto con el exvicepresidente segundo de la Diputación Fernando Giménez, quien habría solicitado comparecer después de que su intervención quedara suspendida el primer día por enfermedad de su letrado.

“Actividad ficticia y simulada”

Dicha versión coincide con los indicios que maneja la UCO, desde la que se asegura que padre e hijo se habrían servido de terceras personas para “velar” la administración por su parte de la sociedad investigada.

Los indicios que obran en la instrucción apuntan a una “actividad ficticia y simulada” de OYC, ya que su verdadero propósito sería el desarrollo de “una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos”, para lo que además el exalcalde de Fines se habría aprovechado del cargo que ostentó durante 22 años en el Ayuntamiento.

Durante la ronda de comparecencias también ha declarado un segundo empresario que la Guardia Civil vincula, junto con Óscar Liria, a la mercantil Pulconal, de modo que dicha relación se habría producido a través del empresario Kilian López, el supuesto 'conseguidor' del contrato de dos millones de euros de mascarillas que originó la investigación.

El investigado se ha reconocido como empresario de la comarca del Mármol aunque se ha desligado de los negocios que se le atribuyen en la investigación con Kilian López, con el que sí ha reconocido otras relaciones comerciales e incluso algún préstamo monetario ocasional.

Durante el jornada, el juez ha accedido además a la comparecencia de Hortensia L., la tía del supuesto 'comisionista' quien se ha acogido a su derecho a no declarar al igual que el exalcalde de Fines, ambos representados por el abogado Evaristo Llanos, y el hijo del exalcalde. La investigación de la UCO señala a la mujer como una de las personas de las que se habría servido la trama para hacer entregas de dinero en metálico procedentes de las supuestas comisiones percibidas a los padres de Óscar Liria en enero de 2021.

El exalcalde de fines no declara

El exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez Simón, investigado en el caso Mascarillas por supuesta contratación irregular con la Diputación de Almería a través de empresas para el cobro de comisiones, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el juez instructor, Manuel Rey Bellot, a la espera de obtener nuevos informes encargados a la UCO de la Guardia Civil.

El exprimer edil ha abandonado la Ciudad de la Justicia junto a su hijo, el también investigado Rodrigo Sánchez López, a través del acceso secundario de la Fiscalía de Menores apenas 45 minutos después de haber llegado para comparecer ante el juez sin ofrecer comentarios a los periodistas que aguardaban su salida.

El letrado del exalcalde, Evaristo Llanos, ha explicado previamente que se han requerido hasta en tres ocasiones esos informes “definitivos” derivados de la intervención de documentación así como de los dispositivos móviles y ordenadores de los registros practicados el pasado mes de noviembre en el Ayuntamiento de Fines, su domicilio y la sede de las empresas a las que se le vincula.

“Cuando lleguen y tengamos toda la documentación, pues podremos ilustrarnos debidamente y contestar a las preguntas que sean precisas”, ha manifestado el abogado minutos antes de iniciar la ronda de comparecencias en la que también han sido citados a declarar dos empresarios ligados a entidades de la trama.

El representante legal del exprimer edil también ha reducido las sospechas sobre la supuesta procedencia ilícita de 119.950 euros que Rodrigo Sánchez Simón y su hijo cargaron envueltos en una funda de almohada en su vehículo desde la casa del padre del exvicepresidente de la Diputación Óscar Liria --a su vez, tío y primo de los investigados-- en la mañana del 15 de junio de 2021, cuando se registraba el domicilio de este último.

El “epicentro” de la trama

El abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador, se ha referido a este extremo a su llegada a los juzgados, donde ha destacado la relevancia de las declaraciones previstas al considerar Fines como el “epicentro” de la trama. “Desde pequeño me han enseñado que el dinero se guarda en las libretas de ahorros. Solamente conozco la situación de Fines como lugar donde el dinero se guardaba en fundas de almohada”, ha apuntado el letrado, quien ha señalado que será el juez quien diga si esta situación se corresponde con un indicio delictivo o con una anécdota.

Acompañado del abogado José María Terrés, el representante de la acusación popular confía en que las declaraciones permitan esclarecer el destino del dinero que se generó a través de las supuestas comisiones en el municipio, que ve como uno de los “símbolos” de la trama ya que, según ha recordado, el pueblo cuenta con un teatro con el nombre de Javier Aureliano García.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha convocado para el próximo miércoles, 17 de junio, una sesión plenaria extraordinaria en la que se abordará únicamente la adopción de un acuerdo plenario destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico para avanzar a su anulación. Ante este paso, el alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tengan “altura de miras” de cara a articular una “solución definitiva” al “conflicto”, sentido en que espera el “respaldo” de ambas administraciones así como que se “compense del daño” sufrido a este pueblo costero.

La sesión plenaria, prevista a partir de las 9 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba luz verde a la propuesta de resolución del procedimiento. En concreto, se centra en el permiso concedido en enero de 2003 a Azata del Sol para posibilitar la construcción del inmueble en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el asunto ha sido examinado este mismo miércoles en comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía, donde ha contado con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

El pueblo de Carboneras, “perjudicado”

Ante este nuevo paso que se va a dar, el regidor, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que “el Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado sólo hay uno, que es el pueblo de Carboneras”, ha valorado Hernández, quien confía en que ambas administraciones ayuden al municipio “a salir de esta situación de la mejor manera posible”.

“El Ayuntamiento de Carboneras cumple con lo que ordena la Justicia”, ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que la “obligación” municipal “es elevar a pleno la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel” concedida en enero de 2003 y sobre la que el TSJA ordenó su revisión en 2021 al haberse edificado en suelos no urbanizables de especial protección.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba “nula de pleno derecho” principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Convocatoria de la comisión Junta-Estado

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia. Tras este paso, la Junta de Andalucía ha anunciado que convocará la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Cabe recordar que la propuesta instará al pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir a posteriori un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así “determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente” qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

La declaración judicial del exvicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Almería Fernando Giménez, prevista para este jueves en el marco del caso Mascarillas, que investiga el cobro de comisiones de altos cargos del PP en esa institución a cambio de conceder contratos supuestamente irregulares, ha quedado suspendida por la indisponibilidad de su letrado.

Varias fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press la suspensión de su declaración, para la que habrá que fijar nueva fecha, debido a los problemas médicos alegados por su representante legal, quien durante la jornada de este miércoles solicitó el aplazamiento.

Giménez era el primeros de los 43 investigados llamados a declarar por el instructor Manuel Rey Bellot en la ronda que se inicia este jueves, en la que también está previsto que comparezca --por videoconferencia a partir de las 11:45 horas-- el empresario y supuesto comisionista Kilian L.S., quien habría intervenido en el contrato de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en abril de 2020 con un supuesto sobrecoste de 945.327 euros, conforme a los informes de la UCO.

Sin la declaración de Giménez, son cuatro los imputados a los que se espera tomar declaración a lo largo de la jornada.

Mascarillas, contratos de obra y dientes

Según los investigadores de la UCO, el exvicepresidente segundo y exdiputado provincial de Presidencia estaría situado en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte el expresidente de Diputación Javier Aureliano García, detenido el pasado noviembre, quien declarará el 26 de junio, y el exvicepresidente tercero Óscar Liria, cuya declaración está prevista para este viernes.

La detención de este en junio de 2021 dio origen a la primera fase de la investigación por la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas por el que la trama habría cobrado comisiones de casi un millón de euros; las pesquisas se ampliaron luego a contratos de obras en pequeños municipios.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante. La UCO cree que el expresidente de la Diputación, del que pinchó el teléfono, pagó una hipoteca con dinero de las mordidas.

En las conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos o tres muelas”, “tengo las muelas picadas” o “sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”, entre otras.

El incendio forestal declarado en los términos municipales de Almería y Huércal de Almería suma ya siete medios aéreos, entre ellos un helicóptero pesado desplazado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que buscan contener el avance de las llamas que afectan a una vasta área de matorral impulsado por el viento y las altas temperaturas de la jornada.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado desde donde se coordinan las labores de extinción ante un incendio cuyo origen se ubicó inicialmente en Alhama de Almería pero que Martín ha concretado en el paraje El Pocico situado en la zona minera de La Vagoneta, en Almería.

Martín ha detallado que las llamas no han alcanzado el término municipal de Enix aunque ha confirmado que durante la jornada de este jueves hubo un segundo foco de incendio, que quedó en conato, en el término municipal de Benahadux a raíz de que prendieran unos generadores, de modo que el Ayuntamiento llegó a activar su plan de emergencias al situarse en un espacio cercano a la población.

Las altas temperaturas obligaron durante la jornada de este jueves a que dos bomberos tuvieran que ser “despejados” temporalmente, aunque luego volvieron a operar para frenar este fuego que se produce fuera del periodo de alto riesgo de incendios forestales, que arranca oficialmente el próximo 1 de junio.

Fase de preemergencia

Así, se mantiene la fase de preemergencia activada en la región, donde en las últimas horas se han dado fuegos también en Huelva, Cádiz, Málaga y Jaén, sin que por el momento se plantee subir a situación operativa 1, ya que no se observa peligro para los ciudadanos.

La delegada ha valorado la incorporación de nuevos medios, algunos de ellos procedentes de Granada, junto con cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción de incendios, una unidad médica y camiones autobomba, entre otros medios a los que se unirán dos nuevas brigadas con un técnico de operaciones.

El objetivo, según ha comentado, es que el incendio no se propague hacia zonas de difícil acceso y que las llamas corran “a lo largo de toda la Sierra de Gádor”. “En principio parece que los trabajos están funcionando bien. Nosotros, como siempre, confiamos en los medios aéreos”, ha explicado Martín.

Se desconocen las causas

La representante de la Junta se ha mostrado “prudente” a la hora de determinar las causas del incendio, del que aún no se han ofrecido estimaciones oficiales de terreno afectado, puesto que el origen aún está en fase de investigación por parte de la Guardia Civil y distintos cuerpos de Policía Local del área metropolitana, además de por los propios medios del Infoca.

En cualquier caso, ha incidido en las dificultades que entraña su extinción dada la masa forestal de matorral y monte bajo existente, que supone “mucho combustible” en la zona. “Vamos a hablar seguramente de un gran número de hectáreas, pero estamos hablando de una vegetación que se regenera muy rápidamente”, ha añadido.

El propietario del bar La Posada, que resultó herido el pasado Miércoles Santo a causa de las explosiones que se registraron en su negocio ubicado en la zona de Plaza de Toros de Almería, ha fallecido al no lograr sobreponerse de sus quemaduras por las que fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Fuentes próximas a la víctima han confirmado a Europa Press la muerte de este hombre, la segunda a causa del suceso que se cobró la vida de un hombre de 81 años que se vio afectado por la detonación cuando se encontraba a las puertas del negocio en la tarde del pasado 1 de abril. Además, se registraron otros dos heridos.

El suceso se produjo sobre las 17.20 horas cuando el 112 recibió numerosos avisos por una deflagración en el número 53 de la calle Conde Villamonte, el cual ocasionó un incendio en el local y la caída de parte de la fachada.

Un escape de gas

Los indicios previos a la exploración de la Policía Científica, que junto con Policía Local y Bomberos de Almería acordonaron la zona, apuntaban a un escape de gas. No obstante, el inmueble no se vio afectado, conforme a las revisiones hechas desde el Ayuntamiento.

El propietario del bar y otro de los afectados fueron evacuados inicialmente al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Las quemaduras obligaron al traslado del herido al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha permanecido 50 días antes de su fallecimiento. El tercer herido, de carácter leve, fue trasladado al centro de salud de la Plaza de Toros.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la UDEF, Tedax, Policía Científica y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado este miércoles que la investigación sobre el hombre de 25 años detenido como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de su madre y la pareja sentimental de esta y que dejaron heridos de gravedad a su hijo de siete meses en la barriada del El Canalillo de El Ejido (Almería), además de otros tres heridos, entre ellos una menor, apunta a un “posible delito de violencia de género”.

Así lo ha trasladado Martín a preguntas de los medios ante los que ha asegurado que “no existía denuncia previa por parte de la pareja” del detenido, toda vez que tampoco “estaba en Viogen”, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, si bien los investigadores manejan una serie de indicios con base en declaraciones de testigos que ahondarían en este sentido aunque, en un primer momento, se atribuyeran los hechos a un episodio de “violencia doméstica”.

Martín ha lamentado este “triste suceso” en el que tampoco se descarta la “violencia vicaria” ante las heridas sufridas por el menor de siete meses de edad que recibió un disparo en la cabeza y otro en la mandíbula, por lo que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, el cual se encuentra en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor.

Ingresados

El subdelegado ha apuntado que los heridos siguen ingresados, entre ellos la menor de 21 meses de edad que continúa en la UCI del Materno Infantil, la vecina de 19 años de edad que sufrió tres impactos de bala en el abdomen y que continúa en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido y el hombre de 60 años que sufrió un disparo en la cabeza cuando el detenido huía del lugar de los hechos. A todos ellos ha deseado una “pronta recuperación”.

El representante del Gobierno ha apuntado que el sospechoso pasará a disposición judicial mientras se terminan de instruir las diligencias ya que la investigación “continúa”. Sobre este extremo, el subdelegado ha evitado pronunciarse sobre si el detenido padecía un “trastorno mental”, según confirmó la Guardia Civil.

Con ello, ha instado a aguardar al resultado de la investigación para depurar las posibles responsabilidades del detenido así como la situación en la que se produjeron los tiros en este diseminado de apenas 130 vecinos muy próximo a Balanegra donde se montó un dispositivo por parte de Guardia Civil y Policía Local de El Ejido que acabó con el arresto del sospechoso sobre las cuatro de la mañana de este martes.

Los primeros avisos alertando sobre el tiroteo se recibieron poco después de las 23.00 horas, cuando se encontraron a dos personas fallecidas dentro de un turismo con impactos de bala. De este mismo vehículo habría huido la pareja del detenido con el bebé en brazos, el cual sí fue alcanzado por los proyectiles de un arma de nueve milímetros cuyo origen se investiga dado que el arrestado carecía de permiso de armas.

Manuel Gavira está a la sombra de Santiago Abascal en cada mitin. El candidato de Vox hace suyo el discurso de la ultraderecha, pero el rostro visible para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo es el de su presidente, como ha ocurrido en la ciudad almeriense de El Ejido, donde se ha permitido unos minutos de intervención antes de que el diputado nacional clausurara el encuentro celebrado en la plaza de las Flores ante una multitud que aplaudía y refrendaba cada una de sus palabras bajo las banderas españolas. “El 17 de mayo empezaremos la reconquista por Andalucía, que terminará en la Moncloa”, dijo Gavira, poniendo en el horizonte a Pedro Sánchez.

Bajo la premisa del “sentido común”, Gavira, al igual que hizo en los dos debates electorales contra sus principales contrincantes, repitió los argumentos de la prioridad nacional como un mantra: un mensaje simple y fácil que mandar hacia su potencial electorado sin entrar a cuestionar el fondo y forma de las medidas que ha apoyado durante la legislatura del presidente autonómico Juanma Moreno. Así, utiliza la preocupación en materia de sanidad pública o vivienda, según las encuestas del CIS, para apuntar a la migración irregular como la fuente de todos los problemas de la sociedad andaluza cuando los análisis muestran lo contrario. “A Almería le dejan las migajas, y lo único que necesita es tener impuestos bajos, servicios públicos, y dejar la porquería que viene de Bruselas”, subrayó.

“Prioridad nacional es que lo priotario seamos los españoles, seamos los andaluces, ya está bien que venga uno de fuera y pueda acceder a una vivienda, a un empleo, a una ayuda, antes que cualquier joven andaluz”, sentenció en una ciudad donde el 32% de su población es de origen extranjero, “y ese artículo del menor de Andalucía se derogará”, en referencia a la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía que recoge el cuidado y promoción de aquellos menores, sean migrantes o no, que están bajo la tutela de la comunidad. En todo caso, Gavira criticó que Moreno no se metiera en “líos” para modificar “la porquería ideológica” que ha mantenido estos últimos cuatro años, en un claro intento por mantener las distancias con quien, apuntan las encuestas, obtendrá de nuevo la mayoría absoluta.

“Invasión migratoria”

En cuanto al PSOE, el candidato de la ultraderecha trajo a colación la polémica de esta semana tras el debate electoral, en el que, a causa de una breve pausa malinterpretada, pareció que la socialista María Jesús Montero relacionaba las muertes de los guardias civiles en Huelva con un accidente laboral. Una cuestión que ya ha desmentido en las últimas horas y que le ha dado carburante a la formación para atacar a su contrincante. “El domingo no tiene absolutamente nada que hacer”, aseveró. El tono bronco de Gavira no garantiza la paz institucional. Una cuestión que no está en la agenda de Vox, ya que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser “corrupto y traidor”. Una línea en clave nacional que recogió rápidamente Abascal.

Nada más subir al escenario, el líder de Vox señaló a su némesis: “El chikilicuatre de San Telmo está perdiendo esa simpatía natural de la que presume”, ridiculizando algunas estrategias de campaña, como el Kilómetro Sur o la búsqueda de la “vaca talismán” de Córdoba, como si fuera un parapeto para no afrontar los problemas reales de la población andaluza. La regularización extraordinaria fue su principal acicate para tomar el pulso a los asistentes, a la que se refirió como “invasión migratoria”, “nacionalizaciones fraudulentas” o acusando falsamente al Gobierno central de una “alteración del censo electoral para que roben las elecciones del año 2027”.

El “cambio real” en Andalucía y “no lo que Juanma Moreno lleva protagonizando ocho años” pasa por una retahíla de personajes comunes de los que tira la derecha: las negociaciones con los partidos catalanes independentistas, Begoña Gómez, el caso Koldo, la coalición con Sumar, una serie de temas que se nombraron con el fin de movilizar al votante que en El Ejido ha votado tanto en 2019 como en 2022 al Partido Popular. “El principal problema de este pueblo es Pedro Sánchez”, reiteró, aludiendo a que “el crimen de Adamuz”, como calificó al accidente ferroviario donde fallecieron 46 personas, tiene su origen en que el Gobierno “se ha gastado el dinero de los raíles en prostitutas”.

Almería, bastión a arrebatar

“En San Telmo no puede haber un gobierno a medias”, recalcó en la ciudad almeriense que podría ser un nicho para Vox. En las elecciones de 2022, hubo una abstención del 45,1%, una cifra que pretenden rebajar los de Abascal. En aquel entonces, el PP logró el 47,6% de los votos, con 12.190 papeletas, subiendo más de 20 puntos entre la primera y segunda legislatura de Juanma Moreno. En cambio, Vox experimentó una caída de casi 2 puntos, ya que alcanzó 7.115 votos, es decir, el 27,8% del total. Detrás quedaron el PSOE, Por Andalucía, un extinto Ciudadanos y Adelante Andalucía. La estrategia está en arrancar una puñada a los populares en la contienda por la presidencia de la Junta.

En la actualidad, el PP goza de mayoría absoluta en el pleno municipal de El Ejido, donde ha aprobado medidas como instar al Gobierno central a que modifique la ley estatal para que se permita a las corporaciones municipales prohibir el uso del niqab y el hiyab en las instalaciones locales. Una polémica en materia de migración que hicieron suya los populares para sacarle la delantera a los de Abascal, tal y como hicieron en Níjar, Sevilla o Málaga.

Enclavado en plena Sierra de los Filabres, en el corazón de la provincia de Almería, el poblado minero Menas de Serón, aguarda a que el paso del tiempo deje de hacerle mella. En decadencia desde que a finales de la década de los 60 dejó de tener actividad extractiva, quienes vivieron allí -que cada vez quedan menos- tratan, junto con el Ayuntamiento de Serón, de recuperar para el turismo un emplazamiento tan histórico como especial. Pero no es fácil porque la Junta de Andalucía, propietaria del poblado, pretende deshacerse de él y no acaba de acercar posturas con la administración local.

Este poblado, levantado a finales del siglo XIX por la actividad minera para extraer el plomo y el hierro que se encontraron en el subsuelo de esta parte de los Filabres, a más de 1.600 metros de altitud, llegó a ser un motor económico de la provincia de Almería y uno de los bastiones mineros más importantes de España. No en vano, su mina atrajo miradas de empresas holandesas y británicas que se acercaron hasta este punto perteneciente al municipio de Serón para asentar a sus trabajadores e ir construyendo poco a poco un poblado que llegó a albergar a 3.000 habitantes en su mejor momento.

Fue tan importante durante buena parte del siglo XX que llegó a contar con hospital propio. Además, como sus principales moradores al principio fueron personas procedentes de otros rincones de Europa, su arquitectura recuerda a lugares geográficamente muy distantes de Almería. Sin embargo, aquel brilló empezó a apagarse cuando en 1968 las minas se cerraron por la competencia de otras explotaciones sobre todo en el Rif de Marruecos. Dando inicio así a un deterioro progresivo del patrimonio que hoy enfrenta a lugareños y ayuntamiento contra la Junta de Andalucía por el futuro del poblado.

Denominado “Menas” porque “mena” es el nombre con el que se llama a los minerales que se extraen, el poblado ha ido perdiendo no solo su potencial pasado, sino que la falta de mantenimiento está llevando a la ruina a muchos de sus edificios. Aunque fue habitado hasta los años 90 y en la década de los 2010 aún se mantenía cierta actividad turística, su cierre simbólico -que no físico porque no está vallado- se ha producido porque es inhabitable e inaccesible, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Serón lo adecenta, limpia y rehabilita modestamente cada vez que puede. Pero no es su cometido ni debe hacerlo porque la propiedad es del Gobierno andaluz, que pretende deshacerse del lugar y lleva varios años intentando venderlo sin éxito porque hay litigios que lo impiden.

Un conflicto entre administraciones

A ese intento de venta se opuso frontalmente el Ayuntamiento de Serón. En 2024, la Junta incluyó parte de los edificios más emblemáticos del poblado -las antiguas oficinas, el casino, el cine club o el pabellón de solteros- en un paquete de activos públicos para su subasta por un precio de salida de 1,5 millones de euros. La operación formaba parte de una estrategia más amplia para desprenderse de patrimonio infrautilizado. Pero en Serón no lo vieron como una oportunidad, sino como una amenaza.

“Es un bien del pueblo”, sostiene el alcalde, Manuel Martínez (PSOE), que desde su llegada al cargo en 2022 ha convertido la recuperación de Las Menas en una de sus prioridades. El Consistorio movilizó a la ciudadanía, impulsó una recogida de firmas y logró frenar en 2024, al menos temporalmente, la operación. “No puede ser una transacción comercial, especulativa”, defendía entonces. Su planteamiento pasa por una cesión pública que permita al municipio gestionar el enclave sin perder su titularidad, con proyectos vinculados al turismo y la recuperación del patrimonio industrial.

Dos años después, el conflicto sigue abierto, pero en un escenario distinto. La subasta no se ha materializado, pero el poblado continúa en un limbo jurídico que bloquea cualquier actuación de calado. El Ayuntamiento solicitó formalmente en noviembre de 2022 la cesión de parte del complejo, incluyendo edificios rehabilitados con más de tres millones de euros de inversión pública, pero la tramitación no ha avanzado.

Desde la Junta de Andalucía, la explicación apunta a problemas técnicos. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, describe la situación como “un auténtico caos” registral y catastral que impide avanzar. La delimitación de los terrenos no coincide con la realidad física, hay alegaciones de propiedades colindantes y el Registro de la Propiedad ha rechazado la inscripción de la base gráfica planteada por la Administración autonómica. El resultado es la apertura de un expediente de deslinde que, en la práctica, vuelve a retrasar cualquier decisión.

Frente a ese argumento, el Ayuntamiento sostiene que el bloqueo tiene más que ver con falta de voluntad política que con obstáculos técnicos. “No nos responden absolutamente a nada”, lamenta Martínez en declaraciones a este periódico. El alcalde asegura que el Consistorio advirtió a la Junta de la existencia de una pequeña propiedad privada dentro del perímetro, pero que la Administración autonómica no tuvo en cuenta esa circunstancia al tramitar la segregación del terreno, lo que habría provocado el actual atasco registral. “Ese es el laberinto burocrático: no hacer las cosas como tienen que hacerlas”, lamenta.

Mientras tanto, el deterioro avanza. Sin vigilancia desde hace años, el poblado ha sufrido robos y actos vandálicos, incluso en instalaciones rehabilitadas recientemente. El Ayuntamiento, pese a no ser el propietario, asume tareas de limpieza, mantenimiento básico y pequeñas reparaciones. “Unas instalaciones recién hechas y abandonadas”, critica el alcalde, que insiste en que el proyecto no es solo patrimonial, sino estratégico: “Es un desarrollo impresionante para la comarca, una herramienta contra la despoblación”.

Un hilo de esperanza

Esa visión la comparten también quienes un día vivieron allí. María, fundadora de la Asociación Santa Bárbara y una de las últimas vecinas de Las Menas, habla desde la memoria. “Era lo más de Almería”, recuerda. El poblado llegó a tener cines, campo de fútbol o plaza propia y fue durante décadas uno de los principales motores económicos de la provincia. “Se van con una tristeza”, dice sobre quienes regresan hoy y se encuentran con un lugar prácticamente en ruinas.

La asociación lleva más de tres décadas intentando mantener vivo el vínculo con el poblado. Ha participado en recogidas de firmas, en iniciativas junto al Ayuntamiento y en la recuperación de elementos simbólicos, como la ermita. Pero también denuncia la falta de respuesta institucional. “No hacen caso”, dice María. “No nos hacen facilidad ninguna”.

El contraste entre lo que fue y lo que es atraviesa todo el relato. Donde antes hubo una comunidad de miles de personas, hoy apenas quedan edificios deteriorados y senderos que se pierden entre la sierra. Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni los antiguos vecinos renuncian a una posible segunda vida. “Estoy convencidísima”, insiste María cuando se le pregunta por el potencial turístico del enclave. Habla de senderos, de patrimonio industrial, de naturaleza. “Tiene una historia espectacular. Todo eso es turismo”.

Ese es, precisamente, el punto de encuentro que nunca termina de materializarse. Mientras la Junta defiende la necesidad de garantizar la seguridad jurídica antes de cualquier cesión o uso, en Serón crece la sensación de bloqueo. Entre expedientes, deslindes y proyectos fallidos, Las Menas sigue atrapada entre su pasado y un futuro que no termina de llegar.

La Guardia Civil ha hallado este domingo el cadáver de una persona en la playa de Las Salinas, en una zona correspondiente al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Según han informado fuentes de la Comandancia de Almería a Europa Press, el hallazgo podría estar vinculado con la inmigración, si bien no se han precisado la identidad de la persona fallecida, la hora del hallazgo ni las circunstancias en las que ha aparecido el cuerpo.

Las mismas fuentes han señalado que por el momento no disponen de más información sobre el caso y que tampoco consta si pudiera haber otro cuerpo vinculado a este posible contexto migratorio.

Muere un migrante en Ceuta

Por otra parte, la Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida de un joven marroquí en la playa del Tarajal, Ceuta. El hallazgo se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes, cuando el varón ha sido avistado ya en la orilla próxima a la frontera con Marruecos. Con esta aparición se eleva a 15 la cifra de personas migrantes halladas muertas en el litoral ceutí tras intentar cruzar desde el país vecino.

El hombre era mayor de edad y portaba traje de neopreno y aletas, indumentaria usada por los conocidos como “nadadores”, los jóvenes extranjeros que tratan de acceder a Ceuta de manera irregular a nado. La niebla presente durante el sábado y el domingo ha propiciado un incremento en los intentos de entrada a nado y por la valla desde localidades marroquíes próximas a la ciudad autónoma. La intensa actividad ha obligado este domingo a la Policía Nacional a intervenir en el rescate de personas.

Los servicios sanitarios de emergencias y urgencias también han estado haciéndose cargo de la situación para controlar el estado de las personas migrantes que llegaban a Ceuta en peores condiciones. En la mañana de ayer, un joven que cruzó a nado hasta Ceuta fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) con un cuadro de hipotermia severa y traumatismo craneal, según han informado fuentes sanitarias.

En lo que va de 2026, la Guardia Civil ha recuperado ya 15 cadáveres de migrantes en las costas de Ceuta. El pasado año concluyó con la cifra récord de cuerpos sin vida hallados en el litoral ceutí, con un total de 46.

Un centenar de vecinos de Almería capital están indignados por la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento al permitir la instalación de dos chiringuitos junto a sus viviendas. No solo porque se trata de establecimientos que pueden alterar la paz de quienes viven en el entorno del residencial Algaida en Costacabana, sino porque desde hace más de 30 años el Consistorio mantiene la promesa de construir zonas deportivas en el mismo entorno. En concreto, según denuncian los vecinos, en una parcela en la que ahora irá el aparcamiento destinado a estos chiringuitos, que dejarán encajonadas varias viviendas entre los establecimientos y el estacionamiento.

Tal es la indignación de los lugareños que, aparte de organizarse vecinalmente, han acudido directamente al pleno del Ayuntamiento de Almería para reclamarle al equipo de Gobierno, del Partido Popular, explicaciones de lo que para ellos es una falta de consideración y el incumplimiento de una promesa que tiene varias aristas. No en vano, cuando el centenar de familias adquirieron sus viviendas en este entorno de la Algaida a mediados de los años 80, la empresa promotora de los inmuebles dejó una zona cedida al Consistorio para que en él se levantase la citada dotación social y deportiva. Algo que, tras más de tres décadas, nunca se ha producido pese a las incontables promesas que desde los diferentes gobiernos locales les han hecho a los vecinos, según lamentan.

Décadas de promesas

La promesa de construir esas instalaciones deportivas no solo es fruto de décadas de conversaciones entre el Consistorio y los propietarios de las viviendas, sino que en el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almería, la zona, conocida como Los Eucaliptos, se recoge que la parcela que reclaman los vecinos como zona deportiva, está destinada a ello. Un plan que data de 1998 pero que, casi 30 años después, sigue solo dibujado en un boceto. No hay ni rastro de estas instalaciones, pero sí de los dos nuevos chiringuitos. Uno de ellos ya ha iniciado las obras para su instalación a pie de playa, lo que también genera dudas a los vecinos sobre la posible legalidad del mismo por la ley de costas.

Por lo tanto, los establecimientos de ocio y restauración que van a construirse en esta zona de la Algaida en Costacabana no solo alejan la promesa de una construcción para el uso comunitario sino que, como recuerdan los vecinos, pretende cambiar el decorado y la paz de las familias que allí viven. De acuerdo con los planos a los que ha tenido acceso este medio, los establecimientos de ocio y restauración, que estarán sobre plataforma y no tendrán cimientos clásicos al instalarse en la propia playa, pueden alterar el litoral del entorno. De hecho, los vecinos han expresado al Consistorio sus dudas legales al respecto.

A esas dudas sobre la legalidad de la instalación se suma la preocupación por el impacto directo que estos establecimientos puedan tener en el día a día del barrio. “Empieza a unos 25 metros de las viviendas”, explica José Ruiz, vecino de la zona, en conversación con este medio, quien insiste en que se trata de un entorno “de familias, con niños, donde la tranquilidad es lo principal”. El problema, añade, no es solo la instalación en sí, sino el uso que se prevé: “Con horario hasta las tres de la mañana, los niños tienen que dormir, levantarse temprano para el colegio”.

El malestar vecinal no surge únicamente por la llegada de los chiringuitos, sino por lo que consideran el punto de ruptura tras décadas de espera. “Después de treinta y tantos años, no han construido esas instalaciones deportivas”, lamenta Ruiz, que recuerda que muchas de las viviendas se adquirieron con la expectativa de contar con esos equipamientos: “Compras tu vivienda con el plano, con las pistas dibujadas”. En ese sentido, dice que la situación actual “colma el vaso”, ya que el terreno que durante años ha permanecido sin uso podría acabar vinculado indirectamente a la actividad de los locales, como aparcamiento. Porque no hay otra zona en la que se pueda estacionar con tanta facilidad y porque ya durante los meses de verano muchos visitantes acaban usando el descampado en el que debería haber pistas deportivas para aparcar sus vehículos.

Dudas legales

Los vecinos cuestionan además que el proyecto responda a una necesidad real del entorno. En los escritos registrados ante el Ayuntamiento sostienen que la zona carece de tejido turístico o comercial que justifique este tipo de instalaciones y que “el beneficio perseguido será, en todo caso, para el empresario”. También ponen en duda los argumentos municipales sobre la demanda existente y advierten de que, en la práctica, la concurrencia empresarial ha sido mínima.

Además, han elevado sus reclamaciones por la vía administrativa, solicitando incluso la revisión del procedimiento de adjudicación de los chiringuitos. En ese sentido, denuncian una posible “vulneración de normas esenciales de la contratación pública”, al considerar que ambos lotes podrían haber recaído en un mismo entorno empresarial pese a que el pliego limitaba a uno el número máximo adjudicable por licitador. Según recogen en un escrito al que ha tenido acceso este medio, las dos ofertas presentadas tendrían vínculos entre sí, tanto por la identidad del administrador como por las condiciones prácticamente idénticas de las propuestas. Al respecto, el Consistorio ha respondido desestimando la reclamación alegando que quienes la interponen no tienen potestad para hacerlo y que, por lo tanto, aunque la misma persona se haya presentado para obtener la licencia de los dos chiringuitos a través de dos figuras jurídicas, no es desestimable por ese motivo.

A estas dudas se añaden las relacionadas con el sistema de saneamiento previsto. Al no existir conexión a la red general, los chiringuitos funcionarían con depósitos estancos para la recogida de aguas residuales, que serían retiradas periódicamente. Sin embargo, los vecinos cuestionan la viabilidad de este modelo al considerar que las previsiones de uso incluidas en la documentación son insuficientes. “Ese cálculo de consumo de agua es totalmente irreal”, sostienen, en referencia a una estimación de cuatro descargas de cisterna al día para el uso de los aseos.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se defiende la legalidad del proyecto y se descarta cualquier modificación. La concejala de Obras Públicas, María Sánchez, insiste en que “este ayuntamiento vela siempre por el interés general frente al interés particular” y asegura que los establecimientos cuentan con todas las autorizaciones tras un procedimiento “completo de evaluación interadministrativa”.

En esa misma línea, Sánchez rechaza que se trate de locales de ocio nocturno, como denuncian los vecinos, y aclara que “son establecimientos expendedores de comida y bebida sin música”. Además, insiste en que “las instalaciones proyectadas se encuentran plenamente amparadas por el marco normativo vigente” y que “no concurren en este momento elementos que justifiquen ni su reconsideración ni su reubicación”.

Por su parte, desde el área de Deportes se reconoce el retraso en la ejecución de las instalaciones prometidas, aunque se plantean alternativas distintas a las reclamadas por el vecindario. El concejal Antonio Casimiro asegura que “las pistas, tan ansiadas, que todos estamos deseando, han vuelto a retomarse sus obras” y defiende que en la zona del solar podría tener más sentido otro tipo de uso: “Podría ser más operativo una zona de trepa y de juegos para los niños”.

Mientras tanto, los vecinos mantienen su oposición al proyecto y no descartan nuevas acciones. “Llevamos un año de lucha desde que nos enteramos”, explica Ruiz, que asegura que el barrio se está organizando para intentar frenar la instalación o, al menos, modificar su ubicación. El conflicto, lejos de cerrarse, sigue abierto en Costacabana, donde el solar que durante décadas simboliza una promesa pendiente se convierte ahora en el epicentro de una nueva disputa entre el Ayuntamiento y quienes viven a escasos metros de la playa.

Las colas se repiten estos días en distintos puntos de la provincia de Almería. Con la necesidad y la ilusión por encontrar un futuro más digno, a las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades sociales, decenas de personas esperan para conseguir uno de los documentos clave del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno hasta el próximo 30 de junio: el certificado de vulnerabilidad. Un escollo que está generando un cuello de botella para los migrantes y para quienes trabajan en la administración o las ONGs que están expidiéndolo.

No en vano, según estimaciones del tercer sector, en la provincia viven alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. La cifra, la más alta de Andalucía, que explica por sí sola el alcance de un proceso que, en apenas unos días, ha tensionado estructuras ya sobrecargadas desde hace años. Cada migrante ha de obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar a su vez otros documentos ante el Ministerio de Inclusión Social, pero el plazo para lograrlo es de apenas 70 días.

De ahí que el proceso esté llevando al límite los recursos disponibles. “Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales”, reconocen desde el Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor presencia de población migrante. “Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad”. En la misma línea, apuntan a que la situación se repite en otros puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o la capital.

Y es que el certificado de vulnerabilidad no estaba previsto hasta que el Gobierno lo introdujo por petición del Consejo de Estado. Por parte de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó el proceso, se trató de evitar que este documento fuese necesario, al entender que si una persona carece de papeles, ya está de facto en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, asumían que la expedición del certificado iba a tensionar los recursos sociales disponibles, como así ha sucedido en tierras almerienses.

Sin ir más lejos y a diferencia de Níjar, el Ayuntamiento de Almería, dice tener una presión mayor que otras localidades de la provincia en sus servicios comunitarios. “Está saturando el ayuntamiento”, explica la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), que habla de una “masificación de personas en las calles” y de reuniones con la Subdelegación del Gobierno para reorganizar la atención. Por ello, dice, el Consistorio trabaja en habilitar un espacio específico para “ordenar toda esta masificación”.

El cuello de botella del certificado

Y es que el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos previstos para aquellas personas que no pueden acreditar contrato de trabajo o arraigo familiar, está generando una cascada de problemas. Un documento que, sobre el papel, puede ser emitido por servicios sociales o entidades del tercer sector habilitadas. Pero en la práctica, se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. “Es el gran tapón”, explica Juan Miralles, de Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que está tramitando estos certificados en la provincia. “No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos”.

La entidad reconoce que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. “Nos ha superado”, admite Miralles, que vincula la situación a una “mala decisión desde el punto de vista de la normativa”: “Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta”. El problema, explica, no es solo de volumen, sino también de diseño. Cada solicitud requiere una mínima intervención profesional: entrevista, apertura de expediente y cumplimiento de la normativa de protección de datos. “Tardamos mínimo cinco a diez minutos por cada persona”, señala. “No podemos ponernos en la puerta y firmar papeles. Se trata de atender dignamente”.

Con ese ritmo, asumir un volumen potencial de decenas de miles de personas resulta inviable. “No podemos sacar adelante veinte o treinta mil personas”, lamenta. Además, la capacidad está muy concentrada. “Aquí en Almería básicamente lo estamos haciendo Almería Acoge y Cepaim”, explica Miralles. “Hay entidades que dijeron que sí, pero no lo están haciendo, y otras grandes que no se han sumado”.

La falta de recursos se traduce también en efectos visibles en el entorno. “Hay mucha concentración de personas y eso genera malestar”, reconoce, en referencia a quejas vecinales y tensiones en los barrios donde se ubican estas entidades. “Y luego están los de siempre, que se dedican a esparcir odio con cualquier excusa”.

Dudas y falta de instrucciones

Porque la situación no solo afecta a las entidades que ya están tramitando certificados, sino también a aquellas que aún no han empezado. Como muchos de los migrantes en situación irregular trabajan en el primer sector, COAG Almería es la organización agraria que puede participar en el proceso pero que todavía no ha comenzado a emitir estos informes. “No tenemos muy claro cómo hacer ese informe”, reconoce su secretario provincial, Andrés Góngora. “Nos faltaba saber qué tenemos que poner”.

Góngora confirma que están en contacto con la administración para resolver dudas y que previsiblemente se incorporarán al proceso en breve. Pero admite que el principal problema es ese requisito concreto: “Lo demás es un trámite bastante fácil”. También cuestiona el propio concepto de vulnerabilidad en este contexto. “Por el mero hecho de no tener documentación ya es una situación de vulnerabilidad”, apunta.

Desde COAG, además, exploran otras vías dentro del proceso, como la posibilidad de regularización a través de precontratos vinculados a explotaciones agrícolas. “Existe la posibilidad de hacerlo mediante precontrato”, explica, en un territorio donde el sector agrario concentra buena parte de la mano de obra migrante. Mientras tanto, constatan un interés creciente. “Sí hay bastante interés”, señala Góngora. “La persona que no tiene documentación quiere hacerlo ya, quiere ser el primero”.

Confusión y “mercadeo”

Sobre el terreno, la falta de información y la presión por acceder al proceso están generando dinámicas paralelas. Mustapha Ait-Korchi, un migrante que lleva más de 30 años en España, acompaña a otras personas en este proceso y describe un escenario de confusión generalizada. “Hay gente migrante que ni siquiera conoce esas organizaciones”, explica. “Han dejado a la gente perdida”.

En ese contexto, advierte de la aparición de prácticas irregulares en torno a la tramitación. “Se está mercadeando con un certificado que en principio iba a ser gratuito”, señala. “No es traficar directamente, pero es traficar”. Describe un sistema informal de intermediación en el que distintos actores canalizan solicitudes a cambio de dinero o control del expediente. “Imagínate un mercadillo: cada uno está vendiendo su producto”.

Para Mustapha, el problema de fondo es el propio enfoque del requisito. “Pedir ese certificado es lo más estúpido que he escuchado en todos los años que llevo en España”, afirma. “Aquí no hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de explotación. Esa gente está trabajando en la economía sumergida, no viviendo de la caridad”, añade. “Lo que está en situación de vulnerabilidad es la legislación laboral, que se está pisoteando todos los días”. Ante la situación, asegura que recomienda a las personas que no se precipiten. “Les digo que no entren en ese mercadillo”, explica.

Dudas de los trabajadores sociales

A todo lo anterior, hay que sumar las dudas que emergen en los profesionales que se encargan de expedir estos documentos tanto desde el tercer sector como desde la Administración Pública. De hecho, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido del impacto que este proceso podía tener en los servicios sociales, especialmente en territorios con alta concentración de población migrante como Almería. Una opinión que comparte el Colegio que aglutina a estos profesionales en Almería ya que desde los servicios comunitarios reconocen estar al borde del colapso por la avalancha de peticiones. Fuentes del sector alertan también del riesgo de que la intervención profesional quede reducida a la mera emisión de certificados.

Por otro lado, recuerdan que la situación administrativa irregular implica en sí mismo un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso a derechos básicos, y reclama refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales. De esta forma, con miles de personas potencialmente afectadas y un plazo limitado, el proceso de regularización avanza en Almería entre colas, reorganizaciones administrativas y entidades desbordadas.

Mientras las administraciones se mueven entre la normalización y el reconocimiento de la saturación, y el tercer sector asume gran parte de la carga, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido como el principal cuello de botella de un procedimiento que pretendía agilizar el acceso a la residencia, en una zona especialmente tensionada como lo es Almería. “Le hemos generado una necesidad a la que no estamos sabiendo dar respuesta”, sentencia Juan Miralles.

La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.