La Guardia Civil ha hallado este domingo el cadáver de una persona en la playa de Las Salinas, en una zona correspondiente al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Según han informado fuentes de la Comandancia de Almería a Europa Press, el hallazgo podría estar vinculado con la inmigración, si bien no se han precisado la identidad de la persona fallecida, la hora del hallazgo ni las circunstancias en las que ha aparecido el cuerpo.

Las mismas fuentes han señalado que por el momento no disponen de más información sobre el caso y que tampoco consta si pudiera haber otro cuerpo vinculado a este posible contexto migratorio.

Muere un migrante en Ceuta

Por otra parte, la Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida de un joven marroquí en la playa del Tarajal, Ceuta. El hallazgo se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes, cuando el varón ha sido avistado ya en la orilla próxima a la frontera con Marruecos. Con esta aparición se eleva a 15 la cifra de personas migrantes halladas muertas en el litoral ceutí tras intentar cruzar desde el país vecino.

El hombre era mayor de edad y portaba traje de neopreno y aletas, indumentaria usada por los conocidos como “nadadores”, los jóvenes extranjeros que tratan de acceder a Ceuta de manera irregular a nado. La niebla presente durante el sábado y el domingo ha propiciado un incremento en los intentos de entrada a nado y por la valla desde localidades marroquíes próximas a la ciudad autónoma. La intensa actividad ha obligado este domingo a la Policía Nacional a intervenir en el rescate de personas.

Los servicios sanitarios de emergencias y urgencias también han estado haciéndose cargo de la situación para controlar el estado de las personas migrantes que llegaban a Ceuta en peores condiciones. En la mañana de ayer, un joven que cruzó a nado hasta Ceuta fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) con un cuadro de hipotermia severa y traumatismo craneal, según han informado fuentes sanitarias.

En lo que va de 2026, la Guardia Civil ha recuperado ya 15 cadáveres de migrantes en las costas de Ceuta. El pasado año concluyó con la cifra récord de cuerpos sin vida hallados en el litoral ceutí, con un total de 46.

Un centenar de vecinos de Almería capital están indignados por la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento al permitir la instalación de dos chiringuitos junto a sus viviendas. No solo porque se trata de establecimientos que pueden alterar la paz de quienes viven en el entorno del residencial Algaida en Costacabana, sino porque desde hace más de 30 años el Consistorio mantiene la promesa de construir zonas deportivas en el mismo entorno. En concreto, según denuncian los vecinos, en una parcela en la que ahora irá el aparcamiento destinado a estos chiringuitos, que dejarán encajonadas varias viviendas entre los establecimientos y el estacionamiento.

Tal es la indignación de los lugareños que, aparte de organizarse vecinalmente, han acudido directamente al pleno del Ayuntamiento de Almería para reclamarle al equipo de Gobierno, del Partido Popular, explicaciones de lo que para ellos es una falta de consideración y el incumplimiento de una promesa que tiene varias aristas. No en vano, cuando el centenar de familias adquirieron sus viviendas en este entorno de la Algaida a mediados de los años 80, la empresa promotora de los inmuebles dejó una zona cedida al Consistorio para que en él se levantase la citada dotación social y deportiva. Algo que, tras más de tres décadas, nunca se ha producido pese a las incontables promesas que desde los diferentes gobiernos locales les han hecho a los vecinos, según lamentan.

Décadas de promesas

La promesa de construir esas instalaciones deportivas no solo es fruto de décadas de conversaciones entre el Consistorio y los propietarios de las viviendas, sino que en el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almería, la zona, conocida como Los Eucaliptos, se recoge que la parcela que reclaman los vecinos como zona deportiva, está destinada a ello. Un plan que data de 1998 pero que, casi 30 años después, sigue solo dibujado en un boceto. No hay ni rastro de estas instalaciones, pero sí de los dos nuevos chiringuitos. Uno de ellos ya ha iniciado las obras para su instalación a pie de playa, lo que también genera dudas a los vecinos sobre la posible legalidad del mismo por la ley de costas.

Por lo tanto, los establecimientos de ocio y restauración que van a construirse en esta zona de la Algaida en Costacabana no solo alejan la promesa de una construcción para el uso comunitario sino que, como recuerdan los vecinos, pretende cambiar el decorado y la paz de las familias que allí viven. De acuerdo con los planos a los que ha tenido acceso este medio, los establecimientos de ocio y restauración, que estarán sobre plataforma y no tendrán cimientos clásicos al instalarse en la propia playa, pueden alterar el litoral del entorno. De hecho, los vecinos han expresado al Consistorio sus dudas legales al respecto.

A esas dudas sobre la legalidad de la instalación se suma la preocupación por el impacto directo que estos establecimientos puedan tener en el día a día del barrio. “Empieza a unos 25 metros de las viviendas”, explica José Ruiz, vecino de la zona, en conversación con este medio, quien insiste en que se trata de un entorno “de familias, con niños, donde la tranquilidad es lo principal”. El problema, añade, no es solo la instalación en sí, sino el uso que se prevé: “Con horario hasta las tres de la mañana, los niños tienen que dormir, levantarse temprano para el colegio”.

El malestar vecinal no surge únicamente por la llegada de los chiringuitos, sino por lo que consideran el punto de ruptura tras décadas de espera. “Después de treinta y tantos años, no han construido esas instalaciones deportivas”, lamenta Ruiz, que recuerda que muchas de las viviendas se adquirieron con la expectativa de contar con esos equipamientos: “Compras tu vivienda con el plano, con las pistas dibujadas”. En ese sentido, dice que la situación actual “colma el vaso”, ya que el terreno que durante años ha permanecido sin uso podría acabar vinculado indirectamente a la actividad de los locales, como aparcamiento. Porque no hay otra zona en la que se pueda estacionar con tanta facilidad y porque ya durante los meses de verano muchos visitantes acaban usando el descampado en el que debería haber pistas deportivas para aparcar sus vehículos.

Dudas legales

Los vecinos cuestionan además que el proyecto responda a una necesidad real del entorno. En los escritos registrados ante el Ayuntamiento sostienen que la zona carece de tejido turístico o comercial que justifique este tipo de instalaciones y que “el beneficio perseguido será, en todo caso, para el empresario”. También ponen en duda los argumentos municipales sobre la demanda existente y advierten de que, en la práctica, la concurrencia empresarial ha sido mínima.

Además, han elevado sus reclamaciones por la vía administrativa, solicitando incluso la revisión del procedimiento de adjudicación de los chiringuitos. En ese sentido, denuncian una posible “vulneración de normas esenciales de la contratación pública”, al considerar que ambos lotes podrían haber recaído en un mismo entorno empresarial pese a que el pliego limitaba a uno el número máximo adjudicable por licitador. Según recogen en un escrito al que ha tenido acceso este medio, las dos ofertas presentadas tendrían vínculos entre sí, tanto por la identidad del administrador como por las condiciones prácticamente idénticas de las propuestas. Al respecto, el Consistorio ha respondido desestimando la reclamación alegando que quienes la interponen no tienen potestad para hacerlo y que, por lo tanto, aunque la misma persona se haya presentado para obtener la licencia de los dos chiringuitos a través de dos figuras jurídicas, no es desestimable por ese motivo.

A estas dudas se añaden las relacionadas con el sistema de saneamiento previsto. Al no existir conexión a la red general, los chiringuitos funcionarían con depósitos estancos para la recogida de aguas residuales, que serían retiradas periódicamente. Sin embargo, los vecinos cuestionan la viabilidad de este modelo al considerar que las previsiones de uso incluidas en la documentación son insuficientes. “Ese cálculo de consumo de agua es totalmente irreal”, sostienen, en referencia a una estimación de cuatro descargas de cisterna al día para el uso de los aseos.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se defiende la legalidad del proyecto y se descarta cualquier modificación. La concejala de Obras Públicas, María Sánchez, insiste en que “este ayuntamiento vela siempre por el interés general frente al interés particular” y asegura que los establecimientos cuentan con todas las autorizaciones tras un procedimiento “completo de evaluación interadministrativa”.

En esa misma línea, Sánchez rechaza que se trate de locales de ocio nocturno, como denuncian los vecinos, y aclara que “son establecimientos expendedores de comida y bebida sin música”. Además, insiste en que “las instalaciones proyectadas se encuentran plenamente amparadas por el marco normativo vigente” y que “no concurren en este momento elementos que justifiquen ni su reconsideración ni su reubicación”.

Por su parte, desde el área de Deportes se reconoce el retraso en la ejecución de las instalaciones prometidas, aunque se plantean alternativas distintas a las reclamadas por el vecindario. El concejal Antonio Casimiro asegura que “las pistas, tan ansiadas, que todos estamos deseando, han vuelto a retomarse sus obras” y defiende que en la zona del solar podría tener más sentido otro tipo de uso: “Podría ser más operativo una zona de trepa y de juegos para los niños”.

Mientras tanto, los vecinos mantienen su oposición al proyecto y no descartan nuevas acciones. “Llevamos un año de lucha desde que nos enteramos”, explica Ruiz, que asegura que el barrio se está organizando para intentar frenar la instalación o, al menos, modificar su ubicación. El conflicto, lejos de cerrarse, sigue abierto en Costacabana, donde el solar que durante décadas simboliza una promesa pendiente se convierte ahora en el epicentro de una nueva disputa entre el Ayuntamiento y quienes viven a escasos metros de la playa.

Las colas se repiten estos días en distintos puntos de la provincia de Almería. Con la necesidad y la ilusión por encontrar un futuro más digno, a las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades sociales, decenas de personas esperan para conseguir uno de los documentos clave del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno hasta el próximo 30 de junio: el certificado de vulnerabilidad. Un escollo que está generando un cuello de botella para los migrantes y para quienes trabajan en la administración o las ONGs que están expidiéndolo.

No en vano, según estimaciones del tercer sector, en la provincia viven alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. La cifra, la más alta de Andalucía, que explica por sí sola el alcance de un proceso que, en apenas unos días, ha tensionado estructuras ya sobrecargadas desde hace años. Cada migrante ha de obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar a su vez otros documentos ante el Ministerio de Inclusión Social, pero el plazo para lograrlo es de apenas 70 días.

De ahí que el proceso esté llevando al límite los recursos disponibles. “Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales”, reconocen desde el Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor presencia de población migrante. “Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad”. En la misma línea, apuntan a que la situación se repite en otros puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o la capital.

Y es que el certificado de vulnerabilidad no estaba previsto hasta que el Gobierno lo introdujo por petición del Consejo de Estado. Por parte de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó el proceso, se trató de evitar que este documento fuese necesario, al entender que si una persona carece de papeles, ya está de facto en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, asumían que la expedición del certificado iba a tensionar los recursos sociales disponibles, como así ha sucedido en tierras almerienses.

Sin ir más lejos y a diferencia de Níjar, el Ayuntamiento de Almería, dice tener una presión mayor que otras localidades de la provincia en sus servicios comunitarios. “Está saturando el ayuntamiento”, explica la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), que habla de una “masificación de personas en las calles” y de reuniones con la Subdelegación del Gobierno para reorganizar la atención. Por ello, dice, el Consistorio trabaja en habilitar un espacio específico para “ordenar toda esta masificación”.

El cuello de botella del certificado

Y es que el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos previstos para aquellas personas que no pueden acreditar contrato de trabajo o arraigo familiar, está generando una cascada de problemas. Un documento que, sobre el papel, puede ser emitido por servicios sociales o entidades del tercer sector habilitadas. Pero en la práctica, se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. “Es el gran tapón”, explica Juan Miralles, de Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que está tramitando estos certificados en la provincia. “No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos”.

La entidad reconoce que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. “Nos ha superado”, admite Miralles, que vincula la situación a una “mala decisión desde el punto de vista de la normativa”: “Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta”. El problema, explica, no es solo de volumen, sino también de diseño. Cada solicitud requiere una mínima intervención profesional: entrevista, apertura de expediente y cumplimiento de la normativa de protección de datos. “Tardamos mínimo cinco a diez minutos por cada persona”, señala. “No podemos ponernos en la puerta y firmar papeles. Se trata de atender dignamente”.

Con ese ritmo, asumir un volumen potencial de decenas de miles de personas resulta inviable. “No podemos sacar adelante veinte o treinta mil personas”, lamenta. Además, la capacidad está muy concentrada. “Aquí en Almería básicamente lo estamos haciendo Almería Acoge y Cepaim”, explica Miralles. “Hay entidades que dijeron que sí, pero no lo están haciendo, y otras grandes que no se han sumado”.

La falta de recursos se traduce también en efectos visibles en el entorno. “Hay mucha concentración de personas y eso genera malestar”, reconoce, en referencia a quejas vecinales y tensiones en los barrios donde se ubican estas entidades. “Y luego están los de siempre, que se dedican a esparcir odio con cualquier excusa”.

Dudas y falta de instrucciones

Porque la situación no solo afecta a las entidades que ya están tramitando certificados, sino también a aquellas que aún no han empezado. Como muchos de los migrantes en situación irregular trabajan en el primer sector, COAG Almería es la organización agraria que puede participar en el proceso pero que todavía no ha comenzado a emitir estos informes. “No tenemos muy claro cómo hacer ese informe”, reconoce su secretario provincial, Andrés Góngora. “Nos faltaba saber qué tenemos que poner”.

Góngora confirma que están en contacto con la administración para resolver dudas y que previsiblemente se incorporarán al proceso en breve. Pero admite que el principal problema es ese requisito concreto: “Lo demás es un trámite bastante fácil”. También cuestiona el propio concepto de vulnerabilidad en este contexto. “Por el mero hecho de no tener documentación ya es una situación de vulnerabilidad”, apunta.

Desde COAG, además, exploran otras vías dentro del proceso, como la posibilidad de regularización a través de precontratos vinculados a explotaciones agrícolas. “Existe la posibilidad de hacerlo mediante precontrato”, explica, en un territorio donde el sector agrario concentra buena parte de la mano de obra migrante. Mientras tanto, constatan un interés creciente. “Sí hay bastante interés”, señala Góngora. “La persona que no tiene documentación quiere hacerlo ya, quiere ser el primero”.

Confusión y “mercadeo”

Sobre el terreno, la falta de información y la presión por acceder al proceso están generando dinámicas paralelas. Mustapha Ait-Korchi, un migrante que lleva más de 30 años en España, acompaña a otras personas en este proceso y describe un escenario de confusión generalizada. “Hay gente migrante que ni siquiera conoce esas organizaciones”, explica. “Han dejado a la gente perdida”.

En ese contexto, advierte de la aparición de prácticas irregulares en torno a la tramitación. “Se está mercadeando con un certificado que en principio iba a ser gratuito”, señala. “No es traficar directamente, pero es traficar”. Describe un sistema informal de intermediación en el que distintos actores canalizan solicitudes a cambio de dinero o control del expediente. “Imagínate un mercadillo: cada uno está vendiendo su producto”.

Para Mustapha, el problema de fondo es el propio enfoque del requisito. “Pedir ese certificado es lo más estúpido que he escuchado en todos los años que llevo en España”, afirma. “Aquí no hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de explotación. Esa gente está trabajando en la economía sumergida, no viviendo de la caridad”, añade. “Lo que está en situación de vulnerabilidad es la legislación laboral, que se está pisoteando todos los días”. Ante la situación, asegura que recomienda a las personas que no se precipiten. “Les digo que no entren en ese mercadillo”, explica.

Dudas de los trabajadores sociales

A todo lo anterior, hay que sumar las dudas que emergen en los profesionales que se encargan de expedir estos documentos tanto desde el tercer sector como desde la Administración Pública. De hecho, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido del impacto que este proceso podía tener en los servicios sociales, especialmente en territorios con alta concentración de población migrante como Almería. Una opinión que comparte el Colegio que aglutina a estos profesionales en Almería ya que desde los servicios comunitarios reconocen estar al borde del colapso por la avalancha de peticiones. Fuentes del sector alertan también del riesgo de que la intervención profesional quede reducida a la mera emisión de certificados.

Por otro lado, recuerdan que la situación administrativa irregular implica en sí mismo un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso a derechos básicos, y reclama refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales. De esta forma, con miles de personas potencialmente afectadas y un plazo limitado, el proceso de regularización avanza en Almería entre colas, reorganizaciones administrativas y entidades desbordadas.

Mientras las administraciones se mueven entre la normalización y el reconocimiento de la saturación, y el tercer sector asume gran parte de la carga, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido como el principal cuello de botella de un procedimiento que pretendía agilizar el acceso a la residencia, en una zona especialmente tensionada como lo es Almería. “Le hemos generado una necesidad a la que no estamos sabiendo dar respuesta”, sentencia Juan Miralles.

La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.

Basta con salir a caminar por algunas zonas de la periferia de Almería capital para encontrarlos. Restos de plásticos agrícolas, rafias -como se conoce a los cordeles de fibra natural-, trozos de invernadero y otros residuos aparecen esparcidos en caminos, solares, márgenes de carreteras o junto a barrios. No se trata de puntos aislados. La acumulación se repite en distintos enclaves del término municipal, uno de los principales núcleos de agricultura intensiva de la provincia y que constituye su cara menos amable.

No en vano, Almería capital cuenta con más de 3.000 hectáreas de cultivo bajo plástico. Es el tercer municipio de la provincia en importancia agrícola y uno de los principales productores de tomate, con un modelo intensivo que ha situado a la zona como referencia internacional. Junto a esa potencia productiva, sin embargo, convive una realidad menos visible: la gestión irregular de parte de los residuos que genera la actividad. Una gestión en la que la falta de contundencia de Junta de Andalucía y Consistorio para evitar que los desechos se acumulen está en el foco.

“El 98 o el 99% de los agricultores hace un trabajo perfecto”, sostiene José Mañas, agricultor y concejal de la oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Almería. “Pero hay unos pocos que lo ensucian todo”. Según explica, esos comportamientos minoritarios son los que acaban teniendo mayor impacto: “Van dejando los residuos donde pillan: bancales, solares, caminos o donde sea”. El problema no se limita, según su relato, a agricultores que evitan asumir el coste del reciclaje. También apunta a intermediarios que operan al margen de los circuitos legales: “Hay gente que cobra por llevar los plásticos a reciclar y luego los va dejando por ahí”.

El circuito de los residuos

Para entender el problema en su conjunto, hay que partir del hecho de que el sistema de gestión de residuos agrícolas en la provincia no es de carácter público directo. La Junta de Andalucía autoriza y supervisa, pero la gestión recae en empresas privadas que se encargan de clasificar y derivar los materiales a gestores finales. En el caso de Almería capital, una de las instalaciones clave es Reciclados Almerienses 2005, que actúa como planta intermedia para distintos tipos de residuos, incluidos los agrícolas.

Pero el proceso no termina ahí. Los plásticos deben ser trasladados posteriormente a plantas específicas, como las ubicadas en Níjar, mientras que los restos vegetales se gestionan en instalaciones como la de Rioja. Esta cadena, con varios eslabones y desplazamientos, introduce costes y complejidad logística. “Estamos hablando de cantidades pequeñas comparadas con otros gastos del campo”, señala Mañas, que sitúa el coste del tratamiento entre 150 y 250 euros por hectárea, además del transporte. Aun así, reconoce que algunos optan por vías irregulares.

Desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) de Almería, el foco se sitúa en otro punto: la capacidad del sistema. La organización advierte de que el final de campaña concentra grandes volúmenes de residuos que pueden saturar las plantas de tratamiento. “Las plantas están trasladando su inquietud por la posible saturación ante el volumen de entradas”, explica su secretario provincial, Andrés Góngora.

COAG insiste en la necesidad de anticipar la gestión para evitar acumulaciones y facilitar el reciclaje, especialmente mediante la separación de materiales. “Separar la rafia es fundamental”, señala Góngora, que recuerda además el impacto económico asociado: “Puede haber una reducción de hasta el 80% si los residuos llegan sin rafia”. La acumulación de restos, ya sea por saturación del sistema o por prácticas irregulares, tiene consecuencias más allá de lo visual. “Es clave evitar que se acumulen restos en el exterior de las explotaciones”, advierte Góngora, que apunta a la proliferación de plagas en un contexto ya complejo para el control fitosanitario.

En esa misma línea, Mañas describe el efecto directo sobre el entorno agrícola: “No es sólo una mala imagen, es un foco de infección para los invernaderos”. Y añade: “Con que salga un pulgón o una mosca blanca de ahí, ya estás transmitiendo enfermedades”. Los residuos no se concentran únicamente en zonas agrícolas. En barrios periféricos, donde la limpieza urbana recae en el Consistorio, su presencia es visible. En lugares como Venta Gaspar, Bellavista o la Vega de Almería “es tremendo lo que te encuentras”, explica.

La acumulación inicial, además, tiende a escalar: “Empieza con unos plásticos y acaba con neumáticos o electrodomésticos porque la basura llama a la basura”. La imagen que proyecta esta situación ha llegado incluso al ámbito comercial. “Se diseñan recorridos para evitar que las visitas vean estos residuos”, reconoce el concejal, en referencia a visitas institucionales o de grandes cadenas de distribución que quieren implantarse en la capital y a las que se aleja de la desagradable imagen de los desechos.

Junta y Ayuntamiento se desmarcan

Mientras, desde el Ayuntamiento de Almería gobernado por el PP, el concejal de Agricultura, Juanjo Segura, sostiene que la gestión de estos residuos no entra dentro de sus competencias directas. “La vigilancia y recogida de residuos agrícolas no es competencia municipal”, afirma, aunque señala que existe colaboración con la Junta de Andalucía y el Seprona para abordar estos casos. “Cuando detectamos residuos, lo ponemos en conocimiento para que se actúe”, explica Segura. El consistorio sí realiza limpiezas periódicas en otros ámbitos, como el cauce del río Andarax, donde en 2025 se retiraron alrededor de 315.000 kilos de residuos, y más de 143.000 en lo que va de año.

La Junta de Andalucía, por su parte, sitúa la responsabilidad inicial en los propios productores. “La responsabilidad es, en primer término, de los agricultores”, señalan fuentes de la Consejería de Agricultura, que indican que, en caso de incumplimiento, la intervención corresponde a la Consejería de Sostenibilidad. Cuando los residuos son urbanos o afectan a caminos, la competencia pasa a los ayuntamientos.

Desde el Ejecutivo regional también recuerdan que se hacen actuaciones en cauces públicos, donde se han retirado residuos plásticos en el marco de programas específicos de limpieza y restauración ambiental. Sin embargo, la consecuencia de estas posturas es que la presencia de desechos en diferentes zonas de Almería capital se debe a que los principales actores implicados - agricultores, empresas gestoras, ayuntamiento y Junta- se reparten su responsabilidad. Mientras tanto, los residuos siguen acumulándose en puntos visibles del entorno agrícola y urbano.

No obstante, desde el propio sector agrícola se plantean soluciones que pasan por mejorar la capacidad de las plantas, modernizar infraestructuras y facilitar la transición hacia materiales biodegradables. “Las mejoras deben ser asumidas por todos los agentes implicados”, sostiene Góngora. Sobre el terreno, sin embargo, la imagen es otra: restos de actividad agrícola que permanecen a la vista, en los márgenes de una de las principales potencias productivas del país y de Europa.

Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería (PP) hasta el pasado mes de noviembre, será investigado por pagar con dinero público un viaje privado a Madrid con su jefa de gabinete. La Diputación de Almería pagó alrededor de 2.000 euros entre vuelos y hotel para que García y María del Mar González Zamora viajaran a Madrid entre el 26 y el 27 de junio del año pasado. “¿Ponemos FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias]?”, le preguntó su secretaria. “Claro”, replicó García, que no asistió a ninguna reunión de la FEMP ni tuvo actividad oficial en Madrid durante aquel viaje, según la Guardia Civil.

El juzgado de instrucción 1 de Almería ya lo investigaba por el presunto cobro de mordidas en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia y la adjudicación irregular de obras públicas, que podrían suponer delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.

Ahora desgaja de la investigación principal el oficio de la UCO de la Guardia Civil en el que se detallan los pormenores del viaje de García y su jefa de gabinete, y lo envía a reparto para que el juzgado al que le toque investigue los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación. El auto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso este medio, razona que se trata de hechos diferentes a los que se investigan en la causa principal, por lo que seguirán su propio camino con la apertura de una investigación aparte en otro juzgado.

“Una necesidad personal”

El juez propone investigar un viaje a Madrid de García y González Zamora cuyo coste para la Diputación fue de 1.892,84 euros. La Guardia Civil, que entregó un completo oficio al juez a finales de febrero, cree que aquel viaje no tenía ninguna relación con el desempeño público de García, aunque trataron de hacerlo pasar como un viaje oficial. El gasto fue aprobado por Fernando Giménez, exvicepresidente de Diputación y también imputado en la pieza principal.

Los agentes de la UCO se enteraron de los preparativos del viaje porque el expresidente tenía el teléfono intervenido, y decidieron seguirlo durante su estancia en la capital. “El viaje, ya desde los momentos iniciales de su organización, habría respondido a una necesidad personal de los asistentes”, dice el Oficio, al que este medio ha tenido acceso. En concreto, a un asunto personal de ella, que debía estar en Madrid el viernes por la mañana con o sin García.

El presidente de la Diputación decidió acompañarla y pagar todo con dinero público, según la Guardia Civil. Dos días después de discutir por teléfono si iba o no, llamó a su secretaria Rocío para pedirle que reservara dos billetes de avión ida y vuelta y dos habitaciones de hotel. La secretaria le preguntó si debía consignar que era para una reunión de la FEMP. “Claro”, dijo él. “Porque la reunión la tienes en la FEMP, de qué voy a poner si no”, asumió ella. Aureliano era por entonces Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP.

La secretaria de la Diputación de Almería se puso a la tarea, y acabó reservando vuelos con salida y regreso a Granada y dos habitaciones en el Hotel Montera Madrid de Hilton.

De compras por Madrid

Javier Aureliano García no puso un pie en la sede de la FEMP ni mencionó de reunión alguna en ningún momento de las 24 horas que estuvo en Madrid, según la investigación de la UCO. La FEMP ni siquiera tenía actos programados que coincidieran con su presencia en la capital. En la agenda institucional de García no figura acto, evento o reunión con la FEMP esos días, y sí “reuniones varias”. A diferencia de lo que solía ocurrir cuando acudía a algún evento, no hay publicaciones en redes ni referencia pública a ninguna actividad pública.

En realidad, desde mediodía del jueves 26 al mediodía de viernes 27, el presidente de la Diputación de Almería disfruta de un día de asueto en la capital: buscan una terraza para pasar la tarde, descansan, él callejea hasta Fuencarral, se pasa por El Corte Inglés para probarse pantalones y camisas y echar un ojo a la zona Gourmet y acaban cenando en un caro restaurante que paga él, según documenta la UCO. Casi 400 euros.

Ya por la mañana, él se pasea por Madrid sin mucho que hacer, mientras ella acude a su cita. Entre su paseo matutino del viernes y el café que se tomó en un hotel de calle Barquillo, el expresidente del PP almeriense sí pasa frente a la puerta trasera de la sede, “pasando de largo”, dicen los investigadores. Por teléfono le dice a una mujer, aparentemente su pareja, que comerá por Cueva Baja “con esta gente de la FEMP”, pero come en Marisquería Rafa con su jefa de gabinete. Después se vuelven a Almería, vía Granada, tras evitar a Luis Rogelio [Rodríguez Comendador, también expresidente de la Diputación de Almería y senador del PP], “que no me dé el coñazo”.

La factura del viaje emitida a la Diputación de Almería por Viajes Vertical detalla 662 euros por cada vuelo ida y vuelta, 282 por cada una de las habitaciones y unos pequeños gastos de gestión. Total, el día en Madrid salió por 1.892,84 euros. El vicepresidente de Diputación autorizó el gasto un mes después.

Presuntas mordidas

La apertura de una investigación por estos hechos se suma a la causa principal, en la que el juzgado trata de dilucidar el presunto cobro de entre 200.000 y 400.000 euros en mordidas por la adjudicación fraudulenta de un contrato de un millón de euros para comprar mascarillas en mitad de la pandemia, y la presunta existencia de una trama para adjudicar contratos de obra de la Diputación.

El nexo común entre ambas subrtramas es Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación, quien habría percibido las comisiones por las mascarillas y por al menos 16 obras “haciéndolas llegar a otros cargos públicos de la Diputación Provincial de Almería”. Los investigados hablaban de “ir al dentista” y “ponerse dentadura” para referirse a las presuntas mordidas.

Todo ello, “con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del entonces presidente Javier Aureliano García Molina”, según escribe el juez en el auto. La UCO ya concluyó que García pagaba su hipoteca con dinero procedente de estas mordidas, sirviéndose de sus hermanos para reintroducir el dinero en metálico en el circuito legal.

García y su vicepresidente Fernando Giménez fueron detenidos el pasado noviembre en la última fase de la operación. La primera parte se desarrolló en 2021 y en ella fue arrestado Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero, con vínculos familiares con otros involucrados. El juez investiga presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales y fraude en la contratación pública en la trama principal, y ahora apunta también a la prevaricación administrativa y otro de malversación por el viaje. El expresidente de la Diputación de Almería está llamado a declarar el próximo 26 de junio.

García acumuló un gran poder en su condición simultánea de presidente del PP de Almería y de la Diputación (desde junio de 2021 y enero de 2019, respectivamente). En ambos sustituyó al histórico Gabriel Amat. Dimitió el 21 de noviembre, tres días después de ser detenido.

Un fallecido y tres heridos es el saldo provisional de la deflagración ocurrida esta tarde en un establecimiento hostelero en las inmediaciones de la plaza de toros de Almería. Se trata de la cafetería La Posada, en la calle Conde de Villamonte, aunque también se ha producido una segunda explosión en la cochera colindante, ambas posiblemente causadas por gas, informa el Emergencias 112.

Dos de los afectados han sido evacuados al Hospital Universitario Torrecárdenas, uno de ellos en estado grave por quemaduras y otro de carácter leve por inhalación de humo. El tercer herido ha sido trasladado al centro de salud de la plaza de toros, si bien por el momento se desconoce su patología.

La gravedad del incidente ha movilizado un amplio operativo de seguridad. A la zona se han desplazado dotaciones de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

Debido a la violencia de la deflagración, se ha requerido la presencia de especialistas del Tedax para asegurar la “zona cero”. Supervisando las tareas de rescate desde el lugar de los hechos se encuentra la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca.

El Gobierno central ha acordado incluir en el censo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática el monumento erigido en Palma en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Se trata del primer elemento franquista del archipiélago en ser incorporado en este registro estatal, una decisión que ya ha sido comunicada formalmente al Ayuntamiento de Palma para que proceda a su retirada.

Paradójicamente, este mismo jueves, el pleno del Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha ratificado, a iniciativa de ambos partidos, la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. No solo eso. Tras conocer la decisión del Ejecutivo central, el Consistorio ha anunciado que la recurrirá en los tribunales y de que hará valer “todas las vías legales necesarias” para impedir su ejecución.

La incorporación de la edificación en el censo estatal se sustenta en un informe de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que concluye que el monumento forma parte del aparato simbólico de la dictadura. La resolución emitida este jueves señala que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos” impulsado por el franquismo, una de sus principales herramientas de legitimación política. Un culto que, subraya el documento, constituyó “una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas”.

“Caídos por Dios y por España”

La Secretaría de Estado asevera que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

El monolito, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Sin embargo, mientras el régimen convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

Para la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, estuvo presente este miércoles en la reunión del Consejo Estatal de Memoria Democrática en la que se informó de la inclusión del monolito en el censo, la medida constituye un paso que no solo reconoce años de reivindicación, sino que podría reabrir la vía judicial para intentar su retirada del espacio público.

En el mismo foro, Oliver puso sobre la mesa otras demandas: la creación de subconsejos territoriales que mejoren la coordinación de estas políticas y la declaración como Lugares de Memoria de espacios clave en la isla, como el Fortí d'Illetes -convertido, entre 1936 y 1941, en un siniestro centro de represión y fusilamiento franquista- o el Mur de la Memòria. También alertó de posibles retrocesos en ámbitos como la gestión de archivos, la identificación de restos humanos o los bancos de ADN. Preocupaciones que, a su juicio, hacen más necesario que nunca reforzar los mecanismos de vigilancia institucional.

Reacciones

La inclusión del monolito de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática ha sido recibida con valoraciones contrapuestas en el ámbito político y social balear, evidenciando el debate que continúa generando. El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que recurrirá la medida en aras a evitar que el monumento sea retirado del espacio público. El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha defendido que “deberán ser los tribunales los que se pronuncien” al respecto, aseverando que el Consistorio no ha hecho más que “cumplir la ley” al modificar el planeamiento urbanístico municipal para catalogar la estructura como patrimonio protegido.

En este sentido, ha subrayado que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reconoce los valores patrimoniales del monolito y que, a su juicio, avala su protección. “Por encima del Gobierno, gracias a Dios, están los jueces”, ha espetado.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha calificado la decisión del Gobierno como “un paso importante” en la defensa de la memoria democrática y ha defendido que su retirada “es de justicia”. En un mensaje publicado este jueves en la red social X, la también secretaria general del PSIB-PSOE y expresidenta del Govern balear subraya que no se trata de borrar la historia, sino de “dignificarla, reconocer a las víctimas y construir un espacio público coherente con los valores democráticos”.

En la misma línea, Més per Mallorca ha celebrado la decisión del Gobierno y se ha mostrado convencido de que el monumento acabará siendo retirado. El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha aseverado que el debate trasciende lo estético y se sitúa en el terreno de los valores democráticos: “No puede haber una democracia plena mientras se exalta impunemente la dictadura”, ha afirmado. Por su parte, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha considerado la decisión “muy positiva”, aunque ha reclamado ir más allá: “Cualquier paso contra la barbarie y la memoria fascista es positivo, pero solo tiene sentido si se actúa con determinación y valentía para acabar definitivamente con ella”. También el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrado su satisfacción, subrayando la paradoja de que esta decisión llegue en un contexto en el que se ha derogado la ley de memoria democrática de Balears, con un PP que, a su juicio, está “absolutamente entregado a los postulados más fascistas de Vox”.

Frente a estas valoraciones, la entidad conservacionista ARCA ha expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno central, augurando que tendrá “poco recorrido”. En un comunicado, la asociación defiende que los tribunales ya han acreditado el valor patrimonial del monumento, que además “está catalogado”, definiéndolo además como “un elemento arquitectónico racionalista creado por un arquitecto ilustre de nuestra ciudad, Francisco Roca Simó, y reconocido internacionalmente”.

La asociación asegura que el monumento fue adaptado a la ley de memoria democrática por unanimidad de los grupos políticos. “Resulta incomprensible la falta de voluntad de consenso y la voluntad de destrucción de patrimonio de determinados partidos”, critica, negando que sa Feixina sea “un monumento franquista”, sino “un hito que clama contra las guerras y las dictaduras”. “Esto es lo que dice el hierro troquelado que lo rodea”, asevera. Con todo, la entidad ha subrayado que siempre ha estado a favor de la ley de memoria histórica pero, ha indicado, el “problema es cuando las interpretaciones se hacen de forma intransigente y falseando la realidad como hace ahora la Secretaría de Estado”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto la puerta a ejecutar de forma directa una revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para declarar su nulidad en caso de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no avance en la ejecución del fallo judicial de 2022 que le obliga a realizar este trámite.

En una providencia dictada el pasado 20 de marzo, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada se plantea la adopción de medidas del artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que faculta al tribunal a ejecutar una sentencia si la administración a la que se le requiere incumple el mandato judicial.

La Sala no descarta así recurrir a estas u otras medidas que estime oportunas para la ejecución del fallo con el que se obliga a revisar la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 por parte del Consistorio, inclusive aquellas otras “sobre la posible declaración de nulidad de la licencia objeto del procedimiento de revisión”.

Rechazo

En este sentido, la Sala dispone que se remita un oficio al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que comunique al tribunal “cualquier decisión” que adopte ante el expediente iniciado en julio del pasado año por el Ayuntamiento para la revisión de licencia, el cual precisa de un dictamen del órgano consultivo andaluz.

El Consultivo ya avanzó el pasado 9 de marzo un posible “archivo” de la petición del dictamen si el Ayuntamiento de Carboneras no completaba el expediente remitido a finales de 2025, de modo que incluso ha brindado a petición del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), una ampliación de plazo al Consistorio para que culmine el mismo y determine su propuesta de resolución del expediente

La providencia vuelve a rechazar los argumentos del Ayuntamiento de Carboneras, que aseguró que carecía de secretario municipal en estos momentos para poder avanzar en los trámites, de modo que incluso pedía auxilio al tribunal para poder dotarse de esta figura.

Anular la licencia

Al respecto, el TSJA recuerda nuevamente que las excusas sobre la falta de secretario municipal “no justifican el incumplimiento de lo acordado, debiendo ser el municipio quien lleve a cabo los procedimientos de provisión de la plaza de secretario o para su sustitución”.

No obstante, el tribunal rechaza por el momento las peticiones realizadas por Greenpeace para que se impongan multas coercitivas al alcalde o se deduzca testimonio ante la Fiscalía por un posible delito de desobediencia en cuanto al cumplimiento de la sentencia.

La propia organización ecologista reclamó al TSJA la aplicación de medidas contenidas en el artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para anular la licencia de obras al entender que ello “favorecería el principio de economía procesal” y, además, “evitaría que la promotora Azata del Sol y sus filiales recurrieran la decisión en la vía contencioso-administrativa”.

“Durante la última excavación, salió algo bastante interesante, parecido a lo que nosotros ya habíamos visto a unos cien metros de allí”. El arqueólogo José Luis López Castro habla de uno de los descubrimientos más importantes de la antigua ciudad fenicia de Baria (siglo VII a. C.), que hoy permanece intacta bajo los cimientos del pueblo de Villaricos (Cuevas del Almanzora, Almería), de un millar de habitantes. “Encontramos los restos de unos postes sobre las rocas que no terminábamos de interpretar”. En efecto, su equipo obtuvo años atrás la pista inicial, insuficiente para formular una hipótesis. Con los resultados de la última investigación, todo quedaba aclarado. “Pensamos que puede tratarse de una ‘neoria’”. Los griegos utilizaban esta palabra para definir los cobertizos navales que se construían junto al mar para guardar y preparar embarcaciones de pequeño tamaño. “No hay ningún otro precedente en la Península Ibérica; se conocen en el mundo griego en lugares como Grecia, Chipre o Marsella, pero en el ámbito fenicio este caso es único”, valora el catedrático de la Universidad de Almería.

Nadie dudaría de que zonas como esta en un yacimiento fenicio de casi 3.000 años de antigüedad deberían estar protegidas bajo llave. Sin embargo, una serie de circunstancias históricas —dejadez administrativa, conflicto de competencias e intereses inmobiliarios en un área costera de irresistible tirón turístico— han abocado a una situación surrealista. El pasado 21 de febrero, decenas de vecinos y representantes de diferentes colectivos y grupos ecologistas se manifestaban junto al enclave arqueológico para tratar de frenar la construcción de 24 viviendas de lujo que amenazan con sepultar definitivamente una parte (pequeña, pero muy valiosa) de la antigua Baria.

Bajo eslóganes como 'La memoria colectiva no es edificable', los convocados dieron lectura a un manifiesto en el que piden “la paralización cautelar de cualquier actuación que comprometa la integridad de las estructuras arqueológicas documentadas”, además del acceso a la documentación de las excavaciones más recientes a las que se refería el profesor López Castro y, en un futuro próximo, “la protección efectiva y la puesta en valor del enclave” a través de “un parque arqueológico” que cuente la dilatada historia del paraje.

La reivindicación no es nueva, como tampoco lo es el enésimo intento de edificar sobre los restos arqueológicos. “El día 1 de diciembre, aprovechando que todo el mundo estaba de vacaciones y la Administración prácticamente cerrada, veinte camiones de alto tonelaje con cuatro máquinas para cargar empezaron a demoler el yacimiento”. Juan Grima, presidente del colectivo Unidos por Baria, no se refiere a la promoción de apartamentos por la que protestaban en febrero (el denominado sector 9), sino a otra anterior, de hace veinte años, que dio origen a la asociación. Aquel proyecto quería sepultar una zona adyacente, el sector 8. Entonces, Grima implicó a la Junta de Andalucía para paralizar los primeros trabajos y obligar a la constructora a realizar una investigación en el subsuelo.

“Lo vallaron todo y no se podía ver nada en el interior, pero empezaron a aparecer restos antiguos en una escombrera”. Grima apunta a la chispa que prendió el movimiento vecinal, receloso de lo que podría estar ocurriendo ahí dentro. “Como no nos dejaban ver nada, alquilamos un avión ultraligero para tomar fotografías de todo y enviarlas a la prensa”, relata este profesor de Historia jubilado. El revuelo mediático acabaría dando sus frutos: “Conseguimos parar la construcción”. La Junta indemnizó a la constructora con dos millones de euros en concepto de lucro cesante (lo que la empresa dejaba de ganar por no construir, pese a contar con licencia), y el citado sector 8 recuperó la protección que tenía desde 1979.

Amenazada desde el siglo XIX

Entonces nadie (o casi nadie) podría imaginar que el caso aún no estaba cerrado. La amenaza del hormigón seguía latente hasta dar la cara en la actualidad. Nada extraño, por otro lado, en una ciudad fenicia que no ha parado de afrontar desafíos desde el siglo XIX. Entonces, el atractivo de la zona era la riqueza mineral del subsuelo. En 1842 se instaló en la costa de Villaricos una fundición que aprovecharía el plomo rico en plata que se extraía en la Sierra Almagrera, una industria que generó un notable desarrollo industrial durante décadas. A principios del XX, la actividad continuó, aunque de una manera mucho más reducida. La infraestructura ya creada —galerías, túneles y caminos que permitían extraer y transportar los minerales hasta las fundiciones y las zonas de embarque— se siguió utilizando. “Hacia 1925, la minería comenzó a caer en desgracia por la fuerte competencia del sector del hierro en Marruecos”, explica Juan Grima. El régimen franquista trató de reactivar las minas de plomo, plata y hierro con la creación de una nueva empresa, pero en 1959 “aquello se fue a pique directamente y no volvió a haber más actividad minera”, aclara el profesor de Historia y editor.

Desde entonces, el auge del turismo comenzó a sustituir el extinto pasado minero. Los terrenos de Villaricos situados junto al mar eran demasiado apetecibles como para respetarlos. “El auge como zona de veraneo hizo que la gente comenzara a apropiarse de los terrenos”, continúa Grima. Terrenos que terminarían en manos privadas, así que el ladrillo estaba llamado a convertirse en el nuevo peligro para Baria ya en el siglo XXI. Primero, con la promoción de apartamentos turísticos en el sector 8 que los vecinos lograron frenar. A continuación, con los planes inmobiliarios para edificar en el número 9. Este solar, de unos 1.300 metros cuadrados, se había declarado bien de interés cultural (BIC), pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió suprimir esa protección en 2013 en la mitad de los terrenos, unos 600 metros. Una nueva promoción de 24 apartamentos de lujo hacía que la historia volviera a repetirse. “Como a finales de 2020 habían comenzado las excavaciones, en enero de 2021 hicimos una concentración junto a grupos ecologistas como la del mes pasado”, relata el presidente de Unidos por Baria.

La presión social, también de nuevo, logró frenar las obras. La Justicia paralizó la promoción y obligó a la constructora a realizar previamente una extensa excavación arqueológica, que se ha llevado a cabo en 2023. “Esta documentación es la clave para saber qué hay ahí abajo”, apunta Juan Grima. “Desde entonces, hemos hecho todo lo posible para que no empiecen a construir”, sostiene el profesor, que denuncia la falta de acceso a toda esa información. “No nos han dado ni un solo papel”, lamenta. Ante el riesgo real de que el proyecto siga adelante, Unidos por Baria decidió presentar una demanda con un amplio dosier informativo sobre la importancia de la antigua ciudad fenicia.

“Hemos escrito al alcalde (Antonio Fernández Liria, PSOE) y le hemos dicho que si da la licencia para construir puede arruinar el pueblo”, revela Grima, ante la posibilidad de que el solar multiplique su valor, y se repita la historia de hace dos décadas. “Nosotros queremos que toda la zona se convierta en un parque arqueológico, aprovechando los antiguos túneles mineros que conectan con la antigua necrópolis y la zona de los templos”, expone el presidente de Unidos por Baria. En Villaricos piensan en un nuevo desarrollo para la zona, esta vez, basado en el patrimonio y la arqueología, con referentes como la Geoda de Pulpí, la cavidad subterránea almeriense que se ha convertido en un fenómeno social y aspira a ser Patrimonio de la humanidad.

El Mediterráneo español, referente fenicio

“Se trata de un yacimiento de primera magnitud, una ciudad fenicia y luego romana que funcionó durante siglos, y que está entera, completa”, valora José Luis López Castro. El arqueólogo —que ha tomado el relevo de las primeras excavaciones, llevadas a cabo hace un siglo por el belga Luis Siret— señala los pasos a seguir para preservar el yacimiento y ponerlo en valor: “Lo primero sería que todas las zonas fueran de propiedad pública; a partir de ahí, habría que hacer un plan director para establecer futuras investigaciones e intervenciones, desenterrando lo que ya está excavado y ampliando lo necesario”.

En su opinión, Baria se convertiría en el principal referente de la civilización fenicia en la provincia de Almería —junto con la ciudad de Abdera, hoy Adra— y pasaría a formar parte de la nómina de enclaves más importantes del país, con la primitiva Cartago Nova (Cartagena, Murcia), La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante), Puig des Molins (Ibiza), Sexi (Almuñécar, Granada), Malaka (Málaga) o Gadir (Cádiz). “En España conocemos más de los fenicios que en otros países por la política de protección arqueológica de los últimos cuarenta años, que ha permitido recuperar información antes de que se ejecuten muchas obras”, explica López Castro.

Pero ¿por qué preservar la huella fenicia? Básicamente, porque muchos de los avances de lo que disfrutamos hoy por hoy proceden de esta cultura. El arqueólogo López Castro destaca “la escritura, el concepto de vida urbana y de ciudad y, después, la metalurgia o la arboricultura, con la introducción de cultivos específicos como los frutales, la vid o el olivo”. Como docente universitario, López Castro cree que “en términos generales, la cultura fenicia se conoce bien dentro de un programa que es muy amplio”, teniendo en cuenta también que el estudio de los fenicios “depende mucho de la arqueología, ya que hemos perdido su literatura”. No tan optimista se muestra en la enseñanza básica, donde “el currículum está perdiendo el estudio de la cultura clásica”. De ahí que preservar yacimientos como Baria sea la llave para conocer a nuestros antepasados, cuando lo clásico vuelva a ser moda.

Cinco jornaleras no pueden más con el hostigamiento y acoso laboral al que se ven sometidas a diario según han denunciado ante el juzgado. Cada vez que acuden a su puesto de trabajo en una empresa hortofrutícola de Níjar (Almería), se enfrentan a vejaciones, coacciones y condiciones laborales extenuantes, aseguran. Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. Por eso, han decidido llevar a la Justicia a los dos empresarios que les dan trabajo.

En concreto, estas cinco jornaleras, cuyas identidades se han preservado por su seguridad, trabajan para Hermanos Gázquez Garrido, una explotación agrícola del municipio almeriense de Níjar. Un lugar en el que el clima de tensión es tan elevado que han denunciado en el juzgado de guardia a los dos empresarios que están al frente de la explotación por someterlas a humillaciones, coacciones y vigilancias durante la jornada laboral. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.

Mientras los empresarios y sus representantes legales guardan silencio a preguntas de este periódico, los hechos denunciados se habrían producido siempre en su explotación, que está situada en el entorno de Los Albaricoques, en el término municipal de Níjar. En el escrito presentado ante el juzgado, las trabajadoras describen un ambiente de presión constante en el que, aseguran, los empresarios se acercan a escasos centímetros de donde están trabajando, les gritan o zarandean los carros en los que transportan las hortalizas que recogen.

Según el relato de las denunciantes, cuando piden ir al baño la respuesta habitual es negativa. “Los empresarios mantienen el único baño que hay en la finca cerrado, sólo lo pueden utilizar ellos”, recoge la denuncia, avanzada en El Común. Las trabajadoras sostienen que, ante esta situación, se ven obligadas a hacer sus necesidades “en la banda del invernadero o fuera del mismo”. El documento también describe episodios que, a juicio de las denunciantes, vulneran su intimidad. “Cuando vamos a hacer nuestras necesidades nos siguen con el móvil grabando en todo momento”, señalan en el escrito. En algunas ocasiones, añaden, los empresarios “sitúan la cámara del móvil a escasos centímetros de nuestra cara, riendo y profiriendo palabras malsonantes”. Además, se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.

Insultos e intimidaciones

Las jornaleras afirman que esta situación se produce de forma habitual durante la jornada laboral. “Es habitual que se pasen toda la mañana a escasos centímetros de donde estamos trabajando”, señalan en la denuncia, en la que también describen gritos, insultos y actitudes intimidatorias. Uno de los episodios relatados en el documento hace referencia a una discusión ocurrida cuando una trabajadora pidió ir al baño antes de terminar una de las líneas de trabajo. Según la denuncia, uno de los empresarios le dijo que no podía hacerlo hasta completar la tarea, mientras gritaba y zarandeaba el carro en el que se transporta el género. Las denunciantes sostienen además que otros trabajadores de la finca han presenciado algunas de estas situaciones.

En todo caso, el conflicto laboral en esta explotación agrícola no es reciente. Meses antes de la denuncia presentada ahora en el juzgado, un grupo de trabajadores había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral. En ese documento, presentado en septiembre del pasado año a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se señalaban supuestas irregularidades como salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola o la ausencia de vacaciones.

Los trabajadores sostenían también que las horas extraordinarias no se abonaban y denunciaban deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de equipos de protección individual en determinadas tareas. El SAT respalda ahora públicamente a las jornaleras que han presentado la denuncia y sostiene que las trabajadoras están sufriendo represalias tras reclamar el cumplimiento de la legislación laboral.

“El único baño de la explotación permanece cerrado y sólo lo utilizan los empresarios”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que también asegura que las trabajadoras “tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la banda del invernadero”. La organización sindical sostiene además que las trabajadoras son “seguidas por los empresarios grabando con el teléfono en todo momento, violentando su intimidad”.

Silencio por parte de la empresa

El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes y ha hecho un llamamiento al movimiento feminista y a organizaciones sociales de la provincia para respaldar a las trabajadoras. Este medio ha contactado con los empresarios denunciados a través de su representación legal, pero su abogado ha declinado realizar declaraciones y ha señalado que la respuesta a las acusaciones se producirá en el ámbito judicial. Mientras, desde el SAT afirman que tras la denuncia la situación se ha agravado y a los trabajadores se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.

El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá determinar si los hechos relatados en la denuncia constituyen algún tipo de infracción laboral o delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, las jornaleras que han presentado la denuncia continúan trabajando en la explotación agrícola en la que, según relatan, se produjeron los hechos. Confiando en que su lucha, ahora judicial, acabe con el clima de hostigamiento que llevan demasiado tiempo aguantando.

Almería está a punto de perder otra parte de su patrimonio histórico. La iglesia de San Francisco, situada en Cuevas de Almanzora desde el siglo XVII, está en un estado próximo a la ruina, lo que obligará a derribar parte de su torre-campanario para evitar que se produzcan desprendimientos que pongan en peligro a los viandantes. Una decisión que es la consecuencia de los años de “abandono” institucional que denuncian desde la asociación Amigos de la Alcazaba. Lamentan que la desidia, sobre todo de la diócesis de Almería, deja al templo al borde de la desaparición.

La iglesia de San Francisco comenzó su construcción en 1655 y concluyó casi un siglo después. Su importancia, aparte de por el evidente valor patrimonial que le otorga el paso del tiempo, está en que forma parte de la historia de Almería, ya que fue levantada gracias al mecenazgo de los marqueses de los Vélez, la familia con más poder en toda la provincia en esa época, hasta el punto de contar con señoríos en Granada y Murcia. Por lo que el templo es testigo de unos años que explican también la construcción del propio municipio de Cuevas de Almanzora. Sin embargo, la falta de protección y el abandono institucional obligan a un derribo parcial que parece ser la antesala de su posterior desaparición.

Porque el templo carece de ninguna protección específica, pero la Ley de Patrimonio sí obliga a que sea conservado. Una obligación que recae en la diócesis de Almería al ser su propietaria, pero que no se ha llevado a cabo como debería, poniendo en peligro la integridad estructural de la iglesia. Mientras, el Ayuntamiento de Cuevas dice tener recursos limitados para poder afrontar la restauración del inmueble y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ni siquiera muestra interés puesto que no es un templo catalogado como bien de interés cultural (BIC).

Un deterioro “histórico”

Así, desde Amigos de la Alcazaba llevan tiempo alertando de que la situación no es nueva. “El convento no ha envejecido de pronto ni se ha deteriorado de un día para otro”, explica a este medio Juanmi Galdeano, portavoz de la asociación. A su juicio, el deterioro del edificio es el resultado de “una situación histórica” que se arrastra desde hace décadas y que no puede atribuirse únicamente a los actuales responsables institucionales. “Se han sucedido varios obispos y varios alcaldes y nadie ha sido capaz de abordar este problema”, señala.

La asociación insiste en que la demolición parcial de la torre es sólo la consecuencia visible de una degradación prolongada. “El patrimonio es una cuestión de medio y largo plazo y aquí nadie lo ha afrontado”, lamenta Galdeano, que advierte de que el templo presenta daños en distintos puntos de su estructura, incluida la cúpula. “Según se ha explicado, el edificio necesita una restauración integral. La pregunta es si, cuando llegue el momento, la solución también será tirar la cúpula”, añade.

Para Amigos de la Alcazaba, la demolición de la parte superior del campanario puede marcar el inicio de una pérdida progresiva del conjunto histórico. “Es más barato demoler que restaurar”, sostiene su portavoz, que teme que el convento de San Francisco acabe siendo “paulatinamente demolido” a medida que el deterioro avance.

La diócesis de Almería, propietaria del inmueble, defiende sin embargo que la intervención responde a una cuestión estrictamente de seguridad. Según explican desde el obispado, la iglesia se encuentra en “estado de ruina” y su restauración requeriría una inversión de varios millones de euros. “La cúpula ya presenta desprendimientos y se ve el cielo desde el interior”, señalan, lo que evidencia el avanzado deterioro del edificio.

El problema más urgente, según la diócesis, es el estado de la torre-campanario. A diferencia de otras partes del templo, cuyo deterioro se produce hacia el interior, la torre podría colapsar sobre la vía pública. “Si se cae, caería sobre la calle y sobre las personas que pasan por allí. Es una zona muy transitada y sería peligrosísimo”, explican fuentes del obispado.

Trabajos insuficientes

La diócesis asegura que en los últimos años se han realizado refuerzos estructurales para tratar de estabilizar la torre, pero que esas intervenciones no han sido suficientes. “Hemos intentado reforzarla con estructuras, pero el estado es tan malo que con una lluvia fuerte, con viento o con un pequeño temblor podría venirse abajo”, señalan. Por ese motivo, la decisión adoptada junto al Ayuntamiento pasa por demoler únicamente la parte más alta del campanario. “No se va a tirar toda la torre, sólo la parte superior, que es la que presenta mayor riesgo”, subrayan.

El obispado insiste además en que restaurar sólo la torre no solucionaría el problema de fondo. “El conjunto de la iglesia está en estado semirruinoso. Arreglar la torre sin intervenir en el resto del edificio no serviría de mucho”, apuntan. Según su versión, una restauración completa del templo exigiría una financiación que la diócesis no puede asumir. “Ojalá las administraciones públicas pudieran aportar esos millones de euros, pero ahora mismo no disponemos de ellos”, añaden.

Desde el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, gobernado por el PSOE, sostienen por su parte que su capacidad de actuación es limitada al tratarse de un edificio de propiedad eclesiástica. “No tiene ninguna protección específica y además pertenece a la diócesis, por lo que el Ayuntamiento no puede solicitar ayudas para intervenir allí”, explican fuentes municipales. El consistorio asegura que el deterioro del templo se arrastra desde hace décadas. “Hace unos 30 años que está en mal estado”, señalan. También recuerdan que en el pasado hubo intentos de encontrar soluciones alternativas para el edificio. “Hubo una oportunidad de que una hermandad se quedara con el lugar, pero no hubo acuerdo con la diócesis”, apuntan.

Mientras tanto, el Ayuntamiento afirma que sí está trabajando en la recuperación de otros elementos del patrimonio local. “Estamos arreglando patrimonio del municipio con fondos propios y subvenciones, pero en este caso los técnicos consideran que el estado del edificio ya no permite una actuación viable”, sostienen.

El resultado es que uno de los templos históricos de Cuevas de Almanzora se enfrenta ahora a un futuro incierto. La demolición de la parte superior de la torre pretende evitar un riesgo inmediato para los vecinos, pero también abre un debate más profundo sobre la gestión del patrimonio histórico y sobre quién debe asumir la responsabilidad de evitar que edificios con más de tres siglos de historia acaben desapareciendo.

El 21 de febrero de 2006, el juez Jesús Rivera firmó la primera resolución de las muchas que se han dictado sobre el hotel inconcluso de la playa de El Algarrobico de Carboneras (Almería). “Suspendo las obras que se ejecutan para la construcción del hotel Azata del Sol en la playa denominada El Algarrobico de Carboneras”. Dos días después, a las cinco de la tarde del 23 de febrero, agentes de la Guardia Civil ordenaron a los obreros que pararan las hormigoneras.

Ni un ladrillo más se ha puesto desde entonces, pero tampoco se ha retirado ninguno. Poco podía imaginar el juez cuando estampó su firma al pie de aquel auto de medidas cautelares, por definición perecederas, que su resolución sería la más relevante y la única efectiva que cualquier juzgado, tribunal u órgano administrativo haya adoptado en relación a la inmensa mole de ladrillo, que sigue varada en la playa veinte años después. “Y gracias a que envió a la Guardia Civil. Si no, hubieran seguido con la obra”, observa José Ignacio Domínguez, el abogado que interpuso la solicitud de medidas cautelares, mandatado por la asociación Salvemos Mojácar.

Los ecologistas suelen tirar de un dato: hay 40 resoluciones judiciales que concluyen de forma consistente que el hotel no puede estar en ese lugar, porque se levanta sobre zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre e invade terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata. Hasta 14 sentencias ha dictado el Alto Tribunal, todas en la misma dirección.

Los tribunales no han hecho más que recordar lo que siempre estuvo en las leyes, pero han sido incapaces de trasladarlo a la realidad material, tal y como ordena la Constitución: “Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

“Son terrenos protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata desde 1994, que es cuando tenían que haber modificado la norma urbanística de Carboneras”, lamenta Domínguez, que echa cuentas: “Llevamos 32 años de retraso para cumplir la normativa. Es un fracaso de las tres administraciones y también de la Justicia”.

Hace una semana el TSJA dio al fin por cumplida la obligación del Ayuntamiento de recoger en su PGOU que son no urbanizables. Pero sigue quedando lo más difícil: mover de allí la mole y reponerlos a su estado anterior a 2003.

Un sistema exageradamente “garantista”

La realidad a pie de playa sigue congelada en el 23 de febrero de 2006, apenas barnizada por la capa de pintura negra que un puñado de ecologistas le imprimió en 2014. Fueron juzgados y absueltos por ello. Con otro color, el hotel de 411 habitaciones y 21 alturas sigue desafiando al mar a 14 metros de donde rompen las olas mientras las grúas se bambolean de lado a lado los días de viento.

El Algarrobico es relevante en el catálogo español de aberraciones no por su cuestionable oportunidad estética, sino porque apunta al corazón de un sistema incapaz de garantizar que las leyes y sentencias se cumplen. “Creo que eso lo va a derribar el salitre”, vaticinó el juez Rivera a El País hace un año, en la única entrevista que ha concedido.

Es una declaración frustrante, sobre todo viniendo de un juez. Rivera (que ha declinado participar en este reportaje) habla de una “pléyade de recursos” y un problema “técnico-jurídico”: hay una licencia en vigor. “Es un sistema muy garantista para algunas cosas, que aquí es exagerado”, opina Domínguez, que lleva dos décadas luchando contra el caracoleo del Ayuntamiento y la promotora.

El Tribunal Supremo ha tenido varias ocasiones para acordar la demolición por sí mismo, pero evitó hacerlo. En lugar de eso, los magistrados entregaron la iniciativa al Ayuntamiento, que siguió arrastrando los pies. “Me consta que hubo discrepancias en la Sala”, desvela el abogado.

Un hotel que invade “totalmente” la playa

En realidad, todo está claro desde la primera resolución. El auto de 21 de febrero de 2006 recogía por qué había que parar la obra: estaba claro que la licencia para levantar un hotel invadiendo “totalmente” los 100 metros desde la orilla que marca la Ley de Costas desde 1988 debía ser ilegal.

Desde entonces, todo han sido variaciones sobre las conclusiones provisionales del juez Rivera, con una excepción: dos sentencias que en 2014 dieron un vuelco a la situación, contra el criterio de todas las resoluciones judiciales anteriores y posteriores. Las dictó una sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA presidida por Rafael Toledano, que aplicó unas novedosas normas de reparto, sustituyó a la ponente más allá del tiempo de baja de esta y celebró juicio sin los ecologistas por un error formal. Lo denunciaron en vía penal, pidieron la nulidad y llevaron el caso hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en vano.

El desaguisado lo corrigió años después el Tribunal Supremo, que las anuló, y luego el propio TSJA, que concluyó que los terrenos debían declararse no urbanizables en el PGOU de Carboneras en 2016 (confirmada por el Tribunal Supremo en 2018) y que la licencia debía revisarse en 2018 (confirmada en 2021). Aún quedará reactivar el pleito para que se ordene la demolición, suspendido hasta que se anule la licencia.  

Entre tanto, se habían dictado otro puñado de resoluciones que habían ido tumbando los intentos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía por sostener el hotel, Toledano había tomado posesión de una plaza como magistrado del Tribunal Supremo y otro de los jueces que dictó las sentencias controvertidas había fichado por el Ayuntamiento de Carboneras para ayudar a sostener el edificio.

La promesa de empleo

“La gente está aburrida de todo el proceso y ya no atiende a las noticias sobre El Algarrobico”, comenta Javier Nespral, miembro de diversas plataformas vecinales del municipio.

Aunque desde el pueblo no se ve, el hotel lo levantó Azata a la vista de todos y con la colaboración casi entusiasta de las administraciones, todas, incluida la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, que llegó a presentar un plano que alteraba la clasificación de los terrenos: de C1 a D2, urbanizable. “A las bravas, sin expediente alguno”, recuerda el abogado, que alertó de la manipulación de la planimetría ya en su primera demanda. Aquello, recuerda, era un festival de irregularidades: se superaba la edificabilidad, no se había pagado la licencia…

“Yo estaba recorriendo la costa de Almería porque se planificaban muchos desarrollos monstruosos, y me encontré con esto”, rememora Jaime del Val, presidente de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, quien dio la voz de alarma y contactó con Domínguez, quien puso la demanda que llegó a Rivera. La acción decidida de estas tres personas paralizó el engendro. Luego se sumaron Greenpeace y Ecologistas en Acción. Pocos más, recuerda Del Val: “Antes se había intentado la vía penal, pero no había prosperado”. Años después, el juez dedujo testimonio a Fiscalía porque veía que en aquella historia había indicios de delito, pero el fiscal metió sus sospechas en un cajón.

Durante años, la promotora y las administraciones (el Ayuntamiento siempre, la Junta de Andalucía hasta 2015) han hecho lo posible para evitar la demolición. Mientras a los carboneros les prometían que aquello sería la panacea, el pueblo apenas quedaba para fondo de pantalla. “Creo que, si preguntáramos uno a uno, la mayoría de carboneras querría que no se tirara y se hiciera algún tipo de uso, como hotel o residencia, argumentando que daría vida y trabajo, sin pensar lo que supone esa estructura y su mantenimiento”, señala Nespral.

El propio Ayuntamiento está instalado en esa hipótesis. “Frente a unas expectativas de empleo y desarrollo que se vieron frustradas, a pesar de que en su día el hotel contó con el beneplácito del Gobierno y de la Junta, lo único que Carboneras ha ganado ha sido una mancha reputacional”, ha señalado el alcalde en un comunicado esta misma semana. “Se ha manipulado a la opinión pública: esto no atrae empleo para la gente local: suele ser barato y para gente de fuera, basado en la destrucción para el futuro”, replica Del Val.

Tras el cierre de la central térmica y las limitaciones a la pesca, el turismo es el gran sostén de la economía local. Pero algo ha cambiado: ahora el parque natural ya no se ve como un freno, sino que ha pasado a ser el gran atractivo turístico del que depende la economía de Carboneras. “Ya no se piensa que no se pueda edificar de una determinada forma, sino que da unos ingresos directos por dejar las cosas como están”, cuenta Nespral.

“Un caso excepcional de rebeldía procesal” de un Ayuntamiento

Ya pocos dudan de la voluntad dilatoria del Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE, sobrino de Cristóbal Fernández, quien concedió la licencia), Felipe Cayuela (PP) y ahora Salvador Hernández (Ciudadanos). También la Junta de Andalucía se ha cansado de que siempre ocurra algo que evita que cumpla las sentencias: se equivoca, el secretario está de baja, se retrasa, entiende mal lo que debe hacer…

A todo eso se ha agarrado el Consistorio para explicar que haya tardado ocho años en cumplir una sentencia y cinco (más lo que queden) para otra. “No hay caso igual en España de Ayuntamiento con esta caradura. Es un caso excepcional de rebeldía procesal”, protesta Domínguez. El TSJA ha advertido repetidamente a todos los alcaldes con multarlos y denunciarlos, pero nunca lo ha hecho.

Ahora, para revisar la licencia hay que pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía, pero Carboneras ha enviado el expediente tarde (cinco meses después de iniciarlo) y mal (incompleto). El Consultivo se lo ha devuelto, pero ya con el plazo de caducidad superado, así que los ecologistas temen que haya que empezar de nuevo. Domínguez va a plantear que sea el TSJA el que revise. “Nos ahorraríamos cinco años”.

Este jueves, Greenpeace entregó a Hernández una tarta con forma de hotel para pedirle que se deje de “argucias”. Y el alcalde, que hace un año sugirió que el hotel se reconvirtiera, replicó con un comunicado en el que dice que debe defender “el interés general del pueblo”, aventando el temor a una eventual indemnización a Azata que dejaría tiritando las cuentas municipales.

Dóminguez cree que la expropiación que ahora impulsa el Gobierno podría acortar el camino. La falta de acuerdo con el justiprecio (Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.000 euros) aboca a otro pleito, pero este podría ser más corto porque no dependería del Ayuntamiento, “que es el principal obstáculo”, vaticina el letrado.

“No imaginaba que íbamos a tardar tanto”, concluye Domínguez. “Quizá lo tire el colapso climático”, observa Del Val, viendo la catástrofe más cerca que el cumplimiento de unas cuantas sentencias judiciales.

Los dos primeros meses del año están dejando en Almería más lluvias de las que suelen caer en esta provincia andaluza entre enero y febrero. El tren de borrascas, que ha tenido efectos muy adversos en zonas de Cádiz o Málaga, ha descargado en tierras almerienses más del doble de lo normal para el mismo periodo de tiempo. Una realidad que saca a Almería del estado de sequía mientras, sin embargo, la tierra sigue árida y los pantanos están a unos niveles muy similares a los de los últimos diez años. Una paradoja que revive la eterna pregunta entre administraciones, regantes y ecologistas: ¿necesita más infraestructuras hídricas la provincia?

Si se observa el nivel de los dos únicos pantanos almerienses -el de Cuevas de Almanzora y el de Benínar-, tienen una media de agua embalsada de algo más del 12% de su capacidad, lo que es ligeramente superior a los 10,8% de media de la última década. Eso sí, mientras que el de Benínar roza el 30% de su capacidad total, el de Cuevas apenas supera el 5%. Una distribución desigual que se explica también porque el deshielo y la nieve que caen de Sierra Nevada van a parar al primero de los embalses, por el contrario, la zona del segundo es muy seca.

En todo caso, la estadística conjunta de los embalses no parece responder al hecho de que ha llovido más del doble de lo habitual entre enero y febrero. Pese a estas precipitaciones, los ecologistas están preocupados por un posible mal uso de los recursos hídricos por parte del sector agrícola y estos, a su vez, reclaman que se incrementen las infraestructuras para asegurar el futuro cuando el cambio climático siga trayendo episodios meteorológicos extremos entre sequías e inundaciones.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), su portavoz en Andalucía, Juan de Dios del Pino, apunta a que el episodio de lluvias ha sido “claramente superior a la media”, pero advierte de que “dos meses húmedos no corrigen un déficit estructural acumulado durante años”. En un clima semiárido como el almeriense, añade, la variabilidad interanual es elevada y los episodios extremos -tanto de sequía como de lluvias intensas- forman parte de la dinámica habitual. Algo que empeorará con el cambio climático.

Una provincia montañosa

El profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Sánchez García, sitúa el origen de esta paradoja en la configuración atmosférica y orográfica. “Almería no encaja plenamente ni en el patrón del Atlántico Norte ni en el del oeste del Mediterráneo”, explica. Las borrascas atlánticas riegan sobre todo el centro y el norte peninsular, mientras que el patrón mediterráneo afecta al Levante hasta Alicante y norte de Murcia. “La provincia queda en un impás”, resume.

A ello se suma la barrera que ejercen las sierras, al ser una de las provincias más montañosas de España. “La humedad se queda muchas veces en Gádor, Filabres o las Alpujarras por lo que a las zonas agrícolas llega sobre todo el viento”, señala. Esa configuración ayuda a entender por qué, incluso tras episodios lluviosos intensos, los embalses no registran aumentos proporcionales. Sin embargo, para el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Mena, el debate no puede limitarse a la meteorología. “Almería vive en un equilibrio hídrico extremadamente ajustado. No es un problema coyuntural, es estructural”, sostiene.

Mena defiende que la provincia ha construido un modelo agrícola “altamente tecnificado y eficiente”, pero reconoce que su base hídrica es frágil. “Aquí dependemos de un mix muy complejo: trasvases, desalación, aguas regeneradas y acuíferos. Si uno de esos pilares falla, el sistema se resiente”, explica. El delegado explica que la modernización del regadío ha reducido consumos unitarios y mejorado la eficiencia. “Hoy producimos más con menos agua que hace veinte años”, afirma. A su juicio, el sector ha hecho un esfuerzo significativo en riego localizado, digitalización y control de dotaciones.

Sobre la expansión de superficie agrícola, Mena rechaza la idea de un crecimiento descontrolado. “No se puede generalizar. Cualquier transformación debe ajustarse a la legalidad y a la disponibilidad de recursos. La administración no autoriza nuevas hectáreas si no hay respaldo hídrico”, sostiene. También reconoce que en el pasado “se cometieron errores” y que la planificación actual es más restrictiva. En cuanto al papel de las infraestructuras, el delegado considera que “la regulación es clave en un territorio con lluvias irregulares”. Según argumenta, sin capacidad de almacenamiento suficiente, los episodios intensos no pueden aprovecharse plenamente. “No se trata solo de que llueva, sino de poder gestionar lo que llueve”, apunta.

Una infraestructura compleja

Desde el terreno, el agricultor Andrés Góngora insiste en esa idea. “Almería no tiene embalses suficientes ni bien dimensionados para su climatología”, afirma. Cuando se producen aportes extraordinarios, explica, no siempre existe infraestructura para almacenarlos. Sin ir más lejos, tanto el pantano de Benínar como el de Cuevas sufren de filtraciones que hacen que parte del agua que se embalsa se pierda casi de forma automática. Góngora añade que la producción de agua desalada es continua, mientras que la demanda agrícola es estacional. “Si no hay más capacidad de regulación, cuando baja el consumo hay que parar”, señala.

A su juicio, la clave no es si ha llovido este invierno, sino si la provincia está preparada para afrontar el próximo ciclo seco. Además, desde el sector agrícola recuerdan que los dos únicos embalses de la provincia sufren filtraciones cuando les entra agua, lo que disminuye su utilidad. De ahí que precisen de los trasvases del embalse del Negratín en Granada -que llevaba cinco años sin trasvasar agua- y del río Segura en Murcia. “Ahora sabemos que podremos usar esos trasvases porque existen recursos hídricos suficientes, pero de cara al futuro no tenemos nada asegurado”, lamenta Góngora.

Mientras, desde el Gobierno central se defiende que la respuesta pasa por reforzar precisamente la oferta hídrica. La futura desaladora Bajo Almanzora II contará con una inversión de 160 millones de euros y producirá 30 hectómetros cúbicos adicionales al año. También está prevista la ampliación de la desaladora Campo de Dalías, que pasará de 30 a 40 hectómetros cúbicos, y la optimización energética de la desaladora de Carboneras, con capacidad estimada de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales.

El Ejecutivo destaca además 189 millones de euros en actuaciones de mejora de regadíos y la bonificación del precio del agua desalada, que sitúa el coste para los regantes entre 45 y 47,5 céntimos por metro cúbico. Algo que no acaban de ver los conservacionistas. El portavoz ecologista Pepe Rivera sostiene que aumentar la oferta no resolverá por sí solo el problema. “El embalse de Cuevas solo se llenó una vez tras unas lluvias excepcionales. Pensar que se llenará con regularidad no se ajusta al régimen pluviométrico real”, afirma.

Rivera advierte también de que los acuíferos siguen presentando niveles de sobreexplotación, siendo el campo de Tabernas un ejemplo muy concreto con la desecación de su capa freática por la expansión de olivares intensivos en las últimas décadas. Además, la sustitución de bombeos por agua desalada no siempre se ha cumplido plenamente. Además, cuestiona el equilibrio del modelo productivo: “Parte de la producción hortícola no llega al mercado, con el consiguiente consumo de agua y energía”.

La salida formal de la sequía no ha modificado la base estructural del sistema hídrico almeriense. Mientras, AEMET recuerda la elevada variabilidad climática, la universidad apunta a la singularidad geográfica, el delegado de Agricultura defiende la modernización y la necesidad de regulación, el Gobierno central anuncia nuevas desaladoras, los regantes reclaman más capacidad de almacenamiento y los ecologistas piden revisar la demanda.

Así, la paradoja almeriense, coinciden todas las fuentes desde enfoques distintos, no se resuelve con un invierno lluvioso. Obliga a un debate más profundo sobre planificación, límites productivos y adaptación a un clima que seguirá alternando extremos. Porque el hecho invariable es que el cambio climático ya ha llegado y que los episodios extremos entre sequías y fuertes lluvias se producirán con mayor asiduidad e impacto. Para ello, Almería ha de estar preparada.

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Vox una moción impulsada por este último grupo para impedir el acceso a dependencias municipales a personas que porten burka, niqab u otras prendas equivalentes que oculten “parcial o totalmente el rostro” salvo por razones médicas o de seguridad laboral.

La moción, que ha carecido de debate entre los miembros del Pleno y ha sido rechazada por la bancada del PSOE, sostiene que la medida “protege a todos a través de la identificación y neutralidad en las dependencias públicas”, según ha defendido la primera teniente alcalde y concejal de Turismo, Pilar Fenoy (Vox). “La utilización de prendas de este tipo en España, que cubren totalmente o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas”, ha apuntado la edil.

Esta medida sucede horas después de que el PP a nivel nacional haya registrado una proposición de ley para impedir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Dos días después de que el Congreso tumbara la iniciativa de Vox, el PP ha salido al paso y, con la excusa de vetar el “velo integral”, plantea una prohibición genérica de “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro” en “espacios públicos o de acceso público”. Las multas previstas van de los 100 a los 600 euros.

“No va contra nadie”

No obstante, ha asegurado que el texto “no va contra nadie, sino a favor de que la Administración funcione con garantías”, sentido en el que ha lamentado que los socialistas no hayan apoyado una iniciativa “centrada exclusivamente en la necesidad objetiva de identificación en oficinas públicas y no en debates ideológicos ajenos a la competencia municipal”, según ha defendido.

La moción acuerda como condición “fundamental” para acceder a dependencias municipales que se permita la “identificación visual del rostros por razones de seguridad”, por lo que no se admitirá la entrada o permanencia de nadie que tape su cara con prendas de cualquier tipo “con independencia del origen, motivación o significado de la prenda”.

La regulación, que no resulta aplicable a la vía pública, tampoco se extiende a símbolos o prendas que “no oculten el rostro”, conforme a la encomienda que se ha hecho a los servicios jurídicos para que incorporen a los reglamentos municipales esta cuestión. “Hoy el Pleno ha dicho sí a una medida que protege a todos: seguridad, identificación y neutralidad en dependencias públicas. No va contra nadie; va a favor de que la Administración funcione con garantías, sin suplantaciones y con reglas claras”, ha trasladado posteriormente Fenoy en una nota.

Sentencia del Supremo

El veto al burka o el niqab, recuperado ahora por Vox como parte de su agenda antiinmigración, ya fue objeto de análisis por el Tribunal Supremo hace más de una década, en 2013, cuando alertó del riesgo de aislamiento para las mujeres que pueden tener este tipo de iniciativas. 

En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo razonó que este veto puede provocar un “efecto perverso”: el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”.

Lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. Así se pronunció el Alto Tribunal en 2013 cuando declaró nula la prohibición de que las mujeres lleven velo integral en los espacios públicos que había acordado tres años antes el pleno del Ayuntamiento de Lleida. 

Una década después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado por concluida la pieza de ejecución de la sentencia que en 2016 (firme desde 2018) declaró como no urbanizable el paraje en el que se asienta el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Se trata de un edificio de 411 habitaciones y una veintena de plantas promovido por Azata del Sol, situado en zona de servidumbre de la Ley de Costas y en el parque natural de Cabo de Gata, que fue paralizado en 2006 por orden de un juez cuando estaba al 80% de su ejecución.

La adaptación del plan urbanístico municipal para que recoja exactamente lo que confirmaba la sentencia del TSJA ha llevado ocho años, cinco desde que se abrió una pieza de ejecución. La sentencia de primera instancia fue dictada el 18 de julio de 2016, hace casi una década. En este tiempo, el Ayuntamiento se ha servido de una variada gama de maniobras dilatorias para retrasar el cumplimiento, según han lamentado tanto los ecologistas como la Junta de Andalucía en reiterados escritos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

El retraso es todavía mayor si se tiene en cuenta cuándo surgió la obligación de adaptar el PGOU. “Hace 32 años que tenían que haber modificado las normas subsidiarias, hoy PGOU, cuando se publicó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en el BOJA de 22 de diciembre de 1994”, recuerda José Ignacio Domínguez, el abogado de Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción que impulsa en los tribunales la batalla contra la mole y sus promotores.

La panoplia de giros y ardides que han provocado estos retrasos desde que se dictó la sentencia firme agota el repertorio del derecho administrativo: publicaciones incompletas, errores de identificación, planos incorrectos, supuesta necesidad de nuevos informes, bajas laborales, excesos en el texto aprobado por el Pleno... Todo esto ha provocado que Ecologistas en Acción haya llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los magistrados han advertido en varias ocasiones en estos años a los sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y Salvador Hernández -Ciudadanos-) con multarles si seguían poniendo “excusas” (según sus propias palabras) y no cumplían sus resoluciones, sin pasar nunca de la advertencia.

Cada paso mal dado ha supuesto una nueva marcha atrás o, como mínimo, la paralización del proceso. De ahí que cada plazo prometido haya caído en saco roto. El Ayuntamiento llegó a reclutar como asesor jurídico externo al exmagistrado que dictó la única sentencia (entre en torno a 50) que ha considerado que la mole es legal.

Ni siquiera en los últimos meses, cuando el catálogo de errores, omisiones y excusas parecía agotado, estuvo claro el cumplimiento. La Sala tuvo que insistir en que era necesario publicar el “contenido íntegro” de las nuevas normas urbanísticas a fin de dar por cumplida la sentencia, después de que la Junta de Andalucía protestara tras una primera publicación insuficiente.

Con todo, la constatación de que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable también en la planificación urbana de Carboneras no deja totalmente expedito el camino al derribo del edificio. La licencia de obras sigue vigente casi 25 años después de que fuese concedida por el Ayuntamiento de Carboneras.

El Consistorio tramita desde el año pasado un expediente de revisión de esa licencia para cumplir otra sentencia del TSJA, firme desde 2021, pero para revisar la licencia es preceptivo ahora un informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Los ecologistas denuncian que la tardanza del Consistorio en remitir el expediente al Consultivo va a provocar inexorablemente la caducidad del proceso, obligando a repetirlo y añadiendo una nueva demora en el intrincado camino que debe llevar a la demolición del edificio ilegal.

Sin cuestiones “pendientes de decidir”

En el auto dictado este lunes, la Sala de lo Contencioso-administrativo pone fin al procedimiento para ejecutar la sentencia que obliga a hacer constar que el suelo de El Algarrobico es “no urbanizable”. Al fin, los magistrados constatan que no hay ya ninguna “cuestión pendiente de decidir”, después de que el boletín oficial de la provincia (BOP) haya publicado los cambios en el plan general. La publicación se produjo el pasado 12 de enero.

Se cumple así una sentencia dictada por esta misma sala el 18 de julio de 2016 a raíz del recurso que impulsaron las organizaciones ecologistas Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace, por el que se revocaba el acuerdo del pleno adoptado el 11 de agosto de 2009 que cambiaba la consideración de los sectores ST-1 y ST-2, este último referente a El Canillar.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), pidió a finales de enero al TSJA que archivara el procedimiento dirigido contra la administración local ante la modificación parcial de su plan general de ordenación urbana conforme a las directrices recibidas para que la norma urbanística pudiera desplegar todos sus efectos, informando de la publicación de todos los cambios exigidos hace una década.

En ese escrito, Hernández escudaba la demora en “una serie de vicisitudes originadas en esta fase de ejecución” “no imputables a la corporación local” aunque “alguna de las partes contrarias las tildaron de maliciosas y abusivas”.

La vía de la expropiación

La ejecución de las dos sentencias dictadas hace una década (la que declara no urbanizable el suelo -2016, firme desde 2018- y la que obliga a revisar la licencia -2018, firme desde 2021) es la vía preferida por el Gobierno de Juan Manuel Moreno para acabar con El Algarrobico. Pero el Gobierno central ha abierto otra vía paralela, a la que el Gobierno andaluz no se ha sumado por ahora, consistente en expropiar los terrenos que se sitúan en dominio público marítimo-terrestre, unos 16.000 metros cuadrados (algo más de la mitad del total).

La propuesta fue anunciada a pie del hotel por la ministra de Hacienda María Jesús Montero hace ahora un año, y deberá pasar ahora por un tribunal administrativo (el jurado provincial de expropiaciones) que valore cuál es el justiprecio a pagar por el terreno. Azata pidió al Gobierno 44,5 millones de euros, y este lo rechazó y realizó una contraoferta que apenas supera los 16.000. Si las partes no se conforman con el valor que determine el arbitraje, podrán añadir otro proceso más a la densa maraña judicial que desde hace dos décadas amarra El Algarrobico a la playa de la que toma su nombre.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense.

El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo.

El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros.

En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”.

Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”.

Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales.

Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses.

Seis meses de litigio

El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros.

La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025.

Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso.

El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo.

La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores.

El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados.

El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen.

El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto.

El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería.

El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento.

Derribo de la mitad del inmueble

El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal.

El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio.

La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso.

El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto.

El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

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Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.

Cuando Mario Sanz bajó las escaleras de su faro y cerró la puerta por última vez, supo que algo de la memoria colectiva se estaba perdiendo. A sus 65 años, se jubiló el pasado septiembre como uno de los últimos fareros de Andalucía, tras más de tres décadas en el faro de Mesa Roldán, en Carboneras y en pleno corazón de Cabo de Gata en Almería. Consciente de la caducidad de su tarea, Mario comenzó a recopilar todo tipo de artefactos marítimos relacionados con su profesión y los fue ordenando hasta configurar un museo único que con su jubilación se ha quedado en el aire. Por ello, lucha para que no se pierda y siga abierto al público.

Porque el museo del faro de Mesa Roldán corre el mismo riesgo de desaparición que el empleo del propio Mario Sanz. De hecho, él mismo empezó a trabajar en este lugar apenas unos meses antes de que en 1992 el llamado Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Marítinas –tal y como se conoce a los fareros– se extinguiese. Convencido de su papel de “guardián de la memoria”, Sanz decidió desde ese instante guardar todos los recuerdos de valor y, junto a cuadros y otras obras de arte, configurar un espacio museístico que, sin la presencia de un farero, queda a expensas de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), responsable de la gestión de este faro.

Desde el adiós de Mario Sanz, es la APA la que hace el mantenimiento de un edificio que sigue guiando a los barcos, aunque ahora de forma automática. También es la Autoridad Portuaria la encargada de abrir y cerrar al público las visitas interesadas en conocer el museo que Sanz fue creando durante más de 33 años. Sin embargo, como no hay nadie permanente en el faro de Mesa Roldán, las visitas se limitan a dos o tres veces al mes y siempre previa cita concertada. Algo que contrasta con la actividad que hasta septiembre había en este espacio museístico: abierto de forma continuada y con una clara vocación educativa y divulgativa.

No en vano, durante esas tres décadas, Mario Sanz no sólo se ha ocupado de encender y vigilar una luz fundamental para la navegación, sino que ha convertido el faro en un espacio vivo. Allí se han organizado presentaciones de libros, exposiciones temporales de pintura y fotografía, talleres y visitas escolares. Todo ello de manera gratuita. “Hemos estado abriendo el faro a todo tipo de visitas y haciendo actividades culturales durante más de treinta años”, recuerda Sanz. El resultado es una colección de más de 3.000 piezas vinculadas al mar, a la señalización marítima y a la historia de los faros, reunidas sin financiación específica y a lo largo de toda una vida profesional.

Guardián de la memoria

El origen del museo está íntimamente ligado a la desaparición del propio oficio. “Llegas a un sitio que se está acabando, que ya declaran a extinguir, y sabes que vas a ser el último que va a haber en este faro”, explica. “Te quedas un poco como guardián de la memoria: si no guardo yo las cosas, se va a perder todo”. Así empezó a conservar equipos antiguos, documentación, herramientas y objetos cotidianos del trabajo en los faros, ampliando después la colección hacia el arte, las maquetas y los archivos históricos, incluidas fotografías de antiguos fareros y fareras de toda España.

Por eso, el cierre de facto del museo tras su jubilación ha generado preocupación en Carboneras. La asociación Amigos del Faro de Mesa Roldán, de la que el propio Sanz es presidente y que cuenta con más de 700 personas asociadas, alerta de que el actual sistema de visitas limita gravemente el acceso. “Antes estaba abierto de manera permanente y la mayor parte de las visitas se concentraban los fines de semana”, explican desde la entidad. Ahora, las aperturas se producen entre semana y dependen de que un funcionario se desplace desde Almería para abrir el edificio.

Desde la asociación insisten en que el problema no es la falta de interés social, sino una decisión administrativa que deja sin uso cultural un edificio histórico. El faro de Mesa Roldán fue construido en 1863, tiene más de 160 años y se alza a 210 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Un enclave privilegiado que, además de su valor patrimonial, se había consolidado como un atractivo turístico para el municipio.

El Ayuntamiento de Carboneras comparte este diagnóstico. Fuentes municipales señalan que el Consistorio considera el faro “un elemento de gran valor turístico y cultural” y se muestra dispuesto a alcanzar un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Almería para que pueda seguir siéndolo. Para ello, admiten, será necesario encontrar una fórmula de gestión adecuada, pero aseguran que el apoyo municipal será total para mantener abierto el museo y preservar la actividad cultural asociada al faro.

Un sueño complicado

La Autoridad Portuaria de Almería, por su parte, defiende que el faro de Mesa Roldán es una instalación de dominio público portuario y una señal marítima en activo, cuya gestión corresponde exclusivamente a la APA y a personal técnico cualificado. Desde el organismo sostienen que el faro es visitable mediante un sistema de visitas previa solicitud, similar al de otros faros bajo su competencia, y que no se han perdido visitas, sino que se organizan conforme a un calendario establecido.

En cuanto a la posibilidad de ceder la gestión del museo a terceros, la APA la descarta al considerar que no es legalmente viable, al formar parte de una instalación portuaria en funcionamiento. Una interpretación que choca con la visión de quienes han sostenido durante años el proyecto cultural del faro y con la del propio Ayuntamiento, que reclama una mayor flexibilidad para garantizar su apertura regular. En todo caso, desde el Consistorio existe la voluntad de intentar llegar a un acuerdo con la APA y desde la asociación cultural del faro no descartan tomar otro tipo de acciones para lograr su cometido.

Mientras las administraciones deciden qué hacer con el faro, el futuro del museo marítimo de Mesa Roldán sigue en el aire. Para Mario Sanz, la cuestión va más allá de su historia personal: “Es un desperdicio total de espacio y de todo el trabajo que se ha hecho durante años”. Tras décadas cuidando de una luz pensada para orientar a otros, el último farero de Mesa Roldán pide ahora que no se apague la del patrimonio común.

La presencia de narcolanchas frente a las costas de Pulpí ha alterado el ritmo normal de este pequeño municipio situado al noreste de la provincia de Almería. Según denuncia su alcalde, Juan Pedro García (PP), estas embarcaciones están ganando terreno frente a las playas de todo el litoral en los últimos meses y sobre todo en las últimas horas. Debido al mal tiempo, explica el regidor, los presuntos delincuentes están atracando las embarcaciones buscando el abrigo de los acantilados de Pulpí, generando inquietud entre la población local.

Debido a su presente, desde el Consistorio solicitan que se refuerce la seguridad y que se disuada a este tipo de actividades delictivas que soliviantan el ritmo normal de una localidad que apenas supera los 12.000 habitantes. Una localidad que, según su alcalde, también está empezando a sufrir los efectos de las presencias de narcolanchas por la participación de jóvenes del pueblo en las actividades ilícitas de estas embarcaciones.

Para tratar de lograr una respuesta y frenar lo que está ocurriendo, desde el Ayuntamiento de Pulpí se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que refuerce la seguridad, ya que con los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de la zona no hay medios suficientes. Por ello, dado que las narcolanchas son visibles a la vista de todos, se ha producido una reunión entre ambas instituciones.

“El problema es la sensación de impunidad”, explica Juan Pedro García en conversación con este medio. “Los ves allí, tranquilos, con la lancha abrigada en la costa y con personas a bordo, y eso transmite una impotencia y una inseguridad muy preocupantes”. El alcalde explica que su denuncia no pretende cuestionar la labor de los cuerpos policiales, sino advertir de la falta de recursos con los que cuentan. “La Guardia Civil hace lo que puede, pero no tiene medios suficientes para cubrir toda la costa ni para enfrentarse a embarcaciones mucho más potentes”, señala.

Cientos de garrafas de gasolina

Uno de los indicios más visibles de esta actividad es la acumulación de garrafas de combustible en el litoral. Según el regidor, la Policía Local ha llegado a incautar más de 200, aunque insiste en que “en toda la costa hay miles”. “Es la prueba de que el problema está ahí y de que no es algo puntual”, añade. A ello se suma, según denuncia, el riesgo de que estas dinámicas acaben normalizándose entre la población más joven. “Ya tenemos conocimiento de chavales del pueblo a los que se les paga 200 o 250 euros por el petaqueo. Es dinero fácil y muy tentador, y no podemos permitir que esto se incruste en la sociedad, porque cuando entran en ese mundo luego no les dejan salir”.

Desde el ámbito institucional, fuentes cercanas al caso explican que la presencia reciente de estas embarcaciones está condicionada por el temporal marítimo. Según trasladan, las narcolanchas se habrían acercado a la costa buscando refugio por el mal estado de la mar, lo que desaconseja intervenciones directas con medios marítimos o aéreos por motivos de seguridad. Estas fuentes subrayan que la Guardia Civil tenía localizadas las embarcaciones y realizaba labores de seguimiento, aunque ese control no siempre sea visible desde tierra.

Las mismas fuentes apuntan además a que, en este momento, las embarcaciones detectadas en el litoral almeriense estarían vinculadas principalmente al tráfico irregular de personas en la conocida como ruta argelina, más que al tráfico de hachís u otras drogas, al menos en este episodio concreto. En cuanto al petaqueo, recuerdan que no constituye delito por sí mismo si no puede acreditarse su relación directa con narcotráfico o trata, una limitación legal que dificulta las actuaciones policiales, aunque se esté estudiando una posible modificación del Código Penal.

Un problema “que va a más”

Una visión muy distinta es la que mantiene la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que alerta de un agravamiento sostenido del problema en la costa almeriense. La organización sitúa el foco en el Levante de la provincia y en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde la presencia de narcolanchas es, según denuncia, cada vez más visible. “Cada año se hacen más fuertes y vienen más”, advierte su portavoz en Almería, Víctor Vega, que habla abiertamente de una “pérdida total del principio de autoridad”.

Desde la AUGC sostienen que las embarcaciones se desplazan a lo largo del litoral en función de la presión policial. “Cuando tú achuchas y vas detrás de ellos, se van desplazando”, resume Vega, que explica que la interceptación sólo suele producirse cuando las lanchas sufren averías o problemas de combustible. “En el resto de situaciones es casi imposible”, añade, al tiempo que critica que “las penas son irrisorias” y que los agentes trabajan “sin medios ni reconocimiento”.

La asociación rechaza los mensajes oficiales que hablan de avances frente a las mafias y asegura que la realidad es la contraria. “Se ha perdido el control de nuestras aguas territoriales”, afirma Vega, que llega a concluir que “hoy en día, los dueños y señores de estas aguas son las mafias del narcotráfico”. Un diagnóstico que contrasta con la prudencia institucional, pero que coincide con la alarma expresada desde municipios como Pulpí, donde la presencia de estas embarcaciones ya forma parte del paisaje cotidiano.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería, en concreto la pieza separada que investigaba presuntas contrataciones irregulares de obra pública a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La juez da así carpetazo a un caso que cuya investigación se inició en 2014, al considerar que no se aprecian indicios suficientes sobre la comisión de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, entre otros.

En su auto dictado el pasado 15 de enero, la magistrada Ana Belén Vico incide en el último informe policial emitido sobre las actuaciones urbanísticas y adjudicación de obras a la mercantil en Roquetas de Mar entre los años 2000 y 2010 sin que, del examen de los documentos realizado, se puedan determinar “graves irregularidades” en la contratación.

Del mismo modo, y conforme a la petición de archivo realizada por la Fiscalía, tampoco se han podido determinar plenamente la existencia de operativas por parte de los investigados para la “ocultación” de parte de las ganancias que se habrían obtenido con contratos amañados o posibles delitos contra la Hacienda Pública. Las acusaciones llegaron a pedir la imputación de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y que también fue presidente tanto de la Diputación como del PP almeriense.

La juez llega a subrayar el giro radical dado por la Fiscalía en este caso, tanto que en un último informe –“cuyos fundamentos son íntegramente compartidos por esta Instructora– concluye ”modificando sustancialmente“ sus denuncias anteriores. Tanto, que subraya ahora que ”no se han detectado graves irregularidades“ que puedan ser constitutivas de delito.

Un caso que arrancó en 2014

Las actuaciones se iniciaron en 2014 con base en una serie de recibís, facturas y una libreta de anillas aportadas ante la Fiscalía, que habrían sido encontradas en un contenedor de basura, en las que se recogían supuestos pagos a técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Estos indicios llevó al Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de Málaga a realizar un primer informe policial en el que se detectaron “irregularidades” en la tramitación de los 62 procedimientos, aunque el mismo informe apuntaba “la falta de documentación en varios de estos expedientes”, que fue solicitada al Consistorio roquetero. El informe recordaba que en 2003 hubo elecciones municipales, constando la entrega de 36.000 euros asociados a la “campaña electoral Roquetas de Mar”.

Pero con la documentación adicional, la UDEF emitió un segundo informe sobre actuaciones urbanísticas relativos a la adjudicación de obras a la mercantil Hispano Almería en Roquetas de Mar sin que, a raíz de la misma, se apreciaran irregularidades sobre los delitos investigados. A estos informes se unen las “múltiples diligencias de investigación practicadas” entre las que se incluyen las declaraciones de investigados y testificales, además de otras pruebas documentales.

Recibís sin firmar

En este sentido, la jueza incide en que si bien destaca la existencia de unos recibís con la supuesta entrega de cantidades de dinero por los investigados, los mismos “no se encuentran firmados por ninguno de los supuestos receptores”. “Es evidente que es un indicio de delito, pero no se ha podido acreditar, suficientemente, la efectiva entrega/recepción de esas cantidades”, expone la juez, quien además apunta que ninguno de los informes policiales al respecto “acredita con claridad dicho extremo”.

Abunda además en el estudio de la documentación de la diversas sociedades, lo que tampoco ha permitido acreditar “fuera de toda duda” la existencia de esa supuesta entrega de dinero. “Es cierto que alguno de los investigados percibió cantidades de dinero con origen en la mercantil Hispano Almería, pero también lo es que lo fueron, al menos en apariencia, por prestaciones profesionales o negocios que estaban autorizados a realizar”, distingue la instructora.

La juez incide en la “compleja instrucción” llevada a cabo no sólo por la “profusa documental” practicada sino por la toma de declaraciones a investigados, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quienes “niegan categóricamente los hechos”.

Sin la “gravedad necesaria”

De este modo, asevera que de lo investigado no se ha podido acreditar, por una parte, irregularidades en la tramitación de los expedientes; y, por otra parte, el supuesto cobro de comisiones desde el Ayuntamiento roquetero para “favorecer a cualquiera de las empresas investigadas en la adjudicación de obras públicas”.

De todo ello, la juez concluye que “no concurren los requisitos expresados para estimar acreditado siquiera indiciariamente que por persona alguna determinada se haya cometido un presunto delito de prevaricación o de cualquier otro ilícito penal, no adoleciendo las posibles irregularidades que pudieran derivarse de los expedientes analizados, de la gravedad necesaria para ser relacionadas con una posible actividad criminal”.