Más de 130.400 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos comienzan las clases este martes en Andalucía. La normalidad será la nota dominante, pero hay lugares donde no se alcanza esa normalidad a veces deseada. Cabo de Gata empieza otro curso sin el instituto que los vecinos llevan años reclamando para la zona. La propuesta pasa por construir un centro de Secundaria en Pujaire que dé servicio a varios núcleos de Níjar y Almería capital y evite los desplazamientos que cada día tienen que hacer los alumnos. La plataforma ciudadana que reclama el proyecto sostiene que hay terreno disponible y que la zona reúne las condiciones para acoger el centro. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedarían aquí”, explica Lola Alonso, vecina de la zona y madre de un niño que este curso comienza la ESO.

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, también defiende la construcción del instituto y asegura que ya ha abordado el proyecto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el Gobierno andaluz no concreta si tiene previsto levantar el centro ni pone fecha al proyecto. Su respuesta se limita a señalar que “la escolarización está garantizada” y que Educación continúa priorizando las necesidades de infraestructuras. Mientras, los vecinos denuncian desplazamientos de hasta 45 minutos para acudir a clase y relacionan la falta de servicios con la pérdida de población en estos núcleos.

Un instituto para toda la costa

Porque la reivindicación no se limita a Pujaire, que es un anejo de Níjar, sino que la plataforma ciudadana plantea el instituto para varios núcleos del entorno de Cabo de Gata, una zona marcada por la dispersión geográfica. El Ayuntamiento de Níjar habla de ocho pedanías de los municipios de Níjar y de la propia Almería capital que podrían beneficiarse del centro. De este modo, Pujaire, Ruescas, San José, Cabo de Gata, El Pozo de los Frailes, Barranquete y Cortijo Abajo son los principales núcleos de población que se beneficiarían de esta infraestructura que se llamaría Puerta del Cabo por situarse, precisamente, a las puertas del parque natural.

Pero sin ella, la situación actual obliga a los estudiantes a desplazarse fuera de sus localidades para continuar sus estudios. Y no hablamos de un trayecto puntual. Es el viaje de ida y vuelta de cada día lectivo. “Si tú metes a un niño en un autobús 45 minutos para ir y otros 45 para volver a su instituto, es una barbaridad”, lamenta Francisco Palenzuela, uno de los portavoces de la plataforma que pone el foco en la gran dispersión geográfica que hay entre unas zonas y otras.

El problema, casi como la propia dispersión, viene de lejos. Palenzuela explica que la reclamación ya existía antes de los últimos comicios locales de 2023 y que, pese al cambio de corporación municipal del PSOE al PP, los vecinos han seguido reclamando el centro, contando incluso con el respaldo consistorial, pese a que Gobierno regional y local comparten signo político.

Además, personas como Lola Alonso tienen un motivo especialmente cercano para seguir reclamando el instituto: su hijo tiene 11 años y este curso comienza la ESO. Si el centro que reclaman los vecinos estuviera construido, no tendría dudas sobre dónde estudiaría. “Si estuviera el instituto, mi hijo iría a este instituto. No iría a uno tan grande como el de Puerto Carrero”, explica. En Cabo de Gata, según relata, los alumnos pueden cursar actualmente primero y segundo de ESO, pero después tienen que desplazarse para continuar sus estudios. En el caso de las familias de San José, algunas optan por llevar a sus hijos a Cabo de Gata durante esos primeros cursos y después deben buscar otro centro cuando terminan esa etapa.

La falta de un instituto propio hace que los desplazamientos formen parte de la trayectoria educativa de estos niños. Y, para algunas familias, también empieza a pesar en la decisión de dónde vivir. “Muchos padres se están yendo de aquí y vendiendo sus casas”, asegura Alonso. “Estamos perdiendo población en los pueblos rurales porque se van buscando una mejoría para su hijo”.

Un solar de 18.000 metros cuadrados

Por eso, los vecinos no solo reclaman el instituto. También tienen identificado dónde quieren que se construya ya que el propio Ayuntamiento de Níjar ha ofrecido a la Junta de Andalucía una ubicación concreta. Según la información que maneja la plataforma, se podría construir en una parcela situada en Pujaire y que cuenta con una superficie gráfica de 17.833 metros cuadrados, más que suficiente para adecuar un centro educativo que absorva a una población que supera ampliamente el millar de menores en edad para cursar sus estudios allí.

Palenzuela asegura que se trata de un terreno municipal de alrededor de dos hectáreas y considera que reúne las condiciones necesarias para acoger el instituto. “Está todo: el solar despejado, la carretera... cumple todo”, sostiene. De hecho, el Ayuntamiento de Níjar confirma que Pujaire es una de las opciones planteadas. En la información facilitada a este periódico, el Consistorio señala que el instituto, “por ubicación y requisitos”, podría construirse en la localidad.

Además, el Consistorio también asegura que ha mostrado públicamente su apoyo al proyecto. Los concejales de Educación y Urbanismo se han reunido con la plataforma para abordar la necesidad de un centro de Secundaria para toda la zona. Pero que exista un terreno disponible no significa que el proyecto esté en marcha. Falta saber si la parcela ha sido formalmente puesta a disposición de la Junta, qué trámites urbanísticos serían necesarios y, sobre todo, si Educación ha dado algún paso para convertir la propuesta en una obra.

“La escolarización está garantizada”

El Consistorio nijareño asegura que la reivindicación ha llegado a la Administración autonómica. Según explica, ha mantenido “varias reuniones” con la Delegación de Educación para abordar tanto las inversiones que ya se están realizando en los centros del municipio como futuras actuaciones. Entre ellas está, según el ayuntamiento, “la del instituto para la costa”. La plataforma, sin embargo, reclama avances concretos. Lola Alonso asegura que llevan más de un año esperando una reunión con la Junta.

“Educación lleva ya un año y pico diciendo que sí, que sí, que iríamos, y no hemos ido”, afirma. Los vecinos sostienen que la Junta les ha trasladado que poner en marcha un instituto supone una inversión importante y que hay distintos requisitos que cumplir. Palenzuela asegura que una de las explicaciones que han recibido es que “no hay fondos”. Pero la Junta no confirma esa versión. Preguntada por este periódico sobre el proyecto, su financiación y los plazos para construir el centro, la respuesta oficial no concreta ninguno de esos extremos.

El Gobierno regional se limita a defender que los alumnos de la zona tienen actualmente garantizada su escolarización. “Actualmente, la escolarización del alumnado de la zona está garantizada a través de los centros de referencia y de los recursos establecidos”, señala la Junta. Educación añade que “se sigue priorizando el plan de infraestructuras, dando respuesta a aquellas necesidades que se puedan presentar” y que continúa “atendiendo y priorizando las necesidades de infraestructuras educativas conforme se presentan”.

La Junta no aclara si contempla construir el instituto de Pujaire. Tampoco concreta en qué fase estaría el proyecto, si existe un expediente abierto, qué requisitos considera que debe cumplir la zona, cuál sería el coste de la actuación o cuándo podría ejecutarse. La respuesta deja así dos posiciones enfrentadas: para la Junta, la escolarización está garantizada con los centros y recursos existentes y para los vecinos, eso no resuelve el problema de fondo: los alumnos siguen teniendo que desplazarse y las familias siguen reclamando un centro educativo de Secundaria en su entorno.

Educación y despoblación

Pero el instituto es también una cuestión de población. La falta de servicios públicos, dicen los lugareños, está haciendo más difícil que las familias se queden. “Cada vez más gente de Pujaire y de Ruescas se está yendo a Retamar”, asegura Palenzuela. Y apunta directamente a la falta de servicios: “La gente se va, sobre todo porque no hay servicios, y la educación es fundamental”. Alonso coincide. Según su experiencia, hay familias que están optando por marcharse cuando sus hijos llegan a la edad de estudiar Secundaria. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedan aquí”, insiste.

La reivindicación se produce en una zona con una fuerte actividad turística durante los meses de verano, pero donde los vecinos reclaman servicios que permitan mantener población durante todo el año. El instituto se ha convertido así en uno de los símbolos de esa demanda. “Si no tuviéramos niños, no lucharíamos ni buscaríamos nada”, dice Alonso. “Pero tenemos espacio y nos dan el terreno”. El curso ya comienza. Los alumnos siguen teniendo plaza y la Junta insiste en que la escolarización está garantizada. Lo que no hay es un calendario para el instituto que los vecinos llevan años reclamando. Y en Pujaire siguen esperando la misma respuesta: si hay alumnos, hay terreno y el Ayuntamiento defiende el proyecto, qué falta para que la Junta dé el siguiente paso.

La Junta de Andalucía ha anunciado el inicio del procedimiento destinado a restablecer la legalidad en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para demoler el edificio hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones que se asienta en la zona con el fin de “devolver los terrenos protegidos a su estado original”.

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha acordado abrir un expediente a tal fin después de que el Ayuntamiento de Carboneras aprobase en Pleno la revisión de oficio de la licencia de obras, para su nulidad, el pasado 7 de julio.

El asunto ha sido abordado este martes en una reunión celebrada en el Palacio de San Telmo, a la que ha asistido la consejera Rocío Díaz, según ha trasladado la Junta. “Hoy damos un paso decisivo en un asunto que lleva demasiados años abierto. La Junta ha mantenido una hoja de ruta clara: actuar con seguridad jurídica, hacer cumplir la legalidad y avanzar hasta conseguir la demolición del hotel y la recuperación de este espacio protegido”, ha señalado Díaz.

La actuación se ampara en la competencia que la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), atribuye directamente a la Comunidad Autónoma para defender la legalidad territorial cuando se producen actuaciones contrarias a la ordenación del territorio. Entre esos supuestos se encuentran las actuaciones que afecten a suelos especialmente protegidos y al espacio litoral.

Restauración del terreno

El expediente permitirá determinar las medidas necesarias para devolver los terrenos a la situación anterior a la construcción del hotel. El informe elaborado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo antes de iniciar el procedimiento establece que esa restitución deberá incluir el desmantelamiento de servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición del hotel y la restauración de los terrenos, con el objetivo de recuperar los valores que justificaron su especial protección.

El hotel, al que se concedió licencia para su construcción en enero de 2003, se levanta sobre terrenos clasificados ya como suelo no urbanizable de especial protección, dentro del entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En este sentido, la demolición y restauración está prevista por un Protocolo firmado en 2011 por el Gobierno y la Junta de Andalucía, que distribuye las tareas: demolición y desescombro para el Estado, restauración para la Junta.

Sin embargo, la expropiación fue un punto de fricción entre las administraciones: el asunto está en manos de un jurado provincial de expropiaciones, que dio en marzo un plazo de seis meses después de que la promotora Azata del Sol S.L, dueña del inmueble, rechazara el justiprecio del suelo propuesto por el Gobierno.

Ahora bien, la declaración de nulidad de la licencia era un trámite imprescindible para poder avanzar por esta vía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había requerido en junio al Ayuntamiento de Carboneras que culminara en un plazo de 20 días hábiles el procedimiento de revisión de oficio del permiso concedido a la promotora en 2003. Finalmente, el Pleno municipal adoptó el acuerdo el pasado 7 de julio.

Más de 20 años

Por un lado, el Gobierno andaluz se personó en el incidente de ejecución de las sentencias que obligaban al Ayuntamiento de Carboneras a adaptar su planeamiento para que los terrenos de El Algarrobico figurasen correctamente como suelo no urbanizable de especial protección. Díaz ha subrayado que “ahora corresponde continuar el procedimiento con todas las garantías hasta completar la restitución de los terrenos”.

La posición mantenida por la Junta, que ha defendido la nulidad de la licencia como la vía jurídicamente “más segura” para avanzar hacia la demolición, recibió además el respaldo de la Secretaría municipal y del Consejo Consultivo de Andalucía. Este último consideró procedente la revisión de oficio antes de que el Ayuntamiento adoptara finalmente el acuerdo de nulidad.

Sin embargo, el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto. El primero es de la propia promotora del hotel, Azata del Sol, y los otros tres corresponden a Cristóbal Fernández, exalcalde de Carboneras (PSOE), quien concedió la licencia; otro de José Luis Amérigo, exalcalde también con el PSOE de 2019 a 2023; y el último de Felipe Cayuela (anteriormente en el PP) , alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023, antes de ser desbancado en una moción de censura liderada por Salvador Hernández (Ciudadanos), el actual regidor, quien ahora gobierna solo.

En todo caso, desde Ecologistas en Acción-Almería hicieron hincapié a través de un comunicado que los recursos presentados “son maniobras dilatorias para retrasar la demolición, pero el acuerdo es firme mientras un juez no diga lo contrario”. “Los recursos no tienen base alguna, ya hay dos sentencias de la Audiencia Nacional confirmadas por el Supremo diciendo que Azata no tiene derecho a indemnización y el Ayuntamiento ahora tiene la obligación de restablecer la legalidad urbanística ordenando el derribo”, determinan. La apertura de expediente, recuerdan además, es un procedimiento que se ha realizado en otras ocasiones, como Tabernas en diciembre de 2025, así que apremian a la administración para “no dilatar más tiempo” el derribo.

El número de víctimas mortales por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), del que este miércoles se cumplen dos meses, se ha elevado a 15 personas tras el fallecimiento de una mujer británica que se encontraba hospitalizada con graves quemaduras en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado a Europa Press este último deceso que tuvo lugar esta misma madrugada y que se une al resto de víctimas --nueve mujeres y cinco hombres-- de las que 14 son extranjeras, la mayor parte de ellas procedentes de Reino Unido aunque también figuran tres belgas, una francesa, un español y una estadounidense.

La víctima, identificada como M.L., residía desde hace más de 20 años en España y, aunque era vecina de Canjáyar, trabajaba como cuidadora de personas mayores en Bédar. Si bien el incendio le provocó severas quemaduras en torno al 40 por ciento de su cuerpo, logró escapar auxiliada por un vehículo, según narró su hermana a través de una plataforma de micromecenazgo en la que solicitaba colaboración económica.

En un primer momento, 12 de los cuerpos de las víctimas, todas mayores de edad, fueron localizados en el lugar del siniestro donde perecieron cuando trataban de escapar de las llamas. Una mujer de 93 años, que fue rescatada junto con M.L., falleció mientras estaba hospitalizada al poco de ingresar y, posteriormente --el 28 de julio-- se constató la muerte de otra paciente en Sevilla.

Al menos ocho familiares de las víctimas se personaron en la causa que tramita la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, que investiga las circunstancias y origen del incendio que se extendió por los términos de Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas.

El fuego se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó hasta alcanzar la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca dio por extinguido el incendio a las 21,00 horas del 24 de julio, 15 días después de su inicio y tras afectar a unas 5.200 hectáreas, según el último recuento.

Desde este lunes, Almería cuenta con menos conexiones ferroviarias. En concreto, el Intercity que la conectaba con Madrid, y que pasaba por las provincias de Granada y Jaén, dejará de circular durante las obras previstas en Despeñaperros, con un plazo anunciado de 14 meses, y el tramo entre Almería y Linares-Baeza quedará cubierto por autobús. Un periodo de tiempo que puede alargarse y que, mientras dura, contará con una alternativa ferroviaria limitada a un único Alvia vía Granada, mientras Renfe anuncia refuerzos puntuales en los días de mayor demanda.

El problema es que nadie sabe todavía qué pasará después. Renfe asegura que será al terminar las obras cuando pueda determinar cómo quedará la oferta definitiva entre Almería y Madrid, sin garantizar que el Intercity vaya a regresar. Una incógnita que genera malestar entre los colectivos ferroviarios que temen que una suspensión inicialmente temporal termine convirtiéndose en una pérdida permanente de conexiones, mientras municipios como Jódar (Jaén), por donde pasaba el tren, se quedarán directamente sin ningún servicio ferroviario en su estación.

Es decir, la desaparición del Intercity no afecta únicamente a quienes utilizan el tren para desplazarse entre Almería y Madrid. El servicio también permite conectar municipios de Almería, Granada y Jaén con otros puntos de Andalucía y con la capital española. Para los colectivos ferroviarios, esa función territorial es precisamente uno de los motivos por los que reclaman que la conexión se mantenga más allá de la rentabilidad económica.

José Carlos Tejada, portavoz de la Mesa del Ferrocarril de Almería, recuerda que el servicio lleva alrededor de medio siglo cumpliendo una función de vertebración entre las provincias de Almería, Granada y Jaén. La organización admite que el Intercity no es rentable y que Renfe aporta recursos para mantenerlo, pero considera que esa circunstancia no debería determinar por sí sola la continuidad de una conexión que presta un servicio territorial. “Durante 50 años ha cumplido una misión fundamental, que ha sido vertebrar el territorio”, sostiene Tejada, que reclama que esa función se mantenga incluso cuando llegue la Alta Velocidad.

De dos conexiones a una

Además, hasta este lunes 6 de septiembre, Almería disponía de dos frecuencias diarias con Madrid. Con la suspensión del Intercity, cuenta únicamente con el Alvia que conecta ambas ciudades vía Granada. Mientras, el servicio público ferroviario entre Almería y Linares-Baeza sí se mantendrá, pero por carretera.

La Mesa del Ferrocarril, que ya ha mantenido reuniones con Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes en las que ha habido “buena sintonía”, considera insuficiente esta alternativa y ha planteado a Renfe que mantenga la segunda circulación mediante trenes Alvia. Su propuesta pasa por disponer de dos frecuencias ferroviarias entre Almería y Madrid mientras duren las obras. También la Plataforma por el Tren Almería reclama conservar la conexión de la tarde. Su portavoz, José Antonio Barrera, plantea utilizar un tren Alvia 730 híbrido, como el que actualmente realiza la conexión de Almería con Granada por la mañana, para mantener una segunda circulación.

Se anuncian obras por 14 meses. Todos sabemos que las obras civiles al final duran más. Posiblemente estaremos hablando de dos años

José Carlos Tejada — Portavoz de la Mesa del Ferrocarril de Almería

“Lo mismo que lo hace por la mañana, pedimos que lo haga por la tarde y no perdamos esa frecuencia del tren de por la tarde”, señala. Mientras el Gobierno central deriva la explicación de la situación en Renfe, la compañía, sin embargo, no se compromete con ninguna de estas alternativas en su respuesta. Desde la entidad aseguran que se reforzará determinados días el Alvia Almería-Granada-Madrid, especialmente viernes y domingos, cuando exista una mayor demanda, pero esos refuerzos puntuales no suponen recuperar la segunda frecuencia diaria.

La suspensión está vinculada a las actuaciones que Adif ejecuta en la infraestructura ferroviaria en el entorno de Despeñaperros. El plazo anunciado para las obras es de 14 meses, pero los colectivos ferroviarios miran ese calendario con cautela. “Se anuncian obras por 14 meses. Todos sabemos que las obras civiles al final duran más. Posiblemente estaremos hablando de dos años”, advierte Tejada.

La preocupación no se limita a que las obras puedan prolongarse. El principal temor es qué ocurrirá con el servicio cuando terminen. Renfe asegura que todavía es pronto para determinar cuál será la oferta definitiva entre Almería y Madrid y que será entonces, una vez conocidas las condiciones operativas de la infraestructura, cuando pueda concretar cómo se quedarán las conexiones. La compañía y la Mesa del Ferrocarril tienen previsto continuar las conversaciones durante el otoño, en una reunión en la que también está previsto que participen el Ministerio de Transportes y Adif. Por ahora, por tanto, Renfe no garantiza la recuperación del Intercity, aunque tampoco anuncia su desaparición definitiva. La decisión queda abierta a la espera de cómo quede la infraestructura y de las condiciones de explotación que resulten de las obras.

Pueblos desconectados

Sin embargo, para algunos municipios, la consecuencia del corte será mucho más profunda que perder una conexión directa con Madrid. Es el caso de Jódar, en Jaén, donde el Intercity es actualmente el servicio ferroviario que mantiene conectada la estación con el resto de la red. Su alcaldesa, Juana Cazorla, advierte de que desde la supresión de este ferrocarril no pasará ningún tren por la estación de Jódar. “¿Y qué supone eso? Un aislamiento total y absoluto”, afirma.

Cazorla considera que el ferrocarril no puede analizarse únicamente desde la rentabilidad de cada servicio. En su opinión, las conexiones ferroviarias permiten que los jóvenes estudien o trabajen fuera y sigan viviendo en sus municipios, facilitan la llegada de visitantes y contribuyen a mantener actividad económica y población en las zonas rurales.

La alcaldesa recuerda su propia experiencia familiar: una de sus hijas se desplazaba en tren a Granada para estudiar, pero un cambio de horarios terminó haciendo incompatible el servicio con las necesidades de los estudiantes. Para Cazorla, ese tipo de decisiones forman parte de un proceso de deterioro progresivo de las conexiones. “Nos cambiaron de horario, ya no les venía bien, que es una manera también de ir eliminando líneas”, sostiene.

"Cuando se quita una infraestructura, se quita un servicio; luego generar otra vez el hábito del uso es complejo"

Juana Cazorla — Alcaldesa de Jódar (Jaén)

La alcaldesa de Jódar considera que el riesgo de que una suspensión temporal termine facilitando la desaparición del servicio no es una hipótesis nueva. Su experiencia, asegura, es que una vez que una infraestructura deja de utilizarse, recuperar posteriormente los usuarios resulta complicado. “Cuando se quita una infraestructura, se quita un servicio; luego generar otra vez el hábito del uso es complejo”, señala. Ese es precisamente el temor que comparten los colectivos ferroviarios: que durante más de un año los viajeros se acostumbren a otras formas de desplazamiento y que, cuando llegue el momento de decidir qué servicios ferroviarios recuperar, la demanda sea todavía menor.

En el caso de Jódar, la alcaldesa vincula además las comunicaciones con el problema demográfico. El municipio, explica, ha pasado de rondar los 14.000 habitantes a unos 11.400. Cazorla no atribuye esa pérdida exclusivamente al ferrocarril, pero sí considera que las malas comunicaciones dificultan que los jóvenes puedan quedarse en el municipio mientras estudian o trabajan. “¿Qué hijo o hija nuestro se va a quedar en la provincia si tenemos unas comunicaciones pésimas?”, plantea.

No solo una cuestión de Madrid

El cierre temporal de esta conexión y las dudas sobre el futuro del Intercity se producen además mientras Almería sigue esperando la llegada de la Alta Velocidad, a través del Corredor Mediterráneo cuyas obras siguen ralentizadas en Lorca (Murcia). La Mesa del Ferrocarril considera que, mientras ese proyecto no se complete, la provincia necesita mejorar las prestaciones de los servicios actuales.

Tejada sostiene que sería además posible reducir alrededor de 30 minutos el viaje del Alvia mediante un nuevo estudio de los horarios y de las denominadas 'mallas' ferroviarias. A ese ahorro se sumarían otros 30 minutos cuando los trenes vuelvan a salir de la estación de Almería, en lugar de la actual situación derivada de las obras del soterramiento. El objetivo, según sus cálculos, sería pasar de unas siete horas de viaje a alrededor de seis.

La reivindicación, por tanto, no se limita a conservar una frecuencia. Los colectivos reclaman más trenes y mejores tiempos de viaje en una provincia que consideran penalizada desde hace años por sus conexiones ferroviarias. Para Cazorla, además, la llegada de la Alta Velocidad no debería significar el abandono de las líneas convencionales. “El tren no tiene que ser rentable, el tren tiene que ser un transporte público y social”, recuerda.

La alcaldesa, como los colectivos y muchas otras localidades desconectadas del tren, reclama que la defensa del ferrocarril se convierta en una reivindicación conjunta de los 97 municipios de Jaén, tengan o no estación, y de la Diputación provincial. Porque, para los municipios que atraviesa la línea, el problema no es solo sobre cuánto se tarda en llegar a Madrid, sino si dentro de unos meses seguirá pasando algún tren por sus estaciones.

El acuerdo el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para revisar y anular la licencia de obras del hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, en zona de dominio público y protegida por ser Parque Natural de Cabo de Gata, ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto, según ha avanzado Europa Press citando fuentes municipales.

Una de los recursos estaba cantado: lo presenta la propia promotora del hotel, Azata del Sol, que quiere que se anule el acuerdo de la mayoría de los concejales del Pleno con el que se invalida la licencia que se le concedió en 2003. Los otros tres recursos son más sorprendentes, aunque no tanto para quien conozca los entresijos de esta prolija historia: un lo interpone Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE) desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011, quien conedió la licencia; otro lo presentan José Luis Amérigo, sobrino de Fernández y alcalde también con el PSOE de 2019 a 2023 (también PSOE) y dos concejales; y el último Felipe Cayuela, alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023, antes de ser desbancado en una moción de censura liderada por Salvador Hernández (Ciudadanos), el actual alcalde, quien ahora gobierna solo tras perder el apoyo del PP por, entre otros motivos, sostener una posición distinta sobre el hotel.

Tras liderar la oposición con el PP, Cayuela pasó al grupo de no adscritos en diciembre de 2024, cuando su antiguo partido empezó a sostener a Hernández. En cuanto a Amérigo y los dos ediles que firman el recurso, fueron suspendidos por el PSOE cuando se negaron a votar el acuerdo para revisar la licencia en la primera ocasión, en junio de este año. Aquel Pleno supuso una escandalera a nivel nacional, y el PSOE desautorizó a los cinco concejales que desobedecieron las directrices de la dirección con un expediente.

Dos de ellas cambiaron el sentido de su voto a la segunda ocasión, tres semanas después, y tras el ultimátum de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dictaron la sentencia que ordena revisar la licencia en julio de 2021(es firme desde mayo de 2022, cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación) y lleva desde 2023 intentando ejecutarla. Los otros tres y Cayuela se ausentaron en el momento de votar.

Los cuatro, también, forman parte del grupo de siete investigados por la Fiscalía, que indaga si el acuerdo para posponer la primera votación sobre la nulidad de la licencia puede suponer un delito de prevaricación administrativa, por su resistencia a cumplir el mandato firme del TSJA.

Acuerdo a la segunda

El Pleno acordó, al segundo intento y por ocho votos a favor y cinco ausencias, una decisión con la que pretende cumplir el mandato que dieron los jueces hace ya un lustro para anular la licencia concedida hace 23 años. La votación fue seguida con atención en los cuarteles generales de los socialistas y populares, pues tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central se arrogan la mayor firmeza para acabar con El Algarrobico, símbolo de la depredación del litoral mediterráneo.

El argumento tanto de Cayuela como de Amérigo para votar contra la revisión siempre fue que hacían falta más informes que calibraran el impacto de anular la licencia, sobre todo en las arcas municipales. El temor que aducen es que sea de tal magnitud que deje tiritando a la economía carbonera.

Lo cierto es que hasta ahora los intentos de la promotora de recibir una indemnización han sido frustrados. La Audiencia Nacional rechazó en 2016 que tenga derecho a compensación alguna, al estimar que era conocedora de que no podía construir donde lo hizo. La cuestión ahora se dirime ante un jurado provincial de expropiaciones, después de que el Gobierno central abriera esta vía en febrero de 2025: Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.500 euros.

Veinte años para anular una licencia

Durante tres años, la promotora levantó a la vista de todos y en plena playa una inmensa mole de 21 plantas de altura y 411 habitaciones. Sólo paró al final, por orden de un juez, a quien alertó la organización ecologista Salvemos Mojácar. Azata del Sol recabó la licencia del Consistorio cuando estaba gobernado por Fernández, que ahora recurre contra la anulación actuando en representación de una organización pesquera.

Desde un punto de vista legal, hay pocas dudas desde el comienzo de este embrollo: la mitad de El Algarrobico está en zona de dominio público marítimo-terrestre y, además, invade zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata. Sin embargo, durante dos décadas, todos los intentos de avanzar en la demolición del edificio han chocado con un muro administrativo en el municipio: antes había que adecuar la planificación urbanística de Carboneras a la Ley de Costas y el Plan de Protección de Cabo de Gata declarando que el terreno era no urbanizable, y luego revisar la licencia.

Durante esos veinte años, todo se atascaba en un punto u otro. Hasta 2014, en los tribunales; pero cuando quedó claro que el edificio era ilegal, el atasco se producía en el Consistorio, gobernado cíclicamente por Hernández, Amérigo y Cayuela. Siempre ocurría algo: un error en los planos, una publicación que se olvidaba, un lapsus en el texto, la falta de secretario.

Cuando al fin aprobó revisar la licencia, el Ayuntamiento de Carboneras dio traslado del acuerdo de Pleno a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada para dar cuenta del cumplimiento del mandato, que venía ya avalado por un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

La interposición de cuatro recursos contra el acuerdo para anular al fin la licencia augura que a este serial todavía le quedan capítulos.

Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han interpuesto en lo que va de año 98 denuncias por estacionamiento indebido de vehículos habilitados como viviendas, ya sean caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados en horario nocturno y por acampadas con vehículo o tiendas de campaña en Cabo de Gata.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, desde donde recuerdan que desde hace siete años se establece un dispositivo especial de vigilancia en esta zona durante los meses de verano “para evitar la pernocta y la acampada entre el ocaso y el orto en zonas no habilitadas para ello, así como el vertido de residuos”.

Según han especificado desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad, en general se levanta acta de denuncia en aquellos casos en los que el dueño del vehículo “ignora el aviso de los agentes” o en casos de “especial impacto”, ya sea por situarse el vehículo dañando vegetación o por haber vertido residuos.

“Si el vehículo no estaba sólo estacionado indebidamente sino que se encuentra acampado, ocupando espacio con mesas, toldos, calzos en las ruedas, entre otros supuestos, también se levanta acta de denuncia”, han abundado.

El objetivo es preservar el espacio natural por medio de la concienciación de los visitantes sobre la necesidad de respetar el entorno y la normativa que lo protege, recurriendo a las denuncias en última instancia.

En esta línea, han afirmado que también se acometen campañas informativas para explicar las restricciones a los estacionamientos de vehículos y acampada. “Los agentes van recorriendo las playas y desalojando a las caravanas que encuentren estacionadas y cierran los gálibos de las playas para que no puedan volver a entrar”, han indicado.

Así, han apuntado que este trabajo es “constante” a lo largo del año y “no sólo durante el dispositivo estival”, de modo que durante el invierno pasado, y de manera conjunta con la Policía Local de Níjar, se procedió al “desalojo ordenado” de autocaravanas estacionadas irregularmente en zonas “sensibles” del litoral con el cierre temporal de áreas de estacionamiento en El Playazo y la Isleta del Moro.

La colaboración con la Policía Local nijareña ha incluido este año la retirada por parte de la grúa municipal de vehículos estacionados en zonas prohibidas.

Además del control de pernoctaciones y estacionamientos en todo el tramo litoral, se inspeccionan también especialmente las actividades de empresas de turismo activo y el dispositivo de acceso a las playas de Mónsul y Genoveses.

Desde la Junta de Andalucía se recuerda a los usuarios de autocaravanas que deben utilizar exclusivamente los aparcamientos y áreas específicamente habilitadas, cumpliendo las restricciones y señalizaciones. “La preservación del Parque Natural depende del respeto a la normativa establecida y a las indicaciones de las autoridades competentes: la colaboración ciudadana es esencial”, han añadido.

La catedrática de Derecho Penal y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, Fátima Pérez Ferrer, ha reivindicado este lunes el legado de los 22 liberales constitucionalistas que fueron fusilados hace 202 años al oponerse al régimen absolutista de Fernando VII como una “conquista diaria” de valores como la libertad, la justicia y la igualdad.

Durante el acto homenaje a 'Los Coloraos' que se celebra cada 24 de agosto, la oradora de este año ha pronunciado una conferencia en la que, desde su condición de jurista, ha trazado un recorrido por el significado histórico de la gesta y su conexión con algunos de los pilares sobre los que se asienta actualmente el Estado democrático y de derecho.

Pérez Ferrer ha recordado que el 24 de agosto de 1824 es una de esas fechas que “pertenecen a la conciencia de un pueblo” y ha situado la expedición de 'Los Coloraos' como uno de los episodios más emblemáticos del liberalismo español del siglo XIX. Aquellos hombres, ha explicado, llegaron a Almería dispuestos a recuperar la vigencia de la Constitución de 1812 y a enfrentarse al absolutismo aun sabiendo que podían perder la vida.

Desde esa perspectiva, la oradora ha defendido que 'Los Coloraos' “no luchaban por un privilegio”, ni buscaban riquezas o poder, sino por un principio esencial: que la ley estuviera por encima del miedo y de la obediencia ciega y que ningún hombre pudiera decidir arbitrariamente el destino de los demás. Una defensa de la libertad que, más de dos siglos después, continúa formando parte del patrimonio moral de Almería.

La catedrática almeriense ha abordado especialmente la dimensión jurídica de aquella gesta, contraponiendo la arbitrariedad del poder absoluto al constitucionalismo y al sometimiento de todos los poderes al Derecho.

En este sentido, ha destacado cómo la Constitución de Cádiz sentó las bases de principios que hoy resultan consustanciales al Estado de Derecho, como la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la protección de los derechos y libertades.

Pérez Ferrer ha trasladado también la memoria de Los Coloraos al presente para recordar que los derechos y libertades actuales no surgieron de manera espontánea. “Cada derecho que disfrutamos fue, alguna vez, el sueño de alguien; y en demasiadas ocasiones, también su sacrificio”, ha señalado, antes de advertir de que “la democracia no es el estado natural de las cosas, sino el resultado de una conquista diaria, frágil y exigente”.

En ese recorrido, la oradora ha concedido un papel destacado a la educación y a la Universidad como instrumentos fundamentales para preservar la libertad y garantizar la igualdad de oportunidades.

También ha defendido la función de las universidades para enseñar a pensar críticamente, investigar y universalizar el conocimiento, calificándolas como un instrumento esencial de la democracia para conseguir que la libertad no sea “un privilegio reservado a unos pocos, sino una posibilidad abierta a todos”.

La oradora ha concluido reivindicando la vigencia del legado de aquellos 22 hombres y apelando a seguir construyendo una sociedad “donde la Justicia proteja a todos sin excepción, donde la educación fomente la ciudadanía cívica y donde la igualdad, reconocida en el artículo 14 de nuestra Constitución, continúe siendo el fundamento irrenunciable de nuestra convivencia”.

Pérez Ferrer ha insistido así en que esta conmemoración no supone una mirada nostálgica al pasado, sino la renovación de un compromiso con el presente y con el futuro. “Que la palabra siga siendo más fuerte que la violencia; que el diálogo siga siendo más poderoso que la imposición”, ha expresado, confiando en que las nuevas generaciones encuentren en Los Coloraos no solo una lección de historia, sino también “una inspiración para construir una sociedad más justa”.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado la bienvenida a los asistentes definiendo este homenaje como un “acto de memoria y compromiso” con quienes hace 202 años entregaron su vida “por un ideal que hoy es la base y el cimiento de nuestra democracia: la defensa de los valores constitucionales y la lucha contra el absolutismo”.

Vázquez ha subrayado que recordar cada 24 de agosto a Los Coloraos “no es mirar atrás con nostalgia, sino mirar al futuro con determinación”, reivindicando el entendimiento, el diálogo y la tolerancia como herramientas imprescindibles para afrontar los retos de la sociedad actual. “Solo desde la unión, el respeto a la diferencia y la búsqueda de objetivos compartidos seremos capaces de construir la Almería que soñamos”, ha señalado.

La alcaldesa ha reivindicado además el significado colectivo de la conmemoración, señalando que recordar a Los Coloraos supone reconocer también a todos aquellos que, a lo largo de la historia, han luchado para que hoy los españoles, con independencia de sus ideas y preferencias, puedan vivir en “una sociedad democrática, plural y libre”.

Finalizada su conferencia, Fátima Pérez Ferrer ha recibido de manos de la alcaldesa el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería, como establece el ceremonial de este tradicional homenaje.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha felicitado a la oradora “por su emotivo y riguroso discurso en el que ha reivindicado la memoria y espíritu democráticos que defiende este acto y que convierte a la provincia de Almería en pionera en los valores que definen hoy nuestra sociedad”.

“Cada 24 de agosto es un día para lanzar un mensaje de concordia, convivencia y en favor de la identidad y del orgullo que debemos sentir todos los almerienses”, ha dicho el presidente de la Diputación a la hora de honrar la memoria de las personas que dieron su vida por defender la Constitución de 1812, los valores democráticos y la libertad frente al absolutismo.

A continuación, autoridades, Corporación Municipal y asistentes se han trasladado a la Plaza de la Constitución para participar en la tradicional ofrenda ante el monumento a 'Los Coloraos', el popular 'Pingurucho'. La alcaldesa y la oradora han encabezado el depósito de coronas, al que se han sumado los representantes institucionales y políticos participantes en el acto.

La Banda Municipal de Música ha interpretado los himnos de Almería, Andalucía y España y, posteriormente, se ha realizado la tradicional ofrenda de rosas.

El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha anunciado su dimisión tras haber sido denunciado por un delito contra la seguridad vial al dar positivo en un control de alcoholemia la pasada madrugada cuando abandonaba el recinto de la Vega de Acá en el marco de la Feria de Almería.

Fuentes municipales y policiales han confirmado a Europa Press que el edil de Cultura arrojó una tasa de 0,75 miligramos de alcohol en aire espirado ante las pruebas a las que fue sometido por parte de la Policía Local de Almería a requirimiento de los agentes de Policía Nacional que lo localizaron.

“Ayer cometí un error. Quiero pedir perdón de forma sincera a todos los almerienses, a mis compañeros y a mi familia. Los hechos que tuvieron lugar anoche no tuvieron consecuencias ni materiales ni personales, pero eso no resta gravedad a lo ocurrido”, ha trasladado el concejal a través de sus redes sociales.

Asimismo, ha afirmado que asume “plenamente” la responsabilidad de sus actos, por lo que “por coherencia y ejemplaridad” va a presentar su dimisión como concejal. “Ser concejal ha sido el mayor honor de mi vida y siempre estaré agradecido por la confianza que depositaron en mí. Afrontaré esta situación con humildad y respeto”, ha añadido.

Los hechos tuvieron lugar durante la pasada madrugada cuando el concejal habría abandonado el recinto ferial al volante de su propio vehículo tras haber ingerido alcohol y se topó con un control de Policía Nacional.

Conforme a la actuación, por la que no consta detención, los hechos supondrían la comisión de un delito conforme al Código Penal español, que fija el límite objetivo para considerar la alcoholemia un delito penal en 0,60 miligramos por litro en aire espirado. Superar dicha tasa expone al edil al un procedimiento penal y no a una sanción administrativa.

La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación para determinar si los siete concejales de Carboneras (Almería) -dos no adscritos y cinco ligados al PSOE- que en el Pleno municipal del 17 de junio acordaron posponer la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para recabar nuevos informes incurrieron en un delito de prevaricación administrativa.

El Ministerio Público ha adoptado esta decisión tras la denuncia recibida apenas dos días después de dicha sesión plenaria por la asociación ecologista Salvemos Mojácar, que consideró que la actuación de los ediles conformaba una “desobediencia inadmisible” y “un acto de prevaricación manifiesta” al incumplir el mandato del TSJA.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que, en el marco de sus diligencias preprocesales, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento de Carboneras la remisión del acta de Pleno en la que los siete concejales acordaron dejar sobre la mesa la propuesta avalada por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para la revisión de oficio de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003.

Posible comisión de un delito

Si bien la nulidad de la licencia se aprobó en un Pleno posterior celebrado el 7 de julio con los votos a favor del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), y otros siete concejales -entre ellos dos expedientados por el PSOE por abstenerse en la primera ocasión-, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ve “presumible” conforme a la denuncia de los ecologistas la posible comisión de un delito.

A tenor de esta acción, el Ayuntamiento de Carboneras ha remitido a la Fiscalía la información solicitada, entre la que también se pedían informes jurídicos o ampliación, en su caso, de los ya existentes, según han confirmado fuentes municipales.

En concreto, el colectivo ecologista dirigió su denuncia, que también presentó ante los Juzgados de Vera, expresamente contra los concejales que votaron dejar sobre la mesa el expediente que se llevó a pleno: José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández.

En este sentido, rechazaron por “falsos” los argumentos de los concejales sobre la necesidad de nuevos informes de intervención antes de adoptar una decisión al contar ya con un dictamen favorable al acuerdo de parte del CCA Así, veían en su actuación una “mera triquiñuela inaceptable para seguir dilatando la cuestión” que, según sostuvieron, se prolonga durante “20 años” de “rebeldía institucional”.

Cabe señalar que el PSOE abrió un expediente disciplinario y comunicó la expulsión temporal de los cinco concejales implicados, entre ellos su hasta ahora portavoz José Luis Amérigo.

La oposición ha salido en tromba este viernes a pedir explicaciones sobre las tres horas que tardó la Junta de Andalucía en activar el plan de evacuación en el incendio de Los Gallardos, en Almería, que dejó 13 muertos y 5.200 hectáreas calcinadas. Un informe de la Guardia Civil, realizado a petición del Ministerio del Interior, establece que el Gobierno andaluz activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19.37 horas del pasado 9 de julio, tres horas más tarde de los primeros desalojos que realizaron los propios alcaldes.

La información, adelantada por El Correo, establece una cronología preliminar sobre lo acaecido en el ya es el incendio más mortífero de este siglo en Andalucía, en la que también se registra que el Puesto de Mando Avanzado se constituyó entre las 20.00 y 20.30, en la base de bomberos de Turre. El Plan Infoca establece que el nivel 0 procede cuando los incendios no suponen ningún peligro para las personas ajenas a las tareas de extinción o para los bienes distintos a los forestales, mientras que la Situación Operativa 1 se activa cuando se exigen medidas especiales para proteger a las personas y a los bienes amenazados.

A las 19.37 horas ya se habían producido varios desalojos que afectaban a alrededor de unas 50 personas que se reubicaron en distintos complejos. No obstante, la Consejería de Presidencia sostiene que durante esas tres horas ya estaba activado el plan de preemergencia, donde se permite adoptar desalojos preventivos.

Tanto el PSOE, como Adelante Andalucía y Por Andalucía registrarán una solicitud para crear una comisión de investigación sobre el incendio declarado en Los Gallardos ante el “mar de dudas” y los distintos “puntos negros” que, considera la oposición, hay que despejar.

“Tres horas de vacío”

Así lo ha trasladado Mario Jiménez, el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, en una rueda de prensa convocada este viernes en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha transmitido que la comparecencia en el Parlamento autonómico de ayer de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, dejó “un abanido de dudas y sospechas” sobre la gestión de la emergencia.

Desde el PSOE-A se preguntan “cómo es posible” que “un incendio del que se tiene conocimiento a las 16.30 horas de la tarde, y que desde el primer minuto produjo desalojos”, no fuera “hasta las 19.37 horas”, es decir, hasta “más de tres horas” después, cuando desde la Junta se acordó “la declaración del nivel 1 en la situación operativa del plan de emergencia”, la propia ante un incendio que supone “una amenaza a la integridad y a la vida de las personas”.

El representante socialista ha remarcado que “tres horas en un incendio es una auténtica eternidad”, y desde el PSOE-A temen que en ese lapso de tiempo las decisiones que se tomaron “pudieron condicionar situaciones de peligro real para la población”, y que pudieron “haberse sentado las bases de una respuesta no diligente” o “negligente por parte del operativo de emergencia, de sus responsables políticos, que al final determinaran la situación que dio lugar al terrible balance en términos de vidas, de bienes materiales y de patrimonio forestal” que ha arrojado este incendio.

Además, se preguntan “quién estuvo al frente del operativo durante esas tres horas de vacío, quién estuvo dando instrucciones a los responsables locales, que solamente pueden operar bajo la coordinación, la supervisión y las instrucciones de la autoridad sustantiva en materia de emergencia, que es la Junta”, comparándolo con la gestión de la 'dana' de la Comunidad Valenciana del año 2024.

Llamamiento al apoyo a la comisión de investigación

A su vez, Jiménez ha criticado que Moreno no siguiera este jueves toda la comparecencia de Sanz en el Parlamento, y ha llamado la atención sobre el relevo al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, para la que se ha nombrado esta semana a Francisco Góngora en sustitución de Aránzazu Martín, y se ha preguntado si tiene que ver con la gestión al menos “no diligente” de la Junta sobre este incendio.

Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha subrayado que “hay 13 personas fallecidas, y creemos que se lo merecen ellos y sus familias”. Por tanto, ha realizado “un llamamiento” a todas las fuerzas políticas para apoyar la comisión de investigación, y se ha dirigido expresamente al PP y a Vox, desde la premisa de que, “cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene miedo a que se investigue”, ha zanjado.

Asimismo, Antonio Maíllo, portavoz del grupo Por Andalucía, ha señalado que Antonio Sanz no dio respuesta en su comparecencia “a las preguntas” que hicieron “los grupos de la oposición, también Por Andalucía, sobre la concreción de los hechos” y “la ralentización y lentitud en la respuesta desde la Delegación del Gobierno” andaluz en Almería.

En este sentido, ha apuntado que Sanz demostró en su comparecencia que se sentía “acorralado” y “nervioso porque sabe que ha habido errores en la gestión”, y le ha afeado que “respondió con zafiedad y fuera de tono” en su réplica a los grupos de la oposición “en lugar de haber respondido a las preguntas” que le formularon, que quedaron “sin respuesta”, según ha advertido Antonio Maíllo. “Tres horas de diferencia que hubo entre que la gente empezó ya a evacuarse de sus pueblos y la alerta que se dio tres horas más tarde”, ha aseverado.

El Gobierno andaluz defiende la gestión realizada en el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde murieron 13 personas. La decisión de no enviar los mensajes a través del sistema ES-Alert en las primeras horas respondieron a que no se permitía segmentar por áreas menores. Por tanto, “una alerta masiva y genérica lo que hubiera podido generar desplazamientos innecesarios” o “incrementar la circulación en carreteras ya comprometidas”, confundiendo a la población y generando más caos.

Así lo ha manifestado Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Emergencias, con relación al incendio declarado hace dos semanas, en el que se han calcinado finalmente 5.200 hectáreas, en base a los datos del sistema satelital Copernicus, en los municipios almerienses de Los Gallardos, así como Bédar, Antas y Lubrín. El fuego aún no se ha dado por extinguido, pero permanece controlado desde el pasado 13 de julio. “El comportamiento del fuego y la extrema velocidad obligaban a ordenar evacuaciones sucesivas y confinamientos diferenciados”, declaró Sanz en una comparecencia a petición propia este jueves en el Parlamento andaluz.

El consejero de Emergencias ha dedicado al inicio de su comparecencia unas palabras de “recuerdo sentido” hacia las 13 personas que perdieron la vida como consecuencia de este terrible incendio“, así como a las personas heridas, ”algunas todavía de extrema gravedad, que siguen recuperándose“, y de ”reconocimiento“ a quienes lo combatieron, entre los que ha citado a ”todo el operativo de la Agencia de Emergencias de Andalucía“, al Infoca y a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

De igual modo, ha agradecido a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos afectados “su implicación, su compromiso y su saber estar a la altura de las circunstancias en tan difíciles momentos”, y en esa línea ha remarcado que este ha sido “un incendio extraordinario, con un comportamiento” a nivel de velocidad de propagación “fuera de toda lógica” y que “no respondía a los patrones previsibles”.

El consejero ha optado por la “prudencia” para no conjeturar con las causas de este incendio que aún se están investigando, y que inicialmente se cree que se produjo tras “la caída de un cable eléctrico”.

Zonas complicadas

En cuanto al ES-Alert, el incendio avanzó hacia Sierra Cabrera, “una zona de orografía especialmente complicada, con viviendas diseminadas” y “absolutamente separadas” unas de otras, que “en muchos casos lo que cuentan es con una única vía de acceso”. En este contexto, “el alcalde de Bédar, como máxima autoridad local en materia de protección civil, optó por el aviso directo y personalizado” a la población afectada.

Este trabajo, “realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad y Protección Civil coordinados por el puesto de mando”, fue “una decisión estrictamente técnica, adoptada por quienes dirigían la emergencia en ese momento y basada exclusivamente en criterios de eficacia para la protección de la población”. Una cuestión que ya explicó en el Puesto de Mando Avanzado en los días críticos del incendio.

La oposición pide la presencia de Moreno

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha planteado qué “tiene que ocurrir” en Andalucía para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “dé la cara” en el Parlamento, y ha considerado que está claro que entre sus prioridades “no están” los incendios ni “el respeto a las víctimas”. “Debe investigarse lo sucedido aquí en el Parlamento, y deben asumirse las responsabilidades políticas que correspondan”, ha señalado, apuntando que la “cronología del incendio plantea dudas muy serias”.

“No nos basta ahora una explicación genérica sobre la velocidad del fuego, sino que queremos conocer el mapa operativo y la secuencia horaria” y, sobre todo, aclarar que “instrucciones” recibieron las personas fallecidas. A su vez, ha exigido que se diga quién fue la persona responsable que descartó el envío de los mensajes Es-Alert.

El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha considerado que hubiera sido un “auténtico despropósito” haber mandado un mensaje 'Es-Alert' en una zona que es un “auténtico laberinto”. Ha manifestado que “no es el cambio climático” el que originó el incendio ni el que propició que se propagase de esa manera, sino que la “causa” fue la caída de un cable que no debería haber estado donde estaba. Un negacionismo climático que choca con lo dirimido por el presidente de la Junta en compañía del presidente del Gobierno durante la visita a la zona cero y la evidencia científica que demuestra que las olas de calor son más acusadas.

Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado que el incendio ha sido de tanta gravedad que quien tendría que haber dado “la cara” ante el pleno es Moreno. Ha preguntado a Sanz que, si la causa es la caída de un cable de alta tensión, la Junta va a adoptar “acciones legales contra los responsables” del mismo.

Además, ha reprochado al consejero que hiciera una “acusación muy grave” al señalar que los fallecidos “habían desoído las indicaciones que se hacían”. Ha criticado que el consejero haya “dado hasta cinco versiones diferentes” de por qué no se envió el mensaje 'Es-Alert'.

Por su parte, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado partidario de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento “si no se aclaran las causas de este incendio, como todavía no se sabe”. Ha exigido “claridad, transparencia y concreción, porque de lo que estamos hablando es de que se nos quema nuestra tierra, no los campos de golf y 'resort' de lujo para pijos”, ha apostillado. Además, Maíllo ha puesto el acento en que el pacto de gobierno entre PP-A y Vox supone el “negacionismo” del cambio climático.

Frente a estas críticas, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha criticado que el PSOE-A reclame que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es el que tiene que dar “explicaciones” ante el Parlamento, cuando la portavoz socialista, María Jesús Montero, no ha sido la que ha subido a la tribuna en este debate. Ha indicado que a los partidos de la oposición, especialmente el PSOE-A, “no les mueve” conocer qué ha ocurrido en este incendio, sino que sólo ven “una oportunidad para desgastar” al Gobierno andaluz.

El presupuesto del Infoca

En su turno de réplica, Antonio Sanz ha aseverado que “esto no va de política, sino de técnicos, de expertos”, y ha defendido que su posición coincide con la de “todos los expertos”, así como que “tres ministros del Gobierno socialista de (Pedro) Sánchez avalan la decisión” que se tomó en su momento respecto al sistema 'Es-Alert'.

Además, el consejero ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno ha “duplicado el presupuesto del Plan Infoca”, por lo que ha rechazado que desde la oposición se pueda decir que “no se apuesta” desde la Junta por dicho dispositivo, o que piense “privatizar” el mismo, cuando ha creado “una agencia pública de emergencias en Andalucía”.

La Audiencia Provincial de Almería acoge este miércoles, 22 de julio, el juicio con jurado contra José T.V., el hombre acusado de matar de 49 puñaladas a su mujer, María Nieves Gamarra, en octubre de 2024 en la vivienda que ambos compartían en Roquetas de Mar.

La Fiscalía tiene previsto solicitar 25 años de prisión para el procesado por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, ya que el crimen tuvo lugar en el ámbito de la violencia contra la mujer.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el acusado tenía un “ánimo de posesión y dominación” con respecto a la víctima, sobre la que habría ideado un plan para acabar con su vida mientras ella estaba acostada en la cama de su vivienda y llevaba tapones en los oídos, lo que “disminuía su capacidad de percepción”.

De este modo, el acusado habría empuñado un cuchillo de cocina de unos 12 centímetros y se habría dirigido a la habitación donde, “con intención además de ocasionarle un sufrimiento innecesario”, la habría apuñalado repetidamente y “de forma sorpresiva”, hasta en 49 ocasiones, de manera que la mujer no pudiera repeler el ataque.

El fiscal sostiene que el acusado aprovechó la situación de “absoluta indefensión” de la víctima, que “no tenía oportunidad eficaz de defensa”, para asegurarse su muerte, de modo que habría prolongado la agresión “más allá de lo necesario” para alcanzar dicho objetivo, por lo que aprecia ensañamiento y alevosía ante un ataque hecho por sorpresa.

Las heridas sufridas por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza y el torso, ocasionaron la muerte de la mujer a causa de un shock hipovolémico y respiratorio que, según el análisis de los forenses, se habría producido entre las 22,00 horas del 2 de octubre y las 2,00 horas del día siguiente. También constan otras heridas de notoria importancia que la condujeron a la muerte.

La víctima quería poner fin al matrimonio

El fiscal apunta que la mujer, de 56 años, había tomado la decisión semanas antes de los hechos de cesar la relación con su marido, con el cual aún compartía domicilio en Roquetas pese a los distintos episodios de maltrato que había padecido, por lo que ambos estaban en proceso de divorcio y ella tenía la intención de salir de la vivienda común “de forma inminente”.

Así, señala que la relación entre ambos se había caracterizado por una “progresiva conflictividad” a lo largo de los años a causa de los “celos” y la “actitud controladora” del acusado, quien durante la convivencia “desarrolló conductas de dominación” sobre la víctima.

De esta manera, se había dedicado a vigilar sus actividades y a recriminarle sus relaciones personales, además de dirigirle expresiones “vejatorias” y “humillantes”. Estos hechos hicieron que la mujer lo denunciara en 2021 y 2023.

En este sentido, el hombre llegó a estar condenado en agosto de 2021 a incomunicarse y alejarse de la víctima durante tres meses, aunque tras el cumplimiento de la medida se reanudó la convivencia.

La mujer llegó a contar con dos órdenes de alejamiento del acusado y estuvo atendida a través de la red municipal de centros de información de la mujer hasta octubre de 2023, fecha en la que “decidió no seguir participando de las medidas” de protección, según trasladaron desde la Junta de Andalucía.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicita para el acusado diez años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o aproximarse a su hija durante 30 años, además de una indemnización para ella de 200.000 euros por daños morales. La acusación particular eleva a 29 años la petición de cárcel.

La defensa rechaza que hubiera un plan preconcebido

Por su parte, la defensa, que ejerce el letrado Francisco Ferre, rechaza que el crimen se realizara mediante un plan preconcebido y, aunque reconoce la autoría, apunta que se debió a un estado de “obcecación” del acusado, para el que solicita siete años y medio de cárcel por un delito de homicidio.

En esta línea, pide que se tenga en cuenta la atenuante de confesión de los hechos, así como el abono previo de una buena parte de la indemnización a la hija de la víctima como atenuante de reparación del daño.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y su entorno. No deja huella en la factura, aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web 'violenciagenero.igualdad.gob.es'. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana la declaración como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc) del territorio afectado por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), una medida que permitirá establecer líneas de ayuda para las administraciones públicas y los particulares que hayan sufrido daños.

Así lo ha anunciado ante los medios este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una visita a Los Gallardos, Lubrín, Bédar y Antas, los cuatro municipios afectados de forma “más contundente, más inmediata y directa” por el fuego. El incendio, declarado el 9 de julio, ha calcinado más de 7.000 hectáreas y aún no se ha dado por extinguido. Un total de 17 efectivos del Plan Infoca permanecen en el área afectada para completar las tareas de extinción.

La Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno ya atiende a los alcaldes y a sus técnicos municipales para concretar el procedimiento, que comenzará con la elaboración de un inventario de los daños registrados en instalaciones, infraestructuras y equipamientos municipales, así como de los sufridos por particulares y de los ocasionados en el monte público y el medio ambiente.

Fernández ha precisado que, aunque la gestión del monte y la restauración del medio natural corresponden a la Administración autonómica, el Gobierno financiará el 50% de las actuaciones destinadas a recuperar el entorno natural afectado. Estas intervenciones estarán dirigidas a acelerar los trabajos de restauración y reforestación y a “reforzar la resiliencia del territorio frente a futuros incendios”.

Los equipos técnicos de la Subdelegación también asesorarán a los ayuntamientos en la tramitación de las ayudas y colaborarán en la elaboración de los informes de valoración de daños, que deberán presentarse en un plazo máximo de un mes.

El Gobierno destinará recursos para financiar los gastos extraordinarios asumidos por los consistorios como consecuencia del incendio, así como la reparación de las infraestructuras e instalaciones públicas dañadas. Fernández también ha tenido un recuerdo para las 13 víctimas mortales y ha trasladado su deseo de que las cuatro personas que continúan gravemente heridas en Sevilla “puedan evolucionar favorablemente y pronto estar recuperados”.

Casi 1.000 efectivos

El representante del Gobierno ha reconocido el trabajo desarrollado por los alcaldes, los equipos de gobierno y los trabajadores municipales desde el inicio de la emergencia, así como la atención prestada a los vecinos ante el “grave shock” provocado por el incendio.

Asimismo, ha asegurado que las administraciones mantendrán durante la recuperación la misma coordinación demostrada durante las labores de extinción y ha ofrecido la “colaboración” y la “lealtad absoluta” del Gobierno de España para paliar los daños y ayudar a los municipios a recuperar cuanto antes la “mayor normalidad posible”.

Durante la emergencia, el Gobierno de España desplegó 981 efectivos de distintos organismos estatales. El dispositivo estuvo integrado por 628 agentes de la Guardia Civil, 220 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, 72 efectivos de las brigadas de refuerzo en incendios forestales, 34 efectivos de Protección Civil y 61 agentes de la Policía Nacional.

Restablecer los suministros

Por su parte, el alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, ha explicado que el Ayuntamiento inició las labores de reconstrucción en cuanto pudo acceder a las zonas afectadas. “Desgraciadamente las desgracias ocurren en un segundo. Volver a la normalidad pues se lleva su tiempo”, ha manifestado.

El Consistorio ha puesto a disposición de los vecinos un equipo de fontaneros para restablecer las conexiones entre los contadores y las viviendas que han perdido el abastecimiento de agua, además de un equipo de electricistas para recuperar el suministro eléctrico.

Además, ha habilitado contenedores para que los propietarios cuyas casas no han sufrido daños devastadores puedan depositar los restos y residuos retirados durante los trabajos de limpieza, que después se trasladarán a una empresa especializada.

Collado ha señalado que el Ayuntamiento abrió un punto de información para recopilar los datos de los afectados antes de la publicación del decreto. El objetivo es adelantar el trabajo y adaptar la documentación a las condiciones que establezca la declaración para facilitar el acceso a las posibles ayudas.

“Bédar vive, Bédar continúa”

“Bédar vive, Bédar continúa”, ha proclamado el alcalde, quien ha pedido a las personas que tenían previsto visitar el municipio durante estos días que mantengan sus planes. Ha destacado que los restaurantes permanecen abiertos y que las actividades programadas para el verano se celebrarán “de una manera diferente”.

El regidor ha subrayado que los pequeños comercios y negocios necesitan el respaldo de los vecinos de la comarca, de la provincia y de otros territorios. “Que vengan, que los acogemos con los brazos abiertos porque los necesitamos. Bédar tiene que continuar y tiene que vivir”, ha expresado.

El dispositivo del Plan Infoca ha declarado oficialmente controlado este martes por la noche el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), el más trágico de la historia de Andalucía con 13 muertos, tras arrasar unas 7.000 hectáreas y cobrarse la vida de 13 personas. Según la última actualización oficial emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a las 22:35 horas de este martes, el fuego ha entrado formalmente en fase de control.

Esta novedad implica que el fuego se encuentra perimetrado en su totalidad y aislado de nuevo material combustible, permitiendo a los efectivos centrarse de manera exclusiva en las tareas de remate y liquidación para evitar cualquier posible reproducción.

Para acometer estos trabajos sobre el terreno calcinado, el Plan Infoca ha desplegado un dispositivo nocturno compuesto por 19 bomberos forestales y dos vehículos autobomba, que mantendrán las labores de refresco durante toda la madrugada en la comarca del Levante almeriense.

La declaración oficial de incendio controlado marca el inicio de la transición hacia la recuperación de la zona, tras varias jornadas marcadas por la virulencia de las llamas, las evacuaciones preventivas y los confinamientos de la población. En paralelo a la extinción definitiva, el Centro Integrado de Datos (CID) continúa con el proceso forense y judicial para la identificación de las víctimas, habiendo confirmado ya mediante pruebas de ADN a nueve de los trece fallecidos.

Asimismo, las administraciones han comenzado a articular las medidas de reconstrucción.

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado este martes las primeras reuniones de coordinación con los alcaldes de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín para canalizar ayudas directas orientadas a reparar infraestructuras básicas y redes de suministro.

Mientras, el Gobierno central tramita la declaración del área como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

El grupo municipal del PP de Carboneras (Almería) ha roto el acuerdo de gobierno que hasta ahora sostenía al alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos). El regidor, que lo era a pesar de ser el único de la lista de Ciudadanos que obtuvo acta en 2023, gobernaba los últimos meses en minoría con cuatro concejales populares, gracias a la incapacidad de los demás para ponerse de acuerdo. A partir de ahora liderará un gobierno aún más exiguo: solo dos integrantes: él mismo y la concejal no adscrita y ex del PP, Ángeles Carrillo.

El movimiento añade otro nudo al fenomenal embrollo de familias y rivalidades políticas amarrado con fuerza a la gestión del delicado asunto de El Algarrobico, el hotel ilegal construido entre 2003 y 2006 en una playa (en pleno dominio público) y que invade, además, parte del parque natural de Cabo de Gata. Los matrimonios de conveniencia y traiciones políticas entre los mismos protagonistas durante los últimos veinte años son tantos que resulta difícil seguir el hilo. En Carboneras, las siglas son vehículos de las personalidades que mueven el voto, y cualquiera puede ser apoyo o puntilla de cualquiera en ese Ayuntamiento.

El Algarrobico y sus consecuencias tienen una parte muy importante de culpa. En un vídeo publicado en Facebook, el secretario general del PP almeriense Francisco Bellido explica que la ruptura se produce por la “pérdida de confianza absoluta” en la gestión de gobierno que lideraba Hernández, y concreta que tenían una “opinión distinta” de “asuntos tan importantes como El Algarrobico”, lo que ha llevado a una situación , han hecho que la situación sea “insostenible”: “Lo mejor era abandonar”.

“Criterios diferentes”

Según Bellido, el PP mantiene un “compromiso firme con el cumplimiento de la legalidad y de las resoluciones judiciales” relativas al hotel ilegal, pero dentro del propio Gobierno municipal existen “criterios diferentes” al respecto, lo que pone en cuestión la voluntad real de Hernández por cumplir la resolución judicial que obliga a declarar la nulidad de la licencia y a avanzar en el derribo. El resto de motivos a los que alude Bellido son mucho más difusos, nada tan concreto como la discrepancia en relación con El Algarrobico, cuyo origen, sin embargo, no ha aclarado.

Por su parte, Hernández ha achacado la ruptura a la “sombra de las elecciones”, para la que quedan diez meses.

El Algarrobico ha sido protagonista reciente de la actualidad de Carboneras porque la semana pasada, el Pleno aprobó al fin anular la licencia de obras del hotel ilegal concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, para dar así cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2021, firme desde 2022. Votaron a favor el alcalde, los cuatro concejales que integran el equipo de gobierno y dos concejalas del PSOE, además de Hernández.

Era la segunda vez que se traía esa propuesta al Pleno. La primera, tres semanas antes, no llegó a votarse por una maniobra de última hora de los cinco concejales del PSOE y dos no adscritos, entre ellos los exacaldes José Luis Amérigo y Felipe Cayuela. Este fiasco generó una escandalera nacional y la advertencia firme de los magistrados del TSJA para que el Ayuntamiento ejecutara de una vez su sentencia.

El origen: un alcalde histórico y un turbulento triángulo político

La mole varada en la playa del mismo nombre explica una porción sustancial de los vaivenes políticos de este municipio del Levante almeriense, donde también juegan un papel las conexiones familiares y las manifiestas enemistades personales que tienen su origen en los roces acumulados por décadas en la política municipal. Una advertencia previa: no es fácil de seguir.

La historia moderna del poder municipal en Carboneras arranca con un histórico mandatario local, proveniente de una poderosa familia de poder durante el franquismo: Cristóbal Fernández fue alcalde desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011. Primero, con un partido local; después, se recolocó en el PSOE, desde donde en 2003 concedió la licencia de El Algarrobico a pesar de que incumplía lo previsto en la Ley de Costas y en el Plan de Protección de los Recursos Naturales de Cabo de Gata. En 2007 fue inhabilitado junto con su hermana Rosario por presionar a un conserje para que le votara, pero ambos fueron indultados 15 días después de empezar a cumplir la condena por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Salvador Hernández tomó el relevo de Fernández en 2011. Por entonces era el líder del partido local Grupo Independiente de Carboneras (GICAR), y allí tenía como hombre de confianza a Felipe Cayuela. Gobernó siete años, hasta que en 2018 fue inhabilitado por denegar información a los socialistas, que le habían denunciado, y cedió el testigo a su delfín Cayuela. El ejercicio del poder distanció a Cayuela de su antiguo jefe: a partir de entonces, los antiguos compañeros se convertirían en rivales irreconciliables, incapaces siquiera de mirarse a la cara. Esa rivalidad reventó el grupo popular desde dentro.

El primer mandato de Cayuela duró poco. En 2019, el PSOE volvió a ganar las elecciones y José Luis Amérigo alcanzó la alcaldía. Amérigo es hijo de Rosario y sobrino de Cristóbal Fernández, el histórico político local con 26 años de alcaldía, una condena y un indulto a sus espaldas. De 2019 a 2023 la cuestión de El Algarrobico se enmarañó con actuaciones inexplicables del Ayuntamiento, que generaron el convencimiento muy muy generalizado de que Amérigo, en realidad, no tenía ningún interés en que El Algarrobico se demoliera. Al contrario.

Tres gobiernos diferentes con un solo alcalde desde 2023

En los últimos años el juego de sillas se ha acelerado trazando un curioso reverso del periodo anterior. El PP y PSOE salieron de las elecciones de mayo de 2023 empatados a seis concejales. Hernández (Ciudadanos) tenía la llave: debía decidir si apoyar a quien lo denunció (Amérigo) o a quien le suplantó (Cayuela). O, ojo spoiler: trazar la carambola imposible que acabara con él mismo como alcalde.

Empezó gobernando Cayuela, para entonces fichado por el PP, que venía de fundar Carboneras Avanza tras su explosiva ruptura con Hernández. Por un breve periodo, consiguió el apoyo clave de su viejo enemigo Hernández, que a su vez había dejado GICAR para integrarse en Ciudadanos desde 2019, provocando de paso la implosión del grupo municipal naranja.

En cualquier caso, la reconciliación política de Cayuela y Hernández fue breve. Tres meses después de formar gobierno, volvieron a las andadas, y Cayuela expulsó a Hernández. Eso provocó una reacción en cadena: PSOE y Hernández se concertaron para echar a Cayuela con una moción de censura y entregarle la alcaldía a Hernández, el alcalde que no tenía más grupo político que sí mismo. El pacto era que sería alcalde hasta agosto de 2025, y Amérigo los dos años siguientes.

Esta alianza política duró algo más, pero tampoco mucho. En diciembre de 2024 rompieron acusándose mutuamente de deslealtad. Hernández se puso entonces otra vez en manos del PP, del que tuvo que salir Cayuela para no dar su voto a Hernández.

Lo había conseguido: había pasado de ser llave de gobierno a alcalde, y de paso había logrado defenestrar a Cayuela al grupo de no adscritos con otra concejala, Ángeles Carrillo. En el grupo popular quedaban cuatro de los seis ediles iniciales, que pasaron a conformar el equipo de gobierno de Hernández. Hasta este martes, que, bajo la tutela del PP provincial, se han desmarcado.

Un alcalde y una concejala en el gobierno; once ediles en la oposición

En la oposición les esperan los socialistas, y también sus antiguos compañeros en el PP Cayuela y Carrillo, ahora en el grupo de no adscritos, que podría recibir nuevas incorporaciones en breve si se convierte en definitiva la suspensión de militancia acordada por el PSOE-A contra los ediles que votaron contra la anulación de la licencia hace ahora un mes. Inicialmente, ese expediente se dirigía contra cinco de los seis concejales del PSOE, pero la dirección de los socialistas andaluces parece ahora dispuesta a “indultar” a las dos ediles que cambiaron el sentido de su voto y sí apoyaron la nulidad la semana pasada.

Fernández (tío) y Amérigo (sobrino), Cayuela y Hernández se han repartido el cargo de alcalde los últimos 30 años. Sólo Amérigo sigue en su partido, y no se sabe si por mucho tiempo. En los últimos diez años, los tres últimos se han alternado prestándose y retirándose su apoyo sin motivos claros. En los últimos tres ha gobernado un alcalde que integra un grupo político por sí mismo, y que ahora no tiene más gobierno que él y una concejala.

En este tiempo se han convertido en firmes las dos sentencias del TSJA que debían suponer la puntilla final a El Algarrobico: la primera, dictada en 2018 y firme desde 2021, obligaba a al Consistorio a clasificar la zona como no urbanizable en los planes municipales; no se ejecutó hasta febrero de este año. La segunda, dictada en 2021 y firme desde 2022, obligaba al Ayuntamiento a revisar la licencia concedida en 2003, y eventualmente declararla nula; el Pleno no ha acordado cumplirla hasta la semana pasada. De fondo está el temor de que declarar la nulidad de la licencia que concedió en su día exponga al Ayuntamiento a una imdenización millonaria a la promotora.

Las trabas, retrasos, omisiones y errores para ejecutarlas han llevado a los ecologistas a denunciar la situación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; a los magistrados a advertir retieradamente con multarlos e investigarlos penalmente si seguían ignorando sus sentencias (sin llegar a materializar nunca las múltiples advertencias); y a las administraciones (tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía) a convencerse de que el Ayuntamiento no sólo no colaboraba, sino que ponía en el camino todas las piedras posibles para evitar que El Algarrobico, la mole que nunca debió construirse, siga donde está desde hace 23 años.

Las heridas del fuego han marcado profundamente la Sierra de Bédar (Almería). Las laderas cubiertas de esparto, tan familiares para los bedarenses hace cuatro días, han dejado paso a la ceniza, y la vegetación fuerte y superviviente, que mantiene viva una tierra acostumbrada a la sequía, ahora está negra y yerma. Irreconocible. “Parece una zona de guerra”, cuenta una vecina, después de que haya quedado controlado el incendio que se ha cobrado la vida de 13 personas.

Ascender por la carretera de Bédar es un espectáculo desolador. El verde y marrón, antes predominante, salpica la ladera renegrida y sobre ella se alzan, sin que nadie pueda explicárselo, las casas, cortijos y fincas de los locales, aparentemente intactas.

“Por supuesto no es algo aplicable a todos los casos, pero esta es la prueba de que cuando las autoridades piden confinamiento en un incendio, lo hacen por una buena razón”, explica a elDiario.es una responsable de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). El fuego, aunque ha arrasado el monte, no ha llegado a las casas.

Las fachadas blancas o con colores terrosos destacan sobre la tierra quemada como un oasis en un desierto. Los caseríos se encuentran en su mayoría aislados, separados unos de otros por varios kilómetros, algo muy común en la Almería rural, y que ha sido un factor determinante durante los momentos más críticos de la evacuación.

Casa por casa avisando a los vecinos

“Diego, el policía local de Bédar, fue casa por casa pidiendo a los vecinos que se marcharan, que había que evacuar, pero el fuego se extendió tan rápido que aunque tuvieran 100 agentes no hubieran podido avisar a todos a tiempo, hicieron todo lo posible”, relata Shelagh, vecina de El Pinar, pedanía de Bédar.

Ella cuenta cómo la evacuación se organizó a través de un grupo de WhatsApp en el que están muchos de los vecinos para gestionar asuntos del municipio, al encontrarse tan aislados unos de otros. Esta vecina afirma que es la mejor manera de que las comunicaciones lleguen a tiempo: “Los propios vecinos nos avisábamos de que había que evacuar, íbamos por las calles tocando el claxon para alertar a los que no están en el grupo, ha sido un esfuerzo de todos”, recuerda.

La megafonía fue otra de las estrategias empleadas por el Ayuntamiento para intentar que la noticia llegara a todos los hogares con relativo éxito. Aun así, muchos vecinos se han quejado durante los últimos días de que no les llegó el aviso y de que se enteraron por los medios de comunicación o por las redes sociales de que había un incendio.

Solo existe una vía de acceso

La forma de urbanismo predominante en Bédar tiene nombre, se denomina zona de interfaz forestal, es decir viviendas diseminadas en áreas forestales, normalmente con una sola vía de acceso que las conecta con las áreas urbanas cercanas.

En estas zonas el peligro de incendio es significativamente mayor debido a la cercanía de los hogares a la vegetación del entorno, por lo que, según indicaciones de la Junta de Andalucía, estos hogares deben contar con un plan de autoprotección que contemple medidas preventivas y de defensa frente a incendios forestales.

El alcalde de Bédar, Ángel Collado, confirma que el municipio cuenta con un plan vigente de emergencias desde 2015, pero que se encuentra “a la espera de una remodelación”. El regidor asegura que esto no ha afectado a la actuación durante el incendio.

La organización urbanística del pueblo dificultó en buena medida que las indicaciones de seguridad llegaran a los vecinos. El hecho de que solo haya una vía de salida y entrada a las viviendas supone un riesgo en el supuesto de que la vía quede cortada, pero esta es una realidad que no solo afecta a las viviendas aisladas, sino a todo el término municipal.

“No solo las viviendas cuentan con una calle, aquí en El Pinar solo contamos con una calle para salir y la gente de Bédar solo tiene un par de accesos para bajar a Los Gallardos, es algo que afecta a todo el pueblo”, afirma Shelagh.

En El Pinar, que se encuentra muy cerca del núcleo de Los Gallardos, sobresale una vivienda que fue clave para los efectivos del INFOCA durante su extenuante lucha contra el fuego debido a su localización estratégica. Se encuentra en lo alto de una colina, en el extremo noreste de la pedanía y se accede a ella por una sinuosa carretera, en la que es posible ver hoy los restos de los esfuerzos del fuego por llegar hasta el edificio.

La carretera protegió en buena medida la fachada de la vivienda por su lado oeste, norte y sur, pero por todo su flanco este es posible ver los daños provocados por las llamas y el calor: muebles carbonizados, ventanas resquebrajadas, molduras derretidas y cables totalmente consumidos. En este sector no hay carretera, el propio monte se extiende a los pies de la vivienda creando una caída de varios metros. Por ahí logró llegar el fuego a la casa, debido a la extensa vegetación que la rodea.

El juzgado de Vera (Almería) encargado del incendio originado en Los Gallardos que se ha cobrado la vida de 13 personas, cuenta ya con la identificación de nueve víctimas, que corresponden a un ciudadano español y a ocho extranjeros, tres personas procedentes de Reino Unido, un matrimonio belga, un hombre de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.

Los fallecidos identificados hasta el momento son cinco hombres y cuatro mujeres, según han informado a EFE fuentes de la investigación, que han precisado que el español y la estadounidense estaban casados.

Según la última actualización ofrecida anoche por el Centro Integrado de Datos (CID), el número de denuncias por desaparición había aumentado a diez, mientras que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en trece, tras confirmarse el fallecimiento de una ciudadana inglesa de 93 años, ingresada en estado grave en un hospital de Almería.

El incremento de los desaparecidos se produjo tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, detalló el CID, que consideró anoche que a corto plazo podrían recibirse más denuncias.

Salvo el caso de la mujer de 93 años hospitalizada, la identidad y la nacionalidad comunicada este lunes corresponde a seis de los doce fallecidos que fueron hallados en las zonas calcinadas.

Ocho kilómetros separan las poblaciones de Bédar y Los Gallardos, pero para los evacuados por el incendio de Almería bien podrían haber sido ocho mil. Durante tres días, un férreo control policial ha mantenido cerrada a cal y canto la AL-6109 hacia la localidad bedarense, impidiendo el paso de quienes rogaban acceso para recoger medicamentos, ropa o para dar de comer y beber a los animales que tuvieron que dejar atrás.

“Ayer intenté subir porque mi mujer se asfixiaba, necesita un respirador para dormir y nos lo dejamos durante la evacuación, pero no me han dejado subir, ni siquiera escoltado”, cuenta Julián que tuvo que desplazarse hasta el hospital más cercano, a 20 minutos en coche en la localidad de Huércal-Overa, para poder solicitar un repuesto. La espera llegó a su fin este domingo: Bédar ha vuelto a la vida, y ellos han vuelto a Bédar. Su mujer se encuentra bien, pero “han sido unos días terribles”, relata entre lágrimas. 13 personas han fallecido como consecuencia del incendio, y siete están heridas, cuatro de ellas en la unidad especializada en quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

“La experiencia ha sido terrorífica, nos evacuaron a las cuatro de la mañana y nos vinimos con lo puesto. Tenemos cuatro gatos en el coche y seis más esperándonos en casa sin agua ni comida, pero no nos dejan subir, estamos solos”, relata Kamran, ciudadano de origen iraní y propietario de un cortijo en el municipio.

Durante la jornada, la Guardia Civil compartió imágenes del rescate de animales en colaboración con la Protectora FURIA, que ha coordinado la labor de estas entidades. Quizá el más emotivos de esos momentos es el rescate de un perro, aún temeroso tras una valla que marca el fin del terreno carbonizado por las llamas.

Incendio estabilizado a mediodía del domingo

La estabilización del incendio, confirmada poco antes del mediodía de este domingo, y la desescalada de la emergencia, que pasaba a Situación Operativa 1, ha sido el punto de inflexión para los vecinos de este pequeño municipio de menos de 1.000 habitantes afincado en la preciosa Sierra de Bédar, ahora irreconocible: esta noche muchos de ellos podrán dormir en sus casas.

Desde las cuatro de la tarde, un goteo lento pero incesante de vehículos llegaba hasta el perímetro policial de Los Gallardos. No todo el mundo podía acceder. Un trabajador municipal da el alto: “Solamente los residentes pueden subir, antes de que puedan pasar deberán mostrarnos su DNI para que podamos verificar que efectivamente son vecinos”. Y añade: “Ha habido casos de personas que están de alquiler y hemos tenido que negarles el acceso hasta que el propietario de la vivienda nos confirme que residen allí”.

La subida a Bédar ofrece una imagen descorazonadora: el monte está totalmente carbonizado, pero las viviendas permanecen intactas. Ana María, vecina de la localidad y una de las primeras en acceder a su casa, a la que no entraba desde la tarde del jueves, cuenta a elDiario.es que “está todo como lo dejé, la verdad es que hemos tenido mucha suerte aquí en el pueblo, las casas están bien”.

Pese a la orden de evacuación declarada por las autoridades el pasado jueves, hay vecinos que se han resistido a marcharse. Matías es uno de ellos: “La Guardia Civil vino para decirnos que teníamos que evacuar, pero yo he ido aguantando porque tengo animales aquí y tengo que darles de comer. Algunos nos hemos quedado y nos han dicho que debíamos confinarnos en casa y cerrar puertas y ventanas”, cuenta.

Pese a la alegría generalizada por la vuelta a casa, esta pequeña población almeriense tiene por delante la difícil tarea de seguir adelante sin doce de sus vecinos, que perdieron la vida huyendo de las llamas. “Los conocía a prácticamente todos, eran extranjeros pero vecinos del pueblo desde hace 20 o 25 años, gente buenísima. Vivían cerca, ellos se han ido pero las casas se han quedado ahí”, relata Catalina, vecina del pueblo.

El núcleo de Bédar se ha salvado de lo peor del incendio pero pedanías como La Serena o El Pinar no han tenido tanta suerte. Algunas viviendas presentan graves desperfectos que impedirán el regreso a casa de sus propietarios. El alcalde, Ángel Collado, afirmaba a última hora de la tarde que aquellas personas que no puedan residir en sus casas serán realojadas en hoteles hasta que puedan restaurar sus hogares y varias oficinas se pondrán en marcha en las localidades afectadas para centralizar las ayudas.

Los servicios de emergencia han recuperado los cuerpos sin vida de dos personas con aparentes signos de violencia tras el desembarco de una patera durante la madrugada de este domingo en la playa del Corral de Carboneras (Almería), donde se ha localizado a otros diez migrantes de origen norteafricano.

Fuentes de la Guardia Civil y otras próximas al operativo han confirmado a Europa Press la llegada de una patera sobre las 5:15 horas, por lo que el 112 recibió varios avisos en los que se alertaba del desembarco de entre “50 o 60 personas”, próxima a la antigua fábrica de cemento.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil, Policía Local de Carboneras, Cruz Roja y 061, que se han desplazado hasta la zona donde han comprobado la existencia de dos cadáveres que han tenido que ser recuperados del mar.

Conforme a la investigación preliminar, los cadáveres de los fallecidos mostraban signos de violencia, si bien las autoridades han apuntado que será la autopsia la que confirme las causas concretas de la muerte.

De otro lado, la embarcación en la que viajaban los inmigrantes han vuelto mar adentro después de producir el desembarco cerca de la línea de costa, mientras que los ocupantes de la patera se han adentrado tierra adentro, con lo que a su mayoría se le ha perdido la pista.

El incendio declarado el jueves por la tarde en Los Gallardos, Béjar y Antas que durante la noche acabó con 12 vidas y el viernes arrasó 6.600 hectáreas con velocidades de avance de hasta cien metros por minuto se apaciguó este sábado gracias al trabajo de los efectivos de la UME, Plan Infoca y bomberos de Levante y a unas condiciones climatológicas mucho más favorable: el viento dejó de soplar con fuerza y la humedad remontó hasta el 50%, y esa fue la “ventana de oportunidad” que aprovecharon los bomberos para perimetrar las llamas a esas 6.600 hectáreas, que no se han extendido, y, por primera vez, “atacar el fuego” en lugar de defenderse de su avance.

Al final de la tarde, las perspectivas para la noche eran también buenas. “La climatología esta noche va a ser favorable y la perspectiva para estabilizar en las próximas horas es favorable”, avanzó el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, quien no obstante también lanzó un mensaje de cautela: hay focos activos y el comportamiento del fuego en una zona con orografía muy escarpada, con barrancos y caminos angostos de tierra que atraviesan superficies de matorral o antiguos cultivos de esparto, llama a ser precavidos.

Por eso, Bolaños también pidió paciencia a las más de 1.400 personas que siguen fuera de sus casas. Según dijo, ya no están en albergues o polideportivos como el de Garrucha, sino que han sido alojadas en viviendas propias o familiares y en hoteles, que abonará el Gobierno. “Volverán cuando podamos garantizar las condiciones de seguridad. Esperamos que sea lo antes posible”.

Durante el día, sí se permitió el regreso temporal de algunos vecinos a Bédar para recoger medicamentos, dinero o documentación, o para alimentar animales. El Ayuntamiento de Antas pidió a los evacuados que esperen autorización para volver a sus casas y la Guardia Civil detuvo a dos personas que se negaron a acatar las instrucciones de evacuación.

El fuego se cobró la vida de 12 personas, en cuya identificación siguen trabajando los forenses del Instituto de Medicina Legal en Madrid. Es una tarea complicada por el estado en que quedaron los cuerpos. Hay siete denuncias de desaparición, y cuando se complete la identificación de los cadáveres podrá comprobarse cuántas corresponde a las víctimas ya contabilizadas.

Además, hay ocho heridos, entre ellos cuatro en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Los daños materiales son menos cuantiosos de lo que se temía. “La práctica totalidad de las viviendas no están afectadas”, ha asegurado Bolaños, quien ha recorrido la zona. Está previsto que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la zona el próximo lunes.

“Nos tenemos que acostumbrar”

Bolaños ha advertido que la virulencia del incendio tiene su origen en la emergencia climática. “Nos tenemos que acostumbrar, porque la emergencia climática tiene estas consecuencias”, señaló por la mañana. Los expertos apuntan a la abundante vegetación acumulada tras un año lluvioso, muy reseca en las últimas semanas de altísimas temperaturas. No ayudó la orografía del terreno, muy escarpada, lo que dificulta el acceso de maquinaria pesada y provoca convecciones de aire caliente que expanden las llamas. Por último, la meteorología: el jueves y el viernes sopló un intenso viento seco, que hizo correr el fuego a velocidades de vértigo.

Bolaños ha rebajado la polémica sobre la falta de envío de un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert. El ministro ha avalado la explicación del Gobierno andaluz: “Son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos, no puedo desautorizar o cuestionar esa decisión”, ha dicho el ministro.

Antes, el Consejero Antonio Sanz había replicado al ministro Óscar Puente y a la portavoz socialista, Montse Mínguez, quienes habían señalado que “una vez más” había quedado “otro ES Alert sin enviar”, en referencia a la falta de aviso en tiempo durante la Dana de Valencia. Sanz, visiblemente molesto, ha replicado que quien polemiza con esto “no tiene ni idea” de cómo funciona ES Alert, y ha explicado que el envío hubiera provocado “daños irreparables y confusión a la población”, al no ser posible acotarlo a quienes en ese momento debían ser evacuados.

Según Sanz, el rango de difusión del mensaje no permitía afinar lo suficiente en este caso y enviarlo indiscriminadamente a población que debía seguir instrucciones diferentes podía dificultar las tareas de evacuación de quien sí debía salir de sus viviendas. La alternativa fue que el alcalde, concejales y miembros de las fuerzas de seguridad avisaran casa a casa.

El incendio, el más trágico de las últimas décadas en España, tiene aún un origen por esclarecer. La primera hipótesis apunta a un cable que cayó sobre la cuneta en el punto kilométrico 511 de la Nacional 340. Tanto Red Eléctrica como Endesa han negado que ese cable sea suyo, señalando que corresponde a la instalación de un antiguo restaurante. Además, Endesa añade que sus técnicos comprobaron que no tenía tensión desde que ese restaurante cerró, en 2009. Sin embargo, esta sigue siendo la principal hipótesis, sin que se descarten otras.