El abogado de la víctima del 'caso Viogén' ha solicitado penas de hasta doce años y medio de prisión para el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y otros siete agentes del cuerpo por presuntamente acceder de forma irregular a la plataforma de seguimiento de víctimas de violencia machista (VioGén) para obtener datos sobre su localización y circunstancias.

El caso se inició después de que la expareja de un subinspector del cuerpo condenado por maltratarla denunciara en julio de 2024 que su agresor “siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella”. Sospechaba que compañeros de la Policía Local accedían a su expediente en VioGén y “recababan información que facilitarían a su expareja” o bien que éste accedía utilizando las claves de sus compañeros.

Concluida la instrucción, el juzgado ha procesado a ocho agentes por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía ha solicitado el archivo por entender que los hechos no constituyen un delito penal, pero la acusación particular ejercida por la mujer acaba de pedir que se abra juicio oral contra ellos.

Además del exjefe de Policía, entre los investigados se encuentran un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores de la Policía Local de Granada en el momento de los hechos y cinco agentes más adscritos a esta unidad.

30 años de inhabilitación

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación solicita 12 años y medio de prisión, y 30 de inhabilitación absoluta, para José Manuel Avilés y para el subinspector Jefe de la unidad como inductores de un delito de descubrimiento y como autores de uno de revelación de secretos.

Al oficial jefe y al resto de agentes les acusa como autores de delitos de descubrimiento y, en su caso, de revelación de secretos, solicitando condenas que van entre los 8 años y dos días de cárcel y los 12 años y medio de prisión en función de su presunta implicación; así como penas de inhabilitación absoluta de entre 20 y 30 años.

La acusación remarca que la custodia de la mujer era competencia exclusiva de la Guardia Civil. Pese a ello, los acusados realizaron 47 accesos no autorizados a esta plataforma entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, sin dejar “ninguna constancia” en el módulo de anotaciones de los motivos que justificaban el acceso.

Durante ese periodo, supuestamente consultaron datos sobre “recorridos de la víctima, cambios de horario de su trabajo, cambios de domicilio, medidas de seguridad llevadas a cabo para su protección” y relativos a su hija menor. Además, cinco agentes presuntamente llegaron al nivel 3, visualizando “datos sensibles” del expediente.

“Las intromisiones no cesaron”

El origen de las consultas habría partido de una orden verbal dada por el entonces jefe de la Policía Local al subinspector jefe de la unidad para recopilar datos con vistas a un expediente disciplinario a la expareja de la víctima y compañero del cuerpo. No obstante, aunque el expediente “quedó paralizado a los ocho días de su apertura”, las “intromisiones no cesaron”, según sostiene esta acusación.

En su relato de hechos se incide en que mientras los agentes presuntamente consultaban el expediente VioGén no se adoptaron medidas disciplinarias contra el agresor sino que “fue ascendido” como Jefe de la Academia de Policía Local. Estos accesos habrían generado “temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima”, que atravesó este periodo “en un estado constante de alerta” y se vio obligada a “modificar aún más sus rutinas de seguridad”.

Algunas de ellas no llegaron a anotarse en el sistema VioGén “para evitar que la Policía Local las conociera”, según se desprende del escrito. Además de las penas de prisión, la acusación particular solicita que cada uno de los acusados indemnice a la mujer y a su hija en 20.000 euros a cada una por los daños morales sufridos.

Dirige además la acción civil subsidiaria frente al Ayuntamiento de Granada, toda vez que los hechos fueron presuntamente ejecutados por funcionarios municipales “aprovechando los medios, credenciales y relaciones jerárquicas de su servicio policial, utilizándose además la información en actuaciones administrativas municipales”.

En el apartado de prueba documental, pide librar oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad para averiguar “desde qué direcciones IP accedió cada agente” y verificar si hubo accesos simultáneos coincidentes con los turnos de trabajo del agresor, que no está procesado en esta causa.

Junto a ello se solicita que todas las sesiones de la vista oral se celebren a puerta cerrada para salvaguardar la intimidad de la víctima y de su hija menor, según se desprende del escrito remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4.

La Fábrica de Municiones de Granada ha registrado en la mañana de este viernes una fuerte explosión sentida desde diversos municipios del área metropolitana que ha movilizado a efectivos policiales y Bomberos. Las primeras informaciones apuntan que hay al menos tres trabajadores heridos leves por problemas de audición tras la detonación.

El 112 ha recibido una treintena llamadas al filo de las 9 de la mañana alertando de una fuerte detonación procedente de esta fábrica situada en el Fargue, según ha detallado el servicio coordinador de emergencias 112. La deflagración se ha sentido en muchos puntos de la ciudad, según reflejan numrosos testimonios en redes sociales.

Los primeros datos que se manejan apuntan a que la explosión se ha producido en la zona del quemadero de la fábrica. Desde UGT precisan que pudo ocurrir en el transcurso de una prueba, de las muchas que se hacen, y algo habría fallado, pero el lugar estaba perimetrado y no había personas cerca. De hecho, no constan por el momento heridos de gravedad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y efectivos sanitarios que han atendido a menos tres personas, presumiblemente trabajadores, por problemas de audición.

La Policía Nacional ha movilizado a efectivos de los Tedax Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Científica y de Subsuelo que están inspeccionando la zona. Se ha establecido un primer cordón de seguridad para garantizar la seguridad y un segundo para asistir a vecinos y viandantes que puedan necesitar ayuda, según han detallado fuentes de este cuerpo.

Desde la Fábrica de Municiones de Granada han rehusado hacer declaraciones al respecto de este accidente, aunque confirman que no se han producido daños personales de gravedad.

Vuelco de un camión con granadas de mortero

Este accidente se produce después de que el pasado 13 de octubre se produjera el vuelco de un camión en la A-4002, en Granada, que transportaba granadas de mortero de esta misma fábrica y que perdió carga de la carga sobre la vía, la cual tuvo que se retirada con la intervención de efectivos policiales experimentados en manejo de explosivos.

La Junta de Andalucía activó la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas a causa de este accidente que se produjo cuando el vehículo siniestrado realizaba un transporte entre dos instalaciones de la compañía.

Un perro, con complejo de concejal de fiestas por su predisposición a ellas, recibe a este redactor cuando se baja de su vehículo y pone un pie en una calle que, rodeada de belleza, indica por sus adoquines que no suele ser transitada. El mismo can, mediante gestos bastante resolutivos, parece indicar con la cabeza que lo que el visitante anda buscando está cuesta abajo, junto a la iglesia del siglo XIX: la vida de un pueblo paradójico. Paradójico porque Murtas, situado en la alpujarra granadina, muy cerca de la provincia de Almería, tiene un censo que desafía a los legisladores. Tres de cada cuatro votantes ni han nacido ni viven siquiera en España, pero se sienten murteños.

En plena polémica por la nacionalización de miles de personas mediante la denominada Ley de Nietos, por la que el Tribunal Supremo ha decidido paralizar el derecho a voto de cara al próximo 29N de muchos nacionalizados que se habían acogido a esta norma, Murtas permite entender parte del fenómeno. En esta localidad granadina hay censados con derecho a voto 332 vecinos, mientras que otros 1067 electores no han paseado nunca o casi nunca por sus calles. Una estadística que se explica, en gran medida, porque de Murtas emigraron miles de lugareños en las primeras décadas del siglo pasado buscando vidas mejores en países como Argentina o Brasil.

Y aquel éxodo tiene su eco hoy en día. En los recovecos sin gente, pero con historia, que decoran la imagen de un pueblo que parece detenido en el tiempo porque, como dicen los que en él habitan, “se está muriendo poco a poco”. Tan detenido en el tiempo y solitario está que hasta el perro concejal suma ya 20 años y nadie ha ido a recordarle que ha superado ya la lógica longevidad de un animal de sus características. Como no lo sabe, camina feliz, con paso firme y sin vacilar de cuesta en cuesta.

Quien sí sabe que Murtas vivió mejores tiempos y que, aunque el censo diga otra cosa, el futuro no brilla para personas como Cristina, quien hace de guía a elDiario.es Andalucía para tratar de desentrañar el misterio de por qué tres de cada cuatro murteños casi no podrían situar el pueblo en un mapa. Cristina trabaja como animadora sociocultural en un municipio en el que esa tarea es tan paradójica como su registro civil. Su contrato, financiado a través de un plan de empleo, termina el 13 de noviembre. Le gustaría continuar, pero no sabe si será posible. “Me gustaría quedarme, pero si no tengo contrato, me voy a otro lado a trabajar”, explica.

Mientras tanto, intenta que Murtas se conozca fuera de sus calles. También ejerce de guía a través de TikTok, donde publica vídeos de los rincones del municipio. Para hacerlo, se da paseos que pueden durar horas, muestra prácticamente todo lo que encuentra y después resume esas caminatas en vídeos breves. Es una forma de acercar el pueblo a quienes nunca han estado allí, aunque por ahora no haya conseguido atraer a demasiados turistas.

La pantalla, sin embargo, no resuelve el problema de llegar hasta Murtas. Las carreteras de la Alpujarra, estrechas, escarpadas y llenas de curvas, complican las comunicaciones. Lanjarón y Órgiva, dos municipios de la misma comarca, quedan a más de una hora en coche. La distancia no se mide únicamente en kilómetros: también en el tiempo que cuesta llegar a otros pueblos, hacer determinadas compras o acudir a servicios que no existen en el propio. Para comprar algo más que lo básico, muchos vecinos tienen que desplazarse. María José, secretaria del Ayuntamiento, explica que en ocasiones les resulta más práctico ir a Adra o a El Ejido, en Almería, que a otros municipios granadinos. Murtas, que llegó a tener casi 4.000 habitantes a mediados del siglo pasado y que vive de la agricultura y la ganadería, se encuentra en uno de los extremos de la provincia, cerca del límite con Almería, y esa ubicación condiciona la vida cotidiana.

La dificultad de acceso tampoco impide que lleguen nuevos habitantes. En los últimos años, se han instalado jubilados extranjeros, especialmente procedentes de países del centro de Europa. Su presencia introduce una pequeña variación en la historia de un municipio acostumbrado a perder población. Pero no basta con que alguien elija Murtas para pasar allí su jubilación: el reto sigue siendo ofrecer condiciones para que también puedan quedarse quienes necesitan trabajar.

Un pueblo lleno de recuerdos

Si Cristina representa la incertidumbre del futuro, Inma es una de las personas que mantienen abierta la puerta al pasado. Gestiona el registro civil y atiende el único bar que queda en el pueblo. Dos trabajos que, en un municipio como este, terminan conectándose de maneras inesperadas. Al registro llegan solicitudes de personas que viven en Argentina y Brasil y quieren reconstruir la historia de sus familias. Buscan partidas y documentos de sus padres, abuelos o bisabuelos, aquellos que salieron de Murtas cuando la emigración se convirtió en una vía para buscar una vida mejor al otro lado del Atlántico.

La tarea no siempre resulta sencilla. Los libros antiguos no tienen todos índices que faciliten la búsqueda, por lo que a veces hay que revisar las páginas una a una. Inma ha elaborado índices para algunos de esos volúmenes y ayuda a quienes intentan recomponer su árbol genealógico a partir de los documentos que conserva el municipio. Entre quienes llegan también hay personas que quieren llevarse un recuerdo material del lugar de sus antepasados. Inma cuenta que hace poco recibió la visita de tres mujeres mayores de 60 años que compraron pequeños recuerdos del pueblo, como imanes, abanicos y pulseras.

Para ellas, Murtas no es necesariamente el lugar en el que han vivido, sino el origen de una historia familiar que ha sobrevivido a la distancia. Sus antepasados se marcharon, sus descendientes crecieron lejos y, décadas después, algunas de esas familias vuelven para conocer el escenario del que partieron los suyos. La paradoja es que el municipio conserva una relación administrativa y sentimental con miles de personas que no residen en él, mientras quienes sí viven allí se enfrentan a las consecuencias cotidianas de la pérdida de población. En el registro civil, la emigración sigue presente. En las calles, en cambio, se percibe lo que ha desaparecido.

“Aquí lo que no hay es gente”

Amalia tiene 92 años y Jacinto, 94. Son dos de los vecinos más longevos de Murtas. Están sentados al fresco, apoyados en una pared junto al albergue, acompañados por otros dos vecinos. No hace falta llevarles estadísticas para hablar de la transformación del municipio. Basta con preguntarles qué había antes. “Antes había mucho y ahora hay menos”, resume uno de ellos. Amalia recuerda las tiendas, los comercios de ropa y los bares que daban vida a las calles. Había cuatro o cinco bares, frente al único que queda hoy. También había niños, escuelas y más gente paseando por el pueblo.

“Tiendas, muchas tiendas”, recuerda Amalia. La enumeración de lo que había antes contrasta con la tranquilidad de la mañana que comparten los cuatro vecinos. No necesitan detenerse en cifras para explicar el cambio: la ausencia de gente se ha convertido en parte del paisaje. Jacinto recuerda que comenzó a trabajar en el campo cuando era muy pequeño, primero como pastor y después en otras labores agrícolas. Su historia pertenece a una generación para la que la vida rural significaba trabajar desde la infancia, en un entorno donde el campo organizaba buena parte de la actividad diaria.

La memoria de los mayores coincide con la de María José, que lleva alrededor de dos décadas trabajando en el ayuntamiento. Cuando llegó, Murtas todavía conservaba servicios que han ido desapareciendo. El domingo era día de mercado y de actividad comercial, hasta el punto de que las oficinas municipales abrían ese día. La pandemia acabó también con aquella rutina. El municipio tenía oficina bancaria y cuartel de la Guardia Civil. Ahora, donde antes había atención presencial, queda un cajero automático. La desaparición de estos servicios no solo obliga a desplazarse para resolver gestiones: también reduce el tránsito de personas y la actividad que sostenía la vida cotidiana.

La pérdida de comercios tiene una consecuencia aún más tangible. Murtas llegó a tener dos panaderías; hoy no queda ninguna. El pan llega en una furgoneta que pasa los martes, jueves y sábados. Lo que antes se resolvía caminando unas calles depende ahora de que un vehículo llegue desde fuera en días determinados. María José lo resume al recordar la evolución del negocio: “La gente no quiere invertir”. El Ayuntamiento ha intentado facilitar que se mantengan algunas actividades económicas. Llegó a ofrecer un albergue por menos de cien euros al mes para intentar que alguien pusiera en marcha un negocio, pero no encontró a nadie dispuesto a hacerse cargo.

Algo parecido ocurrió con cuatro apartamentos turísticos situados en la parte alta del pueblo, con vistas a la Alpujarra. Ante la falta de personas interesadas en gestionarlos, el consistorio ha optado por utilizarlos para alojar a maestros que llegan a trabajar al municipio. La situación revela una de las dificultades menos visibles de la despoblación: no basta con que haya locales, edificios o posibilidades de negocio. También hacen falta personas dispuestas a asumir el trabajo y el riesgo de mantenerlos abiertos en un lugar con poca demanda. La falta de actividad genera menos oportunidades, y la escasez de oportunidades dificulta que llegue o se quede población.

Los límites de un ayuntamiento pequeño

Desde el consistorio intentan aprovechar los recursos disponibles. María José reconoce que el margen de actuación es reducido. “No podemos hacer mucho más”, explica al referirse a las posibilidades de un municipio que depende en buena medida de las subvenciones para poner en marcha proyectos. Los planes de empleo permiten incorporar a jóvenes como Cristina, pero los contratos tienen una duración determinada y no garantizan continuidad. El Ayuntamiento también intenta aprovechar el patrimonio cultural y natural para atraer visitantes. Murtas cuenta con una tradición trovera que ha motivado su declaración como pueblo trovero, además de un museo dedicado a esta manifestación cultural.

A ello se suman los antiguos lavaderos, los senderos y las vistas desde el Cerrajón, uno de los puntos elevados de la Alpujarra, desde donde, en los días despejados, puede divisarse incluso África. El municipio mantiene asimismo servicios gratuitos de podología, fisioterapia y yoga para sus habitantes, una iniciativa que, según María José, lleva tres años en marcha. Son medidas que ayudan a sostener la vida diaria, especialmente para quienes tienen más dificultades para desplazarse.

Pero el turismo se enfrenta al mismo obstáculo que el resto de las actividades: llegar hasta allí no siempre resulta fácil. María José recuerda que algunos visitantes han seguido las indicaciones del GPS y han terminado en calles estrechas sin salida. En alguna ocasión, los vecinos han tenido que ayudarlos a sacar el coche. Las calles son parte del atractivo de Murtas, pero también pueden convertirse en una dificultad para quienes llegan por primera vez. La afluencia aumenta durante las fiestas, especialmente en la celebración de la Santa Cruz, cuando regresan familiares y personas vinculadas al municipio. También vuelven quienes aprovechan sus vacaciones para participar en la recogida de la almendra. Hay vecinos que viven fuera, pero reservan unos días para ayudar a sus madres o familiares en el campo.

Son regresos que no equivalen a recuperar población estable, aunque mantienen vivo un vínculo. La emigración no ha borrado el pueblo de la memoria de quienes se marcharon. Al contrario: para algunas familias, Murtas continúa siendo el lugar al que volver en determinadas fechas, aunque la residencia habitual esté a cientos o miles de kilómetros. Ese vínculo es también el que ayuda a entender que tantas personas sigan formando parte del censo electoral desde el extranjero. La cifra, por sí sola, no permite conocer la relación que cada una mantiene con el municipio, pero sí da cuenta de la dimensión de una historia migratoria que continúa proyectándose sobre el presente.

Enseñar el pueblo para quedarse en él

Cristina intenta que Murtas sea conocido por quienes todavía no lo han visitado. Recorre sus calles, muestra sus paisajes y los convierte en vídeos que circulan por una plataforma utilizada por millones de personas. Es una manera de proyectar hacia fuera un municipio al que las carreteras mantienen apartado de buena parte de los desplazamientos cotidianos. Su trabajo de animación sociocultural persigue algo más cercano: organizar actividades y mantener espacios de encuentro para quienes sí viven allí. Pero su contrato termina en noviembre y no tiene garantizado que pueda continuar. La joven que enseña Murtas al mundo se enfrenta a la posibilidad de tener que marcharse para encontrar empleo en otro lugar.

La contradicción explica buena parte del problema. El pueblo necesita atraer visitantes, recuperar servicios y ofrecer oportunidades a quienes quieran vivir en él. Sin embargo, la promoción turística no sustituye a un puesto de trabajo estable, del mismo modo que disponer de un edificio no garantiza que alguien vaya a abrir allí un negocio. Mientras tanto, el perro que recibe a los visitantes continúa recorriendo las calles empedradas. Con sus veinte años, camina de cuesta en cuesta con la tranquilidad de quien conoce cada rincón y no necesita consultar ningún mapa. A su alrededor, las fachadas y los callejones conservan la belleza de un pueblo que parece detenido en el tiempo, aunque sus habitantes sepan que lo que está en juego no es conservarlo inmóvil, sino conseguir que siga teniendo vida.

En Murtas hay quienes vuelven para buscar sus raíces, quienes regresan para recoger almendras, quienes llegan desde otros países para jubilarse y quienes intentan que el pueblo se conozca a través de una pantalla. Pero también hay una joven que espera saber si podrá seguir trabajando allí, una furgoneta que sustituye a las panaderías desaparecidas y un ayuntamiento que busca subvenciones para mantener servicios. La pregunta ya no es por qué tantos murteños viven fuera de España. La historia de la emigración ofrece parte de la respuesta. La cuestión es qué tendría que cambiar para que quienes hoy viven allí no se vean obligados a marcharse, y para que quienes conservan un vínculo con Murtas puedan regresar no solo durante las fiestas, sino también para construir allí su futuro.

“Lo peor no fue la guerra, lo peor vino después”. La frase se le quedó grabada a Miguel Ángel del Arco Blanco (Granada, 1978) durante su infancia, cuando una mujer humilde que lo cuidaba le hablaba de la posguerra. Aquella mujer, madre soltera y marcada por la Guerra Civil, le transmitió una memoria que acabaría convirtiéndose en el origen de su investigación histórica. Décadas después, el historiador granadino ha recibido el Premio Nacional de Historia de España 2026 por La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra, un libro que reconstruye la catástrofe alimentaria de los primeros años del franquismo y cuestiona los argumentos con los que la dictadura justificó la miseria.

“Yo no iba buscando una hambruna, pero empezaba a levantar papeles en los archivos y es que estaba el hambre por todos los lados”, explica Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. En aquellos documentos encontró un fenómeno que, a su juicio, había recibido menos atención de la que merecía. “Se había prestado atención al falangismo, los camisas azules, quiénes estaban en los ayuntamientos, los gobernadores civiles, todo lo que tú quieras, Falange, pero es que el hambre se lo comía todo”.

La investigación, por la que también ha sido galardonado con el Premio Almudena Grandes del Ayuntamiento de La Rinconada, le llevó a identificar años especialmente duros, en los que aumentaba la mortalidad, se multiplicaban las preocupaciones por el racionamiento y las autoridades locales dejaban constancia de las consecuencias de la falta de alimentos. La hambruna, sostiene, no fue una simple prolongación de las penurias provocadas por la guerra, sino una catástrofe vinculada al modelo económico y a las decisiones políticas de la dictadura.

Del Arco estima en más de 200.000 las muertes en exceso durante los años estudiados, a partir de la comparación de los registros de mortalidad con los niveles habituales. La cifra incluye fallecimientos asociados a las consecuencias de la desnutrición y a enfermedades que afectaron especialmente a una población debilitada. “Una hambruna es una crisis de mortalidad, un aumento espectacular de la mortalidad, motivado por la falta de alimentos o porque la población no puede acceder al alimento”.

Una hambruna invisibilizada

El historiador insiste en que la cuestión no consiste únicamente en determinar si había comida disponible. “A veces puede haber alimento, pero o no lo puedes comprar o alguien lo acapara”. Esa distinción resulta fundamental para entender el funcionamiento de la economía de posguerra, marcada por el racionamiento, los salarios congelados y un mercado negro en el que los precios podían quedar fuera del alcance de buena parte de la población. Para reconstruir aquella realidad, Del Arco recurrió a distintas fuentes. Los registros de mortalidad permitieron identificar los años en los que murió más gente de la habitual. A ellos sumó documentación interna de las autoridades franquistas, con alcaldes y falangistas preocupados por las consecuencias del hambre, e informes diplomáticos extranjeros que describían la situación económica española.

Los documentos mostraban, además, que las penurias no podían explicarse exclusivamente por las consecuencias materiales de la Guerra Civil. El investigador recuerda los informes de diplomáticos británicos y franceses que advertían de la gravedad de la situación y cuestionaban las decisiones económicas del régimen. La autarquía, el modelo de autosuficiencia económica impuesto por Franco, aparece así como una pieza central de su explicación histórica.

El hambre no dependía únicamente de la cantidad de alimentos disponibles, sino también de cómo se distribuían y de quién tenía capacidad para conseguirlos. “El régimen controla el alimento y reparte el hambre”, resume el historiador. De ahí que haya bautizado el fenómeno como la “hambruna de la victoria”: una crisis que afectó a toda la sociedad, pero cuyas consecuencias fueron especialmente graves para quienes habían perdido la guerra. Los vencidos, las familias represaliadas y las personas encarceladas sufrieron de manera particular las consecuencias de aquel sistema. En las prisiones y los campos de concentración, recuerda Del Arco, el hambre también causó víctimas. Fuera de ellos, la pobreza alcanzaba igualmente a personas sin recursos que no podían comprar alimentos, incluso cuando no estaban vinculadas al republicanismo.

La diferencia estaba en las posibilidades de supervivencia. Quienes tenían acceso a las redes del régimen o podían beneficiarse de sus mecanismos de distribución estaban en mejor posición que quienes habían quedado al margen. “Los que colaboran con el régimen o están en sus instituciones, pues les va mucho mejor”, explica. Aun así, advierte de que la desigualdad económica también castigaba a sectores de las clases populares que no podían permitirse los precios del mercado negro.

La hambruna tuvo, además, una dimensión territorial. Aunque afectó a toda España, Del Arco identifica Andalucía, Murcia y Extremadura entre las zonas más castigadas, junto a Ciudad Real y Albacete. En el sur, la desigualdad social, la presencia de grandes propiedades agrarias y las limitaciones de las zonas de secano agravaron las consecuencias de la falta de alimentos. El historiador destaca especialmente Almería, donde ha encontrado algunos de los testimonios más duros de su investigación, en particular en la comarca de Níjar y otros municipios de secano. “Si tuviese que haber un monumento a la hambruna, que no lo hay, en España, yo creo que tendría que estar en Almería”, afirma.

El papel de la mujer como salvadora social

La memoria de aquella experiencia sobrevivió pese a los intentos de la dictadura por justificar los llamados “años del hambre” mediante los efectos de la guerra, el aislamiento internacional y la sequía. La transmisión familiar conservó una parte de lo ocurrido a través de recuerdos y comportamientos cotidianos. “¿Cómo en Andalucía no se toleraba que dejásemos nada en el plato?”, se pregunta Del Arco al recordar cómo las consecuencias del hambre pasaron de una generación a otra. En esa memoria, las mujeres ocuparon un lugar fundamental. Fueron quienes, en muchos hogares, sostuvieron la supervivencia de las familias mediante trabajos precarios, intercambios, pequeños hurtos y redes de ayuda mutua. Algunas recurrieron incluso a la prostitución para conseguir alimentos o dinero con el que mantener a sus hijos. “Para mí, las más importantes fueron las mujeres”, subraya el historiador, que también las identifica como las principales transmisoras de la memoria del hambre.

La experiencia de la posguerra dejó una huella que, según Del Arco, también condicionó la forma en que una parte de la sociedad interpretó la posterior recuperación económica. Cuando las condiciones comenzaron a mejorar, el alivio se convirtió en un argumento favorable al régimen. “Es curioso cómo algo que provoca el franquismo acaba convirtiéndose como en un gran valor porque al final parece que el franquismo ha traído el desarrollo económico”, explica. Es ahí donde el historiador sitúa uno de los mitos que considera más persistentes en la memoria colectiva: la idea de que la dictadura fue responsable de la modernización económica de España y de que la ausencia de libertades políticas pudo compensarse con el crecimiento. “El mito del desarrollo económico es el que mejor pervive del franquismo”, sostiene.

Su crítica no se limita a la política económica. Del Arco apunta también a la corrupción como un elemento estructural del régimen, ligado al enriquecimiento de quienes podían aprovecharse de las instituciones y del mercado negro. “Si tuviese que destacar algo de Franco y de su régimen, es sin duda la corrupción”, afirma. Y añade: “Un país entero durante diez años viviendo al margen de la legalidad, eso tiene consecuencias”. El historiador considera que revisar esa historia resulta especialmente importante cuando todavía persiste una imagen de Franco como una figura paternalista que habría garantizado la estabilidad y el progreso. “Nos hemos quedado, sobre todo la extrema derecha, con la imagen de ese buen dictador, pero señor mayor, abuelo, que miraba por los destinos de España”, señala.

Del Arco no establece una equivalencia entre aquella hambruna y los problemas económicos actuales. Sí considera, sin embargo, que la historia permite formular preguntas sobre la desigualdad, el precio de los alimentos y la capacidad de las familias para acceder a una alimentación adecuada. “La inflación y los precios son claves para explicar la desigualdad”, afirma, al señalar también el peso de la vivienda en la economía doméstica. El historiador introduce así el concepto de pobreza alimentaria, una realidad de la que, a su juicio, se habla poco porque comer también está rodeado de vergüenza cuando no se dispone de recursos suficientes. “El hambre da vergüenza”, dice. Durante la entrevista, plantea la necesidad de investigar cómo se alimentan realmente las familias cuando los gastos básicos absorben una parte creciente de sus ingresos.

La cuestión de fondo, para Del Arco, es qué papel debe desempeñar el Estado frente a la pobreza y la desigualdad. La experiencia histórica de la posguerra muestra, a su juicio, las consecuencias de unas decisiones económicas que dejaron a amplios sectores de la población sin acceso suficiente a los alimentos. El Premio Nacional de Historia le ha devuelto, finalmente, a las personas que dieron origen a su investigación. Más allá del reconocimiento académico, el historiador asegura que se acordó de quienes murieron durante la hambruna y de quienes lograron sobrevivir en condiciones extremas. “Me salió un sentimiento de acordarme de toda esa gente que se quedó por el camino”, recuerda. “Este libro puede servir también para eso”.

Un hombre ha disparado contra su exmujer y contra su excuñada, de 36 y 39 años, y se ha dado a la fuga en la noche de este pasado jueves en el distrito Norte de la ciudad de Granada. El presunto autor de los hechos, que está identificado, tenía una orden de alejamiento respecto a su expareja.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, cuerpo que está investigado lo sucedido después de que recibieran los primeros avisos de urgencia en torno a las 23.30 horas que señalaban que un hombre había disparado a dos mujeres y había huido. Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital en un coche y se encuentran fuera de peligro.

La investigación apunta a la posibilidad de que, atendiendo a las primeras manifestaciones de las personas que presenciaron los hechos, pudiera tratarse de un caso de violencia de género, si bien no lo confirma, ya que todavía se investiga actualmente todo lo sucedido.

Continúa la búsqueda

Los agentes que llegaron rápidamente al lugar recabaron información entre quienes presenciaron los hechos, que dijeron que un hombre había disparado contra las dos mujeres, tras lo cual se había dado fuga en un coche. La Policía encontró el vehículo en el que supuestamente habría huido el presunto agresor en una calle cercana con el capó aún caliente, si bien no han localizado al hombre.

En cuanto a las mujeres heridas, la Policía Nacional refiere que ambas presentaban heridas por armas de fuego y que fueron atenidas en el hospital Virgen de las Nieves, donde, en principio, se comprobó que presentaban impactos de bala pero que su estado no es grave.

En su reciente visita a Finlandia, el rey Felipe VI quiso recordar a una figura singular, un intelectual y diplomático que ejerció como primer cónsul de España en el país nórdico, allá por las postrimerías del siglo XIX. “Uno de nuestros grandes escritores que en los paisajes de este país aseguró encontrar aspectos de su Granada natal”, dijo el monarca. Su nombre, Ángel Ganivet, es hoy en cambio, para el común de sus paisanos, el de la calle de los bares de la capital nazarí, sitio de reunión de universitarios que acaso ignoran quién fue. Para paliar este olvido de un personaje fundamental de su época, en los últimos tiempos han visto la luz esfuerzos divulgadores como el libro Y a lo lejos Granada. Vida de Ángel Ganivet (Diputación de Granada) o el documental Ganivet de José Luis Hernández, que se estrenará este otoño.

Nacido en 1865, Ganivet fue amigo de Unamuno –se prepararon juntos la oposición a la cátedra de griego, que solo el salmantino consiguió– y acabó siendo considerado un precursor de la generación del 98. “Ganivet no solo fue un escritor de pluma brillante sino un gran observador que supo ver como nadie los problemas de su tiempo en obras como Idearium español o Granada la bella, donde no solo diagnosticó los males de la España de finales del siglo XIX, sino que, como el gran visionario que era, supo anticipar cuestiones completamente actuales como el imperialismo yanqui o la gentrificación”

Según el cineasta, “Ganivet ya nos previno sobre los males que acechan a las ciudades que venden su patrimonio al mejor postor y supo diferenciar al propietario útil, aquel que compra una casa para vivir en ella y cuidarla, del propietario que solo busca acaparar inmuebles para especular con ellos… ¿Les suena?”

La ética de los mercaderes

Por su parte, Alejandro Pedregosa explica que “siento que, a día de hoy, la mejor enseñanza que podemos extraer de la vida y obra de Ángel Ganivet tiene que ver con su observación cosmopolita del mundo y su inquebrantable fe en la labor intelectual como medio para abordar los problemas de una sociedad”, comenta. “Vivimos en una realidad dominada por la ausencia ética de los grandes mercaderes, algo que Ganivet detestaba. Cada día son más necesarias certezas intelectuales desde las que construir ciudadanía y sociedad”. 

Pero si su obra resulta apasionante, su biografía no se queda atrás. “Defensor a ultranza del amor libre, sus amoríos fueron dignos de uno de esos folletines turcos que tanto éxito tienen en las plataformas”, prosigue Hernández, que desgrana estos y otros episodios en su filme. “Su historia de amor con la madre de su único hijo, la cubana Amelia Roldán, fue un constante ir y venir. Entre peleas y reconciliaciones cada uno tuvo sus propias aventuras, algunas con nombres tan exóticos como el de Mascha Djakoffsky, la profesora de sueco con la que Ganivet encontró la horma de su zapato”.

Esta extraordinaria peripecia vital tiene un punto de inflexión en su llegada a Finlandia, hace 130 años. “Allí se encontró un mundo completamente distinto al de su Granada natal. Como buen cronista, Ganivet quiso contar a sus compatriotas cómo vivían los fineses y las diferencias entre su cultura y la nuestra. De esta manera concibió una de las obras más interesantes de la literatura española, las Cartas Finlandesas, la deliciosa crónica de un granadino en tierras del norte”.

Un doble suicidio

Ganivet no llegó a cumplir los 33 años. Se suicidó un 29 de noviembre de 1898 arrojándose a las frías aguas del Río Dwina, en Riga, la capital de una Letonia que en aquellos años pertenecía al Imperio Ruso. “Las crónicas nos hablan de que en sus últimos días el cónsul parecía haber perdido el juicio, pero aun así fue capaz de terminar El escultor de su alma y Los trabajos del infatigable creador Pío Cid, una de las novelas más rabiosamente modernas de la mal llamada Generación del 98, de la que Ganivet siempre fue considerado poco más que un precursor cuando en realidad fue uno de sus hacedores”, apunta Hernández.

“Nadie sabe los motivos de aquel doble suicidio: se arrojó al río dos veces, en la primera fue rescatado, pero volvió a insistir y logró su propósito”, agrega. “Algunos lo achacan a la sífilis que padecía, consecuencia indeseada de sus noches de incontinencia sexual. Otros a una venganza por una presunta infidelidad de Amelia Roldán, e incluso los hay quienes lo achacan a la imposibilidad de superar el rechazo de Mascha… Imposible saberlo. Para rizar el rizo, su familia siempre pensó que había sido asesinado por los servicios secretos rusos, una posibilidad nada descabellada a poco que sepamos algo sobre la historia de la Madre Rusia”.

Lo que sí sabemos, concluye Hernández, “es que, 27 años después, su cuerpo fue repatriado a Granada y que uno de los que llevó sobre sus hombros el insigne féretro fue un joven y aún desconocido poeta llamado Federico García Lorca, quien sentía una genuina admiración por aquel filósofo a quien ya nadie recuerda… Pero esa es otra historia”.

Julia, nombre ficticio para preservar su identidad, tiene 43 años y un cáncer inflamatorio de mama bilateral. El pasado viernes acudió al Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada para una consulta con su oncóloga y la quimioterapia que tenía programada, pero salió sin recibir el tratamiento. “No hay hueco”, le dijeron, según explica a este medio. La nueva cita suponía retrasar unos diez días una sesión que debía encajar en un calendario de ciclos cada cuatro semanas. Ahora teme que vuelva a ocurrir lo mismo cuando llegue el día señalado: “Te sientes impotente”.

Su caso pone rostro a la denuncia de falta de personal en el hospital granadino, especialmente en el hospital de día de oncología, en el que CSIF asegura que se posponen una media de cuatro tratamientos al día por la insuficiencia de enfermeras. La queja no procede de una única central sindical. Fuentes de otras organizaciones consultadas por elDiario.es Andalucía apuntan en la misma dirección y advierten desde hace tiempo de problemas en la cobertura de ausencias, la organización de los turnos y la sobrecarga de los profesionales. El hospital, por su parte, niega que se estén cancelando sesiones oncológicas, afirma que la plantilla de Enfermería de Oncohematología está cubierta al 100% y anuncia la incorporación de dos profesionales más para responder al incremento de actividad.

La diferencia de versiones está en cuándo y cómo se producen las demoras asistenciales. El hospital niega que se cancelen sesiones, pero pacientes como Julia aseguran que no recibieron la quimioterapia el día previsto porque no había disponibilidad para administrársela. En su caso, después preguntó a las enfermeras de la unidad si podrían adelantarle el tratamiento en caso de que surgiera un hueco antes de la nueva fecha. Según relata, le respondieron que no creían que fuera posible. La paciente no sabe si la demora volverá a repetirse ni qué ocurrirá si el tratamiento no puede ajustarse a la nueva cita.

CSIF sostiene que esas situaciones responden a una reducción de la capacidad de atención del hospital de día. Bea Alguacil, representante sindical en el centro, explica que desde hace aproximadamente un año la unidad ha asumido tratamientos de mayor complejidad que antes se administraban en la UCI, sin que, según denuncia, se haya reforzado inicialmente la plantilla para absorber toda esa actividad. A ello se habría sumado la falta de cobertura durante el verano de las vacaciones y otros permisos reglamentarios.

Según los datos que maneja el sindicato, la agenda diaria del hospital de día vinculada a las consultas externas de Oncohematología ha pasado de 12 a ocho citas. CSIF cifra en cuatro los pacientes que dejan de poder ser atendidos cada día en esa agenda y asegura que la falta de personal y de tiempo para completar la actividad obliga a posponer tratamientos. El sindicato también sostiene que una enfermera atiende habitualmente a siete u ocho pacientes en la unidad, una ratio que considera insuficiente para administrar tratamientos oncológicos con las debidas garantías.

El hospital ofrece una versión distinta a ese respecto. La dirección cifra en más de 18.500 los tratamientos que administra cada año el hospital de día, entre quimioterapia y nuevos fármacos dirigidos, y asegura que el equipo de Enfermería y Oncología está dimensionado para atender la actividad. Afirma que la plantilla de Enfermería de Oncohematología tiene cubierta al 100% tanto su estructura como las incidencias por incapacidad temporal.

La respuesta del hospital no aclara, sin embargo, si se producen aplazamientos individuales de sesiones como el que describe Julia, ni distingue entre una cancelación y una reprogramación para una fecha posterior. Sí reconoce un incremento de la actividad asistencial y anuncia la incorporación próxima de dos profesionales de Enfermería al hospital de día oncológico. Según la dirección, el hospital también ha ampliado su cartera de tratamientos con procedimientos que requieren cuidados de especial complejidad.

Un problema que afecta a otras especialidades

Las denuncias de falta de personal no se limitan a Oncología. Elías, trabajador del Virgen de las Nieves, describe dificultades también en otras áreas del centro. En Traumatología, explica, hay pacientes que deben desplazarse desde el hospital de Traumatología y Rehabilitación al Hospital General para someterse a pruebas diagnósticas y necesitan ir acompañados por un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Según su testimonio, la falta de cobertura obliga a recurrir a profesionales de otras plantas para realizar esos acompañamientos.

Elías denuncia también que faltan diariamente entre 15 y 16 celadores en los distintos turnos. Afirma que los responsables recurren a llamadas a los domicilios de los trabajadores para intentar cubrir los puestos vacantes y que algunos profesionales acumulan más de 200 horas de exceso de jornada al año. La falta de efectivos, añade, obliga a un mismo celador a atender varios servicios de manera simultánea. La presión también alcanza a las tareas administrativas. Según el trabajador, hay empleados que deben atender dos o tres secretarías en una misma jornada, alternando entre consultas de distintas especialidades. Una organización que, sostiene, dificulta la gestión de las citas y la atención a los pacientes.

Sindicatos y trabajadores del Virgen de las Nieves coinciden en señalar también problemas en las consultas externas de Oncohematología. Aseguran que lleva más de un año reclamando más TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y personal administrativo para el turno de tarde, donde, según denuncian, se pasa consulta sin estos profesionales. Esto provoca que las citaciones se acumulen en el turno de mañana. También sostienen que algunas secretarías permanecen cerradas durante parte de la jornada y que un mismo administrativo debe hacerse cargo de varias a la vez.

Las dificultades de organización y cobertura de ausencias las denuncia también UGT. El sindicato asegura que el 90% de la plantilla comienza cada mes sin conocer su planificación laboral completa y que los cuadrantes se entregaban el último día del mes anterior o incluso una vez iniciado. Al mismo tiempo, se producen cada vez más excesos de jornada, lo que dificulta poder conciliar la vida laboral y familiar. Las fuentes sindicales consultadas describen así problemas que van más allá de la unidad oncológica y afectan a categorías profesionales diferentes. Sus testimonios apuntan a dificultades para cubrir ausencias, organizar los turnos y asumir la actividad asistencial, aunque las denuncias no permiten establecer por sí solas que todas esas carencias tengan una misma causa o expliquen cada demora concreta.

La cobertura de las bajas, otro motivo de enfrentamiento

La gestión de las incapacidades temporales es otro de los problemas. Los profesionales sanitarios critican que se promuevan revisiones de las bajas de los trabajadores para aumentar la plantilla disponible y sostienen que algunas terminan en altas médicas prematuras sin una valoración presencial. Según denuncian, son habituales estas prácticas como medida de presión por cubrir los turnos y mantener la actividad con una plantilla que considera insuficiente. Sin embargo, el hospital responde que no concede ni retira las bajas o altas médicas de sus profesionales. Según la dirección, su función se limita al seguimiento de los procesos de incapacidad temporal y a las pruebas correspondientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La realidad es que desde los sindicatos reclaman un refuerzo estructural de las distintas categorías profesionales y una planificación que permita cubrir las ausencias sin recurrir de forma habitual a la prolongación de jornadas o a cambios imprevistos. Entienden que la sobrecarga a la que son sometidos los sanitarios repercute tanto en las condiciones laborales de los profesionales como en la atención a los pacientes. La dirección del Virgen de las Nieves defiende, en cambio, que Oncología es un servicio estratégico y que cuenta con una cobertura reforzada. En su respuesta, subraya que los pacientes oncológicos constituyen una prioridad y que el hospital de día mantiene una actividad superior a los 18.500 tratamientos anuales. La incorporación anunciada de dos profesionales de Enfermería es la medida concreta que plantea ante el incremento de la actividad, aunque no la vincula a las demoras denunciadas por los trabajadores.

Pero para pacientes como Julia, la discusión sobre plantillas, agendas y organización se traduce en una realidad mucho más cruda: sesiones de quimioterapia que no recibe cuando le corresponde y nuevas fechas sobre las que sigue teniendo dudas. Su testimonio no permite medir por sí solo la dimensión de los problemas de personal del hospital, pero sí muestra qué significa para una paciente acudir a recibir un tratamiento programado y marcharse sin él. “Es muy desesperante”, explica. La incertidumbre, añade, es no saber si la próxima vez habrá sitio.

La conmemoración de los 90 años del asesinato de Federico García Lorca ha dejado tras de sí todo un reguero de publicaciones, nuevas lecturas, representaciones teatrales y eventos en memoria del poeta. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha estado pensada como lo esté Réquiem por Lorca. A lo largo de cuatro días y cuatro actos, las plazas y calles de Granada se convertirán en el escenario de un duelo colectivo, un funeral en el que hasta medio millar de personas, entre cantantes, bailarines y escritores, elevarán la voz para llorar y homenajear al dramaturgo, cuya vida segaron los sublevados el 18 de agosto de 1936, apenas un mes después de iniciada la Guerra Civil. Aquí a nadie se le escapa que, además de por homosexual, aquellas balas dispararon a una voz antifascista que todavía reverbera en miles de gargantas.

Artistas de la talla de Rocío Márquez, Soleá Morente, Eric Jiménez, Guille Galván, Ángeles Toledano, Alberto Cortés, Sara Torres y Antonio Ruz protagonizarán la programación de este particular réquiem. Dirigido por las gestores culturales Maral Kekejian y Pep Olona, y con la colaboración de la Fundación Federico García Lorca, está vertebrado en torno al caligrama “La rosa de la muerte”.

Ambos creadores ya habían trabajado alrededor de esta idea hace dos años, cuando armaron el réquiem de Mozart en Madrid, en el marco de la celebración del festival POETAS. “Una vez nos pusimos a trabajar, tuvimos que ir entendiendo qué implicaciones, qué significaba y desde qué lugares nos queríamos posicionar en torno a Lorca, sobre todo al ser un artista que habla tanto en su trabajo sobre la muerte y la pérdida, pero también al ser una persona asesinada de forma violenta al principio de la Guerra Civil”, relata la propia Kekejian a elDiario.es.

Esas dudas e inquietudes poco a poco fueron tomando forma. Una de las cuestiones que siempre tuvieron claras los directores fue que el tejido local granadino debería tener una elevada presencia. “Hemos invitado a artistas que sabíamos que podían ser afines y otros muchos que son de la misma ciudad”, comenta la que fue directora durante cuatro años de los Veranos de la Villa de Madrid. De las 500 personas que participan aproximadamente en el proyecto, el 90% procede de Granada.

Agua, tierra, fuego y aire

Réquiem por Lorca pivota en torno al caligrama “La rosa de la muerte”. Todo empezó cuando Laura García-Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la fundación homónima, ofreció a Kekejian y Olona indagar en la obra del granadino. Por descontado, el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías adquiere un papel preponderante en el homenaje, pero no fue hasta encontrar el caligrama ya mencionado que ambos creadores supieron cómo contarían el réquiem: a partir de sus versos.

Agua para tu amor

Tierra para tu alma

Fuego para tu ceniza

Aire para tu boca.

Estos versos ayudaron en gran medida a Olona y Kekejian a invitar de manera específica a los artistas a realizar sus producciones, pues todas son nuevas. “Es un recorrido que va desde la tierra, las raíces, hasta arriba, el aire. Un recorrido desde la lágrima hasta la liberación, como cuando el dolor por la pérdida de alguien, una vez superado, deja paso a un recuerdo cariñoso que aparece desde un sitio mucho más bonito”, expresa la creadora.

El jueves ha estado dedicado al primer acto, Agua para tu amor, donde ha dado comienzo el llanto y el lamento colectivo. El viernes, Tierra para tu alma, tendrá lugar un canto a la pérdida con intervenciones corales, danza y performances espaciales. El sábado llegará con Fuego para tu ceniza, cuando una ceremonia nocturna entrelazará la tradición musical sacra y la lectura dramática en escenarios patrimoniales de la ciudad. Por último, el domingo, Aire para tu boca, el cierre dedicado a la esperanza y la memoria futura que culmina con la intervención poética y sonora en los entornos del Carmen de los Mártires y La Alhambra.

Laura, la sobrina de Lorca, recalca a elDiario.es que el poeta ha recibido innumerables homenajes a lo largo de estas últimas décadas, pero nunca un funeral. “Tal y como está estructurado, es un llanto por Lorca y por todas las víctimas de esa terrible represión”, explica. A ojos de la presidenta de la Fundación, la idea baila entre el llanto y la celebración. “Lo que diferencia este evento de los demás es su carácter colectivo”, incide.

Reconquistar el espacio público

“Queremos que la voz, el silencio, la música y la poesía sean los elementos que entren en diálogo todo el rato”, asegura Kekejian. El espíritu está orientado a que los espectáculos se integren con el público. Por ejemplo, el que está programado para este viernes, 16 de octubre, titulado Yo canto para luego, juntará 150 voces, entre las que se cuenta la de Ángeles Toledano, que seguirán la composición realizada por Guille Galván, guitarrista y letrista de Vetusta Morla. “Buscamos la emoción, que el espacio público ayude a generar esta situación de diálogo y duelo colectivo”, apuntilla la ideóloga.

Este es el motivo principal por el que Réquiem por Lorca visitará enclaves como la Corrala de Santiago, la plaza de la Universidad, la plaza de las Pasiegas, el Corral del Carbón, la Catedral y El Albaicín. “Tenemos una responsabilidad pública de ir a buscar a la gente, volver a las plazas”, defiende Kekejian. Desde su punto de vista, esta es de las mejores maneras que existen para usar el espacio público, habitarlo, y que no solo sea lugar de tránsito. “No solo queremos las calles y plazas para ir a trabajar, quedar con los colegas o ir de compras, sino que sea un espacio de convivencia, diálogo y aprendizaje, un espacio en el que recuperar también nuestra cultura, que hasta hace no mucho era llevar a nuestros muertos a hombros”, desarrolla.

La sobrina del poeta, por su parte, precisa que tomar las calles es uno de los papeles de la cultura y una de las obligaciones de las instituciones. “Debemos trabajar con la gente, con la ciudadanía, que esto sea un camino de ida y vuelta”, añade.

Asesinado por sus ideas

Laura García-Lorca se muestra algo dubitativa al ser preguntada qué pasará cuando, dentro de una década, se cumpla un siglo sin el poeta. “Supongo que habrá una gran celebración, un gran recuerdo, pero esto está pasando ya todos los días, no hay que esperar diez años”, comenta. Es ella quien subraya que no hay que olvidar que a su tío, hermano de su padre Francisco, lo mataron por antifascista. “Más allá de su orientación sexual, lo cual tuvo un peso muy importante, le asesinaron por sus ideas, de las que habló muy claramente”, abunda. Y, algo preocupada, agrega: “El auge de la ultraderecha lo vivimos con mucho temor. Entre todos tenemos que hacer que no avance”.

Lo dejó escrito en 1937 Manuel Altolaguirre, compañero y amigo del poeta de la Generación del 27: “En realidad, Federico García Lorca murió desconocido, le mataron las bestias cuando era todavía un lucero ignorado. Gran parte de su obra estaba por escribir. Siempre que se encontraba a un amigo le descubría un proyecto, inventaba su próxima tragedia. Ahora somos nosotros quienes tenemos que despertar para nuestro pueblo su magnífico teatro, que vivirá para nuestros campesinos, para nuestros compañeros en el trabajo de la Universidad, de las fábricas”.

Las plazas de Granada, la ciudad que guarda el alma de Lorca, están a punto para acoger este duelo colectivo que viene a reparar la deuda histórica de la ciudad con su paisano más universal, pero también en recuerdo a todas las víctimas de la Guerra Civil. En resumidas cuentas, para despertar en el pueblo su magnífica obra, como dijo Altolaguirre. Víctima del odio más espurio y de la sinrazón, el teatro, la poesía y el canto lorquiano siguen presentes en el eco del tiempo.

La defensa del exmagistrado Manuel Piñar ha solicitado a la Audiencia de Granada la nulidad de las actuaciones y el archivo de la causa abierta contra él por presunto delito de odio, al sostener que los mensajes que se le atribuyen en redes sociales son “fotocomposiciones falsas” fabricadas mediante manipulación digital y que se han incorporado al procedimiento “sin las garantías de veracidad que impone la normativa”.

La acusación particular y la defensa del juez Piñar comparecieron el pasado 1 de octubre ante la Audiencia Provincial de Granada sin llegar a un acuerdo de conformidad. La acusación particular solicita para Piñar una pena de 18 meses de prisión y una multa de 6.600 euros por unos comentarios que, según la acusación, habría publicado en Facebook y que serían despectivos hacia determinados colectivos de migrantes y minorías étnicas, siendo constitutivos de un delito continuado de odio. El Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente por esos comentarios.

Por su parte, la Fiscalía, que inicialmente impulsó la investigación, ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El procedimiento fue archivado inicialmente, aunque la Audiencia de Granada ordenó su reapertura en 2023 después de revisar el contenido de las publicaciones incluidas en la denuncia.

El juez Piñar se hizo conocido cuando condenó a cinco años de cárcel Juana Rivas por sustracción de menores, acusándola “explotar el argumento del maltrato” o utilizar los medios de comunicación. Posteriormente se opuso a su indulto. Fue el abogado de la granadina quien le denunció por los mensajes que supuestamente escribió. Además, el CGPJ le multó con 1.500 euros por trasladar datos de uno de los hijos de Rivas a un periódico. Tras acumular un largo historial de polémicas, especialmente en casos relacionados con mujeres y violencia machista, e insultar a medio Gobierno, se jubiló en junio de 2024.

La petición de nulidad fue presentada por la defensa de Piñar durante la vista preliminar del pasado 1 de octubre. La Audiencia Provincialdeberá resolver sobre los motivos de nulidad articulados por la defensa --basados en informes periciales que descartan la autoría de los mensajes-- antes de pronunciarse sobre la vista para juicio, según informan a Europa Press fuentes del caso.

En el escrito, la defensa del juez sostiene que las capturas de pantalla aportadas por la acusación no corresponden a publicaciones realizadas por Piñar, sino a fotocomposiciones elaboradas mediante inteligencia artificial o herramientas de edición gráfica. Algo que ya ha señalado en ocasiones anteriores, asegurando que es víctima de una conspiración.

Para fundamentarlo, aporta informes periciales informáticos y de la Guardia Civil, concluyendo que ninguna de las publicaciones o comentarios denunciados constan en el historial de su cuenta de Facebook.

“Meras fotocomposiciones” incorporadas sin mandato judicial

Solicita así el exmagistrado a la Audiencia la nulidad del auto del 18 de diciembre de 2024 que transformó la diligencias en procedimiento abreviado y el posterior auto que decretó la apertura de juicio oral al entender que no se cumplen las exigencias legales. Ello, porque se acoge como relevantes penalmente “unas supuestas publicaciones, que no pasan de ser meras fotocomposiciones, que se incorporan a la causa sin mandato judicial” y sin “las garantías de veracidad que impone la normativa”.

También pide la nulidad del auto de apertura de juicio oral por falta de legitimación, en tanto que se hizo a instancia de la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional a pesar de que la personación de dicha entidad como acusación popular había sido “denegada” y de que el escrito de acusación se presentó en nombre del abogado Carlos Aránguez y no de la citada asociación.

Junto a ello, censura en su escrito la omisión judicial de incorporar pruebas exculpatorias que considera vitales para demostrar su inocencia (registros oficiales de Meta de su cuenta presentados en abril, julio y diciembre de 2024) y que habría presentado en repetidas ocasiones.

Asimismo, la representación letrada alega que la causa ha incurrido en una investigación “prospectiva”, al atribuirle supuestas expresiones despectivas hacia los gitanos que “no aparecían en ninguna de las denuncias ni en la instrucción”.

A ello suma la vulneración del secreto de las comunicaciones, al entender que se accedió de forma ilegítima a un perfil privado de Facebook con apenas 15 seguidores, según constata un informe de la Guardia Civil, para extraer contenidos sin el preceptivo mandato judicial.

Además, alega que la vista preliminar del pasado octubre es nula por formar sala dos magistrados en quienes concurría causa legal de abstención, pues habían suscrito el auto de 2023, por el que se decidió incoar el procedimiento contra el juez, si bien esa recusación ya fue rechazada en su momento.

Allí argumentaron que, tras examinar el contenido concreto de las publicaciones, habían hallado epítetos, expresiones o calificativos despectivos entre, otros, al colectivo de los gitanos, cuando --según sostiene la defensa del exmagistrado-- nadie había denunciado ese hecho, “ni la palabra gitano aparecía en ningún pasaje como para fundamentar un error”.

Entiende la defensa de Piñar que ese auto es nulo, e imposibilita deliberar y decidir la nulidad por los mismos magistrados que lo suscribieron. Argumenta la nulidad en que se abre una causa prospectiva, “lo que se llama ir a pescar, con violación de la presunción de inocencia; porque viola el principio acusatorio, pues nadie debe ser investigado por un hecho por el que no ha sido denunciado”.

Supuesto atentado contra su honor

Expone además que “atenta contra su honor y su propia imagen, pues se ha afectado a su reputación social”, al haberse difundido “en multitud de medios” el párrafo entrecomillado de la Audiencia, “dando a conocer en cualquier lugar del mundo que se le ha investigado por ese hecho, sin ningún indicio de existencia”.

La defensa del magistrado incide en que éste “siempre ha mantenido una estrecha relación con el colectivo de los gitanos, hasta el punto de haber recibido distinciones honoríficas” por parte de la Hermandad Gitana de Andalucía, por sus investigaciones sobre el origen de los gitanos y su papel en el nacimiento del flamenco, aportando datos inéditos sobre ambos aspectos.

Una vez aceptada la abstención se deberá formar nueva Sala y resolver estas peticiones de nulidad, antes de decidir sobre la vista para juicio. La Fiscalía ha venido solicitando el archivo de la causa.

Modesto L.L, más conocido como Pepe, el vecino de 92 años que estaba desaparecido desde este pasado viernes en el distrito del Albaicín de la ciudad de Granada ha sido localizado con vida este martes en un barranco de la zona de Haza Grande. El hombre está herido tras, al parecer, haber caído por una zona de desnivel en un zarzal, y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que junto a Protección Civil, habia establecido este martes un amplio dispositivo de búsqueda con agentes de distintos cuerpos y personas voluntarias y especializadas en este tipo de situaciones para intentar dar con el paradero de Pepe.

Estas mismas fuentes apuntan que si bien estaba previsto intentar localizarlo cubriendo precisamente la zona donde ha sido hallado, previamente un vecino había advertido de que había visto a un hombre por la zona de atrás del barranco en Haza Grande en un área de zarzas, en las que finalmente ha sido hallado tras dirigirse hasta esta zona parte del personal movilizado en el dispositivo.

La Policía Nacional, que a través de su Grupo de Homocidios y Desparecidos ha organizado el dispositivo de búsqueda, ha movilizado a casi una treintena de agentes en las tareas de este martes, mientras que, en total, se calcula que habrán participado en el despliegue un centenar de personas.

El Puesto de Mando Avanzado se había establecido en la explanada del mirador de San Miguel Alto, el entorno al que se dirigía Pepe cuando este pasado viernes salió de casa a las 11:00 horas. Familia, colectivos de voluntarios, drones, unidades caninas, de subsuerlo, Policía Judicial, Bomberos, Policía Local, Protección Civil, grupos de atención al ciudadano de Policía Nacional... El dispositivo de búsqueda ha sido muy amplio durante esta jornada de martes tanto en el turno de mañana, como en el de tarde, en el que finalmente se ha localizado al desaparecido con vida.

El teclista del grupo de música alemán Das Ich, Bruno Kramm, ha fallecido en la madrugada de este viernes a sábado tras actuar en un concierto en la sala de conciertos Planta baja de Granada, en la zona céntrica.

Así lo han confirmado fuentes del 112 que han precisado que, en torno a este suceso, se recibieron varias llamadas sobre las doce de la noche que daban cuenta de que una persona “se había desplomado y no reaccionaba”. El teléfono de emergencias, que recibió llamadas que indicaban que esta persona era miembro del grupo que ofrecía una actuación en vivo, dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

El 112 recibió la confirmación por parte del 061 de que el varón, de 58 años, se encontraba ya fallecido en el momento en el que llegaron los sanitarios a atenderle.

Primer concierto en Granada

La impulsora del evento en la referida sala de conciertos de la capital granadina había anunciado la actuación del dúo alemán Das Ich, formado por Stefan Ackermann y Bruno Kramm, como su primera actuación en el sur de España.

Das Ich es una formación musical considerada iniciadores del movimiento Neue Deutsche Todeskunst en la década de los 90. La organizadora del evento destacaba en la promoción del concierto en Granada, “su puesta en escena, la presencia intensa y expresiva de su 'frontman' y la conexión con el público”.

Juana Rivas no tendrá que ir a juicio por el presunto delito de sustracción de menores por el que estaba siendo investigada al tratar de que su hijo menor se quedase con ella en España el año pasado. La Justicia ha archivado la causa abierta contra ella tras la denuncia presentada por su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en marzo de 2025. El Tribunal de Primera Instancia 4 de Granada considera que no resulta debidamente justificada la comisión del delito y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La resolución, contra la que cabe recurso, coincide con la petición formulada por la Fiscalía Provincial de Granada, que la semana pasada solicitó también el sobreseimiento provisional al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no aportaban elementos suficientes para formular acusación contra Rivas. El juzgado pone el foco en la forma en la que la madre actuó durante los meses en los que su hijo menor permaneció en España. La resolución considera que Rivas utilizó los instrumentos legales y procesales disponibles para oponerse al regreso del niño a Italia y que, cuando finalmente existió un requerimiento judicial efectivo para su entrega, cumplió la resolución.

La causa se inició después de que Arcuri denunciara a Juana Rivas en marzo de 2025 por la supuesta sustracción del menor, que permanecía en España después de que un tribunal italiano hubiera ordenado su regreso a Italia. La investigación quedó inicialmente archivada, pero la Audiencia Provincial de Granada ordenó en julio de 2025 continuar las diligencias para determinar si podía existir un delito de sustracción.

Ahora, el juzgado concluye que la conducta investigada no alcanza la relevancia penal necesaria para integrar el delito previsto en el artículo 225 bis del Código Penal. La resolución considera especialmente relevante que, cuando se presentó la denuncia, Rivas y su equipo de abogados estaban haciendo uso de los resortes legales para evitar que el menor se marchase con su padre, previo aval de la justicia granadina en primera instancia. El auto destaca además que durante ese periodo la granadina, a diferencia de lo sucedido en 2017, permaneció localizada y estuvo representada jurídicamente, mientras que las actuaciones posteriores se desarrollaron a través de los procedimientos previstos. El juzgado señala asimismo que, una vez que se produjo el requerimiento efectivo para la entrega del menor, esta se llevó a cabo.

El niño había permanecido inicialmente en España gracias a una medida cautelar acordada el 7 de enero de 2025 por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada tras escucharle narrar presuntos episodios de malos tratos por parte del padre. Después de escuchar al menor, el juzgado suspendió de forma provisional su regreso a Italia ante el temor expresado por el niño respecto a su retorno con Francesco Arcuri. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción número 9 y confirmada por la Audiencia Provincial de Granada. Meses después, el 25 de julio de 2025, Rivas entregó al menor en Granada para que regresara con su padre a Italia cuando así lo determinó la justicia.

La resolución conocida ahora establece una diferencia entre esta actuación y los hechos por los que Rivas fue condenada en 2017. En aquella ocasión, la Justicia consideró probado que la entonces condenada había retenido a sus dos hijos y permanecido durante semanas sin hacer efectiva su entrega. La Audiencia Provincial de Granada le impuso inicialmente cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a dos años y medio al considerar que los hechos constituían un único delito y no dos. Posteriormente, Rivas recibió un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses.

La defensa de Rivas entiende que esta resolución del juzgado avala su tesis de que la actuación de la madre en 2025 se produjo dentro de los procedimientos judiciales disponibles. “La resolución confirma algo que hemos sostenido desde el inicio: Juana Rivas no actuó al margen de la Justicia, sino utilizando los instrumentos legales y procesales disponibles para tratar de proteger a su hijo. Y cuando existió una resolución judicial que ordenaba efectivamente su entrega, la cumplió”, señalan sus abogados.

Italia sigue investigando

El archivo de esta causa no afecta en todo caso al procedimiento que se sigue en Italia contra Francesco Arcuri por los presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos. Esta investigación penal, independiente de la causa seguida en Granada contra Rivas, continúa abierta en Italia y se encuentra actualmente en fase de juicio. La causa contra Arcuri investiga presuntos episodios de violencia física y psicológica contra los menores y ha incluido la declaración de Juana Rivas y de su hijo mayor, Gabriel, así como de distintos profesionales que tuvieron contacto con los niños. El procedimiento penal italiano sigue pendiente de resolución.

En paralelo, el Tribunal Supremo italiano confirmó en julio de este año la atribución de la custodia del hijo menor a Arcuri, después de varios años de litigios en los tribunales italianos. La resolución sobre la custodia se sitúa en el ámbito civil y no supone el cierre del procedimiento penal por los presuntos malos tratos, que continúa de forma independiente.

Con el auto dictado este 24 de septiembre, la investigación penal abierta en España contra Juana Rivas por la actuación de 2025 queda archivada provisionalmente. La decisión coincide con la posición de la Fiscalía y concluye que no existen elementos suficientes para sostener que la permanencia del menor en España y la posterior actuación de su madre constituyeran un delito de sustracción de menores. Falta por ver qué decidirá Italia con respecto a los presuntos malos tratos de Arcuri contra sus hijos, toda vez que hace tan solo unos meses le ratificó la custodia del menor de ellos, pese a estar siendo investigado por esos hechos.

La Abadía del Sacromonte, una de las joyas patrimoniales de Granada, podría cambiar para siempre. El Ayuntamiento de Granada está tramitando un proyecto, a petición del Arzobispado, para cambiar el uso de una parte del conjunto y permitir su conversión en un hotel de lujo. El plan, que está todavía en una fase inicial, contempla además tres plantas de aparcamiento subterráneo con 115 plazas y afecta a un espacio cuyo valor histórico, paisajístico y cultural trasciende al propio edificio.

No en vano, las historias del propio barrio del Sacromonte y de la Granada cristiana están íntimamente ligadas a la Abadía, bajo la que, presuntamente, se encontraron unos libros sagrados que recogían supuestas revelaciones de la propia Virgen sobre un cristianismo hermanado con el islam. Aunque hoy se considera que aquellos documentos fueron una falsificación elaborada en un contexto de persecución de los musulmanes, acabaron dando el nombre de sagrado al monte y a la Abadía que posteriormente se levantaría allí. De ahí que no solo esté en juego el futuro patrimonial de un edificio construido entre los siglos XVII y XVIII, sino también parte del acervo cultural que se ha construido alrededor de él. Por eso, los vecinos han presentado alegaciones y la oposición municipal también cuestiona el proyecto.

Pese a las dudas, el Ayuntamiento de Granada tramita desde hace meses la modificación del uso de parte del edificio para permitir un hotel de lujo que tendría una ubicación privilegiada, con vistas al propio Sacromonte y a la Alhambra, y que podría convertirse en un nuevo referente de la oferta turística de la ciudad. Sin embargo, además de las reservas por lo que supone la propia Abadía para Granada, hay más elementos que ponen en cuestión el futuro uso hotelero de este lugar. Sin ir más lejos, la Abadía tiene protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y el entorno en el que se encuentra, el Valle del Darro, también está protegido como tal desde 2024. La propia declaración autonómica define el valle como un paisaje cultural formado por siglos de relación entre el territorio, el agua y las distintas formas de ocupación humana, e incluye expresamente las laderas de Valparaíso sobre las que se asienta el Sacromonte.

Un hotel para “conservar” la Abadía

El punto de partida del Arzobispado es relativamente claro: hay una parte del conjunto que está en desuso y mantener una construcción histórica de estas dimensiones requiere recursos. La solución que estudia la Iglesia pasa por permitir un nuevo uso en parte de la Abadía y ofrecerlo a inversores privados para que desarrollen allí un hotel. El Arzobispado insiste en que no está construyendo ningún hotel. Lo que hace, explica, es estudiar esa posibilidad para que un inversor pueda hacerse cargo del proyecto y contribuir con su actividad al mantenimiento del conjunto. “Se está estudiando un posible uso de una parte de la Abadía, que está en desuso, para ayudar al mantenimiento de este lugar”, señala la institución.

Todavía no hay, por tanto, un hotel aprobado ni siquiera se conocen todos los detalles de cómo sería. El Ayuntamiento está tramitando el cambio urbanístico que permitiría ese uso y el proyecto contempla una inversión de 24,4 millones de euros. Pero una de las principales incógnitas sigue siendo precisamente la dimensión que tendría el establecimiento y cuántas habitaciones acabaría teniendo. Sí hay, en cambio, una cifra concreta: 115 plazas de aparcamiento repartidas en tres plantas bajo tierra. Y es ahí donde las dudas empiezan a crecer.

Las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales cuestionan que la documentación explique con suficiente claridad qué relación tendrá ese aparcamiento con el futuro hotel. El proyecto prevé unos 4.200 metros cuadrados de aparcamiento subterráneos, mientras que en superficie existen actualmente plazas de estacionamiento, árboles, paseos y miradores. Los colectivos consideran que la intervención sobre este espacio no está suficientemente explicada y reclaman que se aclare incluso el carácter de ese aparcamiento, que aparece definido como público.

El número de habitaciones tampoco figura en la documentación que se ha hecho pública. Y esa ausencia resulta relevante porque no genera el mismo impacto un pequeño alojamiento que un hotel con una actividad más intensa, restaurante, servicios complementarios o celebración de eventos. La arquitecta y especialista en patrimonio Blanca Espigares pone precisamente el foco en esa cuestión. Cree que las 115 plazas de aparcamiento hacen pensar en un establecimiento de cierta dimensión y plantea qué tipo de actividad se permitirá en el futuro espacio hotelero, incluida la posibilidad de celebrar bodas, bautizos, comuniones o grandes eventos.

La controversia tiene que ver también con algo más difícil de medir que los metros cuadrados: qué significa la Abadía para Granada. Los Libros Plúmbeos, las Santas Cuevas, los restos atribuidos a los discípulos de Santiago, la tradición de San Cecilio y la propia construcción de la Abadía forman parte de un relato que terminó dando nombre al monte y configurando la identidad del Sacromonte. El conjunto no es, por tanto, una construcción aislada que pueda entenderse únicamente desde su arquitectura. “Tenemos que entender cómo surge la Abadía”, explica Espigares, que recuerda que su historia está ligada a las cuevas y al aislamiento del lugar respecto de la ciudad. A su juicio, convertir una parte del conjunto en un establecimiento hotelero puede acabar alterando también esa relación histórica entre el edificio, el barrio y el paisaje.

Las alegaciones presentadas al Consistorio van precisamente en esa dirección. Los colectivos consideran que el cambio de uso no debe estudiarse únicamente como una operación urbanística, sino teniendo en cuenta los valores históricos, culturales y paisajísticos que justifican la protección del lugar. Y hay otro elemento que hace especialmente sensible cualquier transformación: no solo la Abadía está protegida. También lo está el territorio que la rodea. El Valle del Darro cuenta con protección como BIC y el Sacromonte forma parte de ese paisaje histórico. De ahí que los alegantes cuestionen que el proyecto pueda valorarse únicamente desde lo que ocurre dentro del edificio y reclamen que se tenga en cuenta todo lo que puede cambiar alrededor.

“Urbanismo a la carta”

Por otro lado, los colectivos consideran que el Ayuntamiento de Granada está modificando el planeamiento para hacer posible un proyecto concreto y califican el procedimiento de “urbanismo a la carta”. El cambio consiste en pasar una parte de la Abadía de su actual uso como equipamiento religioso a un uso residencial singular hotelero. Para los alegantes, el problema no es que Granada pueda tener nuevos hoteles, sino que el planeamiento se adapte cada vez que aparece un proyecto privado que necesita un cambio de uso.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recuerda que la planificación urbanística debe responder al interés general y no únicamente a las necesidades de un propietario o de un inversor. Y cuestiona especialmente que el proyecto presente la transformación como una necesidad para el lugar. “El cambio de uso no es una necesidad. Puede ser, en todo caso, una conveniencia para la propiedad, que vislumbra con ese cambio de uso un negocio y un beneficio propio”, sostienen los alegantes.

La diferencia es importante porque el Arzobispado justifica el proyecto precisamente desde la necesidad de encontrar recursos para mantener la Abadía. Para los colectivos, esa necesidad no obliga a elegir un hotel y existen otras posibilidades que deberían estudiarse antes de modificar el planeamiento.

A su vez, el PSOE, desde la oposición consistorial, coincide en reclamar que se analicen alternativas. Su portavoz Juanjo Ibáñez insiste en que el debate no es “hoteles sí u hoteles no” y rechaza que la ciudad tenga que elegir entre convertir la Abadía en hotel o dejarla deteriorarse. “No es hotel o ruina”, sostiene. Una duda a la que se le añade el tamaño del propio aparcamiento. Las alegaciones advierten de que las obras afectarían a una zona actualmente ocupada por aparcamiento en superficie, árboles, paseos y miradores. También cuestionan la valoración que hace el proyecto de las rampas y otros elementos que tendrán que construirse para acceder a las plantas subterráneas. Pero además de lo que se verá, está lo que puede aparecer durante la excavación.

El Sacromonte es un territorio de cuevas y de ocupación histórica. Las propias alegaciones recuerdan los restos arqueológicos conocidos en el entorno y la relación de las cuevas con el origen de la Abadía. Por eso reclaman que se concrete qué actuaciones arqueológicas se realizarán antes y durante la excavación. Espigares incide también en este punto, precisamente por la singularidad del lugar. La historia de la Abadía está ligada a las cuevas y a los hallazgos que se produjeron en ellas, por lo que una excavación de tres plantas bajo tierra añade una intervención especialmente delicada. Las obras no se quedarían, además, bajo tierra. El proyecto contempla intervenir sobre los paseos y miradores y las alegaciones cuestionan que se haya estudiado suficientemente el efecto que tendrán las nuevas rampas, posibles elementos asociados a los accesos y el arbolado existente.

Los coches y el paisaje

No solo eso. El hotel estaría en uno de los lugares más singulares de Granada, pero también en uno de los más complicados para llegar. Las 115 plazas previstas significan, como mínimo, que el proyecto está pensado para recibir un número considerable de vehículos. A ellos habría que sumar los desplazamientos de trabajadores, proveedores, servicios y, dependiendo de cómo termine configurándose el establecimiento, visitantes que acudan a restaurantes o eventos.

Los vecinos reclaman que se estudie con detalle el incremento de tráfico y sus consecuencias sobre el entorno. El PSOE también ha pedido conocer cuántos desplazamientos generaría el hotel, qué vehículos utilizarían los accesos y qué capacidad tienen las carreteras para asumirlos. Una realidad que afecta especialmente al Camino del Sacromonte, que ya soporta el paso de taxis y minibuses turísticos. Blanca Espigares recuerda que el problema de la localización es que los clientes de un hotel situado allí dependerán en buena medida de vehículos para desplazarse por la ciudad.

También aparece el acceso por El Fargue, una vía cuya adaptación para soportar un incremento de tráfico tendría igualmente consecuencias sobre el paisaje del Valle del Darro. Es uno de los puntos donde la protección patrimonial deja de ser una cuestión exclusivamente arquitectónica. No basta con decidir qué se puede hacer dentro de la Abadía si para que ese uso funcione hay que modificar caminos, aumentar el tráfico o transformar el entorno.

Por otro lado, los colectivos consideran que la documentación utiliza criterios demasiado generales y que no analiza con suficiente detalle cómo cambiará la percepción de la Abadía desde su entorno. Entre las cuestiones que señalan están las rampas del aparcamiento, posibles elementos verticales, el arbolado, los accesos y las nuevas instalaciones que pueda necesitar el hotel. El PSOE reclama además que se estudien los corredores visuales hacia la Abadía y la Alhambra, la iluminación nocturna y la señalización. Porque en un lugar como el Sacromonte el paisaje no es simplemente el escenario sobre el que se coloca un edificio. Es parte de lo que se está protegiendo.

Y eso explica también la preocupación de Espigares. Para la arquitecta, la intervención puede ser compatible con el patrimonio si se hace con criterios adecuados, pero el resultado dependerá enormemente de cómo se intervenga en el edificio y de qué tipo de proyecto termine desarrollándose. Una rehabilitación respetuosa y un hotel que transforme profundamente los espacios interiores y exteriores pueden ser dos cosas muy diferentes.

Más presión turística

Por si fuera poco, el futuro hotel ayudaría a tensionar aún más a un entorno urbano que ya sufre desde hace tiempo la presión turística. El Albaicín y el Sacromonte llevan años soportando un turismo extranjero que no deja de crecer y los colectivos vecinales consideran que un nuevo establecimiento hotelero añadiría más visitantes y más actividad en un espacio que ya tiene problemas de movilidad, ruido, limpieza y ocupación del espacio público.

Su preocupación no se limita a la Abadía, sino en la transformación progresiva del barrio. “El Sacromonte no puede convertirse en una sucesión de negocios turísticos que termine destruyendo precisamente aquello que lo hace único, como está pasando en el Albayzín”, advierten desde Albayzín Habitable. Y recuerdan que el proyecto no tiene en cuenta el aumento de servicios que hará falta llevar hasta el entorno del Sacromonte. En sus alegaciones recuerdan que un hotel genera una población flotante formada por huéspedes, trabajadores y visitantes.

El PSOE plantea la misma cuestión desde el modelo de ciudad y reclama estudiar los efectos acumulativos de las nuevas instalaciones turísticas. Su argumento es que cada proyecto puede parecer asumible por separado, pero que la suma de hoteles, apartamentos y visitantes termina teniendo efectos sobre la movilidad, los servicios, la vivienda y los barrios. “Ningún territorio tiene una capacidad infinita”, dice Ibáñez.

Hay una cuestión más. Según las alegaciones, la Abadía ha recibido al menos 2,5 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del 1,5% Cultural y otros 1,1 millones de la Junta mediante el Plan Alhambra. En total, al menos 3,6 millones de euros de fondos públicos identificados en la documentación. De ahí que los vecinos se pregunten hasta qué punto se puede sufragar con dinero de todos un edificio que acabará teniendo parte de uso hotelero privativo si el Consistorio da luz verde.

También aquí el Arzobispado mantiene su argumento inicial: el futuro negocio serviría para generar recursos con los que mantener la Abadía. Espigares pone el foco en la otra parte de la ecuación: la obligación de conservar un BIC existe con independencia de que el propietario consiga o no convertir parte del conjunto en una actividad económica.

Silencio institucional

Mientras el cambio de uso llega, el Ayuntamiento de Granada, que es quien está llevando adelante el expediente urbanístico, evita entrar al fondo de todas las cuestiones planteadas. Preguntado por las características concretas del proyecto, el Consistorio se limita a decir que se encuentra en un momento “muy incipiente” para avanzar detalles y remite a las explicaciones del Arzobispado como promotor.

Y el Arzobispado, por su parte, señala que todavía está estudiando la posibilidad, que no construirá directamente el hotel y que no hay nada aprobado hasta el momento. Por eso, tampoco concreta todavía aspectos como el número de habitaciones o el funcionamiento del establecimiento. En cuanto a la protección de la Abadía y del paisaje, la Junta tampoco da detalles. La Delegación de Cultura señala que el proyecto todavía no ha llegado al momento de las autorizaciones patrimoniales y que no existe por ahora ninguna previsión oficial sobre cómo se llevará a cabo dicha protección.

Así, el hotel todavía no existe. No se conoce la dimensión final del mismo en cuanto a la presión turística que añadirá y el proyecto puede sufrir modificaciones durante su tramitación, pero sí existe ya una propuesta para cambiar el uso de una parte de la Abadía y hacer posible ese futuro negocio. Una propuesta que pone en jaque el patrimonio cultural de uno de los enclaves más importantes de Granada.

La ciudad, que lleva siglos construyendo alrededor del Sacromonte su propia historia, debe decidir cómo abordar su futuro. Primero fueron las cuevas, después los hallazgos de los Libros Plúmbeos y la construcción de la Abadía. Ahora, cuatro siglos después, el Ayuntamiento tramita la posibilidad de añadir una nueva pieza a esa historia: un hotel de lujo. La duda es si esa nueva pieza puede incorporarse sin cambiar demasiado el paisaje, el barrio y el patrimonio que precisamente hacen de la Abadía uno de los lugares más importantes de Granada.

“Soy la última vecina de la calle”. La que lo dice es Paloma Navarro, una mujer de Granada que se enfrenta al desahucio de la que es su casa desde hace 35 años. Lo dice con la voz entrecortada, mirando con la rabia de quien se siente injustamente tratada, pero convencida de que antes de expulsarla de su vivienda ella va a dar batalla. No en vano, el propietario del inmueble, Estudios y Gestión Integral de Inmuebles, es un gran tenedor que adquirió todo el edificio —seis pisos en total— en el año 2024 y que, desde entonces, trata de echar a esta vecina del centro histórico granadino.

Pretende expulsarla del que es su hogar desde hace más de tres décadas pese a que tanto ella como su familia han vivido siempre en él sin dejar nunca de pagarlo. “Ahora mismo estoy sola y saben que soy más vulnerable”, lamenta Paloma, asumiendo que su batalla legal va a ser complicada. De hecho, este 21 de septiembre tiene el juicio por la demanda de desahucio interpuesta por los propietarios y no es optimista con el resultado. Según explica, el principal problema que tiene es que, además del interés de la empresa por expulsarla para remodelar el edificio para sacar más dinero por los pisos, el contrato que tiene lo firmó su padre en 1991, pero él falleció en 2002 sin que se haya subrogado. Algo a lo que se agarra Estudios y Gestión Integral de Inmuebles para afirmar que la casa en la que vive Paloma desde que tenía 7 años no es su casa.

Sin empleo estable, sin familia próxima, ya que sus padres fallecieron y sus hermanas no viven cerca, la situación económica de Paloma es de extrema vulnerabilidad. Paga una mensualidad que ronda los 350 euros y, pese a sus problemas monetarios, ha intentado negociar con la propiedad para subir la renta y acercarla al precio de mercado. “Soy consciente de que vivo en una zona donde el precio es más alto y aunque me cueste por mis ingresos, quiero llegar a un acuerdo, pero se niegan a escucharme”, lamenta. De hecho, cuenta que, tras hablar en persona con el propietario del inmueble, este le dijo que entendía su situación, pero que le entendiese a él, que ya había contratado la licencia para hacer obras y adaptar el edificio para sus proyectos inmobiliarios.

Paloma recuerda incluso el momento en el que el actual propietario conoció el interior de su casa. Fue antes de que el edificio cambiase de manos. Según cuenta, los antiguos propietarios le avisaron de que iba a acudir un arquitecto para estudiar la posibilidad de instalar un ascensor. El hombre que se presentó en su vivienda fue Rubens Cortés, al que identifica como la persona vinculada a la actual propiedad. Entró en la casa, recorrió las habitaciones y tomó fotografías. “Él ha estado aquí, él tiene las pruebas de que sabe que yo vivía aquí”, asegura Paloma, que conserva en su memoria aquella visita.

La escena, recuerda, tuvo lugar poco antes de que el inmueble fuese vendido. Paloma estaba en casa cuando el arquitecto, que es también el CEO de la inmobiliaria que posee su edificio, le pidió permiso para hacer fotografías en el interior. Ella accedió, aunque le llamó la atención que quisiera retratar distintas estancias. “Me preguntó, soy el arquitecto, ¿puedo echar unas fotos?”, relata. Después, asegura que el hombre le explicó que necesitaba comprobar las características del edificio y estudiar un posible acceso.

Unos meses después, cuenta, llegó la operación de compraventa y, con ella, el cambio de escenario para los vecinos que todavía permanecían en el inmueble. Paloma asegura que poco después recibió un burofax en el que se ofrecía a los residentes la posibilidad de comprar el edificio, una operación que cifraba en unos 800.000 euros. “Sabían que no teníamos 800.000 euros para comprar el edificio entero”, recuerda. Además, se da la circunstancia de que tres de los seis pisos de la finca llevan años vacíos y que los otros dos que quedan cuentan con alquileres temporales que acaban el próximo mes de abril, por lo que Paloma es la única residente fija que queda. La última vecina, junto a su gata, y la más vulnerable.

Dos años de presiones

Desde que se produjo la compra del edificio, la relación con la nueva propiedad ha estado marcada por los burofaxes. El primero que Paloma recuerda llegó en 2023 y tenía como asunto el pago del alquiler: incluía un número de cuenta al que debía seguir ingresando la mensualidad. Después llegó la comunicación de que el contrato no sería renovado. Hasta ese momento, el alquiler se había ido prorrogando anualmente y, según cuenta, la familia había seguido pagando con normalidad. En marzo de 2024 recibió el aviso de que la propiedad prescindía de esa renovación y que debía abandonar la vivienda.

Paloma no aceptó. Bajó a las oficinas que la empresa tiene en el mismo entorno de Plaza Nueva e intentó hablar con sus responsables. Primero con una empleada y después, según relata, con la mujer del propietario. La respuesta fue que no habría un nuevo contrato porque se iban a realizar obras en el edificio. Ella llegó incluso a hablar personalmente con Rubens para explicarle que llevaba toda su vida allí. “Él me entendía a mí, pero que lo entendiera yo a él”, recuerda que le dijo el propietario, según su versión, mientras le explicaba que tenía una licencia solicitada para realizar las obras.

La negociación no llegó a ninguna parte. Paloma asegura que estaba dispuesta incluso a asumir una subida del alquiler para adaptar la mensualidad al nuevo precio de la zona. Pagaba menos de 360 euros al mes y, pese a su situación económica, estaba dispuesta a hacer un esfuerzo para seguir viviendo en la casa. “Yo le dije que incluso estaba dispuesta a pagar más, que yo lo entiendo, que las cosas han subido, pero nada, nada”, explica.

La propiedad optó finalmente por acudir a los tribunales. El procedimiento iniciado contra Paloma es un desahucio por precario, una acción con la que la empresa reclama recuperar la posesión de la vivienda al considerar que ella carece de título para ocuparla. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada identifica expresamente a Estudio y Gestión Integral de Inmuebles como una entidad mercantil con condición de gran tenedora.

La situación económica de Paloma ha quedado además recogida en el propio procedimiento. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada emitieron en junio de 2025 un informe en el que concluyeron que se encontraba en situación de vulnerabilidad social y económica. Un mes después, el juzgado dejó constancia de que estaba desempleada, no tenía bienes inmuebles y no había recibido una alternativa habitacional por parte de la Administración.

La jueza rechazó la suspensión extraordinaria que Paloma había solicitado al amparo de una de las medidas previstas para determinados hogares vulnerables, al considerar que no cumplía los requisitos específicos establecidos por esa norma. Pero, al mismo tiempo, acordó suspender el procedimiento durante un máximo de cuatro meses en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ordenó poner la resolución en conocimiento de los Servicios Sociales para promover el acceso de Paloma a los recursos necesarios, incluida una solución habitacional.

Ese tiempo, sin embargo, no ha resuelto el problema. Paloma tiene ahora que enfrentarse al juicio y a la posibilidad de perder la vivienda en la que se crio. Mientras tanto, ha rechazado, según cuenta, una oferta de 5.000 euros para abandonar el piso. Asegura que inicialmente se le ofrecieron 2.000 euros y que la cantidad aumentó después hasta los 5.000. “Como si me estuvieran haciendo un favor”, lamenta.

La alternativa que le queda pasa por resistir mientras se resuelve el procedimiento y tratar de encontrar una solución habitacional. Está inscrita como solicitante de vivienda protegida y asegura que se le ha aplicado un mecanismo que le permite tener prioridad cuando haya una vivienda disponible, pero ella misma señala la dificultad de que ese recurso llegue a tiempo. “Fíjate la de edificios vacíos que hay, pudiendo empezar por ahí”, lamenta.

Paloma no está sola

En su defensa no está sola. Stop Desahucios, el Sindicato de Vivienda y colectivos como Albayzín Habitable y Realejo Habitable la acompañan en el proceso. Para Ariadna, integrante de Stop Desahucios, la cuestión trasciende el caso concreto de Paloma. El colectivo asegura haber identificado otros edificios completos vinculados al entorno empresarial de Rubens Cortés y sitúa el caso dentro de la transformación residencial que, a su juicio, está experimentando el centro histórico de Granada. Según explica, el grupo ha localizado cuatro edificios completos en el entorno de calle Elvira y Plaza Nueva. Esta información, que procede del colectivo y que aparece en una web vinculada a la empresa, no ha podido ser contrastada con la propiedad.

La organización considera que el conflicto refleja una transformación más amplia del Albaicín y del centro de Granada, donde cada vez resulta más difícil que quienes han vivido históricamente en el barrio puedan seguir haciéndolo. “El barrio se cuida con vecinas”, resume Ariana, portavoz de Stop Desahucios y una de las personas que está más cerca de Paloma en todo este caso. Desde la plataforma sostienen que el problema ya no es solamente el precio de la vivienda, sino la progresiva desaparición de vivienda disponible para residentes en Granada capital.

La transformación del centro histórico también ha ido borrando la vida de barrio que Paloma recuerda. Cuenta que cada vez quedan menos vecinos de toda la vida, mientras las maletas y los turistas se han convertido en una imagen habitual de Plaza Nueva y el Albaicín. A su alrededor, dice, han desaparecido comercios tradicionales y han proliferado alojamientos y negocios orientados al turismo, haciendo cada vez más difícil que las familias puedan seguir viviendo en el barrio.

En el caso de Paloma, además, Stop Desahucios plantea que el hecho de que el contrato figure a nombre de su padre no debería cerrar necesariamente la puerta a su permanencia. Ariana explica que el colectivo ha defendido en otros procedimientos la subrogación de contratos de padres a hijos y considera relevante que Paloma nunca abandonase la vivienda. “Cuando su padre firmó el contrato, Paloma ya estaba dentro”, señala.

La organización admite, en todo caso, que la vía judicial será complicada. El auto dictado en julio ya estableció que Paloma no reunía los requisitos concretos para acogerse a una de las suspensiones extraordinarias previstas para determinados ocupantes vulnerables. Pero Stop Desahucios considera que existen otros argumentos jurídicos que deben ser estudiados y que, incluso en caso de una sentencia desfavorable, todavía habría margen para recurrir y negociar con la propiedad.

Paloma afronta así un juicio que para ella va mucho más allá de una disputa sobre un contrato. En las paredes de su casa siguen las fotografías familiares: sus padres, sus hermanas, los antiguos vecinos y las vivencias que se han desarrollado en esas habitaciones. Son imágenes de una vida que se ha desarrollado casi entera en esas estancias. Ella llegó con siete años y ahora, con 42, se enfrenta a la posibilidad de tener que marcharse.

“Que me he criado aquí, que llevo aquí desde los 7 años, y que este señor no necesita la vivienda para vivir”, dice cuando se le pregunta qué le pediría a la jueza. Y añade una frase que resume su situación: “Jamás en la vida hemos faltado un pago, que hay pruebas”. Ni Estudio y Gestión Integral de Inmuebles ni el propietario al que Paloma identifica como responsable de la operación han respondido a las preguntas formuladas por este medio. Tampoco el Ayuntamiento de Granada ha respondido a las cuestiones planteadas sobre el caso y la situación habitacional de Paloma.

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no son suficientes para investigar a la granadina, que trató de evitar que Daniel, su hijo menor, se marchase a Italia junto a su padre al temer por su integridad física. El informe, firmado el pasado 14 de septiembre y del que se ha hecho eco el equipo jurídico de Rivas, sostiene que no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de un nuevo delito y establece una diferencia expresa entre lo ocurrido en 2017 y la actuación de la granadina en 2025.

El Ministerio Fiscal considera que Rivas no actuó hace un año con la voluntad de retener al menor al margen de los procedimientos legales para hacerse con su custodia. Al contrario, señala que permaneció localizada, estuvo asesorada jurídicamente y recurrió a distintos procedimientos judiciales para intentar suspender o retrasar la entrega del niño. La Fiscalía otorga además especial relevancia a que, cuando comenzaron los hechos en enero de 2025, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada dictó una medida cautelar de protección tras escuchar al niño y para que pudiese permanecer en España. Tras una batalla legal, el menor fue finalmente entregado a su padre el 25 de julio de 2025, cuando la orden de restitución pasó a ser ejecutiva.

La Fiscalía entiende que lo sucedido en 2025 no se parece a lo que ocurrió cuando fue condenada por la retención de sus dos hijos en 2017. En aquella ocasión, recuerda la Fiscalía, permaneció durante aproximadamente un mes en paradero desconocido pese a los requerimientos judiciales de entrega. En esta segunda ocasión, según el Ministerio Público, la situación fue distinta: la madre no se ocultó con el menor y utilizó los cauces judiciales para oponerse a su retorno. La petición de archivo llega después de que la Audiencia Provincial de Granada ordenara en julio de 2025 continuar investigando la posible sustracción, pese a que el Juzgado de Instrucción había archivado inicialmente la denuncia. Juana Rivas está citada para declarar como investigada el próximo 30 de octubre.

Un proceso diferente a 2017

Ahora, el fiscal considera especialmente relevante que la permanencia de Daniel en España no comenzara como una decisión unilateral de su madre, sino después de que un juzgado de Granada adoptase una medida cautelar de protección. El 7 de enero de 2025, la jueza de guardia escuchó al menor y acordó suspender provisionalmente su regreso a Italia ante el temor que dijo tener por su propia seguridad. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada y confirmada por la Audiencia Provincial. Precisamente esa resolución fue la que llevó a la jueza del Instrucción 4 a archivar inicialmente la denuncia de Arcuri en mayo de 2025, al considerar que Rivas estaba amparada por una decisión judicial española y que no había cometido un delito de sustracción.

Aquel auto sostenía además que tampoco existían indicios suficientes de los delitos de malos tratos habituales y lesiones psicológicas denunciados por Arcuri. La magistrada rechazaba que las acusaciones sobre una supuesta manipulación del menor pudieran sustentarse en el llamado síndrome de alienación parental y recordaba la prohibición de utilizar planteamientos sin aval científico, tal y como señala la Ley de Infancia. La Audiencia Provincial de Granada revocó parcialmente aquel archivo en julio de 2025 y ordenó investigar únicamente la posible sustracción del menor, al considerar que los hechos relatados podían presentar inicialmente caracteres de delito. La propia Audiencia descartó, además, reabrir la investigación por el supuesto maltrato psicológico atribuido a Rivas.

Ahora, la Fiscalía vuelve ahora a poner la diferencia entre lo que ocurrió cuando Rivas saltó a la primera plana periodística y lo que ha sucedido ahora: lo ocurrido en 2025 no fue, a juicio del Ministerio Público, una repetición de la conducta por la que Rivas fue condenada años atrás. La granadina fue condenada inicialmente en 2018 a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos, después de haber permanecido durante aproximadamente un mes en paradero desconocido en 2017 y haber incumplido los requerimientos judiciales para entregarlos a su padre. El Tribunal Supremo redujo posteriormente la pena a dos años y seis meses al considerar que se trataba de un único delito y no de dos. En 2021, el Gobierno concedió a Rivas un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses y sustituyó la inhabilitación para ejercer la patria potestad por trabajos en beneficio de la comunidad.

Esta penúltima legal se suma a un historia judicial que comenzó mucho antes y que durante años ha transitado entre España e Italia. Rivas y Arcuri se trasladaron a Cerdeña después de una primera denuncia por malos tratos presentada por ella en 2009. En 2016, Rivas abandonó Italia con sus dos hijos y regresó a Granada, donde volvió a denunciar a su pareja. El conflicto por la custodia y el regreso de los menores acabó desembocando en la causa penal que terminó con su condena por sustracción de menores y convirtió el caso en uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años en España.

Arcuri, investigado en Italia

En paralelo a lo que ocurre sobre la presunta sustracción del hijo menor de la expareja, Italia mantiene abierto un procedimiento penal contra Francesco Arcuri por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus dos hijos. Las acusaciones se refieren a hechos investigados durante años en Cerdeña y el juicio comenzó finalmente en 2025 después de que la Fiscalía de Cagliari reabriese unas actuaciones que habían permanecido sin avances durante años. El propio fiscal general de Cagliari llegó a reconocer en 2024 un retraso “inadmisible” en la tramitación del caso. En febrero de 2026, Rivas y su hijo mayor, Gabriel, declararon como testigos ante el tribunal de Cagliari en el proceso contra Arcuri. El proceso continúa en fase de declaraciones testificales y, según fuentes del caso, podría prolongarse varios años más.

Precisamente, la investigación italiana es uno de los elementos que la Fiscalía de Granada considera relevantes para analizar qué ocurrió en enero de 2025. El Ministerio Público señala que en aquel momento existían actuaciones penales en Italia relacionadas con presuntos malos tratos y que la medida de protección adoptada en Granada se produjo después de la exploración del menor y a petición de la propia Fiscalía Provincial. Esto no significa que las acusaciones contra Arcuri esté confirmadas, sino que el procedimiento penal italiano sigue abierto y será ese tribunal el que tenga que determinar si existe responsabilidad penal. En junio, el juicio continuó con la declaración de testigos, entre ellos trabajadores de los servicios sociales de Carloforte y profesionales que habían intervenido en la atención de los menores.

La causa italiana convive además con el procedimiento civil sobre la custodia de Daniel. El Tribunal de Casación italiano confirmó hace dos meses que la custodia del menor corresponde a su padre, después de varios años de decisiones contradictorias y recursos. La resolución dejó abierta, no obstante, la causa penal por los presuntos malos tratos que continúa en Cerdeña. El hijo menor regresó finalmente con Arcuri el 25 de julio de 2025 y permanece desde entonces en Italia.

De este modo, el archivo que ahora reclama la Fiscalía no pone fin a toda la batalla judicial que enfrenta a Rivas y Arcuri, pero sí puede cerrar uno de sus frentes principales en España. La decisión final corresponde a la Audiencia de Granada, que deberá pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público. Mientras tanto, el procedimiento italiano contra Arcuri continúa pendiente de resolución, mientras Gabriel, el hijo mayor de Rivas, vive con ella desde hace ya tres años.

Un terremoto de magnitud 3,1 mbLg y con epicentro en Ogíjares se ha dejado sentir de forma amplia entre la población este miércoles por la mañana, a las 9,54 horas, en Granada capital y en varios municipios de su área metropolitana. Se trata del cálculo definitivo ofrecido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en sus canales de difusión, consultados por Europa Press, y que sitúa el seísmo como superficial.

El terremoto no habría producido afectaciones de carácter grave ni en la capital ni en los pueblos del cinturón. Así se deduce, en primera instancia, tras consultar a los Servicios de Emergencias del 112, que han recibido una decena de llamadas pero, según indican, no han tenido que movilizar medios o recursos por afectaciones de carácter grave.

Fuentes municipales de localidades del área epicentral también consultadas por Europa Press como Granada capital, Armilla, Las Gabias u Ogíjares han confirmado que, en principio, no ha habido llamadas para atender situaciones de urgencia. Tampoco ha recibido avisos por emergencias la Policía Local de Granada, que señala que tiene unidades en prevención pendientes de cualquier novedad.

Sobre el terremoto, el IGN señala que ha tenido magnitud III, es decir, débil, y especialmente sentido por personas que están dentro de edificios y/o en reposo que sienten un ligero temblor. Además, el instituto ha recibido reportes que indican que el terremoto se ha sentido en Vegas del Genil, Armilla, Atarfe, Monachil, Cájar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Dílar, Gójar, Granada, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena y Otura, entre otros.

El temblor se ha producido en el marco de la serie sísmica de Alhendín (Granada) que comenzó el pasado 14 de agosto y que tuvo sus dos terremotos más fuertes los días 15 y 18 de aquel mes, de magnitud 4,8 Mw. Desde aquellos días han sido más de 1.500 los terremotos registrados en el área epicentral, si bien la gran mayoría no han sobrepasado, salvo contadas ocasiones, magnitudes de en torno a 2 mgLg.

Se da la circunstancia de que este pasado martes se ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada que ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la evolución de la serie sísmica.

La serie muestra un amortiguamiento generalizado, con una disminución exponencial de la energía liberada por día desde el 20 de agosto y un decaimiento más marcado durante la última semana, si bien este miércoles por la mañana se ha sentido el referido terremoto de 3,1 mbLg.

Además, este pasado martes el Consejo de Ministros ha declarado la provincia de Granada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil --lo que se conocía como zonas catastróficas-- por la serie sísmica del pasado agosto, cuya gravedad ha destacado tanto “por su persistencia temporal como por la preocupación generada entre la población y las administraciones competentes”.

La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebra este miércoles el juicio contra un hombre acusado de cobrar la pensión de viudedad de su madre muerta durante 22 años, en los que se hizo presuntamente con un montante superior a los 200.000 euros.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años de prisión para él por un delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social, según consta en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que se le condene al pago de una multa de 350.000 euros y que indemnice en 168.927 euros a la Seguridad Social.

Según el relato fiscal, la madre era beneficiaria de una pensión de viudedad que cobraba en su cuenta mensualmente y falleció en marzo de 1996. Su hijo, de unos 60 años en la actualidad, no habría informado de ello a la Tesorería General de la Seguridad Social y presuntamente pasó el abono de la pensión a una cuenta cuya titularidad compartía con su progenitora.

Así, se “apoderó” presuntamente de las mensualidades de la pensión desde el momento del fallecimiento en 1996 hasta diciembre de 2018; esto es, durante 22 años con un perjuicio a la Seguridad Social que se ha cifrado en un total de 210.210 euros.

El Ministerio Fiscal precisa que tampoco el banco comunicó a la Seguridad Social el fallecimiento de la mujer “al no haber realizado los controles de vivencia oportunos”. La entidad ha abonado a la Seguridad Social el importe de la pensión correspondiente a los cuatro últimos años por un importe de 41.282 euros.

En el escrito de acusación, la Fiscalía sitúa al banco como responsable civil subsidiario de la indemnización que el acusado deberá abonar a la Seguridad Social en caso de resultar condenado por la Audiencia Provincial. También reclama que se condene al hijo a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante siete años.

El CEIP Enrique Tierno Galván de La Zubia, en Granada, ha comenzado el curso escolar con parte de sus instalaciones todavía en obras. Ventanas pendientes de colocar, baños sin terminar, polvo y materiales de construcción conviven estos días con el alumnado, mientras el centro ha tenido que reorganizar algunos de sus espacios para poder arrancar las clases con normalidad. Todo ante la indignación del propio centro, las familias de los estudiantes y hasta el consistorio local.

La actuación, destinada a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del colegio, cuenta con una inversión de 210.277,58 euros de la Junta de Andalucía. Según fuentes del propio centro educativo, las obras debían estar casi finalizadas -a falta de detalles-, a comienzos de curso, pero la realidad ha sido distinta. Mientras la Consejería de Educación sostiene que los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y que la fecha prevista para su finalización es el próximo 31 de octubre, la comunidad educativa, sin embargo, se siente engañada: el curso ha comenzado antes de que las obras hayan terminado y con buena parte de los trabajos todavía visibles en el centro.

“Nos habían dicho que a principios de septiembre iba a estar prácticamente finalizada, solo a falta de poner el elevador”, explica Carmen, presidenta del AMPA del colegio, que tiene una hija de diez años escolarizada en el centro. Según relata, las familias se encontraron al comenzar septiembre con una obra mucho menos avanzada de lo que esperaban. El AMPA asegura que durante el verano apenas ha visto trabajadores en el centro y que, ante la proximidad del inicio de las clases, la dirección y el Ayuntamiento de La Zubia tuvieron que reclamar a la Junta medidas para garantizar que el alumnado pudiera acceder al colegio sin entrar en las zonas de trabajo.

La situación ha obligado además al centro a reorganizar parte de su funcionamiento. Según el AMPA, algunas aulas han tenido que cambiar de ubicación y espacios como la biblioteca y el aula de música se han adaptado para acoger clases que ya no podían desarrollarse en sus emplazamientos habituales. Uno de los cambios que más preocupa a las familias afecta al aula TEA, donde están escolarizados cinco alumnos con necesidades específicas. “Son niños con autismo severo y van a tener que cambiar de clase cuando ya llevan tres años adaptándose a un aula”, señala Carmen. El resto del alumnado también se ha visto afectado, según el AMPA, por cambios en los patios y por la reorganización de los espacios del centro.

La presidenta de la asociación de madres y padres insiste, no obstante, en que las familias no cuestionan la necesidad de la actuación. Al contrario: las obras pretenden precisamente eliminar las barreras arquitectónicas que tenía el colegio. La crítica se centra en las condiciones en las que el centro afronta el comienzo del curso y en las expectativas que, según el AMPA, se habían trasladado sobre el calendario de los trabajos.

El Ayuntamiento de La Zubia, gobernado por el PSOE, también ha reclamado a la Junta que acelere las obras. La alcaldesa, Puri López, ha visitado en varias ocasiones el centro y avala la versión de las familias y el propio colegio: la existencia de trabajos pendientes, materiales de obra en distintas zonas, ventanas sin colocar, baños sin terminar y polvo derivado de las actuaciones. “Estamos hablando de nuestros niños y niñas y de un centro educativo en el que pasan muchas horas cada día”, señala López, que reclama que alumnado, profesorado y trabajadores puedan desarrollar su actividad “con todas las garantías de seguridad y bienestar”.

Una obra con plazo hasta finales de octubre

No obstante, la Junta de Andalucía ofrece una explicación distinta sobre el calendario. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), asegura que la actuación fue programada dentro del programa de Obras de Escolarización de Verano y que contempla un periodo de ejecución de cuatro meses. El Ejecutivo regional cifra en 210.277,58 euros la inversión y explica que la intervención tiene como objetivo la “supresión de barreras físicas y arquitectónicas” para garantizar la movilidad y la inclusión del alumnado. Según la Junta, la fecha de conclusión prevista es el 31 de octubre de 2026. Es decir, casi dos meses después del inicio del curso escolar. Una explicación que choca con el calendario que manejaba la comunidad educativa, mucho más corto en el tiempo.

Sin embargo, la Junta sostiene que mantiene el contacto con la dirección del centro y que las instalaciones serán sectorizadas para separar las zonas de trabajo de las utilizadas por el alumnado. También asegura que se adoptarán todas las medidas de prevención necesarias para garantizar el inicio del curso.

Es precisamente ahí donde aparece la principal diferencia entre la versión de la Administración y la de las familias. La Junta defiende que los trabajos se encuentran dentro del plazo previsto y que el centro puede comenzar el curso con las medidas de seguridad correspondientes. El AMPA, en cambio, considera que la comunidad educativa esperaba que la obra estuviera prácticamente acabada cuando los alumnos regresaran a las aulas.

Mientras los trabajos continúan, la dirección del centro ha tenido que reorganizar espacios y recorridos para hacer compatible la actividad educativa con una actuación que todavía tiene por delante varias semanas de ejecución. Carmen reconoce que la dirección está extremando las precauciones para evitar que el alumnado acceda a las zonas de obra. “Se está controlando al máximo”, asegura después de haber recorrido el colegio para comprobar las entradas, las salidas y las medidas de seguridad.

El AMPA ha convocado además una concentración a las puertas del centro para reclamar que las obras se aceleren y que el colegio pueda recuperar cuanto antes la normalidad. La actuación que debía servir para hacer el Tierno Galván más accesible ha convertido, al menos durante el arranque del curso, parte del colegio en un espacio de convivencia entre clases y trabajos de construcción. La Junta mantiene octubre como fecha de finalización. Las familias esperan que, esta vez, el calendario se cumpla.

Sólo 24 horas después de aprobar en Consejo de Gobierno ayudas por valor de siete millones de euros para los municipios granadinos afectados por los terremotos del pasado mes de agosto, la Junta de Andalucía ha anunciado que el montante global se elevará a 46,2 millones de euros. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que ha detallado que este dinero se destinará a Granada capital, a los municipios de la provincia más dañados y al conjunto monumental de la Alhambra.

El presidente del Ejecutivo andaluz ha desvelado la cifra tras mantener una reunión con la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y con regidores de varias localidades que han sufrido especialmente los daños ocasionados por esta serie sísmica. “He venido a Granada a escuchar a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por los seísmos y a compartir con ellos las propuestas del Gobierno andaluz”, ha señalado, asegurando que si no ha visitado antes a la zona ha sido porque habría sido “solamente para hacerse la foto”.

Moreno ha detallado que los 46,2 millones de euros serán principalmente para afrontar los daños en infraestructuras municipales, sanitario-educativas, judiciales, en viviendas y también en la Alhambra. Asimismo, ha remarcado que este plan “no viene solo” y ha reiterado la petición formal que la Junta de Andalucía ha trasladado al Gobierno de España para que se implique en la ayuda a Granada. “Tiene una herramienta extraordinaria: la declaración de zona gravemente afectada, por eso le hemos pedido que la active ya”, ha afirmado. La administración autonómica, ha añadido, “seguirá empleando todos los instrumentos a su alcance, como viene haciendo desde el primer día”.

Desglose de las ayudas

En cuanto al desglose de las ayudas, más de 10,2 millones de euros se destinarán a los daños registrados en centros de salud y otras infraestructuras sanitarias, y siete millones a los ayuntamientos para reparar infraestructuras municipales. Otro millón irá a los centros educativos, mientras que en materia de vivienda, ocho millones se destinarán a ayudas para garantizar la seguridad de los edificios (comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares), y reparación de viviendas que no cubran el Consorcio de Compensación de Seguros ni el Gobierno.

A petición del Ayuntamiento de Granada, se va a llevar a cabo la cuarta fase del Área de Rehabilitación y Regeneración urbana Santa Adela en Granada. La Junta de Andalucía aportará 15,5 millones a través del nuevo Plan de Vivienda andaluz. La actuación contempla 12 nuevos edificios, que suman en total 150 viviendas. Más de 330.000 euros irán a reparar centros de servicios sociales, entre otros, nueve centros de Participación Activa y la residencia de Armilla. Otros 160.000 se destinarán a infraestructuras judiciales.

La Alhambra recibirá más de cuatro millones de euros. Moreno ha subrayado que en una situación como esta no se podía dejar atrás uno de los grandes monumentos y tesoros del patrimonio andaluz y mundial. Las actuaciones previstas pasan por asegurar, estabilizar y consolidar elementos en Comares, en la muralla oriental de la Alcazaba y en las Torres del Homenaje y Quebrada. La Junta priorizará además obras ya planificadas, como la conservación de las cubiertas de la Sala de las Dos Hermanas, para adecuar los proyectos a la situación generada por los seísmos con criterios de urgencia y relevancia histórica.

Cultura de la prevención

En su intervención, ha anunciado también un plan para el fomento de la cultura de la prevención ante los terremotos, con medidas básicas y nociones claras sobre cómo actuar y protegerse. “No se puede predecir un terremoto, pero sí podemos y debemos prepararnos”, ha resaltado, y es que al tratarse de una zona de alta actividad sísmica la Junta impulsará esa cultura en colaboración con todas las instituciones.

Moreno ha puesto en valor la generosidad y la fortaleza de los granadinos y la respuesta de los alcaldes, las alcaldesas y la Diputación, volcados desde el minuto uno en aportar soluciones. De igual modo, el presidente ha trasladado su cercanía a quienes han visto alterada su vida, su descanso, su organización familiar e incluso su salud mental durante estas semanas, y ha recordado la muerte causada por un accidente posterior en el barrio del Zaidín.

En cuanto a las críticas por tardar varias semanas en visitar la zona afectada, el presidente andaluz ha defendido su decisión de acudir cuando el Gobierno andaluz ha logrado articular recursos y soluciones para los afectados por los terremotos y no “solamente para hacerse la foto”. Asimismo, ha argumentado que en los primeros momentos de una emergencia “hay que dejar espacio a los técnicos”, que son los que tienen que estar en “primera línea”.

“Los políticos sobramos”

“Yo puedo venir a hacerme una foto el primer día, hay otros dirigentes que lo han hecho; que llegan el primer día de crisis, hacen una foto y ya no vuelven más, pero eso yo creo que es poco edificante para los ciudadanos”, ha sostenido tras las críticas que ha recibido en los últimos días por este asunto. “En la primera línea cuando hay una emergencia siempre tienen que estar los técnicos (...) hay que dejarles espacio. Los políticos sobramos. Eso lo hemos visto en numerosas ocasiones, incluso muchas veces me lo han dicho a mí. Me han dicho, presidente, hoy no es el día”, ha narrado.

Bajo esta premisa ha defendido que, políticamente, la emergencia ha estado cubierta “perfectamente” con la consejera de Vivienda, Rocío Díaz –la mayor parte de solicitudes por daños se concentran en inmuebles–, y el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, que “ha estado aquí desde el minuto uno”.

Moreno ha recalcado que su intención ha sido venir cuando se articularan los recursos necesarios para los afectados, una tarea en la que se ha trabajado “contra reloj” en pleno mes de agosto “teniendo que sacar de sus vacaciones a secretarios generales, a directores generales, a jefes de servicios, para trabajar en una modificación de crédito”.

Aunque la semana pasada la Junta ya tenía el plan y se convocó una visita del presidente para presentarlo, Moreno explica que “lamentablemente” no pudo llegar porque se retrasó su vuelo y ha sido aprobado este pasado martes en Consejo de Gobierno. “Venimos con datos, con recursos, con una evaluación”, ha remarcado el presidente del Gobierno andaluz, opinando que es el modo en que deben de comportarse los dirigentes políticos aunque no sea “fácil” y no venir “solamente a hacer una foto”.

Han pasado tres semanas desde que dos terremotos de magnitud 4,8 sacudieron Granada en apenas cuatro días y pusieron a prueba a una ciudad acostumbrada a convivir con los seísmos. El enjambre sísmico continúa, aunque los temblores ya no forman parte de la conversación cotidiana como lo hicieron a mediados de agosto. Pero para algunos vecinos del Zaidín, el terremoto sigue estando muy presente.

Hay familias que todavía no han podido regresar a sus viviendas, personas que duermen en casas de familiares y vecinos que aseguran seguir sin saber cuándo podrán volver a entrar en sus casas o qué ocurrirá con unos edificios que ya arrastraban problemas desde mucho antes de que la tierra comenzara a moverse. A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre.

En la avenida de Dílar, en la calle Navarra y en otros puntos de Santa Adela-La Cruzada, las grietas y los daños han convertido el regreso a casa en una incógnita. Algunos vecinos reclaman informes técnicos por escrito que determinen si sus viviendas son seguras; otros miran hacia un proyecto de renovación urbana que lleva décadas pendiente y que ahora vuelve a aparecer como una posible solución para los edificios más deteriorados. Mientras tanto, Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno central reivindican las medidas adoptadas y las ayudas activadas, y la oposición municipal reclama más rapidez y coordinación. Tres semanas después, el terremoto puede haberse alejado de las calles, pero para quienes siguen fuera de sus casas, la emergencia todavía no ha terminado.

En otros puntos del área metropolitana, la situación sí ha empezado a desbloquearse. El Ayuntamiento de Las Gabias autorizó este pasado lunes el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, que habían sido desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico. Los vecinos pudieron regresar a sus domicilios a partir de las 16.00 horas, una vez finalizadas las obras provisionales de emergencia y realizadas las correspondientes comprobaciones técnicas.

Los trabajos concluyeron el pasado viernes y durante el fin de semana los técnicos elaboraron los informes que certificaban la seguridad de la actuación provisional. El caso de Las Gabias muestra así una evolución diferente a la de algunos edificios del Zaidín: allí el desalojo ha podido quedar resuelto tras las obras de emergencia y la certificación técnica, mientras que en Granada capital todavía hay vecinos que continúan fuera de sus viviendas y reclaman saber qué actuaciones deben acometerse y cuándo podrán regresar.

Vecinos desalojados

Uno de ellos es Luismi, vecino de la avenida de Dílar 33, uno de los edificios afectados por problemas estructurales. Lleva fuera de su vivienda desde el pasado 15 de agosto y se ha tenido que trasladar temporalmente a casa de su hija. Cinco días después de abandonar su domicilio, asegura que le ofrecieron la posibilidad de acudir a un albergue, pero desde entonces no ha recibido, según relata, nueva información sobre cuándo podrá volver. Tiene una cita prevista para este miércoles, 9 de septiembre, pero hasta entonces la incertidumbre continúa: “Sigo fuera de mi casa, nadie se ha puesto en contacto conmigo y estamos en una absoluta incertidumbre”.

La situación no solo le ha obligado a cambiar de domicilio. Luismi asegura que todavía tiene enseres dentro del edificio y que no puede acceder a ellos por el peligro existente. “Tenemos enseres todavía dentro de ella y no nos dejan sacarlos todavía por peligro”, explica. El vecino describe también el impacto que está teniendo la situación sobre quienes permanecen fuera de sus casas: “Tenemos ansiedad, miedo y un absoluto desamparo”.

El caso de Dílar 33 no es aislado. Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, explica que desde los terremotos han visitado junto al Ayuntamiento distintos pisos afectados y han hablado con residentes desalojados. Entre los edificios que considera necesario estudiar se encuentra precisamente el número 33 de la avenida de Dílar, además de otros inmuebles de las calles Bernarda Alba y Navarra. La asociación y el Consistorio, señala, están estudiando la posibilidad de buscar acuerdos con promotores privados para abordar una renovación integral y construir viviendas nuevas en aquellos edificios que presenten peores condiciones.

“No es seguro que se vaya a acometer eso”, reconoce Ruiz, que explica que una actuación de ese tipo requiere tiempo. Por eso plantea una solución en dos velocidades: reparar lo necesario para que los vecinos puedan volver cuando los técnicos determinen que es seguro y, paralelamente, estudiar una intervención de mayor alcance en los edificios cuya situación haga poco razonable limitarse a reparar los daños. “Aunque se llegara a un acuerdo para hacer una reparación integral, hace falta tiempo, porque eso no se hace de un día para otro”, apunta.

En la calle Navarra, Esther vive una situación similar. Su edificio, situado en la zona de Santa Adela-La Cruzada y construido, según explica, en los años cincuenta, sufrió daños con los terremotos. Tras los primeros seísmos acudieron bomberos, Protección Civil y voluntarios, pero la vecina asegura que no había recibido la visita de un técnico cualificado que explicara a los residentes el estado del inmueble. Hasta que, recientemente, vio a un técnico municipal en el edificio, se acercó a él y, según su relato, este le comunicó que había que actuar y que podía ser necesario desalojar a los vecinos de la parte izquierda.

“¿No han venido todavía? No, aquí seguimos”, relata Esther. El problema, añade, es que esa valoración no se ha trasladado a los vecinos por escrito. “Estamos reclamando que nos den los informes por escrito”, explica. Para los residentes, contar con una documentación técnica que determine el estado de sus viviendas resulta especialmente importante ante las distintas valoraciones que están recibiendo.

La vecina asegura que el mismo día coincidió en el edificio con un perito del Consorcio de Compensación de Seguros, cuya valoración, según su relato, consideraba los daños leves. Esther teme que una indemnización insuficiente no permita a comunidades con vecinos trabajadores y pensionistas afrontar una reparación que puede requerir una derrama elevada. “Una derrama, a lo mejor, no la pueden poner y el edificio ni se puede arreglar”, sostiene.

Por eso Esther cree que en algunos casos puede resultar más razonable recuperar el proyecto de renovación urbana de Santa Adela-La Cruzada que arrastra el barrio desde hace años. “Hay edificios que están para tirarlos”, afirma. Su propuesta pasa por recuperar aquel proyecto y construir viviendas nuevas y sismorresistentes para los vecinos que necesitan una vivienda digna.

La reivindicación no es nueva. Irene, otra vecina del Zaidín, sitúa el origen del problema en el plan de renovación de Santa Adela y La Cruzada desarrollado entre 2000 y 2005, que contemplaba la demolición y renovación de numerosas viviendas antiguas del barrio. Según explica, más de dos décadas después la transformación sigue lejos de completarse y hubo además un parón entre 2008 y 2022. Los terremotos de agosto han vuelto a poner sobre la mesa, a su juicio, la vulnerabilidad de algunos de esos edificios. “¿Cómo pueden hacer que las personas regresen a sus casas, les pidan que arreglen unos muros de carga que ya están convertidos en arena, y decirles que vuelvan a vivir dentro de su casa?”, plantea. Y lanza una pregunta que resume una de las principales preocupaciones de los vecinos: “¿Qué seguridad proporcionas tú a la gente para que vivan esas viviendas?”.

El Ayuntamiento pide calma

El Ayuntamiento de Granada llama a la calma y sostiene que la respuesta sobre la seguridad de los edificios se está realizando mediante un protocolo específico. Según el Consistorio, los técnicos municipales inspeccionan o reevalúan cada inmueble y las actuaciones se planifican diariamente dando prioridad a las situaciones de mayor riesgo. Cuando un edificio es considerado seguro, los vecinos pueden permanecer o regresar; cuando se determina un desalojo preventivo, Urbanismo comunica la decisión a la Policía Local, que identifica a las personas afectadas y comprueba si cuentan con una alternativa habitacional. Servicios Sociales realiza después el seguimiento de las familias y el Ayuntamiento ofrece alojamiento de emergencia a quienes lo necesiten.

El Consistorio asegura haber realizado 1.289 inspecciones o reevaluaciones de edificios en dos fases: 706 en la primera y 583 en la segunda. También señala que mantiene un dispositivo permanente de evaluación e intervención y que desde el primer momento reforzó Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Urbanismo, Limpieza y mantenimiento. En el propio Zaidín, el Ayuntamiento puso en marcha una Oficina de Información y Asesoramiento en el Centro Cívico, en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada. Según sus datos, cerca de 1.800 personas han sido atendidas mediante citas individuales y grupales. También se incorporó atención psicológica, con unas 200 personas atendidas, y se habilitaron plazas de alojamiento de emergencia en Inturjoven para las personas desalojadas.

Es precisamente en este punto donde las versiones de los vecinos y la Administración presentan uno de los principales contrastes. Mientras el Ayuntamiento asegura que existe desde el inicio una solución habitacional para los desalojados y un protocolo para garantizar el seguimiento de cada familia, vecinos como Luismi aseguran que siguen esperando información concreta sobre su regreso a casa.

La oposición municipal considera insuficiente la respuesta. La portavoz socialista, Raquel Ruz, reclama a la alcaldesa, Marifrán Carazo, “certezas, coordinación y rapidez” y sostiene que algunos residentes reciben informaciones diferentes dependiendo del servicio o profesional al que consulten. El PSOE propone que se establezca un plazo máximo de una semana para que las familias dispongan de un informe técnico escrito que determine si pueden permanecer en sus viviendas o deben desalojarlas.

“Ahora mismo no puede ocurrir que una familia reciba informaciones diferentes dependiendo de con quién hable”, denuncia Ruz. La portavoz socialista reclama además que, si los técnicos municipales no son suficientes para cumplir esos plazos, el Ayuntamiento contrate arquitectos y otros profesionales de forma extraordinaria. También considera que los informes son necesarios para tramitar las reclamaciones e indemnizaciones correspondientes ante el Consorcio de Compensación de Seguros y reclama más apoyo presencial para los afectados que tienen dificultades con la administración electrónica. El PSOE extiende la misma crítica a los centros educativos del barrio. El concejal Jacobo Calvo asegura que en los colegios “no tienen ningún papel escrito” y que las evaluaciones se están gestionando telefónicamente, por lo que reclama que los informes técnicos sobre las infraestructuras escolares estén concluidos antes del 10 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a las aulas.

El Ayuntamiento rechaza esa imagen de falta de respuesta y reivindica que ha estado pendiente de la situación desde el primer día, también mediante reuniones con vecinos y otras administraciones que, según el Consistorio, no siempre se han hecho públicas. Además de las actuaciones de emergencia, el equipo de gobierno destaca como medida económica propia la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las reparaciones de daños causados por los terremotos en viviendas habituales y establecimientos donde se desarrolla una actividad económica. Para el resto de inmuebles afectados, la bonificación será del 50%.

Ayudas de la Junta

A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre. Las ayudas, dirigidas a entidades locales, podrán financiar actuaciones de reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración y reposición de infraestructuras e instalaciones dañadas, además de otros gastos vinculados a esas actuaciones. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto anunciar este miércoles nuevas medidas durante su visita a Granada.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que las entidades locales pueden recurrir ya al Real Decreto 307/2005 para financiar actuaciones urgentes, como el apuntalamiento de edificios y las medidas necesarias para permitir el realojo. La Subdelegación del Gobierno señala además que durante este mes de septiembre se declarará a los municipios afectados como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, con el objetivo de complementar las ayudas a particulares y entidades locales.

La propia Subdelegación sitúa otra pieza clave en el Consorcio de Compensación de Seguros. Según la información facilitada, el organismo ha movilizado a 250 peritos de toda España y ha recibido ya más de 49.000 solicitudes de indemnización por daños. La cifra engloba las solicitudes recibidas por los daños derivados de estos episodios sísmicos, sin que el dato permita determinar por sí mismo cuántas corresponden a los edificios afectados del Zaidín.

Mientras las administraciones ponen en marcha ayudas y dispositivos, en el barrio persiste otra pregunta: cuánto tiempo puede prolongarse la espera. Para quienes viven en edificios antiguos y dañados, no siempre se trata simplemente de reparar una grieta. Hay comunidades que tienen que conocer el alcance real de los daños, saber qué parte de la intervención corresponde al seguro y determinar si pueden asumir económicamente las obras. Y hay vecinos que, como Luismi, ni siquiera pueden entrar todavía en su casa para recoger sus pertenencias.

Servicios desbordados

La emergencia también dejó al descubierto las dificultades de los servicios encargados de atenderla. Guadalupe Gutiérrez, gestora de emergencias del 112 Andalucía en Granada y delegada sindical, relata que el volumen de incidencias desbordó ampliamente la capacidad habitual del Centro de Coordinación. En condiciones normales, explica, se gestionan alrededor de un centenar de incidencias por turno, mientras que durante los terremotos llegaron a superar las mil en algunos turnos. El 18 de agosto, entre las 10:37 y las 15:00 horas, calcula que entraron entre 700 y 900 casos.

Según su testimonio, en uno de los momentos más críticos solo había dos personas trabajando presencialmente en Granada y una tercera conectada desde Jaén. También denuncia demoras en la incorporación de refuerzos y problemas con la aplicación informática utilizada para gestionar las emergencias. Algunas incidencias, asegura, llegaron a acumular esperas cercanas a las dos horas antes de ser aceptadas y trasladadas al operativo correspondiente.

Gutiérrez desvincula esas demoras de la actuación de los trabajadores: “La plantilla hizo todo lo humanamente posible, pero era materialmente imposible atender de manera simultánea semejante volumen de llamadas e incidencias con el personal disponible”. Su denuncia es que los terremotos pusieron de manifiesto carencias que, según sostiene la representación sindical, ya existían antes de la emergencia y que afectan al dimensionamiento de la plantilla, la carga de trabajo y los medios disponibles.

El terremoto, por tanto, ha dejado de ser para la mayoría de Granada una cuestión de temblores constantes y carreras a la calle. En zonas como el Zaidín sigue teniendo una dimensión mucho más concreta. Es la de una familia que duerme en casa de un hijo, la de unos vecinos que esperan un informe que determine si pueden regresar, la de una comunidad que no sabe si podrá afrontar una reparación y la de un barrio que vuelve a mirar hacia un proyecto de renovación que lleva décadas pendiente. Para ellos, el seísmo no terminó cuando dejó de temblar el suelo. Terminó -o terminará porque el enjambre sísmico no ha finalizado aunque sea menos perceptible- cuando puedan volver a abrir la puerta de su casa con la certeza de que pueden quedarse.