La Policía Nacional ha detenido a siete personas que han quedado ya a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de coacciones y lesiones agravadas por odio, que habrían cometido en el marco de una agresión a un joven por portar una bandera de España de la II República. La agresión tuvo lugar en Granada durante la celebración de la final de la Copa del Mundo de Fútbol que la selección española ganó el pasado 19 de julio.

Según ha informado este miércoles la Policía Nacional en una nota, cinco de los ahora arrestados ya habían sido identificados el mismo día 19 de julio, si bien la investigación policial ha conseguido “esclarecer los hechos añadiendo dos nuevos responsables a esta agresión”.

Con motivo de la final del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Argentina disputada el pasado 19 de julio, el Ayuntamiento de Granada habilitó en la explanada del Palacio de Congresos una zona con dos pantallas gigantes para seguir el partido a la que acudieron “multitud de seguidores”.

En la zona de acceso al lugar, un joven que portaba una bandera de España de la II República fue increpado por un grupo de individuos que se encontraban en ese momento en un bar de la calle Ribera del Genil, lugar donde se estableció la cola para acceder a la explanada, según relatan desde la Policía.

Vinculados a un grupo “ultraviolento”

Uno de los integrantes del grupo –formado por varios individuos que “en su mayoría vestían de negro con simbología radical, vinculados a un grupo ultra violento”–, presuntamente se le acercó y le amenazó para que le diera la referida bandera, algo a lo que se negó la víctima, tras lo que se inició “una serie de agresiones por parte de este individuo y posteriormente el resto del grupo”.

Como resultado de las agresiones, la víctima resultó “con lesiones y contusiones que necesitaron atención facultativa”. Según aclara también la Policía, testigos de los hechos que se encontraban en la cola para acceder al evento “increparon a estos individuos que cesaron la agresión”.

Ese día, una patrulla de seguridad ciudadana que intervino por la agresión llevó a cabo la identificación de cinco de las personas de este grupo radical, si bien la Policía Nacional “continuó la investigación para el esclarecimiento de los hechos”.

Fruto de este trabajo, se ha detenido “al grupo agresor completo”, compuesto por siete integrantes a quienes se les responsabiliza de los presuntos delitos de coacciones y lesiones agravadas por odio. Entre los agresores también habría un menor de edad, por lo que se ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores de Granada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que también aspiraba la ciudad de Granada en una candidatura que, de ser elegida, desplegaría una inversión de 10,3 millones de euros por parte del Gobierno andaluz. El Ejecutivo central decidió hace unos meses aplazar hasta agosto la elección de la sede de este organismo estatal, a lo que además de Zaragoza y Granada optaban Toledo, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo. Finalmente, Pedro Sánchez ha informado de esta decisión durante su comparecencia de este martes de balance del curso político.

La decisión del Gobierno central, de la que aún se desconoce la motivación, ha provocado la reacción casi inmediata del Gobierno andaluz por boca de su vicepresidente, Antonio Sanz, quien ha calificado el resultado como “duro golpe” y una nueva “decepción” con el Gobierno central: “Ya está bien de ningunear Andalucía y a Granada desde el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, con decisiones que se tendrán que explicar a los granadinos”.

El Presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno “vuelve a castigar a Granada”, recordando así que tampoco fue seleccionada para la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Más comedida, la alcaldesa Marifrán Carazo (PP) también se ha mostrado “decepcionada”.

Por su parte, el PSOE ha lamentado el resultado, que ha vinculado a la decisión de la Junta de Andalucía de integrar la Escuela Andaluza de Salud Pública en el Instituto de Investigación Bioclínica, “dirigido desde Sevilla, diluyendo las funciones de salud pública, perdiendo la entidad jurídica y la autonomía de gestión, ha debilitado la fortaleza de nuestra candidatura”, según la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto.

“Llevamos tiempo advirtiendo de que la extinción de la EASP en el nuevo Instituto de Investigación de Andalucía supondría un paso atrás para el liderazgo en salud pública que la EASP ejercía en Andalucía y el resto del país. Si el propio Gobierno andaluz rechazó mantener y fortalecer esta institución de referencia para coordinar las políticas andaluzas de salud pública, difícilmente podía transmitir credibilidad en la aspiración de Granada a albergar la Agencia Estatal”, ha dicho.

Compromiso de 10,3 millones de euros

El pasado enero la Junta informó de que destinaría más de 10,3 millones de euros para la puesta en funcionamiento de la Agencia Estatal de Salud Pública en Granada si era elegida por el Gobierno. “A la espera de que el Gobierno central explique en qué criterios ha basado su decisión, volvemos a defender siempre que la candidatura de Granada era la mejor, puesto que es solvente, ofrece agilidad y garantías para iniciar, en el mínimo tiempo posible, la andadura de esta institución en un enclave bien comunicado, accesible y en un ecosistema científico y tecnológico de primer nivel en España”, ha indicado Sanz en un audio remitido a los medios de comunicación.

El plan del Gobierno andaluz era invertir 300.000 euros en una sede inicial, en la Escuela Andaluza de Salud Pública; y el resto, es decir, casi diez millones, en la rehabilitación y equipamiento tecnológico de la sede definitiva, en el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, para dejarla “plenamente operativa en el menor plazo posible, acorde con los plazos estipulados por el Ministerio.

La candidatura granadina se sustentaba en el ecosistema de la Universidad de Granada, la Escuela Andaluza de Salud Pública (“con 40 años de trayectoria y referente hoy en el mundo”) y el Instituto de Investigación Biosanitaria, además del Parque Tecnológico de la Salud. La candidatura se presentó bajo el lema 'Granada es salud pública', con la que se buscaba promover desde Andalucía el liderazgo de España en la vigilancia y gestión de las nuevas enfermedades y su posterior traslado a la ciudadanía, en un contexto de amenazas sanitarias complejas y una acelerada transformación tecnológica.

Finalmente, la sede se irá para Zaragoza, a cuyos ciudadanos ha dado Pedro Sánchez la “enhorabuena” este martes y también “al conjunto del país”, ha dicho, toda vez que “hace falta tener una Agencia Estatal de Salud Pública que nos permita tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la pandemia”.

El Tribunal Supremo de Casación de Italia ha rechazado el último recurso presentado por Juana Rivas contra la resolución que dio la custodia de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, que convive con el pequeño en Carloforte.

Así el alto tribunal ha ratificado que la custodia la tenga el progenitor, que está siendo juzgado en el país alpino por presunto maltrato físico y psicológico a los dos vástagos que tiene en común con Juana Rivas. La madre de Maracena ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales internacionales para tratar de modificar esta decisión.

Su equipo jurídico ha lamentado a través de un comunicado la postura de la justicia italiana tras haber “instado todos los recursos posibles” para evitar lo que a su juicio “es una barbaridad”: que un niño tenga que “convivir y depender de su padre, sentado en el banquillo por maltratarle”.

Lamentan así que la Corte de Casación italiana haya rechazado su último recurso para “evitar esta terrible situación” y que considere por tanto que “Daniel debe seguir viviendo con su padre acusado de agredirle”.

A juicio de esta parte, se trata de “una nueva incoherencia en este largo proceso, en el que se están violando derechos fundamentales de la infancia y de las víctimas del delito que consagra la normativa nacional y europea”.

Su intención es acudir a tribunales internacionales para que examinen la respuesta que los tribunales italianos y españoles, civiles y penales, están dando a un caso que comenzó hace más de diez años, y que se ha convertido en un laberinto jurídico que “está destrozando la vida de Daniel, Gabriel y Juana”, sostienen.

Junto a ello lamentan la “lentitud insoportable” en un caso “tan grave” como el juicio abierto contra Arcuri en el Tribunal Penal de Cagliari por presunto maltrato, que comenzó en septiembre del año pasado, y que, según estiman, no va a finalizar antes de que termine este año, pues ya hay sesiones programadas hasta el mes de diciembre.

Juana Rivas denuncia incomunicación con su hijo

Juana Rivas afirma que no ha podido comunicarse con su hijo menor desde que el 25 de julio de 2025 regresara por orden judicial con el padre a Italia, hechos que ha denunciado en Italia.

“En la madrugada del día 31 de mayo pasado recibimos una llamada de una amiga residente en Carloforte informándonos que estaba viendo a Daniel en silla de ruedas, llevado por otros adolescentes”, expone Juana Rivas en una carta abierta a los medios.

Acusa a Arcuri de no haberle “informado de nada” de lo que le ha ocurrido al menor y ante sus “insistentes llamadas” responder “con un escueto mensaje” en el que dice que “el niño está muy bien”.

Afirma que ha puesto este asunto en conocimiento de las autoridades italianas y que hay “sólo prevista una audiencia para el 19 de agosto, ante el juzgado civil de Cagliari”.

En este contexto ha censurado que “frente a la rapidez” con la que se tramitan todas las cuestiones judiciales contra ella “los procesos contra Francesco Arcuri se eternizan”.

Ella declaró a finales de octubre del año pasado en un Juzgado de Granada como investigada por presunta sustracción de menores tras la denuncia presentada por su expareja a raíz de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de esa Navidad en España.

Ello, después de que un juzgado de guardia de Granada acordara la suspensión provisional de la entrega al padre tras escuchar al menor y en la línea de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación legal de la madre atendiendo a la citada causa contra Arcuri en Italia. El pequeño no regresó a Italia hasta seis meses después tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes.

Fuentes judiciales han señalado a Europa Press que el juzgado ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes para que informen sobre su posicionamiento, ya sea el archivo o la continuación de la causa contra la madre de Maracena, por lo que no se esperan novedades al respecto de este caso hasta, al menos, mediados de septiembre.

El Laboratorio de Genética del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología de la Universidad de Granada ha confirmado recientemente la identidad de seis nuevos restos humanos de entre los 194 recuperados por el equipo Universidad y Memoria en el Barranco de Víznar en las diferentes campañas realizadas.

Con ellas, asciende a 17 el número de personas identificadas que fueron asesinadas y ocultadas en fosas comunes por las fuerzas sublevadas durante el golpe de estado contra la II República en 1936.

Las seis nuevas identificaciones corresponden a Brígida Pardo López, de 32 años y trabajadora del campo; Francisco Amigo Pla, de 21 años y dependiente; Francisco José Arturo Muñoz Toral, de 23 años y mecánico de autobuses; Juan de Dios Milán Calvo, de 45 años y trabajador de la Fábrica de Pólvoras del Fargue, en Granada; José Antonio Calero García, de 41 años, concejal de Hacienda por el PSOE en Fuente Vaqueros y trabajador del campo; y Victoriano Alcantud Cubillas, de 39 años y vinculado a Alsina.

Los restos de estas víctimas serán entregados a sus familias en un acto que acogerá el Ayuntamiento de Víznar. Estos nombres se suman a los de Carmela Rodríguez Parra, Francisco Soriano López, José Raya Hurtado, José García Esteban, Juan de Dios Adarve López, Antonio Rosales Ruiz, Eloísa Martín Cantal, Fermín Roldán García, Francisco Ruiz Guiraum, Marcelino Gámiz Garzón y Francisco del Águila Rodríguez.

194 personas

El Laboratorio de Genética sigue trabajando en la identificación de los restos encontrados a partir de las muestras de ADN de familiares, por lo que el número de personas identificadas irá incrementándose en el futuro.

Por otro lado, el equipo Universidad y Memoria de la Universidad de Granada, responsable de las exhumaciones en el Barranco de Víznar desde 2021, regresará en septiembre a la localidad para continuar la búsqueda de nuevas fosas comunes. Hasta el momento, su trabajo ha permitido localizar 29 enterramientos ilegales de los que han recuperado los restos de 194 personas, algunos de ellos menores de edad.

Por su parte, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Granada, a través de su fiscal delegada, Montserrat Luque Molina, trabaja en la incoación de expedientes de jurisdicción voluntaria que podrían derivar en procedimientos judiciales de carácter civil. El objetivo es contribuir a la reparación jurídica y simbólica de las víctimas ya identificadas cuando así lo soliciten sus familias.

Juana Rivas afirma que no ha podido comunicarse con su hijo menor desde que hace ahora un año regresara por orden judicial con el padre a Italia, que está siendo juzgado en el país alpino por presunto maltrato físico y psicológico a los dos vástagos que tienen en común.

En una carta remitida a los medios, la madre de Maracena afirma que desde aquel 25 de julio de 2025 ni ella ni nadie de su familia ha podido comunicarse con Daniel “por impedirlo su padre”, hechos que ha denunciado en Italia. “En la madrugada del día 31 de mayo pasado recibimos una llamada de una amiga residente en Carloforte informándonos que estaba viendo a Daniel en silla de ruedas, llevado por otros adolescentes”, expone Rivas.

Acusa a Arcuri de no haberle “informado de nada” de lo que le ha ocurrido al menor y ante sus “insistentes llamadas” responder “con un escueto mensaje” en el que dice que “el niño está muy bien”. Afirma que ha puesto este asunto en conocimiento de las autoridades italianas y que hay “sólo prevista una audiencia para el 19 de agosto, ante el juzgado civil de Cagliari”.

Procesos que se “eternizan”

En este contexto ha censurado que “frente a la rapidez” con la que se tramitan todas las cuestiones judiciales contra ella “los procesos contra Francesco Arcuri se eternizan”.

Mantiene que, pese a que después de cuatro años de instrucción se abrió el 18 de septiembre de 2025 en Italia el juicio contra Arcuri, “a día de hoy, aún ni tan siquiera se han escuchado a todos los testigos, en un correr insoportable de meses entre las distintas audiencias, habiendo sido la última el 2 de julio y no estando la próxima convocada por el Tribunal Penal de Cagliari hasta finales de noviembre de 2026”.

En el caso han declarado hasta ahora como testigos propuestos por la Fiscalía Juana Rivas y su hijo mayor; pero también trabajadores sociales y psicólogos que han atendido a los hijos en distintos momentos. Rivas lamenta que mientras se juzga este caso, una de las dos presuntas víctimas, “está bajo el control exclusivo y absoluto (sin contacto con ningún familiar) de su presunto agresor”, en relación al hijo pequeño.

Sin regreso a España

Por su parte, ella declaró a finales de octubre del año pasado en un Juzgado de Granada como investigada por presunta sustracción de menores tras la denuncia presentada por su expareja a raíz de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad en España.

Ello, después de que un juzgado de guardia de Granada acordara la suspensión provisional de la entrega al padre tras escuchar al menor y en la línea de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación legal de la madre atendiendo a la citada causa contra Arcuri en Italia. El pequeño no regresó a Italia hasta seis meses después tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes.

Fuentes judiciales han señalado a Europa Press que el juzgado ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes para que informen sobre su posicionamiento, ya sea el archivo o la continuación de la causa contra la madre de Maracena, por lo que no se esperan novedades al respecto de este caso hasta, al menos, mediados de septiembre.

Un terremoto magnitud 3,7 ha sido registrado a las 15.39 horas de este domingo en la comarca de la Vega de Granada, en el entorno de Ogíjares. Posteriormente, a las 15.46 horas, se ha producido una réplica en Armilla, esta vez de magnitud 1,7. Una jornada en la que, en total, ha habido cuatro sucesos naturales de este estilo.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha trasladado, a través de su página web, que los dos movimientos sísmicos se han dado un poco después del mediodía y, en ambos casos, han tenido una profundidad de seis kilómetros.

Estos son los dos terremotos con mayor movimiento en la franja del mediodía, pero por la mañana, sobre las 12.39 horas y, más tarde, a las 13.18 horas, hubieron dos en la localidad de Loja, en estos casos, con una magnitud de 1,6. Uno de ellos no tuvo ninguna profundidad, por lo que los vecinos lo han podido sentir en la superficie.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha notificado que ha recibido “casi medio centenar de llamadas” a causa de este terremoto. En concreto, las llamadas provienen desde Granada capital, Monachil, Huétor-Vega, Maracena, Alhedín, Ogíjares, Cúllar Vega, Vegas del Genil, La Zubia y Armilla, mientras que no hay constancia de daños personales.

Efectivos del Plan Infoca han logrado estabilizar a las 20.00 horas del sábado, aproximadamente, el incendio forestal que se había declarado a las 13.10 horas en el pantano del Beznar, en la localidad granadina de El Valle, que requirió de la movilización de 19 medios aéreos y que regresa así a fase de preemergencia

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha trasladado en un audio remitido a los medios que se ha logrado estabilizar esta emergencia gracias a un “importantísimo despliegue” de medios realizados en la tarde de este sábado, con 125 efectivos terrestres, tres vehículos pesados de extinción y 19 medios aéreos.

De este modo, este incendio forestal ha quedado estabilizado en un intervalo de algo más de siete horas, afectando una superficie aproximada de 200 hectáreas, según las primeras estimaciones. “Autorizamos el regreso de los vecinos que habían sido desalojados”, ha explicado en relación tanto a este incendio como al registrado en Cerro Muriano (Córdoba).

“Creo que son muy buenas noticias, que una vez más nos llevan a reconocer el excepcional trabajo del Plan Infoca, de la Agencia de Emergencias y de todos los dispositivos de intervención, de seguridad, sanitario, de protección civil, una vez más dando una lección de trabajo y compromiso extraordinario que merece todo el reconocimiento de la sociedad andaluza”, ha concluido.

Evacuados y Es-Alert

Una vez conocida la peligrosidad del fuego, se ordenó el desalojo preventivo de los embalses de Rules y Béznar para asegurar la zona de cara al trabajo de los medios áreos de EMA Infoca que ya están operando en la zona. También se evacuaron en prevención un centenar de personas de un campamento, 73 de ellas eran menores. Los bomberos rescataron, asimismo, a dos personas de un cortijo próximo, sin que haya constancia de daños personales.

Además, se envió un mensaje a través del sistema Es-Alert con el que se decretó el confinamiento en las viviendas del núcleo Pinos del Valle. Junto a ello, se requirió a la población que cerraran puertas y ventanas y situaran bajo las puertas toallas húmedas para impedir que entrara el humo al interior de las casas. Una situación que vuelve, tras una jornada intensa de trabajo, al estado de prealerta.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de enero de 2026 los requisitos y las condiciones mínimas que requerían las personas beneficiarias del grado III+ de dependencia, una línea creada para los pacientes de la ley ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Dos meses más tarde, en marzo, la Consejería de Inclusión Social anunciaba que Andalucía abría el trámite para pedir estas ayudas, y fue entonces cuando Teresa, pseudónimo, vio los cielos abiertos: por fin podía pedir la subvención para su padre, J. Con 68 años, vive postrado en la cama y conectado a un respirador que le ayuda a resistir. Sin embargo, necesita atención las 24 horas del día y, aunque su hija ha removido cielo y tierra para lograr la financiación, el plazo de tres meses máximo ha expirado sin una respuesta de la administración.

“Iniciamos el proceso para la dependencia e incapacidad desde 2021 y ya en 2024 teníamos el diagnóstico neurodegenerativo en firme”, relata Teresa desde Granada a través de una videollamada tras haber lanzado un comunicado a través de varios correos electrónicos pidiendo que se dieran eco de su caso. “Tenemos un poco de ayuda, pero todo ha sido por las reclamaciones constantes y, además, se nos niega un fisioterapeuta a domicilio cuando la ley lo contempla”, motivo por el que acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de apoyo.

La solicitud para que su padre recibiera el reconocimiento del grado III+ fue firmada el 17 de marzo, según ha constatado este medio. En el caso de J., los especialistas en neurología del Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, certificaron que padecía una atrofia multisistémica variante parkisoniana (AMSp), con origen en el año 2016, y en un estudio realizado en junio de este año, se indica que el paciente “se halla en situación de gravedad y gran dependencia” con síntomas propios de un estadio avanzado. “Se trata de una enfermedad neurodegenerativa grave que da lugar de manera progresiva a la alteración grave de la movilidad, disautonomía, alteración mental, problemas respiratorios, problemas del sueño, dolor y disfagia”, describe el facultativo.

En otro de los informes a los que ha podido acceder este medio, la neuróloga asevera que la intervención del fisioterapeuta “constituye un pilar crítico y necesario en el abordaje integral de la AMS”, ya que la evidencia científica demuestra “que mejora significativamente la función motora”. En función de las limitaciones de movilidad del paciente, la especialista solicita “facilitar la fisioterapia en el entorno domicilio” y, añade, “este es un derecho reconocido bajo el marco de la Ley ELA, que ampara de forma explícita a pacientes con enfermedades neurodegenerativas complejas como la AMS, garantizando así la continuidad asistencial y la dignidad en el tratamiento”.

“El día a día es traumático”

En la actualidad, J. tiene asignada 20 horas semanales, dos por la mañana y otras dos por la tarde de lunes a viernes, y el resto lo acompaña su esposa, A., que con 65 años apenas puede hacerse cargo del paciente, tanto por la falta de fuerza para manipularlo con soltura como por la carga mental que supone ver su paulatino e imparable deterioro físico. A partir de la pandemia, A. ha desarrollado varias dolencias en el ojo que le están haciendo perder la visión, además de que está sufriendo inflamaciones tanto en las caderas como en los hombros.

Intentando adelantarse a los tiempos de la Consejería, cuya respuesta es de 496 días —por encima de los 180 establecidos por ley—, ya le está empezando a tramitar la ayuda en dependencia. Pero, quien centra ahora sus preocupaciones es su padre, una persona vital, describe su entorno, que trajaba como comercial y formó una familia junto a A. y sus dos hijos. “Desde hace 15 años veo la evolución y J. ha pasado de ser una persona súper activa, que ha trabajado más de 35 años y lo ha dado todo por su familia y entorno, a no poder salir de una habitación, a pesar de que tu cerebro quiera. El día a día es absolutamente traumático”, relata Iván, la pareja de Teresa.

“Ve cómo esto afecta a la vida de los demás”

“Hay que asearle, darle de comer, desplazarlo, cortarle todo, se cae cada diez segundos. Cualquier ser humano merece una dignidad y él no la está recibiendo del Estado ni su entorno, y es lo que más me crispa: que el Gobierno alardee de leyes aprobadas y al final no lleguen al ciudadano”, comparte. Mientras Teresa lo escucha emocionada, su marido habla del sufrimiento de J. cuando contempla a quienes lo cuidan: “Ve cómo esto afecta a la vida de los demás. Esto no deja de ser una onda expansiva... La vida de mi suegro está sentenciada, lo que nos jugamos ahora es la vida de mi suegra, el trauma emocional de mi mujer, todo lo que está generando alrededor”.

El matrimonio, que vive a unas calles, está pendiente de los cuidados que necesite J., pero las cargas familiares y laborales impiden una entrega absoluta, aunque Teresa responde al teléfono cada vez que suena. “Mi padre ya apenas puede hablar. El otro día llamó y al contestar escuché los gritos y los llantos de mi madre de fondo. Colgué y fui”. Al entrar en la casa, la encontró desvanecida en el suelo después de sufrir un nuevo ataque de ansiedad.

Relata otro episodio, relacionado con la administración. Le pidió a un funcionario del Servicio de Valoración de la Dependencia de Granada, en la calle Joaquín Eguaras, que revisara el expediente de su padre. Insistió y, finalmente, le pidió que esperara. Al volver, le dijo que la trabajadora que se encargaba de los trámites tenía miles de carpetas sobre su mesa. Apenas faltan unos días para que comience agosto y, mediante el verano, teme que expire de nuevo la solicitud que registró en la ventanilla electrónica, aparte de la entregada en persona. ¿La atención privada es una alternativa? “Es inviable. El presupuesto son unos 9.000 euros mensuales para cubrir el día, pero sin que recoja lo que supone contratar a un especialista. El logopeda, el fisioterapeuta, la terapia ocupacional, todo eso queda aparte”.

Más de 90 solicitudes registradas

La Ley 3/2024, para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace dos años. Con el acuerdo de enero de este año, se definió que para acceder a las ayudas del grado III+ se necesita cumplir dos de tres criterios: necesitar soporte ventilatorio más de ocho horas al día, la necesidad diaria de aspiración de secreciones e inmovilidad del tren superior. Una vez expedido el certificado médico, se establece la cuantía, que tiene un mínimo garantizado de 3.200 euros y un máximo de 9.850 euros al mes.

Hasta la fecha, según las fuentes consultadas, la Agencia de Dependencia del Gobierno andaluz contabiliza un total de 92 expedientes en trámite desde que se abrió el plazo en marzo, de los que 73 corresponden a ELA y el resto a enfermedades de alta complejidad. Hasta hace unas semanas, solo había seis expedientes resueltos, unos datos para los que se ha requerido la confirmación de la Junta, aunque al cierre de esta edición no había respuesta.

Raquel Galán, trabajadora social de la Asociación ELA Andalucía, habla con este medio sobre los pros y contras de la adaptación del modelo en la comunidad. “No está yendo como esperábamos, pero están rodando, poco a poco”, indica. La organización, que tiene diálogo directo con la Agencia, intermedia para agilizar el proceso tanto para los socios como los no socios con el objetivo de que las solicitudes se registren a través de la Ventanilla Electrónica de la Dependencia (VED) y adquieran la calificación, en morado, de “urgente”. Una de las principales trabas es la adaptación del sistema informático para gestionar los datos que requieren el grado III+, unas “complicaciones” para las que espera una pronta solución. Pero la crítica va dirigida hacia el modelo adoptado para el acceso a las subvenciones.

El modelo andaluz frente al resto de autonomías

Galán pone el ejemplo de las comunidades autónomas de Asturias o Comunidad Valenciana. “Han conseguido que no se aplique el IRPF ni se tenga que aportar un copago”, indica. Andalucía calcula la cuantía económica según el coste del servicio de ayuda a domicilio o de asistente personal que se contrate y la capacidad económica de la persona, como recoge la consejería de Loles López, mientras que Cantabria ha apostado por aportar el dinero en función de la intensidad de los apoyos que requieran los pacientes con independencia de la renta.

Otro obstáculo con el que se enfrentan las familias que han solicitado las ayudas, como la de Teresa, es que no hay suficientes empresas dedicadas a la ayuda domicilio con la formación especializada para atender a los pacientes con ELA o de alta complejidad. “Quitarle las secreciones, apoyarles en ventilación mecánica, poder darles la comida por el estómago, y no hablamos de que solo una persona esté capacitada, sino de dos o tres en función de lo que necesite la familia”, y en base a la jornada laboral y a las sustituciones que requieran los propios trabajadores.

Las necesidades de la enfermedad neurodegenerativa no solo atañe al ámbito de la dependencia, sino que da de lleno con la sanidad. Una dualidad que requiere la cooperación entre las consejerías competentes y que, en muchas ocasiones, como reitera Galán, “queda muy bonito en el papel pero no se lleva a cabo”. En referencia a la estrategia sociosanitaria de Andalucía, indican que hay dificultades con las Consejería de Salud, al igual que sucede en el resto del país, como constantan a través de la confederación estatal de la que forman parte, ConELA.

La ley de 2024 supuso un hito en España, ya que se trataba de la primera norma que se enfocaba en una enfermedad. “Tardaron un año en ponerla en marcha, después de que cada partido intentara hacerla suya”, recuerda, “el grado III+ es lo que ha salido más pronto, pero la formación sanitaria, la de los cuidadores de las empresas o la atención de fisioterapias queda pendiente”. Mientras, Teresa continúa a la espera de que llegue la ayuda para su padre y, así, se palie un poco el sufrimiento del paciente y de su familia.

La Audiencia de Granada juzga este lunes a un guardia civil acusado de encargar el robo y secuestro a una anciana que guardaba 50.000 euros en su domicilio, donde la retuvieron atada y golpearon hasta que consiguieron su propósito.

Junto al guardia civil, que se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel, se sentarán en el banquillo de los acusados los seis individuos que presuntamente asaltaron la vivienda de la víctima, de 73 años, y otra persona considerada cómplice de todo lo ocurrido.

Fue a raíz del fallecimiento de su hermano, dedicado a llevar inversiones, que el agente se quedó encargado de devolver a los clientes las cantidades de dinero que habían obtenido como beneficios.

Así conoció a esta anciana jubilada, soltera y sin hijos, que vivía sola en La Zubia, de donde llevaba una temporada sin salir dado que era época de Covid y temía contagiarse. Hasta marzo de 2021 estuvo llevándole dinero, concretamente debía entregarle varios sobres con 50.000 euros pero al darse cuenta ella de que faltaban 10.000 se lo recriminó a través de Whatsapp.

El agente le trasladó su disgusto diciéndole “noto un tono amenazante en ti y eso no me gusta”, según se recoge en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Las investigaciones apuntan a que el acusado estaba pasando por un mal momento económico y, dado que era conocedor de que la mujer debía tener el dinero de las inversiones en su casa porque no salía de allí, buscó presuntamente a delincuentes habituales para “encargarles que entraran en el domicilio y se llevaran el dinero” y los móviles que localizaran, a tenor del contenido de las conversaciones que habían mantenido.

Un robo de madrugada

Tras una reunión en un bar del Polígono Juncaril en la que el agente presuntamente les dio todas las indicaciones de lo que debían hacer, el resto de acusados se trasladó de madrugada a la vivienda de la anciana, saltaron la tapia y accedieron al interior.

La mujer salió al oír ruidos, momento en el que se “abalanzaron sobre ella, la tiraron al suelo y la inmovilizaron atándola con ropa y cinturones que encontraron por la casa. También le taparon la boca para que no gritara y empezaron a pedirle que les entregara el dinero mientras le daban tortas en la cara y por el cuerpo. Así permaneció desde la una de la madrugada hasta las siete aproximadamente.

Durante ese tiempo los acusados buscaron el dinero hasta encontrar una caja fuerte que arrancaron directamente de la pared con un hacha que uno de ellos tuvo que traer desde Málaga al no haber en la vivienda herramientas que les permitieran hacerlo. Presuntamente consiguieron llevarse varios móviles y los 50.000 euros que había en la caja fuerte.

El agente, “preocupado” por si se averiguaba su implicación en los hechos durante la investigación, y para facilitar información al resto de implicados, usó presuntamente su cargo para acceder a los datos en el sistema informático aprovechando que un compañero había dejado abierta la sesión.

Supuestamente llegó a pasar pantallazos con datos a los otros implicados, informando de que se había activado un seguimiento y pinchado un teléfono y mostrando su “preocupación” por que se fueran “de la lengua”.

Inductor de delitos y revelación de secretos

La Fiscalía le acusa como inductor de los delitos de robo en casa habitada, detención ilegal y delito de lesiones; así como autor de un delito de revelación de secretos. Pide una condena de 15 años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

Al resto de acusados les considera autores materiales del robo, la detención ilegal y las lesiones a la anciana y pide para ellos las mismas penas de cárcel que al agente, 15 años. Para una octava acusada a la que considera cómplice, el Ministerio Fiscal solicita una condena de algo más de cuatro años de cárcel.

Además reclama que todos indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en 96.707 euros por los daños causados, los bienes sustraídos y las lesiones que sufrió.

Augustin Marie Ndour no habla de él mismo sino del colectivo. Afincado en Granada y nacido en Senegal en 1969, este activista, que llegó a ser el primer candidato negro a la presidencia del Gobierno en España en los comicios de 2019, es hoy un hombre feliz porque su lucha ha servido para abrir camino. No en vano, es uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular (ILP) de 2024 que ha permitido ahora que el Gobierno de PSOE y Sumar, a través de un real decreto, impulsase una regularización extraordinaria que acaba este 30 de junio y que es un “éxito colectivo”, en palabras del propio Ndour.

Lo es porque durante mucho tiempo pareció imposible que España volviese a iniciar un procedimiento administrativo de este calado -la última fue en 2005 durante el Gobierno de Zapatero-. Con un creciente auge de la extrema derecha, el viraje del debate hacia posiciones xenófobas y aporofóbicas pareció guardar en un cajón la ILP que tanto había costado impulsar y que hasta el Partido Popular llegó a decir que apoyaría en su tramitación parlamentaria. “Fue frustrante. Una montaña rusa. Por momentos creíamos que no se produciría la regularización”, admite Augustin.

Ndour reconoce que hubo momentos en los que llegó a desesperarse al comprobar cómo la iniciativa quedaba atrapada entre los intereses de los partidos. “Sabíamos que era buena para el conjunto de la sociedad, pero muchas veces los intereses partidistas estaban por encima del interés común”, lamenta. Durante meses mantuvieron reuniones con representantes del PSOE, del PP y del resto de grupos parlamentarios para tratar de desbloquear una medida que parecía condenada a permanecer en un cajón. “Lo pasé mal porque uno piensa que quienes están en política están para mejorar la vida de la gente”, admite.

Un trabajo de años

Antes incluso de que la iniciativa legislativa popular llegase al Congreso, Ndour tenía claro que era el momento de intentarlo. “O era ahora o nunca”, recuerda. Temía que un cambio de ciclo político cerrase durante años cualquier posibilidad de sacar adelante una medida de este tipo. Fue entonces cuando llamó a Jorge Serrano, coordinador del Partido por un Mundo Más Justo, formación en la que milita desde hace años, y le planteó una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza. “Le dije que si no hacíamos algo, me encadenaba a los leones del Congreso”, rememora entre risas. Aquella conversación fue el punto de partida de una ILP que, con el respaldo de entidades como Regularización Ya!, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, Fundación porCausa y decenas de organizaciones sociales, logró reunir más de medio millón de firmas para llegar a la Cámara Baja.

“Cada organización jugó un papel fundamental. Éramos entidades muy distintas, con formas diferentes de entender muchas cosas, pero todos teníamos claro que aquí lo importante no eran los protagonismos, sino que esto saliera adelante”, insiste. Por eso rechaza cualquier intento de atribuirle el éxito en solitario. “Ha sido una victoria de la sociedad civil. Hay muchísima gente detrás que ha trabajado de manera extraordinaria durante años”.

El trabajo, sin embargo, no terminó cuando el Gobierno aprobó el real decreto que abrió el proceso de regularización extraordinaria. Durante los tres meses de plazo, las organizaciones han tenido que volver a movilizarse para intentar que ninguna persona quedase fuera por trabas burocráticas. Una de las principales dificultades fue la obtención del certificado de vulnerabilidad, un requisito que en algunos municipios se convirtió, según denuncia, en un auténtico cuello de botella.

Esa implicación práctica ha marcado también los últimos meses de su trabajo. Más allá de la reivindicación política, Ndour ha pasado buena parte de este tiempo atendiendo llamadas de personas que apuraban los plazos, resolviendo dudas sobre la documentación o intentando encontrar soluciones para quienes se encontraban con obstáculos administrativos. Para intentar salvarlos, la Fundación para la Ciudadanía Global desarrolló una aplicación que permitía tramitar ese certificado de forma telemática, verificando la identidad, la geolocalización y la situación de vulnerabilidad de cada solicitante mediante documentación y una grabación en vídeo. “Lo que más me preocupaba era que muchísimos hermanos se quedaran fuera por cuestiones administrativas. Intuimos que van a pasar muchos años hasta que vuelva a existir una oportunidad como esta”, explica.

Una convicción personal

Esa preocupación tiene mucho de biográfica. Ndour sabe perfectamente qué significa vivir pendiente de un plazo o de un documento. Llegó a Europa desde Senegal, pasó por Portugal y terminó instalándose en España justo cuando concluía el último gran proceso extraordinario de regularización. No consiguió acogerse a él y tuvo que buscar otras vías para obtener la documentación. “Ahora me llaman muchos chavales diciendo que todavía no les ha llegado el certificado de antecedentes penales o que les falta algún papel. Recuerdo perfectamente esa angustia porque yo también la viví”, afirma.

Su historia personal es, en buena medida, el origen de su activismo. Recién llegado a España sufrió un accidente de moto mientras trabajaba sin documentación. Acabó hospitalizado, con las piernas rotas, sin apenas hablar español y sin conocer a nadie. Aquella experiencia le llevó a acercarse a la Pastoral de Migraciones y comenzar una labor de acompañamiento que, más de dos décadas después, sigue desarrollando. “Después de haber pasado por todo aquello y ver que, veinte años después, sigue habiendo personas viviendo exactamente lo mismo, pensé que no podía quedarme de brazos cruzados”.

Aquella experiencia le permitió comprobar cómo la irregularidad administrativa se convierte en una forma de vulnerabilidad permanente. Recuerda, por ejemplo, que el empresario para el que trabajaba cuando sufrió el accidente apenas permaneció tres minutos en el hospital. “Entró, me preguntó cómo estaba y enseguida me pidió las llaves del trabajo porque no quería que aquello sirviera como prueba de que yo estaba trabajando sin papeles. Se marchó y no volvió”, relata. Para él, esa escena resume la indefensión de miles de personas que, por miedo a perder el empleo o ser expulsadas, aceptan condiciones laborales que nunca asumirían si tuvieran una situación administrativa regular.

Salir de “la cárcel”

La irregularidad administrativa, insiste, no solo impide acceder a un empleo estable. Condiciona toda la vida. “Es como estar en una cárcel y que, de repente, te digan que puedes salir”, resume. Haber trabajado sin papeles en los invernaderos de Almería o aceptar empleos precarios le permitió comprobar, dice, que quien vive en esa situación apenas puede reclamar derechos laborales básicos. “Si tienes 40 de fiebre, vas a trabajar porque sabes que, si no, te sustituyen por otra persona. Cuando te regularizas empiezas a cotizar, claro, pero también puedes exigir tus derechos, coger una baja, tener vacaciones o negarte a determinados abusos”.

Por eso sostiene que la regularización extraordinaria no debe entenderse como un punto final, sino como el inicio de un camino. “La primera integración es la integración jurídica. Sin papeles no podemos hablar de integración económica ni social porque no tienes acceso a casi nada”, defiende. Aunque celebra el proceso que ahora concluye, Ndour considera que España todavía tiene pendiente una reforma profunda de la Ley de Extranjería. Aun así, cree que la movilización social ha demostrado que es posible cambiar las cosas. “Cuando empezamos hablábamos de unas 500.000 personas en situación irregular. Ahora las estimaciones hablan de hasta 900.000, incluso cerca de un millón. Un Estado no puede permitirse tener a tanta gente viviendo en un limbo jurídico”, sostiene.

Esa es también la razón por la que rechaza el discurso que presenta las regularizaciones como un privilegio. A su juicio, lo que hacen es sacar a la luz una realidad que ya existe. “No hablamos de personas que van a venir mañana. Hablamos de personas que ya viven aquí, que trabajan, que alquilan habitaciones, que consumen y que forman parte de nuestra sociedad, aunque el Estado no las reconozca jurídicamente”, sostiene.

Lejos de dar por terminada la lucha, el activista senegalés cree que la principal victoria de estos años trasciende incluso a la propia regularización. “La sociedad civil vuelve a tener la confianza de que, cuando se organiza y se moviliza, puede conseguir cambios importantes”. Una convicción que, para él, vale casi tanto como el real decreto que este 30 de junio pone fin a uno de los procesos de regularización más importantes de las últimas décadas.

De hecho, hay cierta ironía en que quien hace más de veinte años no llegó a tiempo para acogerse a una regularización extraordinaria haya terminado dedicando buena parte de su vida a impulsar otra que puede beneficiar a cerca de un millón de personas. Ndour sonríe cuando se le recuerda esa coincidencia, pero vuelve enseguida a su idea de siempre: “No es la historia de una persona. Es la historia de muchísima gente que decidió que esto merecía la pena”.

El día en que a Mariana Pineda le arrebataron la vida por garrote vil cuando apenas tenía 26 años, no solo estaban cercenando una vida, sino mandando un mensaje de disciplinamiento. La granadina, que fue asesinada durante el reinado absolutista de Fernando VII por haber sido presuntamente hallada bordando una bandera en favor de la libertad, continuó siendo víctima de su propia valentía incluso después de su muerte. Ahora, casi dos siglos después, su figura no solo va recuperando su relevancia, sino que parte de su legado renace con la puesta a la venta por parte de unos propietarios privados de documentos que formaron parte de su archivo.

La librería Astarloa, ubicada en Bilbao, vende por 40.000 euros parte del archivo que Mariana Pineda pudo recopilar en vida. Un archivo que tiene un valor mucho más elevado que el monetario porque entre las piezas se encuentra una carta: el único manuscrito completo que se conserva de la propia Mariana. Pero más allá de ello, lo que dice también esta herencia física es que todo cuanto se trató de borrar de la joven granadina, asesinada el 26 de mayo de 1831, nunca fue suficiente para acabar con el rastro de una mujer tan importante y pionera. Una feminista cuando el feminismo ni siquiera se contemplaba como palabra.

Según explican fuentes de la negociación, la Junta de Andalucía es la administración pública que está negociando la compra de un legado que lleva más de dos años en venta y cuya recuperación permitiría al público y a la cultura general tener en su poder los retazos que construyen el recuerdo de una Mariana Pineda cercenada en su vida, pero también en su propia biografía. De ella sabe como pocas personas Antonina Rodrigo, la escritora granadina que ha dedicado más de 25 años en estudiar quién fue y qué no supimos suficiente sobre Mariana.

Hablamos con ella para valorar la importancia del legado y para partir de un supuesto desconocido: se trató de borrarla tanto tanto, que incluso se le hurtó el “de” que anticipaba su apellido Pineda y que denota que no procedía de un estrato social bajo, lo que eleva la importancia de su figura y de su propia reivindicación política.

Rodrigo, que siente un agradecimiento vital a Mariana por haber abierto camino para muchas mujeres como ella, llegó a adquirir en su momento la llave de la celda en la que Pineda pasó sus últimas horas de vida. “Esa llave es simbólica no solo por la puerta que cerraba, sino porque esa puerta fue a la que Mariana miraba y a través de la que escuchaba su sueño de volver a ver a sus hijos”. Porque parte del borrado histórico de la granadina pasa porque no todo el mundo sabe que tuvo descendientes y que, seguramente hoy, siga teniendo familia incluso en Granada capital.

Un archivo que sobrevivió al intento de borrar a Mariana

La propia Antonina Rodrigo reconoce que cuando conoció la existencia del archivo sintió una mezcla de sorpresa y alivio. “Estuve casi 25 años investigando y no encontré nunca una carta o un documento personal de Mariana”, explica la escritora a elDiario.es Andalucía. Por eso considera que el fondo que ahora se encuentra a la venta tiene un valor que trasciende cualquier cifra económica. “Eso es un tesoro para nosotros”, explica.

La importancia del legado no reside únicamente en la carta manuscrita de Mariana, sino en el conjunto documental que la acompaña. Según explica Iker, propietario de la librería Astarloa, el archivo está compuesto en gran medida por documentación relativa a los hijos de la granadina, un aspecto sobre el que apenas han sobrevivido testimonios documentales. “Es un archivo del entorno familiar de Mariana Pineda; sobre todo está compuesto por bastante documentación relativa a su hijo”, señala.

Entre todas las piezas destaca precisamente esa carta escrita y firmada por la propia Mariana, que, tras el estudio realizado por los especialistas de la librería, constituye “el documento manuscrito suyo más extenso que se conserva en la actualidad”. Hasta ahora, explica el librero, únicamente se conocían algunas firmas en documentos oficiales y una carta incompleta conservada en Granada.

La aparición de este fondo ayuda también a comprender hasta qué punto la memoria material de Mariana Pineda fue deliberadamente desmantelada tras su ejecución. Rodrigo recuerda que, una vez condenada a muerte, las autoridades irrumpieron en su vivienda y se llevaron prácticamente todas sus pertenencias. “Entraron en su casa y lo arramblaron con todo”, explica. Aquel saqueo, unido al paso del tiempo, convirtió en excepcional cualquier documento original relacionado con la joven liberal.

Quizá por eso la historiadora insiste en que el archivo no puede acabar nuevamente oculto en una colección privada. “La Junta de Andalucía está casi obligada”, afirma. No habla únicamente de una compra patrimonial, sino de una responsabilidad con la memoria colectiva. “Que todo eso esté a disposición de los historiadores y del mundo entero”, reclama. Incluso reconoce que, si hubiera podido permitírselo, ella misma habría adquirido el fondo. “Si yo tuviera 40.000 euros lo compraba”, asegura entre risas.

Paradójicamente, el archivo no acaba de aparecer. Lleva más de dos años buscando comprador sin éxito. Según explica Iker, durante ese tiempo fue ofrecido a distintas administraciones públicas, aunque ninguna mostró interés por adquirirlo. La situación cambió hace apenas unas semanas, cuando el Archivo Histórico Provincial de Granada, dependiente de la Junta de Andalucía, contactó con la librería para solicitar toda la documentación técnica sobre el legado. Desde entonces, la venta permanece paralizada mientras la Administración estudia la operación.

“La pieza está reservada”, explica el librero. El procedimiento, añade, será largo. Primero deberá completarse la valoración técnica del fondo, posteriormente determinar su interés patrimonial, encontrar la correspondiente partida presupuestaria y, finalmente, negociar la adquisición. “Como toda relación con la administración, los procesos son bastante lentos. Llevará meses seguramente”, resume. Astarloa está acostumbrada a este tipo de operaciones. Entre sus principales clientes figuran el Ministerio de Cultura y distintas bibliotecas y archivos públicos autonómicos y provinciales, por lo que el proceso, aunque lento, entra dentro de la normalidad en el mercado del patrimonio documental.

Una oportunidad para reparar parte de la historia

La posible adquisición del archivo llega en un momento en el que la figura de Mariana Pineda ha recuperado parte del reconocimiento institucional y ciudadano que le fue negado durante décadas. Durante el franquismo su nombre desapareció de colegios, homenajes y espacios públicos por representar precisamente aquello que el régimen combatía: la defensa de las libertades y los ideales constitucionales.

Para Rodrigo, sin embargo, todavía queda mucho por recuperar. “Mariana es una figura extraordinaria, no solamente para España, sino para el mundo”, sostiene. La escritora la define como “una de las primeras feministas”, una mujer que defendió la libertad en una época en la que ni siquiera existía un movimiento organizado que reclamara la igualdad entre hombres y mujeres. “Es una persona de estos días nuestros”, resume.

Esa es precisamente la trascendencia del archivo. No solo permitiría conservar el manuscrito más importante que se conoce de Mariana Pineda, sino reconstruir parte de una biografía que durante casi dos siglos permaneció incompleta por la desaparición de buena parte de sus documentos personales. Un legado que sobrevivió a registros, saqueos, al olvido y al paso del tiempo, y cuya incorporación al patrimonio público supondría recuperar una parte de la historia de Andalucía que estuvo a punto de desaparecer para siempre.

Pese a la insistencia de elDiario.es Andalucía por conocer el estado de las negociaciones, la Consejería de Cultura ha preferido no realizar declaraciones sobre la operación, aunque fuentes oficiales sí confirman que se ha preguntado por el lote que está en venta. En todo caso, el desenlace de las negociaciones determinará si uno de los hallazgos documentales más relevantes en torno a Mariana Pineda pasa a formar parte del patrimonio público o continúa en manos privadas.

La escritora canadiense Margaret Atwood ha advertido este lunes sobre el aumento de la censura en países como Estados Unidos, considerado “un faro de libertad” durante la Guerra Fría, y ha asegurado que nunca en la era moderna se habían prohibido tantos libros como ahora en las bibliotecas y escuelas. Así lo ha manifestado la autora de novelas como 'El cuento de la criada' en su discurso tras ser investida doctora 'honoris causa' por la Universidad de Granada (UGR), un acto en el que ha criticado que algunos partidos políticos reivindiquen la libertad de expresión cuando se encuentran en la oposición, pero, una vez alcanzado el poder, promuevan restricciones y ejerzan presión sobre los medios de comunicación.

Atwood ha afirmado que los profesores de humanidades están “sitiados” en las universidades norteamericanas, donde sus materias están siendo tachadas como “no esenciales” en una época caracterizada por el rápido cambio tecnológico y la innovación científica.

La escritora, que ha defendido el papel de las humanidades, ha subrayado que es precisamente esta área del conocimiento la que enseña a las personas a pensar, a crear y a comprender a los demás, especialmente “a quienes son diferentes a uno mismo”.

Según ha sostenido, es fundamental que los individuos conserven la capacidad de cuestionar sus propias certezas: “Una sociedad que ya no puede pensar con claridad y que ya no puede cuestionar sus propias suposiciones se dirige hacia el precipicio”, ha aseverado en su discurso en el Hospital Real de Granada.

La también autora de 'Los testamentos' ha recordado que el régimen retratado por George Orwell en su novela '1984' persigue consolidar su poder eliminando del lenguaje cualquier palabra que permita a la gente pensar y tener una opinión crítica.

En esa línea se ha preguntado si la inteligencia artificial desempeñará un papel similar a esa “policía del pensamiento” de Orwell: “¿Será capaz la IA de lograrlo? Averigüémoslo”, ha expresado.

Atwood ha enmarcado esta situación de las humanidades y el pensamiento en un contexto internacional que ha definido como una “tormenta perfecta” de crisis simultáneas, como la económica, las guerras de Ucrania, Gaza e Irán, y la degradación del medioambiente.

En este sentido ha compartido su preocupación por la extinción de especies, el deterioro de los ecosistemas y la destrucción de hábitats animales, vegetales y humanos: “Necesitamos oxígeno para respirar, y si destruimos la vida de los océanos, se acabará”, ha subrayado.

A estos desafíos ha añadido las dificultades económicas, como el aumento de los precios y la pérdida de empleos, además del endeudamiento público y el riesgo de hambrunas, factores que, como ha recordado, precedieron históricamente a episodios de gran inestabilidad como la Revolución Francesa.

Pese a este escenario, Atwood ha considerado que España se encuentra en una posición “relativamente favorable” y ha destacado que cuenta con una rica historia y una notable diversidad cultural, por lo que no ha considerado probable que se convierta en una dictadura totalitaria en un futuro próximo.

Además, ha planteado incluso la posibilidad de que, si el contexto internacional se vuelve “más sombrío”, España se podría convertir en un “santuario para la preservación de la alfabetización y el saber”: “No es algo descabellado”, ha expresado. Por su parte, el rector de la UGR, Pedro Mercado, ha destacado los valores de Margaret Atwood y su defensa de los derechos humanos.

Así, ha señalado que su nombramiento como doctora 'honoris causa' representa la convergencia entre una trayectoria “excepcional” y una institución que desde 1531 se ha comprometido con el conocimiento, la libertad y su responsabilidad con la sociedad.

El megaproyecto para levantar una fastuosa terminal en el Puerto de Motril que meta de lleno a la capital de la Costa Tropical en la gran liga mediterránea del turismo de cruceros ha quedado varado a medio camino. Hace dos años la multinacional ITM logró hacerse con el derecho a construir una gran infraestructura privada de 60.000 metros cuadrados, levantando una considerable polvareda tanto en el Puerto (porque afectaba a concesiones vigentes) como en la capital granadina, por el presumible impacto de abrir un “puerto base” para 20.000 cruceristas diarios a una hora de La Alhambra.

Fuentes portuarias dan ya por muerto el proceso para poner los terrenos a disposición de ITM, a través de su filial MDT Port: 60.000 metros cuadrados del Puerto de Motril concedidos en trámite de competencia de proyectos en agosto de 2024, sin que se presentara nadie más. La promotora ha desistido, y ahora el Puerto motrileño apunta a una dimensión mucho menor: poco menos de 2.500 metros cuadrados. El de Motril es uno de los ocho puertos andaluces de interés general, por lo que dependen orgánicamente del Puertos del Estado, que no ha respondido a las preguntas de este medio.

Aunque el Puerto niega que sea la primera etapa de un proceso que sirva para llegar al proyecto inicial por fases, otras fuentes consultadas por este medio explican que, a partir de esa pequeña parcela, podría ir escalando luego hasta algo más parecido a la idea original. Según la respuesta del Puerto a este medio, la empresa puede solicitar nuevas concesiones, pero la ampliación hacia espacios colindantes es inviable “a corto plazo”.

Expansión en Europa y gran proyecto en Motril

ITM, que opera varios puertos en el Caribe, está en plena expansión por el sur de España, y ha puesto sus ojos en Cádiz, Motril y Melilla. Su negocio está en convertir el destino en resorts capaces de sumar a la operativa puramente portuaria los servicios de hospitality, comerciales y el desarrollo inmobiliario. Su plan para Motril consistía en invertir 30 millones de euros en una nueva terminal de cruceros “tematizada”, un “pueblito andaluz” con capacidad para recibir 350.000 al año, una cifra que multiplicaría por seis los que recibe actualmente. La concesión del espacio portuario estaba prevista para 50 años, ampliables a 75.

ITM superó el trámite de competencia de proyectos (anunciado en BOE) sin oposición en agosto de 2024 y las autoridades del Puerto empezaron a anunciarlo en medios con entusiasmo, al ver en la idea una oportunidad extraordinaria para garantizar ingresos y sumarse a la tendencia de otros tantos en el Mediterráneo español: integrar el puerto en la ciudad, orillando actividades típicamente portuarias en favor del tráfico de turistas y las actividades comerciales y de restauración. El Presidente del Puerto, José García Fuentes, llegó a anunciar que las obras se iniciarían en 2026.

Sin embargo, la idea topó con varios inconvenientes: el primero, el presumible efecto que podría tener un aumento de los flujos turísticos en Granada y, particularmente, en La Alhambra, ya muy saturada. El pasado 25 de mayo Martina Velarde, diputada de Podemos, preguntó por escrito al Ministerio de Transportes si iba a paralizar cautelarmente el proyecto, alertando de la presión turística que ya sufren barrios como el Albaicín, los límites de La Alhambra y el riesgo de hipotecar el “futuro turístico, patrimonial y urbano” de la ciudad nazarí con una concesión de este calado a 50 años.

En el Puerto, sin embargo, creen que partir casi de cero permite gestionar con tino el flujo de cruceristas, y subrayan que la propia infraestructura portuaria allí, a bastante distancia de la ciudad, aleja el riesgo de saturación que sí se percibe en Málaga, Cádiz o Málaga. Trabajan con la Universidad de Granada en un estudio sobre la sostenibilidad y siguen creyendo que no hay riesgo, tampoco para La Alhambra, porque la temporada alta de cruceros es temporada baja en el destino, y estos cruceristas se repartirían entre la capital nazarí, la Costa Tropical, el Valle de Lecrín, Las Alpujarras o incluso Almería.

Otro problema añadido, este de tpo legal, es que había optado por un trámite de competencia de proyectos, a pesar de que la Ley de Puertos obliga a convocar un concurso para la concesión de terminales de pasajeros.

A ello se sumó un caso de posible conflicto de intereses. La encargada de la expansión europea de ITM, y por tanto el desembarco en Motril, era hermana del exdirector director del Puerto, cargo del que dimitió alegando “motivos personales” dos meses antes de que se presentara el proyecto. Pasó entonces a ocupar la dirección de negocio del organismo. En enero, dos meses después de que este medio desvelara su relación familiar, Francisco José González-Méndez se desvinculó de la Autoridad Portuaria tras veinte años en la institución, la mitad de ellos como director. Una renuncia sin apenas precedentes en el sistema portuario español. El Puerto enmarca su renuncia en razones de su “esfera personal”, pero fuentes portuarias explican que se trató de un despido pactado con origen en la polémica y otros conflictos abiertos. También su hermana se desvinculó de ITM.  

A todas estas dudas se sumaban las cuestiones estrictamente operativas: al menos uno de los concesionarios de graneles debía abandonar su concesión para hacer hueco a los cruceros, y se negó. La negociación para indemnizarlo y/o procurarle un espacio alternativo no fructificaron. Esto puso la puntilla.

Nuevo proyecto que evita la competencia

A la renuncia al proyecto de 60.000 metros cuadrados, que la Autoridad Portuaria defendió públicamente hasta el pasado febrero, le ha seguido la casi inmediata solicitud de apertura de un proyecto parecido, pero miniaturizado.

El BOE del pasado 3 de junio anunció que MDT Port ha solicitado concesión demanial para ocupar 2.494,55 metros cuadrados en el muelle de graneles para construir “una infraestructura para la prestación de servicios turísticos y comerciales” a cruceristas.

Ni la superficie ni la terminología parecen casuales. La superficie solicitada, 24 veces inferior a la inicial, tiene la ventaja para el concesionario de evitar la competencia. El artículo 83 de la Ley de Puertos del Estado habilita a las autoridades portuarias para el “otorgamiento directo” cuando la superficie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros. La solicitud en este caso es cinco metros cuadrados inferior. Además, al llamarlo “infraestructura” se sortea la denominación “terminal”, esquivando así la obligación de sacar a concurso las terminales de pasajeros prevista por el artículo 86.

La responsable corporativa de ITM no ha respondido a la solicitud formulada por este medio. Por su parte, la Autoridad Portuaria asegura que es un “nuevo proyecto” sin relación con el anterior, pero aclara que la empresa puede solicitar en el futuro nuevas concesiones en “otras zonas del puerto”. Respecto a la ampliación a parcelas colindantes, estaría descartada “a corto plazo”. y estaría condicionada a que vayan extinguiéndose las concesiones de graneles aún vigentes.

En la idea original, el desembarco de pasajeros de cruceros es sólo el primer paso de una experiencia completa de ocio en una especie de parque temático de inspiración andalusí, que sirva a la vez de centro de recepción comercial y de servicios, y de lanzadera hacia otros destinos en el entorno. Sin embargo, el faseamiento de una gran terminal de cruceros levantada sobre la suma de pequeñas parcelas concedidas por otorgamiento directo levanta dudas legales, pues estaría sorteando la obligación de que las terminales se adjudiquen por concurso.

Raúl, nombre ficticio por recomendación de su abogada, no puede ocultar su indignación. Él es uno de los seis investigados por la Policía Nacional por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos tras los incidentes registrados durante un acto de precampaña protagonizado por el líder de Vox, Santiago Abascal, en Granada el pasado 16 de abril. Según este activista antifascista, la investigación se está dirigiendo básicamente contra quienes participaron en la protesta, pese a que sostiene que la actitud que mantuvieron fue pacífica y que los episodios de violencia comenzaron cuando varios asistentes al mitin, junto a miembros de la seguridad que acompañaba al dirigente de Vox, avanzaron hacia la concentración.

Según la cronología de los propios investigados, se organizó una protesta en el entorno de la Catedral de Granada, muy próxima a la plaza de las Pasiegas, donde se celebraba el mitin. La convocatoria, aseguran, se difundió de manera informal a través de redes sociales y de distintos colectivos sociales. Al grito de “no pasarán”, “no a la guerra” o “Granada será la tumba del fascismo”, decenas de personas trataron de mostrar su rechazo a la presencia de Abascal, manteniéndose en una calle contigua al escenario desde el que intervenía el líder de Vox.

La tensión fue aumentando conforme avanzaba el acto. Desde el escenario, Abascal denunció que los manifestantes estaban cometiendo un “delito electoral” al impedir el desarrollo normal del mitin y llegó a decir que no comenzaría su intervención hasta que fueran desalojados. De hecho, argumentó que, si eso no ocurría, avanzaría él mismo por la calle en la que se encontraban los manifestantes. Algo que acabaría haciendo instantes después cuando se produjo el encontronazo entre ambos grupos.

Lo que iba a ser una movilización de protesta acabó derivando en una escena de tensión en la que intervinieron manifestantes, agentes de la Policía Nacional, asistentes al acto y miembros de la seguridad privada que acompañaba a Abascal. Según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, el balance de aquella tarde fue la detención de un hombre de la seguridad privada de Abascal acusado de golpear con el mástil de una bandera a un agente y la apertura de una investigación que, semanas después, se ha traducido en otras cinco detenciones practicadas en comisaría contra activistas antifascistas y un total de seis personas investigadas por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. El atestado ya ha sido remitido al juzgado y todos ellos permanecen a la espera de que la autoridad judicial decida cómo continúa el procedimiento.

Abascal se saltó el cordón policial

Precisamente esa investigación es la que ha desatado una fuerte polémica entre colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos, que denuncian que las diligencias policiales sólo se están dirigiendo contra quienes participaron en la protesta antifascista, mientras que no conocen actuaciones similares contra asistentes al acto de Vox que, según sostienen, también protagonizaron episodios violentos.

Así lo explica a este periódico Raúl, uno de los investigados, que prefiere mantener el anonimato mientras el procedimiento judicial continúa abierto. “La manifestación se convocó de forma totalmente pacífica y todo está grabado. Hay vídeos en redes sociales, en televisión... Se puede ver perfectamente lo que pasó”, sostiene.

Su relato sitúa el punto de inflexión cuando Abascal abandonó el escenario y un grupo de personas de su entorno avanzaron hacia la calle en la que se encontraban los manifestantes. “Cuando Santiago Abascal decide que esa manifestación no le agrada, manda a toda su gente. Se saltan el cordón policial y, lejos de proteger a las personas que nos estábamos manifestando pacíficamente, la Policía arremete contra nosotros”, asegura.

Raúl sostiene que él ni siquiera fue identificado durante los incidentes. Según explica, los agentes le dieron el alto cuando ya se encontraba lejos del lugar de la concentración. “A mí me identifican como a un kilómetro de la manifestación, de manera totalmente aleatoria. Pensé que aquello quedaría ahí”, recuerda. Sin embargo, días después recibió una llamada de la Policía Nacional. “Me dijeron que tenía que ir a comisaría para informarme sobre unos hechos relacionados con el 16 de abril. Fuimos varios compañeros junto a nuestra abogada y, cuando llegamos, nos detuvieron para comunicarnos los delitos por los que nos investigaban”.

Esa forma de actuar es una de las cuestiones que más llama la atención de los investigados. Según explica uno de ellos, los agentes les comunicaron que existían grabaciones en las que supuestamente aparecen participando en hechos delictivos, aunque asegura que nunca les enseñaron ese material. “La Policía nos dijo que nos tenía grabados, pero no nos ha enseñado ningún vídeo. Nos dijeron que la investigación seguía abierta y que estaban identificando a más personas”.

La APDHA denuncia a miembros de Vox

Para este activista, el problema no es únicamente la investigación, sino el sentido de ésta. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros. Los que actuamos en nombre del antirracismo, del antifascismo y de la democracia somos siempre los perseguidos”. Su testimonio coincide en buena parte con la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha solicitado al juzgado que investigue también la actuación de varios asistentes al acto de Vox y del personal de seguridad privada.

En su escrito, la organización sostiene que la concentración antifascista estaba ejerciendo de forma pacífica su derecho de manifestación cuando varios asistentes al mitin irrumpieron en la protesta tras las declaraciones de Abascal, provocando la alteración del orden y perturbando el ejercicio del derecho de reunión. Esta organización solicita también que se investigue el posible uso de defensas extensibles por parte de particulares y reclama que se incorporen a la causa todas las grabaciones disponibles del incidente, tanto de medios de comunicación como del propio partido, además de información sobre el operativo policial desplegado aquel día.

No obstante, la investigación contra los seis activistas ha propiciado la creación de la Plataforma de Apoyo 16 de Abril. Este colectivo denuncia que las actuaciones policiales persiguen “amedrentar a quienes se manifiestan pacíficamente” y critica que, mientras seis manifestantes ya están siendo investigados por la justicia, no tenga constancia de diligencias similares contra quienes, según su versión, protagonizaron las agresiones desde el entorno de Vox.

Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso. La justicia deberá decidir ahora si los indicios recopilados por la Policía Nacional justifican continuar la causa contra los seis investigados o si, por el contrario, procede a archivar las diligencias. Hasta entonces, Raúl asegura que la sensación con la que conviven todos ellos es difícil de sacudirse. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros”.

Desde el pasado lunes, en el centro de salud de Atarfe contienen la respiración. Desde ese día, este ambulatorio cuenta con una ambulancia menos desde la medianoche y hasta las ocho de la mañana, lo que dificulta tanto la atención médica que provoca un efecto en cascada que afecta a otros municipios. Con la plantilla mermada por falta de personal de cara al verano y con una ambulancia menos, el centro de salud puede verse obligado a cerrar por no tener sanitarios que puedan atender en el momento a una población que supera las 40.000 personas. No son solo las que viven en Atarfe, sino también las que lo hacen en Albolote.

Mientras la Junta de Andalucía defiende que no se ha perdido un recurso, sino que se ha reorganizado, los sanitarios del centro de salud de Atarfe llevan días movilizándose a las puertas del centro exigiendo que se les vuelva a dotar de la ambulancia no medicalizada con la que contaban a partir de la medianoche. Hasta ahora, tenían esa y una UVI móvil que será la única que quede disponible cada madrugada. Aunque se trata de una ambulancia más avanzada, en realidad es un problema añadido porque, al estar medicalizada, necesita que en ella viajen no solo el técnico sanitario que la conduce sino al menos un médico, lo que deja en cuadro al personal de un ambulatorio que tiene una demanda razonable por las noches.

Esto, en la práctica, significa que cuando la UVI móvil sale a un aviso o a un traslado hospitalario, el equipo sanitario que queda en el centro de salud tiene que asumir en solitario toda la actividad de urgencias, tanto la atención presencial como los avisos domiciliarios. Y si en ese intervalo entra una segunda emergencia, la respuesta ya no depende del centro, sino de la disponibilidad de recursos en Santa Fe o Armilla, que cubren un área amplia y no siempre están libres. “Con que salgamos nosotros a un aviso, si sale otro por la noche hay que esperar a la de Santa Fe o Armilla, que cubren zonas muy amplias y que es probable que estén ocupadas”, explica una de las médicas del dispositivo.

La consecuencia directa de esta “reorganización”, como la bautiza la Junta, es que el centro de salud puede verse obligado a cerrar su punto de urgencias en determinados momentos de la noche, una posibilidad que los profesionales no plantean como excepción, sino como escenario real cuando coinciden salidas y nuevas demandas asistenciales. “Vamos a tener que cerrar la urgencia muchas veces”, denuncian.

Recursos escasos cada noche

Porque el problema, insisten, no es sólo de ambulancias. Es de tiempos y de simultaneidad. De la capacidad que van a tener para responder cuando dos urgencias graves ocurran al mismo tiempo en un territorio que no se ha reducido, sino que ha crecido en población y en presión asistencial. Atarfe y Albolote suman en torno a 40.000 habitantes, pero el volumen de atención nocturna, según la plantilla, se comporta como el de dispositivos de mayor tamaño. “Esa cantidad de presencialidad por la noche es equiparable a lo que yo veía en Motril, con una población superior y tres equipos en el centro”, señala otro médico del dispositivo, que regresó recientemente tras varios años fuera del área.

Según ese mismo facultativo, la diferencia entre el diseño teórico que hace la Junta de Andalucía de los recursos de los que se dispone y su funcionamiento real distan mucho de parecerse. La reorganización, según la Junta de Andalucía, no supone pérdida de recursos, sino una mejora en la capacidad de resolución al reforzar la ambulancia de soporte vital avanzado, que ahora pasa a ser el recurso principal en horario nocturno.

Sin embargo, los profesionales sostienen que esa ambulancia ya existía previamente y que el cambio no es la incorporación de un recurso nuevo, sino la desaparición de otro que cumplía una función distinta: los traslados no medicalizados, que permitían descongestionar el sistema sin movilizar equipos sanitarios completos. La diferencia, explican, no es menor. Porque la UVI móvil requiere personal sanitario a bordo, lo que reduce la disponibilidad de profesionales en el centro de salud cada vez que se activa una salida. “Eso es lo que dicen ellos, que en la teoría es muy bonito. Pero no saben cómo trabajamos ni el tipo de población que manejamos”, cuenta una de las médicas.

La tensión se acumula además sobre un dispositivo que ya venía funcionando con limitaciones de personal. Según los profesionales, desde enero se conocía la salida de parte del personal de apoyo, sin que esas plazas hayan sido cubiertas. A ello se suma la falta de sustituciones en vacaciones y bajas, lo que ha ido reduciendo progresivamente la capacidad del equipo. El resultado es un sistema en el que las guardias se reparten sobre una plantilla cada vez más ajustada, con semanas que, en algunos casos, alcanzan las 80 horas de trabajo. “Hay veintitantas guardias sin repartir que tenemos que asumir el personal que ya está”, señalan. Además, como falta personal, ante avisos simultáneos, el centro también queda al borde del cierre durante el día en periodos vacacionales.

Una población que no para de crecer

La situación se agrava en un contexto de crecimiento poblacional que no se detiene en el área metropolitana de Granada. En la última década, Atarfe ha sumado varios miles de habitantes, en torno a un 16% más, según los profesionales. Un incremento que no ha ido acompañado, denuncian, de un aumento equivalente de recursos. A ello se añade otro elemento que los sanitarios consideran estructural: la falta de un tercer equipo de urgencias que permitiría evitar el cierre del centro cuando coinciden varias salidas simultáneas. Una demanda que, según explican, sí se ha atendido en otros dispositivos de características similares.

Al mismo tiempo, el centro de salud mantiene desde hace tiempo reclamaciones relacionadas con la seguridad. Los profesionales denuncian agresiones verbales frecuentes y episodios de violencia física ocasional, y reclaman una reorganización de la vigilancia que priorice las horas nocturnas, cuando el centro queda más expuesto si el equipo sale a atender avisos. Mientras tanto, las nuevas urgencias del centro de salud de Atarfe siguen sin abrir, pese a que la obra está finalizada. Su puesta en marcha depende todavía de su dotación completa de personal y equipamiento, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre a un dispositivo que ya funciona en tensión permanente.

En ese escenario, la reorganización de ambulancias no se percibe como un ajuste técnico, sino como un punto de inflexión operativo. No por lo que cambia sobre el papel, sino por lo que puede ocurrir cuando varias emergencias coinciden en el mismo momento y los propios sanitarios sólo disponen de una respuesta posible.

A Emilia Llanos el olvido la sometió en vida, eligiendo su propia muerte social, y la persigue hasta el día de hoy, más de medio siglo después de su fallecimiento. Leyendo estas líneas, quizás pocas personas puedan saber quién fue, salvo por el titular de este reportaje, pero Emilia resultó ser tan relevante en la Granada de hace un siglo, que su sola presencia fue esencial en la vida de Manuel de Falla, Ismael González de la Serna y sobre todo Federico García Lorca. Era la dama de la Granada más cultural de principios del siglo XX y hoy es su seña invisible.

Nacida en Villanueva del Arzobispo (Jaén) en 1885, su vida sería la de una cuna de clase media-alta. Hija de Guardia Civil, hermana y descendiente de militares, Emilia Llanos vivió rodeada de un abolengo del que, cuando los años y una enfermedad respiratoria la recluyeron durante algún tiempo en la casa de Granada a la que fue a vivir, logró escapar a través del arte y la literatura. Encerrada entre cuatro paredes, la que acabaría siendo el amor platónico de Lorca, fue la mujer más intelectual de los años 10, 20 y 30 del pasado siglo de la ciudad.

Interesada por escritores de otros países, por el arte menos conocido y por los temas que merecían ser debatidos en tertulias, logró situarse como el referente para la generación de plata del ambiente artístico granadino. Así lo recuerda José Javier García Montero, uno de sus mayores estudiosos: “Ismael de la Serna, Manuel de Falla o Federico acudían a ella atraídos por su conocimiento del arte y la literatura”. Causando, además, un interés físico que, por su belleza, era prácticamente obligatorio.

Pero cómo no iba a causar interés una mujer que además vivía en la Alhambra. Primero en la Puerta del Vino y después en la Calle Real del monumento nazarí, Emilia Llanos estableció en la ciudad palatina su cuartel general de sueños. Allí leyó, aprendió y divulgó las novelas, los ensayos y las líneas que llegaban a sus manos y que permitieron ser libre a una mujer de una época en la que la libertad no siempre estaba disponible para ellas. A principios del pasado siglo, comenzó a moverse por el ambiente intelectual granadino, lo que acabaría uniéndola de por vida a Federico García Lorca.

La musa de Federico

De hecho, el encuentro entre Federico García Lorca y Emilia Llanos tiene algo de mito fundacional. Agosto de 1918. Él, un joven inquieto que todavía no había construido el nombre que hoy lo atraviesa todo y ella, una mujer ya formada, trece años mayor, que leía a Maurice Maeterlinck cuando casi nadie en Granada sabía siquiera pronunciarlo. Bastó una visita para que al día siguiente Lorca regresara solo con un ejemplar dedicado de “Impresiones y paisajes”. “A la maravillosa Emilia Llanos, tesoro espiritual entre las mujeres de Granada”, escribió. No era una fórmula. Era una declaración de intenciones.

A partir de ahí, la relación se sostuvo en algo más profundo que la fascinación inicial. Paseos por la Alhambra, conversaciones interminables, libros que iban y venían, versos leídos en voz alta antes de ser publicados. “Llegaron a ser confidentes absolutos”, dice García Montero. Y añade una afirmación que tensiona el relato más conocido: “Yo creo que sí hubo romance”. Las cartas, con su lenguaje de cortejo, y la insistencia de Lorca en convertirla en interlocutora única, apuntan a una relación que desborda lo estrictamente intelectual sin necesidad de ser reducida a una historia de amor convencional.

Un intercambio de misivas entre ambos es lo que mejor explica esta relación. A finales de 1920, un Federico que ya vive en la Residencia de Estudiantes de Madrid y que está completamente embelesado por Emilia, le escribe confesándole su admiración romántica: “Ayer paseaba por la Carrera de San Jerónimo y vi a una mujer que se parecía a ti: igual de alta, igual de elegante”. Llega incluso a rogarle que le envíe una fotografía “para que pueda verte más a menudo” y a cambio él le dedicaría un poema. A lo que la propia Emilia contesta días después rebajando las expectativas y la emoción del artista granadino. “Le dice amigo varias veces en su respuesta”, explica García Montero.

Un rechazo que, lejos de suponer el final de la relación entre los dos, acabará teniendo episodios que algunos estudiosos asumen que fueron de algo más que amigos, sobre todo en sus encuentros madrileños. Hay pruebas incluso de que Emilia fue importante en la creación de “Doña Rosita la soltera”. Todo pese a que a Vicenta, la madre de Federico, no le gustaba demasiado por ser “demasiado avanzada a su época”. Pese a ello, la relación entre ambas también acabó siendo duradera y cordial.

Porque si algo define a Emilia Llanos en ese vínculo es que no ocupa el lugar que la historia suele reservar a las mujeres: no es musa, no es acompañante, no es nota al pie. Es parte activa de la conversación cultural de su tiempo. Participa en la organización, junto con Manuel de Falla, del Concurso de Cante Jondo de 1922, se sienta en las tertulias donde apenas había presencia femenina y se convierte en referencia para quienes pasaban por la ciudad. “Era la persona a la que acudían cuando venía alguien importante a Granada”, explica el investigador. No estaba en los márgenes: sostenía el centro.

Marchante de antigüedades

Su vida, además, desborda cualquier etiqueta simplificadora. Comerciante de antigüedades, intermediaria en operaciones de alto nivel artístico, anfitriona de intelectuales, modelo en campañas publicitarias de la época. Amiga de Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, con la que llega a establecer una relación en el mundo de la compraventa de reliquias. Emilia, en palabras de su estudioso, “era muy importante, influyente en muchos aspectos”. Y, sin embargo, sometida a un control constante: no podía pasear sola, necesitaba acompañante, vivía dentro de un corsé social que limitaba incluso la expresión de sus propios deseos. “Qué tonta fui”, llegaría a escribir años después al recordar un poema que Lorca le dedicó. La conciencia de lo que no pudo ser también forma parte de su biografía.

El verano de 1936 rompe definitivamente ese equilibrio precario. El asesinato de Lorca no sólo acaba con una vida: desmantela otra. Emilia intenta intervenir, mover contactos, llegar a quienes podían frenar lo inevitable. “Hizo lo imposible”, señala García Montero. Hay constancia de gestiones incluso con el militar golpista Queipo de Llano, que le contestó quitándose la responsabilidad. Hubo llamadas e intentos de activar influencias en el entorno del poder fascista. No fue suficiente. Y ese fracaso -más que una culpa directa- se convierte en una losa que ya no abandonará.

A partir de ahí, el relato se vuelve opaco. Emilia se encierra en su casa de Plaza Nueva, a la que se trasladó después de abandonar la Alhambra, reduce su vida al mínimo, desaparece del espacio público. “La vida se le rompe”, resume el investigador. Durante años apenas hay rastro de ella, más allá de una existencia suspendida, atravesada por la ausencia. Se sabe que llegó a ser contratada en la propia Alhambra como guía, puesto que pocas personas la conocían mejor que ella. Pero ni escribe, ni publica, ni reconstruye su lugar en la ciudad que había habitado con tanta intensidad. El olvido, en este caso, no llega desde fuera: comienza como una decisión íntima, como una forma de supervivencia.

No será hasta mediados de los años cincuenta cuando vuelva a asomarse, empujada por la investigación de Agustín Penón sobre la muerte de Lorca. Entonces colabora, aporta información, incluso plantea la posibilidad de adquirir terrenos donde podría estar enterrado el poeta. También desliza una idea que sigue incomodando décadas después: que Lorca no se encuentra en Víznar. Su papel en la construcción de la memoria del escritor es activo, pero vuelve a quedar en segundo plano.

El olvido de ser mujer

¿Por qué? La respuesta, en realidad, es más estructural que biográfica. “Lo que ha pasado en Granada es lo que le ha pasado a las mujeres”, afirma García Montero. Emilia no dejó obra firmada, no publicó libros, no construyó un legado que pudiera archivarse en bibliotecas. Su aportación fue otra: tejer relaciones, sostener espacios, impulsar conversaciones. Y esa forma de estar en el mundo, fundamental pero invisible, es la que la historia ha tendido a borrar.

Falleció en agosto de 1967, 31 años después del asesinato de Lorca. Hoy, su tumba en el cementerio de Granada -elegante, discreta, casi silenciosa- funciona como metáfora de todo lo demás. Hace unos años estuvo a punto de ser desahuciada por los impagos propios de una descendencia que tampoco la recuerda. “Tuve que pagar 1.500 euros de mi bolsillo para salvar el nicho porque la querían trasladar a un osario común”, confiesa García Montero.

Afortunadamente, la intervención del estudioso salvó el espacio físico en el que reposa una mujer tan adelantada a su tiempo, que el tiempo se olvidó de ella. Allí descansa una persona que fue central en su época y que, sin embargo, ha quedado fuera del relato. No por falta de relevancia, sino por la manera en que decidimos contar la historia. Porque a veces no se trata de quién estuvo, sino de a quién decidimos mirar.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en la provincia de Granada a una persona por su presunta autoría de un delito de revelación de secretos. El arrestado publicaba en diversos portales de internet datos de carácter personal relativos a integrantes de diferentes instituciones sensibles del Estado, entre ellas el INCIBE, el Ministerio Fiscal, el Consejo de Seguridad Nacional, así como de miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.

Tras la localización del presunto autor, se procedió al registro de su domicilio, donde los agentes intervinieron diverso material informático y tecnológico que ya está siendo analizado por los especialistas policiales.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, se inició tras detectar la difusión masiva de estos datos, lo que generaba un riesgo inmediato para la seguridad e integridad de los afectados y de las propias instituciones. Ante la gravedad de los hechos, se activó de forma urgente un dispositivo de localización y detención que culminó el pasado miércoles 27 de mayo con la detención del autor y el registro de su domicilio.

Esta investigación ha puesto el foco en el creciente riesgo que representan las campañas de exposición masiva de datos personales en Internet, especialmente cuando afectan a miembros de instituciones estratégicas del Estado. Este tipo de prácticas, conocidas en el ámbito cibernético como doxing, pueden facilitar amenazas, extorsiones o acciones coordinadas contra funcionarios públicos y organismos sensibles.

Es especialmente relevante la rapidez con la que se activó el dispositivo policial, dada la naturaleza de la información difundida y el potencial impacto sobre la seguridad operativa de las instituciones afectadas. La operación continúa abierta con el objetivo de esclarecer la posible implicación de otras personas y desarticular, de forma completa, la red de perfiles implicados en esta campaña de señalamiento y amenazas.

Hubo un tiempo en el que el actual Geoparque de Granada no era un territorio de cárcavas secas, ramblas erosionadas y badlands imposibles. Lugares que parecen estar muy lejos, pero que se encuentran en plena geografía andaluza. Donde hoy el paisaje parece casi lunar, hace un millón y medio de años existía un enorme humedal habitado por hipopótamos gigantes, grandes depredadores, hienas, grullas y patos adaptados a aguas salobres. Un vergel prehistórico en mitad de lo que hoy es uno de los paisajes más áridos de Andalucía.

Una investigación liderada por paleontólogos de la Universidad de Málaga ha conseguido ahora reconstruir parte de aquel ecosistema desaparecido gracias al hallazgo y estudio de unos fósiles extraordinariamente raros: restos de aves hallados en el yacimiento de Venta Micena, en el Geoparque de Granada. El estudio, publicado en la revista científica Swiss Journal of Palaeontology, ha identificado fósiles de tres especies diferentes —un tarro blanco, una grulla gigante y un cuervo— que ayudan a entender cómo era la cuenca de Baza durante el Pleistoceno inferior y cómo el actual paisaje semidesértico fue, durante cientos de miles de años, un gigantesco sistema lacustre.

“Hoy el paisaje es muy semidesértico. Pero sabemos que eso no ocurría”, explica a elDiario.es Andalucía Paul Palmqvist, catedrático de Paleontología de la Universidad de Málaga y uno de los líderes de la investigación. “Hemos calculado un lago de unos 1.100 kilómetros cuadrados”. La relevancia del hallazgo no reside únicamente en las especies encontradas, sino en algo mucho más difícil: haber encontrado fósiles de aves.

Sobre los más de 25.000 fósiles recuperados en Venta Micena tras décadas de excavaciones, sólo 18 pertenecían a aves. Y apenas siete conservaban suficiente integridad anatómica como para poder ser identificados. “Los huesos de las aves están huecos. Si no, no podrían volar”, explica Palmqvist. A diferencia de los mamíferos, sus restos son mucho más frágiles, pequeños y ligeros, lo que hace enormemente improbable que sobrevivan durante millones de años.

Además, el contexto tampoco ayudaba. Venta Micena, que también alberga restos humanos que evidencian que hubo asentamientos en la zona, fue un lugar en el que habitaban hienas gigantes capaces de fracturar incluso huesos de grandes elefantes para acceder a la médula. Que algunos restos de aves hayan llegado hasta hoy es, en la práctica, una anomalía paleontológica. “Sobre más de 25.000 fósiles, sólo hemos detectado 18 de aves”, insiste el investigador.

Un lago gigantesco donde hoy hay desierto

La investigación refuerza una idea que la geología llevaba tiempo poniendo encima de la mesa: el actual Geoparque de Granada es el resultado de una transformación climática y tectónica gigantesca. Durante buena parte del Plioceno y del Pleistoceno existió en la cuenca de Guadix—Baza un gran lago interior alimentado por un sistema fluvial que recogía agua desde Sierra Nevada y por manantiales hidrotermales. Aquel humedal llegó a ocupar más de mil kilómetros cuadrados.

“Hoy en Orce llueven unos 300 milímetros anuales. Hemos calculado que entonces podía llover aproximadamente el triple”, señala Palmqvist. Aquellas precipitaciones, unidas a una configuración geológica distinta, permitían mantener una enorme masa de agua permanente donde prosperaba una fauna que hoy resultaría impensable en el norte de la provincia de Granada. Hipopótamos más grandes que los actuales, félidos de dientes de sable, grandes hienas carroñeras y los primeros grupos humanos de Europa occidental convivieron en aquel paisaje húmedo que acabó desapareciendo tras el drenaje natural de la cuenca hacia el Guadalquivir. Ese vaciado del lago inició una erosión acelerada que terminó formando las cárcavas y badlands que hoy caracterizan al Geoparque. “La erosión es precisamente la que nos permite acceder hoy a los fósiles”, cuenta Paul Palmqvist.

No obstante, de las tres especies halladas, quizá la más reveladora sea el tarro blanco, un ave acuática muy asociada actualmente a marismas, estuarios y zonas de aguas salobres —aguas saladas, pero en menor cantidad que las del mar abierto, lo que hace que sean óptimas para el consumo de algunos animales—. “Hemos tenido suerte de encontrar el pato más informativo posible”, afirma Palmqvist porque la presencia de esta especie demuestra que alrededor del gran lago existían áreas de poca profundidad sometidas a una intensa evaporación, donde aumentaba la concentración de sal y proliferaban pequeños caracoles de los que se alimentaban estas aves.

La grulla encontrada, de mayor tamaño que las actuales, confirma también la existencia de humedales permanentes. Y además aporta otro dato relevante: probablemente aquellas aves no eran migratorias. Mientras hoy las grullas y la mayoría de tarros blancos sólo pasan el invierno en la península Ibérica, los fósiles hallados en Venta Micena sugieren que hace 1,5 millones de años residían allí durante todo el año y se reproducían en la zona: “Aquello tuvo que estar plagado de aves”.

La investigación también ha permitido reconstruir algo menos visible: las relaciones ecológicas entre los carroñeros del ecosistema. El cuervo identificado en Venta Micena pertenece al registro más antiguo conocido de esta especie en la península. Pero su interés va más allá de la cronología. Los investigadores han asumido que los cuervos hallados formaban parte de la cadena alimenticia de todos los animales que se alimentaban de carne en ese momento, pero que tenían un papel mucho más relevante que el que se ha creído históricamente.

“Los cuervos tenían que estar plagando los refugios de hienas tratando de meterle mano a la comida”, explica Palmqvist. Según afirma, hay estudios actuales realizados en Norteamérica que muestran cómo los cuervos son capaces de robar grandes cantidades de carne a los lobos, alterando incluso el comportamiento de las manadas. Algo que sugiere que en el Geoparque de Granada ya pasaba hace millones de años.

Una pequeña laguna como último vestigio

El estudio conecta además aquel pasado remoto con uno de los humedales actuales más desconocidos del norte de Granada: El Baíco, entre Baza y Benamaurel. Hoy apenas ocupa una pequeña superficie y sólo recupera plenamente agua en los años lluviosos —como este 2026—, después de décadas de drenajes y transformaciones agrícolas. Sin embargo, sigue acogiendo decenas de especies de aves. Para los investigadores, este enclave funciona como una especie de señuelo de aquel gigantesco humedal prehistórico.

“Si hoy un espacio tan pequeño puede albergar más de 50 especies de aves, imagínate lo que debió existir en un lago de más de 1.000 kilómetros cuadrados”, plantea el paleontólogo. “Tenemos algo parecido al Gran Cañón y no somos conscientes”. Palmqvist cree que investigaciones como esta ayudan también a entender el valor patrimonial y científico del Geoparque de Granada, un territorio que considera todavía infravalorado pese a su relevancia internacional.

“Tenemos algo parecido al Gran Cañón del Colorado y muchas veces no somos conscientes”, lamenta. No en vano, el investigador defiende que la paleontología, la geología y la arqueología pueden convertirse en motores económicos para una comarca marcada por la despoblación y la fragilidad económica. “La ciencia histórica puede ser un elemento dinamizador de la economía rural”, afirma.

Porque, en el fondo, los diminutos huesos de aves hallados en Venta Micena no sólo hablan de animales extinguidos. También cuentan la historia de un territorio radicalmente distinto al actual. Uno donde el agua dominaba el paisaje que hoy el tiempo y la erosión han convertido en desierto.

Una carta escrita desde el frente durante la Guerra Civil. Un carné de Falange. Una cartilla de racionamiento. Una fotografía en blanco y negro en la que casi nadie reconoce ya los rostros. Los objetos pasan de mano en mano en un aula de un instituto de Santa Fe (Granada), mientras un grupo de estudiantes explica qué son, de dónde vienen y qué historia esconden. No están leyendo un libro de texto. Están hablando de sus familias.

Durante dos días, el instituto de enseñanza secundaria (IES) Jiménez de Quesada de esta localidad granadina ha convertido sus aulas en una exposición abierta a todo el centro. El alumnado de segundo de Bachillerato ha reunido objetos fechados entre 1936 y 1975 y los ha catalogado, contextualizado y explicado al resto de estudiantes. Pero lo que se muestra sobre las mesas es solo una parte del proyecto. La otra parte ocurre fuera del aula. Cada estudiante elige a una persona mayor de su entorno -abuelos, abuelas u otros familiares-, la entrevista, graba su testimonio y lo convierte en material de trabajo. Lo que empieza como una actividad académica acaba abriendo conversaciones que, en muchos casos, nunca se habían producido.

“Las historias hay que vivirlas también en primera persona y conocer las pequeñas, las que están cerca”, explica Ángela Montes, profesora de Historia y una de las impulsoras de “Memoria Viva”, un proyecto que ya suma seis ediciones entre Santa Fe y Motril. La propuesta nace, en parte, de una limitación. Segundo de Bachillerato está marcado por la presión de la Selectividad, con un temario extenso y poco margen para salirse del guion. “Es un año muy agotador, muy centrado en los apuntes”, señala Montes. “Pero cuando llegamos al siglo XX, todavía hay personas que pueden contar lo que vivieron. Y eso cambia la forma de entenderlo”.

Ese cambio empieza por algo básico: dejar de ver la historia como un relato ajeno. “Tienen que entender que el libro no es un cuento, que esto ha pasado de verdad”, explica la profesora. La distancia temporal, sin embargo, juega en contra. Para una parte del alumnado, la Guerra Civil o el franquismo empiezan a percibirse como episodios lejanos e incluso con tintes frívolos, sin conexión directa con su vida cotidiana. El proyecto intenta romper esa distancia a través de lo más cercano: la memoria familiar.

Historias cercanas

En ese proceso aparecen historias que no estaban en los libros ni en las conversaciones habituales. Relatos que habían quedado guardados durante décadas, a veces por miedo, otras por costumbre. “Cuentan cosas que han tenido dentro muchísimos años. Nadie les ha preguntado. Era un tema tabú”, explica Montes. Las entrevistas no siempre son fáciles. Algunas personas mayores se emocionan al recordar. A veces, también quienes escuchan. “Se me han puesto a llorar algunos alumnos”, reconoce la profesora. Y en ese momento, la historia deja de ser una materia académica para convertirse en una experiencia directa.

En ocasiones, lo que emerge cambia la percepción que el propio alumnado tenía de su familia. “Te voy a contar la verdad: tu abuelo no desapareció, se lo llevaron”, relata Montes sobre algunas de las conversaciones que han surgido durante el proyecto. Son historias que habían permanecido ocultas o edulcoradas y que encuentran, por primera vez, un espacio para ser contadas.

Andrea, estudiante de segundo de Bachillerato, lo define como una experiencia “muy significativa”. En su caso, la actividad ha reforzado un vínculo que ya existía. “Soy muy cercana a mis abuelos y me parece muy bonito incluirlos en una actividad en la que ellos cuentan su experiencia”, explica. Sus abuelos, María Martín y Andrés Rueda, vivieron la posguerra siendo niños. Sus recuerdos no hablan de grandes acontecimientos políticos, sino de la vida cotidiana: la escasez, la necesidad de compartir con los vecinos “por poco que hubiera”, o una estructura social marcada por “una diferencia de clase muy rígida”.

Ese tipo de relatos, alejados de los grandes titulares, son precisamente los que permiten al alumnado aterrizar la historia. “He aprendido a valorar las facilidades que tenemos actualmente”, confiesa Andrea. Y también a cuestionar algunas ideas extendidas entre su generación: “Estas actividades nos sacan del mito y nos muestran cómo fue la realidad de la dictadura”.

Contra el auge del franquismo

La distancia entre relato y realidad es uno de los puntos que más preocupan al profesorado. Montes describe un contexto en el que ciertos discursos han dejado de generar rechazo automático. “Ahora mismo no está mal visto decir barbaridades que antes no se podían decir”, afirma. En el aula, eso se traduce en comentarios, símbolos o consignas que evidencian una banalización del franquismo entre adolescentes: “He escuchado a niños de 12 años decir ‘viva Franco’”.

Frente a ese escenario, el proyecto introduce un elemento difícil de relativizar: el testimonio directo. “Les desmonta muchos mitos y su pensamiento va evolucionando”, explica la profesora. La experiencia no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino abrir preguntas y fomentar una mirada crítica. “Que no se crean todo lo que ven en redes sociales”. Esa falta de un discurso único también se refleja en los materiales. En la exposición conviven cartas del frente con objetos cotidianos, documentos oficiales o símbolos vinculados a la dictadura. “Aquí no hay censura, todo se recibe”, asegura Montes. El objetivo no es construir un relato uniforme, sino mostrar la complejidad de una época a través de las experiencias individuales.

En ese sentido, el aula se transforma en algo más cercano a un archivo o a un museo. “El instituto se convierte en un museo vivo”, señala el director del centro, José Andrés Mateos. Para él, el proyecto representa un cambio de enfoque en la enseñanza de la historia: “Ya no hablamos de una materia basada en la memorización, sino de una disciplina viva”. La clave está en el papel del alumnado. “No estudian la historia, estudian su historia”, argumenta. Ese matiz, aparentemente pequeño, cambia la relación con el aprendizaje. El esfuerzo deja de estar vinculado únicamente a un examen y adquiere un sentido emocional, conectado con la propia identidad y el entorno.

El proyecto se enmarca dentro del programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”, pero su lógica va más allá de cualquier etiqueta administrativa. La innovación, en este caso, no pasa por la tecnología, sino por la capacidad de convertir el patrimonio cotidiano en una herramienta educativa. Cartas, fotografías, utensilios domésticos o documentos familiares permiten reconstruir cómo se vivía en la guerra, la posguerra o el franquismo desde una escala concreta: la de las familias de Santa Fe o Motril. Y, al mismo tiempo, facilitan una comparación directa con el presente.

Porque, mientras el tiempo avanza, la memoria se va estrechando. Las personas que vivieron aquellos años desaparecen y, con ellas, las historias que no se han contado. “Esas personas van muriendo y esas historias van muriendo con ellas”, advierte Montes. El proyecto no pretende resolver ese vacío, pero sí intervenir en él. Generar, al menos, un momento de escucha. “Si de 65 alumnos cala en uno o dos, yo me doy por satisfecha”, dice la profesora. Aunque, después de seis años, sospecha que el impacto es mayor. Lo suficiente, quizá, para que dentro de unas décadas alguien vuelva a abrir una caja, saque una carta o una fotografía, y encuentre en ella algo más que un objeto: una historia que alguien decidió no dejar perder.

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha declarado desierta el proceso de enajenación del Centro de Menores Infractores de Menores (CIMI) de San Miguel Alto en la ciudad de Granada al no concurrir ninguna oferta a la subasta del inmueble.

Así se desprende del acta de la Mesa de Contratación del referido órgano hecha pública por la administración autonómica y consultada por Europa Press, en la que se recoge que “no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta”, y por tanto se declara desierto el Lote número 5 del inmueble en calle de la Ermita, 15, después de que el BOJA del 31 de marzo anunciara la convocatoria de licitación del enajenamiento del inmueble.

Se trata de una finca en de 1.660 metros cuadrados que cuenta con un edificio y dos espacios menores que suman 958 metros cuadrados construidos y que está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, y que en la actualidad se encuentra en tramitación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín, que hace una propuesta de cambio de la parcela para uso hotelero.

La construcción del centro de menores data del año 1970 y en 2024 el valor catastral del suelo era de 8.918 euros y el de la construcción de 154.043, por lo que el valor catastral total estaba en 162.962 euros. Fue en ese año cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento el cambio de calificación para uso terciario, en concreto, hotelero. La Junta es propietaria del 100% de la finca. Las condiciones económicas de la subasta fijaban un tipo de 2,5 millones de euros para la primera subasta y 1,8 se tenía que realizar la segunda. La fianza para optar era de 126.203 euros.

Polémica política y social

La noticia de la subasta del antiguo CIMI y especialmente el hecho de que se abriera la posibilidad de un futuro uso hotelero del inmueb le ha contado con la oposición de varios partidos políticos y colectivos sociales, e incluso ha sido “arma arrojadiza” por parte de formaciones que han concurrido a las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así, por ejemplo, el PSOE, a través del grupo municipal en la capital granadina, pidió que se paralizara la venta y propuso a la Junta que cediera el espacio para uso cultural y vecinal. Lo mismo pidió IU y la coalición Por Andalucía, que al igual que los socialistas advirtieron de la que calificaron como nuevo “pelotazo hotelero” en un Albaicín “ya fuertemente tensionado”.

Podemos fue más allá y presentó un recurso de alzada. El portavoz de los morados en Granada, Salvador Soler, afirmó sobre esta subasta que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca, tal y como publicó esta cabecera. No quieren que la gentrificación siga ganando camino y señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble.

Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas, pese a las preguntas de este periódico.

Un centro de interpretación

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno de este viernes para exigir al gobierno municipal una moratoria urgente en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, “con el objetivo de frenar la pérdida de patrimonio y evitar la expulsión vecinal de los barrios históricos de la ciudad”. Esta urgencia, según ha destacado el viceportavoz del PSOE, Eduardo Castillo, cobra más fuerza tras conocerse la noticia.

“Esto es una buenísima noticia para nuestro Cerro de San Miguel y para toda Granada, porque deja el camino despejado para que el Ayuntamiento solicite su titularidad a la Junta y podamos ver el demandado Centro de Interpretación del Albaicín”, ha celebrado Castillo, quien ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos del barrio y de Albayzín Habitable, “en esto asunto y en todos los que tiene que ver con la protección y defensa del barrio”.

Ante este nuevo escenario, el edil socialista ha exigido a la alcaldesa que actúe con contundencia. “Ya no hay excusa. Si nuestro Ayuntamiento mirara realmente por nosotros, solicitaría de forma inmediata la cesión de este inmueble a la Junta de Andalucía para destinarlo a uso comunitario y cultural. Eso sí que sería una noticia redonda y no la entrega sistemática de nuestra ciudad a los fondos de inversión”, ha aseverado.

El viceportavoz socialista ha dicho que “este tipo de operaciones especulativas son precisamente las que la moción del PSOE busca frenar”. Así, ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada la aplicación de la moratoria turística y el compromiso firme para “preservar nuestro patrimonio inmobiliario de forma que no recaiga en grupos de inversión, provocando una pérdida irrecuperable para Granada”.

Como ejemplo contrario a San Miguel, Castillo ha recordado la venta del convento de Santa Inés, que aloja un centro de referencia nacional como el Centro Albaicín de Artesanía, a un fondo de inversión con fines turísticos. En este contexto, el edil del PSOE ha puesto el foco en el reciente “varapalo judicial” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado las medidas impulsadas por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo para, supuestamente, frenar la proliferación de viviendas turísticas.