Una mujer ha fallecido en la mañana del sábado tras sufrir una caída de unos 200 metros cuando hacía escalada en Güejar Sierra (Granada).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, una persona ha emitido un aviso al teléfono 112 sobre las 10:45 horas para pedir ayuda ante la caída de había sufrido una escaladora a unos 200 metros en el corredor central de la cara Norte del Mulhacén.

Tal y como ha concretado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, inmediatamente, el Centro Coordinador de emergencia activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil que ha movilizado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) que ha acudido con un helicóptero a la zona, de “muy complicado acceso”.

La entidad adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha precisado que fuentes del Instituto Armado han confirmado que la escaladora ha resultado fallecida, mientras que no han trascendido más datos sobre cómo se ha producido este suceso.

Con Miguel Ríos como telonero y al grito de “¡presidenta!”, María Jesús Montero ha pulsado el botón de la campaña electoral para el 17M en Granada. La candidata a presidir la Junta de Andalucía por el PSOE andaluz ha elegido la ciudad de la Alhambra para dar el primer paso de un camino que en otros tiempos le habría llevado hacia el palacio de San Telmo, pero que en este punto parece más destinado a minimizar daños. Con todas las encuestas en contra de los intereses de Montero, ya que ninguna le da como presidenciable ni con opciones de lograr pactos en el Parlamento de Andalucía, la campaña de la ex vicepresidenta del Gobierno se lee también en clave nacional.

No en vano, el PSOE está inmerso en una vorágine de comicios autonómicos en los que acumula derrotas frente al binomio entre el Partido Popular y Vox, que ya han hecho efectivos sus pactos en Extremadura y Aragón y que no tardarán en hacer lo propio en Castilla y León. Precisamente las elecciones castellanas son el espejo en el que se miran los de Montero desde Sevilla, pero también desde Ferraz y Moncloa. En estas se produjo un incremento de dos procuradores frente a los obtenidos en los comicios de 2022 (30-28). Una subida que, sin embargo, internamente se entiende que se produjo porque el candidato, Carlos Martínez, no fue elegido desde Madrid y que además ya era muy conocido y valorado en su territorio por haber sido alcalde de Soria.

Por eso, la campaña que ha iniciado María Jesús Montero en Granada parece destinada a la supervivencia. Desde el PSOE de Andalucía no quieren oír ni hablar de bajar del suelo electoral que se estableció en 2022 cuando Juan Espadas logró los peores resultados socialistas de la democracia al quedarse con 30 diputados. Todo lo que sea estar en esos números, mejorar en votos o en parlamentarios, será anotado como una buena noticia, aunque sin lanzar las campanas al vuelo salvo que se produjese una subida espectacular que no se vislumbra y que, con el miedo a empeorar los resultados de hace cuatro años, invita a pensar que el de Montero puede ser un camino medianamente breve al frente del PSOE andaluz.

Porque la exvicepresidenta, que va a utilizar el “mal estado” de los servicios públicos en Andalucía como su principal eje de campaña, vuelve a una comunidad autónoma muy diferente de la que dejó cuando dio su salto a Madrid. Montero, que fue consejera de Salud y Hacienda durante los últimos gobiernos que los socialistas han cosechado en tierras andaluzas, regresa a un escenario en el que el PP de Juan Manuel Moreno gobierna y está fuerte, pese a la crisis de los cribados, al haber tejido una imagen de gestión tanto en el accidente ferroviario de Adamuz como durante los episodios de lluvias extremas. Estos dos capítulos, unidos a la falta de un liderazgo claro en la oposición, han impulsado a un presidente andaluz que da por hecha su continuidad y posiblemente sin depender de Vox, como si está ocurriendo en otros feudos autonómicos.

Esperanza frente a la realidad

Flanqueada por Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, apenas ha habido presencia de la cúpula andaluza, que en estos últimos cuatro años ha sido el principal escollo en el Parlamento para un PP que ha podido aplicar su rodillo parlamentario merced a una mayoría absoluta que quiere repetir cuatro años después de los últimos comicios. Quizás por eso, María Jesús Montero, que ha elegido “defiende lo público” como lema de campaña, ha iniciado su discurso poniendo en valor la “esperanza” con la que afrontan una campaña que los sondeos no sitúan de su lado de la balanza.

Curiosamente, la candidata socialista ha escogido hacer su primer mitin de campaña en Granada, apenas unos días después de que los populares afeasen que no hubiese pisado aún la capital granadina durante la precampaña. No obstante, su apuesta granadina sí tiene relevancia porque en la lista provincial está incluido como número dos Francisco Cuenca, el que fuera alcalde de la ciudad hasta las últimas municipales.

No han sido unas listas fáciles para Montero que, pese a definirlas como de “consenso”, han demostrado las fricciones que hay internamente en el PSOE andaluz. Sobre todo en Cádiz, donde el secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, mantuvo un pulso con la propia exvicepresidenta por hacerse con el control de los nombres que irían en ellas. Quizás por eso, Montero ha lanzado un mensaje de unidad frente a la militancia reunida en Granada: “Estamos en una encrucijada en la que tenemos que dedicir nuestro futuro y pasa por un gobierno de España, de Andalucia y de los municipios de Granada en el que la mayoría social esté presente en las instituciones”.

Pivotando durante su discurso continuamente en palabras como “igualdad”, “oportunidad” o “ilusión”, Montero ha tratado de situarse como el contrapeso a Juan Manuel Moreno asumiendo que los socialistas representan “la mayoría social” y que, por lo tanto, han de lograr revitalizar un voto que en las dos últimas elecciones autonómicas ha abandonado las siglas del PSOE-A. “Aquí está una parte de esa Andalucía progresista que nunca se conforma, que no se resigna y que tiene la capacidad siempre de levantarse y de empoderar al pueblo para que el pueblo tome sus propias decisiones”.

Una campaña contra la “privatización”

No en vano, para los socialistas andaluces se trata de una campaña en la que el estado de los servicios públicos, que ha sido una bandera clásica de las administraciones que han encabezado, se sitúan como el caladero en el que tratar de recuperar parte de la confianza de los electores. Montero, en ese sentido, ha calificado a Moreno como un “lobo con piel de cordero”, al que han de tratar de frenar para que los ciudadanos no se engañen y confíen en una política que apuesta por la “privatización” que impide que la clase trabajadora pueda progresar.

“No se pueden construir sociedades excluyendo a una parte que moelsta a algunos”, ha apuntado la candidata del PSOE-A. Justo antes de afirmar que esa exclusión está dando pie a una campaña de “bulos” de la “derecha” y la “extrema derecha”. Según Montero, desde las formaciones de ese espectro político “se dedican a la deshumanización del adversario político”. Por eso, ha aprovechado para mandarle su “apoyo y solidaridad” a Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, que este miércoles denunciaba al agitador Vito Quiles por una presunta agresión en un restaurante.

Sin abandonar en ningún momento sus logros como parte del Gobierno de España y tratando de atravesar los mismos con las políticas del PP que, a su juicio, en los últimos ocho años ha caminado en sentido contrario, la ex vicepresidenta asegura que “se está practicando una política privatizadora de aquello que ha permitido que esta tierra haya podido crecer”. Según Montero, durante los gobiernos socialistas, estaba “garantizada la sanidad, la educación o la dependencia”.

Un terreno, el de los servicios públicos, que la candidata a la Junta de Andalucía ha utilizado recurrentemente para recordar que el año pasado fallecieron 7.000 personas esperando una prestación por dependencia y sobre todo la crisis de los cribados: “La mayor negligencia que ha tenido un sistema sanitario en España. A esas mujeres se les criminalice y no se les dé explicaciones: 4.000 mujeres, ¿qué ha ocurrido con ellas? ¿cuántas han fallecido? No son lo mismo las víctimas para este candidato (en referencia a Moreno)”.

Un compromiso sanitario

También ha aprovechado para pasar al ataque y recordar algunos de sus logros en la etapa en la que fue consejera de Salud, tachando de “bulos” las insinuaciones que se hacen sobre su mala gestión entonces. Y ha reiterado su compromiso de la precampaña: “La primera medida que tomaré como presidenta será que ningún ciudadano espere más de 24 o 48 horas para que le atienda su médico de familia”. Un momento que ha elevado la exaltación de la militancia que ha acabado coreando “sanidad pública”.

Junto a María Jesús Montero, también ha hablado la cabeza de lista por Granada, Olga Manzano, que se ha desecho en elogios hacia la candidata a la presidencia de la Junta. Tachándola de “toda una líder”, Manzano ha afirmado que no ha parado de “trabajar por Andalucía”. Y al igual que Montero ha centrado su intervención en fijar el eje de la campaña frente al PP en convertirse en el muro de contención frente a la “privatización” sobre todo de la sanidad pública. Un argumento en el que también se ha situado el cantante Miguel Ríos, que ha sido el padrino de un mitin que abre quince días de campaña en los que el suelo electoral de los socialistas es el terreno del que no quieren oír hablar en el equipo de Montero.

Porque el PSOE-A pretende que su campaña desdibuje la imagen que Juan Manuel Moreno trata de hacer suya como la de un barón de los populares alejado de la confrontación política y centrado en la gestión. Pero para Montero, el presidente andaluz “es el candidato de un PP del no a la reforma laboral o del no a la subida del SMI y la revalorización de las pensiones”. Es el candidato del “marketing”, según los socialistas, y contra ello van a construir su discurso. Dos semanas tienen para ello. Dos semanas en las que, también como hoy, Montero aprovechará para sacar pecho de su gestión como ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez. Una táctica que en Aragón no acabó de funcionarle a Pilar Alegría.

Hace tiempo que en La Alpujarra de Granada nadie quiere creerse las promesas sobre el hospital que algún día debería haberse construido en Órgiva. Hace tiempo que los lugareños ya se toman sin interés cada anuncio que hace la Junta de Andalucía sobre el centro hospitalario del que empezó a hablar en 1997. Tras casi 30 años de promesas, el hospital no solo no existe sino que el proyecto original ha sufrido tantos cambios y recortes que será poco más que un “centro de salud grande”, según denuncia la plataforma ciudadana que más lucha por su construcción. Sin embargo, la Junta y el Ayuntamiento de Órgiva han vuelto, por enésima vez, a anunciar un acuerdo para hacerlo realidad.

El consejero Antonio Sanz y el regidor local, Raúl Orellana, acaban de pactar la construcción del edificio por valor de 11 millones de euros. Eso sí, ya no se habla explícitamente de hospital, sino de Centro de Alta Resolución de Procesos. Y mientras el propio Sanz admite que este acuerdo llega tras más de 20 años de “promesas incumplidas”, el visto bueno a la obra no termina de convencer a una población local que ya ha visto en demasiadas ocasiones un anuncio similar. En Órgiva, que es junto con Lanjarón la puerta de entrada a La Alpujarra occidental, ha llegado a haber incluso dos emplazamientos distintos para el futuro centro hospitalario y ni el PSOE durante la etapa de Cháves, Griñán o Susana Díaz y ni el PP de Juan Manuel Moreno han convertido en realidad lo que resuena como una promesa electoral eterna, según entienden desde la Plataforma por el Hospital de La Alpujarra.

En esta ocasión, el compromiso vuelve a situarse en un horizonte lejano. Según el propio anuncio institucional, la redacción del proyecto no estará lista hasta finales de este año y la licitación de las obras se iría, como pronto, a 2027. Es decir, tres décadas después de que se planteara por primera vez, el hospital -o lo que quede de él- sigue sin pasar de la fase previa a cualquier construcción. Todo ello, además, en un contexto de precampaña para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

De hospital a “centro de salud”

La principal diferencia con respecto a lo prometido durante años es el propio alcance de la infraestructura. Lo que en los años noventa y en la década siguiente se diseñó como un hospital comarcal con hospitalización, quirófanos y hasta helisuperficie, ha ido reduciéndose progresivamente hasta convertirse en un centro de alta resolución sin camas. Un dispositivo que integraría atención primaria, algunas especialidades y urgencias, pero que obligaría igualmente a derivar a los pacientes a Motril o a Granada en caso de necesitar ingreso o pruebas más complejas.

“Es básicamente un centro de salud grande”, resume Carlos Miralles, portavoz de la Plataforma por el Hospital de La Alpujarra, que lleva años movilizándose para exigir una infraestructura sanitaria completa. “No hay camas, no hay hospitalización. Si necesitas una analítica urgente o una radiografía, tienes que desplazarte igualmente”, añade. Su diagnóstico coincide con el sentir mayoritario en la comarca: “La gente está muy cansada de promesas que luego no se cumplen. Promesas, promesas, promesas y nada”.

El cansancio no es sólo político. También es social y, en algunos casos, personal. “Hay gente de la plataforma a la que le ha afectado psicológicamente”, explica Miralles, que relata cómo algunos vecinos han dejado de implicarse tras años de movilización sin resultados. A ese desgaste se suma una realidad cotidiana marcada por la falta de recursos: consultorios con horarios limitados, ausencia de pruebas diagnósticas fuera de determinadas franjas y desplazamientos constantes a hospitales situados a decenas de kilómetros por carreteras de montaña.

30 años de promesas

En una comarca geográficamente dispersa y escarpada, en la que viven unos 25.000 habitantes, la accesibilidad no es un detalle menor. “Si tienes una patología crónica, es un infierno”, lamenta el portavoz que apunta a que la propia Junta ha pasado con los años de decir que el centro hospitalario iba a dar cobertura a todos esos ciudadanos a llegar a reducir la cifra a apenas algo más de 15.000. Hay pacientes, asegura, que han dejado de acudir a citas con especialistas simplemente porque no pueden desplazarse. La reducción de servicios de transporte público agrava aún más la situación en un territorio donde el vehículo privado no siempre es una opción.

Esa realidad contrasta con los sucesivos anuncios institucionales que, desde finales de los noventa, han ido protagonizando la historia del proyecto. En 1997 se planteó por primera vez la construcción del hospital en Órgiva. Tardó casi una década en definirse su ubicación y no fue hasta 2012 cuando se presentó un proyecto concreto, con un presupuesto de en torno a 12 millones de euros y una infraestructura que incluía consultas, urgencias, bloque quirúrgico y hospitalización. Entonces se llegó a asegurar que las obras estarían licitadas en 2013 y finalizadas entre 2015 y 2016.

Nada de eso ocurrió. En 2017, dos décadas después del primer anuncio, en el solar previsto “no había poco más que la valla publicitaria que lo anunciaba”. Dos años más tarde, ya con el PP en la Junta, el entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre, calificaba el proyecto como un “señuelo electoral” y hablaba de “un solar lleno de jaramagos” tras “cientos de anuncios” y “algunas primeras piedras”. Pese a ello, el nuevo Gobierno autonómico también se comprometió a impulsarlo y llegó a situar el inicio de las obras en 2021.

El giro definitivo se produjo en 2022, cuando la propia Consejería de Salud confirmó que el hospital no se iba a construir como tal. En su lugar, el plan pasaba a ser un Centro de Alta Resolución, sin posibilidad de ingreso hospitalario. Una decisión que desde la plataforma ciudadana se interpretó como “un paso atrás” y que consolidaba la sensación de que, con el paso del tiempo, el proyecto no avanzaba, sino que se reducía. En 2023, el Consistorio expropió el terreno donde se va a levantar presuntamente el proyecto, aunque desde la plataforma advierten de que hay implicaciones legales en esa expropiación que pueden torpedear la obra.

“Claro que se construirá”

Pese a todo, desde el Ayuntamiento de Órgiva defienden que ahora sí se dan las condiciones para que la infraestructura salga adelante. El alcalde, Raúl Orellana, sostiene que la clave está en la disponibilidad de unos terrenos “adecuados”, frente a los anteriores, que considera inviables, y en el cambio político tanto en la Junta como en el propio Consistorio. “Claro que se construirá. Esto es ya imparable”, asegura el regidor, que niega que el anuncio tenga relación con el calendario electoral y lo vincula a la finalización de los trámites necesarios.

Su discurso choca con el escepticismo de buena parte de la población. “No nos creemos nada”, es una de las frases que más se repiten entre los vecinos, según trasladan desde la plataforma. Después de tres décadas de anuncios, cambios de proyecto y plazos incumplidos, la desconfianza se ha convertido en una constante en una comarca que sigue esperando una infraestructura sanitaria que, sobre el papel, lleva prometiéndose desde finales del siglo pasado.

Mientras tanto, la vida sigue en La Alpujarra con una red sanitaria limitada y dependiente de hospitales situados a una hora -o más- de distancia. La distancia entre la promesa y la realidad, en este caso, no se mide en kilómetros, sino en años. Y, por ahora, sigue sin acortarse.

Un terremoto de magnitud 3,5 con epicentro en Jayena (Granada) ha sido sentido esta madrugada por la población, aunque sin provocar daños, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) ha atendido esta madrugada varios avisos de distintos puntos de la provincia granadina (Padul, Ogíjares, Escúzar, Alhama...) e incluso de Torrox (Málaga) alertando de haber sentido un temblor, aunque sin que se hayan registrado ningún tipo de daños personales ni materiales.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se ha registrado a las 6.06 horas de la madrugada con epicentro al este de Jayena, magnitud 3,5 y una profundidad de 12 kilómetros.

Recomendaciones ante un terremoto

En estos casos, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar situaciones de riesgos asociadas a los movimientos de tierra. Este tipo de fenómenos no se pueden predecir, pero sí podemos seguir una serie de pautas de autoprotección para evitar daños.

De forma preventiva es aconsejable tener en casa un botiquín de primeros auxilios y ensayar con nuestra familia cómo actuar en caso de temblor. Otra de las recomendaciones es conocer dónde están y cómo se desconectan las llaves de la luz, el agua y el gas y no colocar objetos pesados en las estanterías que puedan caerse y causarnos algún tipo de daño.

Durante el temblor, si estamos dentro de un edificio nos quedaremos dentro y si estamos fuera, no buscaremos refugio en interior de ninguna edificación, ya que el entrar y salir de los edificios puede causar accidentes. Dentro de un inmueble, buscaremos estructuras fuertes (una mesa, una cama, el dintel de una puerta, junto a un pilar o un rincón) donde protegernos.

Medidas preventivas tras la sacudida

En ningún caso usaremos el ascensor para evacuar la zona una vez terminado el movimiento de tierra y bajaremos por las escaleras. Si estamos en el exterior, nos alejaremos de cables eléctricos, cornisas, cristales o cualquier otro elemento que pueda desprenderse.

Durante el temblor e inmediatamente después no usaremos ningún tipo de llama (cerilla o mechero). Si el temblor de tierra nos sorprende dentro del coche, detendremos el motor donde el tráfico lo permita y permaneceremos dentro del vehículo.

Después del seísmo comprobaremos si hay heridos. Si sabemos atenderlos lo haremos, y si no llamaremos al 112 para pedir ayuda. Además, hay que comprobar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad (lo haremos visualmente, sin encender nada). Si estamos en el interior de un edificio, lo abandonaremos despacio, sin correr y de forma ordenada, además de evitar difundir informaciones exageradas o falsas y mantenernos informados siempre a través de fuentes oficiales.

El próximo 30 de mayo, si no media un milagro, La Tertulia de Granada cerrará sus puertas después de 46 años de vida. Hasta entonces, este legendario local por el que han pasado notabilísimos poetas, actores, artistas plásticos y músicos celebrará cada día una despedida diferente hasta entonar el adiós definitivo. Una triste noticia para la cultura de la capital nazarí, pero también un síntoma de que este tipo de espacios, que han actuado como indiscutibles dinamizadores culturales durante décadas, no tienen fácil su supervivencia en los tiempos que corren.

La cabeza visible de La Tertulia, Tato Rébora, explica que el recinto “ha sido un espejo de la vida cultural de Granada con todas sus épocas. La primera, que fue una época dorada, era aquella en la que nos visitaron desde Rafael Alberti o Mario Benedetti a toda la Generación del 50, y de Paco Ibáñez a Joaquín Sabina, sin olvidar a gente como Enrique Morente o Luis García Montero que nos visitaban a diario”.

Rébora recuerda también que más adelante los distintos gremios fueron haciendo suyo el local: un tiempo era especialmente frecuentado por actores, otro por periodistas… “Las artes se fueron fragmentando y teniendo sus propios espacios, lo que supuso un relativo declive para nosotros”, recuerda. Fue entonces cuando se impuso la necesidad de programar actividades: “Donde antes las cosas ocurrían espontáneamente, y bastaba con que yo pidiera silencio para que todos oyéramos a Benedetti recitando poemas, ahora había que elaborar un programa con eventos concretos”.

La soledad y los móviles

Eso marcó una segunda etapa en La Tertulia, en el que el local “llegó a ser el filtro por el que pasaba todo, era un influencer de la ciudad. Había artistas que venían a comentar allí lo que estaban haciendo en ese momento, antes de lanzarlo a la ciudad en su conjunto”. Pero fue entonces cuando Rébora, junto a los dos socios que sostienen la empresa, empezaron a observar tendencias preocupantes en el sector.

“La Tertulia, como tantos otros lugares, había sido un lugar de encuentro, y la vida cultural su complemento”, evoca. “Pero el encuentro fue declinando, nos dimos cuenta de que terminaba el acto cultural programado y la gente no se quedaba como antaño, se iba. Además, durante el acto se consumía cada vez menos: ahora se pedía una cerveza en el tiempo en que antes se tomaban tres cubatas. El principio de salud empezó a primar sobre el sentido del placer, el público se cuidaba mucho más”.

Pero donde más se notó fue en la atmósfera de la clientela. “Antes, a las dos de la mañana podría aparecer un cliente que nos decía: ‘Estaba solo en mi casa y quería hablar con alguien’. Ahora, esa persona se queda en su casa mirando el móvil, chateando. El pub como lugar de encuentro ha muerto. Ahora prima el bar de tapas, que es tal vez poco atractivo como espacio, pero que la gente prefiere. Y en la noche hay cada vez menos gente que supere los 40 años”.

La puntilla de la pandemia

En los últimos tiempos, son muchos los locales como La Tertulia que han echado el cierre en Andalucía y el resto del país, aunque los motivos son múltiples: desde la jubilación de los propietarios y la falta de emprendedores que quieran tomar el testigo a la subida vertiginosa de los precios de alquiler, sin olvidar los problemas de insonorización en el caso de espacios para la música en directo, lo cierto es que aquel boom de locales donde disfrutar de recitales poéticos, conciertos de cantautores o de jazz, espectáculos de narración oral o café teatro va camino de apagarse irremediablemente.

La puntilla, según este veterano hostelero, “fue la pandemia. Eso ha cambiado la noche del mundo. Las masas la han cambiado por las mañanas. Si vas por Granada, todos los lugares de desayuno están llenos. Hemos pasado de tener los bares nocturnos llenos a no encontrar un sitio donde sentarte a tomarte un café a las diez de la mañana, porque está todo ocupado”.

En muchos lugares de España, el turismo ha llegado al auxilio de espacios como este que iban desfalleciendo, aunque el precio a pagar en cuanto a pérdida de naturalidad y autenticidad es evidente. “A La Tertulia viene un turismo español que nos visita como si leyesen un cómic, o como si fuese un museo. Los cuadros de nuestras paredes cuentan la historia del local y se emocionan. Solo los martes, que programamos tango, comprobamos que vienen muchos extranjeros. Pero eso no mitiga las dificultades: de seis horas que estamos abiertos, solo hay ingresos realmente durante dos horas, y como te digo con poco consumo. Antes me costaba cerrar La Tertulia, casi había que echar a la gente. Ahora a las dos y media no hay nadie”.

Las épocas mandan

En cuanto al respaldo oficial, La Tertulia ha recibido numerosos premios, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. La Feria del Libro de la ciudad le hizo también honores, e incluso en la ciudad de Buenos Aires hay una placa reconociendo esta labor de años. Sin embargo, ninguna institución ha facilitado su subsistencia, a pesar de haber desarrollado una labor por las artes y las letras imposible de evaluar económicamente.

Lo que sí les ha llegado es el calor de los parroquianos, que en los últimos días están llenando La Tertulia, ayudando a reducir las deudas y, de paso, animando a sus responsables a mantener la llama viva. “Hemos tenido varias iniciativas, incluso se ha hablado de plantear crear una asociación cultural para evitar el final. No me niego a nada, pero lo que no querría es no cerrar el 30 de mayo para tener que cerrar seis meses después”, explica Rébora sin muchas esperanzas. “Hace mucho que aprendí que las épocas mandan sobre las voluntades individuales. Las tendencias tienen una potencia que no es posible revertir”.

Rébora no puede evitar la melancolía al comentar que “es duro cerrar, porque es mi vida. Yo siento que no llego a Granada hasta que no llego a La Tertulia. ¿Cómo voy a hacer ahora? Temo quedándome dando vueltas sin saber adónde llegar”.

La Policía Nacional ha abierto una investigación en torno a la muerte de un agente de la Policía Local de Granada cuyo cadáver ha sido encontrado este jueves en la Jefatura ubicada en la zona de Huerta del Rasillo en la ciudad.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que han detallado que el cuerpo sin vida del agente municipal ha sido hallado en una zona común de la referida oficina, probablemente el baño, con un impacto de bala, al parecer, causado por su propia arma reglamentaria.

El suceso ha causado una gran consternación entre los agentes del cuerpo municipal de seguridad compañeros del policía fallecido, un varón de 51 años. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido.

Un hombre de 73 años de edad ha fallecido cuando manejaba una maquina agrícola y ha quedado atrapado en ella en una finca en Víznar, en la provincia de Granada, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido pasadas las 16.30 horas de la tarde, cuando se atendió un aviso en el Teléfono de Emergencias 112 informando de que un hombre había quedado atrapado contra una valla mientras manejaba una mula mecánica.

Desde la sala coordinadora se alertó entonces a los bomberos de Granada, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que han confirmado el fallecimiento de la víctima.

Los bomberos rescataron al fallecido, un varón de 73 años de edad. Fuentes de Guardia Civil han informado de que el varón se encontraba realizando labores de labranza en una finca familiar.

Todo empieza con algo tan sencillo como el primer premio en un concurso de dibujo en el cole. El galardón consiste en un maletín de rotuladores que va a convertirse en una obligación y una responsabilidad. Por eso, cuando la ganadora, Anna, crece y recibe la llamada de la galerista más importante del país, se abre un abismo bajo sus pies. Así arranca La boca llena de trigo (Anagrama), el sorprendente debut como novelista de Mayte Gómez Molina, conocida hasta ahora como poeta y artista multidisciplinar.

Granadina de 1993 y recriada en Madrid, Gómez Molina confiesa que “hay gente muy precoz escribiendo, pero yo no lo fui. Siempre quise escribir una novela, pero me daba mucho miedo y tampoco tenía el tiempo necesario… ni quizá el arrojo. No es que la poesía no necesite tiempo o espacio, pero es distinta. La llevas en el cuerpo como una canción, se va enhebrando poco a poco. Es como un encaje de bolillos que puedes retomar: lo dejas y sabes por dónde seguir. En cambio, la novela te exige más continuidad. Si tú no entras en ese mundo, el lector tampoco entra. Pero sí, era lo que más me había apetecido siempre. He dado un rodeo grande, y también muy alegre, para llegar hasta aquí”.

Como suele suceder, la autora encontró la concentración necesaria para abordar este proyecto mientras se incorporaba a un nuevo trabajo en Basilea, Suiza. “Me dije: ‘Tengo dos meses para escribir’. Y lo hice. Era una situación peculiar: tenía la tranquilidad de saber que había un sustento esperándome, algo que no es tan común en España. Aquí, en Suiza, incluso llaman a estar en paro estar entre trabajos”, asegura. “Estaba muy cansada, venía de un burnout fuerte, pero pensé: ‘Este es el tiempo que tengo’. Me impuse una especie de media jornada conmigo misma, siendo mi propia jefa —una jefa bastante amable, por suerte—. Y así pude escribir la novela, gracias también a esa paz de estar entre trabajos”.

Entender el mundo

El paso de la poesía (Gómez Molina fue Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2023 por su obra Los trabajos sin Hércules) a la novela no ha sido demasiado forzado. “Hay algo que se conserva: la imagen. Yo entiendo la poesía como algo muy visual, como fotogramas. Eso se mantiene. Pero en poesía hay que ser muy certero, como lanzar una flecha: hay una precisión casi científica, aunque sea algo abstracto. En la novela no tanto, pero aparece otro peligro: aburrir. Tienes más espacio para equivocarte, pero también más espacio para perder al lector. Eso genera una tensión distinta. Aun así, la narración me permite desarrollar ideas de forma más pausada, con un recorrido más largo”.

Por otro lado, aunque la granadina ha trabajado la expansión de la literatura a formatos digitales a través del cine, el 3D y la realidad virtual, considera que “la palabra es la tecnología más perfecta. Recuerdo una cita de Leonardo da Vinci que decía que el alfabeto es la tecnología más avanzada. Con unas pocas letras puedes escribir obras como Don Quijote, Madame Bovary o Crimen y castigo. Es increíble. Hace poco estaba leyendo a Vladímir Propp, que en La morfología del cuento analiza las estructuras de los relatos. Muchas historias repiten patrones. Quizá no contamos cosas tan nuevas como creemos. Narramos para entender el mundo. Esa oralidad sigue ahí, no puedo imaginar un mundo sin historias”.

Entre los muchos aspectos que aborda 'La boca llena de trigo', el hándicap de ser mujer en la creación artística está presente, “pero también para muchas personas que han vivido en los márgenes”, subraya Gómez Molina. “Hay una inseguridad mayor en general. Existe una especie de actitud más masculina en el mundo del arte: ‘yo merezco esto, yo soy el mejor’. No hablo de la seguridad sana, sino de cierta arrogancia. Las personas que no han sido socializadas para sentir que ese lugar les pertenece suelen reaccionar con más duda. Y esa duda, aunque a veces pese, también puede ser fértil. Te mantiene creando y con los pies en la tierra. Además, hay una mitología del artista-genio que no me interesa nada. La inspiración existe, pero también hay trabajo diario, constancia”.

Categoría de sí misma

Luego está la relación entre la obra y el mercado. “El éxito depende en parte del mérito y en parte del mercado. Yo uso el mundo del arte en la novela porque muestra muy bien cómo algo íntimo entra de repente en una lógica económica. Vivimos en una cultura muy cuantificada: puntuaciones, estrellas… y eso simplifica mucho. Hay obras que no se pueden reducir a eso. Por ejemplo, Franz Kafka murió sin reconocimiento, pensando que era un fracaso, y hoy es fundamental. El valor cambia con el tiempo”.

La escritora también se refiere a la eterna sospecha que pesa sobre el arte contemporáneo, la diferencia entre obra valiosa y camelo, en estos términos: “Hay elitismo, pero también una reacción defensiva del público. Hace falta mediación, educación. No todo es evidente a primera vista. Yo enseñaría más historia del arte y de la imagen. Especialmente ahora, con la inteligencia artificial, necesitamos aprender a leer imágenes. Es una cuestión casi ciudadana”.

Pero sobre todo prevalece la idea de éxito, eso que todo el mundo ambiciona, pero que también puede convertirse en una maldición. “Depende de cómo lo entiendas. Para mí, estar tranquila en casa leyendo un sábado ya es éxito”, sonríe. “Pero el éxito masivo, como el de Rosalía, debe de ser muy complicado. Te conviertes en una categoría de ti misma. Hay expectativas constantes. También genera presión creativa: tienes que superarte continuamente. Eso puede ser una cárcel”.

De momento, un éxito indiscutible para Gómez Molina es haber podido culminar su ópera prima como narradora de largo aliento. “Para mí ha sido como cumplir un sueño de infancia. Me ha dado una seguridad muy bonita, y también espacio para seguir aprendiendo”, asegura. “Ya tengo ideas, pero con calma. Ahora toca disfrutar también de compartir lo que ya está hecho”.

Decía el historiador Ian Gibson en 1998 que de Federico García Lorca aún quedaban muchas cosas por saber. En el centenario de su nacimiento, el conocimiento sobre el poeta y dramaturgo granadino estaba en plena etapa de exploración. Ahora, casi 30 años después, de Federico se sabe casi todo, pero nunca lo suficiente. Cada cierto tiempo aparecen retales de una vida que el tiempo ha convertido en leyenda, pero que fue la de un hombre magistral, a la vez que profundamente terrenal. Algo que queda reflejado en las cartas que se envió con su madre Vicenta y que el periodista Víctor Fernández ha recogido en el epistolario ‘No te olvides de escribir’.

Un documento esencial para conocer mejor la dimensión familiar de un Federico de carne y hueso. Con preocupaciones y problemas cotidianos, tan lejos del misticismo sobre el que reposa su recuerdo y tan cerca de ser cualquier hijo de vecino, que lo que se lee en estas misivas cobra otra dimensión. No es la primera vez que salen a la luz las cartas que Lorca se envió con sus familiares y amigos, pero sí es la primera vez en las que conocemos algunas inéditas.

Entre las letras que Vicenta Lorca y su hijo Federico se intercambian, vemos a un joven de veintipocos años que pasa frío en la Residencia de Estudiantes de Madrid, al tiempo que convierte a su madre en editora, enviándole en primicia sus creaciones para que esta se convierta en su mejor crítica. “Yo creo que las cartas lo humanizan. Nos ofrecen una imagen muy humana de él: el hijo que escribe a sus padres o el hermano que escribe a sus hermanos”, explica Víctor Fernández, autor del epistolario.

Vicenta, la madre tras el poeta

“Fue precisamente su madre la que le contó que habían ido a un teatro en Granada y que habían visto a una actriz que les impresionaba”. Esa actriz resultó ser Margarita Xirgú, a la que Vicenta conoció antes que Federico, y a la que ese azar le cambió la vida. Xirgú fue la musa teatral de Lorca, llegando a ser Mariana Pineda o Doña Rosita. Aquella misiva catapultó a la fama a la actriz catalana, que acabaría exiliada por el franquismo en Uruguay sus últimos días, y muestra cómo Federico y su madre construyeron juntos la carrera artística del poeta granadino.

Pero el papel de Vicenta Lorca va mucho más allá de la anécdota o del acompañamiento emocional. En las cartas, se dibuja como una figura clave en la construcción del propio Federico García Lorca. “Se convierte casi en una agente literaria”, explica el periodista Víctor Fernández. Es ella quien pregunta por editoriales, quien se interesa por las revistas en las que se publican los textos de su hijo y quien incluso gestiona aspectos económicos de sus primeras obras.

Una de las piezas que mejor ilustra ese rol es la carta que Vicenta envía al impresor Gabriel García Maroto con motivo de la publicación de ‘Libro de poemas’. En ella, se detallan cuestiones relativas al pago de la edición, que corría a cargo de la familia. La escena es tan descriptiva como emocionante: detrás del mito literario, hay una madre pendiente de cada paso, sosteniendo -también económicamente- los inicios de una de las voces más importantes de la literatura española.

Ese acompañamiento no termina con la muerte del poeta. Años después de su asesinato, Vicenta sigue preocupándose por la difusión de su obra, interesándose por su traducción y circulación en otros países y preguntando incluso por figuras clave de la cultura internacional. Una continuidad que, en palabras de Fernández, “cierra el círculo” y refuerza la idea de que el legado de Lorca también es, en parte, una construcción familiar.

El trabajo de investigación que sostiene este epistolario no ha sido menor. Fernández partía de una publicación anterior, centrada únicamente en las cartas de la madre, pero decidió ampliarla para incorporar también la voz del hijo. El proceso, sin embargo, ha sido fragmentario, casi detectivesco: documentos dispersos en archivos públicos, colecciones privadas y referencias en investigaciones previas que obligaban a reconstruir el mapa pieza a pieza. “Construyes un primer borrador y cuando lo das por cerrado aparece otra carta”, explica.

Una investigación atemporal

En ese rastreo han intervenido nombres clave del lorquismo como Ian Gibson o Christopher Maurer, pero también anónimos y familiares que han preservado el legado y archivos menos accesibles. Algunas cartas han llegado a través de fondos institucionales y otras gracias a copias conservadas por investigadores. Algunas han aparecido también en colecciones privadas. Incluso hoy, reconoce Fernández, hay archivos que permanecen cerrados, como el del escritor y amigo de Lorca, Rafael Martínez Nadal, donde podrían seguir guardándose documentos desconocidos.

Ese carácter abierto de la investigación no es una excepción, sino casi una constante en el universo lorquiano. A lo largo de los años han seguido apareciendo materiales inesperados: desde nuevas fotografías hasta epistolarios desconocidos que emergen, literalmente, de cajones familiares tras una herencia. “A veces ocurren estos milagros”, explica el autor, que recuerda cómo recientemente apareció un conjunto de cartas dirigidas a una persona hasta ahora desconocida para los estudiosos. No obstante, faltan documentos clave como el manuscrito de Bodas de Sangre o sus cartas con Dalí, con el que mantuvo una relación amorosa en la que estaba también Buñuel.

Porque, aunque hoy sabemos mucho más que hace décadas -hace tan solo unas semanas trascendieron imágenes en vídeo de él junto a su compañía teatral-, el legado de Lorca sigue atravesado por ausencias. Se han perdido manuscritos, cartas y poemas -algunos destruidos durante la Guerra Civil por miedo- y otros cuyo paradero sigue siendo un enigma. Ni siquiera se conserva el manuscrito de algunas de sus obras más conocidas. Y, sin embargo, lo que ha llegado hasta hoy resulta casi milagroso. “No nos podemos quejar de lo mucho y bueno que tenemos”, apunta Fernández.

En ese equilibrio entre lo descubierto y lo perdido se mueve también el futuro de la investigación. No parece probable que aparezca una gran obra inédita que cambie el canon literario, pero sí nuevos documentos que completen el retrato. Pequeñas piezas que, sumadas, siguen ampliando la comprensión de un autor que nunca termina de agotarse.

Quizá el mayor misterio pendiente sea otro. La posibilidad de escuchar su voz. Federico García Lorca participó en emisiones de radio en sus últimos años en ciudades como Madrid o Barcelona, y no se descarta que alguna grabación haya sobrevivido en archivos sonoros, incluso fuera de España. “Yo soy optimista con que pueda aparecer”, señala Fernández. El problema, advierte, no sería tanto encontrarla como poder demostrar que realmente es suya.

Mientras tanto, estas cartas cumplen una función más inmediata y, quizá, más necesaria: devolver a Federico a un lugar reconocible. Alejarlo del pedestal sin restarle altura. Mostrarlo no sólo como el símbolo universal que representa, sino como lo que también fue: un hijo que escribía a su madre. Y, en ese gesto cotidiano, profundamente humano, encontrar una forma distinta y más cercana de leerlo.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Maracena contra quien fuera alcalde del municipio entre junio de 2023 y abril de 2024, Julio Pérez (PP).

La denuncia, impulsada por el actual gobierno local (PSOE, IU y Maracena Conecta), apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Le acusan de haber ordenado presuntamente la contratación de los servicios de una empresa especializada en la elaboración de informes económicos y patrimoniales sobre diversas personas y entidades.

Entre ellas figuraban presuntamente “miembros de la oposición municipal, personas sin relación con expedientes administrativos del Ayuntamiento e incluso empresas vinculadas a integrantes de su propio partido político”.

Los informes técnicos incorporados al caso sostienen que esas consultas se realizaron “sin que conste procedimiento administrativo alguno, sin expediente que justificara su necesidad y sin registro oficial que acreditara una finalidad pública”, señala el consistorio en una nota.

Además, los propios servicios municipales habrían confirmado que “ninguna de las áreas consultadas solicitó ni recibió dichos informes, lo que refuerza la sospecha de que se actuó al margen de la actividad ordinaria del Ayuntamiento, apropiándose presuntamente de dichos informes para usos diferentes del público”.

El portavoz del PSOE en el equipo de Gobierno, Antonio García Leiva, considera que los hechos descritos reflejan “un patrón especialmente grave de utilización de instrumentos de la administración para recabar información sobre adversarios políticos, empleando para ello dinero público y recursos institucionales”.

En la misma línea, ha recordado que el propio exalcalde “admitió en pleno que estaba investigándonos porque decía que era su obligación como alcalde, arrogándose competencias judiciales”.

La denuncia también pone el foco en la presunta contratación directa de una letrada externa para personar al Ayuntamiento en procedimientos judiciales contra la oposición, una actuación que, según afirman, “se habría realizado sin seguir los requisitos legales exigidos para que una administración pública pueda ejercer acciones judiciales”.

En concreto, se señala que el entonces alcalde presuntamente habría “firmado personalmente una hoja de encargo profesional con unos honorarios iniciales de 10.000 euros más IVA, prescindiendo del procedimiento de contratación pública y sin contar con el dictamen jurídico previo exigido por la normativa de régimen local y por el propio acuerdo plenario”.

A juicio de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, los hechos denunciados podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa, por la presunta adopción de resoluciones arbitrarias, y de malversación de caudales públicos, por el supuesto destino de fondos municipales a fines ajenos al interés general.

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este martes en la orilla de la playa de Gualchos-Castell de Ferro, después de que otros cinco cadáveres hayan sido rescatados en esta franja del litoral granadino en los últimos diez días.

Al igual que los otros, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición. Ha sido encontrado por un vecino que paseaba por la orilla en torno a las doce del mediodía y se ha activado el protocolo judicial, según han detallado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El pasado sábado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató otro cuerpo en torno a las 20:00 horas tras recibir un aviso de que había una persona flotando en el agua.

También este caso la autopsia será determinante para conocer las causas de la muerte e intentar identificar a las víctimas, de las que no han trascendido más datos.

Con estos son seis los cadáveres localizados en esta franja del litoral granadino en los últimos diez días, los tres primeros en la madrugada del pasado 15 de marzo en un contexto que “posiblemente” estaba vinculado a la llegada de una patera a la playa de Cambriles, según señaló en ese momento el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla.

El pasado viernes fue rescatado otro cadáver, también en avanzado estado de descomposición en la playa de Cambriles, en Lújar, donde fue localizado por un vecino que pasaba por la zona.

A Javier Verdejo nadie le iba a frenar su ímpetu por vivir en una democracia en España. Con la muerte del dictador Francisco Franco, este joven estudiante almeriense de la Universidad de Granada sabía que estaba ante la oportunidad perfecta para reivindicar un nuevo tiempo para su país. Nadie, ni siquiera su padre, un reconocido alcalde franquista de Almería, le iba a impedir militar hacia una transición política en la que la dictadura fuese historia. Nadie, hasta que una bala de un guardia civil le atravesó el cuerpo y le cercenó la vida. Era el verano de 1976, pero su asesinato pareció teñir de invierno las ambiciones de quienes, como Javier, soñaban con una España democrática.

Tenía tan solo 19 años cuando esa bala acabó con su futuro en la playa del Zapillo de su Almería natal. Militante de la Joven Guardia Roja de España (JGRE), la organización juvenil del Partido de los Trabajadores de España (PTE), Verdejo apenas llevaba un año estudiando Biología en la universidad cuando fue sorprendido en una caseta de baño próxima a la orilla escribiendo en un muro, con letras rojas: “Pan, trabajo y libertad”. No llegó a escribir más que la “t” de trabajo cuando un agente de la Guardia Civil le persiguió, mientras trataba de huir, hasta darle alcance con su fusil. En apenas unos segundos, el joven murió, convirtiéndose en una de las casi 800 víctimas que se produjeron en los primeros años de la transición española tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

Quizá por eso, por parecer tan solo un número, Javier Verdejo no ocupa los recuerdos que sí logran otros como Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 mientras luchaba por la autonomía de Andalucía. Quizá por eso, la de Verdejo es la historia de un chaval que tuvo la mala suerte de soñar con una democracia cuando la dictadura aún seguía existiendo, pese a la muerte de Franco.

Ahora, 50 años después de su asesinato, la Universidad de Granada le hace un homenaje para que la comunidad académica y la población en general, que empieza a ser mayoría la que no vivió el franquismo, no olvide lo que pasó en los primeros años de la transición que permitió que España sea hoy una democracia. Porque el contexto de aquel tiempo merece ser recordado para entender quién era Javier Verdejo y qué pasaba en el país en aquellas fechas. En ese sentido, Rafael Gil Bracero, profesor de Historia en la Universidad de Granada, que tenía casi la misma edad que Verdejo cuando fue asesinado, es una de las personas que más ha estudiado sobre su figura y de las que más luces puede aportar a los vacíos que la versión oficial arrojó sobre la muerte del joven.

Una transición que no fue modélica

“Ni fue una transición ni mucho menos modélica. Fue sangrienta”, resume Gil. El historiador sitúa el asesinato de Verdejo en un momento de enorme tensión política y social, apenas meses después de la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno. En aquel 1976, ni los partidos políticos ni los sindicatos estaban legalizados, y la movilización en las calles –especialmente de estudiantes y trabajadores– formaba parte de la lucha por conquistar libertades básicas.

Ese clima tenía en la universidad uno de sus principales epicentros. “El ambiente universitario estaba muy politizado”, explica Gil, que vivió aquellos años como estudiante. “En la Universidad de Granada, el Partido Comunista era casi lo más a la derecha”. La frase, provocadora, ilustra hasta qué punto el espacio universitario estaba dominado por organizaciones de izquierda y extrema izquierda, donde militaban buena parte del alumnado.

Lejos de ser una excepción, la implicación política formaba parte de la vida cotidiana. Carteles, asambleas y panfletos articulaban un movimiento estudiantil que se organizaba al margen de la legalidad vigente. “La mayoría de estudiantes estaban vinculados a organizaciones políticas”, recuerda el historiador. En ese contexto, la militancia de Javier Verdejo no tenía nada de extraordinario: era, en realidad, la norma entre quienes protagonizaban la oposición al franquismo en las aulas.

Pero esa efervescencia chocaba de frente con un aparato estatal que apenas había cambiado. Gil insiste en que la transición política no vino acompañada de una depuración real de las fuerzas de orden público. “Podían disparar y no pasaba nada”, asegura. La combinación de movilización social y continuidad represiva explica, en parte, la violencia de aquellos años. En cifras, el balance es contundente. “Del 75 al 83 hubo al menos setecientas muertes violentas”, señala. De ellas, al menos 178 corresponden a violencia ejercida por el propio Estado. “Son muertes que apenas han tenido investigación, reparación ni reconocimiento”, añade. La de Javier Verdejo fue una más de esa lista, aunque con el paso del tiempo haya quedado diluida en el relato oficial de una transición pacífica.

La versión oficial sostuvo que el disparo fue accidental: el agente habría caído mientras perseguía al joven y el arma se habría disparado de forma fortuita. Sin embargo, Gil cuestiona esa explicación. “Si te caes con el arma, el disparo no va al cuello”, apunta. Para el historiador, se construyó un relato para evitar responsabilidades. “No fue una muerte, fue un asesinato”, afirma con rotundidad.

La impunidad de su asesinato

El caso nunca se investigó en profundidad y quedó impune. La respuesta en la propia universidad, aunque existente, fue limitada. Hubo comunicados y protestas, pero no una movilización sostenida. “Se hicieron panfletos denunciando el asesinato, pero no hubo más”, admite Gil. Aun así, el impacto fue profundo entre quienes compartían generación con Verdejo: la constatación de que la represión seguía operando incluso en plena transición.

A diferencia de otros nombres que sí han logrado cierto reconocimiento institucional, la figura de Javier Verdejo quedó marcada por el olvido. Algunas fuentes han sostenido que existió un distanciamiento por parte de su familia debido a su militancia política, en un contexto marcado por profundas divisiones ideológicas. Sin embargo, sus hermanos han querido matizar esta interpretación y subrayan que su familia siempre se ha sentido “muy orgullosa” de Javier, al que consideran “querido, recordado y añorado”.

“Una tragedia de tal envergadura marcó a sus padres y a toda su familia, la cual ha sido víctima, al igual que lo fue Javier, de falta de respeto y solidaridad”, explican los hermanos Verdejo Lucas. Asimismo, recuerdan que en 2010 fue reconocido oficialmente como “víctima de la violencia estatal” a petición de la propia familia. Y aseguran haber participado “en todos los actos en reconocimiento a Javier a los que la familia ha sido invitada, y también ha asistido a muchos otros eventos, aunque lo ha hecho sin significarse, respetando así, la iniciativa de los convocantes”.  

Memoria y presente

Medio siglo después, el homenaje impulsado ahora desde la Universidad de Granada, con participación institucional, supone un cambio respecto a décadas anteriores. “Ya era hora de que el Estado reconociera a quienes dieron su vida por la democracia”, sostiene Gil.

Para el historiador, la recuperación de estas historias no es solo una cuestión de memoria, sino también de presente. “Esto no se enseña en las aulas, aunque la ley diga que es obligatorio”, advierte. En un contexto en el que las nuevas generaciones consumen información de forma fragmentaria y rápida, reivindica el papel de la divulgación y del periodismo para reconstruir estos relatos.

Porque la historia de Javier Verdejo no es solo la de un estudiante asesinado en una playa de Almería. Es también la de una universidad que fue motor de cambio político, la de una generación que se jugó la libertad en las aulas y en la calle, y la de un país que, durante demasiado tiempo, prefirió no hacerse preguntas. Medio siglo después, su nombre vuelve a aparecer para recordarlas.

Le sucede a todos los escritores: al término de un evento, alguien se acerca, quizá con una carpeta bajo el brazo, y le comenta que tiene una historia familiar que daría para un libro. A Lorenzo Silva (Madrid, 1966) le había ocurrido muchas veces, pero cuando se encontró con el nieto del general Miguel Ángel Solana Campins intuyó que ahí sí había una gran historia que contar. Ahora, ocho años después de aquel encuentro, presenta Con nadie (Destino), la historia de un militar africanista que se mantuvo leal a la República y fue fusilado en el tórrido verano sevillano de 1936.

A Lorenzo Silva, el interés por Marruecos y la guerra de África le viene de familia. Su abuelo Lorenzo combatió en ellas, y “igual que otros imaginaban otros mundos con las historias de Kipling, yo lo hacía con las de mi abuelo. Por ejemplo, el hecho de que tuvieran un mono en la posición me parecía puro exotismo”, recuerda. Cuando creció y se hizo escritor, descubrió que había buena literatura sobre el tema, pero muy escasa: Imán, La ruta de Barea… Poco a poco, él mismo fue sumando títulos a esa nómina, el último de los cuales es Con nadie.

Para Silva, Campins es algo más que una figura heroica en más de un sentido. “Yo tenía noticias del personaje, pero no sabía que había estado tan en primera fila, ni tantas veces. El tipo llega a la guerra de África con 31 años y manda una carga de caballería, manda asaltos de unidades de cazadores contra las posiciones en territorio enemigo, manda una oleada de desembarco, hace incursiones en territorio enemigo con un avión de aquellos que lo normal era estrellarte, es hasta artillero, fortifica una cota y planta los cañones”, enumera. “Además, está en todo: en Annual, en Xauen, en el desembarco de Alhucemas, en la operación final… Es un personaje que te permite ver todo lo que pasó en aquel momento, con una impresionante galería de personajes propios y extraños: El Mizian, el Raisuni, Abdelkrim, El Jeriro, Sel-liten, muchos de los cuales no son conocidos, y que darían para una película, ¡qué digo, para una serie!”

La catástrofe española

“En África se cuece la catástrofe española”, explica Silva. “Allí culmina la fractura social española que venía del siglo XIX, porque hay dos visiones muy enconadas, con satélites también muy enconados, como el carlismo, como el anarquismo, que tiene un peso en España que no tiene en ninguna otra sociedad europea. Todo eso se hace en la guerra de África absolutamente insoluble, una guerra abastecida de mano de obra reclutada entre la población miserable, salvando a las capas privilegiadas del esfuerzo bélico. Y luego está Annual, una masacre de proporciones homéricas que descompone completamente al país”.

Ahí aparece África como la caja negra de lo que iba a ser el golpe de Franco y la contienda civil. “En la Guerra de África se instruye a la mano de obra de la Guerra Civil; en el bando nacional son los militares sublevados, los que dirigen el Ejército Nacional, pero también la tropa de choque, que en buena medida viene de África, son unidades coloniales generadas en la guerra de Marruecos que acaban sirviendo para atacar a los propios ciudadanos españoles. Pero es que en el bando de enfrente, la mano de obra del ejército de la República, la mano de obra útil, la que desde el principio empieza a funcionar, son los veteranos de la guerra de Marruecos que combaten en el bando republicano porque una parte muy significativa de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto y de la Guardia de Seguridad y de los carabineros no se sublevan”.

Entre ellos estaba Campins. No obstante, lo que acabó de convencer a Silva para abordar este proyecto fue la buena prosa que reconoció en sus escritos y el perfil humano que se revelaba en ellos. “Escribía muy bien. Cosa no normal entre los militares ni de esa época, pero él escribía de una manera natural, eficaz, de convincente, de alguien que está buscando, primero alguien que piensa, que elabora sus ideas”.

Vidas paralelas

Pero había algo más, y era su condición de perfecto contrapunto de Franco y que ilumina al dictador. “Son vidas paralelas que desembocan en ese detalle final tan misterioso el hecho de Franco pida clemencia para Campins después de que un consejo de guerra dicte su sentencia de muerte. ¿Por qué Franco, que no intercedía por nadie, lo hizo por Campins? ¿Por qué fueran amigos íntimos? Yo no lo creo. Habían trabajado juntos, pero él sabía quiénes eran los suyos. A Campins lo sondea lejanamente sobre el golpe, y como no lo ve por la labor, lo aparta de su proyecto. Y Franco no es el militar que más le gusta a Campis: ha hecho sus méritos, pero es una persona muy atenta a su propio medro”.

“Lo intrigante es que a Franco no le conviene interceder por Campins, y en su biografía no recuerdo que haga nada que no le convenga. Todo es calculado, incluso su forma de unirse al alzamiento, haciéndola reversible por si fracasa”, agrega Silva. “Sin embargo, se expone así ante Queipo de Llano, que no quería a Franco ni Franco lo quería a él”.

Queipo, jefe del alzamiento en Andalucía, aparece en Con nadie como la némesis de ese Campins que, en 1936 y envuelto en una maraña de traiciones y mentiras, acuartela a las tropas en Granada con el objeto de evitar un baño de sangre que a la postre se revelaría fatal. “Queipo, rodeado de pretorianos, exige que sea Campins fusilado, porque detecta que no le respeta. Él mismo lo dice ‘yo no soy un cabo’. De hecho, Campins lo engaña, finge sumarse a la rebelión cuando en realidad está tomando decisiones que van a favor del gobierno de Madrid”.

Una historia de amor

El desastre que caería sobre Granada, según Silva, viene explicado por el hecho de que “esa cuadrilla de conspiradores, los que acaban teniendo la voz cantante son los más duros. El coronel de Infantería de Campins, que ha sido su segundo en África, obra así por miedo de hecho lo acaban apartando. Pero hay otros personajes muy, muy peligrosos, que obtienen carta blanca de Queipo, y los demás están aterrorizados. No sé si Queipo dijo aquello de ‘dar café’ a Lorca, pero es evidente que formaba parte de su filosofía. Entró en Sevilla como un terrorista, como Tejero en el congreso”.

Pero Con nadie no es solo una historia de uniformes, disparos y conjuras. También es la historia de amor de Campins con su mujer, Dolores Roda, con la que “tiene momentos muy felices, pero también muy desdichados”, dice Lorenzo Silva. “En una carta que le manda al final, cuando está todo perdido, pone de manifiesto que sigue enamorado de ella, 20 años después, aunque la vida les impide compartir más que un par de temporadas, Madrid, Zaragoza, Gerona… Es una historia que no está en los archivos, pero explica al personaje”.

Uno de los momentos más conmovedores de ese desenlace, según el escritor, es aquel en que pide a su cuñado que le diga a sus hijos que no sean militares. “Al término de su vida piensa que se ha equivocado, ha antepuesto todo a su deber militar, y al final es traicionado por sus compañeros. Había pasado 35 años de su vida en una soledad personal absoluta, había logrado romper esa soledad creando una familia que, al final, queda desamparada”.

El juzgado ha absuelto al subinspector de la Policía Local de Granada que fue juzgado este pasado lunes acusado de romper la orden de alejamiento respecto a su exmujer al no quedar acreditado que manipulara o fracturara la pulsera telemática antimaltrato que le fue colocada.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, se precisa que en julio de 2023 se prohibió al agente aproximarse o comunicarse con su mujer y, en septiembre de ese año, se dispuso el control telemático mediante dispositivo GPS, con ampliación de la distancia de exclusión y expresa advertencia penal.

No obstante, el titular de la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada no considera acreditado que el 13 de julio “mudara su brazalete”, que el 12 de agosto de 2024 se separara de él ni que el 21 de septiembre de 2024 lo rompiera, como señalaban la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima.

Multas

La defensa del agente, ejercida por el letrado Domingo Domingo, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que su cliente haya tenido que pasar por la “pena de banquillo” cuando “había documentación que acreditaba su inocencia”.

La Fiscalía solicitaba que el subinspector fuera condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral. La acusación particular pedía la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, era “perfectamente conocedor” de lo que está haciendo.

Denuncias por violencia machista

Cabe recordar que el caso se inició cuando se detectaron brechas de seguridad en el sistema VioGén, que recoge información sensible la mujer del subinspector y sus hijas. El escrito de las diligencias practicadas por la Guardia Civil de Granada confirmaba que hasta seis agentes de la policía municipal granadina habían accedido a la información reservada en varias ocasiones.

A pesar de las denuncias, el agente sigue ejerciendo, aunque tiene el arma retirada y va con una pulsera telemática, que se habría quitado en varias ocasiones, siendo detenido en más de diez ocasiones por ello. La pulsera tendría por objetivo evitar que se acerque a su expareja a menos de 500 metros, a raíz de una denuncia por violencia machista presentada por la mujer en 2023. En el escrito judicial que dio lugar a estas medidas cautelares, se recoge que el agresor ha llegado a decirle a la víctima “soy capaz de matar” o “eres una puta”.

En diciembre de 2025, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada le condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.

La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.

Hoy en Exfiliana y mañana en Purullena. Así es la vida de los sanitarios de la comarca de Guadix en Granada. No saben, y cada vez con menos frecuencia, cuándo y dónde tendrán que trabajar puesto que, según denuncian, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se les utiliza como “comodines” para cubrir huecos ante la falta de personal. Esta circunstancia, que impacta de lleno en los profesionales de los centros de salud periféricos de esta zona de la provincia, provoca a su vez que los ciudadanos de los municipios en los que están destinados se queden en ocasiones sin atención médica o vean cómo se les anulan citas sin previo aviso.

Así, los problemas se multiplican ante la falta de una operativa que funcione de forma coordinada y que respete no solo a los profesionales médicos, sino a los pacientes que necesitan de su sanidad pública. Pues los sanitarios son llamados de improviso en muchas ocasiones para que acudan a otras localidades, pese a que estas estén muy dispersas geográficamente. Una tónica demasiado habitual, lamentan, porque se están perdiendo sanitarios en todo el sistema público, pero con especial incidencia en los entornos rurales.

Cansados de esta situación, los profesionales afectados han redactado una batería de quejas que han hecho llegar a este medio. En ella, señalan todo tipo de problemas a la hora de poder ejercer su trabajo desde la dignidad y el respeto a los usuarios. Mientras la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía niega cualquier problema y habla de una asistencia sanitaria que opera con “normalidad”, en el escrito los sanitarios advierten de que esta dinámica organizativa está teniendo consecuencias directas tanto en la calidad asistencial como en sus propias condiciones laborales.

Consultorios sin médicos

“Se nos utiliza como comodín para cubrir necesidades estructurales de la zona”, explican, lo que implica que con frecuencia deben abandonar sus consultas para cubrir bajas, salientes o consultas saturadas en otros centros. El resultado, denuncian, es que los consultorios de los pueblos en los que están destinados pueden quedarse durante horas o incluso jornadas completas sin médico. Los profesionales cuentan que se ven obligados a hacer desplazamientos constantes entre municipios, a menudo de decenas de kilómetros, y en muchos casos utilizando sus propios vehículos. A ello se suma la falta de previsión con la que se producen estos cambios. “En muchas ocasiones se nos comunica con muy poca antelación”, señalan, lo que obliga a modificar o cancelar consultas ya programadas y altera por completo la planificación de la jornada.

La consecuencia más visible de esta situación recae en los pacientes. Según explican los médicos, las agendas se llenan con más personas de las que sería deseable y con menos tiempo disponible para cada consulta. Además, muchos profesionales deben atender a pacientes que no pertenecen a su cupo habitual, lo que dificulta el seguimiento continuado de los casos clínicos. “Más pacientes y menos tiempo para cada uno en centros sanitarios diferentes”, resumen.

Los sanitarios denuncian que este modelo organizativo también tiene consecuencias directas en la seguridad asistencial en los municipios más pequeños. En algunos consultorios, explican, las enfermeras se quedan solas durante gran parte de la mañana cuando el médico es desplazado a otro centro. “El equipo mínimo para atender una emergencia es un médico y una enfermera”, recuerdan.

La situación se complica especialmente en localidades alejadas del hospital o de los recursos de emergencias. Algunos de estos consultorios se encuentran a más de media hora del hospital o de la ambulancia más cercana. A ello se suma que, según indican los profesionales, durante las mañanas solo hay un equipo móvil de emergencias para cubrir una amplia zona que incluye Guadix, Purullena, el Marquesado y Benalúa. Los médicos dicen además que esta forma de reorganizar la asistencia ha dejado de ser algo puntual. “Es importante remarcar que ha dejado de ser excepcional”, señalan en su escrito. A su juicio, se trata de una práctica que responde a déficits estructurales de plantilla y que termina repercutiendo tanto en la atención sanitaria como en el desgaste profesional de los trabajadores.

Usuarios afectados

Las consecuencias de estas reorganizaciones también las perciben los vecinos de la comarca. Elena, residente en la zona, relata a este medio cómo su marido se quedó sin consulta tras esperar durante días su cita médica. “Tenía cita a las 13.20 después de quince días esperando. Estaba allí desde las 12.50 y cuando preguntó en el mostrador le dijeron que el médico se había ido”, explica.

El problema no terminó ahí. Al no haber sido atendido por el facultativo, tampoco pudo obtener un justificante médico para el trabajo. “Pidió un justificante y le dijeron que no podían dárselo porque no lo había visto el médico”, cuenta. Finalmente, la consulta tuvo que aplazarse y la nueva cita se la han dado para varios días después. Y es que situaciones similares se repiten en otros municipios de la comarca. Encarni, vecina de Exfiliana, explica que conseguir cita con el médico de cabecera se ha convertido en una tarea complicada para muchos vecinos. “Aquí nunca hay cita para el médico”.

Según cuenta, en su localidad el consultorio dispone de médico únicamente tres días a la semana. “Hay consulta lunes, miércoles y viernes”, explica. Sin embargo, el horario real suele ser menor. “Los miércoles solo pasan consulta hasta las once porque tienen que ir a la residencia y los viernes muchas veces directamente no vienen”. Cuando el médico sí acude, la consulta suele estar saturada. “Está llena de gente y cuesta mucho que atiendan”, describe. Muchos vecinos terminan recurriendo a urgencias ante la imposibilidad de conseguir una cita en atención primaria.

En su caso, la situación ha tenido consecuencias directas en la atención sanitaria de su familia. Su madre lleva meses arrastrando problemas de salud sin un diagnóstico definitivo. “Desde agosto está mala con dolores en los riñones y el estómago y todavía no le han dado diagnóstico”, relata. Entre pruebas, citas y nuevas derivaciones, el proceso se ha prolongado ya más de medio año.

Pese a las dificultades, la vecina insiste en que los profesionales sanitarios están haciendo todo lo posible por atender a los pacientes. “Los vemos muy saturados, van de un lado a otro y se desdoblan todo lo que pueden”, asegura. Los propios médicos advierten de que este modelo también está afectando a la formación de los residentes que realizan su especialidad en la zona. Al no poder mantener consultas estables ni hacer seguimiento de pacientes en el tiempo, los profesionales en formación pierden una parte esencial del aprendizaje en atención primaria: la continuidad asistencial.

En su escrito, los sanitarios consideran que esta situación refleja un problema más amplio relacionado con la atención sanitaria en el medio rural. “Nos sentimos profesionales de segunda y, por extensión, la población a la que atendemos también”, señalan. A su juicio, el cierre temporal de consultorios o la reducción de la atención en los pueblos termina generando desigualdades territoriales en el acceso a la sanidad pública. Además, advierten de que el desgaste laboral ya está teniendo consecuencias en la plantilla. Algunos profesionales han abandonado sus puestos y otros se plantean hacerlo, lo que podría agravar aún más la falta de médicos en zonas consideradas de difícil cobertura.

Los sanitarios defienden que existen alternativas organizativas para evitar que los consultorios periféricos se conviertan en la “moneda de cambio” para compensar los déficits de personal en otras zonas más pobladas. Entre ellas, mencionan la posibilidad de recurrir a continuidades asistenciales voluntarias o refuerzos en los centros con mayor demanda.

Sin problemas, según la Junta

Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía asegura que la asistencia sanitaria en la comarca está garantizada. Fuentes oficiales señalan que la cartera de servicios se mantiene con normalidad tanto en el Hospital de Guadix como en los centros de atención primaria.

La Junta sostiene además que el número de profesionales en el área ha aumentado un 2,15%, alcanzando los 1.280 trabajadores en 2025. Según los datos facilitados por la administración sanitaria, durante ese año se realizaron 112.391 consultas, casi un 5% más que el ejercicio anterior. Desde la Consejería reconocen que pueden producirse reorganizaciones puntuales del personal. “Como ocurre en cualquier organización sanitaria, pueden darse situaciones derivadas de bajas laborales, reducciones de jornada u otras circunstancias sobrevenidas que obligan a reorganizar temporalmente la atención entre distintos centros”, indican.

El Gobierno regional quiere enviar “un mensaje de tranquilidad y confianza en el funcionamiento del sistema sanitario público”, al tiempo que reconoce el compromiso de los profesionales que trabajan en la comarca para garantizar la atención a los pacientes. Un optimismo que no comparten ni profesionales ni usuarios.

El subinspector de la Policía Local de Granada condenado por la violencia física y psíquica habitual que ejercía contra su expareja será juzgado de nuevo este lunes acusado de quebrantar en reiteradas ocasiones la orden de alejamiento que tiene impuesta respecto de la mujer.

Está previsto que el juicio se desarrolle a puerta cerrada en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. El hombre fue condenado a dos años y ocho meses de prisión en noviembre por  “los actos de humillación, desvalorización y control” que ejercía sobre su exmujer, a la que espiaba a través de sus dispositivos electrónicos. La Fiscalía pedía seis años y diez meses de prisión y la acusación particular 15 años.

Ahora la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima, le acusan de romper en diversas ocasiones la orden de alejamiento que le impuso en 2023 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y que llevaba aparejada un dispositivo telemático para controlarlo.

Su expareja denunció manipulaciones de la pulsera telemática en varias ocasiones, algunas de los cuales se juzgarán en este procedimiento y otras tantas se investigan en otra causa paralela. El hombre fue arrrestado en mayo de 2025 por acercarse a su expareja con una orden de alejamiento en vigor, y fue nuevamente detenido al hacer lo mismo cuando salía de la sala de vistas tras el juicio contra él por varios delitos relacionados con la violencia machista en el ámbito familiar, por los que ha sido condenado.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran que se trata de acciones “premeditadas” para generar “malestar en la víctima” que, a cuenta de los pitidos del dispositivo, “rememora” situaciones de “estrés y ansiedad”.

El subinspector lo atribuye a momentos en que sumergió el dispositivo en el agua del mar, o a que estaba haciendo barranquismo y el aparato se golpeó. También aduce que se quedó sin cobertura.

La Fiscalía solicita multa de 5.400 euros

La Fiscalía solicita que el subinspector sea condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral.

La acusación particular pide la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, es “perfectamente conocedor” de lo que está haciendo.

El pasado diciembre, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada le condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.

La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la suspensión de las colaboraciones entre la Universidad de Granada y las universidades e instituciones israelíes. El alto tribunal zanjará así una cuestión que hasta ahora ha suscitado dos sentencias contradictorias: un juez avaló en primera instancia la decisión adoptada por la Universidad de Granada, pero luego fue corregido por el TSJA, que entendió que la decisión era discriminatoria y vulneraba los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y no discriminación y la integridad moral.

Ahora se pronunciará el Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso de la Universidad de Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), al apreciar que el caso afecta a los límites de la autonomía universitaria.

Los magistrados evaluarán si una universidad puede adoptar acuerdos como la suspensión basados en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, incluso cuando estos impliquen suspender relaciones académicas con instituciones extranjeras. Asimismo, deberá determinar si este tipo de medidas puede calificarse como discriminatorias cuando no se dirige contra personas físicas, sino contra instituciones vinculadas a un determinado Estado.

Acuerdos universitarios en el punto de mira

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada acordó suspender sus programas de cooperación académica con universidades israelíes y reforzar la cooperación con universidades palestinas el 17 de mayo de 2024.

La Universidad acordó suspender la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores con universidades israelíes, así como los convenios de lectorado y cursos de verano con la Universidad de Bal-Illan y con la Universidad de Tel-Aviv; no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales con universidades israelíes; y suspender la cooperación científico-técnica en los consorcios de investigación promovidos por la Comisión Europea con socios israelíes. También acordó intensificar sus relaciones con las universidades palestinas y ayudar a acoger estudiantes, investigadores y profesores palestinos.

Habían pasado siete meses desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza tras los atentados del 7 de octubre. En ese momento, la ofensiva israelí ya había matado a unos 35.000 y herido a unos 75.000 gazatíes, la mayoría civiles, incluyendo alrededor de 15.000 niños. Israel también obliga al desplazamiento forzoso de 1,7 millones de personas fuera de sus viviendas, en torno al 70% de la población, hacinándolos en el extremo sur de la franja. Hasta el alto el fuego de octubre de 2025 los muertos superaron los 72.000 (de ellos, 21.000 niños y niñas) y los heridos alcanzaron 172.000, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, citadas por las agencias de la ONU.

Entre mayo y junio de 2024 las protestas contra las acciones de Israel en Gaza se sucedieron en las universidades españolas, y media docena de ellas (Valencia, Málaga, Granada, Burgos, Complutense de Madrid, País Vasco y Vigo) rompieron con el país. Varias fueron demandadas por la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), un lobby sionista que esta misma semana ha demandado a varios periodistas, incluida Raquel Ejerique, adjunta al director de elDiario.es, por “invitar al odio e injuriar personal y públicamente a ciudadanos judíos españoles con significación pública”.

Los recursos de ACOM contra las universidades españolas han seguido una suerte dispar. Por ahora, ha ganado contra la de Granada y Valencia, y perdido contra la de Burgos. Los recursos ahora llegan a la cúspide de la jurisdicción española, que deberá zanjar la cuestión.

Neutralidad o autonomía universitaria

Para fundamentar su acuerdo la institución granadina recordaba que en la esencia de las universidades está promover la paz y que sus Estatutos recogen como fin “la transmisión de los valores superiores de nuestra convivencia (…) el fomento del diálogo, de la paz, del respeto a la diversidad cultural y de la cooperación entre los pueblos”. Pocos días antes, la Conferencia de Rectores y la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas habían pedido el cese de las operaciones militares del ejército israelí y de “cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas”, así como que Israel respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda ayuda humanitaria.

La Universidad citaba las palabras de la relatora de la ONU Francesca Albanese, quien días antes había lamentado que “el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”.

ACOM recurrió el acuerdo por entender que vulnera los derechos fundamentales de la población e instituciones israelíes. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada desestimó la demanda al entender que la Universidad actuó dentro de su autonomía, reconocida en la Constitución, y sin vulnerar derechos fundamentales. El juez razonaba que la decisión de la Universidad no se dirigía “contra el pueblo israelí”, sino que se refería a instituciones concretas, estableciendo una diferencia de trato justificada, proporcional, de efectos provisionales y basada en fines legítimos de la Universidad.

Sin embargo, el TSJA revocó la decisión el pasado septiembre, subrayando que la libertad de la Universidad para establecer o suspender convenios debe ajustarse a los principios de igualdad y dignidad de las personas. A diferencia del juzgado, el TSJA concluyó que el Acuerdo establece un trato desigual hacia estudiantes, profesorado y personal vinculado a universidades israelíes “sin motivación suficiente, sin individualización y sin examinar su concreta participación o posición respecto al conflicto”. Según esos magistrados, el Acuerdo implica una “estigmatización” al asociar a las personas vinculadas a las universidades israelíes con una responsabilidad en el “conflicto entre Israel y Palestina y Gaza”.

El asunto tiene relevantes aristas jurídicas, según reconoce el Tribunal Supremo, que ha visto una oportunidad para retomar la jurisprudencia en materia de acuerdos universitarios sobre cuestiones políticas.

En primer lugar, está el alcance del principio de neutralidad de las universidades públicas. El Tribunal Supremo se cuestiona si tiene el mismo alcance que en otras administraciones y dónde debe trazarse la frontera entre ese principio y el de autonomía universitaria, reconocido en la Constitución. A su vez, los magistrados se pronunciarán sobre si la suspensión de relaciones institucionales con entidades vinculadas a un Estado puede calificarse de “acto discriminatorio” pese a que no se refieran a personas físicas o colectivos.  

Un total de 17 varones han sido rescatados de una patera que ocupaban a unas 40 millas náuticas al oeste de la isla de Alborán cuando fueron avistados por un navío en la zona, que dio aviso a Salvamento Marítimo, que se hizo cargo de su rescate y su traslado al Puerto de Motril, en la costa de Granada, donde han llegado sobre las 2.00 horas de este jueves en aparente buen estado de salud.

Así lo han apuntado a Europa Press fuentes consultadas en Salvamento Marítimo, que, a través de sus redes sociales, ha dado las gracias por su colaboración al buque BBC Lima, que dio el aviso, y NACC Indian, que también se encontraba en la zona y aportó indicaciones para la ubicación de la neumática.

El operativo se ha dirigido desde el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería, que, tras el aviso, sobre las 17.20 horas de este pasado miércoles, movilizaba a la Salvamar Gienah, cuya tripulación procedió al rescate, que estaba completo sobre las 22.30 horas, poniendo posteriormente rumbo a la dársena granadina, donde, como está estipulado en estos casos, estas personas migrantes han recibido una primera atención sanitaria antes de quedar a disposición de la Policía Nacional.

La concejala de Igualdad de Pinos Puente (Granada), Margarita Álvarez, de IU, ha presentado su dimisión por “motivos personales” después de que fuera condenada por la agresión a una vecina a nueve meses de multa, una orden de alejamiento y una indemnización, según han apuntado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Tanto PSOE como Vox, en la oposición en esta corporación municipal del área metropolitana de Granada donde IU gobierna en coalición con PP y Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente, habían pedido la semana pasada la dimisión de Álvarez tras la sentencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Granada.

A raíz de la moción de censura que dio lugar al tripartito que gobierna desde diciembre el municipio, la dirección de IU abrió un expediente informativo tanto a la edil dimitida, que abandona sus funciones en el gobierno local y la corporación, como al concejal que fue nombrado alcalde, Iván Fernández, los dos miembros del grupo municipal, en el que ahora Álvarez habrá de ser sustituido por otra persona que concurriera en la lista de la coalición de izquierdas en 2023.

Código ético

A finales del pasado noviembre se conoció que la Fiscalía le pedía dos años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil.

La dirección provincial de IU en Granada indicó en un comunicado que, de dictarse sentencia condenatoria en el juicio que se celebrara sobre estos hechos, tomaría “de inmediato las medidas necesarias y oportunas”, en consonancia con sus estatutos y código ético, y en el marco de su “compromiso inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres”.

Días después trascendió que IU, que había gobernado hasta ese momento con el PSOE, que ganó las municipales con mayoría simple, plantearía la moción de censura que dio la alcaldía a Fernández el pasado 18 de diciembre.

Testigo de un juicio

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar el 13 de junio de 2023, apenas dos semanas después de que Álvarez obtuviera su cargo como concejal tras las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo. Según se describe en la documentación a la que ha accedido este periódico, la edil de Izquierda Unida acudió, junto con otra mujer, a la puerta de una peluquería de Pinos Puente para esperar a que saliera una tercera mujer que tenía que acudir como testigo a un juicio por violencia sexual en el que están investigados tanto el hijo de la concejal como la de su acompañante aquel día, ambos menores de edad.

Cuando esta persona salió de la peluquería, Margarita Álvarez y la otra mujer comenzaron, presuntamente, a amenazarle diciéndole “ahora sí, ya sí podemos” para posteriormente tirarle de los pelos, golpearle en la cabeza y tirarla al suelo, donde continuaron agrediéndola. Fruto de la agresión, la víctima habría sufrido la rotura de la camiseta que llevaba puesta y habría perdido un anillo y un pendiente. Tras lo ocurrido, Álvarez y la otra presunta agresora se marcharon del lugar dejando malherida a la persona a la que habrían increpado y golpeado.

No obstante, el escrito también recoge que no solo tuvo lugar el episodio que se describe como agresión física, sino que mes y medio antes, el 28 de abril, la propia concejal y la otra presunta agresora amenazaron a la que sería su víctima. Ambas le habrían acusado de arruinarles la vida por querer testificar contra sus hijos en el caso de agresión sexual en el que ambos ya estaban como investigados en ese momento. De hecho, según la víctima, que denunció todo lo sucedido al 14 de junio ante la Guardia Civil, la concejal de Igualdad -que entonces aún no era edil- habría llegado a recriminarle que no mediase “con la madre de la niña” presuntamente agredida por sus hijos.

Un grupo criminal que estaba especializado en el robo de cajeros automáticos la utilizar de cargas explosivas para forzar y sustraer el dinero ha sido desarticulado en Granada. En una operación conjunta entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha procedido a detener a seis personas. En los registros practicados se han incautado un arma de fuego, 1.700 euros y 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.

En un comunicado, el cuerpo de seguridad ha denominado la técnica utilizada por el grupo criminal especializado como “paleta del pizzero”. Asimismo, se ha destacado que durante la operación Taglio se ha comprobado que dos de los arrestados tienen una presunta implicación en otros siete robos con fuerza cometidos en cajeros automáticos de las localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca.

La investigación se inició en junio de 2024 tras el robo, en una misma noche, de dos cajeros automáticos en la provincia de Granada. Uno de los asaltos se perpetró en la localidad de Santa Fe y el otro en la capital granadina. En ambos casos, los autores introdujeron cargas explosivas en la ranura de dispensación de billetes con el fin de acceder, tras la detonación, a los cajetines interiores que contenían el dinero. Solo en estos dos robos lograron sustraer más de 140.000 euros.

Desde Madrid y Valencia

Los integrantes del grupo criminal tenían fijada su residencia en Madrid y Valencia y se desplazaban desde estas ciudades hasta las provincias donde cometían los asaltos a cajeros automáticos. Para llevar a cabo los robos, sustraían previamente vehículos que utilizaban en los desplazamientos y en la comisión de los hechos, abandonándolos posteriormente tras hacerse con el botín. Actuaban con el rostro cubierto y regresaban de inmediato a sus lugares de residencia.

El carácter itinerante del grupo, junto con el uso de vehículos robados y las medidas de seguridad adoptadas para dificultar su identificación, incrementó notablemente la complejidad de la investigación. Una vez identificados todos los miembros de la organización, se llevó a cabo de manera simultánea la detención de tres personas en Madrid y tres en Valencia, como presuntos autores de los robos en cajeros automáticos.