Baleària y MSC han sellado un acuerdo definitivo que permite desbloquear el proyecto de la terminal de cruceros que inicialmente se adjudicó la naviera valenciana y por el que finalmente cada una de las compañías podrá disponer de su propia estación para tráfico de pasajeros en el Puerto de Valencia. El principal escollo relativo a la ubicación de la instalación de la multinacional suiza se ha solucionado de forma que su actividad no entorpezca el tráfico de los buques de Baleària.

Así, una vez solventado este conflicto, ambas empresas han seguido con los trámites administrativos para poner en marcha sus respectivas terminales. En este sentido, la de Baleària es la más avanzada, puesto que muchos de los pasos ya los tenía superados tras el proyecto inicial aprobado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que finalmente quedó paralizado cuando entró en escena MSC.

De esta forma, la naviera valenciana que ha solicitado a la APV una concesión de 80.704 metros cuadrados en la dársena Turia para construir y explotar una terminal de pasajeros y mercancías de uso particular, ha presentado un nuevo proyecto que ya está en fase de exposición pública en la web de la APV.

La actuación cuenta con dos fases, tal y como avanzó Valencia Plaza: la primera y principal está valorada en 43,7 millones de euros, de los que 14,5 millones de euros se destinarán a la urbanización del ámbito de la concesión, mientras que otros 10,8 millones se emplearán en levantar el edificio de pasajeros. A ello se suman 4,95 millones para las pasarelas y fingers de embarque, 950.000 euros para el paso fronterizo y otras partidas destinadas a marquesinas e instalaciones fotovoltaicas.

La segunda fase prevé un importe de 34 millones que se destinarán principalmente a ampliar las instalaciones energéticas y operativas, con nuevas marquesinas, sistemas de acumulación de energía, una planta de suministro de gas natural licuado (GNL) y una infraestructura para facilitar el embarque de mercancías.

El espacio contará con tres atraques simultáneos con aforo máximo de 5.160 pasajeros (tres buques a la vez: Rosalind Franklin, Rusadir y Nápoles). En cuanto al edificio principal de la terminal, tendrá una capacidad de 2.000 pasajeros en operación simultánea y un aparcamiento de 300 plazas, además de una explanada de preembarque para 400 vehículos

MSC pide la concesión

Por su parte, tal y como publicó este jueves 29 de octubre el Boletín Oficial del Estado, la naviera MSC, que se adjudicó la gestión y explotación de la futura terminal norte de contendores, ha solicitado a la APV a través de la sociedad Valencia Terminal Pasajeros, S.L., “el otorgamiento de concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario para la construcción y explotación de una terminal portuaria de uso particular destinada al embarque y desembarque de pasajeros y a la carga y descarga de vehículos y carga rodada en el puerto de Valencia, por un plazo inicial de 35 años”.

Según el plano técnico publicado por la APV, la terminal que pretende construir la compañía ocuparía una superficie de 89.064,13 m² y su ubicación abarca el Espigón del Turia (Muelle Perfecto Palacio) y el espacio que hay entre este y el muelle de Poniente, donde se albergaron históricamente los antiguos astilleros de la Unión Naval de Levante.

Tal y como refleja el BOE, con la petición de concesión de MSC, la APV inicia el trámite de competencia de proyectos. Por tanto, en el periodo de un mes, otras empresas o entidades interesadas pueden presentar solicitudes con el mismo objeto de desarrollar un proyecto de las mismas características.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de El Saler, Ana María Gradolí, ha intervenido este viernes en el pleno del Ayuntamiento de València para expresar el apoyo de la entidad a la rehabilitación y reapertura del Hotel Sidi Saler, “con las garantías legales y medioambientales que correspondan”.

Durante su intervención, Gradolí ha defendido la vinculación del establecimiento con la vida de la zona y ha reclamado que su futuro se aborde escuchando a los residentes y valorando las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de cada alternativa.

“Queremos que el Sidi Saler se rehabilite y vuelva a abrir sus puertas. Queremos recuperar sus servicios, su actividad y las oportunidades de empleo que puede ofrecer”, ha señalado ante la corporación municipal.

La representante vecinal ha recordado que el hotel fue durante años un referente para numerosos residentes de El Saler. Además de su actividad turística, contaba con servicios como cajero automático, taxi, peluquería, comercios, cafetería y restaurantes, que también utilizaban los vecinos.

Desde la asociación consideran que su recuperación permitiría devolver actividad al entorno y favorecer a otros establecimientos de la zona. En este sentido, Gradolí ha destacado el potencial de la reapertura del Hotel Sidi Saler para generar empleo directo e indirecto y contribuir a dinamizar la economía local.

La entidad reclama que estos posibles beneficios formen parte del análisis sobre el futuro del edificio y que se estudien las vías para su rehabilitación antes de descartar esa posibilidad.

Gradolí pide conocer el coste de un posible derribo

En su intervención en el pleno del Ayuntamiento de València, dirigida a los representantes de Compromís, Gradolí ha recordado que las diferencias sobre el futuro del hotel se remontan a las conversaciones mantenidas durante el anterior gobierno municipal. La presidenta ha pedido que cualquier propuesta de demolición vaya acompañada de una explicación detallada de sus implicaciones económicas. Entre las cuestiones que considera necesario aclarar figuran las posibles indemnizaciones, el coste del derribo, la retirada de escombros y los trabajos posteriores de regeneración del entorno.

“Estamos hablando de dinero público. Los valencianos tenemos derecho a conocer el coste completo de esa propuesta y a saber qué alternativas se han estudiado”, ha manifestado.

Asimismo, ha cuestionado que se equipare el Sidi Saler con el hotel de El Algarrobico sin atender a las circunstancias específicas de cada inmueble. La asociación solicita que el análisis se realice con información urbanística, administrativa y judicial suficiente.

Protección de la Devesa y soluciones para el litoral de El Saler

La protección de la Devesa y del litoral de El Saler constituye otra de las preocupaciones trasladadas por la representante vecinal. Gradolí ha reivindicado el compromiso de los residentes con la conservación del entorno y ha pedido respuestas sobre las actuaciones necesarias para frenar su deterioro.

En relación con la regeneración de la playa, ha recordado que los vecinos valoraron positivamente la aportación de arena, aunque también advirtieron de la necesidad de adoptar medidas para conservarla. Ante la pérdida de parte de esa arena, ha solicitado un balance de la intervención y explicaciones sobre las soluciones previstas.

La presidenta también ha reclamado que se atiendan las preocupaciones de las familias afectadas por decisiones relacionadas con sus viviendas y las concesiones en el litoral.

Una solución para evitar el deterioro del hotel

La asociación ha expresado su preocupación ante la falta de una solución, lo que supone prolongar el deterioro del edificio. Gradolí ha recordado como precedente la situación del polideportivo, que, según ha señalado, permaneció durante años en malas condiciones.

“No queremos que el hotel siga ese mismo camino”, ha afirmado la presidenta, que ha insistido en la necesidad de estudiar una recuperación compatible con la legalidad y los valores medioambientales del entorno. Con su intervención ante la corporación municipal, la Asociación de Vecinos Dehesa de El Saler ha trasladado una petición clara: que se escuche al barrio y se estudien con rigor las alternativas que permitan rehabilitar y reabrir el Hotel Sidi Saler, recuperando su actividad y sus servicios y preservando el entorno.

Compromís amenaza con ir al juzgado

Durante el pleno, el PP y Vox han votado en contra de la propuesta de Compromís per València para paralizar la modificación del Plan General que abre la puerta a rehabilitar el Sidi Saler, un hotel de seis plantas situado en pleno Parque Natural de la Albufera, sobre el cordón dunar de la Devesa.

La portavoz de la coalición valencianista, Papi Robles, ha denunciado en el Pleno que el gobierno de María José Catalá está cambiando las normas urbanísticas para favorecer un negocio privado. “Este hotel es un error del pasado que hay que rectificar. No se puede cambiar la ley a gusto del consumidor para favorecer los intereses de un grupo empresarial”, ha dicho.

Compromís reclama paralizar la modificación urbanística, cumplir las resoluciones judiciales y priorizar la recuperación ambiental del entorno. Tras el voto en contra de PP y Vox, Robles ha avisado de que, si el gobierno de Catalá no rectifica, la formación recurrirá a los tribunales la modificación cuando se publique. “Están atentando contra el territorio para favorecer un negocio privado. Si no lo paran ahora, lo pararemos en los tribunales”, ha concluido.

Robles ha recordado que el hotel está abandonado desde 2011 y que Acció Ecologista-Agró ha ganado dos procedimientos judiciales que avalan la denegación de las licencias de rehabilitación. Según ha explicado, después de que dos fondos buitre vendieran el edificio a un grupo empresarial el 16 de julio, el Ayuntamiento aprobó el 23 de julio una modificación urbanística que permitiría consolidar el exceso de volumen del inmueble. “¿Cómo se pueden permitir reformas estructurales en un edificio que, por su situación urbanística, debería desaparecer?”, ha cuestionado.

València se blinda este fin de semana ante la posibilidad de convocatorias no comunicadas que puedan derivar en disturbios como los sucedidos el pasado fin de semana en Barcelona. Tras cinco detenciones, entre ellos un acusado de ser el impulsor de Blocus en España, la ciudad tiene preparado un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad. Este fin de semana convergen la celebración de Halloween, la manifestación por el segundo aniversario de la dana, la acampada de vivienda y varios conciertos con las convocatorias no comunicadas del movimiento 'Blocus' en España.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha presidido junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, la junta local de seguridad en la que se ha analizado el dispositivo policial que se desplegará el sábado. La alcaldesa ha pedido a los ciudadanos que eviten el centro de la ciudad por precaución. El jefe de Policía de València también ha suspendido su salida a un congreso internacional prevista este viernes por el dispositivo.

“La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento vamos a una, tenemos la misma preocupación y vamos a trabajar conjuntamente con la Policía Local, Bomberos y Guardia Civil en el área metropolitana”, ha señalado Llanes, quien también ha asegurado que habrá seguridad privada en los comercios, organizada y coordinada con el dispositivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se ha preparado un dispositivo “contundente” y “proporcionado”.

El delegado del Gobierno ha destacado el trabajo previo “intenso” y “muy elevado” que “está dando sus frutos”, en referencia a las cinco detenciones de jóvenes vinculados con el canal, y ha asegurado que la preocupación fundamental es “que la ciudadanía se sienta segura, que haya tranquilidad y que haya un dispositivo suficientemente dotado”.

Por ello, ha explicado que el dispositivo estará integrado por un refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil en el área metropolitana, efectivos de Policía Local, Bomberos y seguridad privada.

Llanes ha apuntado que sería “magnífico” que mañana no ocurriese nada en la calle, pero ha advertido que el dispositivo policial ya está puesto en marcha y que durará “todo lo que sea necesario, hasta que tengamos la seguridad suficiente de que no se van a producir altercados”, ha concluido.

El Ayuntamiento de València, gobernado por María José Catalá, saca adelante sus últimos presupuestos del mandato. El pleno de octubre ha dado luz verde a la aprobación provicional de las cuentas públicas, con el apoyo del PP y Vox, y de los dos concejales expulsados del partido ultra a los que mantiene con competencias de gobierno. Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero han avanzado en el debate que apoyarían las cuentas públicas, dos días después de su salida del grupo municipal, por “coherencia” con “los principios, ideas y valores con los que fuimos elegidos”, y finalmente han dado su voto favorable al proyecto presupuestario, que marca una cifra récord en la ciudad.

Vox comunicó la expulsión de los dos concejales, ambos investigados en distintas causas judiciales, el pasado martes. Badenas está investigado por la entrada en el Sindicato de Estudiantes de València, grabada y denunciada en Fiscalía, y Herrero por delito de odio a raíz de una serie de publicaciones con tinte xenófobo. Los dos ediles han sido también expulsados del grupo municipal y actualmente son concejales no adscritos, pero no han perdido sus competencias de gobierno -Patrimonio municipal y Responsabilidad patrimonial, respectivamente-. Los ediles ya fueron expulsados cautelarmente en 2025 y readmitidos en el grupo, aunque la investigación interna continuó.

Los ediles han asegurado que su expulsión se debe a conflictos internos en el partido. Badenas ha asegurado que se enteraron por el secretario municipal del Pleno —aunque publicó un vídeo en sus redes sociales explicando su expulsión el mismo martes—. El que fuera portavoz de la formación ultra ha apuntado que, entre otras cuestiones, se les afeó estar al lado de una concejala socialista en un minuto de silencio contra la violencia machista —por protocolo municipal, ha dicho—, “haber asistido a un acto que ha realizado Iván Espinosa de los Monteros, o asistir a una cena en Rivas Vacíamadrid con compañeros y amigos para hablar de aficiones o ideas comunes”.

Los grupos de la oposición han subrayado la posición de tránsfugas de Badenas y Herrero y se lo han afeado a la dirigente popular. “¡Cómo han de ser de indecentes para que Abascal los expulse de Vox! Y, aun así, Catalá no tendrá ningún problema en contar con sus votos, porque no tiene ningún inconveniente en llegar a acuerdos con personas racistas, homófobas y deshonestas”, ha afirmado Papi Robles, portavoz de Compromís. Para Robles, la expulsión no va acompañada de ningún cambio real en la manera de gobernar: “Cuando se trata de mantener el poder, parece que todo vale”.

Las cuentas aprobadas este viernes tienen un mes para salir a exposición pública y volver al pleno. Si Catalá logra amarrar a los dos díscolos de Vox, las cuentas se aprobarán de manera definitiva.

La Guardia Civil ha detenido este viernes en el municipio valenciano de Picanya al presunto fundador y principal impulsor en España del movimiento “Blocus”, vinculado a convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos y actos violentos.

La Guardia Civil informa en un comunicado de que al investigado se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones. Son los disturbios que causaron numerosos daños el pasado fin de semana en Barcelona y que estaban convocados para este sábado en Valencia. Desde su perfil, en la aplicación de Telegram, difundió un vídeo en el que aparece un encapuchado que se autoproclama líder de “Blocus”. Él mismo se presentaba en redes como responsable del movimiento en España. Los hechos investigados podrían constituir delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción.

En paralelo, este viernes la Policía Nacional ha detenido a otro de los miembros de 'Blocus' en Valencia, un joven de 18 años que instigaba a crear artefactos explosivos en la ciudad para “sembrar el caos” y saquear comercios. Los agentes han detenido al joven en Alfafar (Valencia) como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado, según informa el Cuerpo en un comunicado.

Este es el tercer detenido esta semana en Valencia por incitar a los desórdenes en la ciudad. En total hay cinco detenidos de cara a las concentraciones del sábado: tres en Valencia, uno en Lleida y uno en Bilbao durante esta semana, informan fuentes conocedoras. El miércoles, la Policía Nacional detuvo a un joven de 17 años como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. El arrestado habría creado grupos en dos aplicaciones de mensajería instantánea en los que hacía un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de Valencia el próximo sábado 31 de octubre. También los Mossos d'Esquadra han detenido durante la noche del jueves en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) a un menor de 17 años por su presunta relación con la organización y coordinación de los actos vandálicos registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre a través de los canales de comunicación de BLOCUS.

El arrestado en Alfafar participaba activamente en grupos de dos aplicaciones de mensajería instantánea creados por el anterior detenido, en los que se animaba a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de Valencia mañana, sábado, 31 de octubre. El joven alentaba a utilizar “cócteles molotov” para crear el caos y así mantener distraídas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para, mientras tanto, cometer actos de saqueos y pillajes en comercios de Valencia. Además de explicar detalladamente cómo fabricar los artefactos incendiarios, indicaba el modus operandi a seguir y mencionaba las tiendas situadas en la zona centro de Valencia, haciendo hincapié en respetar la acampada situada en la plaza del Ayuntamiento, la cual no debía sufrir daño alguno.

La Policía Nacional continúa investigando los grupos de mensajería y las convocatorias. Este viernes hay convocada una Junta Local de Seguridad en València, poco después de una primera reunión con la Subdelegación del Gobierno en la provicia. La Policía Nacional tiene preparado un dispositivo extraordinario para atender a concentraciones no comunicadas durante este fin de semana.

Protestas estudiantiles como cobertura

La captación comenzaba con vídeos en TikTok y carteles, elaborados con carteles de inteligencia artificial y códigos QR, desde donde los interesados eran derivados a grupos de WhatsApp y Telegram y, posteriormente, a canales privados.

Los organizadores pedían difundir los enlaces en grupos de clase y otros espacios del entorno escolar, lo que facilitaba la llegada de las convocatorias a menores de edad.

Los mensajes indicaban acudir con mochilas, material escolar y pancartas para aparentar una reivindicación estudiantil, pero también vestir ropa negra y máscaras para dificultar la identificación. Para los agentes, estas consignas revelan que la protesta se utilizaba como cobertura de acciones violentas previamente planificadas.

La promotora que ejecuta tres apartahoteles en los bajos de otros tantos edificios de viviendas del barrio de Benicalap ha logrado enmendar la plana al Ayuntamiento de València, al menos de forma temporal.

Y es que, la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza número dos, ha estimado la medida cautelarísima solicitada por Business Decision And Advice SLU y ha anulado temporalmente la paralización de las obras de apertura de huecos en zonas comunes del edificio de la calle de Carlos Cortina 5 ordenada por el Ayuntamiento de València, así como el plazo de 48 horas para retirar un contenedor y material de obra.

Como informó elDiario.es, el Ayuntamiento de València ordenó el pasado 27 de octubre mediante una resolución la paralización inmediata de las obras “irregulares” que se ejecutan en los bajos del edificio de la calle Carlos Cortina, 5 (esquina con las calles Salvador Cerveró y Encarna Albarracín), en el barrio de Benicalap, correspondientes a la construcción de un apartahotel de 38 habitaciones en los bajos comerciales, según ha informado el propio consistorio. Al mismo tiempo, dio a la mercantil que ejecuta el proyecto un plazo de dos meses para que soliciten “la oportuna licencia o autorización urbanística” de los trabajos que no autorizados.

En concreto, el consistorio ordenó que se paralizaran los trabajos que se estaban realizando en 152, 27 m2 en planta baja y 36,52 m2 de entreplanta referentes a Carlos Cortina 5, además del cerramiento de hueco en fachada externa calle Salvador Cerveró y a la apertura de huecos en zonas comunes del edificio.

Además, obligaba al promotor a retirar en 48 horas el contenedor de obra, los materiales y la maquinaria de la zona afectada, bajo advertencia expresa de incurrir en responsabilidades penales en caso de incumplimiento y con el aviso de que, si no lo hace, el Ayuntamiento los retirará o precintará a costa de la empresa.

Sin embargo, la empresa, cuyos servicios jurídicos corresponden al despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP), ha logrado que se paralicen cautelarmente estas medidas.

En concreto, la resolución judicial a la que ha tenido acceso esta redacción, considera justificada “la urgencia de la medida, con base en las alegaciones indicadas, sin que los intereses que la resolución recurrida tutela resulten especialmente perjudicados por la falta de ejecución inmediata, lo que aconseja que se deje sin efecto el acto administrativo de manera inmediata”.

Por este motivo, acepta suspender temporalmente “la paralización de la apertura de huecos en zonas comunes del edificio”, respecto de los huecos recayentes al patio y zonas comunes contemplados en el proyecto certificado por la ECUV (...) de modo que dichas obras puedan proseguir al amparo de la licencia“.

Además, hace lo propio con la orden municipal referente a “la ejecutividad del plazo de cuarenta y ocho horas fijado para la retirada del contenedor de obra, elementos, materiales y maquinaria, de modo que dicha retirada, en cuanto se refiera a los medios afectos a las obras paralizadas, se verifique en el plazo de cinco días”.

También se suspende “la orden de retirada del contenedor de obra, elementos, materiales y maquinaria en cuanto afecte a los medios auxiliares que sirven a las obras no paralizadas, de modo que la obligación de retirada se entienda limitada a los elementos afectos a las obras paralizadas y el contenedor que sirve al conjunto de la obra licenciada pueda permanecer en ella”.

Contra la resolución judicial no cabe interponer recurso alguno, teniendo la Administración demandada tres días para alegar lo que estime procedente, “y con su resultado se resolverá lo procedente sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar adoptada”.

Los vecinos del Marítim no quieren ser vecinos de segunda y exigen medidas de control ante el aumento de conciertos en el entorno de La Marina, que está asumiendo los eventos que otros espacios rechazan por los niveles de sonido. Tres asociaciones vecinales y los hosteleros advierten que estarán vigilantes ante el traslado de los conciertos y preguntan a la Autoridad Portuaria de Valencia si la concesión del espacio permite realizar estas actividades, preocupadas por las molestias que generan.

Las asociaciones vecinales del Cabanyal-Canyamelar, Grau-Port y Natzaret, junto con la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Playa de Las Arenas, han expresado su “estupor” ante los continuos anuncios de traslado y celebración de grandes eventos musicales y festivales en la Marina de València, sin que se haya abordado previamente su impacto sobre los barrios del frente marítimo. Las cuatro entidades denuncian la creciente saturación y masificación de la Marina y su entorno vecinal, que está recibiendo las actividades de Viveros, el Cauce del Túria o la Ciudad de las Artes y las Ciencias desde que una sentencia contra el Ayuntamiento por no hacer cumplir la normativa de ruido derivara en el traslado de los festivales musicales. “El Cabanyal, el Grau y Natzaret no somos el patio trasero del Ayuntamiento. Aquí vivimos miles de personas que tenemos el mismo derecho al descanso que cualquier otro vecino de València. No podemos aceptar que nuestro entorno se convierta en un recinto permanente de macrofestivales”, expresan las asociaciones en un comunicado.

Las asociaciones han presentado escritos al Ayuntamiento de València y a la Generalitat Valenciana para exigir medidas inmediatas de protección acústica. Exigen mediciones para los conciertos previstos este sábado y la suspensión de los conciertos que incumplan los límites. Este sábado, 31 de octubre, hay previsto un concierto en La Marina, al que seguirán los eventos del 27 y 28 de noviembre y del 1 de enero de 2027. Las asociaciones exigen que el Ayuntamiento realice mediciones acústicas durante el concierto de este sábado, de Charlotte White, tanto en el recinto como en las zonas residenciales afectadas, que compruebe el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa y ordene la reducción inmediata del volumen o la suspensión de la música si se superan. También reclaman limitadores-registradores precintados, acceso a las autorizaciones y estudios acústicos, y medidas efectivas de aislamiento.

El vecindario recuerdan que la ordenanza municipal establece un límite general de emisión de 90 dBA para estas actuaciones y de 85 dBA en carpas en los supuestos previstos por la normativa. Las entidades recuerdan que el festival Solid Grooves, celebrado el pasado 11 de julio, provocó quejas vecinales y llamadas a la Policía Local, y han solicitado las actas de las mediciones efectuadas durante aquel evento.

Las tres asociaciones vecinales han solicitado expresamente a la Autoridad Portuaria de València que identifique en qué cláusula de la concesión o mediante qué autorización se permite destinar estos terrenos a festivales de música electrónica organizados por terceros. “Si estos terrenos se concedieron para unas instalaciones náutico-deportivas, queremos saber por qué se están utilizando para macrofestivales y dónde está previsto legalmente ese uso”, señalan.

“Después de los conflictos por ruido en la Alameda, Viveros y otros puntos de la ciudad, parece que la solución del Ayuntamiento es trasladarlo todo al frente marítimo, sin negociar con los vecinos ni garantizar medidas suficientes contra el ruido”, denuncian los vecinos del Cabanyal, que se sienten “el patio trasero” de la ciudad.

El PSPV reclama al Ayuntamiento de València que realice un homenaje a las víctimas de la dana y a los voluntarios que colaboraron en los trabajos de limpieza y apoyo de los primeros días tras la catástrofe. La concejala y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Maite Ibáñez, ha anunciado que el PSPV llevará este viernes al pleno una moción para reconocer la labor humanitaria de las asociaciones vecinales de las pedanías afectadas por la dana y reclamar para ellas la Medalla de Oro de la ciudad, además de un homenaje institucional que ponga en valor el trabajo que continúan realizando en la recuperación material y emocional de las zonas afectadas.

Ibáñez ha subrayado que, cuando se cumple el segundo aniversario de la tragedia más grave que ha sufrido València, es necesario mantener el reconocimiento a las familias de las víctimas mortales y a todas las personas que han acompañado y siguen acompañando a los vecinos y vecinas afectados.

“Cuando se cumple el segundo aniversario de la tragedia más grave que ha sufrido València, queremos enviar un mensaje de solidaridad a las familias de las 233 víctimas mortales de la dana, un mensaje de reconocimiento a todos los vecinos, vecinas y voluntarios que estuvieron y que están, que siguen acompañando en la recuperación material y emocional”, ha señalado.

La concejala socialista ha explicado que la iniciativa pretende reconocer expresamente la labor humanitaria de las asociaciones vecinales de las pedanías afectadas, cuyo trabajo sigue siendo fundamental para acompañar a las personas y contribuir a la recuperación de estos núcleos de población.

Un reconocimiento pendiente

“Y por eso desde el Partido Socialista traemos mañana al pleno una moción para reconocer la labor humanitaria de las asociaciones de vecinos de las pedanías afectadas por la dana, porque este ayuntamiento les debe un reconocimiento, un reconocimiento a través de la medalla de oro de la ciudad, a través de un homenaje institucional que ponga en valor todo el trabajo que están realizando desde Castellar-l'Oliveral, Forn d'Alcedo y la Torre”, ha incidido.

El Valencia CF anunció el pasado 23 de octubre la entrada de un nuevo socio a la gestión del club por medio de la adquisición de un 42% de las acciones, en una operación valorada en unos 330 millones de euros. Una operación por la que Lim mantiene la mayoría accionarial con algo más del 50% de la sociedad y su hijo Kiat seguirá por el momento como presidente.

El nuevo inversor es Pitchwise Holdings, un consorcio integrado por family offices e inversores institucionales a largo plazo, liderado por los experimentados ejecutivos del sector deportivo Ann Rodriguez y Corey Woolfolk que se incorporarán al consejo de administración del Valencia CF. Entre los inversores que respaldan a Pitchwise se encuentran George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Penner Sports Group y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR.

Una de las decisiones estratégicas que debe afrontar el club en las próximas semanas es la relacionada con la venta de la parcela de Mestalla, una de las más cotizadas de toda la ciudad, por la que se prevén unos ingresos de unos 150 millones de euros. En ella se levantarán seis torres de viviendas, una de hasta 29 alturas, y una zona comercial una vez derribado el mítico estadio. En total habrá unas 500 casas, ninguna de ellas protegidas.

El proceso de subasta que está ya en su fase final ha estado monitorizado en todo momento por Pitchwise Holdings y de hecho fuentes de la compañía han confirmado a esta redacción que Ann Rodriguez y Corey Woolfolk participarán junto a Kiat Lim en la selección de la oferta final de compra. Ambos ejecutivos participarán en todas las decisiones estratégicas del club, en colaboración con Kiat Liam y el equipo directivo de la entidad.

Como avanzó elDiario.es, dos de las finalistas (podría haber una tercera compañía en la terna) son Pryconsa, que de resultar ganadora contaría con Atitlan para el desarrollo comercial, y Acciona, cuya irrupción en el proceso desveló Tribuna Deportiva. En estos momentos las compañías finalistas realizan un estudio pormenorizado de las condiciones de la operación en términos financieros mediante la documentación facilitada por el Valencia CF y con toda esa información harán a lo largo de este mes la oferta final vinculante para hacerse con los terrenos.

La consultora CBRE seleccionada por el club para pilotar el proceso de venta analizará las condiciones de cada una de las propuestas y recomendará la más ventajosa con arreglo a los criterios marcados por la entidad, cuyo máximo accionista, Peter Lim, junto a su hijo y presidente, Kiat Lim, además de Ann Rodriguez y Corey Woolfolk en representación de Pitchwise, tomarán la decisión final. La idea es que antes de final de año se haga pública la empresa compradora.

Otro mes y medio para presentar el proyecto de urbanización

Por otra parte, el Valencia CF tenía de plazo hasta este martes 27 de octubre para pasar el proyecto de urbanización del entorno de Mestalla, tras una prórroga de mes y medio concedida por el Ayuntamiento. La elaboración de ese documento en el que se debe incluir, entre otras cosas, los plazos de la demolición del estadio, estaba a expensas de que el Ayuntamiento remitiera al club la propuesta de planta viaria de todo la zona, un informe que el consistorio finalizó el pasado 23 de octubre y que remitió a la entidad deportiva el pasado lunes 26 de octubre.

Por este motivo, según consta en la documentación recabada por este diario, el Valencia CF ha solicitado una nueva prórroga que las autoridades municipales le han vuelto a conceder por otro mes y medio de plazo a contar desde este miércoles 28 de octubre.

Carriles bici en calzada

La propuesta de planta viaria a la que ha tenido acceso esta redacción, trasladada por el Ayuntamiento al Valencia CF para que pueda finalizar su proyecto de urbanización, incluye la ampliación de algunas zonas peatonales, el traslado de paradas de la EMT y el traslado de carriles bici de las aceras a la calzada.

Así, por ejemplo, en la avenida de Aragón se propone “bajar a la calzada el carril bici”, la creación de “tres nuevos pasos ciclistas que conectan los carriles bici a ambos lados de la avenida”. Además, .“se desplaza la parada Aragó-Amadeu de Saboya de la EMT, se modificará el aparcamiento en la zona central con el fin de dar continuidad a la calle Doctor Joan Reglà y con el fin de proteger la encina monumental existente, se ha previsto eliminar una batería de estacionamiento próxima a la avenida Blasco Ibáñez para ampliar la zona peatonal en la mediana central, quedando a criterio del proyectista y/o del Servicio de Parques y Jardines la necesidad de ampliar ese espacio suprimiendo otra batería más para atender a lo previsto en el informe de Asesoramiento Urbanístico”.

En la calle Doctor Joan Reglà “se corrige la alineación de la calle y se aumenta el espacio destinado a la acera con implantación de nuevos alcorques; esta modificación afecta a los espacios verdes que actualmente existen en la calle, lo que deberá ser valorado por el Servicio de Parques y Jardines”.

En cuanto a la calle Amadeo de Saboya, “se crea un carril bici en calzada en el tramo comprendido entre la avenida de Suecia y la avenida Aragón, dando continuidad al itinerario de los carriles bici entre la calle Micer Mascó y la avenida Aragón”. Este tramo está recogido en el Plan Director de la Bicicleta y “atiende a una reivindicación histórica del vecindario”.

Además, “se considera necesario ejecutar esta actuación junto a la urbanización del ámbito para evitar que la conexión se realice atravesando las nuevas zonas peatonales, reduciendo así conflictos con los usos peatonal, ciclista y de vehículos de movilidad personal (VMP)”.

Por último, en avenida de Suecia “se reordenan todas las intersecciones, especialmente las de las calles Doctor Joan Reglà y Micer Mascó”. En el resto, “la propuesta consiste principalmente en el recrecido de la acera y en la creación de isletas refugio para mejorar la protección peatonal”, mientras “se amplía la acera entre las calles Amadeo de Saboya y Micer Mascó”. En el tramo comprendido entre Amadeo de Saboya y la Plaza del Valencia C.F, “con el fin de garantizar la accesibilidad de los vehículos de bomberos, se propone la configuración en plataforma única”. También “se reordena el espacio verde de acompañamiento viario actual, permitiendo el acceso a los vados y manteniendo las palmeras existentes” y entre las calles Micer Mascó y Artes Gráficas “se crea una mediana ajardinada”.

Mercadona prevé comprar 7.500 toneladas de kaki cultivado en campos de Valencia en la campaña de este año que va de mediados de octubre a principios de enero, para los clientes de cualquier punto de España y Portugal.

La compañía valenciana de supermercados ha indicado en un comunicado que su apuesta por el sector primario español le ha permitido consolidar su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable.

Más del 85 % del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100 % del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización, según el comunicado.

Mercadona cuenta con más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas. En 2025 sus compras en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 % más que el año anterior.

El agitador ultra Vito Quiles cancela su acto en la Universitat de València previsto para este miércoles. El joven ha publicado en sus redes sociales que suspende su visita debido al accidente de tren de Toledo.

La Universitat de València se blinda ante la llegada del agitador ultra Vito Quiles por temor a que se den altercados como los sufridos el pasado lunes en Bilbao. El campus ha cerrado algunos accesos y precintado las puertas principales para controlar la entrada de personas ajenas al campus. En las instalaciones de su institución vecina, las del campus de la Universitat Politécnica, también se han tomado medidas similares con el cierre de los accesos al parking.

La Policía Nacional lleva días trabajando en el dispositivo de seguridad ante las concentraciones no comunicadas previstas en València, tanto la de Vito Quiles como la convocatoria 'Blocus' del próximo sábado. La Policía Nacional cuenta con los medios necesarios y su despliegue será proporcionado a las circunstancias, apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno.

Las instituciones académicas informaron al personal, alumnado y profesorado del cierre de los accesos por motivos de seguridad. En el caso de la UPV, permanecerán cerrados los aparcamientos de la ETS de Ingeniería de Telecomunicación, (P4A), Pabellón Deportivo (P6A) y edificio Nexus (P6B). También se cerrarán las puertas exteriores de acceso de vehículos K, L, M, N, N1, P y R, así como la puerta peatonal O.

El Ayuntamiento de València encarga a Pavasal construir una infraestructura específica para colocar las luces de Fallas o Navidad en la Calle Colón, la gran vía comercial de la ciudad. El consistorio que dirige María José Catalá ha aprobado un contrato menor, adjudicado a la empresa que ya está realizando las obras de remodelación, para que levante una “infraestructura municipal específica que permita la instalación de iluminación festiva sin necesidad de utilizar elementos de propiedad privada”.

El contrato tiene un valor de 5.000 euros más IVA y al proceso solo se presentaron dos empresas, IMESAPI y PAVASAL. Según el expediente, las obras deben estar concluidas en el plazo de un mes desde el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.

La infraestructura se levantará “mediante la ejecución de las cimentaciones, arquetas, canalizaciones y demás unidades de obra necesarias para la colocación de soportes destinados a sustentar los elementos decorativos”, según el contrato.

PAVASAL ya realiza las obras de reasfaltado y cambio de aceras en la Calle Colón, presupuestadas con dos millones de euros y que deben culminar para la campaña de Navidad. Es la firma que también acomete las remodelaciones de la Avenida Pérez Galdós y la Gran Vía Marqués de Túria. La firma construirá también un parque infantil en el cauce del Túria, con temática de obra civil, que será un regalo para la ciudad.

El Ayuntamiento de València ha ordenado la paralización inmediata de las obras “irregulares” que se ejecutan en los bajos del edificio de la calle Carlos Cortina, 5 (esquina con las calles Salvador Cerveró y Encarna Albarracín), en el barrio de Benicalap, correspondientes a la construcción de un apartahotel de 38 habitaciones en los bajos comerciales, según ha informado el propio consistorio. Al mismo tiempo, da a la mercantil que ejecuta el proyecto un plazo de dos meses para soliciten “la oportuna licencia o autorización urbanística” de los trabajos que no autorizados.

La medida, adoptada por el Servicio de Licencias tras las inspecciones de la Policía Local y de los técnicos municipales, llega después de comprobar que el promotor estaba ejecutando actuaciones no amparadas por el título habilitante concedido y de que la comunidad de vecinos presentara una queja formal denunciando las mencionadas infracciones. Los residentes presentaron también al Ayuntamiento un recurso de reposición acreditando diferentes irregularidades. que la corporación aún no ha contestado. En su recurso, tal y como avanzó elDiario.es, exigen que se paralizaran las obras o, de lo contrario, acudirán a la vía judicial.

La mercantil autora del proyecto, Business Decision And Advice SLU, ha matizado que el Ayuntamiento ha paralizado parcialmente, unas obras colindantes con el alojamiento turístico en construcción en esa ubicación, consistente en unas oficinas, de superficie conjunta de ambas plantas inferior a 200 metros cuadrados: “Es decir, las obras de alojamiento turístico no se han paralizado, el propio Ayuntamiento reconoce su plena legalidad y continúan ejecutándose. En cuanto a las obras de las oficinas se encuentran suspendidas voluntariamente”.

La actividad cuenta con licencia ambiental y de obras desde el 28 de mayo. Tras una primera intervención municipal en agosto por el acopio de materiales en la vía pública sin permiso de vallado, una denuncia vecinal alertó el 8 de septiembre de que los trabajos se estaban extendiendo a zonas expresamente excluidas del proyecto autorizado.

Según ha informado el Ayuntamiento, en las inspecciones oculares realizadas en septiembre, la Policía Local y los técnicos municipales constataron sobre el terreno la apertura y ampliación de 25 ventanas entre la planta baja y el entresuelo que recaen directamente sobre el patio y las zonas comunitarias del edificio.

Además, comprobaron que la constructora había abierto nuevos huecos en la fachada exterior de la calle Carlos Cortina y había tapiado por completo una puerta con persiana preexistente en la fachada de la calle Salvador Cerveró, sin disponer de la licencia complementaria necesaria.

El Ayuntamiento abrió un trámite de audiencia de diez días y el pasado 19 de octubre la promotora trató de justificar las obras en la zona excluida adjuntando una solicitud presentada ese mismo día para habilitar cuatro oficinas en el local restante.

Los servicios municipales concluyeron que esa petición confirmaba que las obras ejecutadas en casi 190 metros cuadrados y en las fachadas exteriores se estaban ejecutando sin licencia, por lo que han resuelto paralizarlas de inmediato.

Respecto a los huecos abiertos en la fachada interior que sí caen dentro del perímetro del apartahotel, el Ayuntamiento ha convocado a la promotora a una inspección in situ en un plazo de 15 días junto a los técnicos municipales para verificar cada detalle y decidir si exige adecuarlos o los paraliza. En una reunión con los residentes, el concejal Juan Giner trató de desentenderse de esta cuestión y remitió a los vecinos al juzgado con la excusa de que se trataba de un tema civil.

La promotora Business Decision And Advice SLU es la que ejecuta tanto este proyecto como otros similares en otros dos residenciales cercanos, uno en la calle de Encarna Albarracín, en el que como en la comunidad denunciante se han alterado fachadas en elementos comunes para la apertura de ventanales, y otro en la calle Carlos Cortina número 2.

La mercantil tiene contratados los servicios jurídicos del despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP). La firma tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

Diálogo vecinal

Fuentes municipales han asegurado que desde el pasado verano, la Delegación de Urbanismo mantiene abierto un canal de comunicación y colaboración con la administración de las comunidades de propietarios en las que se desarrollan estas obras con el objetivo de realizar un seguimiento de su ejecución a raíz de las quejas manifestadas por los vecinos.

En ese marco, la Concejalía de Urbanismo encargó un informe jurídico para valorar si los estatutos de la comunidad de propietarios permitían paralizar las obras a instancia de los vecinos, una vía que finalmente no resultó viable al ser la licencia un acto reglado que la administración no puede revocar de forma arbitraria.

Ha sido la constatación técnica del incumplimiento del promotor respecto a los términos de su licencia lo que ahora ha motivado la orden de paralización de la actividad irregular y la apertura de la vía sancionadora.

La resolución obliga al promotor a retirar en 48 horas el contenedor de obra, los materiales y la maquinaria de la zona afectada, bajo advertencia expresa de incurrir en responsabilidades penales en caso de incumplimiento y con el aviso de que, si no lo hace, el Ayuntamiento los retirará o precintará a costa de la empresa.

Asimismo, el Ayuntamiento ha ordenado comunicar la paralización al Registro de la Propiedad para que conste mediante nota marginal sobre el inmueble, ha trasladado la orden a la Policía Local para que vigile su estricto cumplimiento, ha remitido el expediente al Servicio Central Sancionador por si los hechos son constitutivos de infracción urbanística y ha requerido a la promotora para que, en el plazo de dos meses, regularice o restituya las actuaciones no amparadas por la licencia.

A La Marina de València no dejan de salirle conflictos por los inmuebles. Y no precisamente en las zonas residenciales. El recinto creado para la Copa Amèrica y reconvertido en uno de los mayores enclaves de ocio en la capital valenciana se ha convertido en el escenario del pulso entre los hosteleros y el Ayuntamiento de València, a cuenta del vencimiento de los contratos en los locales. Primero el conflicto escaló entre los restaurantes junto al puerto deportivo, a la sombra del Veles e Vents, y ahora ha estallado en el edificio por el que se identificó a la Copa América.

Los hosteleros no quieren irse del Marítim, el barrio en el que han afianzado sus negocios. El Ayuntamiento de València acordó el pasado septiembre acudir a los tribunales para desalojar a la empresa que gestiona el restaurante del Veles e Vents, La Sucursal, cuyo contrato venció el 7 de septiembre tras una prórroga de un año, pero los responsables se niegan a abandonar el local. La Unión Temporal de Empresas entre Heineken España, S.A. y Rescorval, S.L. (ahora UTE Rescorval, SL (Grupo La Sucursal) - Interpreta Cultural Projects, SL), gestiona el espacio desde que en 2015 suscribiera el contrato con el Consorcio Valencia 2007, ya liquidado, y pidió una prórroga excepcional hasta enero de 2027 o hasta que se adjudicara un nuevo contrato además de un cierre ordenado. El consistorio denegó esta petición y las alegaciones posteriores; la pretensión del Ayuntamiento es que el recinto pase a ser gestionado por el Palacio de Congresos. En el Veles e Vents se celebran decenas de actos mensuales y es el lugar que suele escoger la jet set conservadora valenciana para sus eventos, como los actos políticos de Francisco Camps, que aspira a encabezar el PP valenciano.

A finales de septiembre, la empresa ofreció al Ayuntamiento un pago para mantener la posesión del edificio mientras se resuelven las discrepancias entre las partes. La firma se compromete a pagar 44.000 euros mensuales, equivalente al canon que venían pagando, durante los primeros diez días de cada mes, mientras mantenga la posesión del edificio.

El Ayuntamiento ha aceptado la oferta y ha facilitado un número de cuenta para que se realicen los ingresos, aunque advierte que “el pago ofrecido no implica tácita reconducción, prórroga ni reconocimiento alguno para ninguna de las partes”. El pago, cita la resolución adelantada por Valencia Plaza y a la que ha tenido acceso elDiario.es, “se ofrece como contraprestación por el uso del Edificio” desde la fecha de vencimiento de contrato. La resolución la firma el concejal de Contratación y Grandes Proyectos, José Marí Olano, a quien el consistorio encargó las negociaciones con el Consorcio para su disolución.

La falta de alimentos, alojamiento, electricidad o asistencia sanitaria durante los primeros días posteriores a la dana del 29 de octubre de 2024 aumentó la sensación de abandono entre las personas afectadas. A medida que avanzó la recuperación, estas necesidades fueron disminuyendo y cobraron mayor importancia otras, como la asistencia administrativa y legal o la disponibilidad de profesionales para reparar las viviendas. Estas son algunas de las principales conclusiones de un estudio de la Universitat Politècnica de València (UPV) basado en una encuesta a 300 personas directamente afectadas por la riada.

El trabajo, realizado por Mar Adsuara-Fayos, Gema Ventura-Navarro y Tomás Baviera, de la UPV, ha sido publicado en International Journal of Disaster Risk Reduction, revista especializada en gestión y reducción del riesgo de desastres. La investigación analiza cómo fueron cambiando las necesidades de las personas damnificadas desde las primeras 24 horas hasta tres meses después de la catástrofe y cómo esas carencias se relacionaron con su percepción de abandono.

En 23 municipios

La encuesta se realizó siete meses después de la dana entre mayo y junio de 2025, a personas de 23 municipios de la zona cero que habían sufrido pérdidas materiales en sus hogares. El estudio analizó cuatro grandes ámbitos: necesidades básicas, apoyo práctico, apoyo emocional y social y suministros esenciales del hogar, entre ellos electricidad, agua, gas, saneamiento y telecomunicaciones. Este último campo supuso una nueva taxonomía dentro del ámbito académico sobre gestión de desastres, que fue incorporada a la encuesta con resultados muy reveladores.

El estudio constata cómo las carencias fueron especialmente intensas durante la primera semana. El momento más crítico de no disponer de las necesidades básicas se dio a las 72 horas, sobre todo por la falta de alimentos, alojamiento temporal, asistencia sanitaria y electricidad. “Posteriormente, las dificultades para recibir ayuda legal y administrativa adquirieron mayor importancia”, señala Tomás Baviera, profesor de Marketing en la UPV.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la interrupción de servicios como la electricidad o las telecomunicaciones no se percibió únicamente como un problema material. “Para muchas personas, también suponía una sensación de vulnerabilidad, incertidumbre y aislamiento”, añade Baviera.

Del abandono a la gratitud

Además de cuantificar cómo fueron cambiando las necesidades tras la dana el estudio recoge también cómo vivieron la catástrofe las personas afectadas. Para ello, 172 participantes respondieron a una pregunta abierta en la que pudieron explicar con sus propias palabras qué habían sentido. “De esas respuestas emergieron dos emociones muy claras: por un lado, la soledad, la impotencia y la sensación de abandono; por otro, un profundo agradecimiento hacia quienes acudieron a ayudar, especialmente voluntarios, ONG, entidades privadas, familiares y amigos”, explica Mar Adsuara-Fayos, estudiante del Grado de ADE durante la elaboración del estudio y asistente de investigación en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales.

El estudio plantea también diferentes mejoras para futuras catástrofes, como reforzar la comunicación y la coordinación entre administraciones e integrar mejor a voluntarios y organizaciones sociales en los dispositivos de respuesta. Esto puede ayudar a evitar lo que la literatura denomina un “segundo desastre”: el sufrimiento añadido que generan “una recuperación lenta, las trabas administrativas o la sensación de no recibir el apoyo necesario”, añade Gema Ventura-Navarro, quien ha finalizado este curso el Máster en Ingeniería Industrial de la UPV.

Origen en el programa Emplea UPV

Este trabajo tuvo su origen en el Programa Emplea, una iniciativa impulsada por el Servicio Integrado de Empleo de la UPV con el fin de impulsar el liderazgo femenino en las organizaciones. Las participantes reciben formación específica y la aplican a un caso real acompañadas por mentoras profesionales.

En el caso de las dos alumnas autoras del artículo, su proyecto de Emplea estuvo vinculado a la mejora de la gestión de la asistencia a los damnificados. “Fruto de su interés por e implicación, surgió la idea de conocer mejor la percepción de los beneficiarios de esas ayudas a través de una encuesta. Estos datos constituyeron la base del estudio que ahora se ha visto publicado en la revista International Journal of Disaster Risk Reduction”, concluye Tomás Baviera.

El Ayuntamiento de València tiene ya listo el proyecto del futuro depósito de tormentas de Natzaret y contratará en breve su construcción, con una inversión de 12 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 18 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo. La Junta de Gobierno Local ha autorizado la excepcionalidad para que el Ciclo del Agua pueda contratar esta actuación.

El concejal del Ciclo del Agua, Carlos Mundina, ha explicado que el depósito “se ubicará junto al antiguo cauce del Turia y tendrá una capacidad aproximada mayor de 3.000 metros cúbicos, equivalentes a tres millones de litros de agua, un volumen superior al de una piscina olímpica. Esta infraestructura permitirá reducir los vertidos contaminantes que se producen durante los episodios de lluvia”.

Por qué se producen los vertidos

La red de saneamiento de València es unitaria, lo que significa que las aguas residuales y las de lluvia circulan por los mismos conductos. Durante los episodios de precipitaciones, el caudal aumenta considerablemente y puede superar la capacidad de tratamiento de las estaciones depuradoras.

En esas circunstancias, parte del agua se vierte al medio receptor sin haber recibido un tratamiento completo. Además, la lluvia arrastra suciedad de las calles y materiales acumulados en el alcantarillado, por lo que estos vertidos pueden transportar una carga importante de sólidos y otros contaminantes.

Cómo funcionará el depósito

El tanque de tormentas almacenará temporalmente las aguas más contaminadas y facilitará la sedimentación de los sólidos. Una vez finalizado el episodio de lluvia, el agua retenida se enviará de forma gradual y regulada a la estación de bombeo de aguas residuales de Cantarranas y, desde allí, a la depuradora metropolitana de Pinedo para su tratamiento.

“Esta regulación permitirá reducir los vertidos contaminantes al tramo final del antiguo cauce del Turia, en Nazaret. La actuación contribuirá a mejorar las condiciones ambientales de este espacio y favorecerá su renaturalización y el desarrollo del Parque de Desembocadura”, ha añadido Mundina.

Centenares de personas recorrieron este sábado las calles del centro de València hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento para exigir una apuesta decidida por la salud mental por parte de todas las administraciones con competencias en la materia, principalmente la Generalitat Valenciana.

En la manifestación participaron entidades como la Asociación de Orientación y Apoyo en Salud Mental (Asiem) o la Asociación Valenciana de Trastornos de la Personalidad, que reivindicaron “una tención pública, accesible y de calidad, con más apoyos, acompañamiento y cero estigmas”.

Asiem es, desde el año 1999, la entidad más representativa de la Comunitat Valenciana, al agrupar a cerca de mil familias con problemas de salud mental graves y sus familias. Su objetivo es acoger, defender, acompañar y representar al colectivo de personas con problemas de salud mental grave y sus familias para mejorar su calidad de vida.

Según explican, los problemas de salud mental afectan a un porcentaje significativo de la población: “La prevalencia de los trastornos psicológicos graves en España es extremadamente alta. Se conoce que, aproximadamente, entre el 2,5% y el 3% de la población cumple los requisitos para el diagnóstico de un trastorno mental grave. Y de estas cifras, más de la mitad no reciben el tratamiento que necesitan”.

En la Comunitat Valenciana la incidencia es significativamente mayor que en el resto de España. En 2023 la población diagnosticada de trastornos mentales de todo tipo se situaba en el 25,1% frente al 15% estatal, con una escasa dotación de recursos asistenciales. Con el fin de mejorar la situación se elaboró el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2023-2027, que ha supuesto un incremento de recursos asistenciales notable, aunque todavía insuficiente.

“El contexto socioeconómico y político, con la incertidumbre y crispación que generan, favorecen la desestabilización psicológica de la población y la aparición de diagnósticos de trastorno mental grave”, aseguran.

Desde la entidad afirman que superado el planteamiento exclusivamente psiquiátrico-farmacológico, prevalece ahora entre los profesionales una visión comunitaria de la atención a las personas con problemas de salud mental, avanzando hacia un sistema de salud mental con más profesionales, más atención comunitaria, mayor protección de derechos, atención específica a la vulnerabilidad y mejores datos para evaluar las políticas; criterios contemplados asimismo en el mencionado Plan Valenciano Salud Mental y Adicciones 2023-2027.

En esa dirección cabe apuntar el importante papel de los Servicios Sociales, tanto autonómicos como municipales: “Mucho es lo logrado en los últimos años con la implementación de diversos recursos, pero aún es mucho lo que queda por hacer en cuanto a dotación de más efectivos humanos, atención a las necesidades habitacionales o ejercicio de las facultades de curatela por designación judicial son algunos ejemplos de lo que debe seguir mejorándose”.

Mucho más grave es la situación de las personas diagnosticadas de patología dual (trastorno mental y adicciones). Desde la asociación afirman que la permisividad social sobre cierto tipo de sustancias consideradas erróneamente poco peligrosas perjudica gravemente a las personas con trastorno mental grave, más vulnerables ante los diferentes tipos de adicción; especialmente entre los adolescentes.

“Debemos insistir en la importancia de la sensibilización social y de los poderes públicos para eliminar el estigma estructural que rodea al paciente enfermo mental grave. Deben emprenderse campañas institucionales. Los medios de comunicación pueden contribuir a ello poderosamente a través de la disminución de mensajes prejuiciosos y poco realistas”, exponen.

Además, añaden que “debe revisarse el marco legal para garantizar los derechos y la autonomía de las personas con problemas de salud mental, pues los operadores jurídicos coinciden en que la figura de la curatela introducida en 2023 es muy mejorable”.

El director general del Valencia CF, Javier Solís, señaló tras conocerse este viernes que la propiedad del club ha vendido un 42 por cien de sus acciones a la corporación Pitchwise Holdings, que “se abre una etapa muy bonita para el Valencia”.

Preguntado por los 100 millones euros de inyección inmediata al club con la venta de este paquete accionarial, Solís apuntó que “ahora es cuando empieza el trabajo de campo, analizar dónde van a hacer falta esos recursos, una parte irá al terreno de juego y otra parte para infraestructuras del club y a aquellas áreas donde hace falta mejora y donde se harán las inversiones”.

Sobre la incidencia que pueda tener esta inyección económica en el próximo mercado de fichajes, el dirigente comentó que “sin duda el mercado invierno está ahí, trabajaremos para intentar mejorar el equipo, pero el mensaje general es de optimismo, una nueva etapa que empieza y se abre una oportunidad muy bonita para el Valencia”.

“Es el inicio de una nueva etapa, muy importante para el club, la llegada como accionistas de Pitchwise, con las figuras de dos ejecutivos de reconocido prestigio en el sector del deporte como son Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, van a hacer que puedan aportar a la estructura que tiene el club, junto con el liderazgo del presidente, toda su experiencia para mejorar en el trabajo y en el día a día del club”, explicó a Movistar.

“Cambiarán cosas a mejor con la entrada de estos dos ejecutivos, van a dar más experiencia en todas las estructuras que ya tenemos en el club. Ahora hay que integrar los grupos de trabajo para ver cómo nos intercomunicamos, pero va a ser un paso adelante en una nueva etapa muy optimista para el club y los aficionados”, aseguró.

Detalles de la operación

Como informó elDiario.es, mediante la compra de acciones a Meriton Holdings, Pitchwise adquirirá una participación minoritaria significativa en el Valencia CF. La operación estima al Valencia CF en un valor de empresa de 1.250 millones de euros, que refleja el conjunto de los activos del Club, incluidos los equipos masculino y femenino, así como el actual Camp de Mestalla, con capacidad para 49.000 espectadores, y el proyecto del Nou Mestalla, que aspira a convertirse en uno de los estadios más grandes de Europa, con capacidad para más de 70.000 aficionados.

Asimismo, Pitchwise aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el Club. Pitchwise llegará a ostentar una participación del 42% en la entidad. Meriton Holdings continuará siendo el accionista mayoritario, y Kiat Lim seguirá ejerciendo como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

Fuentes del club han negado a preguntas de elDiario.es que el precio de venta de las acciones se corresponde con el 42% de 1.250 millones, es decir, unos 564 millones, y no han desvelado detalles al respecto al tratarse de una operación entre dos particulares. Otras fuentes consultadas por esta redacción afirman que la operación se ha cerrado en 231 millones de euros por el 42% de las acciones más los 100 millones de inversión vía ampliación de capital, es decir, 331 millones en total.

La Policía Local desplegará un dispositivo especial de 320 efectivos con motivo de la 35ª edición del Medio Maratón de València, que se celebrará el próximo domingo, 25 de octubre, y reunirá a 25.000 corredores, entre ellos 130 atletas de élite de diferentes nacionalidades. La prueba, organizada por la Sociedad Deportiva Correcaminos junto con la Fundación Trinidad Alfonso Zurich, forma parte del calendario internacional de World Athletics y cuenta con la distinción Gold Label.

La orden de servicio contempla 320 efectivos policiales destinados al conjunto del dispositivo, que no se limita a la mañana de la carrera, sino que incluye actuaciones previas, desde varios días antes del evento, y posteriores, hasta la completa retirada de las infraestructuras. El mayor despliegue se producirá el domingo, cuando 215 efectivos prestarán servicio directamente en el operativo durante las horas centrales de la prueba. De ellos, 190 policías se encargarán específicamente de la vigilancia y la regulación del tráfico, así como de ejecutar los cortes parciales y totales necesarios a lo largo del recorrido. A ellos se sumarán los efectivos destinados a la cabeza de carrera, las zonas de salida y meta, los principales accesos y otros puntos estratégicos.

La Policía Local tendrá como principales cometidos garantizar la seguridad de los corredores y corredoras y del público, ordenar y regular el tráfico, facilitar la movilidad de peatones y vehículos y garantizar el acceso de los servicios de emergencia.

El dispositivo contará con efectivos de distintas comisarías de proximidad, de la USAP y de la Unidad de Seguridad Vial así como con personal operativo distribuido a lo largo de todo el trazado.

La carrera comenzará a las 8.25 horas, con siete salidas escalonadas, hasta completar los 25.000 participantes. La finalización de la prueba está prevista alrededor de las 12.20 horas.

El recorrido de 21,097 kilómetros atravesará buena parte de la ciudad. Partirá de la avenida de Tarongers y pasará por Alfauir, Primat Reig, Cavanilles, Menéndez Pidal, Ferran el Catòlic, Ramón y Cajal, Guillem de Castro, Blanqueries, plaza de Tetuan, calle de la Pau, plaza de L’Ajuntament, Xàtiva, Colón, Navarro Reverter, Jacinto Benavente, L’Albereda, Menorca y la fachada marítima, para regresar a la avenida de Tarongers.

Afecciones a la movilidad

La Policía Local de Valencia ha elaborado un plan especial de movilidad con motivo del Medio Maratón con el objetivo de garantizar la seguridad vial, ordenar los desplazamientos y reducir al máximo las afecciones a la circulación de vehículos y peatones.

El domingo, 25 de octubre, destaca el corte del acceso en superficie a València por la V-21, en sentido de entrada a la ciudad, entre las 4.30 y las 10.15 horas. Durante este período, el tráfico se desviará por el interior del túnel, tanto en sentido de entrada como de salida. Asimismo, la circulación del tranvía (líneas 4 y 6) quedará interrumpida entre las 6:40 y las 12:00 horas.

Los principales cortes de tráfico motivados por la carrera comenzarán a partir de las 7.45 horas y se irán ampliando conforme avance la prueba. Con anterioridad, se realizarán cortes puntuales en diferentes vías para permitir el montaje de vallados y otras infraestructuras necesarias para su desarrollo.

La reapertura de las calles se llevará a cabo de manera progresiva, conforme avance la carrera y finalicen las tareas de limpieza y retirada de vallados. El objetivo es recuperar la normalidad circulatoria lo antes posible y sin comprometer la seguridad de los participantes ni del público.

El dispositivo contempla, además, puntos específicos de cruce para vehículos, especialmente habilitados para garantizar la accesibilidad de los servicios de emergencia a las zonas afectadas por el recorrido.

La Policía Local también podrá autorizar el paso de vehículos por otros puntos cuando las circunstancias lo permitan, siempre que no se comprometa la seguridad de los corredores y corredoras.

Recomendaciones de acceso a la zona de salida del Medio Maratón

-Si se accede en transporte privado, se aconseja llegar con anterioridad a las 7:45h y hacerlo preferentemente a través de la Ronda Nord, por la V-21 a través del túnel bajo la rotonda del Mirador, por el eje avenida de Aragó-Blasco Ibáñez o por el eje Serradora-Lluís Peixó-Fausto Elío.

-Si se accede por la zona oeste de la ciudad, se aconseja incorporarse a través de la Ronda Nord que permanecerá abierto hacia la rotonda del mirador hasta las 7:50h o a través del eje Peset Aleixandre-Primat Reig hasta las 8:00h.

-Si se accede por la zona norte de la ciudad, se aconseja incorporarse a través de la V-21 por el túnel bajo la rotonda del Mirador que permanecerá abierto toda la mañana y su continuación por la avenida de Catalunya, o a través de Fausto Elío hasta las 7:45h.

-Si se accede por la zona sur de la ciudad, se aconseja incorporarse por el eje Germanies-Marqués del Túria-Pont d’Aragó-Aragó-Blasco Ibáñez hasta las 8:45h.

-Si se accede por la zona este de la ciudad, se aconseja incorporarse por el eje Menorca-Eivissa-Serradora-Marí Blas de Lezo-Lluís Peixó hasta las 7:45h.

-Hay zonas habilitadas para el estacionamiento de vehículos como el aparcamiento del centro comercial ARENA o los de la Universitat Politècnica, a los que se accede por la calle de Agustí Alamán Rodrigo desde Fausto Elío.

-Si el desplazamiento se hace en metro, se recomienda la utilización de las líneas 5 y 7 en las paradas de Aragó y Amistat, las líneas 3 y 9 en su parada Facultats, y la línea 3 en la parada Benimaclet. Asimismo, las líneas 4 y 6 del tranvía interrumpirán el servicio de 6:40h a 12:00h horas debido la ocupación de la plataforma viaria por la prueba deportiva.

- Si el desplazamiento se hace en autobús de la EMT, se recomienda la utilización de las líneas C3, 99 y 71.

Adelanto del Rastro

El Rastro de València se adelanta este fin de semana y se celebrará el sábado, 24 de octubre, entre las 9 y las 14 horas en la zona ajardinada ubicada entre la avenida de Tarongers y Lluís Peixó. El cambio de fecha responde al hecho de que el domingo, el día en que habitualmente se celebra el Rastro, tiene lugar el Medio Maratón de València a la misma hora y en la misma ubicación.

El cambio de fecha aprobada por una resolución de la Concejalía de Comercio y Mercados tiene como objetivo no interferir en el transcurso de la prueba atlética y permitir a la vez la celebración en condiciones del Rastro.

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) investiga posibles irregularidades del Gobierno municipal de València que preside la alcaldesa María José Catalá (PP) en la contratación del acto de las Exaltación de las Falleras Mayores de 2024, por los contratos impulsados por Santiago Ballester (PP) como concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF) horas antes de los actos. La investigación de Antifraude, que ya ha requerido documentación al consistorio, nace de una denuncia del concejal de Compromís, Pere Fuset, quien sospecha que “lo que se ha visto hasta ahora es solo la punta del iceberg”.

La denuncia afecta a dos tipos de contratos. Por un lado, los contratos técnicos de sonido, luz y grabación. Mientras que en la Exaltación de 2019, celebrada en el Palau de la Música, el sonido y la luz se habían licitado juntos y con concurrencia pública, en 2024 Ballester los fraccionó en varios contratos menores, cada uno justo por debajo del límite que obliga la ley.

Además, según la denuncia de Compromís, las empresas tuvieron menos de 48 horas para presentar ofertas, cuando las normas municipales del Ayuntamiento de València exigen un mínimo de siete días, y algunas empresas incluso fecharon sus presupuestos dos días antes de que JCF les pidiera oferta. “O son adivinos, o alguien ya sabía quién tenía que ganar”, ha ironizado Fuset.

Por otro lado, Compromís también pedía investigar los contratos artísticos, especialmente el musical ‘Cineman Sinfónico’ de la Exaltación de la Fallera Mayor, adjudicado a dedo como contrato privado por razones artísticas sin ninguna concurrencia. En su denuncia, la formación valencianista recuerda que el musical, procedente de Madrid, se adjudicó horas antes del acto y costó más de seis veces el espectáculo del año anterior.

Tal como recuerda Fuset, el gobierno de Catalá confió aquel año en una big band de Madrid acompañando al cantante Daniel Digés para exaltar a la Fallera Mayor de València. “En la tierra de los músicos y las sociedades musicales, el PP y Vox se fueron a buscar un musical de Madrid. Ahora sabemos que, además de caro, el contrato podría esconder mucho más”.

Según el edil, la denuncia apunta también a una posible coordinación técnica del acto que nadie contrató: “JCF aseguró por escrito a Compromís que no existía ningún expediente de coordinación. Las imágenes de los ensayos, en cambio, muestran a profesionales de una empresa externa dirigiendo el acto sobre el escenario. Si nadie contrató la coordinación, ¿quién la hizo y quién la pagó? O nos mintieron a nosotros, o se pagó por la puerta de atrás, quizá dentro de algún contrato artístico dado a dedo”, ha advertido.

El regidor valencianista recuerda que el Ayuntamiento está obligado por ley a colaborar con Antifraude. Deberá aportar toda la documentación que le requiera la Agencia, contestar cada uno de los requerimientos de información y aclarar las contradicciones entre lo que dijo a la oposición y lo que muestran las imágenes y los expedientes. “El PP no puede convertir la Junta Central Fallera en un agujero negro para el dinero público con lo que Ballester gaste de espaldas a las leyes”, ha remarcado Fuset.

Esta investigación se suma a otras denuncias sobre la gestión del PP en la Junta Central Fallera y el Servicio de Fiestas, que comparten las concejalías de PP y Vox. “Ha llegado el momento de que Ballester dé explicaciones y de que Catalá deje de escudarlo”, ha manifestado el concejal de Compromís, que ha reiterado que “los posibles retrasos de otros a la hora de investigar nuestras denuncias no harán que eludamos nuestra misión de control para evitar cualquier oportunidad de corrupción”. Así, la formación valencianista asegura que continúa recabando información sobre otras posibles irregularidades en actos como la elección de candidatas a Falleras Mayores, que este año se ha disparado a más de 418.000 euros.