Russafa será zona acústicamente saturada (ZAS). Las siglas, que pueden sonar a onomatopeya, implican limitaciones a la actividad hostelera y de ocio para tratar de menguar las molestias a un vecindario que sí está completamente saturado por el ruido. El popular barrio valenciano, que compite con El Carme como epicentro del tardeo, de las despedidas de soltero y del ocio turístico, verá algunos cambios en el momento en el que se publique la normativa en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, que se prevé en breve. Así, las limitaciones aprobadas este jueves en el Pleno municipal verán la luz durante el mes de mayo, seis años después de que el Tribunal Superior de Justicia lo decretase.

Las limitaciones serán, grosso modo, las siguientes: las terrazas deberán cerrar media hora antes entre semana (a las 00:30 de domingo a jueves, entre marzo y octubre), no podrán ampliar su superfície y los pubs y discotecas no podrán abrir más allá de las 3:30 horas de domingo a jueves, mientras que viernes, sábados y previas de festivos podrán estirar a las 4:30 horas. En la práctica, apenas afecta a dos discotecas, que con la norma anterior podían abrir hasta las 7 horas. Para los pubs, el recorte es de apenas media hora. Tampoco se podrán abrir más terrazas en el barrio.

Las restricciones no calarán en todo el barrio. El proyecto aprobado por el equipo de gobierno de PP y Vox afectará a 18 calles: Barón de Cortés, Cádiz, Carlos Cervera, Centelles, Consulado del Mar, Cura Femenía, Doctor Landete, Doctor Serrano, Doctor Sumsi, Literato Azorín, Matías Perelló, Perera, Puerto Rico, Reina Doña María, Romeu de Corbera, Sueca, Tomasos, Vivons. Dentro de ellas, se prevé la creación de una “zona de respeto”, con alguna restricción más.

El plan contempla la constitución de una mesa permanente de trabajo integrada por representantes de la administración municipal, de las asociaciones vecinales, de asociaciones de consumidores y de entidades del sector hostelero y turístico de València. Con todo, el modelo no contenta ni a vecinos ni a las asociaciones hosteleras. Los primeros creen que es una regulación “falsa” y ven escasas las restricciones: “solo reduce 2 discotecas en un barrio de más de 360 locales hosteleros y en torno a las 300 terraza”, señalan desde la plataforma Russafa Descansa.

Los hosteleros y empresarios del ocio, por contra, están en pie de guerra. La Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) y la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa, se concentraron el lunes a las puertas del edificio municipal de Tabacalera, sede de la Concejalía de Mejora Climática, para exigir la dimisión de su titular, Carlos Mundina, por lo que consideran “una campaña de criminalización injustificada” contra los locales, y han acusado al edil de convertir al barrio de Russafa “en el pararrayos y chivo expiatorio” por sus “políticas fallidas” y su “incompetencia” en la lucha contra el ruido en la ciudad de València.

En el pleno, Mundina defendió que las medidas de esta ZAS “tienen como objetivo buscar la conciliación entre el derecho al descanso de los vecinos de Russafa y la actividad cultural y gastronómica del barrio”. Y ha explicado que la aplicación de la ZAS “supone cumplir con un mandato judicial”. De hecho, Mundina ha señalado que “el Ayuntamiento aprueba de forma definitiva la ZAS de Russafa, después de la mediciones realizadas y de las resoluciones judiciales, y tras someter también a exposición pública las medidas y abrir un plazo de alegaciones”.

Las alquerías abandonadas podrán ser hoteles rurales o apartamentos turísticos. Las zonas de huerta más degradadas, aparcamientos disuasorios vinculados al transporte público. Las zonas con mayor protección, “huertos de ocio” o sociales. Incluso cabe, en las zonas en desuso, construir una hípica. Son algunos de los detalles del plan que el PP proyecta para la huerta de València, que arranca su exposición pública.

El Ayuntamiento de València aprobó este jueves someter al proceso participativo la memoria para adaptar el plan municipal al plan aprobado por la Generalitat Valenciana, que modificó la ley de la huerta con los votos de PP y Vox. El equipo de gobierno de María José Catalá —con cuyo voto también se aprobó en las Corts dicha modificación— asegura que el proceso busca el encaje jurídico de las normas que regulan los usos de la huerta y de las infraestructuras agrícolas. En la práctica, la norma hará compatible el uso turístico y deportivo de espacios en huerta protegida. “Abre la posibilidad de la recuperación de huerta abandonada y de las alquerías y viviendas agrícolas”, apuntó el concejal de Urbanismo, Juan Giner, en la presentación del proceso.

El plan prevé distintos niveles de protección de la huerta, con medidas más o menos restrictivas. Este puzzle normativo es ya una seña de identidad del gobierno de Catalá, que habla de niveles de “candados” para los apartamentos turísticos y divide las ZAS de Russafa por calles. Una fórmula que crea confusión en los procesos de análisis y participación ciudadana.

Aún así, en la zona más protegida se permitirán usos terciarios (restauración, alojamiento turístico rural y venta directa de los agricultores locales) en construcciones tradicionales con la condición de que la superficie libre de parcela se destine al cultivo y se mantenga en buen estado.

La propuesta ha encendido las alarmas de los colectivos que luchan por la conservación del territorio. Per l'Horta destaca la posibilidad de facilitar la implantación de alojamientos turísticos, hostelería y otras actividades terciarias en plena huerta, “en un momento en que la ciudad ya sufre una fuerte presión turistificadora”. Según denuncian, “la experiencia acumulada en los últimos años demuestra que estas actividades comportan problemas de movilidad, incremento del tráfico privado, aparcamientos improvisados, saturación de caminos”.

En el pleno, el PSPV ha defendido que el plan municipal podría ser “más restrictivo”. Es “una amalgama de usos que no tiene que ver con la huerta productiva”, ha replicado Elisa Valía.

En compromís, Sergi Campillo ha denunciado que “es una adaptación regresiva”, “un desficaci”. “Vamos a turistificar también la huerta”, ha criticado el concejal, que ha insistido en la inconveniencia “de abrir la puerta a nuevos usos y a la transformación de un espacio clave para la soberanía alimentaria y el equilibrio ambiental de València”.

En el pleno han participado agrupaciones vecinales y entidades sociales, muy críticas con el modelo planteado, que han pedido retirar la propuesta y presentarán alegaciones.

“Revitalizar no es especular”

El edil de Urbanismo, Juan Giner, ha insistido en que “revitalizar no es especular”. Defiende que la huerta degradada sea compatible con otros usos para recuperarla. El edil aseguró que las medidas se aplican únicamente a la huerta más degradada de la periferia metropolitana, indicada en el PAT como zona H3, y ya estaban vigentes desde 2018. “Esta adaptación no rebaja ni un ápice la protección de la huerta de València. Lo que sí hace es abrir la posibilidad de recuperar alquerías y viviendas tradicionales para darles un uso vinculado con el cultivo de las tierras y con su conservación”, apuntó el edil de Urbanismo.

La Unió Municipalista, la confederación de partidos independientes, ha formalizado este jueves frente a Les Corts Valencianes la entrega de las firmas para impulsar la reforma de la Ley electoral valenciana a través de su Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La entrega se ha efectuado de manera oficial coincidiendo con la celebración de la sesión plenaria en la cámara autonómica. En total, se han presentado más 11.000 firmas, más de los apoyos exigidos por la normativa (10.000) para llevar la propuesta a debate parlamentario. La propuesta plantea reducir el listón electoral del 5% al 3% y que el cómputo de votos se realice a nivel provincial y no autonómico para avanzar hacia un sistema más justo, representativo y que refleje mejor la pluralidad política y territorial.

La entrega formal de las firmas ha contado con la presencia del alcalde de Ontinyent y coordinador general Unión Municipalista Comunitat Valenciana, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta primera de la Diputación de València y coordinadora provincial Unión Municipalista, Natalia Enguix; David García, alcalde de Nules y presidente de la Unión Municipalista y Toño Carratalá, alcalde de Alberic y director general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. En las puertas de Les Corts, han estado acompañados por representantes de diferentes formaciones políticas municipales que integran esta plataforma venidos de distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

Antes de la entrega de las firmas, y ante los medios de comunicación, el alcalde de Ontinyent y coordinador general de la Unión Municipalista, Jorge Rodríguez, ha señalado que “lo que pretendemos es acabar con una anomalía democrática y tratar de que el voto de la ciudadanía tenga su reflejo en Les Corts. Una anomalía democrática que existe solo en la Comunidad Valenciana y en pocos territorios más y que hace que exista una infrarrepresentación del voto ciudadano: Tenemos una necesidad luchar contra la desafección ciudadana, que muchas veces ve como su voto no obtiene nunca representación. Para nosotros esta iniciativa ya ha sido un éxito porque nos ha permitido conocer mejor realidades que para nosotros son importantes. Y el hecho de que Les Corts debatan un asunto como la barrera electoral, para nosotros ya es positivo con independencia del resultado, que lógicamente deseamos que sea el que pretendemos y por el que estamos trabajando”.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Unión Municipalista, David García, al exponer que “la reforma de la ley electoral es una deuda pendiente con la ciudadanía, que va en la línea de asegurar que haya una representatividad más acorde a la diversidad de nuestra sociedad, para garantizar el principio consagrado en la Constitución Española del pluralismo político”. García ha incidido en que con esta modificación se quiere garantizar una mejor representación tanto de las provincias como de los diferentes grupos políticos en el Parlamento valenciano.

Esta petición sitúa a la Comunitat Valenciana en la línea de otras ocho comunidades autónomas —País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y Castilla y León— que ya cuentan con un umbral del 3%, lo que evidencia que la propuesta es un acto de normalidad democrática.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, ha recordado que esta reivindicación ya fue motivo de debate institucional, puesto que el Pleno de la Diputación de Valencia ya instó formalmente a la Generalitat a rebajar el umbral electoral al 3%. Tanto el PSPV como Compromís votaron a favor, Vox en contra y el PP se abstuvo. Enguix ha comentado sobre las conversaciones que mantuvo en su día con los populares que le trasladaron que había que estudiar “la situación, hasta qué punto eso podía beneficiar al resto de partidos y no perjudicar al resto”.

Además, ha remarcado que “con la entrega de las firmas, estamos más cerca de lograr una democracia real. Ahora mismo hay ciudadanía que tiene menos valor en función del territorio donde vive. Ha llegado el momento de abrir las instituciones a la pluralidad y poner fin a las reglas que solo benefician a los de siempre”.

El gobierno de María José Catalá esconde a su concejal de Grandes Proyectos, grabado ofreciendo plazas de empleo público a trabajadores del Consorcio Valencia 2007, un proceso que investiga la Fiscalía Anticorrupción. El edil José Marí Olano, que ha sido denunciado por Compromís y el PSPV tras la publicación de las conversaciones por parte de elDiario.es, no ha respondido a las preguntas de la oposición en el pleno municipal, donde le acusan directamente de “amañar” las plazas y “liar” a otras concejalas para colocar a empleados.

Los audios publicados por elDiario.es apuntan que el edil avisó a los trabajadores del Consorcio de convocatorias de empleo público y les invitó a presentarse. Solo cuatro lo hicieron: dos en la Autoridad Porturaria de Valencia, que obtuvieron el puesto y se presentaron también en la Fundación Deportiva Municipal, y un tercero en Visit Valencia. Anticorrupción ha abierto diligencias por la denuncia contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, las concejalas de Deportes y Turismo y la alcaldesa.

El grupo popular ha decidido que en lugar del concejal señalado respondiera a la oposición el portavoz del PP en València, Juan Carlos Caballero. El edil, el favorito de María José Catalá para salir al ataque ne en las cuestiones complejas, ni siquiera ha mencionado a Marí Olano o el contenido de las grabaciones en las que informa a los trabajadores de las plazas que van a salir, y les ofrece “hablar en privado” sobre los requisitos. En su lugar, ha cargado contra el 'caso Ábalos' y escándalos del PSOE en el Gobierno central y ha acusado a la oposición de causar el problema de La Marina de València, el germen de la investigación.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, quien llevó las plazas a la Fiscalía Anticorrupción, ha recordado que trabajadores del Consorcio fueron a una notaría y adivinaron quién ganaría las plazas del Puerto. Apunta que “el señor Olano, que no ha firmado ni un solo papel, lía a las concejalas” Rocío Gil y Paula Llobet para que los organismos convoquen unas plazas vacantes. Robles ha insistido en una cuestión que también se muestra en los audios: las plazas en la empresa de vivienda municipal, Aumsa, que finalmente no salieron. En las grabaciones, el concejal Marí Olano apunta que está “insistiendo” a la gerente de la empresa pública para que salgan esas convocatorias. A Juan Giner, responsable del ramo “no lo liaron” para convocar esas plazas, señala Robles.

La edil valencianista ha recordado que hay un informe de la Intervención General que cuestiona el proceso de contratación en el Puerto. Y ha hecho referencia a las últimas informaciones publicadas por este diario: Correos internos apuntan que la presidenta del Puerto de València elaboró las bases de las plazas investigadas por Anticorrupción. “La presidenta del Port envía correos diciendo cómo tienen que ser las plazas”, ha relatado Robles, que considera que es “tráfico de influencias”. “Hay que investigar hasta el alcantarillado”, ha sostenido. Los valencianistas piden una comisión de investigación y el cese del concejal.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, que ha censurado que en el pleno haya un concejal “grabado amañando procedimientos de empleo público”. “Todo parte de la misma premisa: confundir el interés general con el interés privado”, ha considerado el edil socialista, que subraya que el germen del conflicto tiene que ver “con el interés de privatizar La Marina”, no tanto con los trabajadores del Consorcio. Sanjuan ha cargado contra la opacidad del edil, que es desde el pasado año responsable de contratación y no publica su agenda pública. Le acusa, en el caso del Consorcio, de “mantener reuniones secretas utilizando información privilegiada que tiene como concejal”.

El PP defiende al concejal de Grandes Proyectos, sin nombrarlo. Juan Carlos Caballero asegura que “el problema lo crearon ustedes”, en referencia a Compromís y PSPV, y les acusa de querer “colocar a dedo” a los trabajadores con una moción que presentaron en la oposición. Caballero omite en sus excusas que Compromís y PSPV abogaron por la fórmula de la subrogación a través de un ente público y mantener la gestión pública de La Marina. “Era una subrogación de todos y todas los trabajadores”, le ha recordado después Papi Robles.

En Compromís acostumbran a decir que primero el qué y luego el quién. Es la fórmula que adoptó Mónica Oltra en la negociación de los pactos con el PSPV y Podemos-Esquerra Unida para los acuerdos de gobierno. Ahora, una década después, preparando la candidatura a la alcaldía de València, en la coalición ya saben el quién, pero el cómo y el con qué condiciones son asuntos que se están enredando en un espacio político acostumbrado a profundos debates.

El quién lo sospechaban desde hace meses y lo confirmaron el pasado 28 de marzo, cuando en el congreso de Iniciativa, una de las ramas de la coalición, la exvicepresidenta aceptó el reto de encabezar la candidatura a las elecciones municipales de València. El reto implica, además de retornar a la primera línea política, sacudir las dinámicas de una coalición y sus nueve concejales que llevan tres años trabajando en hacer oposición al PP de María José Catalá, que cuenta con todo el apoyo de Génova. Y realizar un aterrizaje programado para compatibilizar el trabajo de la aclamada candidata, que no forma parte de ningún órgano de la coalición ni de ninguna institución, con el del equipo ya conformado.

En ese cómo radica la cuestión. Y en ese interrogante es en el que se están enredando las distintas patas de Compromís, incluso dentro de sí mismas. Este miércoles la coalición tenía convocada una Ejecutiva extraordinaria con un único punto: “Candidatura Valencia”. En la pasada reunión, hace tres semanas, se acordó convocar este encuentro para abordar una Asamblea que ungiera a Oltra como candidata, e invitarla a participar en la reunión, ya que no forma parte del órgano ejecutivo. Esa idea se filltró este miércoles, provocando gran expectación. La convocatoria de Asamblea es un paso necesario, ya que la Ejecutiva no puede tomar la decisión de los candidatos. De hecho, incluso cabría modificar el reglamento, como cuando se eligió a Joan Ribó como alcalde, para articular el mecanismo que aupara a Oltra.

Pero en las últimas horas la cosa ha ido cambiando, según apuntan fuentes de Iniciativa, el partido en el que Oltra milita. Según estas fuentes, este mismo miércoles la portavoz en València, Papi Robles, trasladó al equipo de Oltra que el órgano no iba a formalizar la petición de encabezar la candidatura, sino “tratar cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura”. La exvicepresidenta, que no forma parte de este órgano, decidió finalmente no asistir, al considerar que las cuestiones internas no le competen.

La decisión ha pillado por sorpresa a los integrantes de la Ejecutiva, que esperaban a la exvicepresidenta. . Las fuentes consultadas por elDiario.es apuntan que el objeto de la convocatoria era algo indefinido, aunque desde Més negaron rotundamente que la reunión se hubiera convocado para decidir sobre la exvicepresidenta. Este miércoles, antes de la reunión, un dirigente de Iniciativa enmarcaba el encuentro en la normalidad del trabajo de la coalición, y recalcaba que la estrategia es remar conjuntamente, encajar el trabajo dentro y fuera del hemiciclo.

“Un espacio cómodo”

Tras la reunión, la portavoz en València, Papi Robles, ha trasladado que la coalición busca la fórmula orgánica para aterrizar la candidatura, que nadie discute. “Queríamos crear un espacio cómodo para que [Oltra] viniera y recibirla en la propia Ejecutiva pero finalmente no ha podido ser así”, ha apuntado.

“Hay días en que los diálogos no llegan a buen puerto pero al día siguiente volvemos a empezar. Reiteramos el afecto y le trasladamos a Mónica que reconocemos su valentía y su entrega y que la queremos con nosotros. Nuestro liderazgo está claro”, ha subrayado.

Una sacudida en la coalición

El desembarco de Oltra sacude los equilibrios en una coalición que se compone de tres patas (Més, Iniciativa y Els Verds) y un grupo de militantes de la propia marca, Gent de Compromís. En el último ciclo electoral, la rama ecofeminista que lideraba la exvicepresidenta había perdido visibilidad en detrimento de Més, la rama valencianista y mayoritaria.

En Més están Joan Baldoví, portavoz en las Corts, y Papi Robles, cabeza en el Ayuntamiento de València, además de Àgueda Micó, diputada en el Congreso, que rompió con Sumar y ha pasado al Grupo Mixto. El otro diputado de la coalición, Alberto Ibáñez, exportavoz de Iniciativa, es uno de los dirigentes más cercanos a Oltra, y decidió quedarse en el grupo Sumar. La crisis escenifica que en la coalición confluyen, al menos, dos modelos, y sirve como anticipo de uno de los debates clave en las próximas elecciones: las confluencias y la apertura de Compromís a los movimientos sociales.

En Iniciativa hay voces que piensan que Més se encontraba muy cómodo con la ausencia de Oltra, que siempre ha sido su gran contrapeso, y que ha ido engullendo la coalición. Con este panorama, se requiere de un reequilibrio. Compromís es un partido en el que todo el mundo tiene agravios. La gran incógnita será si se van a cobrar esas deudas que se consideran pendientes.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata (Valencia), que investiga el fallecimiento de dos niñas de 4 y 8 años en un castillo hinchable que se vio levantado por una fuerte racha de viento el 4 de enero de 2022 en este municipio, ha exonerado al ingeniero técnico municipal por considerar que no incurrió en ilícito alguno.

Según consta en un auto del pasado 24 de abril, al que ha tenido acceso EFE, la instructora considera que este técnico cumplió con su obligación de revisar la documentación presentada y que el Consistorio no tenía la obligación de realizar una inspección física de las instalaciones de la feria previa a su apertura, de modo que bastaba con la declaración responsable presentada por los feriantes.

La normativa vigente no obliga al Consistorio a realizar una visita técnica antes de la apertura de las instalaciones, sostiene el instructor. Esta supervisión es “potestativa y discrecional”, y de su ausencia “no se pueden exigir responsabilidades penales”, añade.

“El Ayuntamiento de Mislata, ante las posibles dudas interpretativas de la norma y de la circular remitida por el órgano competente, solicitó de forma diligente aclaración, siendo respondida su duda en el sentido inequívoco de que por parte del Ayuntamiento no existía la obligación de inspeccionar la atracción previa a su apertura, siendo la mera presentación de una declaración responsable título suficiente para poder aperturar la atracción”, subraya la magistrada en su auto.

En el mismo auto también se sobresee la parte penal relativa a tres menores que resultaron heridos leves y que no requirieron tratamiento médico, aunque queda abierta para sus familias la vía civil para otras reclamaciones.

La acusación por homicidio imprudente se mantiene contra el propietario, un responsable del castillo hinchable y el ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de esa atracción.

Los informes periciales y policiales que obran en la causa señalan como causas de este accidente una racha de viento superior a 70 kilómetros por hora, anclajes insuficientes y en mal estado de conservación y deficiencias en la supervisión de la instalación.

El libro técnico de la atracción contempla que ésta debía ser evacuada y desconectada, entre otros motivos, por vientos superiores a los 30 kilómetros por hora.

Además, el hinchable se instaló en una ubicación distinta a la prevista en el proyecto inicial, lo que pudo incidir en una mayor exposición al viento.

“Es el montador y responsable del hinchable quien debe valorar la evacuación y el cierre ante los primeros indicios. En el momento de los hechos controlaba el aforo y pases al hinchable un varón joven de una edad próxima a los dieciocho-veinte años, de complexión delgada, piel morena, pelo negro y algo rizado y ojos oscuros que no ha sido identificado. Se desconoce qué conocimientos y formación tenía sobre el funcionamiento del hinchable”, relata la jueza.

En su escrito, la jueza da un plazo de diez días tanto al Fiscal como al resto de partes personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente nuevas diligencias.

Este auto no es firme, de modo que cabe recurso de reforma y/o de apelación.

Cualquier ciudadano que emplee un vehículo en València se habrá dado cuenta: el tráfico está disparado. Moverse en coche o en autobús por la ciudad es una auténtica odisea, cruzar una avenida implica un ejercicio de paciencia y entrar o salir de la ciudad supone jugársela en colas kilométricas en las horas punta.

Los datos del Ayuntamiento de València son claros: el tráfico ha aumentado un 42% en dos años en el conjunto de la ciudad. Así lo denuncia Compromís, que emplea las cifras del centro municipal de tráfico para denunciar la falta de políticas de movilidad efectiva. Los valencianistas presentarán en el pleno de este jueves una moción para revertir los problemas con el tráfico, que cada vez aumentan y se han convertido en un quebradero de cabeza para los ciudadanos.

En paralelo, el PSPV también advierte de un incremento del tráfico rodado en puntos concretos, como las grandes vías y avenidas de la ciudad. Los socialistas apuntan a incrementos de con incrementos de 16.000 vehículos al mes en Germanías, que registró más de 70.543 en marzo de 2026, o en la Avenita Tarongers, donde se ha pasado de los 45.204 vehículos al mes a los 49.716.

Según los datos que aporta la coalición valentianista, el Centro de Gestión de Tráfico certifica un aumento de tráfico de hasta el 42% de vehículos en comparación en el mismo periodo del año 2023. La reversión de las limitaciones en la Calle Colón muestran incrementos de hasta el 221% en algunos tramos, como en la Porta la Mar, donde se ha pasado de 5.000 vehículos, incluyendo las líneas de EMT, a 15.805 sin los autobuses ahora desviados. En Xàtiva, donde termina la Calle Colón, el aumento del tráfico es del 35%. “La reversión de Colón lo contamina todo”, apunta el edil Giuseppe Grezzi en la moción que se debatirá el jueves.

En el texto, los valencianistas apuntan que el tráfico y la movilidad han pasado a ser el cuarto problema para un 5,1% de los vecinos, mientras antes era el octavo, según las encuestas municipales. El tráfico rodado empeora para más de un 30% de los encuestados.

En la misma línea se manifiesta la edil del PSPV Elisa Valía, recalca la situación de Ciutat Vella, donde los vehículos privados no dejan de crecer desde que el gobierno de Catalá “decidió ampliar carriles en la calle Colón y convertir el centro en un atajo para atravesar la ciudad”. El aumento del tráfico en la céntrica vía se deja ver también en la Calle La Paz, donde en un año han aumentado en mil los vehículos que circulan cada mes, llegando a 11.130 actuales. Y a su vez, en el tramo final de Guillém de Castro, donde sube el tráfico en la misma medida.

Los correos internos entre la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y su equipo directivo revelados por elDiario.es en los que se acredita que participó de forma directa en la elaboración de las bases de los procesos selectivos que investiga la Fiscalía Anticorrupción han generado una enorme preocupación en todos los estamentos.

Como avanzó este periódico, en un e-mail fechado el 16 de abril de 2024, Chao escribió a varios responsables de la APV que Puertos del Estado había “revisado las bases, todo ello con la mejor intención de ayudar y colaborar” y a tenor de los “incendios abiertos” en el seno del organismo.

El correo de la presidenta contestaba a otro e-mail anterior remitido por la entonces jefa de Recursos Humanos, que aportaba “consideraciones” sobre las “debilidades del procedimiento”. La interlocutora sugería que se definiera la necesidad de personal, que se incorporaran evaluaciones de competencias genéricas y pruebas psicotécnicas y que se sumara a su departamento al tribunal encargado de la selección de plazas. El e-mail acababa con una advertencia a la presidenta de la APV: “Por último, desaconsejo que las bases se redacten en primera persona por ti, Mar, sin prejuicio de que des las indicaciones pertinentes respecto del perfil que crees idóneo para el puesto o que se ha de buscar”.

Al respecto, a preguntas de esta redacción sobre la situación de Chao, fuentes del Gobierno central han reconocido su preocupación por la gravedad de los hechos que se están conociendo en las últimas semanas y han recordado: “Mazón la nombró y es Pérez Llorca el que la debe cesar. Es un tema del PP”. Y es que, aunque la APV depende de Puertos del Estado y por extensión del Ministerio de Transportes, tanto la responsabilidad del nombramiento del presidente o presidenta del organismo portuario como en su caso del cese recae directamente sobre el presidente autonómico, en este caso Juan Francisco Pérez Llorca.

En este sentido, desde presidencia de la Generalitat Valenciana han declinado hacer comentarios por el momento sobre la situación de la responsable del Puerto de Valencia.

Y es que, el pasado mes de diciembre, el presidente de MSC España, Francisco Lorente, adjudicatario de la nueva terminal norte cuyos muelles están ya en obras, amenazó con dejar el Puerto de Valencia si Pérez Llorca la cesaba, una amenaza poco creíble pero que redobla la presión sobre el jefe del Consell.

La crisis que vive la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), permanentemente en el foco de la polémica por la investigación abierta por Anticorrupción, pero también por el goteo de dimisiones en su cúpula y por las irregularidades que investigan tanto el Tribunal de Cuentas como la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), han debilitado sensiblemente a su presidenta.

Este mismo martes la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, volvió a pedir la dimisión de Chao y la creación de una comisión de investigación tras conocer el contenido de los correos destapados por este diario: “la alcaldesa María José Catalá no puede seguir mirando hacia otro lado. Este escándalo afecta al corazón de las instituciones de la ciudad y exige explicaciones inmediatas, transparencia total y la asunción de responsabilidades políticas. Catalá tiene el jueves en el Pleno una buena oportunidad de demostrar que quiere esclarecer toda la verdad. Recordamos que Compromís per València pide una comisión de investigación, la destitución del concejal José Marí Olano e instar a la Autoridad Portuaria a la destitución de Mar Chao”.

La propia Mar Chao descartó la semana pasada su dimisión, antes de conocerse que participó en la elaboración de las bases de las plazas cuestionadas. Chao afirmó que toda la documentación que ha sido requerida a la Autoridad Portuaria ha sido facilitada al procedimiento, sobre el que ha expresado su máxima colaboración y respeto a las decisiones judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación a Mar Chao y a la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos, al parecer, en procesos de colocación de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, entidad pública que gestionaba la Marina de Valencia liquidada en 2024.

Bases cuestionadas por la Intervención

Las plazas a las que se refieren los correos intercambiados entre Mar Chao y su equipo son tres y las bases figuran firmadas por ella el 26 de abril de 2024, según la documentación publicada en la web de la APV. Se trata de las plazas de subdirector de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación; de jefe de Apoyo a Gestión Económico-financiera; y de subdirector de Gestión de Dominio Público.

Fuentes de la APV consultadas por este diario comentaron sobre el contenido de los e-mail que no informan “de cuestiones derivadas de procesos judiciales o investigaciones en marcha” y añadieron: “En todo caso, es claro que las bases están firmadas por la presidenta, por lo que asume íntegramente su contenido”.

Los tres procedimientos están señalados en el informe de la Intervención General del Estado publicado en exclusiva por elDiario.es, por haberse incumplido presuntamente los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, afirma la Intervención.

De las tres plazas, dos formarían parte de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, al estar relacionadas con otros procedimientos abiertos en el Ayuntamiento de València para tratar de reubicar a extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, en fase de liquidación durante el año 2024.

Se trata de la plaza de Subdirector de Infraestructuras que se adjudicó a M. G., exdirectiva del ente público que gestionaba la Marina, y de la de jefe de Gestión Económico-Financiera, que se adjudicó a A. G., también exresponsable del consorcio. Ambas se presentaron a un proceso selectivo abierto en fechas coincidentes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tras confirmarse que obtuvieron los puestos en la APV, renunciaron al concurso de la FDM, entidad que también lo dejó sin efecto.

Se da la circunstancia, además, de que exempleados del Consorcio Valencia 2007 registraron ante notario los nombres de las dos personas que se adjudicaron los puestos directivos 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la APV, puesto que estaban convencidos de que el procedimiento estaba amañado.

València es ya una ciudad conquistada por el turismo. Y para muestra de ello, la situación del barrio del Cabanyal, donde los vecinos denuncian prácticamente a diario la invasión de la vía pública por los inquilinos de los apartamentos turísticos, que sacan sus enseres a las aceras; el brote de obras para construir más hoteles, residencias o 'flexi-livings' y los abusos del sector turístico sobre la ciudad.

Esta semana, los vecinos han observado una nueva acción en esa conquista: la colocación de señales fake para bloquear el aparcamiento en la calle frente a un establecimiento turístico de nueva creación. Se trata de un 'hotel flexible' de reciente apertura en la Calle Arquitecto Alfaro, una zona en la que en los últimos meses se han creado varios complejos de corta y media estancia, en cuyo frontal se han ubicado señales que buscan impedir el estacionamiento en un tramo de la calle.

Los carteles, como se observa en la imagen, ni contienen el logo del Ayuntamiento de València ni ningún distintivo oficial, pero emplean una tipografía y colores similares a las señales de control del tráfico.

Según relatan a elDiario.es los vecinos, el establecimiento de la Calle Arquitecto Alfaro ha llegado a colocar vallas un cartel que simula un vado en la entrada del garaje. En el mismo tramo también se ha pintado en color amarillo una parte de la acera, como si se tratara de una delimitación municipal.

La Policía Local se personó este lunes en el establecimiento para amonestar a la mercantil. Según ha podido saber elDiario.es, se han levantado actas de sanción por la colocación de cámaras que apuntan a la vía pública y por las señales, que ya han sido retiradas. Las propuestas de sanción alcanzan los 6.000 euros acumulados por varios incumplimientos.

Los representantes vecinales ven esta acción como “una burla” y “un abuso” de los nuevos modelos hoteleros que campan por toda la ciudad. En la misma calle se acaba de construir una residencia de lujo para estudiantes y donde antes de proyectaba un parking ahora se espera un bloque de pisos turísticos. Daniel Adell, presidente de la Asociación de Vecinos de Cabanyal-Canyamelar, cree que es “una broma de mal gusto” y denuncia que las aperturas en el barrio lo están convirtiendo en un lugar para la gente de paso. Asimismo, insiste en reclamar al consistorio plazas para los vecinos o aparcamientos en altura, algo que llevan meses esperando.

El ingeniero adjunto al director de explotación de la presa valenciana de Buseo cuando ocurrió la dana de 2024, Alberto Canet, ha considerado este martes que “falló la previsión” y “fallaron las comunicaciones” ese día, en el que todavía no estaba implantado el plan de emergencias aprobado un año antes.

“¿Qué se podía haber mejorado? Pues se nos cayeron las comunicaciones. Si hubiésemos tenido un poquito mejor las comunicaciones, si hubiésemos tenido implantado el plan, podríamos haber activado las sirenas y podríamos haber avisado” a la población, ha indicado Canet en la comisión de investigación de Les Corts sobre la dana.

“Falló casi todo”

Canet ha explicado que actualmente, con la implantación del plan de emergencia, que se inició el pasado mes de julio y está ya casi finalizada, cuentan con comunicaciones satelitales y emisoras Tetra y se han hecho incluso simulacros de aviso a la población, pero el día de la dana “fue una situación catastrófica en la que falló casi todo”.

Aquel 29 de octubre “fallaron tantas cosas que delimitar y señalar a alguien en concreto es complicado”, ha indicado este ingeniero, quien ha asegurado que hizo lo que pudo y llegó hasta lo que pudo, y a quien los diputados han agradecido que se jugara la vida por intentar llegar a la presa.

Ha explicado que ese día veían los partes meteorológicos, pero nadie les dijo “que venía una lluvia superextraordinaria”, y los indicadores de lluvia en la web del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que llegaban con una media hora de retraso; él se fue de la presa sobre las 16 horas, cuando la situación era “tranquila”, aunque estaban “incomunicados”.

Según ha relatado, cuando vio que el caudal había llegado a 150 metros cúbicos por segundo envió un correo a las 20:41 horas a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al responsable de explotación de la Conselleria de Agricultura, la titular de la presa, en el que informaba de que quedaban tres horas y media para desbordar por el aliviadero y se dirigió allí.

Canet ha precisado que no pudo llegar por el estado de las carreteras, por lo que regresó a València y entonces vio que la situación “había empeorado rápidamente”, de manera que envió un correo a las 22.45 horas en el que decía que “probablemente había desbordado”, aunque iba “un poco a ciegas”.

Si se hubiese roto la presa, una catástrofe

“Puse cuatro avisos, el último a la una (de la madrugada), en el que digo 'se ha superado el umbral del escenario 3'; quizá debí haber sido más contundente”, porque la presa “había vertido por coronación y siempre hay riesgo de rotura”, ha indicado el ingeniero, para quien si la presa se hubiera roto habría sido “una catástrofe”.

Ha considerado que la situación les pilló “un poquito a traspiés”, porque a las cuatro de la tarde “no estaba pasando nada” y luego “la situación se aceleró”, y ha explicado que la Conselleria de Agricultura, de la que dependen, era “consciente” de la insuficiencia del aliviadero del margen derecho de la presa e incluso había hecho una valoración de lo que costaría reponerlo.

Jupol asegura que remitieron a la Policía Nacional al 112

El secretario general del sindicato Justicia Policial (Jupol), Aarón Rivero, ha criticado la “movilización tardía” de la Policía Nacional en la dana de 2024, pues los agentes pedían ir a ayudar y la respuesta del Jefe Superior de Valencia llegó al cuarto día, para decir que “se apuntaran en el 112” de voluntarios “a quitar barro”.

Así lo ha explicado este martes durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana de 2024 de Les Corts Valencianes, en la que también estaba citado otro representante de un sindicato policial, pero no ha podido acudir, y en la que esta tarde comparecerán tres consellers.

El representante de Jupol ha asegurado que le “cuesta mucho entender” que en otras catástrofes naturales en España, como el temporal Filomena, el volcán de La Palma o el terremoto de Lorca, las unidades de intervención o las especiales de la Policía Nacional se movilizaron “en cuestión de horas”, pero en la dana se tardó “tres días”.

El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la dana del 29 de octubre de 2024, José Miguel Basset, ha afirmado este lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estuvo operativa “desde el principio” de la tragedia, que fue de una magnitud “exageradamente brutal”.

Basset, ya retirado, ha sido interrogado por los diputados de los diferentes grupos sobre las circunstancias de la catástrofe, en la que fallecieron 230 personas, y su testimonio se considera clave para esclarecer la cadena de mando y las decisiones tomadas durante la emergencia.

En su intervención, el exjefe de Bomberos ha aludido a la actuación de la UME, cuya rapidez en la emergencia ha sido muy cuestionada, y ha desmentido que este operativo no llegara a tiempo a zonas afectadas, algo que había indicado públicamente el expresident de la Generalitat Carlos Mazón. Basset hoy ha asegurado que la UME estuvo “disponible desde el principio, desde el minuto cero”.

Preguntado por el diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, sobre si tenía miedo de que los políticos del PP trataran de derivar las responsabilidades en los técnicos, Basset ha contestado: “A dos semanas que había pasado la dana algunos compañeros de la conselleria me avisaron que iba a haber dos responsables, uno de ellos era yo. Sí que se ha intentado, soy consciente”.

El retraso en el mensaje Es-Alert

También ha señalado que “los mensajes” de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eran “muy alarmantes” aunque en otras ocasiones ese tipo de alertas se había quedado “en nada”. En cambio, ese día “lo que cayó fue exageradamente brutal”.

El cuerpo de bomberos registró “más de 3.500 avisos desde las 8.00 de la mañana del 29 a las 8.00 de la mañana del día 30”, ha recordado.

Desmintiendo otros testimonios de altos cargos ante esta misma comisión, que relataron que ese día comenzó “con normalidad”, Basset ha declarado hoy que la jornada del 29 de octubre de 2024 fue “excepcional” y que “de normal no tenía nada”. Además ha afirmado que empezaron a reforzar las unidades de bomberos desde el 28 de octubre a las 23.00 horas: “Recibimos notificaciones de Emergencias y contrastamos con la Aemet. Había aviso naranja y podía dar problemas a la población, incrementamos en 30% plantilla”.

No ha podido explicar, sin embargo, por qué no se actuó antes. “¿Se nos tenía que haber avisado antes? Todo es relativo”. “Sí es cierto que en otras ocasiones, ante episodios que podían desembocar en una situación peligrosa, sí se han hecho reuniones previas”.

Sobre la demora en el envío del mensaje de alerta Es-Alert, ha explicado que él propuso al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, un texto para redactar el mensaje sobre las 18:15 horas, aunque “desconoce el circuito” que siguió esa sugerencia. “Desde que se lanza esa propuesta” él deja de tener responsabilidad, ha aclarado, ya que el Es-Alert no se envió hasta las 20.11 horas.

Un antes y un después

También ha indicado que si bien el “primer episodio” se produjo sobre las 11 horas, cuando habló con el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, para él hubo un “un punto que marca un antes y un después”, al recibir la llamada del alcalde de Utiel (Ricardo Gabaldón) a las 14.30 horas, “solicitando ayuda” y pidiendo “no solo que vaya, sino que envíe a la UME”.

En otro punto de su intervención, Basset ha rechazado las acusaciones del exsecretario autonómico de Emergencias durante la noche de la dana, Emilio Argüeso, que lo ha responsabilizado de la retirada de los bomberos que vigilaban el cauce del barranco del Poyo.

“Lo que dice es absolutamente falso. En ningún momento tuve conocimiento de esas movilizaciones y retirada. Si yo hubiera tenido esta información de ese calibre, lo habría puesto sobre la mesa como algo prioritario. Es totalmente falso”, ha aclarado.

Dos personas han fallecido este domingo tras caer por un puente al río Clariano de Ontinyent (Valencia) un vehículo en el que viajaban tres personas, según ha informado a EFE fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

El accidente de tráfico se ha producido sobre las 17.25 horas, cuando los servicios de emergencias han sido movilizados por la caída de un vehículo por el puente del Camí del Carril al río Clariano, han informado fuentes del Consorcio provincial de bomberos de Valencia.

Hasta el lugar, en la CV-668, se han desplazado tres dotaciones de los bomberos de Xàtiva y Ontinyent, el sargento de Alzira, rescatadores del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero de rescate del Consorcio con un médico a bordo.

También han acudido dotaciones del Consorcio de Alicante, debido al protocolo de actuación en zonas limítrofes entre provincias.

Los bomberos han extraído del vehículo accidentado a las tres personas que había en su interior, de las que finalmente dos han resultado fallecidas: una mujer de 41 años y un hombre de 45 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Recta final en las obras que transformarán la antigua base del Alinghi en una extensión de Marina de Empresas, polo de emprendimiento e innovación impulsado por Juan Roig situado en la Marina de València, con una inversión de alrededor de 15 millones de euros. Fuentes de la entidad han informado a elDiario.es de que los trabajos avanzan a buen ritmo y que se prevé su finalización y la apertura de las nuevas instalaciones en septiembre.

Como informó esta redacción, la Autoridad Portuaria de Valencia otorgó a Marina de Empresas en mayo de 2024 el derecho de superficie sobre la parcela de la antigua base de la Copa América por 40 años, con posibilidad de prórroga de 25 años adicionales, a cambio del pago de un canon de 220.000 euros.

El futuro edificio, que será de nueva construcción y cuyo proyecto está ejecutando el estudio valenciano ERRE Arquitectura, multiplicará la capacidad de Marina de Empresas: contará con tres plantas y 7.600 metros cuadrados de superficie construible con capacidad para acoger a cerca de mil trabajadores. Situado justo a continuación de los edificios originales de Marina de Empresas, el nuevo espacio cumplirá así con el objetivo del polo emprendedor de crecer en la Marina de València.

El edificio, que se caracterizará por un sistema constructivo innovador y por contar con zonas diáfanas para puestos de trabajo, salas de reuniones y comedor con zona de preparación de comida, permitirá a Marina de Empresas ampliar su espacio cumpliendo con las necesidades de expansión de sus tres iniciativas y con su determinación por ser un proyecto de ciudad con vocación internacional.

Desde 2015, Roig ha invertido más de 100 millones de euros en Marina de Empresas, el principal ecosistema emprendedor e innovador del Mediterráneo, por el que continúa apostando con el objetivo de crear la mayor “fábrica” de empresas de España, algo que ha sido posible también gracias a la predisposición del Ayuntamiento de Valencia y de la de la Autoridad Portuaria de Valencia en todo el proceso administrativo.

Marina de Empresas, que impulsa el talento de las personas para potenciar tejido empresarial que mejore la sociedad, está formada por la escuela de negocios y centro universitario EDEM, que el año pasado formó a 4.600 personas; la aceleradora Lanzadera, que ya ha impulsado a más de 1.400 startups; y la sociedad de inversión Angels, que ha invertido más de 37 millones de euros en 55 empresas.

La entidad se fundó en 2015, ha ido creciendo a lo largo de los años, lo que le ha obligado a expandirse a nuevos espacios más allá de sus 18.000 metros cuadrados originales repartidos en dos edificios situados en la calle Muelle de la Aduana de la Marina de València. Por ello, en agosto de 2021 sumó unas nuevas oficinas, de 1.700 metros cuadrados en total, en la Marina Sur. Cuando se finalice el nuevo edificio en la antigua base del Alinghi, contará con una superficie total de más de 27.000 metros cuadrados.

La ciudad de València va camino de agrandar las desigualdades en materia de vivienda. Y ni el gobierno local ni el autonómico, ambos en manos del PP con apoyo de Vox, plantean políticas públicas para reducir la brecha. El precio de la vivienda en compra y alquiler no deja de subir, situando a la ciudad en máximos históricos, y en lo alto del ranking de aumento de precios. En el último año, los precios han subido un 19%, una tensión que ya desborda la ciudad.

Esta misma semana una conocida inmobiliaria de lujo se vanagloriaba de que la capital entra en el mercado 'premium' de la vivienda, con inmuebles que alcanzan los 11.000 euros por metro cuadrado en distritos como Ciutat Vella y viviendas por encima de los dos millones de euros. El estudio de Engel & Volkers señala que sus operaciones están, de media, en los 474.000 euros. Una cifra inalcanzable para el salario medio valenciano, que es de unos 25.000 euros brutos anuales.

Lo disparatado del coste de la vivienda, tanto la nueva como la de segunda mano, expulsa del mercado a las rentas medias y bajas. El salario medio en la ciudad, de unos 2.200 euros brutos mensuales, hace imposible optar a una vivienda a la mayoría de los vecinos.Y es especialmente sangrante en el caso de las personas más vulnerables. En los últimos años ha crecido exponencialmente el número de personas sin hogar, de habitaciones que comparten familias enteras y de personas en infraviviendas. El Cabanyal, Quatre Carreres y San Marcelino son los puntos con más asentamientos de la ciudad, aunque también ha crecido el número en el Parc Central, de donde recientemente fueron desalojados, igual que del cauce del Túria.

Los asentamientos chabolistas ya superan la veintena en la ciudad y se están convirtiendo en mini poblaciones, casi con sus propios barrios, en los que las personas se separan por nacionalidad. Así sucede en el antiguo circuito urbano de Fórmula 1, que es ya uno de los asentamientos más numerosos de la capital valenciana: más de un centenar de personas.

En paralelo, en los alrededores de la ciudad, brotan las infraviviendas. Es el caso de la zona de València Sud, donde junto a las vías del tren hay decenas de construcciones precarias. Se fabrican con palés, chapas e incluso lonas falleras. Las personas que habitaban el poblado junto a las vías fueron apartadas por las obras de la red ferroviaria, pero poco a poco han vuelto a asentarse en esta zona de campos cercana al nuevo cauce del Túria.

El número de personas que vive en poblados chabolistas se ha incrementado en un 8% y ya supera las 1.300 personas, según denunció Compromís con datos oficiales del Ayuntamiento. Hay más de 300 menores en esta situación.

El Ayuntamiento de València, que lidera María José Catalá, y el Gobierno autonómico, de Juanfran Pérez Llorca, ambos del PP, se han venido negando sistemáticamente a aplicar medidas del control de precios. La administración local y autonómica se muestra reacia a solicitar la declaración de zona tensionada, aplicando la ley de vivienda, y aboga en su lugar por la construcción de vivienda libre y vivienda protegida, confiando en las leyes del propio mercado.

Agentes de la Policía Local de València interceptaron el miércoles un autobús de turistas cuyo conductor dio positivo en cocaína. Los agentes del Marítimo detectaron el consumo de drogas en un control rutinario en la Avenida Tarongers, junto a la rotonda de la Avenida de Cataluña.

Se trata de un control que se enmarca dentro del refuerzo de inspecciones sobre transporte público en general, VTC, taxis y autobuses. Durante la actuación, informan fuentes municipales, se procedió a la verificación de la documentación de un autocar, cuyo conductor fue sometido a una prueba de detección de sustancias tóxicas y estupefacientes, arrojando un resultado positivo en cocaína. El conductor fue sancionado con mil euros de multa y la retirada de seis puntos en el carnet de conducir.

En ese momento, el vehículo no transportaba pasajeros, aunque se encontraba completamente cargado de equipajes. El conductor estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había dejado previamente visitando el centro histórico de la ciudad.

Como consecuencia, el autocar quedó inmovilizado y los turistas fueron trasladados en taxis hasta Benicàssim. La empresa propietaria del vehículo, con sede en Albacete, envió al día siguiente a otro chófer para hacerse cargo del autobús.

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de València sale en defensa de la gestión del gobierno de María José Catalá a raíz de la denuncia de Compromís en la Fiscalía Anticorrupción. La delegación de servicios públicos del Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que carga contra quienes “utilizan políticamente, como arma electoral y por intereses partidistas” a trabajadores públicos, en un escrito en el que hace referencia a “a la noticia surgida por la denuncia de Compromís”.

El comunicado, que no menciona explícitamente la información, aborda los procesos de subrogación de las fundaciones Valencia Activa, Cemas, Clima y Energía y Fundación de la Policía Local, que defiende firmemente. La denuncia de la coalición por las supuestas plazas 'a medida' para empleados del Consorcio Valencia 2007 en Visit Valencia, la Fundación Deportiva Municipal y la Autoridad Portuaria de Valencia llevó a la alcaldesa de Valencia a señalar que iba a pedir informes sobre la subrogación de los 40 empleados de estas fundaciones extintas, según avanzó Las Provincias.

“Desde UGT Ayuntamiento de Valencia siempre hemos creído en la transparencia y legalidad de los procesos de integración de trabajadores y trabajadoras llevados a cabo por el personal técnico del Ayuntamiento. Poner en duda este extremo es una acusación muy grave y no hace más que ensuciar la imagen de la administración y la profesionalidad de su personal al que siempre vamos a defender”, señala el texto remitido por el sindicato.

Precisamente, el conflicto con Visit Valencia y la Fundación Deportiva municipal nace de no haber realizado un proceso de subrogación de empleados, que es lo que pidieron PSPV y Compromís, y que según el consistorio se desaconsejó mediante informes jurídicos para el caso del Consorcio Valencia 2007. Asimismo, fue el sindicato UGT quien llevó a la Autoridad Portuaria de Valencia al juzgado por dos plazas de nueva creación que terminaron ocupando dos trabajadoras del Consorcio Valencia 2007, plazas que también investiga Anticorrupción a raíz de la denuncia.

“Nos parece lamentable utilizar políticamente, como arma electoral y por intereses partidistas a las trabajadoras y trabajadores públicos, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo y su proyecto familiar”, señala el comunicado, que advierte: “Con esto sólo se consigue entrar en una dinámica de futuro altamente peligrosa y de final incierto, debiéndose valorar muy mucho las posibles consecuencias”.

“No tenemos ninguna duda de que los procesos de subrogación de Valencia Activa, Cemas, Fundación clima y energía, así como de la Fundación Policía Local, se han llevado a cabo respetando la legalidad, como no podría ser de otra forma”, apunta el texto.

La Fundación Visit Valencia ha salido al paso del informe de la Intervención municipal relativa al ejercicio 2024 que ha concluido, entre otras cuestiones, que “la nueva estructura organizativa aprobada en abril de 2024 dio lugar a incrementos salariales y reclasificaciones de puestos con deficiencias legales y procedimentales”, según reza el documento al que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de la misma entidad sobre la que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la adjudicación de una plaza a un extrabajador del Consorcio Valencia 2007 tras una denuncia de Compromís.

Tal y como informó este diario, las conclusiones del documento referidas a esta Fundación añaden que “no consta acreditación de la titulación exigida, la adjudicación de puestos se realizó sin respetar plenamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y tampoco figura una justificación objetiva de la reclasificación”. Además, “en otros puestos promovidos a categorías superiores, no se formalizó previamente la modificación de la relación de puestos ni se definieron adecuadamente funciones y requisitos, y el proceso de promoción interna presenta falta de transparencia y de documentación suficiente” y añade: “Estas actuaciones provocaron que la masa salarial de 2024 aumentara un 5%, superando el límite legal del 2,5% previsto en la normativa aplicable”.

Las conclusiones del informe apuntan también a un posible caso de fraccionamiento de contratos: “En tres contratos menores de patrocinio de 2024 no consta una justificación suficiente del retorno económico para la Fundación, por lo que no queda acreditada la equivalencia de las prestaciones, en incumplimiento de la circular de 17 de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Valencia. Además, el importe individual de los contratos, 14.950 euros más IVA, sugiere un posible fraccionamiento o una fijación orientada a eludir la tramitación de un procedimiento de contratación no menor, con menor garantía de los principios de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”.

Al respecto, desde la Fundación han informado a este diario de que sobre la inexistencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), tal y como apunta el informe, “la Fundación no cuenta con una RPT al tratarse de una entidad con personal laboral sujeto a derecho privado”. La normativa vigente “no obliga a las fundaciones del sector público a disponer de este instrumento, siendo suficiente disponer de un organigrama y un catálogo de puestos de trabajo, respondiendo así a las obligaciones de transparencia legalmente exigidas” y han asegurado que dicha RPT “no existía tampoco en la legislatura anterior”.

Sobre las reclasificaciones y promociones a categorías superiores, las mismas fuentes han asegurado que “las reclasificaciones no se realizaron de forma discrecional, sino como consecuencia de solicitudes de las propias trabajadoras para el reconocimiento de funciones efectivamente desempeñadas y no reconocidas, conforme a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores”, unas solicitudes que se realizaron “antes de 2023”. En los contratos mencionados “sí se define el nivel de estudios que poseen las trabajadoras”. Estas situaciones han sido posteriormente recogidas “en la nueva estructura organizativa aprobada”.

En cuanto al proceso de promoción interna y el incremento de la masa salarial, han explicado desde la Fundación que “el proceso de promoción interna se llevó a cabo tras la propuesta de la Dirección de la Fundación, ejerciendo sus competencias, de una nueva Estructura Organizativa refrendada por el Patronato de la Fundación, y conforme a unas bases previamente definidas, con criterios objetivos de evaluación y documentación acreditativa de los resultados”. Sobre al incremento de la masa salarial, “este se explica por cambios en la antigüedad y en la clasificación profesional del personal, conceptos que, conforme a la normativa aplicable, no deben computarse a efectos del límite de incremento retributivo”.

Informe jurídico para la Fiscalía

En cuanto a las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, proceso que han insistido en que no guarda relación con las observaciones de la Intervención, han explicado desde Visit Valencia que “se está recopilando toda la información у elaborando un informe jurídico que avala la contratación mencionada”.

La exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra inicia su agenda como candidata a la alcaldía de València. La exdirigente de Compromís, que aspira a liderar la candidatura unitaria de izquierdas en la capital con la coalición valencianista, participa este jueves en una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en el barrio de Orriols.

La cita, organizada y comunicada por el Ministerio de Derechos Sociales, consiste en un encuentro con diferentes entidades de desarrollo comunitario en la sede de Orriols Convive, una iniciativa del barrio, para abordar cuestiones relacionadas con vivienda y servicios sociales. Organizada a instancias del ministerio de Bustinduy, el dirigente de Sumar ha decidido invitar a la exvicepresidenta del Consell, que fue responsable de servicios sociales, igualdad e inclusión, según trasladan fuentes conocedoras de la reunión. Sumar trabaja mano a mano con el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, hasta hace un mes portavoz de Iniciativa, el partido que fundó Oltra, y una de las personas más próximas a la exvicepresidenta. En su etapa fuera de la primera política Oltra retomó la abogacía, especializándose en la mediación como “herramienta contra las injusticias”. Asistirán al encuentro la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y la concejala Lucía Beamud, acompañando a Oltra.

El espacio, el tema y el momento resultan especialmente relevantes. Orriols es uno de los barrios con mayor multiculturalidad de la ciudad, a menudo señalado y estigmatizado. Es también uno de los sectores con menor renta y con movimientos vecinales más activos, especialmente en materia de vivienda y convivencia. La iniciativa Orriols Convive, en cuya sede se aloja el encuentro, forma parte de Orriols en Lluita, un espacio que agrupa a asociaciones del barrio, que luchan contra el estigma y en favor de la convivencia mediante proyectos comunitarios. Entre ellos, están los huertos comunitarios autogestionados, un espacio educativo, una emisora de radio o clases de castellano para personas migrantes, con profesorado voluntario que apoya en cuestiones como documentación, salud y vida cotidiana.

La reunión será el segundo acto público de Oltra tras anunciar su regreso a la política en el congreso de Iniciativa-Compromís el pasado 28 de marzo. Oltra está retomando la agenda poco a poco, en espacios de confianza y adaptándose a los ritmos. También va configurando poco a poco su equipo y ha de aterrizar la decisión en el seno de Compromís, configurando el artefacto electoral.

La exdirigente, pendiente de juicio acusada por la extrema derecha, ya saltó al ruedo en el acto contra la guerra y el lawfare organizado por los socialdemócratas portugueses, con la ministra Sira Rego (Izquierda Unida, integrada en Sumar), la eurodiputada Irene Montero (Podemos) y la primera dama brasileña, Janja da Silva. El cartel sirvió no solo para marcar públicamente su regreso, sino como imagen para ilustrar la vocación de las izquierdas por plantar la batalla electoral mediante una alianza. Tras este evento, en el que se mostró en plena forma, concedió una entrevista a la periodista Julia Otero en Onda Cero, la primera en años, en la que relató sus intenciones respecto a la alcaldía de València: “Me hace especial ilusión. Es una ciudad que adoro, que vivo todos los días”.

La exvicepresidenta del Consell trasladó en el congreso de Iniciativa, el pasado 28 de marzo, su deseo de concurrir a las elecciones municipales como cabeza de lista por Compromís. Lo hizo ante la atenta mirada y el aplauso de dirigentes de otras formaciones de izquierdas, como Esquerra Unida y Podemos, además de los partidos que componen la coalición, Més y Els Verds. La idea que trabajan estas formaciones es buscar una candidatura conjunta también abierta a movimientos sociales. Un asunto que está por concretar en el seno de cada formación. Desde entonces, la futura candidata de Compromís va dando pasos que aterricen esta cuestión, pasos que serán claves en la alianza y el devenir electoral de las izquierdas en la Comunitat Valenciana.

La Fiscalía de València ha trasladado escrito al juzgado solicitando que instruya un procedimiento de investigación al apreciar posible delito de odio en los gritos racistas proferidos de forma reiterada por un aficionado del Valencia CF, ubicado en el sector 5 de Mestalla, durante la pasada temporada. El club le abrió expediente y lo expulsó cautelarmente del estadio en noviembre del pasado año.

Fuentes oficiales del ministerio fiscal han confirmado elDiario.es que las autoridades policiales tomaron declaración a diversos testigos de los hechos, abonados ubicados en el entorno del investigado, quienes habrían confirmado los hechos. Esta ha sido una de las pruebas clave que han llevado a la titular de delitos de odio a trasladar el escrito de denuncia a instancias judiciales.

La investigación se inició gracias a la denuncia que trasladó a la Fiscalía J. M. Bort, socio del Valencia CF y periodista de Levante-EMV, diario que avanzó la polémica por los reiterados insultos racistas y homófobos que debían aguantar cada partido, entre ellos su hijo y otros niños que van al fútbol con sus padres. Bort acompañó de la denuncia de varios varios audios grabados en los partidos de la pasada temporada en Mestalla del Valencia CF contra el Getafe CF, Ahtletic Club de Bilbao, Sevilla FC y Real Betis, y en el derbi contra el Villarreal CF del 25 de octubre del pasado año.

“¡Negro de mierda, vete al Bioparc!”; “¡maricona, hijo de perra!”; “¡qué quieres gitano!”; “¡que le den por culo al sudaca!”; “una amarilla por empujar, otra por negro y a la calle”, son solo algunos ejemplos de los improperios que este aficionado lanzaba cada partido hasta que fue expulsado de Mestalla (audios adjuntos).

En concreto, fue el pasado 29 de octubre cuando presentó el escrito de denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio en el que ponía de relieve que otros cinco aficionados de la zona estaban dispuestos a declarar como testigos: “Todos ellos han expresado su malestar por la situación y su deseo de que se actúe contra estas conductas que perjudican la imagen de Mestalla y del valencianismo”, reza la denuncia a la que ha tenido acceso esta redacción, en el que destacaba también que el hermano del denunciado “no participa habitualmente de los insultos racistas”.

Por su parte, fuentes de La Liga han informado a este diario de que en su día también presentaron denuncia por los mismos hechos y están a la espera de que les comuniquen las diligencias previas y el juzgado donde tienen que dirigirse para solicitar su personación. Desde el Valencia CF han confirmado que el aficionado investigado sigue expulsado de Mestalla.

Tal y como comentó Bort, la afición del Valencia CF no tolera el racismo y el movimiento que se dio en el sector 5 de Mestalla es la prueba más evidente: “Todos los estadios tienen a su idiota de cabecera. Mestalla no es una excepción. Escuchamos a un aficionado del Barça gritarle ”mono, mono“ a Vinicius, los cánticos en las puertas del Metropolitano o los insultos racistas a Lamine Yamal de un socio del Real Madrid en el Bernabéu. Nadie se libra, que no vengan ahora los moralistas de turno. Pero esta vez, en Mestalla, al racista no lo ha señalado una cámara ni un futbolista famoso: lo hemos hecho nosotros, los propios aficionados. Así que, si alguien quiere dar lecciones, que empiece limpiando su propia grada”.

En junio de 2024, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia condenó a sendas penas de ocho meses de prisión a los tres aficionados del Valencia CF que dirigieron insultos racistas al jugador del Real Madrid CF Vinicius Júnior el 21 de mayo de 2023, durante el partido de la Liga Santander que enfrentó a ambos equipos en el estadio de Mestalla.

En mayo del pasado año, la Audiencia Provincial de Valladolid condenó como delito de odio a los cinco acusados por proferir insultos racistas frente a Vinicius en un estadio de fútbol. Los hechos se produjeron el 30 de diciembre de 2022 durante el encuentro entre el Real Valladolid y el Real Madrid.

El pasado mes de septiembre, se sentenció a un año de cárcel y dos años sin entrar a estadios por los insultos racistas proferidos por un aficionado del Espanyol contra el jugador del Athletic Club Iñaki Williams en un partido en 2020.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida en Alicante ha citado a declarar en calidad de investigados (asistidos por un abogado) a un total de 15 personas, entre ellas, a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; a la exjefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, o al arquitecto municipal, Francisco Nieto. Gómez dimitió al destaparse que había sido agraciada con una vivienda protegida. Por su parte, dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman poseen sendas viviendas en Les Naus mientras que el arquitecto municipal también fue agraciado con uno de los pisos.

No obstante, en el listado de investigados aparecen también otros cargos públicos vinculados al PP, así como familiares y la que fue interventora de la Generalitat y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, quien renunció al inmueble cinco días después de revelar elDiario.es que había resultado adjudicataria.

Según la documentación recabada por este diario, el informe de 3 de febrero de 2026 de la Conselleria de Vivienda concluye que hay 125 expedientes que son correctos y otros 15 son objeto de revisión. De estos últimos, en seis casos las viviendas se han adjudicadas a personas que no cumplían los requisitos y en tres no se acredita que se cumplieran. En otros seis revisados se ha confirmado que sí se habrían cumplido.

En estos casos se dan diversas casuísticas: hay 8 expedientes que tienen la característica común de que “el/la adjudicatario/a está casado/a en régimen de separación de bienes y observando que falta en los expedientes la documentación de los cónyuges no adjudicatarios” por lo que se hace necesario “realizar las comprobaciones pertinentes de ingresos y propiedades de estos al formar parte presuntamente de la unidad de convivencia y no haberlo declarado así el solicitante ni tampoco requerido al adjudicatario por el técnico responsable”.

En otros cinco casos “faltaba documentación referida al cumplimiento del requisito de no titularidad de otras viviendas” y en otros dos “no constaba la consulta a la Agencia Tributaria (AEAT) de los ingresos de los adjudicatarios, ni tampoco las declaraciones del IRPF”.

Cinco investigados permanecen en activo en la administración

En cuanto a las 15 personas investigadas, cinco permanecen en activo en las administraciones en diferentes cargos, sin contar a la exconcejala Rocío Gómez, quien presentó su dimisión. Así pues, Francisco Nieto mantiene su puesto como arquitecto municipal al ser funcionario y María Pérez-Hickman (también funcionaria), pese a que renunció como jefa del servicio de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Gobierno municipal de Barcala, se mantiene como jefa de Contratación.

Otros dos cargos públicos son pareja: se trata de Elsa Lloret, también arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, y Roberto Palencia, exjefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, encargado de comprobar que los adjudicatarios cumplían los requisitos. Fue inicialmente expedientado y suspendido de su cargo y recientemente se ha reincorporado y ha sido reasignado a otras funciones dentro de la administración.

El último cargo público investigado es la mencionada Sira Pérez. Al respecto, el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha descartado tomar medidas con la tesorera por el momento. El informe de la conselleria no logró acreditar si cumplía los requisitos al no disponer de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge.

Del resto de los investigados destacan el suegro de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como el administrador único de la mercantil Fraorgi SL, gestora de la Cooperativa 'Residencial Les Naus'.

Barcala ve lógicas las citaciones

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha considerado lógicas las citaciones como investigados de la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y otros técnicos municipales por la jueza que investiga las irregularidades en las viviendas públicas de la Playa de San Juan, mientras que el PSPV-PSOE, personado en la causa, advierte de que la Justicia pone el foco en su entorno más cercano.

Tras conocer que la magistrada ha citado Gómez y varios altos funcionarios del ayuntamiento, Barcala ha expresado el “máximo respeto a las decisiones judiciales” y ha ofrecido la colaboración a la causa.

“Entendemos perfectamente esta resolución” ya que trata de que presten declaración todo aquel que ha estado relacionado con la adjudicación irregular de las viviendas de la promoción de Les Naus por parte de una magistrada que será quien “tiene que dilucidar” lo que ha ocurrido.

Ha proseguido que no ofrecerá “ninguna valoración porque la juez está actuando, y esa actuación es la que tendrá o no consecuencias, y en base a la cual se tomarán decisiones”.

El alcalde alicantino, que ha hecho estas declaraciones en un acto sobre el impacto del cambio climático en el turismo, ha recordado que próximamente comparecerá en las dos comisiones de investigación abiertas sobre este escándalo, la municipal y en Les Corts Valencianes, y que “por respeto” se reservará sus manifestaciones para ambas.

Barcala ha evitado pronunciarse sobre el desarrollo de esa comisión municipal de investigación porque ni la preside ni forma parte de ella, aunque ha dicho que es falso que se tuviera conocimiento de que tres funcionarios se habían ofrecido a dar información por escrito.

Tampoco ha querido valorar si acertó o no cuando eligió a Rocío Gómez como concejala de Urbanismo y sobre el envío de la notificación notarial al concejal de Compromís Rafa Mas para que rectifique unas declaraciones sobre el escándalo, ha explicado que es un trámite “imprescindible” para la posterior interposición de acciones judiciales por “afirmaciones difamatorias, insultos y falsedades” contra su persona.

La oposición dice que el foco está en el entorno del alcalde

Por su parte, en un comunicado la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmado que las citaciones judiciales conocidas este miércoles en relación a Les Naus ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde y que han formado parte de la estructura municipal.

“Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria”, ha resaltado.

“Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante”, ha añadido la socialista, quien ha comentado que algunos de los técnicos que se negaron a participar la semana pasada en dicha comisión tendrán que declarar ahora como testigos.

Para Barceló, “este escándalo no ocurrió al margen del ayuntamiento sino dentro del propio ayuntamiento” lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de asumir responsabilidades políticas, algo que le corresponde al propio alcalde después de que haya sido citada como investigada la exconcejala de urbanismo y una directora general nombrada por el propio Barcala.

El portavoz local de EU-Podem, Manolo Copé, ha considerado que la providencia de la magistrada deja “claro que existen indicios suficientemente serios” de irregularidades y ha exigido al consistorio “máxima transparencia, colaboración absoluta con la Justicia y la asunción de todas las responsabilidades” porque “Alicante merece saber qué se hizo con su patrimonio público, quién tomó las decisiones y en beneficio” de qué personas.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha comentado que es “curioso cómo la justicia ya va dando pasos, va imputando a personas por el escándalo de Les Naus con 15 imputados, dos de ellos de la máxima confianza del alcalde Luis Barcala, y mientras tanto la Comisión de Investigación municipal sigue con falta de documentación, se oculta información, se ocultan declaraciones de los de los comparecientes, no dan explicaciones”.