“Las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. La exjefa de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), E. O., se pronunció en estos términos ante la jueza de la plaza número 13 del juzgado de lo social en la vista que se celebró este martes para dirimir la legalidad de un proceso selectivo para un puesto de alta dirección. Además, afirmó que desde su punto de vista la convocatoria de esta plaza no respetó los principios de igualdad, mérito y capacidad obligatorios según la legislación.

La causa surge como consecuencia de una denuncia de UGT al considerar que tanto este proceso de selección de personal fuera de convenio como al menos otros dos, estuvieron amañados. En todos los casos la organización sindical planteó demandas judiciales. El primero de los juicios se celebró el pasado 19 de mayo y está pendiente de sentencia. El de este martes es el segundo que tiene lugar y para el próximo 1 de octubre está previsto el tercero.

Las bases que estaban en discusión en el juicio celebrado este martes son las referidas a la plaza de subdirección de gestión de dominio público que se terminó adjudicando a B. F., quien pasados tres meses desde que accedió al cargo, regresó a su anterior puesto en la empresa APM Terminals, supuestamente por no superar el periodo de prueba en la APV, aunque otras fuentes sostienen que nunca se le tuvo en cuenta y que fue permanentemente ninguneada.

Como en el resto de procesos impugnados, UGT alegó ante la magistrada que la convocatoria de la plaza no hubo proceso de negociación colectiva, que los requisitos incluidos en las bases no estaban motivados al tiempo que predeterminaron a la candidata, que hubo deficiencias de procedimiento como falta de transparencia, desviación poder o ausencia de requisitos igualdad, mérito y capacidad: “Consideramos que se debe declarar nulo este proceso”, dijo la abogada de UGT.

Por su parte, el abogado del Estado que acudió en representación de la APV rechazó de plano todas estas acusaciones y utilizó como principal argumento y prueba de que el proceso no estuvo amañado la carta por la que se comunicó a B. F. que no había superado el periodo de prueba: “Esta APV ha podido valorar que no cuenta con las aptitudes y conocimientos para desempeñar el puesto para el que ha sido contratado constatando durante más de tres meses que no demuestra capacidad de liderazgo, insuficiente implicación, bajo rendimiento, ausencia de visión integral en materia de dominio público, insuficiente conocimiento de legislación administrativa, insuficiente dominio de la legislación portuaria”, dijo el letrado leyendo la mencionada misiva.

Desde su punto de vista, carece de toda lógica amañar un proceso para seleccionar a una candidata que presenta todas estas carencias. Sin embargo, la abogada de UGT consideró que nada tiene que ver el desempeño que hiciera en el cargo con que previamente las bases estuvieran diseñadas para que ella fuera la adjudicataria.

Una visión que refrendó como testigo E. O., la que fuera jefa de recursos humanos de la APV cuando se produjeron todas estos procesos selectivos. La exdirectiva desmontó con su declaración los argumentos defendidos por el abogado de la APV.

Así, a preguntas de la abogada de UGT, aseguró que “las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. Según explicó, el procedimiento normal mientras ella ejerció como jefa de recursos humanos era que las bases se desarrollaban en el seno del tribunal, “nunca por parte la presidencia”. Así, el procedimiento venía referenciado por una directriz “de obligado cumplimiento” de Puertos del Estado. Sin embargo, según afirmó, en este caso en otros no fue aplicado. “No era normal, se lo advertí a la presidencia en varias ocasiones verbalmente para protegerla y como hacía caso omiso le advertí por correo”, unos mails que destapó elDiario.es.

Desde su punto de vista no se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad e insistió en que estas bases no fueron desarrolladas ni concebidas por el tribunal de selección, sino que vinieron dadas en un correo de la presidenta en el que se urgía a que se constituyera el tribunal y se publicaran bases. También confirmó que no se debatió con el comité de empresa, como era habitual, los motivos por los que se convocó la plaza.

Choque por el informe de la Intervención

Uno de los momentos más tensos de la vista, en la que estuvo presente elDiario.es, fue la discusión sobre la validez como prueba del informe de la Intervención General del Estado (IGAE) destapado en exclusiva por esta redacción. Así como en el juicio del pasado mes de mayo sí que se admitió, en este caso la magistrada no lo tuvo en cuenta, siguiendo el criterio del abogado de la APV.

Del interés del abogado del estado en que no se tenga en cuenta el informe de la Intervención se puede intuir que se trata de una de las claves del procedimiento. No en vano, el documento señala que hasta cinco procesos de selección de personal de dirección, entre ellos el que se analizó en la vista de este martes, “contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

En el caso concreto de la plaza de subdirección de gestión de dominio público el informe de la IGAE cuestiona que en las bases “se destaca que se solicita el ejercicio de la abogacía, que no es necesario para las funciones, y que se solicita experiencia en sector privado únicamente, cuando se va a desarrollar una función pública”. De los tres candidatos que se presentaron, tan solo se admitió a la que finalmente resultó adjudicataria.

“Se observa que para los puestos de subdirector, una categoría que está justo por debajo del Director General, no solicitan experiencia previa, y, sin embargo, para las plazas de Subdirector de Gestión de Dominio Público y de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, solicitan una experiencia previa de 10 años”, dice la IGAE.

Investigación en Anticorrupción

El juicio de este martes es independiente de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Compromís en la que se pone de manifiesto que pudo haber un proceso de subrogación encubierto destinado a recolocar de forma fraudulenta a determinados empleados del Consorcio Valencia 2007 en la APV y en el Ayuntamiento.

Se trata de la plaza objeto del juicio del pasado mes de mayo adjudicada a A. G. y de la de Subdirector de Infraestructuras que se adjudicó a M. G. Ambas se presentaron a otro proceso selectivo abierto en fechas coincidentes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tras confirmarse que obtuvieron los puestos en la APV, renunciaron al concurso de la FDM, entidad que también lo dejó sin efecto.

Un tercer exempleado del Consorcio se adjudicó otra plaza de la fundación Visit Valencia, proceso del que informó previamente el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, también denunciado en Anticorrupción, como se desprende de los audios adelantados por este diario.

El Ayuntamiento de València vuelve a contratar al grupo de pop cristiano Hakuna para dar un concierto en la ciudad. La concejalía de Turismo, que dirige Paula Llobet, ha aprobado la contratación del grupo religioso para el próximo 25 de octubre, en vísperas del fin del III Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz.

El departamento de Turismo ha aprobado un expediente de 14.900 euros, casi en el límite de los contratos menores de servicios, para contar con el grupo, que opera a través de la Fundación Hakuna Revolution, con sede en Las Rozas (Madrid). El documento solo contempla la parte artística del concierto, que durará entre 60 y 90 minutos; los medios técnicos de producción del evento —escenario, equipos de sonido, iluminación y la seguridad— tendrán una “contratación independiente”.

El objeto del contrato es “la celebración de un acto de clausura del Año Jubilar de carácter abierto, gratuito y de proyección pública, que constituya un cierre solemne y festivo de las celebraciones, refuerce la imagen de València como destino vinculado al turismo religioso, cultural y experiencial y contribuya a dinamizar el centro histórico”.

El concierto se realizará en la Plaza de la Reina de València, un espacio de alto valor patrimonial con un aforo reducido. La razón para esta ubicación es, según el expediente, “su centralidad turística y a su valor simbólico, por su proximidad a la Catedral Metropolitana de València, lugar en el que se custodia el Santo Cáliz y epicentro de las celebraciones del Año Jubilar”. Por la delicadeza del patrimonio el consistorio denegó un festival sobre salud sexual en el centro histórico, tras un informe específico para organizar el evento en el barrio del Carmen.

El presupuesto para la contratación de Hakuna procede del sobrante de una subvención que la fundación del Santo Cáliz no pudo justificar. Como informó elDiario.es, el Ayuntamiento se negó a abonar una comida de mil euros a la Fundación y facturas de hasta 42.000 euros porque iban a nombre de una de las patronas y no se ajustaban a la normativa. Así, de una subvención de 100.000 euros, el consistorio solo consideró justificados 59.470 euros.

Las comunidades de propietarios de varios inmuebles de las calles Castillo de Benisanó y Rincón de Ademuz, junto a la Avenida del Cid de València, encuentran un alivio tras meses batallando contra las obras en sus bajos. Una resolución judicial ha admitido a trámite su demanda contra la promotora y ha ordenado la paralización inmediata de las obras hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Los vecinos, cansados de reclamar al Ayuntamiento de València por los trabajos en las plantas bajas de sus edificios, para los que no dieron permiso, acudieron al juzgado y denunciaron presuntas irregularidades en las obras e incongruencias en la tramitación de las licencias urbanísticas por el Ayuntamiento.

En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juzgado de primera instancia ordena a la promotora, ALX K4PITAL VLC, S.L, “la inmediata suspensión” de las obras. El juzgado da a la mercantil la posibilidad de ofrecer caución para continuarla, demás de la realización de las obras indispensables para conservar la parte ya realizada. La Policía Local ha acudido este martes a entregar la resolución judicial y ordenar la paralización de las obras.

Los edificios de las calles Rincón de Ademuz, 29 y Castell de Benissanó, números 28 y 30, forman un “complejo inmobiliario” que comparte elementos comunes y un patio interior. Los bajos registralmente constan como una sola unidad y, según indican los vecinos, el promotor solicitó la segregación y cambio de uso, que no fue concedida ni por la comunidad de propietarios ni por el consistorio. Las obras que se están realizando en todos los bajos están “alterando el esquema funcional” y las fachadas. Además, explican los vecinos, se han perforado las paredes interiores que conectan el patio, que ejercerían como muro de carga, y temen que las obras pongan en riesgo la estructura

El vecindario sospecha del futuro uso turístico de estos inmuebles, a juzgar por la firma que los ha comprado y por los elementos que se están instalando en los bajos, como una cajetilla para colocar llaves y la disposición de puertas y ventanas, con balcones abiertos a ras de suelo en el patio interior. Fuentes de la promotora negaron este extremo en un comunicado remitido a este diario.

El culebrón del hotel de Jesuitas que derivó en el movimiento vecinal 'Salvem el Botànic' que logró frenar su construcción junto al simbólico jardín y su traslado a una parcela municipal aledaña al estadio de Mestalla finalizará sin la construcción del polémico recinto hotelero.

La mercantil HCG Levante, nueva propietaria de la parcela de la venida de Aragón número 35 en la que se ubicaba un edificio del Ayuntamiento, obtuvo el pasado 29 de abril la cédula de garantía urbanística, un documento que se suele pedir como paso previo al permiso de obras para edificar, en concreto, la empresa pretende levantar una torre de 20 alturas dedicada a oficinas y bajos comerciales con un aparcamiento subterráneo.

Según la resolución firmada por el concejal de urbanismo, Juan Giner, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se expide la cédula de garantía urbanística solicitada por HCG Levante, con un plazo de vigencia de un año “por no tener pendiente el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución o urbanización”.

Así, los servicios municipales concluyen que la parcela está urbanizada y en buen estado de conservación, aunque deberán realizarse obras para adaptar la urbanización existente a las necesidades de la futura edificación.

La parcela está ordenada por el Plan de Actuación Territorial Estratégica Valencia Club de Fútbol (ATE), aprobado en 2015 y modificado en julio de 2024. Está clasificada como suelo urbano y calificada con uso terciario con una edificabilidad de 16.554 metros cuadrados.

La empresa también ha efectuado una consulta al Ayuntamiento para obtener una concesión administrativa para la construcción de rampa de acceso al aparcamiento subterráneo sobre suelo público, una posibilidad que en este caso sí que contemplaría el planeamiento. En el informe municipal emitido el pasado 7 de mayo se especifica que HCG Levante ha presentado “Proyecto Básico para construir un edificio de oficinas con aparcamiento en la parcela”.

De esta manera, finalmente no se construirá el prometido “hotel icónico”, tal y como venía reflejado en la ATE. El Ayuntamiento ya advirtió en un escrito de alegaciones presentado al juzgado en el que se dirime la legalidad de las fichas urbanísticas del plan del viejo y del nuevo estadio aprobadas en julio de 2024 que no era el Valencia CF el responsable de llevar adelante este edificio, sino la firma propietaria de los terrenos, antes Expo Grupo y ahora HCG Levante.

En el mismo procedimiento judicial que está pendiente de fallo, la mercantil también alegó que “esta obligación de edificación y, si se quiere entender así, de edificación de un hotel icónico recaía sobre el promotor de la actuación, esto es, el Valencia C.F. y no sobre Expo Grupo (anterior propietario), por lo que HCG Levante no queda vinculado por lo que en su día acordase el Valencia, C.F. y la Administración en el Plan de la ATE”.

La empresa añadió que tras la caducidad de la ATE “con la extinción de la condición de promotor del Valencia C.F. decaen también los compromisos asumidos” por la actual propietaria de la parcela. Es por esta razón que, “en la actualidad, sobre la mercantil HCG Levante recae simplemente la obligación de edificación en la parcela, no la obligación de edificar un hotel icónico”. Con este planteamiento, añade la mercantil, “en dicha parcela puede construirse previa solicitud de licencia en el plazo indicado en la ficha de gestión, cualquier edificación expresamente permitida o compatible por el planeamiento urbanístico de aplicación (PGOU)”.

La lucha de 'Salvem el Botànic'

La construcción de este edificio de oficinas en la parcela en la que se ubicaba un edificio del Ayuntamiento es la consecución de un éxito del movimiento vecinal organizado bajo la plataforma 'Salvem el Botànic'.

Fue el 17 de junio de 1995 cuando la entidad convocaba un abrazo cívico para unir simbólicamente la manzana de Jesuitas y el Jardín Botánico en el que se proyectó inicialmente un hotel. Unas mil quinientas personas participaron en aquel acto, que fue el inicio de una serie de movilizaciones que se sucedieron a lo largo de 13 años para hacer frente a la presión inmobiliaria.

Finalmente, la exalcaldesa Rita Barberá firmó un acuerdo con la propietaria de los terrenos, entonces Expo Grupo, para trasladar la edificabilidad terciaria al edificio municipal de la avenida de Aragón 35, cuyas dependencias se iban a ubicar en la rehabilitada Tabacalera. En su lugar, se construye un jardín como prolongación del Botánico, cuyo proyecto aprobó el anterior ejecutivo municipal presidido por Joan Ribó, que lo bautizó con el nombre de la historiadora del arte, activista vecinal e hija predilecta de la ciudad Trini Simó.

Las obras de la nueva zona verde están en la fase final de su ejecución y la actual alcaldesa, María José Catalá, rechazó en marzo de 2024 cambiar el nombre del jardín, como habían propuesto sus socios de Vox.

La Declaración de Impacto Ambiental del año 2007 que da cobertura a la macroampliación norte del Puerto de Valencia se ha visto superada por el tiempo y por los hechos. Aun así, en una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado su plena vigencia legal y su validez para amparar las importantes modificaciones realizadas en cuanto a la configuración de los muelles con respecto al proyecto inicial.

Así pues, a día de hoy, con las obras de la segunda fase de la ampliación empezadas hace casi un año, aunque la DIA no esté caducada a efectos legales, su efectividad para proteger el ecosistema se ha visto completamente sobrepasada, tal y como acreditó en 2024 un estudio científico de la Universitat de València en lo que a la afección a las playas se refiere del Parque Natural de la Albufera se refiere. El asunto no es menor: la regresión de la restinga de La Devesa provoca filtraciones de agua salada al lago, poniendo en riesgo su viabilidad.

El informe está firmado por los investigadores Juan Soria y Juan Víctor Molber, y por la investigadora Rebeca Pérez, del Institut Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV) y se publicó el 2 de enero de 2024 en la revista 'Urban Science'. Tal y como acredita, la superficie de las playas de Pinedo, El Saler y La Garrofera han pasado de tener 170 hectáreas de arena en la década de los años 90 a 43 en 2022, lo que supone la pérdida de un 70% en 30 años.

Las imágenes aéreas en las que se basa el estudio muestran que desde 2013 hasta 2022, como consecuencia del efecto del dique de abrigo de la ampliación norte del puerto y la reducción de las actividades de rehabilitación en el área, se produjo una reducción de aproximadamente 90 hectáreas de arena, es decir, en nueve años se perdió casi la mitad de la superficie de estas playas, cuando la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) siempre había negado impactos adiciones causados por el mencionado dique correspondiente a la primera fase de la ampliación, que se ejecutó entre los años 2010 y 2012.

La metodología aplicada para obtener esos datos, con imágenes por satélite, se utiliza para conocer el volumen de arena de los desiertos y aquí se ha aplicado por primera vez a las playas. De esta forma, se constata, además, que la mayor reducción de los arenales se produjo tras la ejecución del dique norte de la ampliación del Puerto de València, y que la regeneración realizada en 2023 entre Pinedo y la Gola de pujol aumentó la superficie de arena hasta las 112 hectáreas, un 34% por debajo de lo que llegaron a tener.

El estudio muestra una relación directa entre la expansión del Puerto de València, con la creación de la Marina Real Juan Carlos I y la preparación para las pruebas de la Copa América, y la reducción de superficie de las playas: “A pesar de mantener un área relativamente estable entre 1999 (el comienzo de la recuperación) y 2013, ha habido una fuerte disminución debido a las obras en curso en el Puerto con fines económicos, como la sede del circuito urbano de Fórmula 1 y la Copa América”, dice el estudio.

Por la dinámica de las corrientes marinas (norte-sur) en esta parte del Mediterráneo, las playas del norte de las grandes infraestructuras crecen, y las del sur pierden arena. El área de estudio incluye los aproximadamente 8 kilómetros desde la actual desembocadura del río Turia, al sur del puerto de València, hasta la Gola de Pujol.

Así, las imágenes de los satélites Landsat-5, Landsat-8 y Sentinel-2 constatan cómo las labores de mantenimiento y mejora de los años 2004 al 2010 fruto de proyectos LIFE “consiguieron mantener artificialmente las tres playas, hasta que la nueva ampliación del Puerto desperdició este esfuerzo”, en referencia al espigón norte, según explica Juan Soria, también profesor del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universitat de València.

La ineficacia de la DIA de 2007

De forma indirecta, el estudio publicado por la Universitat de València viene a confirmar dos aspectos importantes. En primer lugar, que la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 que la Justicia ha validado para dar cobertura al polémico proyecto está obsoleta, ya que no ha impedido que las playas del sur se hayan visto afectadas de forma importante por la regresión como consecuencia de la construcción del dique norte.

En segundo lugar, que el Puerto ha incumplido todo lo referido a la regeneración de playas que establecía la propia DIA, tal y como pone de relieve el informe de estrategias marinas de la Demarcación de Costas sobre la ampliación norte. No en vano, los 35 millones de euros invertidos desde 2023 para regenerar las playas de El Saler y El Perelló han sido abonados íntegramente por el Gobierno central, cuando la DIA dice que debía ser la APV la que redactara y financiara los proyectos.

Pese a todo y pese a que los cambios implementados sobre el proyecto original tampoco se ajustan a los parámetros que establece la DIA de 2007 y pese al informe del perito designado por el propio juzgado, que concluyó que era preceptiva otra declaración de impacto ambiental, los magistrados se han acogido a los informes de la APV y han considerado que no procede la tramitación de otra evaluación ambiental que analice los riesgos de la actividad portuaria derivada de la ampliación en las playas, en la Albufera, en la contaminación ambiental y en la movilidad del área metropolitana de València.

La ciudad de València comienza a 'desatascarse', con la apertura de parte de la Avenida Pérez Galdós, una de las arterias de la capital, tras un año de obras con un presupuesto de 24 millones de euros. El consistorio abrió cuatro carriles de tráfico el 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, aunque las actuaciones está previsto que se desarrollen hasta diciembre.

Desde esta semana ya pueden circular los vehículos, dos carriles por sentido en toda Giorgeta y en la mayor parte de Pérez Galdós, mientras que el paso inferior mantendrá un carril por sentido durante el proceso de acondicionamiento. Los trabajos por delante se centran en la ejecución de las aceras pendientes y, una vez completadas, la colocación del asfalto fonoabsorbente —que reduce el ruido del tráfico y las emisiones— será la última fase de la actuación en la calzada, según indicó el consistorio en un comunicado.

La reapertura parcial deja un escenario similar al que existía hace un año y no termina de contentar a los vecinos. Si bien valoran que los peatones han ganado espacio con las aceras y las marquesinas de la EMT, la lista de reivindicaciones sigue siendo extensa y choca con el modelo planteado por el equipo de María José Catalá.

Desde la plataforma Fuera Túnel se muestran tajantes: “Hasta que no se de una solución a ese túnel, no podremos hablar de regeneración ni de reforma integral”, señalan a elDiario.es. El vecindario apunta que el carril bici es prioritario y debería estar listo antes del inicio de curso, pero apuntan que hay tramos en los que apenas ha empezado, como el entorno de Giorgieta. “Sirve de aparcamiento para los coches, prioridad de Catalá”, ironizan.

La falta de zonas verdes preocupa al vecindario de Pérez Galdós, que apunta que hay tramos de la avenida, como desde Tres Forques hasta la Calle Cuenca, donde hay demasiado cemento cuando antes había árboles. También insisten en la necesidad de un paso de cebra entre los números 37 y 40 y el arreglo de las tapas de alcantarillas. “Existe un descontento profundo”, subrayan.

Los vecinos del Cabanyal se oponen al nuevo proyecto hotelero en el barrio: un hotel de 46 habitaciones en el antiguo cine Imperial, en la calle Escalante. La asociación de vecinos plantea sus dudas sobre la compatibilidad urbanística y ha remitido un escrito de alegaciones al Ayuntamiento, al que reclama la paralización del proyecto.

“Estamos especialmente preocupados por el impacto que una actuación de esta magnitud puede tener sobre los vecinos y vecinas que viven en las calles directamente afectadas. Nuestro deber es estar vigilantes y exigir que sus derechos y su tranquilidad no queden relegados ante la expansión de nuevos usos hoteleros”, señala la asociación en un comunicado.

Según las alegaciones presentadas, el proyecto estaba inicialmente previsto en los números 229 y 231 de la calle Escalante, y se ha modificado en su superficie. “No puede ser valorado únicamente como una actuación de habilitación o reforma interior de una edificación existente, de la que se mantiene su volumen”, apuntan. Así, explican, una vez realizada la segregación del 229 y agregación al 231, afecta a la planta baja del número 231, que incluye la nave interior del patio de manzana, ambos con uso Almacen-Estacionamiento. Un edificio Residencial de uso mixto, ya que en su primer piso incluye una vivienda, indican.

“La intervención proyectada afecta de manera sustancial a la configuración de la nave del patio de manzana, mediante la creación de una nueva estructura interior para obtener una planta primera, con aproximadamente 466 m² de superficie en dicha planta y un total de unos 996 m² construidos, así como una segunda planta destinada a instalaciones. El proyecto contempla la reorganización completa de los espacios interiores para alojar un establecimiento hotelero y la intervención sobre la cubierta existente, que desmonta la actual y la reconstruye con nuevos materiales”, prosigue el texto remitido al consistorio.

Los cambios, apunta la asociación, exigen analizar conjuntamente tres cuestiones que resultan determinantes para establecer la compatibilidad urbanística del proyecto: cuál es la situación urbanística de la nave, el alcance de las obras y cuáles son las consecuencias urbanísticas derivadas del cambio del uso existente a uso hotelero.

La multinacional china Cosco, la cuarta naviera del mundo en cuanto a tráfico de contendores, pretende alargar otros 22 años su actividad en el muelle Príncipe Felipe, ubicado en la dársena sur, cuya terminal es la de mayor capacidad del Puerto de Valencia, al menos hasta que esté operativa la ampliación norte que se ha adjudicado MSC, líder del mercado mundial.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 9 de septiembre, la naviera ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a través de su filial CSP Iberian Valencia Terminal (CSPV) una prórroga de la concesión que tiene en vigor hasta el 11 de octubre de 2041, por lo que con la ampliación solicitada se alcanzarían los 75 años, el plazo máximo permitido. De obtenerla, prolongaría su presencia hasta el 29 de diciembre de 2070, tal y como avanzó Valencia Plaza.

De esta forma, se da inicio al trámite de información pública poniendo la solicitud y documentación en conocimiento general para que en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación del anuncio en el BOE, puedan presentarse por las corporaciones, entidades y particulares interesados, cuantas alegaciones estimen pertinentes.

El tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la APV publica toda la documentación presentada por la mercantil sobre la solicitud de la prórroga de la concesión y las inversiones que se realizarán como contraprestación si esta se concede, aunque se han eliminado las memorias económicas y presupuestos de las actuaciones.

Así, CSPV justifica su petición “en la necesidad de amortizar un programa de inversiones adicionales no previstas en el vigente título concesional, las cuales suponen una mejora de la eficacia global y de la competitividad de la actividad desarrollada, a la par que aportan un valor sustantivo al dominio público portuario y alinean la concesión con los objetivos estratégicos y medioambientales establecidos tanto por Puertos del Estado como por la APV”.

Cosco se hizo en 2017 con el 51% de Noatum que hasta ese momento ostentaba la titularidad de la concesión de la terminal pública y posteriormente dio entrada a la francesa CMA con el 49% restante.

Plan de inversiones

Según el plan de inversiones publicado y consultado por elDiario.es, la compañía china prevé realizar obras de refuerzo del muelle Príncipe Felipe, electrificarla y acondicionarla para que los buques puedan conectarse a la red una vez atracados, lo que reduciría sus emisiones.

En concreto, se compromete a ejecutar el sistema OPS (On-Shore Power Supply) que permite la conexión eléctrica de los buques a la red terrestre durante su estancia en puerto, eliminando la necesidad de operar los generadores auxiliares a bordo. Su implementación mejora la productividad operativa, al reducir vibraciones, ruido y emisiones locales que interfieren en el rendimiento de los equipos de terminal y en la seguridad de las maniobras. Asimismo, optimiza la eficiencia energética, al sustituir la generación diésel a bordo—caracterizada por bajos rendimientos—por energía terrestre más estable, económica y con menores pérdidas.

Tomando como referencia “una fecha de otorgamiento de prórroga extraordinaria a CSPV por parte de dicha APV para el último trimestre de 2026, se estima que este proyecto sea ejecutado entre mediados de 2027 y finales de 2028, garantizando de esta forma su entrada en servicio para el 1 de enero de 2030”.

En cuanto al refuerzo del muelle Príncipe Felipe, “la actuación consiste en reforzar la capacidad portante y la estabilidad global del Muelle Príncipe Felipe (en operación desde hace más de 25 años) mediante la ejecución de columnas de jet-grouting bajo la línea de cajones existentes y refuerzo de la banqueta de apoyo de los mismos”.

La técnica permite trabajar “sin desplazar el cajón ni interrumpir operaciones, y es especialmente adecuada para muelles antiguos que requieren aumentar capacidad portante o instalar equipos de mayor peso, como es el caso de CSPV con el despliegue de grúas STS tipo Malaccamax de mayores dimensiones y peso (1.739 t) respecto a la media actualmente desplegadas en dicho muelle (1.606 t), necesarias para dar servicio a buques megamax de mayor tamaño (manga, alcance y calado) y producción media por escala”.

El refuerzo permite instalar grúas de última generación “mejorando productividad por escala y atrayendo operadores con buques de mayor capacidad”. La compañía china destaca que la asunción de dicha inversión, que correspondería a la APV, “supone una ventaja económica relevante al permitir reducir significativamente las necesidades de inversión directa”. Se estima que este proyecto sea iniciado a finales de 2026 y su ejecución se complete en un plazo no superior a 24 meses.

En cuanto al plan de electrificación, “la actuación consiste en la reordenación y adecuación de espacios en la zona de servicios de la parte trasera del patio de Muelle de Costa a fin de que CSPV pueda alcanzar emisiones 0 durante los próximos años, motivo por el cual se precisa adecuar la infraestructura eléctrica general, así como preparar la citada zona de servicios para que sea capaz de acoger la futura flota eléctrica que operará en la terminal, así como dotar la zona con los puntos de carga necesarios”. Se estima que este proyecto sea iniciado durante el segundo trimestre de 2027 y su ejecución se complete en un plazo no superior a 18 meses.

El antiguo circuito urbano de la Fórmula 1 en València también se ha convertido en el hogar inesperado de decenas de gatos. En el trazado, junto al poblado chabolista, se encuentran más de dos centenares de felinos abandonados, una macrocolonia que se está multiplicando en el barrio del Grao y que los voluntarios no pueden controlar.

Apenas seis personas, que se acercan por turnos, intentan prestar atención a esta población de felinos en la ciudad, aunque no logran abarcar toda la colonia. Dos voluntarios se acercan un par de tardes a la semana para tratar de capturar a algunos, llevarlos al veterinario a esterilizar y devolverlos a su lugar. Son cerca de 60 cachorros y estiman que habrá otros 180 adultos. El grupo de voluntarios se ocupa de unos 40 animales, los que viven más alejados del poblado chabolista que desde hace una década se asienta en el circuito urbano.

Las manos de los voluntarios son insuficientes para atender a esta población felina que puede crecer rápidamente. Los mininos, como se ve en las imágenes que acompañan esta publicación, deambulan entre las chabolas y los escombros, y muchos se encuentran con heridas o alguna infección, pese al cuidado que tratan de tener con ellos. La comida y los excrementos en la calle también pueden acarrear un problema de salubridad añadido, en una zona de la ciudad especialmente vulnerable.

Esta falta de medios humanos provoca una gran lentitud en los trabajos de control de los animales. Entre las pocas manos y las citas veterinarias que logran conseguir, los voluntarios no dan abasto, según explica una de las personas que atienden la colonia. “Consideramos necesario encontrar una solución que permita aumentar tanto la capacidad de captura como la de intervención, de manera que podamos afrontar el problema en un plazo razonable sin restar recursos a las demás colonias”, apunta, en nombre del resto de voluntarios de la colonia.

Valencia cuenta 22.000 gatos en unas 600 colonias, según los datos del Ayuntamiento. La concejalía de Bienestar Animal que dirige Juan Carlos Caballero puso en marcha en abril un centro municipal de atención veterinaria para la atención de los felinos comunitarios, un espacio dedicado íntegramente a la atención, cuidado y esterilización. Es allí donde trasladan a los mininos, que reciben la atención veterinaria gratuita por parte del Ayuntamiento, especificando que son felinos que se encuentran en el circuito de Fórmula 1.

El consistorio confirma que el servicio de Valencia Animal Care trabaja sobre el terreno, con un mapa del circuito y de la mano de Policía Local. Apuntan que de los 238 que tienen contabilizados quedan 86 sin esterilizar y se van realizando capturas periódicas.

Con todo, según explican estos voluntarios a elDiario.es, no han tenido un trato directo con la Administración para abordar el problema. Han registrado varios escritos explicando la situación y pidiendo a la concejalía de Bienestar Animal unos carnets específicos para poder alimentarlos legalmente, pero no han obtenido respuesta. Los voluntarios prefieren no identificarse en este reportaje tras haber tenido una conversación tensa con personal municipal.

Estas personas han creado una cuenta de Instagram, que se llama gatosformula1, desde la que piden apoyo y tratan de obtener visibilidad para encontrar un hogar a los mininos y controlar la población. Los voluntarios reclaman al Ayuntamiento un plan urgente de esterilización, atención veterinaria y acondicionamiento de los solares para que los felinos estén en mejores condiciones. Recuerdan, como en las pasadas manifestaciones, que hay en vigor una ley de bienestar animal que regula las actuaciones de la administración con las colonias felinas: los ayuntamientos tienen una responsabilidad que cumplir.

Entidades sociales, respaldadas por los partidos de izquierdas en la ciudad, se movilizan en apoyo de las personas que viven en el poblado chabolista de la Fórmula 1 de València. La plataforma en Solidaridad con los residentes en el antiguo circuito convocó una protesta-guardia ante un posible desalojo del casi millar de personas que habitan esta zona en condiciones de gran vulnerabilidad. Sobre estos terrenos se construirá el PAI del Grao, miles de viviendas a cargo de la firma Atitlan, y las plataformas sociales temen un gran desalojo que agrave la situación de estas personas, la mayoría de ellos migrantes.

La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, y el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Borja Sanjuan, han participado junto a sus concejales en un acto “ante la amenaza de un desalojo” en este asentamiento. Desde hace días circula información sobre un hipotético desalojo para este jueves, un extremo que fuentes de la delegación del Gobierno y de la Policía Local de València han negado. Estas fuentes recuerdan que para que se produzca un desalojo debe llegar una orden judicial.

La portavoz de València és Refugi, Ana Isabel Martínez, entidad que se encarga de velar por estas personas sinhogar, ha explicado que se trata de una extensión de 24 hectáreas donde hay unas 400 chabolas y viven 800 personas, algunas de ellas que han sufrido desalojos, “muchas españolas” y familias con menores, así como personas que están trabajando y han tenido que decidir entre “pagar techo o comida”.

Oltra cuestiona el modelo de ciudad de la alcaldesa María José Catalá, que “solo atiende a la especulación y a los intereses de los más ricos, y que abandona a su suerte a su gente”. Un modelo de ciudad, ha criticado, “que no cuida a la gente”.

La dirigente de Compromís ha reclamado una solución habitacional para estas personas en condiciones dignas, y ha lamentado que hay personas que trabajan y tienen que volver al terminar a sus chabolas porque las políticas de alquiler y de vivienda están orientadas “a que algunos ganen mucho dinero”, pues en el PAI proyectado la vivienda más barata costará 320.000 euros, una cantidad que no puede asumir un trabajador que gana el salario mínimo. En este sentido, Oltra ha criticado que el PP y Vox no apliquen la ley de vivienda de 2023 y se promueva un PAI que “hará que las viviendas se las queden fondos de inversión extranjeros y personas ricas”.

Por su parte, el portavoz socialista ha exigido respeto a las garantías judiciales de cualquier persona que resida en la ciudad y ha dicho que el Ayuntamiento distingue entre “personas, y personas sin hogar”. Sobre el PAI, Sanjuan reclama que se retrase su ejecución hasta encontrar una salida digna. Catalá tiene que paralizar el PAI del Grao hasta garantizar una alternativa a quienes viven en el asentamiento, señala el PSPV.

Desde Podem, que también han participado en el acto, han presentado varias preguntas en el Congreso de los Diputados. El portavoz de Podem València, Adrián Navalón, denuncia “los graves incumplimientos de Derechos Humanos de los vecinos residentes en el Fórmula 1” y “la total privación del acceso a agua durante este verano por parte del Ayuntamiento de València de Catalá y de servicios fundamentales como la recogida de basuras”.

Catalá culpa a las políticas migratorias del Gobierno

La alcaldesa de València, María José Catalá, reprocha al Gobierno central sus políticas migratorias y lo vincula a la crisis de Ceuta. “En todas las grandes ciudades estamos pagando una política de descontrol y lo vamos a seguir pagando”. “La situación de Ceuta no es una situación aislada. Es una situación lamentable donde evidentemente se ha evidenciado que todo el aparato del Estado advirtió de lo que estaba por venir, que el presidente del gobierno no tomó acciones”, ha señalado en un comunicado.

En referencia al asentamiento, la alcaldesa ha afirmado que “lo tenemos absolutamente monitorizado por el Ayuntamiento”. “Los servicios sociales acuden dos veces a la semana. No ahora porque se ha puesto de moda, porque va la izquierda y hacen concentraciones en base a bulos y a desalojos ‘fake’. Llevamos ya muchos meses yendo dos veces a la semana y analizando quién está allí y por qué está allí”, ha dicho antes de confirmar que “no hay ni un solo menor”. “Porque cuando ha aparecido un menor, los servicios sociales del Ayuntamiento han procurado darle el recurso”, ha asegurado.

Catalá también ha confirmado que “hay una mayoría de saharauis y de argelinos marroquíes”. “Y los saharauis son, en este momento, apátridas por culpa de Pedro Sánchez. No se pueden regularizar y los tienen absolutamente abandonados. Hay claras dificultades para trabajar con ellos porque tienen una situación de indefensión jurídica evidente por culpa del Gobierno de España”, ha agregado.

La Marina de Valencia seguirá siendo de gestión privada, en concreto, por parte de la unión temporal de empresas (UTE) Serveis Marítims Port Eivissa SL y Ocibar SA. Esta es la principal consecuencia de la desestimación del recurso judicial interpuesto por los exempleados del Consorcio Valencia 2007 contra la liquidación del ente público que gestionaba anteriormente el espacio.

Fue el 1 de julio de 2024 cuando el Consejo de Administración de la APV propuso otorgar a la UTE la concesión administrativa para la adecuación y explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte de la Marina.

Hasta ese momento, el recinto lo había gestionado el Consorcio, organismo integrado por el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el Gobierno. En 2022 se acordó su disolución tras asumir el Estado la deuda generada por la Copa América, lo que provocó que el representante del ejecutivo central lo abandonara. Sin embargo, 14 empleados que se iban a ver afectados por despidos, impugnaron tanto el proceso de cierre del Consorcio, que se prolongó durante dos años, como la adjudicación de la concesión al gestor privado.

El segundo de los asuntos ya quedó archivado y el primero ha seguido la misma suerte. Y es que, la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de València ha concluido que los demandantes, los 14 exempleados del Consorcio Valencia 2007, carecen de legitimidad para tumbar su disolución, por lo que la sala no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, es decir, los motivos alegados para sostener la presunta irregularidad.

En su demanda, los denunciantes alegaban que “no se distingue a qué modalidad de liquidación se ha sometido el Consorcio, siendo especialmente grave la no publicación del acuerdo hurtando el debate administrativo y judicial de contratistas, trabajadores y ciudadanos”.

Y continuaba: “Por la vía de los hechos, que no por la vía del acuerdo del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, se ha sometido a la entidad pública, a un proceso fraudulento de disolución 'con liquidación', cuando también por la vía de los hechos, todas y cada una de las actividades del Consorcio han seguido desempeñándose con normalidad hasta el momento, sin haber llegado cumplir con los objetivos marcados en sus Estatutos, siendo además, que tales actividades, también, van a seguir siendo ejercidas por el resto de entidades consorciadas, como si de una disolución 'sin liquidación' se tratase”.

La denuncia consideraba, por lo tanto, nulo “de pleno derecho” el acuerdo de disolución del Consorcio adoptado en el año 2022 debido a “manifiestos y graves errores” al continuarse con toda la actividad consorciada entre el Puerto de València y el Ayuntamiento mientras se finiquitó “ilícitamente” los contratos laborales de los empleados por medio de un expediente de regulación de empleo para el que no había acuerdo.

Sin embargo, el fallo judicial concluye que “procede convenir con la parte demandada en que los recurrentes carecen de interés legítimo en la impugnación del acuerdo del Consejo Rector de 22 de mayo de 2022 [liquidación], por cuanto que, aun en caso de que esta prosperara, o, por lo que se refiere al objeto de autos, se acordara que procede admitir el recurso extraordinario de revisión, ninguna utilidad jurídica o ventaja se derivaría para los recurrentes”.

Y ello por cuanto que “parte de los demandantes han sido subrogados en la empresa concesionaria, respetando sus derechos adquiridos, por lo que una eventual anulación del acuerdo de disolución en nada afectaría a su situación jurídica, porque la concesión administrativa otorgada a las adjudicatarias seguiría siendo válida, así como la relación laboral entre los demandantes y su nuevo empleador, careciendo la anulación de efectos en su esfera jurídica”.

La sentencia recuerda además que “en semejantes términos procede pronunciarse respecto de los demandantes afectados por el despido colectivo, que ha sido declarado conforme a derecho por sentencia, ya que, efectivamente, aun en el hipotético caso en que se estimara la demanda, el despido, como extinción de la relación laboral, declarado conforme a derecho por la jurisdicción laboral, en nada se vería afectado y los trabajadores no verían afectada su esfera jurídica o patrimonial como consecuencia de la anulación”.

De lo expuesto, añade el jueza, se desprende que, una vez tomada la decisión de separación del socio que representa al Gobierno central, “se produce la disolución y posterior liquidación del Consorcio por expresa declaración de los estatutos del Consorcio, salvo que las otras Administraciones adoptaran y publicaran un acuerdo decidiendo continuar, lo que no sucedió”. Tal consecuencia prevista en los Estatutos, “no debe ser negociada ni con los representantes de los trabajadores ni con estos individualmente considerados, por lo que, en suma, los trabajadores carecen de legitimación para fiscalizar la legalidad del acuerdo de disolución del Consorcio, que es automática cuando una de las Administraciones consorciadas decide separarse, en este caso la Administración General del Estado dando cumplimiento a lo previsto en una norma con rango de Ley”.

Con todo la vía judicial no está definitivamente cerrada en todo lo que rodea a la liquidación del Consorcio Valencia 2007 y al despido de sus empleados. Los extrabajadores que denunciaron en el juzgado la improcedencia de su despido ampliaron la demanda tras la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción ante presuntas irregularidades en la colocación de algunos de los exempleados en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y en Visit Valencia, fundación adscrita al Ayuntamiento. La sección de lo social del tribunal de instancia de València admitió a trámite la demanda y aplazó la vista al próximo 11 de noviembre.

El despacho valenciano Broseta Abogados, que lidera el letrado Manuel Broseta, hijo del catedrático de Derecho Mercantil y secretario de Estado con UCD asesinado por ETA en 1992, ha presentado las cuentas de su bufete correspondientes al ejercicio 2025, con un resultado de 1,2 millones de euros de beneficios después de impuestos, 82.000 euros más que en 2024. La rentabilidad del negocio, que se basa en servicios jurídicos, se ha limitado al 3,2% tras facturar 33,7 millones, 600.000 euros más que el ejercicio anterior y con un reparto de 41.000 euros en dividendos, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Además, los administradores de la Sociedad dominante han percibido retribuciones en el ejercicio 2025 de 2,9 millones de euros por servicios, a los que se añaden 99.000 euros en intereses devengados por financiación recibida y otros conceptos, más los mencionados 41.000 euros en dividendos.

Al cierre del ejercicio el grupo tiene contratado arrendatarios por importe de 1,4 millones de euros en oficinas y 2.707 euros en plazas de garaje. La auditoría destaca que “con fecha 1 de febrero de 2024 se firma un nuevo contrato de arrendamiento de la nueva oficina de Madrid, ubicada en Paseo de la Habana”. El contrato es por 10 años desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 1 de febrero de 2034, prorrogable por 5 años más. Además, “con fecha 31 de enero de 2025, se firma un nuevo contrato de arrendamiento de la nueva oficina de Barcelona, ubicada en Avinguda Diagonal”. El contrato es de obligado cumplimiento hasta su vencimiento el 31 de mayo de 2030.

En cuanto a los socios que ostentan directa o indirectamente una participación igual o superior al 10% son los siguientes: Explotaciones de Sierra Marida, con un 18% del capital; Manuel Andrés Broseta Dupré, con un 13,9%; Antonio José Navarro González, con un 35,2%; y Luis Fernando Trigo Sierra, con un 25,9%.

El número de empleados del grupo a cierre del ejercicio, distribuida por categorías profesionales, ha sido de 136 abogados y abogadas (al 50% entre hombres y mujeres) y 111 empleados más, 30 hombres y 81 mujeres.

Manuel Broseta, ha estado históricamente muy bien relacionado con los gobiernos autonómicos del PP, con los anteriores al del Botánico presidido con Ximo Puig (con quien mantiene una buena relación), pero también con el más reciente de Carlos Mazón, con quien compartió comidas y fiestas en Ibiza antes de su dimisión como consecuencia de la dana. Así, Pablo Broseta, hermano de Manuel, es secretario autonómico de Representación ante la UE nombrado por Mazón, cargo que abandonó a finales de 2025.

La familia Broseta ha apostado también recientemente por el negocio de la restauración en el nuevo Mercado de Mossén Sorell, que combina la venta de alimentación con el espacio gastronómico. El Ayuntamiento de València autorizó el pasado mes de junio el traspaso de otros dos puestos en el céntrico mercado a una firma ligada a los hermanos Broseta Castelos, hijos del abogado Manuel Broseta.

El Ayuntamiento de València extiende las ayudas en educación infantil para cubrir todas las etapas de 0 a 6 años. La novedad, anunciada este miércoles por la alcaldesa, María José Catalá, implica la gratuidad de las etapas de infantil en la ciudad y contemplará también las ayudas a las escuelas 'matineras', aquellas que arrancan la jornada más pronto, que hasta la fecha solo abarcaban la etapa de 0 a 3 años. “Toda la educación infantil está cubierta con ayudas”, ha destacado la alcaldesa.

La dirigente del PP valenciano ha puesto en valor las medidas destinadas a la conciliación familiar este curso: becas comedor, “Ha sido revolucionario que la Generalitat asumiera la gratuidad de 0 a 3 años”, ha destacado la alcaldesa en un desayuno informativo. Esa cuantía asumida por el Consell permite al consistorio desbloquear presupuesto para las becas de comedor y otras ayudas educativas, ha destacado.

Así, el Ayuntamiento de València prevé siete millones de euros de presupuesto para cubrir la escolarización, becas de comedor, escuelas matineras y educación infantil en julio. El presupuesto en ayudas a material escolar también se duplica, con más de 3.000 beneficiarios. Las ayudas del comedor suponen 5,4 millones de euros y alcanzan los 6.000 beneficiarios. Este curso escolar arranca con cerca de 95.000 alumnos en la ciudad.

La Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista en la que se integra Acció Ecologista Agró, ha anunciado que recurrirá al Supremo y si procede a Europa la sentencia que valida la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 de la ampliación norte del Puerto de València.

La entidad se reunió este martes tras tener conocimiento del fallo judicial que valoran “negativamente”. La Comissió Ciutat-Port ha recordado que ha sido la protagonista estos años la denuncia relacionada con “el negativo impacto medioambiental de unas obras de ampliación cuyo destino está en cuestión por la apertura de nuevas rutas comerciales y que están teniendo como efecto directo inmediato la regresión de las playas del sur del área metropolitana y la entrada de agua salada al lago de la Albufera”.

En primer lugar, la plataforma ha criticado la tardanza en la decisión judicial, así como que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) admita casi íntegramente las tesis de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), contradiciendo incluso el dictamen del propio perito judicial. Por otra parte, “la APV ha aprovechado esa demora para continuar las obras, poniendo en práctica una política de hechos consumados, con la complicidad del Ministerio de Fomento y Puertos del Estado”, han lamentado.

“Agradecemos el apoyo de la sociedad valenciana y seguimos creyendo que emplear dinero público para beneficiar los intereses de empresas multinacionales en lugar de destinarlos para defender la salud y el territorio frente a la crisis climática constituye un error imperdonable por parte de las administraciones implicadas”, según han comentado portavoces de la plataforma ciudadana.

Asimismo han confirmado su intención de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo y agotar todas las vías judiciales ante el Estado español y “con la confianza de obtener un reconocimiento de la Unión Europea, condenando las prácticas contra el medio ambiente, el territorio y la salud a las que, desgraciadamente, seguimos asistiendo con la pasividad de las administraciones que deberían tutelar estos valores”.

Por su parte, la APV ha expresado “su plena satisfacción por la sentencia del TSJCV, que avala la validez de la tramitación llevada a cabo con el proyecto de la terminal norte del Puerto de Valencia”.

Esta satisfacción, han añadido, “se hace extensiva al conjunto de la comunidad portuaria, porque la resolución supone un respaldo a un proyecto estratégico; a una infraestructura fundamental para reforzar el posicionamiento de Valenciaport en el mercado global de la logística y el transporte”.

Un proyecto, que según el organismo portuario, “contribuirá a generar más actividad y empleo, y a fortalecer la competitividad de la Comunitat Valenciana, ofreciendo nuevas oportunidades de crecimiento y bienestar para el conjunto del país”.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este miércoles que la sentencia es “más aval jurídico a las obras”.

Catalá ha sostenido que no suele comentar las resoluciones judiciales aunque ha añadido que “es más aval jurídico a las obras” de la ampliación norte.

“La problemática pasa a ser, no si ha habido modificaciones sobre el proyecto inicial –que sí se constatan, importantes además–, porque la cuestión a despejar conforme a los preceptos legales de referencia es si nos encontramos ante proyectos distintos o si estamos ante un mismo proyecto con modificaciones”.

Así reza el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que avala la validez de la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 para el proyecto de ampliación norte del Puerto de València. Se trata de uno de los aspectos clave de la sentencia, puesto que viene a arruinar una de las principales pruebas de Acció Ecologista Agró, entidad que denunció la ilegalidad de las obras aprobadas por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), principalmente por dos motivos: en primer lugar, por considerar que la DIA estaba caducada y, en segundo, que, en caso de estar vigente, no amparaba las modificaciones que se introdujeron sobre el proyecto inicial.

Y es que, el informe pericial solicitado por la organización y aceptado por el juez, que fue el encargado de designar su elaboración a un ingeniero de caminos, fue tajante al concluir que el proyecto promovido por la APV “es distinto a la alternativa cuatro seleccionada y aprobada mediante DIA favorable en el año 2007 y, por lo tanto, no ha sido evaluado a efectos medioambientales”.

El mismo informe da una serie de razones: “Incremento de los volúmenes y áreas de actuación de los dragados necesarios; demoliciones de los actuales contradique norte y muelles de cruceros; cambio de ubicación de las explanadas y muelle de atraque y es muy probable que se hayan conformado comunidades marinas en el nuevo hábitat de escolleras debido al tiempo transcurrido entre la primera fase del proyecto y la segunda”.

Al llegar a esta primera conclusión, es decir, que es un proyecto diferente el avaluado en 2007, el perito no entró a valorar el resto de cuestiones que se le requerían en el informe, lo que finalmente ha sido otro golpe en contra de los demandantes y a favor de la APV.

En primer lugar, “considera la Sala no acreditado que estemos ante un nuevo proyecto a efectos medioambientales, y tampoco ante una modificación sustancial del originario, también a dichos efectos”. De esta manera, el juez deja prácticamente sin efecto el informe del perito, puesto que, además, como apuntó en su defensa la APV, “el dictamen [pericial] no se pronuncia sobre el objeto del encargo consistente en analizar las emisiones atmosféricas del tráfico marítimo y rodado asociado, los incrementos en la utilización de recursos naturales, análisis de los vertidos al litoral ni la generación de residuos y la hipotética afección al Parque Natural de la Albufera, en escenario actual y futuro”.

El tribunal pone de manifiesto, además, la coincidencia de gran parte del informe realizado por el perito por él designado con otro presentado por la parte denunciante: “No deja de llamar la atención el hecho de que venga a reiterar (literalmente, en gran parte) lo recogido en el informe aportado por la demandante”.

De esta forma, la sala se acoge a otros informes aportados por la APV para concluir que lo aprobado por el consejo de administración del organismo portuario en diciembre de 2022 no es un proyecto nuevo a efectos de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, sino un modificado del proyecto inicial. Por lo tanto, la DIA no habría caducado al haberse realizado ya una primera fase de las obras, con el dique de abrigo. Además, concluye el magistrado que las modificaciones no implican efectos adversos significativos para el medio ambiente.

Y todo ello sustentado en una nota técnica del director de Planificación y Desarrollo y confirmada por el presidente de Puertos del Estado, que, pese a especificar su autor que “no constituye más que una opinión técnica emitida ante una consulta realizada por la propia Autoridad Portuaria”, acaba afirmando que “no resultaría obligado proceder a una evaluación ambiental simplificada de la modificación del proyecto”, puesto que se descartó la prolongación de 500 metros del dique de abrigo y el dragado del canal de acceso. La misma nota recomienda en sus conclusiones que “en el proyecto definitivo y ante un incremento significativo de vertidos al litoral el material sobrante procedente de las demoliciones sea realmente reutilizado para relleno de las explanadas, de forma tal que no suponga un incremento significativo de la generación de residuos”.

El otro informe en el que se apoya la sala es el de la consultora Hidtma, SL, encargado y pagado por la APV en 2022: “Es pertinente plasmar los aspectos fundamentales del contenido del informe por lo solvente que le resulta a la sala tanto en su metodología como en sus conclusiones”.

Sobre el uso de recursos naturales por encima de lo establecido por la DIA para obtener material de relleno para los muelles, este informe afirma que “tras homogeneizar las unidades a metros cúbicos, el balance conjunto resulta en una disminución en el consumo de recursos naturales de 0,24 Mm3, que supone un decremento del 1,3%. Por todo ello, se concluye que no sólo no se produce un incremento significativo en la utilización de recursos naturales, sino que se consigue una disminución en la cantidad de recursos naturales a utilizar”.

En cuanto a generación de residuos, “el proyecto propone el máximo aprovechamiento de los materiales resultantes de las demoliciones que deben realizarse, del material procedente de los dragados y de la retirada o desmontaje de instalaciones ya existentes (...) por lo que concluye que no se producirá un incremento de la generación de residuos”, al igual que con las emisiones: “Se puede concluir que, durante la fase de ejecución de las obras del Proyecto, se prevé una disminución de las emisiones a la atmósfera con respecto a lo previsto en el proyecto con DIA 2007, puesto que, aunque hay un ligero aumento en la longitud de muelle y en la superficie de explanada a ejecutar, la longitud de dique es menor y, por tanto, el material de cantera a emplear en la solución final será mucho menos”.

En resumen, la sentencia viene a poner de relieve que la parte demandante no acaba de acreditar que se den los requisitos establecidos en el artículo 7.2 c) de la Ley de Evaluación Ambiental, de 9 de diciembre de 2013, por los que cabría exigir una nueva DIA simplificada; en concreto, que la modificación del proyecto suponga “un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera; un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral; un incremento significativo de la generación de residuos; un incremento significativo en la utilización de recursos naturales; una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000”.

Cuatro millones de euros procedentes de las arcas públicas para una competición de dos días. Es la factura de la Sail GP en València, conocida como la 'Fórmula 1 del mar', una carrera de catamaranes que alcanzan gran velocidad y que ha tenido la capital valenciana como sede el pasado fin de semana.

La competición, una disciplina deportiva solo apta para algunos bolsillos, consiste en una carrera en la que 13 equipos nacionales compiten en catamaranes F50 idénticos, capaces de superar los 100 km/h gracias a la navegación en foils, según describe la memoria del proyecto presentada al Ayuntamiento de València. Para legos: las embarcaciones llevan una especie de aletas que elevan el casco y visualmente dan sensación de que la nave vuela. “Esta igualdad técnica convierte la competición en un duelo puramente deportivo: gana el equipo con mejor estrategia, coordinación y habilidad”, prosigue el proyecto. El equipo español, Los Gallos, lo capitanea Diego Botín, campeón olímpico y descendiente de la estirpe de banqueros más conocida de España.

El Ayuntamiento de València formalizó el pasado viernes, en vísperas de la celebración de la competición, el contrato de patrocinio: 1,2 millones de euros para el evento abonados a la mercantil F50 LEAGUE ESPAÑA. La cifra restante la abonan la Diputación de València y la Generalitat Valenciana, que paga la mitad y ya avanzó en enero que quiere otras dos ediciones en 2027 y 2028. 10 millones de euros del presupuesto autonómico en tres años, según el comunicado realizado por la Conselleria de Presidencia en su día.

La competición trató de desembarcar en València en años anteriores, tal como ha podido saber elDiario.es. El gobierno local de Compromís y el PSPV rechazó las reiteradas ofertas de la mercantil y prefirió destinar los fondos de patrocinio a otros fines que consideraban prioritarios.

Lasadministracioness públicas aún no han facilitado información sobre el retorno económico o la asistencia al evento. La previsión de la organización, tal como reflejó el diario El Mundo, era de una afluencia de 10.000 personas, cifra que dista de la conseguida en otras ciudades. Fueron 25.000 aficionados con entrada en Auckland (Nueva Zelanda) en enero y 20.000 en Portsmouth (Inglaterra), en julio. En València, final del torneo, las entradas VIP rondaban los 300 euros.

El informe de impacto económico presentado al consistorio habla de un “incremento del 91% en impacto económico para las ciudades anfitrionas”, 1.900 millones de visualizaciones o un 43% de seguidores recurrentes que visitan las ciudades. “Impacto económico acumulado: 230 millones de dólares estadounidenses” cita el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es. La organización incluye una serie de actividades previas en ese estudio, que apunta que el desembarco del montaje se da desde mediados de agosto.

Entre los representantes institucionales, asistieron la alcaldesa de València, María José Catalá; el vicepresidente del Consell, José Díez, en presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. Entre las celebrities, las crónicas de sociedad han destacado a Hugh Jackman y Ryan Reynolds, que son copropietarios del equipo australiano, y entre las patrias a Victoria Federica de Marichalar. Un panorama de grandes eventos que quiere recordar el de la Copa América, 20 años después, aunque esta vez se desarrollara en paralelo a un 'sopar a la fresca' de los vecinos en la playa colindante.

La Sociedad Parc Central, responsable de la mayor obra pública de la ciudad de València en décadas, lleva meses siendo objeto de contienda política. Los últimos consejos de administración han sido un espacio de enfrentamiento institucional, con vetos por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento a los candidatos del Gobierno central. Los órganos del Ejecutivo tuvieron que hacer valer su mayoría, voto de calidad mediante, para nombrar al director general, mientras la Generalitat y el consistorio siguen vetando a Pilar Bernabé como consejera. En Parc Central hay modelos sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad que colisionan a través de las distintas administraciones con representación en el órgano, una disputa que no será nada en comparación con lo que puede suceder durante los meses previos a la campaña electoral.

La ciudad de València afronta un escenario de gran choque en sus políticas de infraestructuras, grandes obras que alterarán la morfología urbana. De un lado, el modelo de María José Catalá, actual alcaldesa con el apoyo de la ultraderecha, que aboga por un corredor con tres carriles para el tráfico, un proyecto ya presentado por el consistorio y que no ha gustado nada a las plataformas vecinales. De otro, el modelo de las izquierdas que encarnan Compromís y el PSPV, que reclaman un corredor verde, y que especialmente los segundos, que sí tienen presencia en la empresa pública, se han esforzado en proyectar.

La socialista Pilar Bernabé formalizó este lunes su candidatura a la alcaldía de València, en un acto en el que recordó que pretende impulsar un proceso de “renaturalización” de la ciudad, con algunas menciones al tráfico. No hizo falta concretar demasiado, pues ella y su equipo llevan meses insistiendo en que el Bulevar García Lorca sea un gran corredor verde y no una autopista urbana, comparándolo con el debate sobre el antiguo cauce del Túria. O árboles, o coches. La también delegada del Gobierno insistió en la “utilidad” de los órganos estatales en la ciudad y de la acción capitaneada por el Ejecutivo central. Y para muestra, el corredor.

La delegada ya avanzó el pasado julio que el Ejecutivo hará valer su participación en la empresa pública para pedir informes de salud y urbanísticos ante el proyecto que impulsa el consistorio, que ha basado su decisión en un cuestionado informe de movilidad. A ello se sumará un proceso participativo en el que trabaja el nuevo gerente, Vicente Palomo, nombrado hace dos meses con el rechazo del Ayuntamiento y la Generalitat, que quiere ampliar el trabajo hecho por el consistorio y que ha provocado el enfado de las entidades vecinales.

Palomo, propuesto por Adif, es ingeniero de caminos, fue jefe de la unidad técnica de la Oficina del Corredor Mediterráneo durante ocho años, con experiencia también en sector privado y profesor asociado de la Universitat Politécnica de Valencia. El Ministerio de Transportes defendió que “un perfil técnico, solvente, con experiencia y un amplio consenso en el sector”.

El gerente capitaneará consultas vecinales sobre la planta viaria y, estatutos en mano, requerirá informes sobre las actuaciones que se encuentran previstas. La idea es un trabajo más técnico y bajar la tensión, aunque, dado su bagaje, la línea proyectada se acercará más a la idea que proyecta Bernabé que Catalá. Por calendario, los procesos consultivos y los informes sobre la obra que abrirá en canal la ciudad se solaparán con la convocatoria electoral del próximo mayo. La discusión técnica y las consultas vecinales vendrán marcadas por un clima en el que los ciudadanos deben decidir qué papeleta situar en las urnas. Así, pese al veto a la entrada de Bernabé, la también candidata a la alcaldía de València puede seguir peleando por hacer valer el modelo de los socialistas.

“Lo que era un proyecto de ingeniería para evitar inundaciones en el patio de la escuela de adultos basado en depósitos de agua, hormigón y bombas de achique se ha transformado en la creación de un espacio de encuentro accesible mediante rampas y resiliente frente a las olas de calor mediante la instalación de jardineras, bancos, arbolado, vaporizadores de agua, sombras, pavimento de tierra, además de elementos para darle vida como un escenario para actuaciones”.

La portavoz de la cooperativa de arquitectura Fent Estudi, Eva Raga, explica así la transformación que ha experimentado el concepto de la actuación que impulsa el Ayuntamiento de Cheste para evitar inundaciones en el Centro de Formación de Personas Adultas Dori Carmen Rodrigo Ruiz, conocido en el municipio como Escuela de Personas Adultas, cuyas instalaciones se vieron gravemente afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, especialmente el patio.

Aunque inicialmente se contempló una obra sobria pensada exclusivamente para solucionar el problema de inundabilidad del patio con el objetivo de que obtuviera financiación de los fondos dana, la escuela no quería perder el patio tal y como está concebido, con zona de esparcimiento y vegetación, aunque en condiciones muy precarias.

Es en ese momento cuando la ONG Entrepobles País Valencià, tras tener conocimiento del conflicto, lanza la idea de aprovechar las obras hidráulicas para adecuar el patio como un refugio climático: “Dependemos de ecosistemas saludables, del agua, de la vegetación, de los suelos y de unas condiciones climáticas compatibles con la vida. Pero también dependemos unas personas de otras para cuidarnos, aprender, organizarnos y responder colectivamente cuando llegan las dificultades. Un refugio climático puede intentar atender ambas dependencias”, dice Sara Verdú, coordinadora del proyecto por parte de la organización.

La experiencia forma parte del proyecto de Entrepobles 'Desarrollo psicocomunitario en clave de emergencia social y catástrofe', y que cuenta con financiación por parte de la Generalitat Valenciana en el marco del Plan Recuperem València, que trabaja desde la educación ecosocial, la participación y la resiliencia comunitaria.

Jose Tarazona, profesor del centro de formación, comenta que Entrepobles les contactó para proponerles la iniciativa y que a partir de ese momento se realiza un proceso participativo entre el personal y los alumnos para, entre todos, ver qué necesidades hay y cómo se le podía sacar mayor rendimiento a un espacio que ahora está infrautilizado: “El resultado es claramente habilitar un espacio amable, con sombras, fuentes, arbolado y un escenario en el que realizar todo tipo de actividades, tanto musicales como teatrales, que puede ser utilizado no solo por los alumnos de este centro, sino por organizaciones y entidades de todo el municipio”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Pujals, informa de que la parte hidráulica consistente en la instalación de depósitos subterráneos de agua e instalación de bombas de achique se financiará con los fondos dana que ha recibido el Ayuntamiento y el resto, la parte de ajardinamiento, el propio consistorio con recursos propios: “Nos parece muy positivo que es una propuesta que viene de las personas que pasan su día en el centro, han propuesta una serie de ideas y se van a ejecutar las que aportaban mejores soluciones”.

Sobre los plazos y el presupuesto, Raga explica que en estos momentos se está redactando el anteproyecto en base al proceso participativo el cual se presentará a finales de febrero o principios de marzo. Será entonces cuando se pueda esbozar un presupuesto.

No estamos ante un debate entre turismo sí o turismo no. El Cabanyal-Canyamelar siempre ha sido un barrio abierto al mar, al puerto y a quienes llegan de fuera. Su actividad hostelera, especialmente en primera línea de playa, forma parte de su identidad y miles de visitantes pueden contribuir a mantener bares, restaurantes, hoteles y empleos.

El problema aparece cuando el turismo deja de ser una actividad que se desarrolla en el barrio y empieza a convertirse en la actividad que transforma el barrio, condiciona quién puede seguir viviendo en él y expulsa a sus vecinos.

¿Cuánto turismo puede soportar un barrio sin dejar de ser un barrio? El Cabanyal-Canyamelar se encuentra entre los barrios de València con mayor concentración de alojamientos turísticos. El crecimiento ha sido continuo desde que comenzó su recuperación urbana, pero hay que reconocer que a la vista de los datos, se disparó en 2.024-2.025, coincidiendo con el inicio de la moratoria, como en el resto de la ciudad.

En mayo de 2026, el Registro Municipal contabilizaba en el Cabanyal-Canyamelar 4.736 plazas de alojamiento turístico: 2.889 hoteleras, 1.459 correspondientes a viviendas de uso turístico y 388 a apartamentos turísticos.

Pero la oferta comercializada es mayor. La Oferta Online de la Fundación Visit València, elaborada a partir de datos de las plataformas de alojamiento turístico, se aproxima a las 7.000 plazas: más de 2.000 por encima de las registradas, casi un 50% más.

Algo parecido ocurre en el conjunto de la ciudad, mientras que el Censo de Alojamientos Turísticos del Ayuntamiento de València reconoce oficialmente en estos momentos la existencia de 13.871 plazas, entre Viviendas y Bloques de Apartamentos Turísticos, la Oferta Online de la que alardea Visit Valencia, es de 34.584 plazas, casi el triple.

Mientras tanto, la recuperación urbana del Cabanyal no se ha traducido en una recuperación proporcional de su población. El barrio continúa en torno a los 20.000 habitantes, después de haber perdido más de 10.000 durante las últimas décadas del siglo XX como consecuencia de las estrategias desarrolladas en su momento, para llevar adelante la prolongación de la actual avenida Blasco Ibáñez. La llegada de nuevos residentes durante los últimos años, la mayor parte extranjeros, ha contribuido a estabilizar la población, pero los hijos de los vecinos que han vivido durante generaciones en el Cabanyal encuentran cada vez más dificultades para permanecer en él por la escasez y el encarecimiento de la vivienda.

Una cosa es que un barrio se regenere y reciba turistas y otra muy distinta que una parte creciente de su capacidad residencial se ponga al servicio de una población que está de paso.

Cuando el turismo empieza a fijar el valor de la vivienda

Durante mucho tiempo hemos explicado el problema de los apartamentos turísticos diciendo que son viviendas que desaparecen del mercado residencial. Es cierto, pero la cuestión es más profunda. El turismo introduce una referencia de rentabilidad que puede afectar al conjunto del mercado inmobiliario.

La propia Memoria Justificativa del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar señalaba ya en 2023 que los alquileres turísticos del barrio pueden generar entre 2,5 y 3 veces la rentabilidad de los alquileres convencionales. El planeamiento relacionaba este diferencial con la expulsión de viviendas del mercado residencial, el incremento de los alquileres y de los precios de compraventa y los procesos de gentrificación.

Cuando existe semejante diferencia de rentabilidad, el incentivo para dedicar un inmueble al uso turístico es evidente. Pero las consecuencias no se limitan a las viviendas que cambian de uso: el turismo puede contribuir a modificar el precio al que se valoran los propios inmuebles.

La expectativa de una rentabilidad turística superior puede formar parte del valor de un activo inmobiliario. Los edificios que ya disponen de licencias turísticas pueden mantener un atractivo diferencial para determinados inversores, mientras que las restricciones pueden desplazar parte del capital hacia la rehabilitación residencial, la venta por unidades o el alquiler patrimonial.

La regulación, por tanto, no es neutral respecto al destino de la inversión. La cuestión no debería ser si queremos inversión inmobiliaria, sino qué tipo de inversión queremos favorecer.

Viviendas cada vez más pequeñas y más caras

Esta presión se refleja también en los precios de la vivienda nueva. En el Cabanyal están apareciendo viviendas de apenas 35 o 40 m² comercializadas alrededor de 5.000 €/m², algunas de ellas en antiguos bajos comerciales. Son entre 175.000 y 200.000 euros por viviendas de dimensiones muy reducidas.

Pero el fenómeno alcanza también a viviendas de mayor tamaño. En el entorno del Paseo Marítimo encontramos nuevas promociones de apartamentos en el entorno de los 100 m2, con garaje incluido, que se comercializan en el entorno de los 8.000-9.000 €/m². Y existen viviendas de segunda línea de playa, con vistas al mar, que llegan a ofrecerse cerca de los 10.000 €/m².

No sería riguroso atribuir estos precios exclusivamente al turismo. La proximidad al mar, las vistas, la escasez de suelo, la calidad de las promociones, los costes de construcción y la demanda residencial también intervienen.

Pero los ejemplos muestran algo relevante: el “incipiente” mercado inmobiliario del frente marítimo está alcanzando valores extraordinariamente elevados. Cuando esos valores conviven con una actividad capaz de generar rentabilidades turísticas muy superiores a las residenciales, resulta inevitable preguntarse hasta qué punto las expectativas de rentabilidad están influyendo en la transformación del mercado.

¿Para quién se está construyendo?

Aumentar el número de viviendas no significa necesariamente aumentar la capacidad de los vecinos para acceder a ellas. Podemos construir vivienda nueva y, al mismo tiempo, hacer que vivir en ella resulte cada vez más difícil.

Podemos estar construyendo viviendas que funcionan antes como activos inmobiliarios que como hogares.

Turismo especulativo

El conflicto no debe plantearse simplemente como una oposición entre turismo y vivienda. Estamos hablando de dos formas de obtener rentabilidad de un mismo inmueble.

El propietario puede obtener una renta mediante el alquiler residencial o una muy superior mediante el alojamiento turístico. Esa diferencia puede influir en las decisiones de inversión incluso antes de que se produzca un cambio de uso.

La secuencia es clara: mayor rentabilidad turística → mayor atractivo para la inversión → mayor presión sobre edificios y viviendas → incremento del valor inmobiliario → mayor dificultad de acceso a la vivienda residencial.

Eso es lo que entendemos por turismo especulativo: no cualquier actividad turística ni cualquier inversión inmobiliaria, sino aquella situación en la que la expectativa de obtener rentas extraordinarias mediante el turismo empieza a determinar el valor, el uso y el destino de los inmuebles.

Turismo sostenible: ¿sostenible para quién?

La alcaldesa de València afirma que quiere un turismo sostenible, equilibrado y de calidad. Y el Ayuntamiento ha adoptado medidas para limitar la proliferación de viviendas turísticas.

Pero queda una cuestión fundamental: ¿Puede considerarse sostenible un modelo turístico que contribuye a hacer inaccesible la vivienda en los barrios donde se desarrolla? Un turismo puede ser ambientalmente sostenible y, al mismo tiempo, residencialmente insostenible.

Limitar un determinado uso turístico no elimina por sí solo la presión inmobiliaria: puede desplazar la inversión hacia otros modelos. Por eso la política urbanística debe preocuparse no solo de cuánto turismo admite un barrio, sino también de hacia dónde dirige el capital inmobiliario.

La vivienda pública como instrumento de regulación

Aquí aparece una herramienta central: la vivienda pública de alquiler. No podemos esperar que la vivienda residencial compita en igualdad de condiciones con una actividad que puede proporcionar entre 2,5 y 3 veces más rentabilidad. Una parte del parque residencial debe quedar al margen de esa competición por la máxima rentabilidad.

El propio Plan Especial del Cabanyal (PEC) ofrece una oportunidad concreta. Estima la posibilidad de constituir un Parque Público Estable de Viviendas Protegidas en Alquiler Social de entre 802 y 953 viviendas para su gestión pública.

Y el planeamiento establece que este parque debe servir, además de para garantizar el derecho a una vivienda digna, para “acomodar a la baja los precios de mercado” y “impedir las actuales tendencias a la gentrificación”.

El PEC reconoce así algo fundamental: la vivienda pública puede intervenir sobre el funcionamiento del mercado residencial.

En un barrio sometido a fuertes expectativas de rentabilidad inmobiliaria, disponer de un parque público estable y relevante no es únicamente una política social. Es también una forma de introducir una oferta residencial que no está sometida a la misma lógica de maximización de la rentabilidad privada.

La posibilidad urbanística existe y está cuantificada por el propio planeamiento. La cuestión es si las administraciones están dispuestas a convertirla en viviendas reales, públicas y permanentes.

No bastará con limitar nuevas licencias turísticas ni con controlar la oferta existente. La respuesta tiene que incluir una política activa de vivienda capaz de actuar sobre el mercado.

Recuperar el Cabanyal sin convertirlo en un producto de inversión

El Cabanyal ha sufrido décadas de abandono, degradación y pérdida de población. Ahora que vuelve a ser atractivo para vivir, rehabilitar e invertir, aparece el riesgo contrario: que su recuperación termine convirtiéndolo en un producto inmobiliario y turístico.

Pero lo que hace atractivo al Cabanyal no son solamente sus fachadas, su proximidad al mar o sus casas modernistas. Es la vida que hay detrás: sus vecinos, comercios, tradiciones, mercados, bares, talleres y calles.

Si las viviendas se convierten en alojamientos turísticos, disminuye el parque residencial. Si el comercio cotidiano es sustituido progresivamente por actividades orientadas al visitante, cambia la economía del barrio. Y si los precios impiden a las nuevas generaciones acceder a una vivienda, se rompe la continuidad residencial.

Existe entonces una paradoja: el turismo puede terminar destruyendo aquello que viene a buscar.

Un modelo para toda València

Lo que está ocurriendo en el Cabanyal y en el resto de barrios del Marítim, desde la Malvarrosa hasta Natzaret, ya no puede contemplarse como una cuestión exclusivamente local. Cuando una actividad encuentra una rentabilidad extraordinaria, busca nuevos territorios. Ha ocurrido en los barrios tradicionalmente turísticos y ahora alcanza zonas que hasta hace poco estaban al margen de esta dinámica.

Por eso lo que está ocurriendo en el Cabanyal puede ser un anticipo de lo que ocurra mañana en otros barrios de la ciudad, que de hecho ya está empezando a ocurrir.

No estamos decidiendo solamente dónde se alojarán los turistas. Estamos decidiendo qué usos tendrán nuestras viviendas y quién podrá permitirse vivir en nuestros barrios.

València necesita turismo. Pero necesita también vecinos que puedan seguir viviendo en ella. Un turismo sostenible debe ser compatible con ambas cosas. Por eso la política municipal en el Cabanyal debería actuar en tres frentes: contener la presión turística allí donde existe saturación, proteger la vivienda residencial y convertir en realidad la capacidad prevista por el PEC para crear un parque público estable de alquiler.

La pregunta ya no debería ser únicamente cuántas VUT puede soportar el Cabanyal. También debería ser: ¿Cuánta vivienda pública de alquiler estamos dispuestos a crear para garantizar que los vecinos puedan seguir viviendo en él?

Porque la verdadera prueba del turismo sostenible es mucho más sencilla que cualquier indicador de visitantes o pernoctaciones: que un barrio pueda recibir turistas sin dejar de ser un lugar donde los vecinos puedan vivir.

'Salvem el Marítim' del turismo especulativo.

Los 4.500 profesionales que trabajan en el Hospital Clínico de València están en pie de guerra. Fuentes de Intersindical han denunciado que se ha iniciado una recogida masiva de firmas a modo de protesta por la situación de impagos de determinados servicios extraordinarios que arrastran desde hace un año sin que la Conselleria de Sanidad acabe de implementar soluciones.

En concreto, la organización sindical denuncia que el personal que participa en los denominados autoconciertos, las operaciones extraordinarias que se realizan sobre todo por las tardes para aligerar la lista de espera quirúrgica, hace meses que no se están cobrando.

Tampoco se estarían abonando los complementos por desarrollo profesional que se obtienen a los cinco años y, además, los facultativos no han ingresado lo que les corresponde por las guardias. Por todos estos conceptos y en función de la categoría de cada empleado público, desde Intersindical calculan que la deuda alcanzaría entre los 350 euros y 2.000 euros al mes.

Desde Intersindical apuntan a falta de recursos en administración: “Hay tan solo 20 personas para una plantilla de 5.000 personas, llevamos tiempo exigiendo un refuerzo pero siempre nos dicen que es un problema de organización. Además, se instauró un programa informático hace cuatro meses para fichar los servicios extraordinarios de forma que se vincularan directamente a las nóminas, pero no funciona y se ha tenido que volver al sistema anterior, es decir, a los informes de los jefes de servicio”.

El sindicato asegura que el personal está al límite y que incluso ya ha habido quien ha tenido problemas con el cobro del sueldo base, por lo que ya se está contemplando hacer paros en el plan de autoconcierto y en las guardias.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Sanidad han comentado que “las incidencias que se han registrado en el último mes en cuanto a pagos de actividad extraordinaria son puntuales y suelen darse por temas de plazos administrativos”. En ocasiones, “si se comunica la actividad cuando está cerrado el plazo para cierre de nóminas, esta actividad se paga en la nómina del mes siguiente”.